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-La opinión de…
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Dairo Herrera C. –
Numerosos estudios demuestran que los inmigrantes desearían quedarse en sus países, si pudieran ganar lo suficiente para tener una vida digna y trabajar en un ambiente seguro. Los beneficiarios de este desplazamiento son países que basan su desarrollo en la explotación del talento del inmigrante y terminan aceptándolos como medios económicos, no como personas que tienen derechos.
La ONU dijo la semana pasada que los gobiernos deben respetar los derechos de todos los inmigrantes. Por eso, Panamá tiene la obligación de estudiar una ley de punto final para solucionar los abusos y frenar el negocio de los ilegales, presa de los abogados que se dan cita diariamente en las puertas de Migración para hostigar y explotar a los incautos visitantes, cobrándoles trámites onerosos cuando detectan que se trata de colombianos, indios, chinos, dominicanos o venezolanos, que son sus blancos más apetecidos, porque son más rentables. Es decir, tratan al inmigrante como el objeto en una transacción comercial.
No es posible que Panamá siga exhibiendo este bochornoso negocio de ilegales. Muchos de ellos son personas que, por falta de orientación y control del Gobierno, han iniciado los trámites para legalizar su estatus en el país, que no han podido completar por el engaño, el abuso, los onerosos honorarios de los tramitadores, los tediosos trámites, las estafas de visas y permisos temporales de trabajo. Esto los convierte en “nuevos ilegales” que engrosan el sistema perverso de negocio que se recicla para enriquecer a una minoría, con la angustia y el dolor del inmigrante.
Es entonces cuando los inmigrantes ilegales son particularmente vulnerables a los abusos de todo tipo por tramitadores y patrones, y los gobiernos, de soslayo, suelen tratar el tema en términos de la seguridad nacional, a menudo por la presión de grupos internos hostiles a la inmigración. El Gobierno, hace unos meses, dio la oportunidad para que las personas que nunca se habían acercado a las oficinas de Migración y que llevaban años viviendo en Panamá legalizaran su situación; el resultado fue que un hecho positivo como este excluyó e hizo invisible al grupo mayoritario de inmigrantes que ya había iniciado sus trámites, pero que por culpa de la incontrolable jauría de tramitadores no ha podido completarlos. Esta población está a la espera de una solución del Estado.
<> Artículo publicado el 11 de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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