Paz y seguridad

La opinión de…..

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Juan Méndez S.

Yo creo que no hace falta mayor sustento para aceptar que no hay mejor forma de enseñar que con el ejemplo. Cada vez que se habla de la ola de delincuencia y violencia que ataca al país se suele cerrar la discusión con la generalización de que la salud de la sociedad empieza por el hogar. Una vez dicho esto, todos marchan cejijuntos a casa y con el sentimiento del deber cumplido.

En efecto, si todos los ciudadanos tuviesen hogares sólidos y las condiciones para crecer en un ambiente seguro, con profesores dedicados y competentes, con amistades sanas y de calidad humana, con acceso a atención médica y alimentación adecuada, y con oportunidades para el desarrollo profesional, es muy probable que todos fuéramos mejores personas.  A su vez, hijos bien educados formarían familias ídem y así sucesivamente.

Cada vez que me toca rumiar esta idea acabo desolado y triste, pensando que tendríamos que empezar el país de cero o esperar generación tras generación para notar el cambio.    Todo esto asumiendo que podemos, de alguna manera, capacitar a los cabezas de familia –de estas familias sin cabeza– para que cumplan con lo que decidan, quién sabe quiénes; son los parámetros de esa familia ideal.

En este orden de ideas, y con el propósito de salir de la calle sin salida en que me deja el pensamiento anterior, se me ocurre que al poner de patas arriba el razonamiento se vislumbra una salida plausible. Digamos que en vez de empezar a criar mejores ciudadanos de abajo hacia arriba, de lo particular (la familia) a lo general (el país), lo hagamos a la inversa. Que en vez de esperar que los padres y madres de familia se iluminen y empiecen a trazar derroteros de ciudadanos ejemplares a sus hijos, sean los ciudadanos “ejemplares” los que pongan el ejemplo.

Me parece terriblemente evidente que si los muy públicos líderes nacionales, políticos, empresarios, altos funcionarios, religiosos, profesionales, si fueran ellos los que hicieran gala de aquella conducta que se espera de los que hoy día son pandilleros, al menos estos últimos tendrían una mejor idea de qué rumbo seguir.

En contraparte, si aquellos a quienes se persigue ven que notables líderes nacionales usan el poder político para hacerse aún más millonarios de lo que ya son, al igual que sus familiares y allegados, que destacados empresarios y altos funcionarios se especializan en manipular las leyes para ser más millonarios de lo que ya son,  si hay religiosos que abusan sexualmente de los pequeños que se les confía para que los enseñen a ser ciudadanos ejemplares,    si los profesionales solo aspiran a un carro mejor,   si los maestros del hampa entran del extranjero sin visas ni cortapisas,  si tantos de los anteriores hacen nada por nadie y sólo los guía la codicia y la avaricia,  entonces la llevamos cuesta arriba.

En fin, qué tanto más fácil sería si los ciudadanos “ejemplares” sencillamente predicaran con el buen ejemplo, pero de verdad.

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Este artículo se publicó el  30 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Abran las puertas a los millones

La opinión de…..

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Juan Méndez S.

La otrora embajadora de Estados Unidos en nuestro país dictó una muy interesante charla en Casa Esperanza en 2004. En esa ocasión, la Sra. Watts señaló que 80 personas en Panamá, con vínculos familiares entre ellas, controlaban la mitad del producto interno bruto de nuestro país. Y que más de 1.2 millón de panameños vivía con menos de dos dólares al día.

Más recientemente se publicó, en La Prensa, un interesante artículo referente a estadísticas que colocan a Latinoamérica como la región del mundo con la peor distribución de los ingresos, y a Panamá entre los tres países de Latinoamérica con la peor distribución de los ingresos.  O sea, estamos peor que África.

Actualmente contamos con un gobierno que fomenta grandes negocios y proyectos locales y abre las puertas al capital extranjero para explotar minas, recursos naturales, instalar sedes regionales y demás. El argumento, presumiblemente, es que “ahora le toca al pueblo” y toda esta inversión revertirá a los más necesitados.

Lo cierto es que la actividad, viajes y gastos por captar capital han sido frenéticos; sin embargo, en las ocasiones recientes que me ha tocado salir a gestionar un trámite a una oficina pública me he encontrado en el camino con:

-un policía de tránsito que pide coima (póngame la boleta, por favor),

-oficinas dilapidadas, sucias, mal organizadas, con funcionarios que comen frituras y toman chicha en horas laborables;

-oficinas donde nadie sabe nada de nada ni le interesa saberlo; caras desencajadas y de pocos amigos; señoras que venden timbres oficiales por su cuenta, a las puertas de las oficinas públicas; máquinas fotocopiadoras debajo de un almendro, para captar el negocio de los trámites públicos (muchas veces negocios gestionados por los directores de tales oficinas);

-y en las calles a los diablos rojos a todo trapo, sin Dios ni ley; los taxis igual;

-los promotores de los grandes condominios que impunemente defraudan a tirios y troyanos; edificios en construcción en cada esquina sin ningún respeto por reglamentación alguna;

-inversionistas extranjeros que traen a su propio personal por decenas y centenas;

-jueces de la Corte que cobran millones por fallos cajoneros; muertos por el tráfico de droga y delincuentes por necesidad o vocación que causan estragos en cada esquina,

-y al panameño de a pie comiéndose el proverbial cable.

Es decir, pareciera que al final del empeño tan importante que está haciendo el Gobierno por generar desarrollo económico, serán los mismos 80 individuos que mencionó la embajadora Watts, y uno que otro extranjero recién llegado, los que se beneficiarán de los frutos de nuestro pobre país, porque de momento no se nota ningún esfuerzo que insinúe que el 80% de la población dejará de recibir solo las migajas de la gran mesa del poder de siempre.

Los gobiernos existen para velar por los intereses y por el bienestar de todos los ciudadanos, a pesar de que a lo largo de la historia solo han logrado asegurarle una buena vida a unos pocos. ¿Cambio?

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Este artículo se publicó el  11  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La herencia del ‘Army’

La opinión de…..

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Juan Méndez

Siendo José Miguel Alemán ministro de Relaciones Exteriores (1999–2003), el Gobierno de Panamá llevó a cabo la justa, digna y obligatoria labor de reclamar a Estados Unidos la remoción de la peligrosa contaminación militar abandonada por el ejército de ese país en territorio nacional. Y se lograron| avances importantes. Entre otras cosas, una propuesta para la destrucción de las armas químicas que yacen en el suelo de isla San José, y la promesa del entonces secretario de Estado Colin Powell de “hacer lo correcto” en cuanto a los explosivos sin detonar en tierra firme. Eran importantes avances desde que el Gobierno de Estados Unidos había mantenido que este era “un caso cerrado”, a pesar de que la propuesta no cumplía cabalmente con los requisitos fundamentales, y que Panamá cesó la presión para que hicieran “lo correcto”.

Son más de tres mil hectáreas en la orilla oeste del Canal que permanecen densamente contaminadas con municiones sin explotar. Hay desde bombas de dos mil 500 libras a granadas de 40 milímetros, en total se estima en los cientos de miles el número de explosivos sin detonar en Emperador, Balboa oeste y Piña.

Tal es el peligro que en una visita en 2002 que hizo el ejército americano y funcionarios del Departamento de Estado, acompañados de personal del Gobierno de Panamá al área de los llamados “polígonos”, los militares se negaban a entrar a pesar de que se recorrían zonas seguras patrulladas por vigilantes de la antigua Autoridad de la Región Interoceánica. Costó un mundo llevarlos más o menos cerca de donde pudieran apreciar algunos de los nefastos pertrechos de guerra que según ellos ya habían limpiado.

En isla San José permanecen siete bombas químicas vivas, una de 500 libras y seis de mil libras, verificadas como tales por especialistas de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Estas son unas pocas que se lograron ubicar sin mayor esfuerzo durante la administración Moscoso.

Lo cierto es que el Tratado del Canal de Panamá de 1977 en el numeral cuatro, artículo IV del Acuerdo para la Ejecución del Artículo IV, establece sin ambigüedades la obligación de Estados Unidos de eliminar las armas convencionales abandonadas en tierra firme. Y es más clara, si cabe, la Convención de Armas Químicas en cuanto a la responsabilidad de Estados Unidos de destruir las armas químicas en isla San José.

No obstante lo anterior, todo indica que en 2003 se abandonó la tarea de hacer cumplir al gobierno de Washington con su obligación jurídica y moral.

Con el cambio de gobierno en 2004 se habló de un cambio de “prioridades”, y el Ministerio de Relaciones Exteriores se volcó al logro de un tratado de libre comercio de debatibles ventajas para nuestro país.

De ahí en adelante no se oyó una palabra más de los explosivos sin detonar, los que presentan un claro peligro para la población, y que inutilizan el uso de esas tierras.   Es más, ya son algunos los millones que se ha gastado la Autoridad del Canal limpiando tierras contaminadas para efectos de la ampliación del Canal.

La pregunta cajonera es: ¿Qué haremos con la herencia del Army?

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Publicado el 7 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.