¿Quién se llevó mis ahorros?

La opinión de….

Diana Campos Candanedo

¿Quién se llevó mis ahorros? Esta es sólo una de las tantas preguntas que nos hacemos las más de 10 mil personas que teníamos nuestro dinero ahorrado en British American.

Los afectados tenemos un rostro y una historia. La del hombre de 73 años que había ahorrado toda su vida en esta compañía y le faltaban meses para disfrutar de sus ahorros; la viuda con problemas médicos que ahora no tiene ni ahorros ni seguro de salud; la señora con discapacidad que dependía de las rentas de sus ahorros para vivir; las mujeres a punto de dar a luz que ya no cuentan con cobertura médica para el parto. Estos son los rostros del fraude.

Y es que “fraude” sería la mejor definición a lo que ha sucedido. Una empresa que transfiere ilegalmente 10 millones de dólares que respaldaban sus operaciones de Panamá, fondos que a su vez estaban bajo la custodia de Banistmo Securities; una aseguradora con sede en Trinidad y Tobago que presentó estados financieros falsos y una Superintendencia que ha sido incapaz de cumplir con su tarea de supervisión, limitándose a “reaccionar” en lugar de prevenir lo que ya se veía venir.

Lo que la opinión pública no sabía en 2009 (porque se mantuvo en total secretismo) es que CL Financial Group, el conglomerado al que pertenece British American, presentaba problemas financieros desde enero de 2009.

El Grupo había solicitado un rescate a las autoridades de Trinidad y Tobago y estaba bajo administración judicial en octubre de 2009 en Bahamas. Además, sobre British American también pesa una investigación judicial en Estados Unidos por una presunta compra fraudulenta de terrenos en Florida.

Con este historial, era más que evidente que no se podía confiar en los márgenes de solvencia que reportaba la compañía a la Superintendencia.

Este caso pone sobre la mesa dos aspectos relacionados con la regulación. El primero es la necesidad de un cambio en la ley de seguros que contemple mayores controles en cuanto a las reservas de las compañías, así como disposiciones relacionadas con el reaseguro, ya que actualmente los clientes no están protegidos en caso de quiebra, aunque una compañía esté reasegurada.

El segundo aspecto se relaciona con la necesidad de que exista en Panamá un fondo estatal de garantía –como lo tienen todos los países europeos– que respalde los depósitos y seguros en caso de insolvencia de las compañías y bancos. Si el Estado tuviera una responsabilidad subsidiaria en casos de quiebra, seguramente la supervisión sería mucho más estricta.

Además, para recuperar la confianza que ahora está en niveles mínimos, deberían tomarse acciones muy concretas cuanto antes, tanto para ayudar a los afectados como para asegurar que los culpables sean castigados.

Desafortunadamente es poco lo que estamos viendo en esta dirección: los directivos de BA se encuentran en paradero desconocido; la Superintendencia no especifica qué está haciendo para recuperar los fondos transferidos ilegalmente y tampoco ha establecido un canal para que los afectados puedan agruparse y estudiar posibles acciones legales colectivas.

Por otra parte, Banistmo Securities tampoco ha explicado por qué no informó en su momento a las autoridades competentes del traslado irregular de esos fondos.

Más allá del hecho que haya 10 mil panameños con sus ahorros “en el limbo”, aquí lo que está en juego es la propia credibilidad del sistema financiero panameño, de los reguladores del mercado, de la profesión del seguro y en particular la de los corredores.

El dinero es desconfiado, y una vez que se siembra la duda, es muy difícil recuperar la confianza. Ante los últimos acontecimientos, no faltará quien prefiera guardar el dinero bajo el colchón. Para un sistema financiero como el panameño, este es un riesgo que no se puede correr.

En cuanto a los afectados, esperar no es la única opción. Tenemos que agruparnos y estudiar las posibilidades de una demanda conjunta. Los corredores de seguro que tienen una cartera de afectados y que en su momento ganaron comisiones por convencer a sus clientes de colocar sus ahorros en British American, deberían ser los primeros en tomar las iniciativas para agrupar a sus clientes afectados.

Ahora es el momento de ponerse en acción para que este caso no quede en el olvido y vuelva a repetirse unos cuantos años más tarde.

<>

Este artículo se publicó el 18 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Anuncios