¿La Singapur de las Américas?

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La opinión de…

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FRANKLIN  CASTRELLON –

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Una de las anécdotas que se atribuye al general Omar Torrijos cuenta que cuando se aprobaba la ley que creó el Centro Financiero Internacional de Panamá, un prestigioso economista afirmó, palabras más, palabras menos, “general, Panamá será la Suiza de las Américas”, a lo que Torrijos ripostó lacónicamente, “¿Dónde están los suizos?” Y Torrijos tenía razón; con la idiosincrasia que tenemos los panameños, es imposible convertir a Panamá en “la Suiza de las Américas”, aunque –justo es reconocerlo– el Centro Financiero es uno de los pocos éxitos de los que nos podemos vanagloriar.

Ahora, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, ha señalado que Panamá será la Singapur de las Américas. Pero, parodiando a Torrijos, ¿Dónde están los singapurenses? Esta aspiración, expresada desde poco después de haber iniciado su gobierno, se vio fortalecida durante la visita oficial que hizo a Singapur del 17 al 19 de octubre de 2010. Tras reconocer las similitudes entre ambos países, Martinelli y su colega S.R. Nathan se comprometieron a impulsar la cooperación para que ambos países se beneficien del status especial que tienen como hubs marítimo y aéreo y como centros financieros.

Singapur y Panamá son naciones pequeñas: la primera tiene 697 kilómetros cuadrados y su litoral costero es de 193 kilómetros, mientras que Panamá tiene 75 mil 517 kilómetros cuadrados y 2 mil 988 kilómetros de costas. Ambas están estratégicamente situadas en las principales rutas del comercio marítimo; por Panamá pasan unas 145 rutas uniendo a todos los continentes, mientras que Singapur es el principal centro del comercio inter Asia y con los demás países del mundo.

A diferencia de Singapur, que limita sus recursos a los pesqueros y a sus puertos de alto calado, Panamá cuenta con una riqueza ecológica envidiable, incluyendo sus parques naturales, amplias tierras aptas para la explotación agrícola y ganadera y una variedad de recursos minerales.   Sin embargo, con todas las ventajas a nuestro favor, Singapur ha logrado convertirse en una de las naciones más desarrolladas del mundo, mientras Panamá no atina a salir del subdesarrollo.

Con un ingreso per cápita de 36 mil 537 dólares, Singapur multiplica varias veces el ingreso per cápita de Panamá (menos de $6 mil), con la ventaja adicional de que su riqueza está mucho mejor distribuida.

Pero, si Panamá tiene más recursos naturales que Singapur y comparten las mismas ventajas geoestratégicas, ¿Por qué Singapur ha logrado alcanzar el nivel de uno de los países más desarrollados del mundo, mientras que Panamá se debate en el subdesarrollo? Basta con leer los indicadores que miden el comportamiento de las economías del mundo en temas clave para el desarrollo, para comprender las causas.

Mientras que Singapur (86.1 puntos) ocupa el segundo lugar del Índice de Libertad Económica 2010, Panamá (64.7 puntos) ocupa el puesto 60 por debajo de Chile (77.2), El Salvador (69.9), México (68.3), Perú (67.6) y Costa Rica (65.9). Preparado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal, este índice mide el comportamiento de los países en áreas tales como libertades de hacer negocios, comercial, de inversión, financiera, fiscal, económica, laboral, monetaria, derechos de propiedad, gasto del gobierno y percepción de corrupción.

En el Informe 2010, el índice señala que la libertad económica de Panamá está limitada por debilidades institucionales (control del Ejecutivo sobre otros órganos del Estado que deberían estar libres de su influencia). Y tan o más grave, el documento subraya que el “sistema judicial se mantiene vulnerable a la interferencia política, abrumada por la mora judicial, y laxa en vigilar el cumplimiento de los contratos” con el Estado.

Otra de las grandes debilidades del gobierno es su enorme, costosa e ineficiente burocracia. A pesar de promesas de los dos últimos gobiernos para reducir su tamaño y su peso sobre las finanzas públicas, ellas han cedido al clientelismo político con el resultado de que la misma ha aumentado de manera escandalosa. Mientras que Singapur, con un producto interno bruto de 36 mil 537 millones de dólares, cuenta con 124 mil funcionarios, Panamá, con un PIB de 19 mil 374 millones de dólares, se da el lujo de tener 176 mil 800 funcionarios.

Al problema de la burocracia hay que agregar lo siguiente: Mientras que la nuestra es una de las más ineficientes y, con frecuencia, corrupta, la de Singapur es una de las más eficientes del mundo.   De hecho, el Sistema de Consulta sobre Riesgo Político y Económico (PERC por sus siglas en inglés) escogió en 2010 a la burocracia de Singapur como la más eficiente de Asia.   En este escenario, sobran las intenciones, expresadas por nuestro Presidente, de convertir a Panamá en la Singapur de las Américas. A menos que se decida a enderezar el rumbo de su gobierno.

<> Este artículo se publicó el 27 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Reformas o nueva Constitución?

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La opinión de…

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Franklin Castrellón –
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Una de la promesas que, a mi juicio, más caló en el electorado panameño durante la pasada campaña política fue la formulada por el actual presidente, Ricardo Martinelli, cuando en su propuesta de impulsar “el verdadero cambio”, se comprometió a fortalecer la democracia mediante “la modernización del Estado, con énfasis en la reestructuración del sistema judicial, legislativo y electoral” vía “las modificaciones necesarias a la Constitución Nacional”.

Desde su inicio como república, Panamá ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, esta última emparchada en cuatro ocasiones desde que fue promulgada por el régimen militar. De acuerdo con la Constitución vigente, el poder público lo ejercen los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”.

Sin embargo, el poder que le da la Constitución al Ejecutivo es tal que puede nombrar a discreción allegados suyos en la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, y utilizar el presupuesto general del Estado como arma para subordinar a los demás órganos a su voluntad y hasta para arrinconar a adversarios políticos.

Con el advenimiento al poder de la Alianza por el Cambio confiaba en que se iniciarían prontamente los pasos para cumplir con la promesa de campaña.   Lamentablemente, a 18 meses de gestión no hemos detectado visos concretos de que cumplirá ese vital componente de su oferta política. Todo lo contrario, hemos visto acciones dirigidas a fortalecer el poder presidencial hasta reducir a los demás poderes públicos a meros instrumentos del Ejecutivo.

Ni siquiera bajo el supuesto de la buena fe presidencial se puede justificar semejante práctica que pone en riesgo lo que los juristas denominan Estado de derecho que, según lo definió el barón de Montesquieu (Charles–Louis de Secondat) en el siglo XVIII, descansa en la “separación de los poderes” y en el consecuente sistema de “pesos y contrapesos” (checks and balances en el régimen anglosajón). Ese sistema es necesario para prevenir excesos por uno de los órganos del Estado en detrimento de los intereses de la Nación.

A manera de ejemplo, en Estados Unidos el Legislativo sirve de contrapeso al Ejecutivo al poder encausar al presidente (caso Richard Nixon) y rebasar el veto presidencial; al Judicial cuando aprueba los jueces federales y puede encausarlos (cámara baja); y a sí mismo, pues cada cámara supervisa a la otra. En cuanto al Ejecutivo, este ejerce contrapeso sobre el Legislativo al poder vetar leyes, mientras que el vicepresidente preside el Senado; y al Judicial por designar a los magistrados.

El propio Ejecutivo tiene en el vicepresidente un contrapeso, pues este puede –en combinación con el Gabinete– separar al Presidente por incapacidad para ejercer sus funciones. Finalmente, el órgano Judicial supervisa la legalidad de las leyes aprobadas por el Legislativo y el magistrado presidente actúa como presidente del Senado cuando este encause al Presidente de la República.

Más que una reforma como las que se han aprobado a la Constitución de 1972, Panamá requiere de una nueva Constitución que surja de una Constituyente integrada por notables. Y cuando menciono notables me refiero a juristas, representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones cívicas de incuestionable reputación. La vía de una Asamblea Constituyente paralela está contemplada en el artículo 314 de la constitución, y la misma puede ser por iniciativa ciudadana o del Ejecutivo.

Además de perfeccionar la precaria democracia panameña mediante una auténtica separación de los poderes, la nueva Constitución debe fortalecer la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, revisar las funciones de la Asamblea para eliminar fuentes de corrupción como el acceso a fondos para obras comunales, crear normas claras para agilizar la administración de justicia, y eliminar dualidades como las contradicciones sobre la existencia o no de suplente del procurador general de la nación.

En interpretación de leyes de igual categoría, la hermenéutica jurídica indica qué ley tiene prelación, pero en el caso citado el Ejecutivo pudo imponer su voluntad por ausencia de contrapeso en el Órgano Judicial.

Recientemente, el Colegio de Abogados (La Prensa, 12 de marzo de 2010) se pronunció a favor de impulsar la convocatoria de una Constituyente. Otras destacadas figuras del foro nacional, como la ex procuradora Mercedes A. de Grimaldo y el constitucionalista Miguel A. Bernal, han hecho lo propio.

Y el presidente Martinelli renovó su promesa de campaña, mencionando temas tales como la elección de los magistrados de la Corte Suprema y el periodo presidencial. Cabe ahora tomar iniciativas concretas para que los panameños contemos con una Constitución moderna que perfeccione nuestra democracia.

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<> Este artículo se publicó el 4  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/castrellon-franklin/

Se busca sentido común

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La opinión del Periodista…

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FRANKLIN  CASTRELLÓN

En el contexto en el que lo uso en este artículo, el sentido común es el ejercicio del buen juicio en las decisiones, lo que los anglosajones llaman good judgment. Como lo define el diccionario Thesaurus, sentido común es ‘la capacidad de evaluar situaciones o circunstancias con sentido pragmático para llegar a conclusiones sólidas’. Si bien buena parte de los errores en que ha incurrido el actual gobierno pudieran atribuirse a la ‘buena fe’,   lo cierto es que en el proceso se ha evidenciado la falta de sentido común.

A manera de ejemplo, podemos mencionar la aprobación del paquete de normas sobre variados temas en lo que se dio en llamar ‘Ley Chorizo’, el manejo de las manifestaciones en Changuinola, las acciones que condujeron a la designación de dos magistrados de la Corte Suprema y a la defenestración de la procuradora general Ana Matilde Gómez, las críticas a las organizaciones de la sociedad civil, la invitación por el presidente Martinelli a los empresarios de un vecino país para que ingresen a la política y asuman el control del gobierno, y el manejo de las informaciones sobre la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia.

La cereza se la colocó al pastel el presidente Ricardo Martinelli cuando recibió con honores en su partido, Cambio Democrático, a políticos de oposición que cambiaron de toldas solo para tener acceso al presupuesto estatal. Mi sentido común me dice que cuando el presidente recibe con los brazos abiertos a un alcalde de una facción opositora investigado por actos de corrupción para que ingrese a su partido, y dice eufórico ‘¡Este es mi alcalde!’, está enviando un mensaje a los tribunales de justicia en donde se investiga a dicho alcalde.   También envía un pésimo mensaje a los electores que apoyamos su propuesta de impulsar la lucha contra la corrupción.

La ocurrencia de estos hechos, que en nada han ayudado a la buena imagen del gobierno, nos lleva a echar de menos a sabios asesores de otros gobiernos, como lo fueron José Isaac Fábrega, Diógenes de la Rosa, Miguel J. Moreno, Ernesto J. Castillero y muchas otras figuras preclaras de nuestra vida republicana.   Su sentido común sirvió de guía a los gobiernos para tomar acciones correctas y prudentes en momentos difíciles.

En un artículo reciente titulado ‘Cuatro vías para que los líderes ejerzan buen juicio’, John Ryan, presidente del Centro mundial de Liderazgo Creativo, con sede en los Estados Unidos, sostiene que los líderes con ego fuera de control suelen ser más propensos a la toma de decisiones insensatas.   ¿Por qué? ‘Porque el ego fuera de control desvía al líder del buen juicio’, responde. Además, sostiene, esta conducta conduce a la autocomplacencia y a la arrogancia.

El buen juicio, combinado con una visión clara de los problemas y una buena comunicación, es clave para desarrollar un liderazgo efectivo, subraya. En su opinión, el buen juicio comienza con la humildad, que debe llevar al dirigente a reconocer que no todo lo sabe.   Abraham Lincoln, quien presidió a los Estados Unidos en el periodo más difícil de su historia, practicó la humildad con sus subordinados de manera ejemplar y se hizo famoso por incorporar a su equipo a adversarios políticos.   No dudaba en designar a un adversario, si consideraba que el país necesitaba sus conocimientos y destrezas. ¡No lo hacía por razones politiqueras!

Un buen líder debe escoger asistentes y asesores expertos en sus respectivos temas que presenten posiciones razonadas y respetar sus puntos de vista; nunca debe forzarlos a adoptar su posición.     ‘Colocar a las personas adecuadas en los cargos, escuchar sus puntos de vista con respeto, dotarlas de los recursos necesarios para desempeñarse, permitirles cumplir sus funciones y ejecutar sus proyectos’ son claves para el éxito de la gestión de un líder.

Pero cuando los funcionarios no dan la talla y el logro de las metas propuestas se dilata o sencillamente estas no se materializan, entonces cabe su remoción, apunta el experto en liderazgo creativo. ‘No espere demasiado para actuar cuando tenga a la persona equivocada en un cargo’, advierte Ryan. La experiencia indica que un funcionario con una historia de pobre desempeño frustra a sus subordinados e induce a la ineficiencia.

El exitoso político canadiense Michael Ignatieff, historiador y escritor que ha sido catedrático en las universidades de Cambridge, Oxford, Harvard y Toronto, es un convencido de que en política, como en todas las actividades, no hay mejor camino que el que indica el sentido común. Él considera que los líderes prudentes se obligan a escuchar tanto a sus aliados como a sus adversarios. Y apunta: ‘He aprendido que adquirir sentido común en la política comienza por admitir los errores’. ¿Habrán hecho lo propio nuestros gobernantes?

<> Artículo publicado el 8  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que al  autor,   todo el crédito que les corresponde.

Panamá, centro logístico

La opinión de…

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Franklin Castrellón –

El 7 de septiembre pasado, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) anunció la creación del Centro de Innovación e Investigación en Logística de Panamá, llamado a impulsar el desarrollo del país como centro logístico regional.

El centro contará con el apoyo del Instituto Tecnológico de Georgia (Georgia Tech); según éste lo señala en su sitio web (www.gatech.edu), el centro tiene entre sus objetivos “mejorar el desempeño logístico de Panamá y ayudar a desarrollar sus capacidades logística y de comercio que permitan a Panamá convertirse en el ‘centro comercial de las Américas”.

Esta iniciativa encaja en la estrategia marítima de convertir al país en centro logístico regional, aspiración que tiene un sólido sustento en el Canal, los puertos, el ferrocarril, servicios marítimos de apoyo, zonas económicas especiales, transporte aéreo, agencias y compañías navieras, sistemas de administración logística y el centro bancario. Esas actividades recibirán impulso cuando esté en operación el tercer juego de esclusas.

Incorporado a la estrategia marítima, el centro logístico tomó forma durante seminarios celebrados en 2008, con la participación de 17 entidades públicas y 16 privadas. Bajo el nuevo gobierno, el ministro de Economía y Finanzas reiteró la importancia de la logística durante el IV Foro de Competitividad celebrado en 2009, y visualizó que en 2020 Panamá debe tener un centro logístico de clase mundial.

Para que ese fin se materialice es clave que la entidad encargada de hacerlo realidad cuente con recursos humanos y financieros, capacidad técnica, dedicación y contactos a nivel global. Además, tal como me dijo un experto en la materia (Revista Recursos), se requiere planificación previa sobre las tierras y aguas que serán necesarias para expansión portuaria y servicios auxiliares.

No es un secreto que los puertos del país están llegando a su máxima capacidad y se les está dejando sin áreas para expansión. Es, gracias a este crecimiento que, según Cepal, los tres puertos privados del Atlántico ocupan el primer lugar en América Latina.

El requisito de planificación equivale a una hoja de ruta para llegar al fin propuesto;  lamentablemente no es seguido por el Gobierno, y el sector marítimo está a la deriva;  por momentos las decisiones que afectan al sector las toma el Ejecutivo, como fue la concesión directa a 40 años plazo, con opción de compra, otorgada mediante Resolución de Gabinete No. 7 de 19 de enero de 2010 a una empresa para que desarrolle una terminal de gas licuado y una central térmica de generación eléctrica en Telfers.

Otro tanto ha ocurrido con tierras con vocación portuaria a un costado de los puertos de Manzanillo y CCT otorgadas vía concesión para el negocio de combustible marítimo. Hasta donde sé, ello se ha hecho sin un estudio previo de demanda que pudiera redefinir el mejor uso de esas tierras para el desarrollo logístico.

Se dice que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha destinado un espacio de 43 hectáreas en Corozal, justo frente a las esclusas de Miraflores, para uso portuario. Al hacerlo, el Gobierno parece haber descartado el megapuerto del Pacífico, que fue resultado de estudios hechos por Drewry Shipping Consultants, Ocean Shipping Consultants, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Moffat & Nichol Engineers.

Aparentemente, el MEF busca identificar tierras y aguas que le puedan generar los $4,000 millones que requiere el Gobierno para financiar el enorme plan quinquenal de inversiones.   Buena la idea, pero el método me parece equivocado. Más grave, la venta de las tierras de Telfers parece inminente a la luz de las necesidades financieras mencionadas. Estas decisiones, más políticas que técnicas, podrían crear obstáculos a la concreción del centro logístico de las Américas.

En el escenario previo, me resulta ilógico que sea la Senacyt la entidad del gobierno que asuma el liderazgo del proyecto que inspira este artículo. Aunque técnica en su concepción, la dirección de esta agencia no tiene el liderazgo adecuado ni la jerarquía gubernamental que le dé al tema voz y voto en el gabinete.

Si el Gobierno no quiere arriesgar uno de los pilares de su gestión, debería otorgar esa función a una agencia menos vulnerable a la politiquería y con capacidad técnica y financiera para hacerla una realidad, evitando que intereses políticos y económicos la liquiden en su cuna.

<> Este artículo se publicó el 20 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Contrataciones públicas

La opinión de…

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Franklin Castrellón –

Prácticamente, cuando ya están adjudicados todos los contratos principales para la ampliación del Canal, la Autoridad del Canal ha obtenido ahorros por cerca de $400 millones en comparación con el costo estimado para dichas obras.

¿Por qué se han producido estos ahorros? Jorge Quijano, vicepresidente ejecutivo para la ampliación del Canal, lo explicó a la revista Recursos: “Entre otros factores, ello se debe a la transparencia en las licitaciones y a la forma consistente y oportuna como la ACP paga a sus contratistas”.

Ese manejo ha estimulado la competencia entre empresas nacionales e internacionales, lo que se ha traducido en economías sin sacrificar la calidad de las obras. La clave es un sistema moderno de licitaciones manejado de forma profesional y transparente.

En contraposición está el manido mecanismo de contrataciones directas, practicado con frecuencia por otras instituciones del gobierno, lo que abre la oportunidad a prácticas corruptas.

Estudios sobre prácticas corruptas realizados por Transparencia Internacional (TI) indican que “la contratación pública es el factor principal de desperdicio e ineficiencia en el manejo de los recursos” de los gobiernos. Según TI, “un promedio del 10% del gasto en contrataciones públicas se desperdicia en corrupción y soborno”. Las prácticas corruptas tienen en las contrataciones directas su mejor aliado.

Bajo el gobierno de Martín Torrijos abundaron las contrataciones directas; más de $540 millones, incluida la eliminación de fibra de vidrio en planteles escolares en donde no existía, fueron otorgados por esa vía.   De ese total, unos $150 millones lo fueron bajo el Prodec, que se financia con fondos aportados por el Canal. Pero la irregular práctica sigue bajo la actual administración, pese a las promesas de campaña.

En los primeros 13 meses de este gobierno se han adjudicado bajo esta fórmula cerca de $400 millones. Aunque el Gobierno ha justificado algunas, no hay razón válida para que imperen las contrataciones directas en un mundo en el que los proyectos suelen ser programados con sobrada anticipación.

¿Por qué en el Canal de Panamá rige un sistema transparente de contrataciones, mientras que en el resto del Gobierno se evade el cumplimiento de la Ley de Contrataciones?    En primer lugar, considero que es cuestión de gente y, en segundo lugar, de sistema.   En el Canal el mecanismo de contrataciones es administrado por personal reclutado en base a sus méritos, mientras que en el Gobierno impera el clientelismo, sin importar la calidad profesional ni moral del individuo.

Los oficiales de contratos de la ACP son especialistas en compras que disfrutan de una carrera administrativa libre de influencias políticas. Se rigen por los artículos 52-56 de la Ley Orgánica de la ACP y por el reglamento de contrataciones, y están sujetos a normas de integridad y ética. Sus decisiones de compras son monitoreadas por controles informáticos que permite detectar cualquier favoritismo en las adjudicaciones.

A la menor señal de alarma se investiga, y el oficial que viole las normas enfrenta sanciones que pueden llegar hasta su destitución y denuncia penal. Además, cuando una empresa considera que ha habido irregularidades, puede presentar una protesta que debe ser resuelta en 30 días.

En la ACP no existen las cuestionadas “adendas”, recurso que ha sido utilizado para inflar precios y favorecer a empresas. Hay en cambio “modificaciones” al contrato que aplican especialistas para corregir imprevistos que puedan afectar el costo final de las obras; pero las mismas están limitadas a lo estrictamente necesario para ejecutarlas.

Es más, desde que se comenzaron a licitar las obras de la ampliación y se aplicaron los nuevos procesos de administración de proyectos, las modificaciones siguen un riguroso examen en que se consideran los impactos en el alcance de otros proyectos, sus cronogramas, calidad, costos, presupuestos, revisión de la matriz de riesgo y, además, se requiere que personal de jerarquía avale las modificaciones.

Las compras directas no están contempladas en el reglamento de la ACP y sólo está permitido restringir la competencia en casos de urgencia evidente o por razones de marca, fabricante o suplidor específico, siempre y cuando un informe técnico así lo sustente. Pero en todo caso, el proceso está abierto a protesta de potenciales contratistas.

Impresionado por este sistema, el Ministerio de Educación logró la asesoría de la ACP para implementar un sistema de contrataciones que le permita tener las escuelas a tiempo para el inicio del período lectivo.

Con ese objetivo, el Meduca logró la aprobación de un régimen especial para la construcción de obras y la adquisición de bienes y servicios, manejado por personal calificado. ¿Por qué no emula este ejemplo el resto del Gobierno?

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Artículo publicado el 26 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dos mundos, un país

La opinión del periodista….

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FRANKLIN CASTRELLÓN –

Aunque economistas reconocidos de la calidad del Dr. Nicolás Ardito Barletta han identificado tres mundos en Panamá (la región de tránsito internacional, el interior agrario y la costa del Caribe y Darién), este artículo abordará dos mundos totalmente distintos que se desenvuelven dentro de la administración pública panameña: La Autoridad del Canal de Panamá y el resto del gobierno.

Como quiera que trabajé por más de 26 años en el Canal de Panamá y por suficiente tiempo en el gobierno panameño, primero en 1972 como director de Relaciones Públicas de Aeronáutica Civil y después de 1999 como asesor en comunicaciones de tres ministros de Economía y Finanzas, tengo sobrada experiencia para decir que la ACP se maneja como una entidad del primer mundo, mientras que el resto del gobierno funciona bajo los parámetros del tercer mundo. Veamos.

Mientras que en el Canal de Panamá sus colaboradores —como se llama allí a los empleados— acceden a cargos en base al sistema de méritos (educación, experiencia y trayectoria), en el gobierno de Panamá basta con ser miembro de uno de los partidos que comparten la función de gobernar.   ¡He allí la gran diferencia!   Nunca en el Canal de Panamá se le pide a un aspirante récord de militancia política.   Bastan su hoja de vida,   sus referencias y antecedentes laborales.

En la Autoridad del Canal, la cultura organizativa heredada de EE.UU. se ha mantenido, adaptada a la Constitución y las leyes panameñas.   Incluso, ha sido mejorada en algunas áreas como la relativa al carácter lucrativo que tiene hoy esa agencia,   a fin de generar recursos para el país.    Es decir que, mientras la antigua agencia estadounidense operaba sin fines de lucro (non profit), subsidiando de esa manera con bajos peajes a la flota mercante mundial, la ACP genera ganancias para apoyar la inversión social del gobierno.

En la ACP se mide el desempeño de sus colaboradores y prácticamente nada se deja a su discreción.   Existe allí un plazo para cumplir con todas las tareas asignadas.   En cambio, en el gobierno panameño casi todo se deja a la discreción del funcionario.    Es por ello que allá se pagan las cuentas en plazo no mayor de 30 días, las licitaciones se desarrollan sin contratiempos, con absoluta transparencia, y al colaborador que no cumpla sus funciones se le sanciona o destituye.    En Panamá impera la discrecionalidad en la mayoría de los trámites, de suerte que muchos funcionarios (salvo honrosas excepciones) aprovechan esto para retrasar pagos o trámites y cobrar coimas a cambio de acelerar los procesos o para borrar deudas morosas.

Cuando un aspirante ingresa a trabajar a la ACP se le familiariza con la estructura de la agencia y con sus funciones,   y se le dicta una charla sobre el Código de Ética y Conducta.   Además, cualquier acto de corrupción, hasta el nivel máximo de la agencia, es investigado por el fiscalizador general.   Y quien resulte culpable de actos contra la ética o la buena conducta es sancionado y hasta destituido.   En el gobierno panameño se aprobó bajo la presidencia de Martín Torrijos un Código de Ética del Funcionario Público que nunca fue cumplido por su gobierno ni lo ha sido por el actual.

Cabe apuntar que el principal obstáculo al desarrollo de un país es la corrupción. Por antonomasia, los países con los peores historiales de corrupción son los más pobres.   La razón es obvia: La corrupción encarece los costos de hacer transacciones con el gobierno y ahuyenta la inversión extranjera sana;  en cambio, atrae al llamado capital golondrino que llega, recoge capital y reparte coimas, para luego levantar vuelo.

Por lo menos los dos últimos gobiernos han incluido en sus planes la transformación de la ineficiente y corrupta burocracia.   Martín Torrijos lo hizo en su Visión Estratégica de desarrollo económico y de empleo hacia el 2009, cuando prometió reformar y modernizar el Estado panameño.   Y Ricardo Martinelli hizo lo propio en su Plan de Gobierno por el cambio, al prometer modernizar el Estado y ‘despolitizar las instituciones del sector público’.

Torrijos no cumplió,   al contrario,   abrió las puertas de la Carrera Administrativa,   para ingresar al sistema a miles de copartidarios.    Martinelli, por su parte, aún no ha dado señales de tener intención de cumplir esta vital promesa política. Todo lo contrario, se ha fortalecido el clientelismo y muchas entidades prefieren otorgar sospechosos contratos directos a usar el mecanismo de las licitaciones, lo que nos sugiere que muchos funcionarios han perdido el temor a ‘meter la mano’.   Le quedan poco más de tres años para imitar el ejemplo que nos brinda la ACP, una agencia en la que él sirvió como presidente de su Junta Directiva.

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Este artículo fue publicado el  16 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Justicia injusta

La opinión de…

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Franklin Castrellón  .

El título de este artículo sugiere una contradicción, mas no lo es; es la triste realidad que confronta la justicia en Panamá. Aunque caben bajo el título los incontables casos de fallos a todas luces injustos, me referiré en esta nota a la justicia tardía, frecuentemente sin vendas, que administran en nuestro país muchos jueces (Órgano Judicial) y fiscales (Ministerio Público).

Decía Séneca, el célebre filósofo romano, que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”.

La mora judicial en Panamá representa, a mi modesto juicio, el más grave problema que confronta nuestro sistema judicial. A manera de referencia, solo en el primer Distrito Judicial (Panamá, Colón, La Chorrera y San Miguelito) había acumulados en mayo de 2010 un total de 36 mil 440 expedientes. En el resto de la República la situación no es mejor.

Pero, ¿qué factores causan semejante mora en Panamá? Investigué en internet sobre este tema en otros países con similar idiosincrasia, y encontré un artículo publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario digital Co-Latino, de El Salvador, por el coordinador del Foro para la Defensa de la Constitución, Dr. José Méndez, Jr., bajo el titular, “Los siete pecados capitales de la mora judicial”.

A juicio de Méndez, son la corrupción, la aplicación de la “ley de la gaveta”, la falta de recursos humanos y técnicos, la ignorancia de funcionarios llegados a los cargos gracias a influencia política, la indiferencia, la comodidad (no quedar mal con ninguna de las partes) y la falta de sanciones contra los funcionarios judiciales que no cumplen los términos previstos, las principales causas de mora judicial en El Salvador.

El mayor problema en El Salvador (igual que aquí en Panamá) es el de la corrupción. En esta situación, algunos jueces y fiscales engavetan los casos para esperar a un cliente –usualmente con recursos económicos– y “moverlos” en un sentido determinado a cambio de dinero u otro tipo de favores. Las perspectivas para este tipo de transacciones lucrativas son mayores si en el caso la parte denunciada es una persona o empresa con poder económico.

Abordé a un jurista amigo, honesto por añadidura, sobre la situación de la mora judicial en Panamá, y coincidió con Méndez en que en Panamá esos son las principales causas de mora judicial. Recordó que si bien la Constitución en su artículo 201 señala que la justicia será “gratuita, expedita e ininterrumpida” y que el Código Judicial estipula plazos concretos para resolver los casos, “los jueces y fiscales no cumplen con dichos plazos”. Indicó que los artículos 518–520 estipulan que los jueces dictarán sus resoluciones a más tardar dentro de dos días, si fuese providencia (trámite de expediente), 14 días si fuese auto (cuestión incidental o accesoria al proceso) y 30 si fuese sentencia (resolución final que decide el proceso), pero casi nunca se cumplen esos términos.

Entonces, ¿Cuál es el problema? En casos de incumplimiento, observa nuestro interlocutor, la ley prevé una serie de sanciones que puede imponer el superior jerárquico cuando se interpone una queja por morosidad. Esta posible sanción, que puede ser una simple amonestación, solo se puede dar cuando un particular, por intermedio de un abogado, acude al superior con la prueba sumaria a presentar su queja y resulta favorecido en el proceso de queja.

Pero, ¿Y por qué no se producen esas quejas, habiendo tanta mora? La razón es que muchos abogados no se atreven a apelar a ese recurso, por temor a que no pase nada y que, a cambio, les pasen la “factura”. “En este monumental problema lo que se impone es una reforma integral del sistema de administración de justicia”, subrayó nuestro abogado.

Una reforma que comience por consolidar la independencia del sistema de justicia, pase por la designación de suficientes jueces, fiscales y magistrados, y personal de apoyo, con base al mérito y la probidad, y termine por establecer incentivos para quienes cumplan con los términos, y con sanciones para quienes no lo hagan.

Lamentablemente, pareciera que estamos lejos de esa deseable reforma integral. En cuanto a la mora judicial, el presidente de la Corte Suprema, Aníbal Salas, dio buenas señales cuando anunció el 23 de abril haber implementado un programa de “descarga judicial” para eliminar la mora existente.

Ese mismo día, el presidente Ricardo Martinelli se comprometió a implementar el sistema penal acusatorio en septiembre de 2010 como vía para atacar el problema. Pero esas son soluciones superficiales; la cuestión es mucho más profunda.

Se trata no solo de resolver la mora judicial sino que la justicia, además de ser expedita, sea ciega y confiable.

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Este artículo se publicó el 14 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Legado histórico de Bill Sinclair

La opinión del Periodista…..

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FRANKLIN CASTRELLÓN

Cuando iniciaba mis pininos periodísticos en La Estrella de Panamá en 1964, ya William Sinclair pertenecía a la familia de “La Decana”. Lo conocí entonces cuando escribía con gran devoción su columna “On the labor front” para The Star & Herald, nuestro hermano mayor. Para esa época ya “Don Bill, como lo bauticé entonces, tenía 13 años sirviéndole en su función de dirigente sindical a los trabajadores panameños del Canal contra los vejámenes y la discriminación que sufrían bajo el anacrónico sistema de “Gold Roll” y “Silver Roll”.

Sin saber que años después él sería mi defensor en la lucha de más de cinco años que me enfrentó entre 1975 y 1981 con autoridades de la desaparecida Comisión del Canal, sentí de inmediato una gran empatía por “Don Bill y la causa que lo inspiraba. Para entender la magnitud del trabajo que tenía Sinclair sobre sus hombros basta con decir que en esa época solo los americanos tenían derechos laborales, y que los dirigentes de los sindicatos no americanos que surgían para defender los derechos de los trabajadores eran acusados de “comunistas”. De este mote no escaparía nuestro querido dirigente.

Para aquellos lectores que no conocieron sobre el “Gol Roll” y el “Silver Roll” que imperaban en la llamada Zona del Canal, cabe explicar que este consistía en un régimen dual de salario, mediante el cual los sueldos de los americanos eran muy superiores a los panameños que ejercían funciones similares. Además, los cargos de supervisión estaban reservados para los americanos, mientras que los de menor rango eran para panameños. Y había fuentes de agua reservadas para los americanos, mientras los panameños tenían que tomar agua en otras fuentes. Otro tanto ocurría con los poblados de la Zona del Canal; había comunidades latinoamericanas con casas y servicios públicos de inferior calidad a los de las comunidades americanas.

El primer sindicato panameño en el Canal afiliado a una central obrera norteamericana, el Local 713, fue creado en 1946 en medio de un ambiente de discriminación salarial, de viviendas, escuelas, hospitales, acceso a clubes y comisariatos y hasta a las iglesias. Este sindicato alcanzó algunos logros menores, pero su corta vida expiró en 1949 cuando una convención del Consejo de Organizaciones Industriales (CIO) expulsó a varios sindicatos afiliados por tener “tendencia comunista”.

En 1950 surgió el Local 900 presidido por el educador panameño Edward Gaskin, y un año después ingresaría Sinclair a impulsar este movimiento. El sindicato había planteado un pliego de 16 aspiraciones al entonces gobernador de la Zona del Canal, pero a cambio de reivindicaciones laborales, en viviendas y escuelas, fueron acusados de “comunistas”. A pesar de ello, lograron en Washington en 1951 un aumento general de 5 centavos la hora.

Bajo orientación de Sinclair, el Local 900 se involucró activamente en los esfuerzos que culminaron en 1955 con el Tratado Remón-Eisenhower. El Local 900 logró bloquear en 1958 un esfuerzo de sindicatos americanos por impedir que se extendiera a los panameños el sistema de jubilación federal. Poco después el gremio logró extender beneficios menores para trabajadores retirados por incapacidad.

En 1966 el Local 900, ahora presidido por Saturnín Maugé pero bajo la orientación de Sinclair, logró incluir a los trabajadores de la Zona del Canal en el esquema de salario mínimo federal. Pero los mayores logros vendrían a partir de 1970 con el esfuerzo por igualar el régimen de vacaciones de los panameños con las de los americanos, empeño en el que jugaría un papel clave el Comité Pro Igualdad de Vacaciones, y en la lucha por un tratado que devolviera el Canal y la Zona del Canal a Panamá.

En las audiencias ante congresistas norteamericanos sobre el tema de las vacaciones, los americanos se opusieron alegando que el Canal había sido construido por los Estados Unidos y que las vacaciones eran pagadas con los impuestos de americanos. Pero los panameños, debidamente preparados, alegaron que en el Canal, Panamá ponía su principal recurso, su posición geográfica, el agua y su mano de obra. Y que los fondos para salarios y vacaciones eran financiados con los ingresos por peajes que pagan los buques usuarios de la vía. Al final se impusieron las aspiraciones panameñas.

Sinclair se jubiló en 1988, pero continuó trabajando como consultor de la Federación Americana de Empleados de Estados Condados y Municipios (AFSCME) hasta pocos meses antes de su lamentable deceso, el 29 de marzo pasado. Muchos de los logros alcanzados por Panamá y los panameños en el Canal se deben a su esfuerzo, talento y abnegación. ¡El sindicalismo canalero tiene una deuda de gratitud para con Don Bill Sinclair!

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Este artículo se publicó el 24   de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La regla de oro

La opinión del Periodista….

Franklin Castrellón

Enunciada como un principio fundamental por prácticamente todas las religiones y credos religiosos, la regla de oro se resume en el principio cristiano que reza, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22, 39) y en el mandato “como queráis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos” (Lucas 6, 31).

La regla de oro, definida como un principio de reciprocidad ética, ha sido enunciada en distintas formas por profetas y líderes del judaísmo, el budismo, el islamismo, el hinduismo, el jainismo (India), el taoísmo y el confucianismo (China) y la fe Baha’i, entre otros. Y también es la base del movimiento humanista que han impulsado creyentes y no creyentes por igual desde la época del Renacimiento.

Ese antiguo principio de actuar con absoluta equidad tiene aplicación no solo en las relaciones interpersonales, sino en la administración del Gobierno (especialmente de su sistema de justicia) y en las relaciones internacionales. Su aplicación en las simples relaciones interpersonales, nos llevaría, por ejemplo, a evitar prácticas típicas del “juega vivo” panameño. Recientemente, la regla de oro ha tomado fuerza por el empeño del presidente estadounidense Barack Obama en impulsarla. Pero él no ha sido el primer mandatario de un país en hacerlo; antes lo han hecho muchos otros, aunque no con el aparente propósito de Obama de convertirla en norte de su gobierno.

En el caso de Estados Unidos, es memorable la apelación que hizo John F. Kennedy a la regla de oro cuando, en 1963 (poco antes de su muerte), invocó ese principio al pedirle a los blancos que aceptaran a los negros en universidades hasta entonces vedadas para estos. Les pidió que se imaginaran ser negros y, en ese rol, recibir la negativa a ingresar a una universidad solo por el color de su piel.

“¿Estarían ustedes contentos de ser tratados de esa manera?”, preguntó Kennedy a su auditorio blanco en la Universidad de Alabama. “La raíz del problema es si vamos a tratar a nuestros conciudadanos como nosotros deseamos ser tratados”, puntualizó. Obama, por su parte, ha confesado una profunda devoción por la regla de oro. Y al hacerlo, ha recordado a su padre negro, quien fue primero musulmán y después ateo, y a su madre blanca que, aunque no era practicante religiosa, era una profunda humanista. Ambos eran practicantes de la regla de oro y ella particularmente le enseñó a “amar y comprender a los demás y a tratarlos como a él le gustaría ser tratado”.

El Presidente estadounidense va aún más lejos. Considera que la regla de oro debe ser practicada en las relaciones internacionales, esfuerzo en el que podría contribuir la fe en ella por cristianos, islamitas, judíos y otras creencias. En una visita que hizo a El Cairo, Egipto, en junio de 2009. “Hay una norma que yace en el corazón de cada religión, tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. Esta verdad trasciende naciones y pueblos…”, subrayó, insinuando la aplicación de este sabio principio en la solución del conflicto árabe–israelí.

El liderazgo de Obama ha tenido la virtud de revivir una iniciativa que trató de impulsar el Parlamento de las Religiones del Mundo en 1993 al proclamar su “Declaración hacia una ética global” (www.parliamentofreligions.org). En ese documento, suscrito por 143 líderes de religiones y de creencias religiosas, el parlamento ecuménico reconoció la regla de oro como el principio fundamental de la mayoría de las religiones. Creo firmemente que el seguimiento a ese compromiso puede propiciar la distensión necesaria para resolver los conflictos que hoy aquejan al mundo.

En tiempos de la Semana Mayor, he considerado oportuno recordar ese principio que nos debe inspirar a todos, particularmente a quienes ejercen el poder. A nivel nacional, la regla de oro podría iluminar a nuestro gobierno para enderezar caminos en la búsqueda de una justicia respetuosa de la separación de los poderes; a evitar prácticas censurables que antes criticó a quienes son hoy oposición, y a escuchar aquellas voces de la sociedad civil que solo buscan aportar al bien común.

Reconozco que para llegar a esos niveles de liderazgo se requiere tener la vocación de estadista que nos está demostrando el líder estadounidense.

Este artículo se publicó  el  31 de marzo  de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Ahora le toca al Canal?

La opinión de……

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Franklin Castrellón

Confieso haber abrazado con entusiasmo y optimismo la propuesta del “cambio”, liderada por el hoy Presidente de la República, Ricardo Martinelli.   Esa actitud como ciudadano se sustentó en sus promesas electorales, las cuales fueron satisfechas en parte durante los primeros meses de su gestión, con acciones alentadoras en la lucha contra la corrupción y en el enderezamiento de entuertos dejados por el pasado gobierno.

Pero, lamentablemente, ese optimismo comenzó a cambiar al observar el interés obsesivo del Presidente por asumir el control sobre los otros órganos del Estado llamados a ejercer algún grado de supervisión sobre el desempeño del Ejecutivo, incluyendo a la Contraloría General.   Y al hacerlo ha ignorado una de sus más caras promesas de campaña. Ese empeño obsesivo ha llevado al Presidente, con el manso respaldo de un Órgano Legislativo totalmente subordinado, a asaltar literalmente al Órgano Judicial y a crear condiciones para hacer lo propio con el Tribunal Electoral.   Como veo las cosas, el próximo paso de esta estrategia contraria a los intereses nacionales, es el de tomar absoluto control de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la única institución del país que funciona al nivel del primer mundo.

Cabe apuntar que el éxito del Canal en manos panameñas se debe a que, gracias a iniciativa del ex presidente Guillermo Endara en la década de 1990, como resultado de un proceso de concertación nacional, se aprobó un título constitucional para proteger al Canal de la voracidad de los políticos y una ley orgánica que desarrolla los principios constitucionales que le otorgan autonomía a esta agencia.   La transparencia y eficiencia de la ACP se sustentan en sistemas de administración de personal, contrataciones y operación aprobados por su junta directiva.

No pretendo elaborar sobre la forma arrolladora como el Ejecutivo ha logrado sus objetivos en la Contraloría, la Corte y la Procuraduría, pues ya lo han hecho juristas de reconocido prestigio.   Sí cabe observar que en el caso de la procuradora Ana Matilde Gómez, ésta ha sido removida del cargo por la mayoría oficialista de la Corte Suprema basándose en una denuncia presentada por un ex fiscal a quien la procuradora destituyó por “coimero”.

El escenario que se nos presenta ahora con la ACP es tan preocupante como el de la procuradora, por cuanto al Presidente le corresponderá reemplazar a tres directivos (Mario Galindo, Guillermo Quijano y Antonio Domínguez), cuyos periodos concluyen en febrero de 2010.

La junta directiva de la ACP está integrada por 11 miembros, incluido su presidente (Rómulo Roux), de los cuales cinco –tres designados por Mireya Moscoso y dos por Martinelli y la actual Asamblea Nacional– son afectos al actual gobierno.

Ello le permitirá al Presidente contar con una mayoría de ocho de los 11 miembros de la junta directiva.

A la nueva junta directiva que resulte de las designaciones indicadas le corresponderá nombrar en 2012 al administrador que reemplazará a Alberto Alemán Zubieta. Éste no podrá ser reelecto en el cargo, pues –lamentablemente– el artículo 24 de la ley orgánica de la ACP solo permite una reelección inmediata.  Alemán Zubieta fue reelecto en 2005 y su periodo concluye el 22 de agosto de 2012.

Como la actual, la nueva junta directiva tendrá la potestad de modificar el sistema de mérito que rige en el Canal para el reclutamiento de personal y los ascensos, así como el de contrataciones y el de operaciones. Y al próximo administrador le tocará continuar lo que ha sido un impecable manejo del Canal, tanto en su aspecto operativo como administrativo.

De emularse los censurables casos comentados, resulta previsible que se tomen decisiones que conviertan en una caricatura el sistema de méritos y el de contrataciones, para colocarlos al nivel de los que rigen en el resto del gobierno.

De allí que se requiera una gran dosis de responsabilidad y sentido común en las designaciones de los miembros de la Directiva y del próximo administrador del Canal. Algo que, lamentablemente, no han demostrado quienes dirigen los destinos del país.

En consecuencia, apelamos a un activo rol de las organizaciones que impulsaron en 1990 el título constitucional y la ley orgánica de la ACP para proteger los acuerdos de aquella concertación nacional.

De otra suerte, correremos el riesgo de que el Canal de Panamá deje de ser el instrumento de desarrollo que es hoy día, para convertirse en un botín político más.

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Publicado el 10 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El mal nunca prevalecerá

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La opinión del Periodista y Relacionista Público…..

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Franklin Castrellón

Por más que se resista, el mal está predestinado a caer frente al bien, aun con las debilidades que manifiesta el ser humano. Esta realidad ha sido comprobada una y otra vez por la historia. En el caso de Panamá se manifestó cuando el Estado criminal que había logrado instaurar Manuel A. Noriega, sucumbió hace justamente 20 años ante las presiones del civilismo y la invasión de Estados Unidos a Panamá.

Muerto el general Omar Torrijos en circunstancias que –a mi juicio– arrojan fundadas sospechas sobre quien entonces controlaba la inteligencia militar, el proceso de democratización del país se vio enturbiado por la desmesurada obsesión de Manuel A. Noriega, apoyado por activistas del PRD, de mantener a toda costa el control político del país de forma indefinida.

Esa obsesión, sostenida en los beneficios que generaban las actividades criminales, lo impulsó a cometer toda clase de abusos contra los derechos humanos de los panameños. Abusos que se inspiraron en la política, abanicada por sus adláteres, que enunció el dictador el año de su caída:  “Plata para el amigo, palo para el indeciso y plomo para el enemigo”.   Esa plata que repartía a manos llenas provenía de los tributos directos e indirectos que pagamos los panameños y de las actividades ilícitas mencionadas.

La historia de ese periodo vergonzoso ha sido apropiadamente recogida por diversos medios de comunicación, y debe ser transmitida a las presentes y futuras generaciones, por lo que no repetiré aquí esos hechos. Me referiré al infructuoso esfuerzo realizado por Noriega para lograr apoyo nacional e internacional a sus pretensiones, bajo el alegato de que las acusaciones de Estados Unidos en su contra estaban inspiradas en el propósito de retener el control del Canal después del 31 de diciembre de 1999, con lo que se habría violado la letra y el espíritu de los Tratados Torrijos–Carter.

En esos años, yo desempeñaba el cargo de director asociado de relaciones públicas de la Comisión del Canal de Panamá, y como tal me correspondió acompañar al entonces subadministrador de la CCP, Fernando Manfredo, Jr., en una gira a Expo–Ship Rio, en Brasil, y por los principales países sudamericanos usuarios del Canal, para explicar en esos países el progreso alcanzado en la ejecución del Tratado y desmentir la tesis inventada por Noriega.

Lo cierto es que la tesis del dictador había logrado calar en los países de la región, en donde persistían fundadas suspicacias sobre Washington. Las explicaciones ofrecidas por Manfredo fueron tan concluyentes que lograron convencer a participantes en Expo–Ship Río y a políticos e intereses navieros de Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia que el Tratado se ejecutaba de acuerdo a lo programado, y que nada sugería pretensión alguna de Estados Unidos de retener el control de la vía acuática más allá del año 2000.

La misión no estuvo exenta de obstáculos, pues siempre sentimos la presencia de Noriega. En la Conferencia de Río, un enviado del régimen pidió la palabra en el pleno para desmentir a Manfredo y acusarlo de “traidor”, pero fue declarado fuera de orden y expulsado de la tarima. Y cuando llegamos a Bogotá recibimos informes de inteligencia de presuntas instrucciones al M–19 desde Panamá para asesinar a Manfredo.

Hace varias semanas escuché en una radioemisora a uno de los militares allegados a Noriega insistir en la tesis de que Estados Unidos pretendía violar el Tratado y que fue esta la razón que lo impulsó a respaldar al dictador.   Ese militar sabe, mejor que nadie, que lo que estaban defendiendo él y quienes apoyaban a Noriega eran los enormes privilegios que obtenían por mantenerlo en el poder.

La historia se encargó de desmentir la tesis “patriótica” del dictador y de sus adláteres, pues –tal como estaba pactado en el Tratado de 1977–, el Canal fue entregado a su legítimo dueño el mediodía del 31 de diciembre de 1999.

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Publicado el  19 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El legado de Endara

La opinión del periodista…..

FRANKLIN CASTRELLÓN

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El legado de Endara

Para realizar un análisis del legado del ex presidente Guillermo Endara, es vital comprender las circunstancias que culminaron con el ascenso al poder de la ADO-Civilista que él lideró, el país que recibió de la narcodictadura y las dificultades que enfrentó en el ejercicio de su gobierno.

Tras la invasión de Estados Unidos que depuso a Manuel A. Noriega, la terna propuesta por la ADO-Civilista, integrada por Endara, Ricardo Arias C. y Guillermo Ford, asumió el gobierno que había logrado por abrumadora mayoría en las elecciones nacionales del 7 de mayo de 1989.

La terna había heredado un Estado criminal, en el cual Noriega, tal cual lo había denunciado ese año el coronel Roberto Díaz Herrera, repartía los beneficios que generaban las actividades criminales entre miembros del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa y algunos civiles.   Con el apoyo de todo ese estamento, Noriega había impuesto su política de las tres P (Plata para el amigo, Palo para el indeciso y Plomo para el enemigo), lo que lo llevó a cometer graves violaciones a los derechos humanos.

Por añadidura, el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra el gobierno de Noriega, deterioró la capacidad financiera del Estado, que cayó en incumplimiento (default) en el pago de su deuda.   Además, la invasión propició las condiciones para el saqueo, que causó pérdidas a la economía por más de 200 millones de dólares.

Ese fue el escenario interno que heredó Endara, agravado porque muchos países le retiraron su reconocimiento, alegando que su gobierno era el resultado de la invasión de una fuerza militar extranjera.   Mientras su ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Ford, —con el respaldo del contralor Rubén D. Carles— hacía esfuerzos por recomponer las precarias finanzas públicas y restituir el crédito; el canciller Julio Linares dirigía un gran esfuerzo para el reconocimiento internacional del gobierno.   Fue este empeño lo que lo impulsó a cometer lo que, a mi juicio, fue un grave error: solicitar el ingreso de Panamá al Parlacen.

Endara tuvo que enfrentar en sus inicios las disputas por la jefatura de la Policía Nacional y los intentos por desestabilizar su gobierno.   Superados esos problemas, dedicó enormes esfuerzos a reconstruir la institucionalidad del Estado, creando la estructura legal que garantizaría la separación de los poderes y los fundamentos para consolidar la incipiente democracia.   Consciente de que la viabilidad del Canal en manos panameñas requeriría aislarlo de la política, inició los esfuerzos que culminaron con la aprobación del Título Constitucional y la Ley Orgánica del Canal, bajo la administración de su sucesor, Ernesto Pérez Balladares.

Entre otros logros de su gestión, cabe mencionar la reestructuración del Tribunal Electoral para garantizar comicios libres de fraude, la restitución del sistema de presupuesto, el rescate de la autonomía universitaria (esfuerzo en el que contó con la colaboración de Carlos I. Zúñiga),  el respeto a los derechos humanos, la restitución del control previo y del mecanismo de licitación para contratar la provisión de bienes y servicios y el inicio de la privatización de los puertos.

Pero es en la consolidación de la democracia y de sus instituciones fundamentales y en el manejo prístino de los recursos del Estado, en donde destaca el aporte de Endara. La integridad en la administración de los recursos del Estado y los valores éticos que guiaron su gestión son, a mi modesto juicio, las principales cualidades que lo caracterizaron. Resulta lamentable que su ejemplo no haya sido emulado por quienes lo han sucedido en el ejercicio del poder.

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Publicado el 12 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.