¿Por qué?

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La opinión del Honorable Diputado…

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José Blandón Figueroa –

Es la pregunta que me han hecho mucho en las últimas semanas.   ¿Por qué estás asumiendo el desgaste de ayudar a una administración municipal que tiene bajísimos niveles de aceptación popular? ¿Por qué has asumido la vocería de una reforma impositiva a nivel municipal que se ha granjeado tan poderosos enemigos?

Tengo cuatro períodos consecutivos de ser miembro de la Asamblea Nacional, en representación de uno de los cuatro circuitos que componen el distrito de Panamá.   Durante casi todo ese tiempo, he participado de la Comisión de Gobierno, que tenía dentro de sus temas el de la descentralización.

A lo largo de los años, he podido asistir a eventos fuera del país sobre los gobiernos locales y percatarme del alto grado de centralismo que impera en Panamá. Durante este tiempo, he llegado a convencerme de que el próximo paso en la consolidación de la institucionalidad democrática en Panamá es la descentralización municipal.

Con frustración y envidia, de la buena, uno ve lo que se hace en Medellín, Bogotá, Guayaquil, Tegucigalpa y otras ciudades de nuestra América Latina.    Contrastar esas realidades con lo que ha sucedido en nuestra ciudad capital en los últimos 10 años es decepcionante.   Basta con decir que de 2000 a 2010,   solo se construyó un parvulario y ni una sola instalación deportiva de importancia en todo el distrito capital. Cuando acepté ayudar al alcalde Vallarino, revisamos en equipo la situación y uno de los temas ineludibles era, sin lugar a dudas, el tema impositivo.

El Municipio necesita de más recursos para inversión. Eso se logra haciendo más eficiente el gasto y aumentando las recaudaciones. Para aumentar las recaudaciones, no necesariamente se requiere subir los impuestos, puesto que se puede mejorar la fiscalización y aumentar los contribuyentes, “capturando” a muchas empresas que operan en la ciudad de Panamá, pero no se han registrado en la Tesorería Municipal. Sin embargo, analizando el impuesto por actividad económica, que desde el 2006 se paga en función de la facturación anual de las empresas, el equipo técnico del Municipio sugirió modificaciones al cálculo de este impuesto para hacerlo más equitativo.

¿Dónde reside la oposición a los cambios aprobados en diciembre del año pasado?   El 85% de las empresas contribuyentes pagarán en abril lo mismo o menos de lo que pagan hoy en enero. ¿Por qué entonces la oposición de la Cámara de Comercio y el Conep?   Porque las tablas vigentes desde el 2006 establecen topes máximos, lo que provoca que una empresa de venta al por menor que factura 6 millones anuales pague lo mismo que otra que factura 120 millones al año, esto es, mil balboas mensuales.

A usted, amigo lector, ¿le parece que eso es justo?    ¿Que yo facture 20 veces más que tú, pero pague lo mismo al Municipio?    Entendemos que pasar de pagar mil balboas al mes a pagar 10 mil balboas al mes es un salto grande, pero lo que está pagando es el mismo porcentaje que todos los demás.   ¿Dónde está el punto de equilibrio?   ¿Cuánto quieren pagar las grandes empresas? ¿Quieren un tope mensual de 2 mil, 3 mil ó 5 mil mensual? ¿Cuánto consideran que es justo pagar para que la ciudad tenga mejores parques, aceras, instalaciones deportivas y más espacios públicos para los ciudadanos?

En definitiva, ¿por qué estoy en esto? Porque considero que la posición es la correcta y porque creo que esta ciudad se merece un mejor destino. Porque creo que si nuestra democracia desea crecer y fortalecerse debe tener gobiernos municipales fuertes, con recursos para invertir en obras. Porque pienso que humildemente puedo aportar mi experiencia y mi trayectoria a lograr que podamos construir una mejor ciudad, especialmente para los panameños más humildes y aquellos que viven en las afueras de la ciudad donde la presencia institucional de la Alcaldía es nula o casi inexistente.

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Este artículo se publicó el 28  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Tributos y descentralización

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La opinión del Honorable Diputado de la República….

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JOSÉ BLANDÓN FIGUEROA –
jblandon@asamblea.gob.pa

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Leí con atención el editorial de La Estrella del 26 de diciembre, en donde da por hecho que es inconstitucional que el Municipio de Panamá tome la determinación de modificar el Acuerdo Municipal 162 del 2007 para aumentar el pago por impuesto de circulación. Así mismo se cataloga la medida de improvisada.

Por lo menos desde 1971 están vigentes los montos actuales del impuesto de circulación. Ya desde 1973, se establece que son los municipios quienes gravan los vehículos y en 1984 se incorporó la frase ‘placas de vehículos’ (ver artículo 75 de la Ley 106 de 1973).   Y hay fallos de la Corte que establecen que impuestos que eran nacionales pasan a ser municipales cuando una Ley posterior así lo dispone, derogando tácitamente la ley anterior (ver fallo en el caso de las casas de citas).

Pero en todo caso, no es a mí ni al Consejo Municipal ni al encargado de redactar los editoriales de La Estrella a quien le corresponde decidir sobre la constitucionalidad o no de un acto, sino a la Corte Suprema de Justicia en pleno.

Cualquier ciudadano está en su derecho de presentar la acción de inconstitucionalidad que considere pertinente y a la Alcaldía le tocará respetar y acatar lo que diga nuestra máxima corporación de Justicia.

El sistema todavía vigente para el pago de este impuesto es injusto. Un carro de cuatro asientos o menos paga 26 balboas anuales, sea nuevo o viejo, no importa el costo que tenga. Esto trae como consecuencia que un Lamborghini o un Ferrari de dos asientos, que fácilmente cuesta más de cien mil balboas en el mercado, pague lo mismo que un compacto cuyo costo sea inferior a los diez mil balboas.

Eso sencillamente no es equitativo y va en contra del principio de proporcionalidad que consagra nuestra Constitución en materia fiscal (quien más ingresos genera, quien más recursos tiene, debe tributar más).

El sistema propuesto por la Alcaldía de Panamá supone un aumento de dos balboas al año para la inmensa mayoría de los contribuyentes (es decir, unos cuantos centavos al mes), disminución en algunos casos (aquellos vehículos que por número de asientos pagaban más, pero que por valor estarán en el primer renglón de 28 balboas al año) y representa un incremento sustancial para aquellos que tienen autos de lujo. Pero además, genera una práctica más sana, puesto que el vehículo será gravado de acuerdo a su valor y se le reconocerá depreciación, por lo tanto un carro más viejo no seguirá pagando lo mismo que su versión más nueva, lo que sucedía actualmente basado en el número de puestos del vehículo.

Aun con esta modificación, este impuesto sigue siendo bajísimo en comparación con otros países de la región. El Municipio no es quien arregla las carreteras, pero sí tiene responsabilidades concretas que debe ejecutar, tales como el mantenimiento y construcción de parques y áreas públicas, aceras, construcción de parvularios, bibliotecas, comedores y canchas deportivas, etc.

El problema histórico de nuestros municipios ha sido la falta de recursos. Panamá operó este año con una recaudación real de aproximadamente 54 millones de balboas, donde cerca del 90% se fue para funcionamiento. Y esa ha sido la constante histórica.

Cambiar esa realidad es parte de los objetivos fundamentales de la actual Administración alcaldicia, para que quien asuma la gestión del Municipio en el 2014 no se encuentre con la Alcaldía quebrada, llena de deudas y con poca capacidad de inversión que se encontró Bosco Vallarino en julio del 2009.

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<> Este artículo se publicó el  2  de enero de 2011  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les

Después de la basura, ¿qué?

 

La opinión del Honorable Diputado…

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José Blandón Figueroa —
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A raíz de mi gestión como asesor ad honórem del alcalde de la ciudad capital, varias personas me han planteado que se preguntan qué hará el Municipio luego de que el 3 de enero del próximo año no tenga la recolección de la basura como una de sus funciones.    Creo que esa preocupación surge de un desconocimiento o mala interpretación de lo que son las funciones de los gobiernos locales.

Comienzo por señalar que Panamá es quizá el país más centralista de América Latina. Creo que es el único país donde el recaudo del impuesto de inmueble no va a las arcas municipales. Y el único donde los municipios no tienen un rol importante que jugar en la realización de obras públicas en sus áreas respectivas, además de la responsabilidad de prestar servicios públicos como la recolección de basura, educación, salud, agua potable y transporte. Para que tengamos una idea, el presupuesto aprobado del Municipio de Panamá para el año 2010 fue de 111 millones (incluyendo el Dimaud), mientras que el Municipio de Medellín tiene un presupuesto de mil 500 millones y el de Guayaquil, de 500 millones, por citar dos ejemplos exitosos en la región.

En razón de lo anterior, considero que el país debe moverse hacia una mayor descentralización, no hacia una mayor concentración de responsabilidades en el Ejecutivo. El Municipio tiene mucho trabajo por hacer, aún sin la recolección de la basura. Hay que recordar que antes de 1999, Mayín Correa tuvo una gestión muy activa y que dejó muchas obras. Y sin embargo, fue en agosto de 1999 cuando la Dima pasó del Gobierno central al Municipio de Panamá, a raíz de la derrota electoral del PRD y el triunfo de Navarro como alcalde.

A mi juicio, una de las funciones principales de la Alcaldía tiene que ver con el ordenamiento urbano y la mejora de la calidad de vida de quienes residimos en la ciudad capital. Hay que ganar más espacios públicos para la ciudadanía. En Guayaquil, por ejemplo, la gestión combinada de los alcaldes León Febres Cordero y Jaime Nebot, ha hecho un cambio sustancial en la faz de la ciudad con sus obras de regeneración urbana, gracias a las cuales los guayaquileños tienen hoy más y mejores áreas públicas.

Aun sin la Dimaud, es posible una Alcaldía capitalina que concentre sus esfuerzos en que los ciudadanos tengamos más y mejores parques, en que tengamos más y mejores aceras públicas y mobiliario urbano y en tener una mayor presencia física en las áreas alejadas del centro, tales como los circuitos 8–9 y 8–10. Todo ello, sin olvidar que aunque la Autoridad Nacional de Aseo asuma el 3 de enero la responsabilidad primordial de recoger la basura en la ciudad capital, eso no inhibe al Municipio, como autoridad local, de jugar un rol protagónico en este tema.

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<> Este artículo se publicó el 16  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/blandon-figueroa-jose/

Consulta pública y reforma constitucional

La opinión del Diputado de la República…

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José Blandón Figueroa

En las democracias modernas se busca fortalecer la participación ciudadana abriendo espacios para el debate y la consulta.   En Estados Unidos, por ejemplo, es común ver que al mismo tiempo que se eligen a las autoridades, el ciudadano vota sobre otros temas de políticas públicas, como medidas migratorias o los derechos de las parejas del mismo sexo.

La administración Martinelli ha planteado implantar en el país la práctica de las consultas ciudadanas periódicas sobre temas de interés nacional. Considero que la pregunta es, en principio, positiva por el espacio que abre a la participación ciudadana y merece, por tanto, un detenido análisis y un profundo debate para que su puesta en práctica cumpla el propósito de fortalecer la democracia en nuestro país.

Primero, como ciudadano, y luego, como diputado, quiero comentar el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Deberá realizarse un debate al respecto en la Asamblea, pero quiero públicamente adelantar mi posición para ayudar a generar un necesario y productivo intercambio de ideas al respecto.

El proyecto autoriza realizar consultas ciudadanas bajo los siguientes parámetros: (1) El Ejecutivo define las preguntas y (2) El Ejecutivo define si el resultado de la consulta es vinculante o no.

Sobre lo primero, en otros países –Uruguay es un ejemplo-, la ciudadanía, por medio de la recolección de firmas, tiene la iniciativa para convocar a consultas y definir los temas. Los uruguayos pueden hasta derogar leyes, a través del denominado “referéndum revocatorio”. Sería interesante debatir en Panamá si la iniciativa la vamos a dejar solo en las manos del Ejecutivo o vamos a empoderar a otras instancias, como la Asamblea o la propia ciudadanía.

En cuanto a lo segundo, me parece un tema mucho más delicado, que debemos revisar con detenimiento todas sus implicaciones. Hay temas constitucionales que solo pueden ser modificados a través de los procedimientos que establece la Constitución.

Todas ellas implican la participación del Órgano Legislativo. Tal como está formulado el proyecto, pareciera que se está planteando un mecanismo extraconstitucional de reforma a la Constitución, una especie de fast track sin la participación de la Asamblea.

Si lo que se quiere es reformar la Constitución, existen los mecanismos para hacerlo con una amplia participación ciudadana, referéndum incluido.   En tal sentido, a mi juicio, el proyecto presentado debe ser reformado para abrir el espacio de estas consultas populares, vía el voto, para aquellos temas que no impliquen la revisión de una norma constitucional, sino aspectos legales o administrativos.

El tema es polémico, sin lugar a dudas, y por lo tanto, ojalá que podamos debatirlo ampliamente con respeto y tolerancia.

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Este artículo se publicó el 20 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Sociedad civil y clase política

La opinión del Diputado de la República…..

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José Blandón Figueroa

“Sociedad civil” y “clase política” son dos conceptos algo difusos, que tienden a identificarse como elementos contrapuestos y en permanente conflicto; además, se prestan para generalizaciones. En los últimos días, por ejemplo, se han lanzado misiles verbales muy fuertes entre representantes de la “sociedad civil” y miembros de la “clase política” en el Gobierno.

En el tiempo que tengo de ser diputado o legislador, he hablado varias veces de estas generalizaciones y malos entendidos tan comunes. Tratando de ser objetivo, no todo lo que se dice de uno u otro sector es correcto o justo. Máxime cuando la diferencia entre ser “sociedad civil” y “clase política” es muy sutil. Recuerdo una ocasión en un foro sobre reformas electorales, en donde la mitad de los representantes de la “sociedad civil” eran miembros de partidos políticos.

A mi juicio, y de acuerdo con mi experiencia, la democracia se fortalece con la consulta y el debate permanente. Nunca he estado de acuerdo con quienes consideran que el día de la elección se recibe un cheque en blanco para gobernar por cinco años sin consultar al electorado. En tal sentido, la Asamblea Nacional debe reivindicar su rol como órgano de representación popular y foro natural de los grandes debates nacionales. Así mismo, no debe subestimarse el rol que juegan los grupos organizados de la llamada “sociedad civil”.

Ahora bien, de igual manera es cierto que algunos de los que se autodenominan “sociedad civil” no son más que representantes de grupos de interés muy específicos y que no necesariamente reflejan la opinión de las mayorías. Esto no es para descalificarlos, pero sí para ubicarlos. Pienso que la primera parte de un debate debe ir siempre dirigida a poner en claro cuáles son los “anteojos” con que miramos un tema. No es lo mismo cuando se opina sobre la administración de justicia penal, por ejemplo, si quien lo hace es fiscal, miembro del Órgano Judicial o abogado defensor.

Coincido 100% que el pueblo tiene derecho a exigir de sus funcionarios que rindan cuentas de su gestión; de exigirles transparencia en el uso de fondos públicos y que su situación patrimonial esté sujeta al escrutinio de las autoridades fiscalizadoras y de la ciudadanía. Al mismo tiempo, considero válido que la ciudadanía conozca también información de quienes, desde la llamada “sociedad civil”, pretenden representarlos.

Por ejemplo, si a un grupo ecologista lo patrocina una transnacional petrolera o si el representante de una asociación es al mismo tiempo parte de una compañía con intereses en el Gobierno o en una contratación en particular.  Esa información es tan válida como divulgar si un funcionario electo tiene intereses en una compañía que contrata con el Estado o familiares nombrados en la misma institución donde labora.  La rendición de cuentas no debe ir en una sola línea cuando se trata de hablar en nombre del pueblo.

El actual escenario de aparente confrontación entre Gobierno y sociedad civil no le conviene al país. Todos tenemos algo que aportar al aprovechamiento del crecimiento económico para lograr que este se traduzca en desarrollo humano. El primer paso es recobrar la capacidad de escucharnos sin descalificarnos de antemano y recordar que el principal valor democrático es la tolerancia.

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Este artículo se publicó el  20  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Del discurso a la realidad

La opinión del Diputado de la República….

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JOSE BLANDON FIGUEROA

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Del discurso a la realidad

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A propósito de la discusión del Proyecto Ley sobre derechos posesorios en las costas e islas, ha vuelto a resurgir la tesis interesada de quienes representan poderosos intereses económicos, según la cual ser poseedor equivale a ser propietario y, por lo tanto, el Estado tiene la obligación de titular a quienes dicen ser poseedores y hacerlo al menor precio posible, porque el Estado no está vendiendo el terreno, sino cobrando el trámite de titulación.  Los ideólogos de esta tesis dicen defender los intereses de los lugareños que, por años, han ocupado estas tierras.

Creo que ha llegado la hora de desenmascarar a quienes se escudan detrás de los costeños de Colón o los santeños del Uverito.

En honor a la transparencia que pregonan los voceros de la sociedad civil, y con la cual estoy totalmente de acuerdo, es necesario decir que los principales voceros de esta tesis tienen intereses directos en la titulación de cientos de hectáreas de selva en las costas de la provincia de Darién o representan como abogados, por ejemplo, a una empresa norteamericana que pretende titular, para sí, cientos de hectáreas de selva en la costa Pacífica de la provincia de Veraguas.

No es que crea que eso sea pecaminoso, pero no parece justo en el debate que no salgan a explicar eso y se pretendan escudar en que su verdadero interés es defender a la señora del Uverito que, de a mala, tiene derechos posesorios sobre mil metros de terreno que pretende titular.

Estos voceros pretenden vender como una verdad absoluta algo que ni siquiera se compagina con lo que nuestra Constitución establece.   Contrario al deseo de la Fundación Libertad, la Carta Magna panameña establece un Estado interventor que, como su nombre lo dice, interviene en la vida económica del país bajo la premisa de salvaguardar los intereses de la colectividad y en especial, de los más humildes. En Panamá, la Constitución establece que todo terreno que no es privado es del Estado y, por tanto, se considera baldío.

Y es precisamente por estar baldío que alguien que no es su propietario puede llegar, ocupar el mismo y alegar ser su “poseedor”.   Es poseedor y no dueño, porque el dueño es el Estado. El Estado no es el Gobierno que temporalmente lo administra, el Estado somos todos.

Por tanto, todos somos en parte dueños de ese terreno y el Estado que lo administra, en nombre nuestro, debe buscar darle el mejor uso posible para beneficio de la mayoría.

Dentro de esos mejores usos posibles es perfectamente legítimo que un Gobierno decida que ese mejor uso posible es titular el terreno a quienes son sus poseedores para que puedan desarrollarlo (lo cual puede significar conservarlo en en su estado natural). Pero también puede suceder que el Gobierno decida que es preferible no titularlo. Titular es una potestad del Estado, no una obligación.

Finalmente, hay quienes alegan que existe una posesión “ambiental”.    Según esa teoría, yo puedo llegar y decir que soy “poseedor” de cientos de hectáreas de selva virgen porque estoy “conservándolas”.

Y sobre esta base, el Estado se las tiene que dar a 150 dólares la hectárea para que luego ellos obtengan jugosas ganancias en el mercado internacional de los bonos de carbono y a través de la reforestación (y venta de madera), así como de la explotación de nuestra biodiversidad.

La pregunta que me hago es la siguiente: ¿no tiene más sentido para el Estado, que somos todos, que esa ganancia o parte significativa de la misma vaya para beneficio del erario y no de los bolsillos de unos particulares, así sea una supuesta Fundación? ¿Por qué vender esos terrenos estatales y no, por ejemplo, darlos en concesión?

En el segundo debate en la Asamblea, tendremos oportunidad de discutir estos temas más a fondo. Y prometo explicarle al país con ejemplos concretos cómo pretenden despojarnos de riquezas naturales que son de todos nosotros y no de unos cuantos avivatos, sean panameños o extranjeros.

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Publicado el 15 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Ya es hora…

La opinión del Honorable Diputado de la República…

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José Blandón Figueroa

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Ya es hora…
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Desde 1990 para acá, la legislación que rige el sistema bancario panameño ha sido elaborada en el Ejecutivo. Durante la administración Pérez Balladares se aprobó mediante un decreto ley, haciendo uso de las facultades extraordinarias que otorga la Asamblea. Recuerdo que el entonces ministro de Planificación, Guillermo Chapman, declaró que ese era un tema demasiado “técnico” para ser debatido por los legisladores.

Casi 10 años después, durante la administración Torrijos, se revisó ese decreto ley, a través del mismo mecanismo, es decir, con otro decreto ley. Una vez más, se evitó debatir tan importante tema en el órgano máximo de representación popular y se legisló desde la intimidad del Consejo de Gabinete, en donde las sesiones no son públicas ni hay la representación, aunque sea minoritaria, de la oposición.

Como diputado, he planteado siempre que esa forma de actuar es profundamente antidemocrática y que la legislación sobre un tema tan sensitivo para nuestra economía debe discutirse por los diputados de cara al país.   Lo que ha sucedido en la práctica es que los entes sujetos a regulación, esto es, las entidades bancarias, han tenido el privilegio de participar directamente en la redacción de las normas supuestas a regular su actividad; mientras que la otra parte de la relación, los usuarios de los servicios bancarias no han sido tomados en cuenta y ni siquiera se les ha reconocido el derecho a opinar.

Como consecuencia, por ejemplo, las normas sobre protección a los usuarios de los servicios bancarios han sido mínimas y mal concebidas.   Se empezó por quitarle esa responsabilidad a la antigua Clicac (hoy Acodeco) para otorgársela a la Superintendencia de Bancos, la cual ha sido prácticamente inoperante en este campo. Por lo menos, así lo percibo y creo que la percepción es generalizada. La Superintendencia se identifica más con los bancos que con los cuentahabientes.

Recientemente, el presidente Obama en EU impulsó una ley para regular los abusos de los emisores de tarjetas de crédito, uno de los servicios de crédito más utilizados hoy en día.  En la gran potencia del norte, al igual que en Panamá, el portador de estas tarjetas estaba sometido a todo tipo de arbitrariedades, como aumentos unilaterales e injustificados de los intereses, recargos y multas excesivas, cobros realizados de manera unilateral (como seguros) y un largo rosario más de artimañas para quitarle el dinero a la gente.

Siguiendo ese ejemplo, el diputado Alcibiades Vásquez y mi persona hemos presentado un proyecto de ley para tutelar los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito.  Como es natural, la Asociación Bancaria se ha opuesto y dice que nuestra propuesta es “inconsulta”.   Irónicamente, los mismos que se han beneficiado de una legislación hecha desde el salón cerrado del Consejo de Gabinete, ahora catalogan de inconsulta a una propuesta que está siendo ampliamente debatida en la Comisión de Comercio de la Asamblea, con la participación de sus representantes, pero también tomando en cuenta los aportes de instancias gubernamentales como Acodeco y organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de los consumidores. Así es como debió ser desde un principio.

Ahora, por primera vez, la Asamblea panameña asume conocimiento y debate, aunque sea un aspecto de la actividad bancaria que tantos millones de dólares mueve en nuestro país. Ya es hora de que debatamos aspectos importantes como qué institución pública es la que debe tutelar los derechos de los consumidores o usuarios de estos servicios y si, so pretexto del libre mercado, se deben tolerar prácticas abusivas contra los clientes de los bancos, como por ejemplo, los aumentos injustificados de intereses por supuestas coyunturas, sin que tengan la misma disposición a revisar para abajo cuando las circunstancias cambian. Ya es hora de que los diputados legislemos sobre este tema y confío en que la Asamblea seguirá el ejemplo del Congreso norteamericano, legislando en función de los intereses de los consumidores y no de los intereses económicos de los bancos.

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Publicado el 10 de octubre de 2009 en el diario La Prensa de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.