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Por Manuel Rodríguez
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Parece que estamos en la antesala de una nueva era en la administración pública. Una mentalidad empresarial está cambiando la forma en que se toman las decisiones y se establecen las políticas que rigen el Estado. Como parte de esa nueva mentalidad, es indispensable hacer un balance de cada ente dentro del engranaje gubernamental para asegurarnos de que el contribuyente está recibiendo el mayor provecho de sus impuestos.
Lamentablemente, por años se ha forjado una alianza macabra entre la burocracia sin sentido y la corrupción política, que ha dado como resultado una multitud de ineficiencias en casi todas las instituciones públicas. Hemos recibido un Canal que es la envidia del mundo, logramos administrarlo con tanta o mayor eficiencia que cuando estaba bajo la jurisdicción de la primera potencia mundial. Sin embargo, en vez de emular dicho modelo en otras instancias de la administración pública hemos optado por segregarlo del resto del Estado, como si la eficiencia y transparencia fueran un virus.
Afortunadamente, en esta etapa de transición han salido a la luz varias propuestas que hacen pensar que nos encaminamos hacia un mejor modelo para la administración. Vemos con agrado que instituciones cuya funcionalidad es poca sean sometidas a revisión para su posible eliminación o fusión con otros entes.
El FIS es una de esas instituciones que ha sobrevivido más allá de su utilidad. La situación ha cambiado mucho desde aquellos tiempos post-invasión, cuando el presidente Endara la crea para impulsar la reconstrucción de un país en ruinas. En los últimos tiempos la única función real del FIS ha sido promover obras escogidas por su impacto político más que por criterios técnicos reales.
En la estructura gubernamental hay estamentos especializados para satisfacer cada una de las necesidades de nuestra población. Cualquier sector que confronte alguna situación puntual puede ser atendido de una forma más eficaz por aquellos funcionarios cuya experiencia radica en el área del problema en cuestión. Resulta, entonces, totalmente redundante mantener una institución dedicada a hacer de todo un poco, sin tener los conocimientos específicos requeridos.
La única razón que pareciera justificar la existencia del FIS es la celeridad con que se puedan atender situaciones urgentes. Este argumento pierde fuerza cuando se considera que hasta en el FIS es necesario seguir los mismos pasos que en otras entidades para sus compras y licitaciones. Cualquier entidad pudiera atender casos de emergencia si se le dota de mecanismos especiales que puedan ser invocados cuando se amerite.
La eliminación del FIS es un paso en la dirección correcta. Pero no debemos llamarnos a engaño, es tan solo uno de los tantos pasos que hay que dar para aumentar la eficiencia de la maquinaria estatal. Y estos pasos deben ser tomados sin importar su costo político, al final de cuentas el objetivo cubre con creces cualquier costo individual.
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Publicado el 9 de junio de 2009 en el diario La Prensa
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