O me pagas o te mato

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La opinión de…..

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Francis Icaza
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“Póngame cuidado, señor”, dice la voz del desconocido hombre que llama al celular del colombiano de turno, “… mire vea, para evitar que yo lo secuestre, usted me va a pagar dos millones de dólares este viernes. Me los deja en un maletín en la cuarta banca del parque Bogotá a las 2:00 p.m. o antes que amanezca el lunes, lo secuestro a usted y a su mamita, ¿oyó? Ave María pues…”.

Con este sistema los secuestradores colombianos amasan fortunas sin siquiera tener que plagiar y esconder a sus víctimas en oscuros y apartados rincones en la ciudad y el campo de Colombia.   Se ahorran la comida, el transporte y, lo más importante, el riesgo de que los descubran o se les escape el paganini.

En Panamá esa moda la han adoptado los propietarios de los diablos rojos.   Al gobierno del Sr. Martinelli seguramente lo han amenazado con algo similar: O me indemnizas o sigo matando gente.   Eso explica por qué el ministro Papadimitriu declara que él aprueba la indemnización de 25 mil dólares para los maleantes que manejan el transporte en la capital. Presos del terror y el pánico, llevan los pañales rebosantes. Eso, o el PRD sigue en el poder.

Ya lo he escrito aquí antes: esa indemnización que dicen asciende a 70 millones de dólares, la idearon Martín Torrijos y los transportistas, todos miembros del agonizante PRD, propiedad del difunto Omar Torrijos y de su demasiado saludable hermanazo Tony Noriega. Es decir, Martín Torrijos indemnizando a sus copartidarios a manos llenas.

No conozco de ningún estudio que contemple la reubicación de los buses para que sirvan a comunidades donde el transporte no llega.   Un estudio y un plan que consideren el uso de los diablos rojos como sistema de alimentación para el anunciado metro de la capital.   No he escuchado a nadie hablar de ponerlos a trabajar y normalizar la condición laboral de los conductores para así acabar con las regatas, solo oigo el berrinche de los transportistas y la demagogia de los políticos.

Da asco que el gobierno recompense la irresponsabilidad y el homicidio con dinero que en parte viene de los bolsillos de las víctimas.   Que cínicos como Broce y Wever nos digan que los buses valen 70 millones de dólares no me extraña; pero que el presidente Martinelli, empresario conocedor de costos, depreciaciones y valores esté de acuerdo, es un atropello a la razón.

Esta indemnización está impregnada del nauseabundo hedor de la corrupción. ¿A dónde están las facturas de compra de los buses que en Estados Unidos son chatarra pero que aquí valen 25 mil dólares? ¿A dónde están los documentos de importación de esas chatarras sellados por la Dirección de Aduanas donde aparecen los impuestos de introducción pagados a la Nación y el valor declarado por el importador?

Si un bus vale 25 mil dólares, ¿cuánto valen todas las vidas que han segado? En octubre de 2008, cuando se celebraba el segundo aniversario de las muertes del bus 8B-06, se aprobó esta infamia llamada la indemnización. La única indemnización que han recibido los supervivientes y los familiares de las víctimas del incendio del bus aquel triste 23 de octubre es el irrespeto de una espantosa placa en el lugar del siniestro en la que aparecen los nombres de los que murieron aquel día.

Los únicos nombres en esa placa (mal hecha y chueca para colmo) que usted puede leer sin apearse de su auto cuando pasa por esa calle son los de Juan Carlos Navarro y el de una señora que fue presidenta del Consejo Municipal cuando se develó. Dos personas incapaces de darse cuenta que figurar a costa del sufrimiento ajeno los pinta de cuerpo entero en su pequeñez moral y su bellaquería.

Necesitamos que este sea el primer gobierno en ponerse los pantalones y demostrar integridad y honestidad poniendo a estos salteadores de camino en su lugar, so pena de pasar a la historia como mandaderos del PRD y meros secuaces de los maleantes que nos tienen secuestrados desde hace demasiado tiempo.

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Publicado el  8 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

La efectividad de la justicia penal

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La opinión del Abogado, Diplomático, Docente Universitario  y Ex Director de la PTJ y la Policía Nacional….

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Oswaldo Fernández

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Con preocupación y asombro hemos vistos como en los últimos años, la efectividad de la justicia penal parece ir mermando. No es que sea algo nuevo, pero si lo es la velocidad y la profundidad que ha ido cobrando: la mora judicial, los atentados a la institucionalidad, puesta en duda de la honestidad de quienes la ejercen, atentando contra ese muro de firmeza que debe exhibir el sistema de justicia penal.

Muchos han sido los casos perdidos por los Fiscales por tecnicismos o falta de preparación, que a la postre impiden juzgar el hecho, se centran en temas que nada tienen que ver con el asunto fundamental y terminan por favorecer al reo, sea o no culpable.

En una democracia y sobre todo en un Estado de Derecho la protección a esas garantías esenciales de los ciudadanos es un bien supremo, por lo que requiere de mejor y mayor preparación, no es detener por detener ni forzar conductas penales donde no hay tipos o existen otros diferentes.

En toda sociedad la justicia es lo que da fe a los asociados y seguridad en que sus derechos están a salvo. Es la confianza en la institucionalidad, pero en el Panamá de los últimos años, la justicia penal revela serias deficiencias panameñas.

Y cuando nos referimos al sistema de justicia penal no se trata solo de los Jueces, ahí entra la Policía, los Investigadores, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario, como actores directos e inmediatos.

Las autoridades tienen en este campo un verdadero reto, no solo por la credibilidad que se debe fortalecer en el sistema, sino por el deterioro institucional que suponen estos hechos. En muchos es evidente la falta de coherencia e incluso de soberbia y prepotencia a la hora de preparar el caso.

Así vemos como los policías dicen que ellos capturan y los Jueces los liberan, los investigadores sostienen que los uniformados contaminan la escena del crimen, los Fiscales manifiestan que las investigaciones policiales les llegan defectuosas, los Jueces se quejan que se hacen investigaciones incompletas, se trata de forzar tipos penales, se usa a los medio de comunicación para presionarlos y cuando condenan el Ejecutivo decreta indultos o rebajas de penas.

Es así el circulo vicioso que entraña esta madeja de relaciones jurídicas y humanas. Como profesor universitario que soy, entre las primeras cosas que le recomiendo a mis estudiantes figura una preparación exhaustiva para el caso, incluyendo el examen detenido de la manera como han sido respetados los derechos de la parte contraria.

Les digo a mis estudiantes que cuando se es acusador hay que tener más cuidado en el respeto a las garantías y en la recabación de pruebas.

Allí figura una de las primeras medidas, en impedir que los tecnicismos nos ganen la partida, y en consecuencia el celo con que un abogado se debe preparar para cada caso.

En pleno Siglo XXI el sistema tiene que ser eficiente, utilizando las reglas del juego de una sociedad civilizada, no se puede, so pretexto de combatir el delito, convertirse en delincuente, hacerlo seria retroceder al barbarismo jurídico del siglo decimonónico.

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Publicado el 9 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Las incompetencias

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La opinión del Abogado y Docente Universitario…..
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CARLOS AUGUSTO HERRERA

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Dar a cada uno lo que corresponde como equidad es un asunto infinito, pero si además interpretamos este concepto universal y atemporal de “Justicia”, sin desconocer las posturas clásicas, podemos connotar lo expuesto en el ensayo de Alejandro A. Chaufen, en el que nos conversa sobre la actividad distributiva, que en la tradición aristotélico—tomista escolástica, se refiere a las cosas comunes en las que debemos excluir los bienes privados, que sumado a la justicia conmutativa, se afana en atender lo relativo a las ganancias, salarios e intereses, los cuales se estiman según el mercado. (Aquí la justicia es correlativa).

La esencia para establecer el justo precio de las cosas es la voluntariedad, el libre consentimiento, pero esto es en teoría,   puesto que lo tajante se refleja en la lucha de clases, en el comercio en general, controlado por los que tienen el poder económico y que son los menos.

Este tema inacabable lo debemos dirigir al aspecto de la “Justicia Penal”, que nos provoca una inconformidad generalizada.   Sobre la comisión de los delitos, la detención preventiva la tenemos en algunos por su gravedad, existe la posibilidad de contener al supuesto agresor y se fomenta fundamentalmente en la posibilidad de la destrucción de las pruebas. Claro que estos también se extiende a la peligrosidad del sujeto, la intención de fuga, el interés de rehuir al proceso.

El asunto es que en nuestra experiencia panameña las cárceles están más llenas de presos sin expiación que los condenados, que ahora los vamos a embalar en contenedores.

En otras latitudes han encontrado una salida, que es la de dar un tiempo prudencial para la imputación de cargos, de otra suerte, la propia Ley libera de la imposición al oprimido.

Nosotros tratamos de aplicar este gravamen, pero se ahogó por falta de presupuesto, pero algún día, cuando logremos poner en marcha en toda la República nuestro Código Procesal Penal garantista, tantas veces afamado como la aspirina jurídica que lo resolverá todo en este aparte de la Ley, pero mientras tanto, seguimos con el sacrosanto sistema inquisitivo medieval, e incapaces de quitarle lo malo de todo lo que estorba en este Código ojival.

Otro gravamen es la extensión a 72 horas sobre la detención para investigar al sujeto sospechoso, que si leemos bien las normas constitucionales, penales y procesales, por ningún lado aparece el exabrupto semejante.

Estas detenciones se prescriben en caso de flagrancia, un asunto que desconoce el sistema desde la policía investigativa, según las experiencias repetidas de: “ me lo llevo para investigación ”, (aunque algunos dicen “ verificación ”).

Lo importante es considerar si apremiamos a la gente para garantizar la tranquilidad social; una publicidad de combate al delito o como un medio coercitivo entre el gobierno y la sociedad, en el primer término, por la incapacidad de resolver los problemas de las violencias multiplicadas o para acallar las voces vocingleras que denuncian la inseguridad.

Por supuesto que los retenes paralizan la ciudad, aparte de la hostilidad que se convierte en la noche con un escaso y sórdido interrogatorio, con un alto grado de incoherencia por la improvisación, que a la gente de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asuntos es la formalidad en derecho penal y su tardío efecto para encontrar la protección sobre los resultados.   Si hay medidas urgentes en los casos de familia, estas solicitudes de medidas de protección se nulifican ante el formalismo.  Seguiremos.

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Publicado el  9 de diciembre en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Siempre mujer, siempre madre

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La opinión de la Docente Universitaria….
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Emma Mendoza A.
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La densidad poblacional y automotriz de las calles en la urbe capitalina, se incrementa durante los días previos a la celebración del día de la madre y de las fiestas navideñas.  El estímulo que suscita en nosotros (as) (Agasajar) a Nuestra Progenitora no guarda paralelo con ninguna otra celebración.

La madre durante estas esfemérides, ocupa un rol preponderante en nuestro corazón, actitud y comportamiento. No obstante, las significativas muestra de atención, es necesario crear conciencia de que existen formas más valoradas de transmitirle nuestro respeto y admiración; porque la madre que agasajamos materialmente, es la misma a la que maltratamos el resto de los días, en ocasiones hasta quitarle la vida; al tenor de lo cual es válido recordar el incremento de femicidios y maltrato femenino que se da en nuestro país, lo que indica una contradicción e incoherencia, digna de estudios e investigaciones a profundidad.

Las mujeres y la sociedad en general, apreciarían que se reconociera su trabajo y su valor mediante el respeto que llevaría al cese de todas las formas de abuso hacia ella, con lo cual colaboraríamos en la construcción de seres humanos justos; por consiguiente sociedades, más saludables.

Ahora bien, la mujer en nuestra sociedad padece abusos en todas las esferas de la vida, no sólo en la doméstica. Es víctima de los sistemas de justicia que no afinan sus instrumentos para protegerla y resguardarla de los miles de peligros que se ciernen sobre ella. A veces las propias mujeres contribuimos a revictimizarla cuando nos encontramos en puestos de poder jurídicos o laborales.

Qué decir de las mujeres insertas en grupos sociales de estratos bajos, condenadas a la servidumbre laboral por las carencias y requerimientos que confrontan, o aquellas pertenecientes a etnias que, en nuestro alienamiento social, consideramos de” menos categoría”, como la mujer indígena o negra?

Ya es hora de que en nuestro país el estado y las autoridades tomen de verdad acciones concretas y claras que eviten los malos tratos que otorgamos a la mujer, que es a su vez esa madre que decimos realzar una vez al año.

Acabemos para siempre la violencia social y laboral a la que está expuesta, cuando depende de una prueba de embarazo para ser contratada; cuando, violando leyes, se le mantiene bajo contratos repetitivos, hurtándole la seguridad emocional que amerita; negándole el goce de los derechos adquiridos, al pagarle salarios inapropiados que no se compadecen con sus necesidades.

Basta ya de mujeres denunciando en los medios televisivos el abuso y amenaza contra su vida, que generalmente se convierte en lo que Gabriel García Márquez denominó “Crónica de una muerte anunciada”

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Publicado el 8 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Día internacional contra la corrupción

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El mensaje de la Directora Eecutiva de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá….

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Angélica Maytín Justiniani

En su resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre como “Día Internacional contra la Corrupción” con el fin de sensibilizar a sus países miembros y relevar la importancia de la Convención de la ONU contra la Corrupción como un instrumento para combatirla.

Para conmemorar la firma de la precitada convención, Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, envió un mensaje, enfatizando que “la corrupción socava el desempeño económico, debilita las instituciones democráticas y el estado de derecho, destruye el orden institucional y ayuda a florecer al terrorismo y la delincuencia organizada”. Igualmente resaltó que “ningún país, rico o pobre, es inmune a este flagelo” y subrayó que tanto el sector público como el privado “están involucrados” en su combate.

Esta convención obligó a tipificar de una manera homogénea los delitos de corrupción, como el soborno, el enriquecimiento ilícito, el peculado y el lavado de dinero.

“La corrupción crea discriminación entre grupos, favorece la desigualdad y la injusticia, desalienta la inversión extranjera y es un obstáculo a la estabilidad y el desarrollo social”, señaló hace seis años Annan en su mensaje y añadió que “la única esperanza de eliminar este obstáculo es mediante la aplicación del derecho”.

La Convención contra la Corrupción de las ONU es una herramienta para afrontar los delitos de corrupción a escala mundial, con una mejor cooperación internacional, “lo que debe ayudar a los países en desarrollo donde élites corruptas han saqueado las naciones”, y ahora sea posible detener este ciclo, e impedir que los pobres se hagan más pobres y así cumplir con los objetivos del milenio en materia de reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población.

Hoy, como en aquel momento, observamos con profunda decepción como ex mandatarios y demás altos funcionarios son señalados de haber cometido actos de corrupción, y los operadores de justicia no se esfuerzan por cumplir su deber de aplicar la justicia “igual para todos”.

La ocasión es oportuna para enviar un mensaje a la ciudadanía, con el fin de que iniciemos una cruzada que nos permita revertir los efectos negativos que la corrupción ha diseminado en nuestra sociedad.

Para ello es necesario aunar esfuerzos entre sector público, privado, medios de comunicación, las iglesias y demás centros de formación, de tal manera que superemos el “déficit ético” que hemos mantenido en las últimas décadas y que constituye una grave amenaza a nuestro sistema democrático.

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Publicado el  9 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.

Tributo del Subdesarrollo

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La opinión del estudiante de Posgrado en Gobierno en la Universidad de Harvard….

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Richard Morales

El gobierno de Ricardo Martinelli propone introducir un impuesto único, “flat tax”, que destruirá la capacidad para establecer una política fiscal progresista y redistributiva.

La estructura económica de una nación es determinada en gran parte por su sistema de incentivos a la producción, siendo el principal los impuestos, los cuales recompensan y castigan comportamientos económicos.

Es deplorable puesto que le roba a Panamá su capacidad de fijar tributos en base a necesidades y aspiraciones expresas, sometiéndonos a los vaivenes de intereses comerciales foráneos y privándonos de establecer una política redistributiva que combata la desigualdad y pobreza.

Los tributos han servido históricamente para incentivar o desincentivar el surgimiento y crecimiento estratégico de sectores económicos. Sirve para incentivar mediante tasas favorables a los sectores que conducen a un mayor desarrollo sostenible, e igualmente, sirve para desincentivar mediante tasas mayores a los negocios nocivos a la salud de los pueblos, como el alcohol y las armas y aquellos con mayor capacidad de pago, las transnacionales.

Un famoso ejemplo es el del trabajo infantil en Estados Unidos, que al no poder prohibirlo por ley, simplemente se erigió un impuesto del 100% sobre toda empresa que contrate a menores de edad.

Es un impuesto con una tasa único para todas las empresas irrespectivo de su tamaño y actividad. Busca simplificar la recolección de tributos e hipotéticamente facilitar la creación de nuevas empresas, al ser los impuestos más bajos y simples de calcular. Las tasas que está contemplando el gobierno es entre 15 y 20%.

¿Por qué es tan dañino el flat tax? Es un impuesto que beneficia a las grandes empresas y transnacionales, al reducirles irresponsablemente sus impuestos y su deber ante la sociedad. Niega la posibilidad de un impuesto progresista, aquel que tiene una tasa más baja para los que menos tienen, como las pequeñas empresas, y una tasa más alta para los que más tienen.

El impuesto único terminará siendo muy bajo, dado que no puede ser elevado porque acabaría con la pequeña empresa, lo cual implica que la recaudación sufrirá una caída.

Es importante destacar el valor marginal del dinero en analizar el impuesto único. Para dar un ejemplo, una pequeña empresa que genera 48,000 balboas de ingreso anual y paga 20% de impuesto, lo siente con mucha más severidad que una transnacional que genera 1,000,000 balboas de ingreso anual y el mismo impuesto, ya que el valor de cada balboa adicional que tiene el que gana menos es mucho mas valioso para el.

Panamá requiere de un sistema tributario que responda a las realidades del pueblo, donde las grandes mayorías tengan la posibilidad de influir para beneficio propio que tributos tendrá la nación, y que ruta de desarrollo desea seguir.

Es nuestro imperativo moral no solo como panameños, sino como seres humanos, rechazar el impuesto único, por ser contrario a los más profundos intereses de la ciudadanía, y avanzar en nuestro compromiso indeclinable con la construcción de una sociedad y economía mas justa y humana.

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Publicado el 3 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Hay que abrir los ojos y prestar oídos

La opinión de….

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Ramón Morales Quijano
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Hace unos días, varios amigos comentábamos lo fútil que resulta en nuestro país expresar opiniones, hacer observaciones y emitir críticas objetivas cuando se trata de temas de Gobierno.   Pronunciarse en este campo tiene triple riesgo: que los funcionarios a quienes van dirigidas las opiniones ni las lean ni las escuchen; que estos se consideren demasiado ilustrados para recibir observaciones de fuera, o que recelen del crítico y lo declaren enemigo gratuitamente.

Las ideas, juicios o conceptos, sean institucionales o individuales, se deben tener como aliados de todo Gobierno para el logro de los objetivos nacionales, y no como enemistad política.   Si creemos en esto y echamos a un lado los discursos destructivos, será fácil aceptar que los diferentes actores sociales, económicos y políticos comuniquen sus inquietudes abiertamente a quienes manejan la cosa pública. Entre estos actores están los llamados líderes de opinión, a quienes hay que dar la debida importancia por su manifiesta influencia en la formación de criterios tanto individuales como colectivos. Para los ciudadanos de hoy, los vehículos modernos para señalamientos políticos no son las plazas públicas sino los medios de comunicación masivos y electrónicos.

Lo que acaba afectando el devenir de una sociedad es de fundamental interés de todos sus componentes, y prueba de ello tenemos en el resonante triunfo de Ricardo Martinelli en las elecciones de mayo pasado. Ese fue un aplastante respaldo a la oferta de cambios reales en todos los ámbitos de la vida nacional.

Ahora, convertir el mandato en realizaciones dependerá de la conciencia que tengan los gobernantes de que no hay acciones efectivas de Gobierno sin el calor consciente de la ciudadanía; y que para lograr ese calor se requiere información abierta y transparente, y comunicación oficial articulada, fluida y oportuna.   Esto es axioma político.

El actual gobierno está compuesto mayoritariamente por funcionarios con visión global de los problemas e intereses nacionales; pero hay que cuidarse de aquellos cortos de vista que desconocen la íntima ligazón existente entre los múltiples componentes de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Nación. Entonces, no está de más escuchar a los que ofrecen ideas válidas para subsanar desenfoques administrativos o políticos, no sea que perdamos la efectividad de las reformas prometidas y las que están en vías de ejecución.

Sobre el tapete de lo institucional están ya la peligrosa militarización de la Policía Nacional, la depuración total del Órgano Judicial, y la erradicación de la impunidad y de los fueros y privilegios en el país.

Escuchemos las voces capaces que tienen mucho que aportar para que nuestra democracia se consolide y satisfaga las caras aspiraciones de la sociedad entera.

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Publicado el  8 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.