La despenalización de la calumnia e injuria

La opinión de….

Jacinto Hernandez Ábrego

Nuestro criterio es absoluto en relación a apoyar la despenalización de la calumnia e injuria, los periodistas deben tener total libertad para comunicar a los ciudadanos los hechos ocurridos sobre cualquier tema. No deben existir limitaciones que puedan propiciar que el comunicador social se sienta amedrentado o cohibido por publicar la información en referencia.

Los funcionarios o los servidores públicos, cuando aceptan el cargo, deben entender sus limitaciones fijadas por ley, no pueden hacer más allá de lo señalado por la norma. Es entendible que su posición pública los coloque sobre el ciudadano común, por cuanto tienen la responsabilidad de manejar, controlar y decidir sobre los recursos de toda la población.

Y, precisamente, el uso de esos bienes tiene como función básica proveer un beneficio comunitario de carácter social, económico o de mejorar las condiciones de convivencia entre los habitantes del país. Es esta la esencia de la libertad de expresión que los ciudadanos exigimos para tener conocimiento en todo momento, de los proyectos, actividades y tareas que el funcionario realiza; a los medios de comunicación y a los periodistas les corresponde esta sagrada misión; investigar y comunicarnos qué está pasando con los recursos estatales.

Pero el debate público sobre este tema no profundiza sobre uno de los problemas más serios y preocupantes que afecta el libre ejercicio de la libertad de expresión. El papel ético y profesional de los periodistas y los medios de comunicación. En nuestro país los medios están en manos de grupos poderosos, que manipulan y condicionan todo lo que publican de acuerdo a sus intereses. Dependiendo quién está en el poder y cómo eso afecta sus intereses empresariales o personales, en esa medida abordan los temas que afectan al ciudadano.

Hay medios y periodistas que todos los días desacreditan, ofenden y manipulan las noticias para dañar o beneficiar una persona, un proyecto, una organización o institución. Con el concepto sagrado de “reserva de la fuente” no tienen reparos en tirar a la basura la dignidad de una persona. Cuando esto ocurre, el funcionario o persona agraviada tiene derecho, consagrado en la ley de réplica, de acudir al medio o al periodista para que le dé la oportunidad, con la misma beligerancia, de defenderse o aclarar la información que a su criterio es falsa o incorrecta.

Pero la mayoría de las ocasiones esto no ocurre, y ante la opinión pública la persona o el funcionario queda desacreditado y humillado. Muchas veces se recurre al comité de ética de los periodistas, buscando que se permita la réplica o se sancione al medio o al periodista que manipuló, desinformó, u ofendió la dignidad del afectado, tarea infructuosa porque nada se logra.

Es aquí donde radica el problema. Queremos con justa razón mantener la despenalización de la calumnia e injuria, entonces los gremios periodísticos y los poderosos medios de comunicación tienen que fijar pautas y normas de honestidad, profesionalismo y responsabilidad. Si los ciudadanos confiamos en que el periodista o el medio que incurra en injuria y calumnia será sancionado ejemplarmente por sus mismos colegas, la penalización de estos delitos por la autoridad pública no tiene razón de ser.

Si el funcionario, no importa su nivel, y el ciudadano común confiaran en la honestidad de las organizaciones periodísticas y que cuando se mancilla su honor se les dará la oportunidad a plantear sus descargos, no tendría razón de ser la penalización por autoridad pública.

Señores periodistas, dueños de medios, no abusen de ese enorme poder que tienen; igual que el funcionario, ustedes administran recursos que los ciudadanos comunes no tenemos, por ende, tienen la obligación de rendir cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas tienen que estar permanentemente en su agenda. En la medida en que los ciudadanos confiemos en su ética, en su honestidad y en su responsabilidad para divulgar los hechos que hacen noticia y que nos afectan, la penalización de la calumnia e injuria por autoridades públicas no tiene razón de ser.

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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