Por una reforma de la política migratoria laboral

La opinión de…

RICARDO ERNESTO SOTO

Recientemente el tema del trabajo de inmigrantes ilegales en Panamá ha despertado opiniones encontradas. El argumento clásico es que el trabajador extranjero desplaza al panameño y que se debe mantener la obsoleta norma del 10% de trabajadores extranjeros en las empresas y hacer redadas migratorias que dejen chicas a las del estado de Arizona.

El problema es que no existen suficientes trabajadores panameños calificados para los puestos que la economía requiere y además en el caso de los trabajadores no calificados existen incentivos que propician la contratación de trabajadores ilegales, incentivos que surgen de la propia condición de ilegal del trabajador.

Lo que pasa es que mientras se preparan los panameños para los puestos a los cuales no están preparados, las oportunidades económicas no esperan. Si las empresas no consiguen el personal hoy, o no abren sus puertas del todo o se van a otro país con su dinero y su trabajo, y pagarán impuestos y seguro social en otro país y no en Panamá.

Es cierto que existen leyes especiales que permiten la mano de obra calificada, pero son leyes que necesitan costosos trámites por abogado bajo condiciones sumamente inflexibles y generalmente están ligadas a zonas económicas especiales. No resuelven el problema de fondo.

No queda más remedio que modificar la legislación laboral y migratoria de Panamá y liberalizar la contratación de mano de obra extranjera, la cual ya se está dando de hecho. La misma ilegalidad se torna un incentivo adicional para contratar a extranjeros ilegales sobre panameños. No es que se trate de promover al trabajador extranjero sobre el panameño, sino de que compitan en igualdad de condiciones. Los trabajadores extranjeros tienen para los empleadores una gran ventaja, están ilegales o sea que si estás dispuesto a jugarte con las multas del Mitradel, te ahorras beneficios laborales, cuotas del Seguro Social, cuotas sindicales, solo eso vale pagar las multas ocasionalmente. Y si Migración los deporta, frecuentemente tras denuncia del propio empleador, no hay problema, vienen otros.

Si los extranjeros estuvieran trabajando legalmente, tendrían que recibir beneficios laborales y pagar las cuotas que la ley exige, además podrían llevar al Ministerio de Trabajo, se podrían traer a sus familias a Panamá y por lo tanto no estarían tan dispuestos a trabajar por tan poco ni tantas horas. Competirían en igualdad de condiciones con los panameños, ya que habría menos incentivos para contratar ilegales sobre nacionales.

Hay un estudio del año 2001 que fue entregado al MEF donde se decía que si Panamá quería mantener índices de crecimiento económico sostenido de 9% (y en esa época eso parecía optimista, pero luego se probó totalmente posible) por varios años tenía que liberalizar la legislación sobre el trabajo de extranjeros y migratoria.

Sin embargo, las tesis proteccionistas laborales que priman en nuestra clase política han hecho este cambio imposible y el estudio nunca fue publicado. Ningún país ha logrado pleno empleo antes de admitir inmigrantes.

No existe un número finito de trabajos en una economía abierta y en crecimiento. Trabajo engendra trabajo. La inmigración crea trabajos. Si no fuera por la inmigración el Canal de Panamá nunca se hubiera construido. Hoy necesitamos a los inmigrantes para lograr crecer sostenidamente por varios años. Y lograr convertir a Panamá en el Singapur de las Américas.

Además hay otros problemas con la actual política migratoria laboral. Según el último censo, las mujeres panameñas tienen 1.9 hijo por mujer. Eso es menos de la tasa de reposición, o sea que ya están naciendo menos panameños de los que van a morir en unos años y la población va a envejecer. Esto es catastrófico para los jubilados panameños del futuro, porque habrá menos trabajadores jóvenes que con sus cuotas e impuestos paguen sus jubilaciones y sus 100 para los 70. A menos que entre a la masa laboral un buen número de trabajadores inmigrantes jóvenes que coticen a la CSS y paguen impuestos se va a tener que cambiar el sistema solidario por uno de cuentas individuales.

Por otro lado, está el tema de los derechos de los inmigrantes. El proteccionismo laboral implica tácitamente una política migratoria restrictiva, represiva, discriminatoria y corrupta. Gústenos o no, la gente va a emigrar legal o ilegalmente para mejorar su estándar de vida.

El problema actual es que la economía demanda trabajadores y cuando se abren empresas nuevas, no viene nadie a atender la solicitud o solo vienen extranjeros sin permiso de trabajo, lo cual los deja en la disyuntiva de abrir o no la opción de contratar ilegales. Mientras se consiguen los trabajadores que la economía necesita, las oportunidades de crecimiento para el país pueden irse. Si se reforma la política migratoria laboral actual sería un gran logro para el progreso del país. Uno largamente retrasado por los gobiernos anteriores.

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<> Este artículo se publicó el 22  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/soto-ricardo/
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Un país de inmigrantes sin política migratoria

La opinión de…..

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Ricardo Soto

Las sociedades que hacen las cosas bien siempre atraen a personas que en busca de un mejor futuro quieren vivir en ellas.   Esa es la historia de Estados Unidos, de Australia, de Canadá y de Argentina de antes de la década de 1930. De la Venezuela de la década de 1960. Esta es la historia del Panamá de hoy.

En Panamá viven hoy miles de colombianos, chinos, venezolanos, peruanos, nicas, indostanos, gentes de todos lados de la tierra.   Pero Panamá carece de las intenciones de afrontar la realidad que pese a todos nuestros defectos y carencias, somos una sociedad relativamente exitosa en la región, por detrás de Chile, pero generalmente comparada con Costa Rica y Uruguay.

Sin darnos golpes de pecho, los panameños debemos aceptar que hemos hecho algunas cosas bien aunque todavía nos queda en materia de seguridad, justicia y educación. Y mejorar lo que hemos hecho en materia económica para hacer nuestra sociedad más abierta e incluyente.

Es lógico que la gente pobre de muchos países quiera venir a vivir acá en busca de un mejor futuro. Desgraciadamente nuestra clase política no entiende esta realidad.

De declarar a afroantillanos, indostanos y chinos razas de inmigración prohibida a nivel constitucional o a prohibir de igual manera a los extranjeros el comercio al por menor, oficio tradicional de los inmigrantes en todos los países, o el confundir la política migratoria laboral con la idoneidad profesional al declarar ciertas profesiones prohibidas para extranjeros, violando así normas internacionales de derechos humanos ante el silencio cómplice de grandes sectores de la sociedad civil.

Panamá tiene un largo historial de xenofobia excluyente en materia migratoria. Las leyes migratorias y laborales en Panamá están diseñadas para hacer la vida imposible a los inmigrantes de bajos recursos que deseen vivir en Panamá mientras supuestamente hacen las cosas fáciles para los inmigrantes de grandes recursos. En realidad estas leyes no han frenado ni podrán jamás frenar la oleada migratoria, sino que sirven de una especie de filtro negativo. Puede emigrar a Panamá quien está dispuesto a infringir o burlar las leyes, el chino que está dispuesto a ser un esclavo por varios años de las triadas, el indostano o ruso que está dispuesto a pagar cuantiosas coimas, el centroamericano o colombiano que está dispuesto a violar los términos de su visa y trabajar en la informalidad o la ilegalidad. Esta es la gente que nuestra excluyente legislación migratoria permite llegar a quedarse en Panamá mientras que castiga a quienes no están dispuestos a hacer estas cosas.

Se castiga por ejemplo a la camarera colombiana o al trabajador manual centroamericano, o al técnico indio o chino mientras Arcángel Henao, Lorena Henao, Rayo Montaño o David Murcia se paseaban por nuestro país como perros por su casa.

Se le niega la permanencia y derecho a trabajar honestamente a Juan Valdez, el campesino desplazado por la violencia, o doña María, ama de casa, mientras que don Pablo el traqueto, John Jairo, el sicario, o Cata, la prepago, son los que se quedan.

Obviamente nuestra legislación migratoria y laboral, hecha todavía más excluyente durante el último gobierno, es un gran fracaso y los políticos permiten que se mantenga así porque permite mantener tanto un discurso económicamente nacionalista y de seguridad excluyente y simultáneamente a la Dirección Nacional de Migración como caja menuda secreta de los partidos políticos.

La idea del Presidente actual de legalizar a algunos de los inmigrantes colombianos ya existentes es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Hace falta una política migratoria incluyente que acepte la realidad de que mientras los panameños hagamos algunas cosas bien habrá gente humilde que en pos de un mejor futuro desee emigrar a Panamá y en vez de ver esto como una amenaza busquemos ir hacia delante y ver esto como una oportunidad para Panamá. Una legislación migratoria y laboral que evite crear, como la actual, filtros negativos que hagan que las personas que logren quedarse en nuestro país sean precisamente las que están dispuestas a incurrir en la ilegalidad y la informalidad y en su lugar atraiga a las personas, independientemente de su riqueza, dispuestas a trabajar duro, honestamente y a vivir el sueño panameño. A ser panameños con fe de conversos.

A personas que traigan capital humano a Panamá. ¿Cómo rayos vamos a tener un cluster de tecnología en Panamá cuando sistemáticamente negamos visas a chinos y a indostanos como si fuera 1941? ¿O centros de turismo cuando negamos permisos de trabajos a camareros colombianos pero se los damos a las alternadoras? Por lo visto en lugar de buscar el turismo familiar nuestros dirigentes prefieren el turismo sexual. Esa es una tarea pendiente que la clase política debe tener el valor de aceptar.

La historia nos muestra que el país que es excluyente con los pobres inmigrantes extranjeros, frecuentemente lo es con los pobres del propio país. Jugar a oponer a pobres locales contra pobres extranjeros es un juego muy viejo de muchos déspotas desde los zares a Trujillo a Idi Amin Dadá. No lo juguemos.

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Este artículo se publicó el  19  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derechos de propiedad y desarrollo

La opinión de….

Ricardo Soto

Es imposible que un país prospere si no hay derechos de propiedad. Sin derechos de propiedad seguros no hay incentivos para que la gente invierta y produzca, sin derechos de propiedad seguros la productividad cae porque la gente tiene que invertir tiempo y esfuerzo en defender su propiedad en lugar de trabajar o invertir en mejorar la producción.

Sin derechos de propiedad no nos podemos asegurar que los recursos sean usados racionalmente. Sin derechos de propiedad, el financiar o inclusive planificar a futuro algo es cada vez más difícil.

Como Hernando de Soto lo ha demostrado, una medida sencilla para mejorar la situación de los pobres en el Tercer Mundo es permitir que estos puedan registrar sus bienes rápidamente y al mínimo costo. Además, los derechos de propiedad no existen en un vacío, el sistema legal y judicial debe ser capaz, de manera confiable, de defender los derechos de propiedad y los contratos.

El imperio de la ley y un sistema judicial honesto e independiente son vitales para permitir que los derechos de propiedad prosperen. La justicia no es solo cosa de los ricos y los intelectuales de clase media, sin justicia no hay propiedad y sin propiedad no hay desarrollo y no hay la creación de riquezas que es la que puede hacer que los pobres dejen de ser pobres. La mejor manera de ayudar a los pobres no es mediante subsidios directos, sino creando el ambiente social que les permita crear riquezas y dejar de ser pobres. Una sociedad de limosneros nunca va a ser ni libre ni rica. Singapur y Hong Kong se hicieron sin subsidios directos.

Recientemente, la Fundación Libertad, en alianza con más de 62 organizaciones internacionales, publicó el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI por sus siglas en inglés). El IPRI 2010 es un estudio comparativo internacional que mide la importancia de los derechos de propiedad física e intelectual y su protección para el bienestar económico.

Dicho estudio analiza los datos para 125 países de todo el mundo, en representación del 97% del PIB mundial. El IPRI utiliza tres áreas principales de derechos de propiedad para crear una puntuación compuesta: Entorno Político y Legal (LP), los Derechos de Propiedad Física (PPR), y de Derechos de Propiedad intelectual (IPR).

Según los datos que arroja este estudio, no es sorprendente que los países más desarrollados del mundo, salvo Italia, estén en el 20% del porcentaje más alto de países que tienen mejor protección de los derechos de propiedad y el sistema judicial más confiable. Tampoco sorprende que ningún país latinoamericano figure en ese 20% superior donde sí hay países asiáticos como Hong Kong, Singapur y hasta africanos como África del Sur. En el siguiente 20% de países, los únicos países latinoamericanos que aparecen son Chile y Costa Rica. Panamá, está en un nivel del tercer 20%, que corresponde a los países con mediana protección de los derechos de propiedad, espacio que compartimos con Brasil, India, China, Colombia, México, El Salvador y Uruguay.

Para los estándares latinoamericanos estamos relativamente bien, pero detrás de Chile y Costa Rica y muy detrás de la mayoría de los países de la OCDE, pero mejor que muchos países latinoamericanos. Panamá es el quinto país de la región en protección de derechos de propiedad, detrás de Chile, el campeón de la región, de Costa Rica, nuestra rival más inmediata, de Puerto Rico y Uruguay. Pero antes que nos durmamos en nuestros laureles, somos el puesto 55 en el mundo, o sea que globalmente, seguimos siendo bastante mediocres.

Panamá tiene mucho que hacer con temas como independencia judicial, estado de derecho, protección de la propiedad física y registro y titulación de la propiedad.

Esperemos que tras los dolores de crecimiento de este primer año de gobierno, las autoridades tomen conciencia de que para que Panamá se convierta en el Singapur en las Américas, tiene que seguir los pasos de Singapur, tiene que tratar de parecerse a Singapur. Este país, pese a ser una autocracia autoritaria ha aprendido, salvo en los casos claramente políticos, a dar independencia al poder judicial, a limpiar la justicia de la corrupción, a castigar de manera draconiana todos los atentados contra la propiedad física, como daños, usurpaciones y robos.

Por nuestra parte, Panamá tiene que titular la mayor cantidad posible de propiedades a sus ocupantes en las áreas rurales, sino Panamá seguirá en la mediocridad de haber perdido no solo una década, la de los 90, en la cual los logros se han hecho no gracias al gobierno sino pese al mismo. No perdamos cinco años más.

El estudio completo se puede descargar del sitio de la Fundación Libertad http://www.fundacionlibertad.org.pa

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Artículo publicado el 15 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.