¿Conviene privatizar los Correos?

La opinión de la Ex Directora de los Correos Nacionales


MARTA AMADO
packyamado@hotmail.com

Me siento comprometida a expresar mi opinión sobre la última ocurrencia del gobierno actual de privatizar los Correos, no tanto porque es otra decisión tomada a la ligera, sino por el ingente esfuerzo que hicimos durante la gestión del quinquenio anterior y que coloca a COTEL como un servicio público básico a la altura de los países que dependen de él con la seguridad y confianza que llega hasta a aquellos lugares más remotos.

El tema postal no es así de simple, porque hay que recordar que se tiene que tomar en cuenta el costo—beneficio para los que dependen de él. La prestación del Servicio Postal Universal (SPU) debe ser a precios accesibles en todo el territorio, sin ningún tipo de discriminación.

Las privatizaciones en el sector postal han tenido que revertirse, porque es obvio que aquel que resulte beneficiado con la concesión encarecerá el servicio en poblaciones lejanas, pues el costo de transportar la carga postal hasta esos remotos lugares hace oneroso el servicio. Tomar una decisión de privatizar una institución, hacer despidos, encarecer un servicio únicamente porque una revista llega tarde, es injusto para todos.

Nuestro plan maestro de trabajo fue producto de muchos estudios con expertos de correos oficiales de organismos internacionales postales, que revisaron y estuvieron al corriente de todos los avances alcanzados. La legislación actual está muy dispersa y data de 1904, el modelo de gestión es obsoleto y la entidad solo aprueba compras por mil dólares. Existe un alto nivel de burocracia, porque las gestiones se hacen desde el Ministerio de Gobierno.

Por ser una dependencia, tiene fuertes limitaciones presupuestarias. Hay muy poca motivación del recurso humano por los bajos salarios. Los nombramientos que se realizan no son producto de las necesidades y perfiles que COTEL requiere.

Antes que privatizar debe hacerse en forma urgente la separación del rol de operador público y regulador. La carencia de regulación impide conocer las estadísticas de movimiento por destino, origen y peso de los envíos postales. La mayoría de los prestadores privados no cumplen con estándares de calidad y medición dispuestos por normas internacionales y encima, las desconocen. No hay estrategias postales, por lo que urge definir una política para el sector postal que incluya divulgación y capacitación a los actores sobre las estrategias, planes, programas postales mundiales y las prohibiciones de envíos (armas, órganos, drogas, etc.). Por no existir una regulación efectiva puede darse un incremento en el tráfico de sustancias, materias y objetos ilícitos por medio de la red postal.

En vez de pensar en una privatización, se debería transformar CORREOS DE PANAMA en una entidad pública autónoma, con presupuestos dignos para actualizar su tecnología, controles informáticos y seguridad, capacitación de personal, incrementos salariales, incentivos por desempeño, cambio de imagen corporativa y una cultura de servicio orientada a la satisfacción de todos los que dependen del servicio.

También es urgente la prestación de nuevos servicios postales, financieros y complementarios con lo cual se pudieran aumentar los ingresos de la Institución. En las estafetas se podrían comprar o pagar servicios, venta de material necesario para embalar las encomiendas, por ejemplo.

De la misma forma, se deben aplicar normas de contabilidad de costos, no las gubernamentales, para poder conocer el costo de cada envío y presentar la cuenta al Gobierno, para que costee el SPU como compromiso adquirido por el Estado, según los convenios de la Unión Postal Universal. El SPU es el costo social. Hay que diferenciar el costo del SPU del resto de los servicios.

Como servicio público, debe tener una regulación, adscrita a la ASEP, de manera que se cumplan las normas internacionales y los consumidores puedan gestionar sus reclamos. Actualmente COTEL debe cumplir ambos roles, pero esto no es ético ni equilibrado, porque no se puede ser juez y parte.

En vez de una privatización que solo beneficiará a unos pocos y dejará en la calle a una gran cantidad de personas que han servido por años a la Institución, se debe transformar COTEL en el operador público oficial, orientado al cumplimiento del SPU y a la explotación de nuevos servicios comerciales sujetos a regulación postal.

El operador público recibiría compensaciones financieras por los costos operativos de la prestación del SPU y la capacidad para enfrentar nuevas tendencias del mercado aplicando nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, explotación de nuevos servicios postales y financieros, logística integrada y comercio electrónico. Se crearían ventanillas multiuso, para que el operador público pueda alcanzar equilibrio financiero y mantener un fondo de reinversiones.

Existe un gran potencial para un nuevo servicio de correos en Panamá, operado públicamente con eficiencia, que apoyaría decididamente la agenda social del Estado.

Durante mi gestión se presentó un anteproyecto de Ley que fue discutido en la Comisión de Transporte de la Asamblea de Diputados, incluso se creó una subcomisión integrada por COTEL, empleados, ASEP, representantes de los prestadores privados y funcionarios de esa comisión. Homologamos conceptos y se presentó el informe, pero allí quedó. Fue frustrante no concluir el plan, porque soy consciente de la necesidad y desfase que tienen estos servicios, que no marchan al ritmo del desarrollo del país. Creo que el gran impedimento fue que el sector privado no acepta la regulación, además CORREOS DE PANAMA podría convertirse en un competidor fuerte, pues, contaría con más de 100 oficinas a nivel nacional.

En el sector postal el costo—beneficio de las operaciones no interesa, pues hay que cumplir con el derecho a la comunicación que está consignado en la Carta de Naciones Unidas. Finalmente, el usuario podrá escoger su prestador de servicio de acuerdo a servicio, calidad y precio, manteniendo la libertad de empresa del sector privado, pero con una regulación adecuada.

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<> Este artículo se publicó el 30 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
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