Una agresión intolerable

 

La opinión de…

 

René Castro Salazar

Costa Rica es víctima de una invasión de militares extranjeros. El Gobierno de Nicaragua ha violado la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, y ha ejecutado reiteradas acciones en menoscabo del ambiente en una zona extremadamente vulnerable: la cuenca del río San Juan, en el sector este de la frontera entre ambos países.

En este momento, tropas nicaragüenses permanecen estacionadas en la isla Calero, en la margen derecha del río San Juan, una porción indisputada del territorio costarricense, y parte de esa cuenca.

Nuestros derechos sobre la isla son absolutamente claros y están sólidamente establecidos. Así lo reconoce la cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica y por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. También lo ratifica el Instituto Geodésico de Estados Unidos. Incluso, mapas presentados recientemente por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, como parte de la documentación sobre un caso relacionado con el río San Juan, incluyen a la isla Calero en nuestro territorio.

La única justificación que hasta ahora han dado para contradecir esta evidencia es totalmente frívola, casi inverosímil: un mapa del buscador web Google, que no tiene carácter oficial y que, además, la propia empresa ha reconocido que no es exacto.

Por esto, lo que ocurre en esa zona no es una simple disputa fronteriza, como las autoridades nicaragüenses aducen. Al contrario, enfrentamos una clara intervención militar de su ejército que, además de impacto directo sobre Costa Rica, viola abiertamente el derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad y la paz de Centroamérica y el Caribe.

Costa Rica es un país desarmado. Abolimos el ejército en 1949. Gracias a esta decisión, hemos podido consolidar nuestra estabilidad política y destinar mayores recursos al desarrollo económico y social.    Estamos comprometidos con la coexistencia pacífica con nuestros vecinos, especialmente los inmediatos, como Nicaragua y Panamá. Por esto, entre otras cosas, hemos acogido como hermanos a más de 500 mil nicaragüenses que han emigrado a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.

Tenemos una larga tradición de respeto a la ley interna y al derecho internacional. De él, y de su expresión mediante los organismos multilaterales, dependemos para proteger nuestra seguridad de agresionesexternas, como la que ahora padecemos.

A la vez, sin embargo, no podemos tolerar la ocupación foránea de una parte de nuestro territorio que, además, es ambientalmente clave. La isla Calero, de 151 kilómetros cuadrados, es un humedal protegido internacionalmente y ubicado en una zona de gran riqueza ecológica. Por su interacción con el río y la zona marítimo-costera, constituye parte del corredor biológico de Mesoamérica, y está protegida por convenciones internacionales sobre el ambiente, que Costa Rica respeta de forma escrupulosa.

Por esto, un efecto secundario de la ocupación nicaragüense, precedida de obras de dragado sin estudios técnicos que las sustenten, es agredir la sostenibilidad ambiental.

Como parte de nuestro apego a la legalidad internacional y al sistema multilateral, mi Gobierno ha llevado el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA). El miércoles 3, planteamos una documentada denuncia ante su Consejo Permanente, que Nicaragua no pudo rebatir. El viernes 5, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, emprendió un viaje por San José y Managua, para conversar con las autoridades costarricenses y nicaragüenses. El martes sesionará de nuevo el Consejo Permanente, para escuchar su informe.

Costa Rica confía en que la OEA asuma la responsabilidad que le corresponde en este caso, conforme a su Carta. Si fallara en hacerlo, nuestro país puede acudir a otros recursos, siempre dentro de la paz y el derecho internacional, pero la OEA se precipitaría en una crisis de muy graves consecuencias.

Es decir, en este caso no solo están en juego nuestra integridad territorial y soberanía. También lo están la propia OEA y el Sistema Interamericano, partes consustanciales del derecho internacional. Cerrar los ojos ante esta realidad sería irresponsable y suicida.

<> Este artículo se publicó el 9  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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