Financiando la democracia

La opinión de…

Surse Pierpoint

En semanas recientes ha entrado a debate el tema del subsidio electoral con base a declaraciones realizadas por el Presidente de la República. Consideramos que este es un tema de gran importancia para el desarrollo de la democracia en el país y que como ciudadanía responsable debemos darle la atención que merece.

El sistema de subsidio electoral consiste en el financiamiento público de la actividad de partidos políticos en relación directa a su rendimiento en las últimas elecciones. La motivación de este proceso se basa en financiar la política nacional desde el erario, para preservar las instituciones democráticas del país al igual que generar un muro entre lo que se considera el financiamiento privado desmedido y la actividad política.

Este no es un tema que haya disfrutado de particular relevancia en años recientes, pero debido a la importancia naciente que se le ha otorgado, es vital hacer un análisis de su necesidad y su rol en el funcionamiento público de nuestra vida republicana.

La idea atrás de este mecanismo político es ciertamente errada, ya que consiste en distribuir fondos de la hacienda pública para financiar las actividades de grupos, que aunque ciertamente son vitales para el funcionamiento del mecanismo estatal, son entidades privadas disfrutando de un beneficio a costa del público contribuyente.

Los fondos aportados por ciudadanos que no participan en las elecciones, de ciudadanos que no creen en la ideología de un particular partido y de ciudadanos que están desencantados con el sistema dañado que tenemos, son utilizados para preservar y continuar financiando a aquellos que generan esta situación.

Un partido político es la representación colectiva de un grupo de ciudadanos que cree en una ideología común y el mismo debería ser animado y financiado por los esfuerzos de aquellos que forman parte de los mismos, no por un subsidio estatal a costa de quienes no comparten de estas ideologías.

No obstante, entendemos que distintos segmentos de la sociedad tienen diversas opiniones, y por lo tanto, es necesario llegar a un consenso dentro de la ciudadanía de cómo queremos que funcione el mecanismo de financiamiento de la actividad política. Por esto, el debate es necesario.

Hay muchas propuestas circulando dentro del pensamiento ciudadano. Entre ellas podemos mencionar: la eliminación de aportes a partidos políticos por parte de empresas, corporaciones y personas jurídicas, restringir los aportes a los miembros del partido político, implementar el anonimato en cuanto a estos aportes o lo contrario, levantar el velo del anonimato para poder tener un escrutinio público de aquellos que buscan participar en la política pública.

Otro tema de relevancia accesoria es aquel de la libre postulación. Opiniones recientes de los organismos electorales del país parecieran indicar, en nuestra opinión, la formalización de la no pertenencia a partidos políticos como requisito para ocupar cargos de gran importancia.

Siendo la participación política voluntaria un engranaje importante en el desarrollo cívico, consideramos que no deben crearse barreras artificiales a la competencia política. Permitiendo la libertad de postulación, sin otra limitación a aquellas que existen en la Constitución, crearíamos un sistema activo y disfrutaríamos de una amplia variedad de candidatos y opciones políticas.

La preservación de la libertad individual y de los derechos individuales es la piedra angular del desarrollo económico, político y social de cualquier país. Leyes que fomenten la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos sin afectar el derecho esencial de la privacidad y que permitan la competencia libre en el mercado político beneficiarían enormemente el progreso nacional.

La Fundación Libertad llevará a cabo un foro el jueves 28 de octubre para discutir estos temas de extrema importancia con representantes del Gobierno Nacional, Milton Henríquez, Osman Valdés y Ramón Tejada, del Tribunal Electoral, y Miguel Antonio Bernal, y de este modo debatir tanto el rol del subsidio público a los partidos políticos como la libre postulación. Más información en www.fundacionlibertad.org.pa

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<> Este artículo se publicó el 25  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/pierpoint-surse/
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Grado de inversión o chatarra

La opinión de…..

E

Surse Pierpoint   y  Alfonso Grimaldo

Como la gran mayoría de lectores, me alegré al leer que Panamá había logrado la meta de varias administraciones de la época posdictadura, en lograr el “grado de inversión” que otorgan las agencias calificadoras, tales como Moody’s. Se nos explicaba que al lograr este hito, los costos de pedir prestado fondos y de financiar la actividad gubernamental serían inferiores en la medida que las agencias determinaban que el riesgo país había mejorado.

El camino para mejorar las calificaciones va de la mano del déficit central de un gobierno, cuando logra cerrar la diferencia entre la recaudación y el gasto. Las alternativas que existen son el crecer la economía, el aumento de impuestos o los recortes de gastos.

Se nos ha explicado que el recorte de gastos es casi imposible en la medida que no hay discrecionalidad de recortar gastos que vienen amarrados por acuerdos o “conquistas” previas. No olvidemos que la planilla representa el 21% del total del presupuesto de $10.5 mil millones.

Este gobierno se ha puesto la meta de aumentar los ingresos en aproximadamente $250 millones y aun así se proyecta un déficit fiscal para 2010 de $502 millones o un 4.78%.

Imaginen mi sorpresa al leer en The Guardian de Inglaterra, del 28 de abril de 2010, que frente al debacle financiero gubernamental europeo, la deuda de Grecia es clasificada como “chatarra” igual que la de Azerbaijan, Colombia, Panamá y Rumania.

¿Tanta sangre, sudor y lágrimas para quedar igual que Azerbaijan? ¿Para quedar en la percepción internacional con una situación comparable a una Grecia en el umbral del incumplimiento a sus acreedores calificada por una agencia de calificación de riesgo desprestigiada por los eventos financieros recientes?

El aparato gubernamental se está tomando cada vez más recursos para sí y dejándole al sector productivo la tarea de buscar cómo ser competitivo ante una alza de costos en múltiples factores de producción.

Obtener el grado de inversión nos presenta con muchas ventajas, pero a un costo debilitante.   Por un lado, se han abierto las puertas al financiamiento barato de un sistema estatal ineficiente.   Como lo demuestra nuestra infructuosa inversión en el sector educativo, la respuesta no es el incremento de fondos.

Por el otro lado, hemos tenido que aumentar nuestros impuestos para recortar el déficit, afectando seriamente a los sectores menos acaudalados de la sociedad con costos incrementados sobre el consumo.   Estos costos elevados de transferencia conllevan un factor exponencial al correr a lo largo de las cadenas de producción elevando el nivel general de precios.

La solución correcta siempre fue la disminución del gasto público y la reducción del sistema estatal.   Esto abre las puertas a la inversión privada y sistemas competitivos que refuerzan la estabilidad nacional y permiten a manos creativas tomar recursos, ahora controlados por el Gobierno, para desarrollar su potencial emprendedor.

Un camino basado en estos principios conlleva una mayor estabilidad nacional, un sector privado desarrollado y maduro, una mayor atracción de la inversión extranjera que genera más empleos directos en Panamá, y quizás, una mejor percepción de la que tenemos hoy en día.

Con un déficit del 5% me parece que estaremos nuevamente ante la disyuntiva de reducción de gastos de Gobierno o mayor recaudación.   La lista de promesas de campaña indica que probablemente no habrá recortes presupuestarios. Dado que el indicador de déficit presupuestario es la medición principal de las agencias calificadoras, ¿tendrá el Gobierno la necesidad de crear aún más impuestos?

Se ha publicado hasta la saciedad que las economías más exitosas del planeta son las que tienen la menor carga impositiva sobre el individuo y la empresa privada.

El Gobierno se ha propuesto la tarea de promover la idea que Panamá is open for business. La retórica debiera ir acompañada de un análisis real de la carga del Estado y la necesidad de menores impuestos. Vemos con buenos ojos el interés de invertir más en salud, educación y seguridad pero al fin y al cabo lo más importante es el resultado y no cuanto uno gasta.

El Índice de Libertad Económica de 2010 patrocinado por el Heritage Foundation y el Wall Street Journal, tiene en su top ten a los siguientes países: Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda, Suiza, Canadá, EU, Dinamarca y Chile en el puesto No. 10.

Hay una correlación directa entre el PIB y la libertad económica en todos los países, entre más cercano al top ten, mejor el PIB siendo Hong Kong el líder con un PIB per cápita de $42 mil 700 para 2009 y Chile con $14 mil 700 para el mismo periodo. Panamá marcó el puesto No. 60 en este ranking, indicando que aún hay mucho trabajo que hacer para lograr el cometido.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.