Inadecuado manejo de residuos sólidos: Una crisis de dos siglos

La opinión del Defensor del Pueblo……..

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RICARDO  JULIO  VARGAS

Lo que viene ocurriendo en todo el país con la recolección, tratamiento y disposición final de la basura no es nada nuevo, sino más bien las consecuencias de un problema de arrastre y falta de diligencia que bien pudiera repercutir en una seria amenaza que comprometa la salud de la población e importantes impactos en el medio ambiente.

El problema ha pasado por muchos gobiernos nacionales y locales, sin que los esfuerzos hayan producido beneficios y aportado solución a esta seria y urgente necesidad de la población. Ciertamente, se han aprobado legislaciones para regular de manera eficiente el manejo de los residuos sólidos, sin embargo, no han sido suficientes por la falta de implementación o razones presupuestarias entre otros argumentos, lo que sí ha faltado es una firme voluntad de resolver el asunto con método e inteligencia.

La Ley 66 de 1947, que aprueba el Código Sanitario, establece claramente que al Departamento Nacional de Salud Pública corresponde desarrollar las actividades de higiene y política sanitaria municipal, también señala que esta responsabilidad puede delegarse en los municipios que se encuentren técnica y económicamente capacitados para ello. Entre las actividades sanitarias está la obligación de recolectar y tratar la basura, residuos y desperdicios, pero es un hecho notorio que el modelo “ municipal ” carece —por regla general— del interés y la capacidad financiera y técnica para encontrar soluciones definitivas.

En 1996 se creó la Red Nacional de Residuos Sólidos, pero la misma no opera desde hace más de diez años, y más recientemente se aprobó el Plan Nacional y se adoptó una Política Nacional para el manejo integral de los residuos sólidos, sin embargo, ninguna de las dos iniciativas han dado resultados concretos.

En el 2005, el Ministerio de Salud instó a los municipios de Arraiján, David, Panamá y San Miguelito a cumplir con las disposiciones vigentes en materia de aseo urbano y domiciliario, incluyendo la recolección de la basura, pero la situación lejos de resolverse se agrava, tal como se observa en municipios importantes, como los de Coclé, Colón, Veraguas, Herrera y Los Santos.

Desde entonces, distintas instituciones participan en la elaboración del anteproyecto que busca dictar el Marco Regulatorio e Institucional de los Residuos Sólidos No Peligrosos, pero a la fecha este tema continúa en discusión. Hace falta decisión política.

El inadecuado manejo de los residuos sólidos en Panamá, constituye hoy uno de los problemas ambientales y sanitarios más serios con graves amenazas a la salud de la población y al ambiente.

Históricamente se ha mencionado la falta de carros recolectores de basura como la causa principal de la problemática; no obstante, es nuestra opinión que para lograr una solución integral al problema de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, se requiere más que la pretentada adquisición de los mismos, que no se desconoce su importante necesidad. Además de ello, es necesaria la adopción de medidas urgentes enfocadas en una Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

Es indispensable, entonces, que las instituciones involucradas en el tema revisen y unifiquen criterios técnicos y legales sobre lo que debe ser la implementación de las regulaciones sanitarias y ambientales vigentes.

Es por ello que, como defensor del Pueblo, exhorto y reitero el llamado enérgico a las autoridades para que a la brevedad posible se implemente de manera eficiente y eficaz la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos No Peligrosos y Peligrosos; al tiempo que consideramos imprescindible la adopción de un plan piloto en municipalidades de mayor vulnerabilidad para fortalecer la capacidad de gestión de las mismas.

Por otro lado, las medidas de solución deben ir de la mano de un sistema educativo eficaz que garantice la colaboración de la ciudadanía, pero lo más importante es que genere un cambio real en las costumbres del ciudadano, porque es vital erradicar la costumbre de la población de deshacerse de los desechos, como en muchas comunidades se practica. En fin, se debe erradicar la proliferación de los llamados “ pataconcitos ” o botaderos a cielo abierto.

En síntesis, el manejo de los desechos debe ir más allá de la eliminación, debe procurar resolver la causa fundamental del problema” y estar enfocada en la conservación y protección de nuestros recursos naturales o ambiente y por ende en la salud de la población.

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Publicado el 1 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

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Estado, seguridad pública y ciudadanía

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Estado, seguridad pública y ciudadanía
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Ricardo Julio Vargas
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La sociedad de hoy, con justificada razón, reclama eficacia en los servicios de seguridad ciudadana, como un derecho inalienable que nos pertenece a todos, y frente a un temor de perder lo que hasta ahora hemos tenido. El Estado, a través de sus instituciones, tiene esa obligación constitucional de brindarla. Ello significa que debe adoptar todas las medidas que estén a su alcance para lograr tal propósito. No obstante, para lograr ese fin no debe descuidar su función de tutela y respeto a las garantías y derechos de los ciudadanos que como Estado, está obligado a cumplir bajo el prisma de las normas nacionales y los convenios internacionales suscritos por el país que hacen parte de nuestro derecho interno.

La controversia que genera los anuncios de “mano dura, suave, amiga o súper dura” es totalmente irrelevante, por tratarse de meros clichés que endulzan a la ciudadanía, pero que lamentablemente crean una expectativa, que al final poco o nada aportan a la solución de una situación de inseguridad que nos golpea, y que estadísticamente muestra un aumento.

Lo correcto es cumplir y hacer cumplir la ley y revisar, si fuera el caso, algunos aspectos para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones que tienen a su encargo los distintos roles en la prevención, persecución, investigación y sanción de la criminalidad en todas sus modalidades y asistirlas con los recursos necesarios para su ejecución.

El éxito de cualquier gestión en este sentido pasa por la necesaria adopción y efectivo cumplimiento de políticas bien estructuradas que atiendan el fenómeno en su complejidad, sin caer en las tentaciones y proclividades del aplauso fácil.

Desde hace algún tiempo, como Defensor del Pueblo vengo abogando por la conformación de una Gran Alianza Nacional por la Seguridad, que defina con rigurosidad una política que supere la superficialidad del actual debate y que oriente las acciones a seguir. Ya hemos tenido como país experiencias exitosas en este tema, a propósito de los Fundamentos de la Política de la Seguridad Pública del Estado Panameño, que lamentablemente no ha recibido el debido respaldo y seguimiento de los distintos gobiernos. Está pendiente, igualmente, la adopción de una Política Criminológica, bastante adelantada por el Pacto de Estado por la Justicia y el urgente establecimiento de una Política Penitenciaria, cuyo sistema está en crisis, y tema del cual en otra oportunidad nos ocuparemos; todos estos componentes estratégicos y fundamentales para un abordaje integral del fenómeno de la criminalidad y sus perversos efectos en la sociedad.

La responsabilidad de asumir estos compromisos con seriedad es grande y difícil, la sociedad se inquieta y se maravilla y puede sucumbir peligrosamente ante cualquier propuesta que le dé un hálito de esperanza que las cosas van a mejorar. No vale una improvisación más.

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Publicado el 27 de julio de 2009 en el diario El Panamá América a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde