Diez años en busca de una política

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La opinión de…

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DANILO TORO LOZANO –
torolozano@hotmail.com
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La propuesta electoral del candidato Ricardo Martinelli mencionaba el plan ‘Calles Seguras’. La publicación que distribuyó su campaña detallaba como medida puntual de seguridad pública, la eliminación de los Decretos Leyes con los que se creaban el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Aeronaval, un Sistema Nacional de Inteligencia (SENIS) y se modificaban las normas sobre la Policía Nacional y el SPI.

Sin embargo, el nuevo gobierno dejó vigentes los decretos —aunque aún se espera la derogación del SENIS— con lo que evidenció, a la postre, su satisfacción con ellos, pese a contar con una mayoritaria y creciente fuerza parlamentaria, que los pudo haber pasado por el curso de legitimidad que reclamaba la opinión pública.

En materia de seguridad ciudadana, la administración Martinelli ha concentrado esfuerzos en el factor policial más que en cualquier otro factor.   Aumentó el salario de las unidades de la Fuerza Pública y montó cambios en la estructura, función y operación de componentes de esta. Pero, antes de terminar su primer año de gobierno, tuvo que salir al paso de una temprana manifestación de presión ciudadana catalizada por el asesinato del joven Daniel Carrizo y se comprometió a presentar resultados, en el nuevo plazo de tres años. Entre esos resultados habría de estar la aprobación de una Política Criminológica, para cuyo cumplimiento, en realidad, no es mucho lo que queda por hacer.

Desde que en 1990 se emitió el decreto que organiza la Fuerza Pública y, sobre todo, desde el año 2000, cuando se promulgó el decreto que expone los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mucha agua ha pasado bajo el puente.

En noviembre de 1992 fue rechazada en plebiscito, una propuesta para reformar la Constitución, que incluía nuevas disposiciones sobre la Fuerza Pública y la seguridad pública. Pero más tarde, con los actos legislativos 1 y 2 de los gobiernos de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, en 1993 y 1994 respectivamente, se incorporaron a la Constitución nuevas normas sobre estos temas, en el Título XII.

Durante la década de los noventa, además, se emite y aprueba una variada gama de normas dentro del temario de la seguridad pública, tales como: La creación del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, la organización de la Fuerza Pública, primero mediante Decreto de Gabinete Nº 38 de 1990 y luego mediante la Ley 18 de 1997; después ampliada y desarrollada en 1999. Igualmente, temas como la creación de la Policía Técnica Judicial, la regulación del Sistema Penitenciario, el uso y porte de armas y la actividad de las agencias privadas de seguridad fueron objeto de abordaje jurídico.   Pero, pese a los intentos de avance, todo este cuerpo normativo guarda escasa relación entre sí, y en algunos casos, incluso, genera o permite contradicciones a lo interno de diversas instituciones, tal y como ocurrió con la Policía Técnica Judicial.

Similar suerte, en cuanto a la formulación y aprobación de normas, han experimentado la administración de justicia y las instituciones encargadas de la protección y prevención social durante las dos últimas décadas.

En junio de 2000 se da un salto cualitativo, cuando se adoptan, como política de Estado, los Fundamentos de la Política Panameña de Seguridad, mediante la Resolución de Gabinete Nº 34. En la confección de este instrumento emitido por la administración de Mireya Moscoso y que fue producto de un audaz acuerdo entre partidos antagónicos como el Arnulfista y sus aliados, el PRD y el PP,   jugó un papel determinante Ricardo Arias Calderón.   Sin embargo, la presidenta Moscoso nunca se remitió a la Resolución por ella signada ni acogió una propuesta de política criminológica impulsada por el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá.  En el ocaso de su periodo, agobiada, entre otras cosas, por un aumento alarmante de la criminalidad y la violencia, proclamó la aplicación de ‘mano dura’, como medida para enfrentar la situación.

La campaña que llevó a Martín Torrijos a la Presidencia hizo de la seguridad pública uno de sus principales focos de atención, que después, durante su administración, fue objeto de tratamiento, pese al faltante de convicción y de equilibrio político; que de haberse tenido, hoy posiblemente estarían validadas por todos los actores políticos, jurídicamente promulgadas y en ejecución, una política criminológica y una política de seguridad ciudadana. En la administración Torrijos, el tema de una Política Criminológica fue discutido ampliamente en la Mesa del Pacto de Estado por la Justicia, cuyos participantes terminaron aprobándola. Solo faltó que el Ejecutivo, tras acogerla, la remitiera a la Asamblea Legislativa para que alcanzara carácter normativo.

Además, a mediados de 2008, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado Diamante, presentó la Propuesta de Política de Seguridad Ciudadana ante esa misma mesa, como un producto del Programa de Seguridad Integral (PROSI), programa concebido durante la gestión de Héctor Alemán como ministro del ramo.   No se expresó ninguna objeción contra la Propuesta presentada, fruto de la labor que destacados especialistas efectuaron bajo la coordinación del PROSI. De ello debe mencionarse como relevante lo realizado por Juan Faroppa y en el tema concerniente a la creación del Viceministerio de Seguridad, a Hugo Fruhling.

Si se analiza la propuesta de esta institución se notará que para los objetivos y funciones planteados en la Política, correspondía una estructura determinada en el Viceministerio. La aprobación final y la consideración de ambos esfuerzos producidos por el PROSI, hubieran podido reducir los riesgos de improvisación, retardo y equívocos, para darle en su momento mayor sentido y utilidad a lo creado como Viceministerio de Seguridad primero y luego como Ministerio de Seguridad.

En cuanto a política criminológica y de seguridad ciudadana, es poco ya lo que hace falta para cumplir con el compromiso presidencial. Ahora la administración Martinelli tiene la oportunidad de reconocer los esfuerzos y logros obtenidos y, sin enfrascarse en la invención de la rueda, puede considerar las aprobaciones que corresponden para que las políticas en cuestión se conviertan en una realidad de Estado, al cabo de una década.

 

<> Este artículo se publicó el 13 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Armas en la mira

La opinión de…

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Danilo Toro   –

El tiempo vale oro y el de televisión, uranio enriquecido. Esa sentencia explica la razón por la que no puede aparecer en los reportajes televisivos toda la información que en un momento dado entregan los entrevistados.

Hace pocos días, por cuenta del reinicio del programa “armas por comida” fui entrevistado sobre el tema y en la pantalla se mostró el segmento en donde explico que la entrega de un arma bajo las normas de ese programa presenta el riesgo de que se pueda perder una evidencia útil para el proceso investigativo que desarrolla una autoridad competente. Fuera de exposición se quedaron otras opiniones, ahora posibles de ofrecer.

Ciertamente ese riesgo existe, sin embargo, eso no descalifica el programa. La iniciativa contribuye al control de uno de los factores que gravita sobre el terrible mal de la violencia con arma de fuego que afecta al país, más aún, si el despacho que se responsabiliza por intercambiar armas por comida –la Gobernación de la provincia de Panamá- mantiene el cuidado de incorporar a las autoridades del Ministerio Público, lo cual maximiza el beneficio y mitiga el riesgo.

Otra forma de conseguir que el programa alcance mayores beneficios es que se contemplen algunas variantes. Por ejemplo, que también sean las bandas o pandillas los sujetos a considerar, para que estas, como grupo, se desarmen. Ello implicaría, a su vez, establecer programas para que las personas integrantes de bandas que entregan sus armas reciban diversos tipos de tratamiento, hasta la capacitación profesional, mientras reciben ayuda gubernamental para satisfacer sus necesidades primarias; todo ello, en coordinación con las autoridades competentes.

Desarmado un integrante de pandilla, este queda expuesto con una real vulnerabilidad en su entorno, y la presión de grupo puede volverlo a someter a algún tipo de dinámica que haya querido rechazar. De allí la importancia de considerar el tratamiento de grupos y no sólo de individuos. Sobre este tipo de abordajes ya existen algunos precedentes que pueden ser tomados en consideración por quienes afortunadamente han retomado este programa dirigido a reducir la tenencia de armas de fuego.

Por otro lado, conviene que este programa también esté acompañado de una especial atención a la Policía Nacional, sobre todo la DIP y la DIJ. Aun cuando sea en condiciones de anonimato, un arma entregada arrastra consigo una valiosísima información, que sólo es posible de recabar, procesar y analizar si se cuenta con el equipo humano debidamente capacitado, el recurso tecnológico adecuado y una oportuna tarea de planeamiento.

Felicitaciones a la gobernadora Mayín Correa por haber retomado el programa armas por comida y exhortamos a la comunidad política para que en el futuro, a quien le llegue a corresponder, haga lo mismo, sin el prejuicio de que haya sido una tarea iniciada por antecesores distanciados de su ideología.

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Este artículo se publicó el 3 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De buena fe

La opinión de…..

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Danilo M. Toro Lozano

El domingo 23 de mayo tuvo lugar un acontecimiento de importancia. La Cruzada por la Paz mostró poder de convocatoria. Para que ello fuera posible coincidieron factores determinantes que definen los hechos sociales significativos: un liderazgo con moral, el de la familia Carrizo –tanto el padre presente, como del hijo ausente–; el efecto estimulador de los medios de comunicación; la saturación de la tolerancia ciudadana, que se siente y se ve a sí misma lastimada; líderes de opinión que hicieron suya la bandera del liderazgo y de los que como él han pasado por la amarga experiencia de ver truncada la vida de un ser querido, y un gobierno que en este tema tiene como única alternativa sana ponerse en sintonía con la exigencia popular. Ese día se dio un punto de inflexión en la curva de tolerancia a la violencia, por encima de la voluntad de los actores oficiales o estatales.

Si el Presidente de la República se mantiene a la altura y en la dirección del clamor ciudadano sobre su estado de inseguridad, pasará a la historia como un político diferente.   Pero, por muy fácil que resulte decir esto, en realidad se trata de algo muy difícil; porque esta diferencia implica que el Presidente logre y mantenga la resistencia a la inevitable tentación de politizar el tema.    Y con politización se hace referencia no al legítimo derecho de tener un marco ideológico sobre el que se basen las decisiones asumidas, no.

Por politización aquí se hace referencia a la acepción más séptica del término, a ese deseo insaciable que provoca el poder, de hacer las cosas que sólo redundan en la conservación del poder. Para comprobarlo basta repasar la actitud de dignatarios cuyas decisiones más parecían ser el resultado de una especie de nueva versión del uso del espejo embrujado al que se le pregunta quién es el más popular, el de mejor gestión, el de más aceptación, el más bonito… En ellos, la ausencia de rumbo la suplían manías antagónicas como la arrogancia o la sobredosis de encuestas que se administraban.

Además, el presidente Martinelli tendrá que sobreponerse al prejuicio político, que en su extremo siempre desemboca en sectarismo y que, como tal, sólo produce exclusión, que no es más que la otra cara del ejercicio de un poder desconectado del pueblo; tampoco nada nuevo en nuestra reciente historia republicana.

En este sentido, cabe señalar que la convocatoria de la cruzada por la paz del 23 de mayo sólo tendrá efectos perceptibles si el Ejecutivo la mantiene así como terminó siendo: abierta, realista, inclusiva y desinteresada. Es más, en lo que toca al Presidente requiere una característica adicional: ser condescendiente.

Por ser el centro de poder tan susceptible al “efecto encuesta” y al prejuicio político, otra de las grandes tentaciones que tendrá que enfrentar el Presidente es el de la improvisación.   Cada punto porcentual de una encuesta y cada sospecha fundamentada o no sobre otro suelen estar seguidos de un impulso irreversible por probar la última ocurrencia que llegue a los oídos del mandatario. De eso, también Panamá ha tenido de sobra en la última veintena de años. La cantidad y la clase de cambios frente a una misma problemática, de un gobierno a otro y dentro de un mismo gobierno, sólo ha servido para fortalecer a los violentos y a los delincuentes.

Y la que aquí aparece como la última de las tentaciones no es menos importante que las otras.   Se trata de la justificación como respuesta a todo lo que se muestra difícil, complicado o comprometedor.   Con este recurso, el poder termina por dar las respuestas más inverosímiles para tratar de explicar una decisión errónea, una actuación inconveniente o un desempeño inadecuado. Los pueblos y, sobre todo, los acorralados (por la violencia en este caso) están más dispuestos a dar una última oportunidad a quien les expone las cosas con sentido de autocrítica y objetividad, que al que le eche los mejores cuentos o haga alarde de las tesis más descabelladas. Un ejemplo de este vicio es la excusa de que la violencia no es tan grande, porque los que más mueren son los delincuentes, y no los ciudadanos decentes.

Estas no son todas las tentaciones a las que tendrá que sobreponerse Ricardo Martinelli. Sin duda habrá más, pero sí destacan entre las de mayor frecuencia de aparición y peores consecuencias. Están aquí expuestas de buena fe, como homenaje a los Carrizo, Sánchez y muchos más que esperan que sobre sus tumbas se levante una contundente expresión de lo que la sociedad exige.

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Este artículo se publicó el 26   de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Golpe de timón

La opinion del Sociólogo….

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DANILO TORO L.

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Golpe de timón

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El voto de los directores nacionales convirtió a Francisco Sánchez Cárdenas y Mitchell Doens en los máximos dirigentes del PRD,  ¡y vaya en qué momento!  La declinación de Balbina Herrera es algo que hay que ponderar.   Esta decisión hará que, en algún momento futuro, ella recupere su posición de referente legitimado por los votos de sus copartidarios, tal y como pasó con quienes hoy tienen la responsabilidad de conducir al partido hasta puerto seguro.

Si hubiera que hacer un diagnóstico o inventario sobre el PRD, habría que anotar significativos faltantes. No solo menos votantes que los inscritos en las últimas elecciones. Desde las primarias, quedó afectado por profundas contradicciones internas. Figuras con más apetito político que lo que son capaces de digerir (entiéndase dirigir), se entregaron a un canibalismo insaciable. De ser un partido ágil, sano y robusto, se convirtió en lento, mórbido y obeso. Se registra ausencia de contenido ideológico, de compromiso y posiciones consecuentes con la base social que lo ha sostenido, además de un despiadado oportunismo que ha convertido en mercancía al más pequeño o insignificante gesto de militancia.

Pero, pese al diagnóstico, la votación de los directores nacionales para elegir un Comité Ejecutivo Nacional provisional permite observar algunos signos vitales que dejan ver la posibilidad de una recuperación del partido político más grande del país, que lógicamente deberá pasar por un tratamiento intensivo.

Sánchez Cárdenas y Doens muestran credenciales para enfrentar tan dura realidad y encargarse de ese tratamiento.   A lo largo de su trayectoria se han comportado como cuadros de convicción política, que nadie en el partido puede poner en tela de duda.   Conocen su organización política por los dos lados de su costura. La tempranera crítica de que representan a una “ patria vieja ” debe ser cotejada con la necesidad de que en esta hora, el PRD no puede darse el lujo de una sola improvisación más; ni darle espacio a las ocurrencias suicidas de quienes quieren llegar al poder a costa, incluso, del propio partido. Tienen el tiempo justo para levantarlo y ponerlo a andar sobre sus propios pies, y no sobre pies ajenos. De lo contrario, el malestar actual puede terminar en una apoplejía que deje vegetando al que ha sido el gigante político de Panamá.

Los adversarios del PRD saben esto muy bien y es de esperarse que soplen a favor de que el barco vaya a la deriva. Esa es su intención y su papel. Entre tanto, después de este golpe de timón, la intención y el papel de los que ahora asumen el mando en el PRD tendrán el reto de mantener un rumbo fijo hacia el puerto de la cohesión y la coherencia entre el discurso y las expectativas de los habitantes del país.

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Publicado el 23 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Seguridad ciudadana y transporte público

Seguridad ciudadana y transporte público

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La opinión de ….

Danilo Toro Lozano

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Es común que el transporte público reciba algún tipo de subsidio, ya sea de gobiernos locales, estatales o nacionales. En Panamá, los gobiernos nacionales, hasta el momento, han mantenido el criterio de subsidiar al transporte en los renglones de combustible y piezas de repuestos. Sin embargo, es evidente que ese subsidio ni es realista ni es suficiente para asegurar un servicio de calidad a los usuarios.

Es preciso entender que actualmente el peso del subsidio al transporte público colectivo pasa por el dictamen de quien conduce el vehículo. Es decir, en vista de que la mayoría de los conductores deben entregar diariamente un pago fijo a los dueños de los autobuses y pagar el combustible y la limpieza de la unidad de transporte,  es el conductor el que termina ejerciendo su voluntad discriminatoria a fin de obtener la mayor ganancia posible, después de cumplir con todas las obligaciones, a partir de las tarifas cobradas.

Desafortunadamente, los estudiantes son un eslabón doblemente afectado en este sistema de descontrol, toda vez que, al pagar sólo una fracción de la tarifa general se convierten en pasajeros de segunda categoría, no deseados por los conductores, dado que restan espacio a los usuarios que pagan el pasaje completo.

Una de las principales funciones de los asistentes de los conductores es precisamente regular la entrada de estudiantes al autobús, a como dé lugar, de modo que no se vea afectada la cuantía recaudada por el conductor.   Con ello, no pocos estudiantes quedan expuestos a riesgos de inseguridad, hasta horas de la noche en las calles, esperando la oportunidad para tomar un autobús que los retorne a sus casas.

El presidente Martinelli ha expresado su decisión de imponer un régimen de orden al transporte público en los distritos de Panamá y San Miguelito, objetivo que la ciudadanía tiene en privilegiada valoración. Antes de contar, incluso, con nuevas unidades de transporte, el gobierno podría considerar el subsidio a los estudiantes por la vía de una equiparación de la tarifa aplicada a estos, de modo que sigan pagando una fracción de dicha tarifa, pero el gobierno (municipal o nacional) adicionaría lo necesario para que se alcance la tarifa completa,  y así, los estudiantes no resulten afectados por una discriminación económica, ejercida a costa de agresión, dentro y fuera de los autobuses.

El uso de boletos por parte de los estudiantes, que luego los transportistas puedan cambiar por dinero,  es un mecanismo probado internacionalmente. Basta con establecer los plazos y las condiciones en que esos boletos se entregarían a los estudiantes, al igual que otros detalles técnicos.  Por otro lado, las ganancias recibidas por los transportistas, permitirían retirar el subsidio al combustible y las piezas. Como consecuencia más importante, los estudiantes podrán estar más protegidos y menos expuestos a peligros de inseguridad o violencia en las calles, a la vez que podrían dedicarle más y mejores horas al estudio y al descanso.
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Publicado el 27 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Una elección, varios resultados

Una elección, varios resultados

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Danilo Toro Lozano.

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El 3 de mayo se dio por fin la gran definición política con la que se inicia un nuevo periodo presidencial. El apabullante triunfo de Ricardo Martinelli lo convierte en un presidente con dictamen de mandato contundente y, además, con la suficiente cantidad de puestos en la Asamblea Nacional como para gobernar con tranquilidad legislativa, a lo que se suma la obtención de varias de las más importantes alcaldías del país.

Después de los resultados de las elecciones de 1989, las de 2009 han sido la contienda en la que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tuvo la mayor reducción a una mínima expresión y ha quedado en evidencia que su candidata, Balbina Herrera, resultó ser no solo el blanco de una exitosa campaña oposicionista, sino ante todo, la víctima de un voraz apetito de agentes domésticos que estuvieron tan cerca de ella como para asegurar su derrota y tan lejos como para no quedar a merced de la fuerza del descalabro, como consecuencia de los resultados.

Martinelli, pues, no solo alcanza casi todo lo que puede desear un presidente entrante (simpatía popular, diputaciones, alcaldías importantes y hasta la posibilidad de postular a una buena parte de la Corte Suprema de Justicia), también tiene servida la ventaja de que su principal adversario se muestra inmovilizado por la pugna intestina que ha quedado tras el torneo electoral. Entre las acusaciones que vuelan en todas las direcciones y los intentos por no dejarlos salir del confesionario del PRD, aparecen claras señales de carencia de orientación partidista, suerte que no le puede resultar mejor al presidente recién elegido.

Si la dirigencia del PRD apuesta al tiempo para neutralizar la agrura, Martinelli gana; y si se va por la vía del reacomodo inmediato, el hervidero producirá desgaste, con lo que también gana el nuevo inquilino del Palacio de las Garzas. ¿Dónde se encontrará el justo medio cronológico para que el PRD ajuste, cambie, quite o ponga? Es la pregunta de los 500 pesos, que solo la base comprometida “perredista” podrá contestar. Pero si no se plantea dicho interrogante ahora, no habrá respuesta oportunamente. Para ello, esa militancia deberá tener presente que los tiempos de oposición son muy distintos a los tiempos de gobierno y cuando se sale aturdido por un resultado electoral como el que se dio, se corre el riesgo de no distinguir entre unos tiempos y los otros.

Ha quedado demostrado que la elección de Ricardo Martinelli implica el arribo a diversos resultados. Lo mucho que él ha ganado se cotejará de inmediato con las expectativas populares, en tiempos de caída de la economía y lo mucho que ha perdido el PRD podrá tener un efecto de implosión, en tiempos de un déficit de credibilidad.

Si Martinelli satisface expectativas y el PRD gana credibilidad, se tendrá un escenario en el que ganan muchos, por no decir todos. Cuánta distancia haya entre ese escenario óptimo y la realidad que impere, es precisamente el tramo de gestión política que implicará mayor o menor éxito o fracaso para los actores y para el país.

En este sentido, las elecciones del 3 de mayo pasado no solo decidieron el arribo de un presidente y una nueva definición de todo el cuadro político–institucional, también pueden acarrear una consecuencia adicional, en la medida en que se aleje el mejor escenario: El fracaso del sistema.

Con este resultado, no hay que ser un experto para saber lo que estaría por llegar a Panamá. Basta con echar una mirada por el vecindario regional para darse cuenta, hasta donde pueden llegar los pueblos, cuando están frustrados y dejan de creer en quienes depositaron su confianza.

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Publicado el 11 de junio de 2009 en el diario La Prensa

Seguridad en tiempos de cambios (I parte)

Seguridad en tiempos de cambios (I parte)

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DANILO M. TORO LOZANO- Sociólogo

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La pasada contienda electoral puso en perspectiva algo de lo que puede esperarse para el próximo quinquenio en materia de seguridad ciudadana y de alguna forma matizó el cuadro de situación que queda tras los últimos cinco años. De un lado, la fórmula Balbina-Navarro, distanciada del enfoque socialdemócrata y tan a la derecha o más que la propuesta Martinelli-Varela, asumió la doctrina de “mano dura”, al punto que le adosó el apellido “con justicia”, pese a la incompatibilidad lógica, histórica y política de ambos conceptos. Por su parte, la fórmula oposicionista, más comedida en ese sentido, optó por manifestar su interés en las “calles seguras” y en la abolición de los decretos leyes creados en el último semestre del actual gobierno.

Ciertamente, durante el quinquenio que ahora culmina aumentó la inversión y el gasto en seguridad ciudadana, pero durante el mismo periodo también se dio un preocupante incremento en los indicadores de violencia y criminalidad, que advierte a la nueva administración la urgencia de hacer valer su emblema verbal, y algo tendrá que cambiar en materia de seguridad ciudadana. La demanda social obliga a responder varias interrogantes, entre otras: ¿Sobre cuáles aspectos tendrán que operar esos cambios? ¿Cuáles son las prioridades en materia de seguridad? ¿Cómo revertir el incremento de la violencia? ¿Hay que elegir entre prevención y represión?

Coyunturalmente, la presión ciudadana, causada por la inseguridad, recibirá al nuevo gobierno, ya comprometido con la derogación de los cinco decretos leyes. En su propuesta electoral sobre seguridad, este fue el primero y más preciso de los puntos abordados por la alianza triunfadora, razón por la cual es de esperarse que ocurra. Sin embargo, ante la realidad de instituciones ya creadas o modificadas, la propuesta de derogación tendría su mejor sentido si, por lo menos, se orienta a someter los decretos leyes al ejercicio de aprobación de la Asamblea de Diputados, lo que aportaría un marco de legitimidad política y social, tan necesario como la jurídica.
Sin embargo, como asunto de fondo destaca una compleja problemática de criminalidad que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar con visión a corto, mediano y largo plazo. Esa visión deberá abarcar dos planos simultáneamente, que no se contraponen y además, están interconectados: La prevención y la represión del delito. Pero deberá tenerse presente que sobre todo la prevención, que opera en periodos sostenibles de gran alcance, es siempre lo menos costoso, más abarcador y más eficaz para lograr y mantener la convivencia pacífica y el disfrute de los derechos humanos y ciudadanos, objetivo final de los servicios de seguridad del Estado.
Así, en virtud de diversas políticas sociales, numerosos lugares poblados que conforman cinturones de pobreza o miseria alrededor de centros urbanos, deberán contar con la presencia de instituciones del Estado, para reducir la marginalidad, el imperio de la ley de la selva, las pandillas, la extorsión y la violencia. Se trata de sostener un programa coherente y medible de dotación de bienes y servicios públicos que permitan, desde un adecuado uso del tiempo de ocio, hasta el disfrute de salud (bibliotecas, centros de salud, infraestructura deportiva, estaciones de policía, parques, aceras, espacios públicos iluminados, comedores, transporte adecuado, etc.) varios de estos, bajo el resguardo comunitario, capaz de cuidar y usar bien dichos bienes, lo que resultaría en la reconquista de espacios públicos ahora bajo el control de bandas y pandillas.
Sólo en la periferia de la ciudad de Panamá viven más de 300 mil habitantes en esos cinturones de pobreza, en los que no pocos bienes y servicios básicos no están presentes o lo están de manera deficiente y costosa. Al tiempo que se instala el Estado en los cinturones de pobreza urbana, debe adoptarse una política educativa que reduzca de manera sostenida, la catastrófica ruptura escolar que se ha estado registrando durante los últimos veinte años. Sólo entre 2003 y 2007, cerca de treinta y cinco mil estudiantes dejaron de asistir a colegios oficiales (pre-media y media), sin terminar sus cursos (mal llamada deserción escolar). La mayoría lo hizo antes de terminar el noveno año (pre-media). Está demostrado que este es el principal factor de riesgo que favorece la actividad violenta entre los adolescentes y jóvenes con edades entre los 12 y 19 años. Entre esas edades, cada caso de ruptura escolar es una trágica entrega a las puertas de la violencia que afecta a la sociedad.
Si se considera que una significativa proporción de los adolescentes deja de asistir a la escuela secundaria cuando tienen entre 13 y 15 años de edad, es obvio que ni siquiera cuentan con capacidades básicas para ingresar al mercado laboral, por lo que quedan expuestos a la atracción de bandas y pandillas que han incrementado su influencia en términos de actividades sociales, recreativas, de protección y manutención, antes de convertirse en infractores de leyes o en mano de obra para el crimen organizado.

No es un fenómeno repentino. Un análisis detallado de la realidad muestra que antes de darse la ruptura con el sistema escolar, los adolescentes y jóvenes de escuelas secundarias oficiales pasan por una secuencia de riesgos que incluye varias condiciones. En el último quinquenio, alrededor de cuatro mil estudiantes quedaron embarazadas mientras cursaban la pre-media o la media escolar y, en total, cerca del 40% de todos los matriculados se encuentra en situación de riesgo escolar, entendiendo con ello que experimenta alguna de estas condiciones: Aplazado, reprobado, repitiente o embarazada. Este significativo grupo de estudiantes, junto con los que rompen con el sistema escolar de secundaria, hace que el promedio general de tiempo que tardan los estudiantes (según datos de 2006) en pasar de primero a sexto nivel, sea de 10.4 años, en vez de 6. Graves repercusiones de esta situación en materia social y económica impactan sobre la estabilidad de la Nación. Entre ellas está el hecho de que se da una creciente convivencia de jóvenes con de edades disímiles, al punto que cada año aumenta el número de jóvenes adultos o cercanos a esa etapa, que comparten tiempo y espacio escolar con jóvenes de 12 a 15 años de edad.

En próximos artículos abordaré otros factores causales de violencia y criminalidad y la forma de abordarlos desde un punto de vista integral, lo que incluye la actividad policial.

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Publicado el 10 de mayo de 2009 en el diario La Estrella de Panamá