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La opinión de…
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RICARDO ERNESTO SOTO –
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Recientemente el tema del trabajo de inmigrantes ilegales en Panamá ha despertado opiniones encontradas. El argumento clásico es que el trabajador extranjero desplaza al panameño y que se debe mantener la obsoleta norma del 10% de trabajadores extranjeros en las empresas y hacer redadas migratorias que dejen chicas a las del estado de Arizona.
El problema es que no existen suficientes trabajadores panameños calificados para los puestos que la economía requiere y además en el caso de los trabajadores no calificados existen incentivos que propician la contratación de trabajadores ilegales, incentivos que surgen de la propia condición de ilegal del trabajador.
Lo que pasa es que mientras se preparan los panameños para los puestos a los cuales no están preparados, las oportunidades económicas no esperan. Si las empresas no consiguen el personal hoy, o no abren sus puertas del todo o se van a otro país con su dinero y su trabajo, y pagarán impuestos y seguro social en otro país y no en Panamá.
Es cierto que existen leyes especiales que permiten la mano de obra calificada, pero son leyes que necesitan costosos trámites por abogado bajo condiciones sumamente inflexibles y generalmente están ligadas a zonas económicas especiales. No resuelven el problema de fondo.
No queda más remedio que modificar la legislación laboral y migratoria de Panamá y liberalizar la contratación de mano de obra extranjera, la cual ya se está dando de hecho. La misma ilegalidad se torna un incentivo adicional para contratar a extranjeros ilegales sobre panameños. No es que se trate de promover al trabajador extranjero sobre el panameño, sino de que compitan en igualdad de condiciones. Los trabajadores extranjeros tienen para los empleadores una gran ventaja, están ilegales o sea que si estás dispuesto a jugarte con las multas del Mitradel, te ahorras beneficios laborales, cuotas del Seguro Social, cuotas sindicales, solo eso vale pagar las multas ocasionalmente. Y si Migración los deporta, frecuentemente tras denuncia del propio empleador, no hay problema, vienen otros.
Si los extranjeros estuvieran trabajando legalmente, tendrían que recibir beneficios laborales y pagar las cuotas que la ley exige, además podrían llevar al Ministerio de Trabajo, se podrían traer a sus familias a Panamá y por lo tanto no estarían tan dispuestos a trabajar por tan poco ni tantas horas. Competirían en igualdad de condiciones con los panameños, ya que habría menos incentivos para contratar ilegales sobre nacionales.
Hay un estudio del año 2001 que fue entregado al MEF donde se decía que si Panamá quería mantener índices de crecimiento económico sostenido de 9% (y en esa época eso parecía optimista, pero luego se probó totalmente posible) por varios años tenía que liberalizar la legislación sobre el trabajo de extranjeros y migratoria.
Sin embargo, las tesis proteccionistas laborales que priman en nuestra clase política han hecho este cambio imposible y el estudio nunca fue publicado. Ningún país ha logrado pleno empleo antes de admitir inmigrantes.
No existe un número finito de trabajos en una economía abierta y en crecimiento. Trabajo engendra trabajo. La inmigración crea trabajos. Si no fuera por la inmigración el Canal de Panamá nunca se hubiera construido. Hoy necesitamos a los inmigrantes para lograr crecer sostenidamente por varios años. Y lograr convertir a Panamá en el Singapur de las Américas.
Además hay otros problemas con la actual política migratoria laboral. Según el último censo, las mujeres panameñas tienen 1.9 hijo por mujer. Eso es menos de la tasa de reposición, o sea que ya están naciendo menos panameños de los que van a morir en unos años y la población va a envejecer. Esto es catastrófico para los jubilados panameños del futuro, porque habrá menos trabajadores jóvenes que con sus cuotas e impuestos paguen sus jubilaciones y sus 100 para los 70. A menos que entre a la masa laboral un buen número de trabajadores inmigrantes jóvenes que coticen a la CSS y paguen impuestos se va a tener que cambiar el sistema solidario por uno de cuentas individuales.
Por otro lado, está el tema de los derechos de los inmigrantes. El proteccionismo laboral implica tácitamente una política migratoria restrictiva, represiva, discriminatoria y corrupta. Gústenos o no, la gente va a emigrar legal o ilegalmente para mejorar su estándar de vida.
El problema actual es que la economía demanda trabajadores y cuando se abren empresas nuevas, no viene nadie a atender la solicitud o solo vienen extranjeros sin permiso de trabajo, lo cual los deja en la disyuntiva de abrir o no la opción de contratar ilegales. Mientras se consiguen los trabajadores que la economía necesita, las oportunidades de crecimiento para el país pueden irse. Si se reforma la política migratoria laboral actual sería un gran logro para el progreso del país. Uno largamente retrasado por los gobiernos anteriores.
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<> Este artículo se publicó el 22 de noviembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/soto-ricardo/
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