¿La Singapur de las Américas?

La opinión de…

FRANKLIN  CASTRELLON

Una de las anécdotas que se atribuye al general Omar Torrijos cuenta que cuando se aprobaba la ley que creó el Centro Financiero Internacional de Panamá, un prestigioso economista afirmó, palabras más, palabras menos, “general, Panamá será la Suiza de las Américas”, a lo que Torrijos ripostó lacónicamente, “¿Dónde están los suizos?” Y Torrijos tenía razón; con la idiosincrasia que tenemos los panameños, es imposible convertir a Panamá en “la Suiza de las Américas”, aunque –justo es reconocerlo– el Centro Financiero es uno de los pocos éxitos de los que nos podemos vanagloriar.

Ahora, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha señalado que Panamá será la Singapur de las Américas. Pero, parodiando a Torrijos, ¿Dónde están los singapurenses? Esta aspiración, expresada desde poco después de haber iniciado su gobierno, se vio fortalecida durante la visita oficial que hizo a Singapur del 17 al 19 de octubre de 2010. Tras reconocer las similitudes entre ambos países, Martinelli y su colega S.R. Nathan se comprometieron a impulsar la cooperación para que ambos países se beneficien del status especial que tienen como hubs marítimo y aéreo y como centros financieros.

Singapur y Panamá son naciones pequeñas: la primera tiene 697 kilómetros cuadrados y su litoral costero es de 193 kilómetros, mientras que Panamá tiene 75 mil 517 kilómetros cuadrados y 2 mil 988 kilómetros de costas. Ambas están estratégicamente situadas en las principales rutas del comercio marítimo; por Panamá pasan unas 145 rutas uniendo a todos los continentes, mientras que Singapur es el principal centro del comercio inter Asia y con los demás países del mundo.

A diferencia de Singapur, que limita sus recursos a los pesqueros y a sus puertos de alto calado, Panamá cuenta con una riqueza ecológica envidiable, incluyendo sus parques naturales, amplias tierras aptas para la explotación agrícola y ganadera y una variedad de recursos minerales.   Sin embargo, con todas las ventajas a nuestro favor, Singapur ha logrado convertirse en una de las naciones más desarrolladas del mundo, mientras Panamá no atina a salir del subdesarrollo.

Con un ingreso per cápita de 36 mil 537 dólares, Singapur multiplica varias veces el ingreso per cápita de Panamá (menos de $6 mil), con la ventaja adicional de que su riqueza está mucho mejor distribuida.

Pero, si Panamá tiene más recursos naturales que Singapur y comparten las mismas ventajas geoestratégicas, ¿Por qué Singapur ha logrado alcanzar el nivel de uno de los países más desarrollados del mundo, mientras que Panamá se debate en el subdesarrollo? Basta con leer los indicadores que miden el comportamiento de las economías del mundo en temas clave para el desarrollo, para comprender las causas.

Mientras que Singapur (86.1 puntos) ocupa el segundo lugar del Índice de Libertad Económica 2010, Panamá (64.7 puntos) ocupa el puesto 60 por debajo de Chile (77.2), El Salvador (69.9), México (68.3), Perú (67.6) y Costa Rica (65.9). Preparado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal, este índice mide el comportamiento de los países en áreas tales como libertades de hacer negocios, comercial, de inversión, financiera, fiscal, económica, laboral, monetaria, derechos de propiedad, gasto del gobierno y percepción de corrupción.

En el Informe 2010, el índice señala que la libertad económica de Panamá está limitada por debilidades institucionales (control del Ejecutivo sobre otros órganos del Estado que deberían estar libres de su influencia). Y tan o más grave, el documento subraya que el “sistema judicial se mantiene vulnerable a la interferencia política, abrumada por la mora judicial, y laxa en vigilar el cumplimiento de los contratos” con el Estado.

Otra de las grandes debilidades del gobierno es su enorme, costosa e ineficiente burocracia. A pesar de promesas de los dos últimos gobiernos para reducir su tamaño y su peso sobre las finanzas públicas, ellas han cedido al clientelismo político con el resultado de que la misma ha aumentado de manera escandalosa. Mientras que Singapur, con un producto interno bruto de 36 mil 537 millones de dólares, cuenta con 124 mil funcionarios, Panamá, con un PIB de 19 mil 374 millones de dólares, se da el lujo de tener 176 mil 800 funcionarios.

Al problema de la burocracia hay que agregar lo siguiente: Mientras que la nuestra es una de las más ineficientes y, con frecuencia, corrupta, la de Singapur es una de las más eficientes del mundo.   De hecho, el Sistema de Consulta sobre Riesgo Político y Económico (PERC por sus siglas en inglés) escogió en 2010 a la burocracia de Singapur como la más eficiente de Asia.   En este escenario, sobran las intenciones, expresadas por nuestro Presidente, de convertir a Panamá en la Singapur de las Américas. A menos que se decida a enderezar el rumbo de su gobierno.

<> Este artículo se publicó el 27 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Reformas o nueva Constitución?

La opinión de…

Franklin Castrellón

Una de la promesas que, a mi juicio, más caló en el electorado panameño durante la pasada campaña política fue la formulada por el actual presidente, Ricardo Martinelli, cuando en su propuesta de impulsar “el verdadero cambio”, se comprometió a fortalecer la democracia mediante “la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral” vía “las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional”.

Desde su inicio como república, Panamá ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, esta última emparchada en cuatro ocasiones desde que fue promulgada por el régimen militar. De acuerdo con la Constitución vigente, el poder público lo ejercen los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Sin embargo, el poder que le da la Constitución al Ejecutivo es tal que puede nombrar a discreción allegados suyos en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y utilizar el presupuesto general del Estado como arma para subordinar a los demás órganos a su voluntad y hasta para arrinconar a adversarios políticos.

Con el advenimiento al poder de la Alianza por el Cambio confiaba en que se iniciarían prontamente los pasos para cumplir con la promesa de campaña.   Lamentablemente, a 18 meses de gestión no hemos detectado visos concretos de que cumplirá ese vital componente de su oferta política. Todo lo contrario, hemos visto acciones dirigidas a fortalecer el poder presidencial hasta reducir a los demás poderes públicos a meros instrumentos del Ejecutivo.

Ni siquiera bajo el supuesto de la buena fe presidencial se puede justificar semejante práctica que pone en riesgo lo que los juristas denominan Estado de derecho que, según lo definió el barón de Montesquieu (Charles–Louis de Secondat) en el siglo XVIII, descansa en la “separación de los poderes” y en el consecuente sistema de “pesos y contrapesos” (checks and balances en el régimen anglosajón). Ese sistema es necesario para prevenir excesos por uno de los órganos del Estado en detrimento de los intereses de la Nación.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos el Legislativo sirve de contrapeso al Ejecutivo al poder encausar al presidente (caso Richard Nixon) y rebasar el veto presidencial; al Judicial cuando aprueba los jueces federales y puede encausarlos (cámara baja); y a sí mismo, pues cada cámara supervisa a la otra. En cuanto al Ejecutivo, este ejerce contrapeso sobre el Legislativo al poder vetar leyes, mientras que el vicepresidente preside el Senado; y al Judicial por designar a los magistrados.

El propio Ejecutivo tiene en el vicepresidente un contrapeso, pues este puede –en combinación con el Gabinete– separar al Presidente por incapacidad para ejercer sus funciones. Finalmente, el órgano Judicial supervisa la legalidad de las leyes aprobadas por el Legislativo y el magistrado presidente actúa como presidente del Senado cuando este encause al Presidente de la República.

Más que una reforma como las que se han aprobado a la Constitución de 1972, Panamá requiere de una nueva Constitución que surja de una Constituyente integrada por notables. Y cuando menciono notables me refiero a juristas, representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones cívicas de incuestionable reputación. La vía de una Asamblea Constituyente paralela está contemplada en el artículo 314 de la constitución, y la misma puede ser por iniciativa ciudadana o del Ejecutivo.

Además de perfeccionar la precaria democracia panameña mediante una auténtica separación de los poderes, la nueva Constitución debe fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, revisar las funciones de la Asamblea para eliminar fuentes de corrupción como el acceso a fondos para obras comunales, crear normas claras para agilizar la administración de justicia, y eliminar dualidades como las contradicciones sobre la existencia o no de suplente del procurador general de la nación.

En interpretación de leyes de igual categoría, la hermenéutica jurídica indica qué ley tiene prelación, pero en el caso citado el Ejecutivo pudo imponer su voluntad por ausencia de contrapeso en el Órgano Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados (La Prensa, 12 de marzo de 2010) se pronunció a favor de impulsar la convocatoria de una Constituyente. Otras destacadas figuras del foro nacional, como la ex procuradora Mercedes A. de Grimaldo y el constitucionalista Miguel A. Bernal, han hecho lo propio.

Y el presidente Martinelli renovó su promesa de campaña, mencionando temas tales como la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el periodo presidencial. Cabe ahora tomar iniciativas concretas para que los panameños contemos con una Constitución moderna que perfeccione nuestra democracia.

*

<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-franklin/

Se busca sentido común

*

La opinión del Periodista…


FRANKLIN  CASTRELLÓN

En el contexto en el que lo uso en este artículo, el sentido común es el ejercicio del buen juicio en las decisiones, lo que los anglosajones llaman good judgment. Como lo define el diccionario Thesaurus, sentido común es ‘la capacidad de evaluar situaciones o circunstancias con sentido pragmático para llegar a conclusiones sólidas’. Si bien buena parte de los errores en que ha incurrido el actual gobierno pudieran atribuirse a la ‘buena fe’,   lo cierto es que en el proceso se ha evidenciado la falta de sentido común.

A manera de ejemplo, podemos mencionar la aprobación del paquete de normas sobre variados temas en lo que se dio en llamar ‘Ley Chorizo’, el manejo de las manifestaciones en Changuinola, las acciones que condujeron a la designación de dos magistrados de la Corte Suprema y a la defenestración de la procuradora general Ana Matilde Gómez, las críticas a las organizaciones de la sociedad civil, la invitación por el presidente Martinelli a los empresarios de un vecino país para que ingresen a la política y asuman el control del gobierno, y el manejo de las informaciones sobre la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia.

La cereza se la colocó al pastel el presidente Ricardo Martinelli cuando recibió con honores en su partido, Cambio Democrático, a políticos de oposición que cambiaron de toldas solo para tener acceso al presupuesto estatal. Mi sentido común me dice que cuando el presidente recibe con los brazos abiertos a un alcalde de una facción opositora investigado por actos de corrupción para que ingrese a su partido, y dice eufórico ‘¡Este es mi alcalde!’, está enviando un mensaje a los tribunales de justicia en donde se investiga a dicho alcalde.   También envía un pésimo mensaje a los electores que apoyamos su propuesta de impulsar la lucha contra la corrupción.

La ocurrencia de estos hechos, que en nada han ayudado a la buena imagen del gobierno, nos lleva a echar de menos a sabios asesores de otros gobiernos, como lo fueron José Isaac Fábrega, Diógenes de la Rosa, Miguel J. Moreno, Ernesto J. Castillero y muchas otras figuras preclaras de nuestra vida republicana.   Su sentido común sirvió de guía a los gobiernos para tomar acciones correctas y prudentes en momentos difíciles.

En un artículo reciente titulado ‘Cuatro vías para que los líderes ejerzan buen juicio’, John Ryan, presidente del Centro mundial de Liderazgo Creativo, con sede en los Estados Unidos, sostiene que los líderes con ego fuera de control suelen ser más propensos a la toma de decisiones insensatas.   ¿Por qué? ‘Porque el ego fuera de control desvía al líder del buen juicio’, responde. Además, sostiene, esta conducta conduce a la autocomplacencia y a la arrogancia.

El buen juicio, combinado con una visión clara de los problemas y una buena comunicación, es clave para desarrollar un liderazgo efectivo, subraya. En su opinión, el buen juicio comienza con la humildad, que debe llevar al dirigente a reconocer que no todo lo sabe.   Abraham Lincoln, quien presidió a los Estados Unidos en el periodo más difícil de su historia, practicó la humildad con sus subordinados de manera ejemplar y se hizo famoso por incorporar a su equipo a adversarios políticos.   No dudaba en designar a un adversario, si consideraba que el país necesitaba sus conocimientos y destrezas. ¡No lo hacía por razones politiqueras!

Un buen líder debe escoger asistentes y asesores expertos en sus respectivos temas que presenten posiciones razonadas y respetar sus puntos de vista; nunca debe forzarlos a adoptar su posición.     ‘Colocar a las personas adecuadas en los cargos, escuchar sus puntos de vista con respeto, dotarlas de los recursos necesarios para desempeñarse, permitirles cumplir sus funciones y ejecutar sus proyectos’ son claves para el éxito de la gestión de un líder.

Pero cuando los funcionarios no dan la talla y el logro de las metas propuestas se dilata o sencillamente estas no se materializan, entonces cabe su remoción, apunta el experto en liderazgo creativo. ‘No espere demasiado para actuar cuando tenga a la persona equivocada en un cargo’, advierte Ryan. La experiencia indica que un funcionario con una historia de pobre desempeño frustra a sus subordinados e induce a la ineficiencia.

El exitoso político canadiense Michael Ignatieff, historiador y escritor que ha sido catedrático en las universidades de Cambridge, Oxford, Harvard y Toronto, es un convencido de que en política, como en todas las actividades, no hay mejor camino que el que indica el sentido común. Él considera que los líderes prudentes se obligan a escuchar tanto a sus aliados como a sus adversarios. Y apunta: ‘He aprendido que adquirir sentido común en la política comienza por admitir los errores’. ¿Habrán hecho lo propio nuestros gobernantes?

<> Artículo publicado el 8  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al  autor,   todo el crédito que les corresponde.

Panamá, centro logístico

La opinión de…

Franklin Castrellón

El 7 de septiembre pasado, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció la creación del Centro de Innovación e Investigación en Logística de Panamá, llamado a impulsar el desarrollo del país como centro logístico regional.

El centro contará con el apoyo del Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech); según éste lo señala en su sitio web (www.gatech.edu), el centro tiene entre sus objetivos “mejorar el desempeño logístico de Panamá y ayudar a desarrollar sus capacidades logística y de comercio que permitan a Panamá convertirse en el ‘centro comercial de las Américas”.

Esta iniciativa encaja en la estrategia marítima de convertir al país en centro logístico regional, aspiración que tiene un sólido sustento en el Canal, los puertos, el ferrocarril, servicios marítimos de apoyo, zonas económicas especiales, transporte aéreo, agencias y compañías navieras, sistemas de administración logística y el centro bancario. Esas actividades recibirán impulso cuando esté en operación el tercer juego de esclusas.

Incorporado a la estrategia marítima, el centro logístico tomó forma durante seminarios celebrados en 2008, con la participación de 17 entidades públicas y 16 privadas. Bajo el nuevo gobierno, el ministro de Economía y Finanzas reiteró la importancia de la logística durante el IV Foro de Competitividad celebrado en 2009, y visualizó que en 2020 Panamá debe tener un centro logístico de clase mundial.

Para que ese fin se materialice es clave que la entidad encargada de hacerlo realidad cuente con recursos humanos y financieros, capacidad técnica, dedicación y contactos a nivel global. Además, tal como me dijo un experto en la materia (Revista Recursos), se requiere planificación previa sobre las tierras y aguas que serán necesarias para expansión portuaria y servicios auxiliares.

No es un secreto que los puertos del país están llegando a su máxima capacidad y se les está dejando sin áreas para expansión. Es, gracias a este crecimiento que, según Cepal, los tres puertos privados del Atlántico ocupan el primer lugar en América Latina.

El requisito de planificación equivale a una hoja de ruta para llegar al fin propuesto;  lamentablemente no es seguido por el Gobierno, y el sector marítimo está a la deriva;  por momentos las decisiones que afectan al sector las toma el Ejecutivo, como fue la concesión directa a 40 años plazo, con opción de compra, otorgada mediante Resolución de Gabinete No. 7 de 19 de enero de 2010 a una empresa para que desarrolle una terminal de gas licuado y una central térmica de generación eléctrica en Telfers.

Otro tanto ha ocurrido con tierras con vocación portuaria a un costado de los puertos de Manzanillo y CCT otorgadas vía concesión para el negocio de combustible marítimo. Hasta donde sé, ello se ha hecho sin un estudio previo de demanda que pudiera redefinir el mejor uso de esas tierras para el desarrollo logístico.

Se dice que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha destinado un espacio de 43 hectáreas en Corozal, justo frente a las esclusas de Miraflores, para uso portuario. Al hacerlo, el Gobierno parece haber descartado el megapuerto del Pacífico, que fue resultado de estudios hechos por Drewry Shipping Consultants, Ocean Shipping Consultants, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Moffat & Nichol Engineers.

Aparentemente, el MEF busca identificar tierras y aguas que le puedan generar los $4,000 millones que requiere el Gobierno para financiar el enorme plan quinquenal de inversiones.   Buena la idea, pero el método me parece equivocado. Más grave, la venta de las tierras de Telfers parece inminente a la luz de las necesidades financieras mencionadas. Estas decisiones, más políticas que técnicas, podrían crear obstáculos a la concreción del centro logístico de las Américas.

En el escenario previo, me resulta ilógico que sea la Senacyt la entidad del gobierno que asuma el liderazgo del proyecto que inspira este artículo. Aunque técnica en su concepción, la dirección de esta agencia no tiene el liderazgo adecuado ni la jerarquía gubernamental que le dé al tema voz y voto en el gabinete.

Si el Gobierno no quiere arriesgar uno de los pilares de su gestión, debería otorgar esa función a una agencia menos vulnerable a la politiquería y con capacidad técnica y financiera para hacerla una realidad, evitando que intereses políticos y económicos la liquiden en su cuna.

<> Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

*

Contrataciones públicas

La opinión de…

Franklin Castrellón

Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.

¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.

Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.

En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.

Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.

Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía.   De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.

En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.

¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones?    En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema.   En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.

Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.

A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.

En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.

Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.

Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.

Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.

Con ese objetivo, el Meduca logró la aprobación de un régimen especial para la construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios, manejado por personal calificado. ¿Por qué no emula este ejemplo el resto del Gobierno?

<>
Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dos mundos, un país

La opinión del periodista….

FRANKLIN CASTRELLÓN

Aunque economistas reconocidos de la calidad del Dr. Nicolás Ardito Barletta han identificado tres mundos en Panamá (la región de tránsito internacional, el interior agrario y la costa del Caribe y Darién), este artículo abordará dos mundos totalmente distintos que se desenvuelven dentro de la administración pública panameña: La Autoridad del Canal de Panamá y el resto del gobierno.

Como quiera que trabajé por más de 26 años en el Canal de Panamá y por suficiente tiempo en el gobierno panameño, primero en 1972 como director de Relaciones Públicas de Aeronáutica Civil y después de 1999 como asesor en comunicaciones de tres ministros de Economía y Finanzas, tengo sobrada experiencia para decir que la ACP se maneja como una entidad del primer mundo, mientras que el resto del gobierno funciona bajo los parámetros del tercer mundo. Veamos.

Mientras que en el Canal de Panamá sus colaboradores —como se llama allí a los empleados— acceden a cargos en base al sistema de méritos (educación, experiencia y trayectoria), en el gobierno de Panamá basta con ser miembro de uno de los partidos que comparten la función de gobernar.   ¡He allí la gran diferencia!   Nunca en el Canal de Panamá se le pide a un aspirante récord de militancia política.   Bastan su hoja de vida,   sus referencias y antecedentes laborales.

En la Autoridad del Canal, la cultura organizativa heredada de EE.UU. se ha mantenido, adaptada a la Constitución y las leyes panameñas.   Incluso, ha sido mejorada en algunas áreas como la relativa al carácter lucrativo que tiene hoy esa agencia,   a fin de generar recursos para el país.    Es decir que, mientras la antigua agencia estadounidense operaba sin fines de lucro (non profit), subsidiando de esa manera con bajos peajes a la flota mercante mundial, la ACP genera ganancias para apoyar la inversión social del gobierno.

En la ACP se mide el desempeño de sus colaboradores y prácticamente nada se deja a su discreción.   Existe allí un plazo para cumplir con todas las tareas asignadas.   En cambio, en el gobierno panameño casi todo se deja a la discreción del funcionario.    Es por ello que allá se pagan las cuentas en plazo no mayor de 30 días, las licitaciones se desarrollan sin contratiempos, con absoluta transparencia, y al colaborador que no cumpla sus funciones se le sanciona o destituye.    En Panamá impera la discrecionalidad en la mayoría de los trámites, de suerte que muchos funcionarios (salvo honrosas excepciones) aprovechan esto para retrasar pagos o trámites y cobrar coimas a cambio de acelerar los procesos o para borrar deudas morosas.

Cuando un aspirante ingresa a trabajar a la ACP se le familiariza con la estructura de la agencia y con sus funciones,   y se le dicta una charla sobre el Código de Ética y Conducta.   Además, cualquier acto de corrupción, hasta el nivel máximo de la agencia, es investigado por el fiscalizador general.   Y quien resulte culpable de actos contra la ética o la buena conducta es sancionado y hasta destituido.   En el gobierno panameño se aprobó bajo la presidencia de Martín Torrijos un Código de Ética del Funcionario Público que nunca fue cumplido por su gobierno ni lo ha sido por el actual.

Cabe apuntar que el principal obstáculo al desarrollo de un país es la corrupción. Por antonomasia, los países con los peores historiales de corrupción son los más pobres.   La razón es obvia: La corrupción encarece los costos de hacer transacciones con el gobierno y ahuyenta la inversión extranjera sana;  en cambio, atrae al llamado capital golondrino que llega, recoge capital y reparte coimas, para luego levantar vuelo.

Por lo menos los dos últimos gobiernos han incluido en sus planes la transformación de la ineficiente y corrupta burocracia.   Martín Torrijos lo hizo en su Visión Estratégica de desarrollo económico y de empleo hacia el 2009, cuando prometió reformar y modernizar el Estado panameño.   Y Ricardo Martinelli hizo lo propio en su Plan de Gobierno por el cambio, al prometer modernizar el Estado y ‘despolitizar las instituciones del sector público’.

Torrijos no cumplió,   al contrario,   abrió las puertas de la Carrera Administrativa,   para ingresar al sistema a miles de copartidarios.    Martinelli, por su parte, aún no ha dado señales de tener intención de cumplir esta vital promesa política. Todo lo contrario, se ha fortalecido el clientelismo y muchas entidades prefieren otorgar sospechosos contratos directos a usar el mecanismo de las licitaciones, lo que nos sugiere que muchos funcionarios han perdido el temor a ‘meter la mano’.   Le quedan poco más de tres años para imitar el ejemplo que nos brinda la ACP, una agencia en la que él sirvió como presidente de su Junta Directiva.

<>
Este artículo fue publicado el  16 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Justicia injusta

La opinión de…

.

Franklin Castrellón  .

El título de este artículo sugiere una contradicción, mas no lo es; es la triste realidad que confronta la justicia en Panamá. Aunque caben bajo el título los incontables casos de fallos a todas luces injustos, me referiré en esta nota a la justicia tardía, frecuentemente sin vendas, que administran en nuestro país muchos jueces (Órgano Judicial) y fiscales (Ministerio Público).

Decía Séneca, el célebre filósofo romano, que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

La mora judicial en Panamá representa, a mi modesto juicio, el más grave problema que confronta nuestro sistema judicial. A manera de referencia, solo en el primer Distrito Judicial (Panamá, Colón, La Chorrera y San Miguelito) había acumulados en mayo de 2010 un total de 36 mil 440 expedientes. En el resto de la República la situación no es mejor.

Pero, ¿qué factores causan semejante mora en Panamá? Investigué en internet sobre este tema en otros países con similar idiosincrasia, y encontré un artículo publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario digital Co-Latino, de El Salvador, por el coordinador del Foro para la Defensa de la Constitución, Dr. José Méndez, Jr., bajo el titular, “Los siete pecados capitales de la mora judicial”.

A juicio de Méndez, son la corrupción, la aplicación de la “ley de la gaveta”, la falta de recursos humanos y técnicos, la ignorancia de funcionarios llegados a los cargos gracias a influencia política, la indiferencia, la comodidad (no quedar mal con ninguna de las partes) y la falta de sanciones contra los funcionarios judiciales que no cumplen los términos previstos, las principales causas de mora judicial en El Salvador.

El mayor problema en El Salvador (igual que aquí en Panamá) es el de la corrupción. En esta situación, algunos jueces y fiscales engavetan los casos para esperar a un cliente –usualmente con recursos económicos– y “moverlos” en un sentido determinado a cambio de dinero u otro tipo de favores. Las perspectivas para este tipo de transacciones lucrativas son mayores si en el caso la parte denunciada es una persona o empresa con poder económico.

Abordé a un jurista amigo, honesto por añadidura, sobre la situación de la mora judicial en Panamá, y coincidió con Méndez en que en Panamá esos son las principales causas de mora judicial. Recordó que si bien la Constitución en su artículo 201 señala que la justicia será “gratuita, expedita e ininterrumpida” y que el Código Judicial estipula plazos concretos para resolver los casos, “los jueces y fiscales no cumplen con dichos plazos”. Indicó que los artículos 518–520 estipulan que los jueces dictarán sus resoluciones a más tardar dentro de dos días, si fuese providencia (trámite de expediente), 14 días si fuese auto (cuestión incidental o accesoria al proceso) y 30 si fuese sentencia (resolución final que decide el proceso), pero casi nunca se cumplen esos términos.

Entonces, ¿Cuál es el problema? En casos de incumplimiento, observa nuestro interlocutor, la ley prevé una serie de sanciones que puede imponer el superior jerárquico cuando se interpone una queja por morosidad. Esta posible sanción, que puede ser una simple amonestación, solo se puede dar cuando un particular, por intermedio de un abogado, acude al superior con la prueba sumaria a presentar su queja y resulta favorecido en el proceso de queja.

Pero, ¿Y por qué no se producen esas quejas, habiendo tanta mora? La razón es que muchos abogados no se atreven a apelar a ese recurso, por temor a que no pase nada y que, a cambio, les pasen la “factura”. “En este monumental problema lo que se impone es una reforma integral del sistema de administración de justicia”, subrayó nuestro abogado.

Una reforma que comience por consolidar la independencia del sistema de justicia, pase por la designación de suficientes jueces, fiscales y magistrados, y personal de apoyo, con base al mérito y la probidad, y termine por establecer incentivos para quienes cumplan con los términos, y con sanciones para quienes no lo hagan.

Lamentablemente, pareciera que estamos lejos de esa deseable reforma integral. En cuanto a la mora judicial, el presidente de la Corte Suprema, Aníbal Salas, dio buenas señales cuando anunció el 23 de abril haber implementado un programa de “descarga judicial” para eliminar la mora existente.

Ese mismo día, el presidente Ricardo Martinelli se comprometió a implementar el sistema penal acusatorio en septiembre de 2010 como vía para atacar el problema. Pero esas son soluciones superficiales; la cuestión es mucho más profunda.

Se trata no solo de resolver la mora judicial sino que la justicia, además de ser expedita, sea ciega y confiable.

<>

Este artículo se publicó el 14 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.