Entre críticas y realidades

La opinión del Ministro de Gobierno y Justicia, Abogado…

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José Raúl Mulino

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Entre críticas y realidades
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Ser funcionario público conlleva estar sometido a más críticas que alabanzas. Prefiero las críticas que las alabanzas porque estas últimas, en la vida política, casi siempre vienen acompañadas de solicitudes oportunistas. Sin embargo, las críticas genuinas sirven para orientar mejor nuestra actividad y aclarar a los críticos aquellas cosas que no son ciertas, cuando se puede identificar la buena fe del mismo. Ahora bien, hay quienes critican todo, con o sin razón; para ellos, el silencio.

En estos más de dos meses a cargo de esta cartera he procurado ser lo más sincero posible con el país en lo que al escenario de la seguridad pública y ciudadana se refiere. He podido valorar la crisis y las diarias amenazas que la caracterizan así como reconocer que el problema es profundo, de arrastre, y que vivimos-con lástima lo digo-en una sociedad altamente corrupta. En esto no distingo, salvo las excepciones que confirman toda regla.

A raíz de las últimas fugas en La Joyita no faltaron los críticos. Unos por real preocupación, otros por politiquería y otros que, sin autoridad moral alguna, se ponen saco y corbata para ir a los medios a dictar cátedras, a sabiendas de que bien pudieran estar dentro de una de esas celdas.   Pero algunos comentaristas se divierten con ellos y le dan una absurda preponderancia que atribuyo más a desconocimiento que a otra cosa.

No he escondido la dura realidad de nuestro sistema penitenciario.  Le he dedicado tiempo y esfuerzo a buscar una manera de resolver en el tiempo la deplorable situación física de los centros, el hacinamiento vergonzoso y sanear poco a poco la corrupción que campea tanto en la esfera de custodios civiles como en miembros de la Policía Nacional vinculados a tales centros.   He viajado buscando ejemplos exitosos y he logrado recursos para ir atacando la inseguridad.   Jamás he manifestado que se hará en corto tiempo.   El problema es muy grande y el abandono mayor como para pretender que algo así se resuelve solo con voluntad, la cual me sobra.   Tampoco con improvisación.   La crisis de hoy, en materia de infraestructura, es el resultado de la improvisación de ayer y eso no lo vamos a repetir. Además, algo que debe quedar claro, no improvisar y edificar hacia futuro soluciones integrales es costoso y no abundan recursos.

Hemos ya dado la orden de proceder, luego de cumplir con los trámites de ley, para iniciar toda la reparación de infraestructura en la Joya y Joyita y construir un muro perimetral de seguridad que no había. He dicho y reitero que la falta del mismo unido a la corrupción que estamos saneando es vía libre para que se fugue todo el que quiera. Tal instalación estará lista a más tardar el 10 de diciembre próximo. A partir del 2010 venimos con la construcción de cárceles nuevas con toda la tecnología y diseño para que sean seguras y cónsonas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

La presión por resolver no nos hará improvisar. El abandono integral del país no es nuestra responsabilidad pero debemos recuperarlo con urgencia, con transparencia y con determinación. Bienvenidas las críticas y sugerencias de buena fe.

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Publicado el 13 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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Justicia, presupuesto y acción

La opinión del abogado y Ministro de Gobierno y Justicia….

José Raúl Mulino

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Justicia, presupuesto y acción

A propósito de la posposición de la entrada en vigencia del sistema acusatorio, creo oportuno plantear algunas reflexiones sobre el tema de la justicia y la importancia que a la misma le estamos dando como gobierno.

La decisión de posponer su entrada en vigencia fue un acto de gobierno, cierto, pero sustentado en la responsabilidad que se tiene como tal de conducir al país con certeza y coherencia. En el presupuesto de este año fiscal no existía ninguna partida para respaldar semejante compromiso. Eso no es imputable a esta administración. En el mes de junio, en plena transición, nos enteramos.  Ya como gobierno, colaboramos en aprobar créditos extraordinarios pero aún así, por testimonios de los propios actores, no se percibía una integral preparación de todas las instituciones involucradas. Debo reconocer sí, que hay avances notorios y que por ello existe el compromiso de seguir dotando de presupuesto a las entidades para que llegado el momento el sistema entre a regir con todas sus bondades, las cuales nunca hemos puesto en duda. Fue irresponsable legislar sin tener en cuenta el costo real de todo el cambio del sistema procesal penal.

Pero es importante anotar algunas consideraciones adicionales. El Presidente de la República, a dos semanas de asumir el mando, en almuerzo celebrado en la Corte Suprema con los nueve Magistrados, se comprometió a dotar a ese Órgano del Estado de los recursos que constitucionalmente le corresponde, de acuerdo al Art. 214 de la Constitución. Hoy, luego de presentado el Presupuesto General del Estado ante la Asamblea Nacional, el Ministro Alberto Vallarino al explicar los componentes del mismo destacó que al Órgano Judicial se le asigna un 2.2 % del presupuesto, cifra que aumenta considerablemente el mismo cuando, el actual, ronda el 0.67%, de acuerdo a lo manifestado en el citado almuerzo.   Así, podrán los administradores de justicia ir preparando la estructura económica necesaria para cuando entre a regir el sistema acusatorio y todo pueda funcionar integralmente como debe ser.

Independientemente de las críticas que se expusieron en el marco de la Asamblea, las únicas no viables son las esgrimidas por la oposición actual, hasta hace dos meses gobierno.   Fueron ellos los que irresponsablemente legislaron y no tomaron en cuenta el tema presupuestario. El que escucha a sus voceros hoy, da la impresión de que acaban de llegar a Panamá y que el pasado fue responsabilidad de otros.

La armónica colaboración con el Órgano Judicial y el Ministerio Público se mantiene.  Personalmente estoy comprometido con ello habida cuenta las competencias propias de la cartera a mi cargo. Igual ha manifestado el Presidente Martinelli.  Es fundamental la recta y pronta administración de justicia.  Con ese propósito nos identificamos y seguiremos apoyando lo que alrededor del mismo se genere.
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Publicado el 6 de septiembre de 2009 en el diario el Panamá América Digita, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Consejos provinciales

Consejos provinciales

La oponión del Ministro de Gobierno y Justicia, Abogado…

José Raúl Mulino


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En casi dos meses de estar al frente del Ministerio de Gobierno he podido participar de tres consejos provinciales, Coclé, Darién y Chiriquí. El Artículo 254 de la Constitución crea esta figura dentro del Régimen Provincial y les da unas atribuciones que juzgo importantes para mantener la relación política y funcional de las provincias con el gobierno central.  Una vez al mes se reúnen y en esa reunión participan gobernadores, alcaldes, representantes de corregimiento y demás funcionarios provinciales.

En adición a actuar como órgano consultivo del Gobernador, la Constitución les permite citar a funcionarios nacionales, provinciales y municipales a tratar asuntos de interés de la provincia cuando así se requiera.  Esta facultad tiene su lógica razón de ser.  Es la manera clara de poder atender las necesidades, pero también de escuchar los problemas que se plantean en cada provincia y buscar la solución de los mismos. Lo veo como una forma de prevenir situaciones, en el sentido de que estando en contacto con ellos se pueden anticipar los funcionarios a las crisis y así resolver sin necesidad de que las poblaciones se manifiesten en protestas que usualmente afectan a terceros.  Tranques de calles, por ejemplo.  Simplemente porque nadie los escucha.

La experiencia ha sido para mi muy beneficiosa. Como Ministro de Gobierno tengo bajo mi atención lo relacionado a los gobiernos locales a través de una dirección con competencia nacional. En todas las reuniones me ha acompañando el Ing. José D. Sagel, que atiende esta oficina.  La idea es no sólo presentarlo sino habilitar un conducto de comunicación directo entre esos gobiernos locales y el ministerio a mi cargo.  De esa manera, los problemas pueden ser informados y dada la interacción y acceso que puedo tener con los demás colegas del Gabinete o los demás funcionarios que presiden instituciones autónomas o semiautónomas, advertir de los mismos y buscar soluciones rápidas. Es decir, que se sienta la mano del Ejecutivo interesada en resolver.   Visto de otra manera, le he denominado seguridad preventiva, que no es más que ser proactivos y adelantarse a los escenarios de conflicto.

En gran medida las protestas y tranques responden a genuinas necesidades, jamás escuchadas por nadie. Obviamente, las hay de otro tipo, pero esas se resuelven de otra manera y son o tienen motivaciones de otras índoles.

En el caso del Darién, el viernes que volví a regresar para acompañar al Servicio de Fronteras en una graduación de un programa de entrenamiento, les mencioné que siento una misión que es rescatar a Darién del olvido en que se encuentra.   Casi es una provincia relegada de la atención del Estado, lejos de su mano y de su presencia, con una población que con razón a veces debe dudar a qué país pertenecen.   Eso no puede ni debe seguir pasando.

En fin, con estos Consejos debemos estar más al tanto de lo que pasa en el país y acercarnos a todos, sin distingos, ya que sean gobierno u oposición, los funcionarios electos responden a todo un pueblo que tiene derecho a solucionar sus problemas, tarea que tiene el Gobierno Nacional bien clara.

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Publicado el 30 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Sociedad y Gobierno

Sociedad y Gobierno
La opinión del Abogado y actual Ministro de Gobierno y Justicia..

José Raúl Mulino

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Siempre he pensado que los gobiernos se eligen para gobernar y tomar decisiones. Es una función indelegable. Hay temas que por su connotación se prestan a consultas con los sectores afectados o con los que dominan el tema en cuestión. Pero de allí a transformar al gobierno en un cabildo sin fin, es un despropósito.

En el gobierno anterior se agudizó la práctica de que ante cada crisis una comisión. De tales, emergieron iniciativas que posteriormente el propio gobierno entretuvo o simplemente ignoró. La crisis que desató las declaraciones del Magistrado Arjona hace unos años cuando dijo que los fallos se vendían en la Corte Suprema para favorecer hasta narcotraficantes, desató toda suerte de acciones. No era para menos. Hablaba un Magistrado con todo lo que ello implicó. Hasta las escalinatas de la Corte llegaron propios y extraños exigiendo la renuncia de los nueve y no pocos comunicados inundaron los medios en ese sentido. El Presidente Torrijos crea el Pacto de Estado por la Justicia. Una variopinta mezcla de instituciones y de organismos de la sociedad civil que iniciaron un trabajo largo y que produjo algunas conclusiones interesantes. Pero el mismo, salvo mejor criterio, estableció un modus operandi que prácticamente obligaba a los participantes a consultar todo lo de la justicia antes de dar algún paso, incluidas instituciones fundamentales de la Nación que gozan de iniciativa legislativa.

Lo mismo sucedió cuando el referéndum del Canal. Ante la posible derrota del mismo en las urnas, surge la “concertación”. Otro ejercicio auspiciado por el gobierno y abandonado a su suerte por el mismo. Ni caso les hizo mayormente luego del triunfo del SÍ. Como presidente de un partido político pude ver nacer y morir las crisis y las comisiones, y, además, lo advertimos oportunamente. No entiendo la sorpresa hoy cuando todos fueron ángeles de esos coros.

El cambio de gobierno sorprende a muchos con la forma de hacer gobierno. El Presidente dirige al país y en su equipo hacemos lo que tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades. No delegamos en nadie las mismas por duras o impopulares que puedan ser. Se toman decisiones con la legitimidad que da el voto mayoritario expresado el 3 de mayo cuando se considera que son necesarias. La consulta en determinados asuntos o la búsqueda de consensos en otros, no debe interpretarse, a mi juicio, como que seguimos en el patrón de comisiones accidentales para sacar las crisis de la noticia sin realmente solucionar el problema que las crea. Gobernar es decidir. No dilatar las soluciones.

En materia de leyes, ese debate es en las comisiones y en el pleno. Ni antes ni ahora lo he entendido de otra manera. La Asamblea será el foro para aportar o criticar. Sin apuros, como dije hace unos días, independientemente de la mayoría legislativa con que se cuenta. Los problemas tienen que resolverse y estamos empeñados en ello. Creo que es lo que espera la sociedad en pleno, no solo la “civil”.

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Publicado el 23 de agosto de 2009 en el diario El Panama America Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Darién

Darién

José Raúl Mulino – Ministro de Gobierno y Justicia
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Cuando escribo este artículo son las 6:00 p.m. del jueves 13 y me encuentro en Bahía Piñas donde acabo de llegar de una gira de dos días, que culmino mañana, por esta provincia la cual, entre misticismos y realidades, es lo que es, una zona del país alejada y pobre, sometida a su suerte y a los riesgos de la vecindad.

Me acompañan el Viceministro Garuz, el Comisionado Abrego, Director del Servicio de Fronteras, la Sub-Directora de Aeronáutica Civil, Licda. Sofía Cohen, personal asesor y por supuesto, mucha seguridad.  La idea de esta gira es compenetrarnos con la realidad del área y profesar con el ejemplo algo que dije el primer día: soy hombre de equipo y soy parte del mismo, conviviendo y aprendiendo con los estamentos de seguridad y el trabajo que realizan en defensa de nuestras vidas, haciendas y nuestro territorio nacional. En las cuatro localidades visitadas hoy, compruebo las amenazas reales de la zona y la evidente interacción con lo irregular, por llamarlo de alguna manera menos fuerte.

La idea que tenía de buscar los mecanismos para que la mano del Estado tenga presencia en esta zona, es una realidad. El trabajo del Servicio Nacional de Fronteras hay que elogiarlo. No solo por el deber que cumplen en medio de notorias necesidades que esperamos ir superando con los años, sino la misión que llevan de compenetrarse con las comunidades en una labor social de atención y socorro a los residentes de sus circunscripciones. Son el eje del pueblo y así se les reconoce. Unidos a las autoridades locales, donde las hay, tratan de mitigar las ausencias de todo y en un gesto que reconozco, de sus alimentos llevan a cabo una labor social de alimentar niños de cada pueblo todos los días. Contrario a lo que se pueda pensar, están organizados y con poco hacen mucho.

Se siente la tensa calma. Inevitable voltear la cara al real problema. Nuestro país y Colombia debemos continuar uniendo esfuerzos y voluntades para contrarrestar un problema que por desborde, es bilateral. El narcotráfico, las armas y la insurgencia surgen aquí y caminan por la región impactando ya a nuestras ciudades más cercanas, pegándonos los tiros cerca, como he dicho. Llevo una agenda de temas para abordar con otras autoridades que tienen dentro de sus funciones las posibles soluciones a estos problemas. Debemos ir haciendo a estas comunidades menos dependientes de la vida de lo ilícito, en aquellas zonas en donde la diversidad de actividades también escasea.

Sigo mañana. Participaré en El Real de un Consejo Provincial. Es una gran caja de resonancia y nos permite escuchar a las comunidades para acercarles las soluciones. La experiencia ha sido positiva y haré lo mismo por todo el país. Hay muchos Darién cerca de nosotros.

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Publicado el 15 de agosto de 2009 en el diario el Panamá América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el credito que le corresponde.

Tecnología y delito

Tecnología y delito

José Raúl Mulino –

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Considero impostergable referirme al anteproyecto de ley 019-09 el cual de manera apresurada ha generado todo tipo de reacciones, mismas que las considero sanas y oportunas ya que debe la sociedad en su conjunto ser fiscalizadora en temas de gran connotación.

Conocida es mi trayectoria pública y la manera como he defendido la preservación y fortalecimiento de la democracia y sus valores. En mis artículos anteriores me he referido a la situación de criminalidad del país y la urgencia con que, como gobierno, debemos atacarla. Esta iniciativa legislativa va íntimamente relacionada al tema. Así como la tecnología ha avanzado para fines legítimos, la misma también trabaja en beneficio del crimen organizado, la más de las veces superando en recursos económicos la capacidad de los gobiernos.

El Gobierno de Ricardo Martinelli no propicia ni propiciará la intervención telefónica ni la violación de garantías fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, requerimos de herramientas idóneas para combatir la delincuencia desde muchos frentes.

El uso cada vez mayor de la telefonía celular prepago -3.5 millones de celulares son prepago dentro de los 3.9 millones que existen en el país- así como de la Internet para fines ilícitos es una realidad.

Si bien las autoridades tienen desde hace años la posibilidad legal de intervenir teléfonos para fines de investigación de delitos, esa posibilidad resulta imposible sin una base de datos de los usuarios de ese segmento de servicios, llámese celulares prepago o Internet en su modalidad.

La inquietud la tuve cuando pude entender la forma legal como se trabaja en esta materia. No se antes, pero puedo decir que el Gobierno Nacional no tiene ni le interesa tener mecanismos de escucha clandestinos. La ley en cuestión, cuando sea remitida a la Asamblea Nacional, irá al proceso de formación de leyes de manera pública y abierta. No se está legislando en el Gabinete ni a espaldas de nadie. Será allí cuando todas las opiniones y críticas serán bienvenidas y si el propósito es mejorarla sin desvirtuar su espíritu, de seguro así será.

Las garantías constitucionales serán siempre respetadas y las acciones estarán siempre respaldadas con la orden necesaria de la autoridad judicial correspondiente. Nos encontramos aún en una etapa de mejoramiento y no hay un borrador final, por lo que las especulaciones en torno a uno que circuló no tienen vigencia, pero se han valorado las críticas en su justa dimensión a fin de que el texto propuesto sea cónsono con el propósito buscado.

De verdad se necesita si queremos perseguir integralmente al delito y los delincuentes. Miren nada más la cantidad de droga que se destruyó recientemente y la que interceptaron a fines de la semana. Si sumamos a eso la enorme cantidad de celulares que se requisan semanalmente en los centros penitenciarios producto de la corrupción y desgreño que estamos combatiendo en las cárceles, pueden tener una idea de la magnitud del problema que no podemos resolver con romanticismos so pretexto de salvaguardar libertades que en nada se ven amenazadas.

Deseamos todos más seguridad en el corto plazo. Confíen en que estamos trabajando de buena fe y con ahínco para lograrlo. Es nuestra obligación.

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Publicado el 9 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El menor y la calle

El menor y la calle

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José Raúl Mulino

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Deseo ocupar la columna de hoy a compartir algunas consideraciones en torno a la decisión del gobierno de decretar toque de queda para menores de edad en todo el país que rige desde el lunes pasado.

Inicio por aceptar que esa medida es una medida extrema, pero que responde a una situación también extrema. La delincuencia juvenil aporta hoy a la crisis de criminalidad que vivimos y sufrimos un componente importante. No es casual que estemos culminando las recomendaciones para enmendar la ley que regula el tema luego de algunas semanas de análisis interinstitucional. Filosofar o ponderar las bondades o no de la medida nutre a los académicos pero no le resuelve al país una parte del problema de seguridad que tenemos y sentimos como una prioridad nacional.

La queja de padres de familia que he escuchado guarda más relación con la sanción pecuniaria que con la responsabilidad que como padres tenemos de mantener a nuestros hijos menores alejados del peligro que representa el estar por las calles a horas inapropiadas y en lugares también de similar características. He dicho, quizás de manera cruda, que es más fácil asumir la responsabilidad paternal o pagar los cincuenta dólares de multa que pagar el costo de los funerales de un hijo. Y allí centro yo el debate. Si han fallado los sistemas o si la educación es deficiente o si la criminalidad ha absorbido en muchos hogares el núcleo familiar, puede ser materia de interminables análisis y de compartir elocuentes estadísticas. Pero mientras, el problema subsiste diariamente y ese debate no puede detener la responsabilidad indelegable del gobierno de poner orden en ese componente de la ola de criminalidad.

Afortunadamente me queda solamente una hija menor de edad. Pero créanme, que cuando empiezo a tratar de poner las reglas en orden y de advertir sobre el peligro de las calles en mi propia casa, no me convierto en el padre más popular, pero no por esas discusiones debo ceder y permitir que nada pase. Igual opera para mis otros hijos ya mayores de edad que no simpatizan con la idea del eventual cierre de discotecas a alguna hora razonable de la madrugada, no porque ellos sean de los que cierran las mismas, que no lo pueden ser, sino porque la moda es llegar a esos sitios a media noche. Pienso que la sociedad como tal debe hacer su aporte a la solución de un problema de tanta magnitud que ojalá no se logre su entendimiento a costa de experiencias tristes como debe ser la pérdida de un hijo víctima de la calle y sus peligros.

Aspiro a que nos ayuden como sociedad a llevar tranquilidad y seguridad en mayores proporciones a cada hogar panameño, pero la responsabilidad no es sólo del gobierno sino de todos, cada quien aportando lo que puede y debe en la búsqueda de una solución que estoy seguro todos como país exigimos.

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Publicado el 2 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.