El derecho torcido

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La opinión de…

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Rafael Spalding –

Analizar los planes y respuestas del gobierno actual a problemas y situaciones del acontecer nacional durante su primer año ayuda a la ciudadanía a conocerlos mejor.   Da una buena idea de lo que se puede esperar en los menos de cuatro años restantes de su período de gobierno.

El Ejecutivo es autocrático y cada vez concentra más el control administrativo del gobierno en la Presidencia. Ejerce presión y se entromete en los asuntos de los órganos Legislativo y Judicial, sacrificando uno de los principios esenciales de la democracia representativa, que es la separación de poderes entre los tres órganos. A su vez, los órganos Legislativo y Judicial muestran sumisión hacía el Órgano Ejecutivo al cumplir con sus “deseos” y planes, aun cuando implique violar normas legales y constitucionales.

El Ejecutivo desestima el derecho ciudadano de organizarse y de expresar sus intereses en forma democrática y de tener una participación activa en el manejo del país.

Una breve reseña de lo acontecido con la creación de la Ley 30 de 2010 ilustra estas apreciaciones:

El Ejecutivo decide cambiar la dirección de varios temas de interés nacional a través de una sola ley. La ley toca temas como aeronáutica civil, laboral, medio ambiente, seguridad nacional y justicia. Una mayoría de los diputados, los que sirven al presidente Martinelli, aprobaron el proyecto ejecutivo expeditamente.

La ciudadanía reaccionó, protestando contra la Ley 30, por inconsulta. Viola el reglamento interno de la Asamblea Nacional y viola la Constitución Política de Panamá. Se realizaron protestas en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá, entre otras. En Bocas del Toro la policía reprimió a los que protestaban. Se reportó que de parte de los que protestaban dos resultaron muertos y decenas sufrieron daños y pérdida de la visión. Por lo menos un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30 ante la Corte Suprema de Justicia. La mayoría de la ciudadanía pidió la derogación de la Ley 30.

Después de los acontecimientos en Bocas del Toro, el Ejecutivo se apuró a regalar teléfonos celulares y entregar becas escolares. Luego aportó dinero para la feria del Mar en Bocas del Toro. Acordó eliminar temporalmente tres artículos sobre el tema laboral mientras se realizaba un diálogo entre el gobierno y miembros de la sociedad civil sobre la Ley 30. Pero, paralelamente, el gobierno realizaba actos intimidatorios a miembros de la sociedad civil y sindicalistas; y lanzaba una campaña mediática en favor de “su Ley 30”. El gobierno insiste en que no hubo exceso de fuerza en la represión de las protestas y acusa que las protestas fueron instigadas por otros, no por los residentes de Bocas del Toro.

El Ejecutivo se ha mantenido firme en rechazar la idea de derogar la Ley 30, diciendo que tiene puntos buenos. Los diputados no han tomado ninguna acción para corregir la violación que ellos cometieron contra su Reglamento Interno y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se han apurado en atender la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30.

Un buen gobierno, democrático y participativo, cumple y hace cumplir la ley; eleva la calidad de vida de la ciudadanía a través de excelencia en el sistema educativo; promueve programas efectivos y universales de salud; y crea ambientes de tranquilidad para esta generación y las venideras. Por lo que he visto, este gobierno no tiene intención de crear estas condiciones o no tiene la menor idea como realizarlas.

Ahora, le toca al pueblo velar que el derecho se mantenga encauzado.

<> Este artículo se publicó el  8  de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La Ley 30 y la Constitución

La opinión de…

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Rafael Spalding –

La Constitución es el código legal nacional de mayor jerarquía. Especifica la organización geográfica y política del Estado; además, establece los límites y obligaciones del Gobierno, y su relación con la ciudadanía. En general, el Gobierno está para administrar la cosa pública en beneficio de la ciudadanía. Los poderes que tiene el Gobierno son cedidos por la ciudadanía para servir a la ciudadanía, no para usarlos en contra de la ciudadanía.

Cuando el Gobierno viola la Constitución, altera la estructura del Estado, causa injusticias a la ciudadanía, afecta la institucionalidad del Gobierno, abusa de la confianza que la ciudadanía le ha cedido. Cualquiera violación a la Constitución debe tomarse como una grave ofensa a la Nación y a la ciudadanía, no importa quién la cometa.

Referente a la aprobación de la funesta Ley 30 de 2010, el Sr. Martinelli ha admitido cándidamente que debió tener mayor divulgación antes de su aprobación; pero, acotó, de haberlo permitido habría tomado demasiado tiempo. En efecto, el Ejecutivo viola la Constitución al darle prioridad al calendario de su agenda o a la de su partido por encima de los derechos ciudadanos de participar en la creación de leyes.

La Ley 30 fue enviada a la Comisión que tiene que ver con asuntos de transporte aéreo. Pero, según el reglamento interno de la Asamblea Nacional, los otros temas, ajenos al transporte aéreo, tenían que haber sido debatidos en las pertinentes comisiones de la Asamblea. Esto último no ocurrió. En otras palabras, el “guanchinche” legislativo o chorizo es ilegal.

Algunos ciudadanos han opinado que la Ley 30 contiene argumentos válidos, a pesar de ser ilegal. Otros alegan que la Ley 30 debe ser anulada de la misma forma que un gol en fútbol debe ser anulado si el jugador retiene la bola con la mano antes de patearla. No importa si el gol fue el más lindo de todos los tiempos, debe ser anulado por inválido; igualmente, no importa si los artículos ajenos al tema de aviación son buenos o malos, la Ley 30 debe ser anulada por inconstitucional e ilegal.

Una secuela negativa de la ilegal ley es lo ocurrido en Changuinola. Los ciudadanos panameños en Changuinola no necesitaban ser letrados para saber que la Ley 30 empeoraba las grandes desventajas que ya tienen en su diario vivir. Tampoco es necesario ser letrado para saber que algo inapropiado ocurrió cuando los policías dispararon con armas de fuego, causando daños oculares permanentes a algunos de los ciudadanos que protestaban en democracia.   También es inaceptable que letrados funcionarios se refirieran con desprecio a los panameños manifestantes, queriendo desprestigiar en vez de atender las causas de sus protestas.

Es preocupante y revelador que, a esta altura, los jefes de la Policía todavía digan que no se usó exceso de fuerzas para contener a los manifestantes.

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Este artículo se publicó el 29 de julio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Comentarios sobre el llamado a la unidad

La opinión de…….

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Rafael Spalding

En conversaciones con amigos sobre el “llamado a la unidad” del presidente Martinelli se produjeron comentarios variados. Algunos concordaban con el Presidente en que el país es responsabilidad de todos y que él solo no puede hacer los cambios necesarios para mejorar nuestra sociedad.

El resto del llamado suena a propaganda electoral. Muchas personas no se tragan la campaña mediática del gobierno. Esto es a pesar de los resultados de la encuesta realizada la segunda semana de este mes. Al contrario, creen que el llamado fue hecho por un lobo disfrazado de oveja, cuyos colmillos se proyectan fuera del disfraz, y su balido de oveja suena demasiado ronco. Ven el llamado presidencial como una pantalla de humo o como una revelación de un total desconocimiento de la función de gobierno.

Trabajar unidos no significa fundir los órganos del Estado bajo el mando del Ejecutivo. Los órganos del Estado deben respetar el concepto de pesos y contrapesos, y esto se logra trabajando con autonomía y en colaboración.

La relación correcta entre la ciudadanía y el Gobierno es sencilla y a la vez compleja. La ciudadanía, colectivamente, es dueña del país y elige al gobierno para que administre los asuntos del Estado, siempre procurando el bienestar de todos. El gobierno debe respetar y hacer respetar las leyes del Estado; debe planificar y ejecutar dichos planes sobre temas de justicia, seguridad, salud, educación nacional, desarrollo urbano; debe promover y proteger un estándar mínimo de vida que garantice respeto y dignidad a nuestros conciudadanos; y debe ser excelente y promover la excelencia.

La participación ciudadana ayuda a encauzar al Gobierno a realizar proyectos y actividades, con la prioridad que el pueblo exprese. La obligación ciudadana no termina solamente con votar cada cinco años. Tenemos que estar permanentemente involucrados en el diario devenir del país y exigir un desempeño apropiado del Gobierno. Retraernos de estas actividades le deja el campo abierto a los políticos ineptos y/o corruptos para abusar de la autoridad que un puesto gubernamental les otorga.

Las organizaciones civiles y cívicas deben ser transparentemente consultadas.   En lugares donde no existen, el Gobierno debe promover y fomentar la creación de organizaciones comunitarias.   En donde falte conocimiento, el Gobierno debe suministrarlo con la claridad suficiente para que los ciudadanos tomen decisiones informadas. No se debe manipular la información para favorecer a los partidos políticos u otros grupos de interés. No se quiere propaganda mediática.

Es claro que el pueblo quiere que el Gobierno se ocupe de la justicia, castigando ejemplarmente a los violadores de la ley; de la seguridad, frenando las pandillas, asesinatos, asaltos; de la salud, respondiendo la calidad de atención médica en los sistemas de salud; en educación, mejorando la calidad; y en el transporte y vialidad pública, haciendo cumplir estrictamente dentro de la ley. Conciudadanos, recordemos que la última palabra la tenemos nosotros.

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Artículo publicado el 23 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Corrupción y castigo

La opinión de……

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Rafael Spalding

Es interesante notar que muchos de los funcionarios ligados a las recientes revelaciones de corrupción en las actividades de casinos de juego, manejo indebido de dinero del Fondo de Inversión Social y otras actividades delictivas, ocupan o han ocupado puestos de muy alta jerarquía en el gobierno nacional.

Estamos hablando de ex presidentes, ex diputados, diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Son personas que deberían conocer íntimamente la ley y entender con claridad la función de un gobierno democrático: el Órgano Ejecutivo debe administrar el Estado, el Órgano Legislativo hacer leyes, y el Órgano Judicial velar por la integridad de la Constitución nacional y por la justicia. Estos órganos deben trabajar en armónica colaboración, pero con autonomía, y siempre por el bienestar de la ciudadanía.

Nos preguntamos, ¿por qué los diputados se hacen de fondos para realizar proyectos comunitarios, trabajos que le toca a los municipios?;   ¿por qué el Ejecutivo hace leyes cuando los diputados están de vacaciones?;   ¿por qué los magistrados del Tribunal Electoral y de la CSJ “hacen favores o pagan deudas” al Ejecutivo?

Parece ser que los órganos gubernamentales se han fusionado, borrando las líneas que definen la requerida autonomía, y todos, agarraditos de la mano, se comparten el pastel que es de todos los panameños.

Un amigo opinó que muchos funcionarios, por razones político–partidistas, ocupan puestos fuera de su competencia. ¿Será que a estos incompetentes, por su ineptitud y/o mediocridad, les es más fácil cometer actos de corrupción que cumplir con las funciones del puesto que ocupan?

La ciudadanía está airada y avergonzada por las revelaciones de corrupción, y quiere que se investigue a cabalidad todos los otros actos que se conocen o que presentan vicios de corrupción. Las personas que resultaran ser culpables deben ser sancionadas estrictamente según la ley. Los fondos indebidamente sustraídos deben ser recuperados y reintegrados a las arcas de la Nación.

En campaña electoral el Sr. Martinelli prometió acabar con la impunidad. Ahora que es presidente, independientemente de las promesas de campaña, tiene la obligación de hacer los cambios necesarios para eliminar las actividades que promueven y permitan corrupción.

Durante campaña, algunos diputados también prometieron tomar acciones para limpiar la imagen del Órgano Legislativo. Esperamos que cumplan con su promesa.

El señor que actualmente ocupa el puesto de alcalde de la ciudad de Panamá debe renunciar.

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Publicado el 4 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde

Los nuevos magistrados de la Corte

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La opinión de….

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RAFAEL  SPALDING
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El Dr. Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, promulgó y demostró que la paz no es la ausencia de conflictos o guerras, sino la presencia de justicia.

En los últimos años la ciudadanía panameña ha denunciado y rechazado el desempeño de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral y otros funcionarios del Órgano Judicial. Se han quejado de la falta de transparencia, de la injusta demora en atender demandas, y de la práctica de engavetar demandas por más de seis años.

Magistrados de la Corte Suprema violan su propio código de ética.

En diciembre de 2009 los magistrados Adán Arnulfo Arjona y Esmeralda Arosemena de Troitiño completarán su período de vigencia: 10 años para el primero y cinco años para la segunda, quien reemplazó a César Pereira Burgos cuando éste alcanzó la máxima edad permitida para funcionarios.

Podrían ser renombrados o reemplazados para el próximo período de 10 años.   Recientemente se publicó una lista de unos 47 candidatos que han demostrado interés en ser considerados para uno de los cuatro puestos: dos magistrados y dos suplentes de magistrado.

La ciudadanía panameña está en estado de alerta para estos nombramientos. Consideran que esta es una oportunidad más para ver si el presidente Martinelli cumplirá con su promesa de campaña de promover el cambio y romper con los viejos patrones de partidismo y de amiguismo. ¿Nombrará a personas probas, con carácter y criterio independiente, y con probado sentido de justicia? o ¿nombrará a amigos, familiares y copartidarios “endeudados” o pagará favores recibidos en el pasado?

Hay quienes dicen que seguirá con su comportamiento de gran empresario autocrático, sordo a los clamores de la ciudadanía y utilizará la oportunidad para pagar una deuda partidista.

Otros piensan que será su primer acto de estadista y nombrará al candidato mejor calificado que tenga una trayectoria de independencia, seriedad y buen entendimiento de la separación de poderes entre el Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

La ciudadanía quiere paz, y para eso necesita de justicia expedita. Están cansados de funcionarios mediocres, ineptos y cínicos que les es más fácil practicar la corrupción que cumplir con sus deberes. La ciudadanía exige que se nombre a personas capaces, calificadas y dispuestas a cumplir a cabalidad con su responsabilidad de proteger y promover justicia.

Esto significa, entre otras obligaciones, que no podrán guardar silencio cuando detectan comportamientos de sus colegas que son violatorios a la Constitución y al Código de Ética Judicial.

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Publicado el 23 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Historia de un alcalde ilegal

La opinión de….

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Rafael Spalding

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Historia de un alcalde ilegal

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El Sr. Bosco Ricardo Vallarino ocupa ilegalmente el puesto de alcalde de la ciudad de Panamá.  Esta opinión no es un ataque personal, porque ni Vallarino ni nadie en el planeta Tierra puede legalmente ser alcalde de Panamá, si su postulación y elección es contraria a la Constitución y a las leyes de la República.

Durante la campaña para las elecciones de 2009 se cuestionó la legalidad de su candidatura, por ser un ciudadano naturalizado de Estados Unidos. Según la Constitución panameña, a todo panameño que adquiera la ciudadanía de otro país se le suspenderán los derechos ciudadanos. Entre otras cosas, esto significa que la persona no puede ni votar ni ser candidato a puesto de elección.

A pesar de esto, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) permitieron que el proceso electoral prosiguiera con Vallarino como uno de los candidatos a la Alcaldía capitalina, y al final resultó ser el candidato que más votos recibió.

Hubo una acción legal, alegando que la nacionalidad lo descalificaba para ser candidato a un puesto de elección, pero mientras el TE analizaba la acción legal, los diputados de la Asamblea Nacional pasaron una resolución en donde, de forma retroactiva, le devolvían los derechos ciudadanos, desde 2000. En base a la resolución, los magistrados del TE cerraron el caso y entregaron a Vallarino las credenciales de alcalde electo.

Los magistrados incumplieron con su responsabilidad al no descalificar a Vallarino durante la fase de campaña. Los diputados violaron la Constitución al presentar una resolución retroactiva que no es ni de interés social ni de orden público. Los diputados también violaron la Constitución al inmiscuirse, a través de una resolución, en un tema que es privativo del TE. Es decir, restituyeron los derechos civiles de Vallarino mientras que el TE investigaba la legalidad de la candidatura.

Los magistrados se basaron en un acto inconstitucional de los diputados para fallar sobre un tema que es de la exclusiva incumbencia del TE, no de otra entidad. Reitero, esta opinión no es sobre Vallarino, es sobre el irrespeto a la Constitución y a las leyes de nuestro país; es sobre la mala percepción que deja la falta de transparencia de los magistrados del TE y los diputados. La presencia de Vallarino en la Alcaldía es equivalente a un “golpe de Estado” a nivel municipal.

Los magistrados del TE y los diputados juraron respetar la Constitución y las leyes de Panamá, pero con este acto incumplieron su juramento. En conciencia, los magistrados, diputados y el alcalde ilegal deben reconocer públicamente que el asunto fue un gran error; una gran ofensa a la confianza que la ciudadanía les otorgó y un irrespeto al derecho.

En conciencia, los diputados deben retirar su inconstitucional resolución retroactiva. En conciencia, los magistrados deben rectificar su fallo y basarlo estrictamente en derecho. En conciencia, el alcalde debe renunciar. Está cometiendo una ilegalidad cada segundo que ocupa el puesto y la única forma de corregirla es con su retirada.

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Publicado el 10 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El Tribunal Electoral en la mira

El Tribunal Electoral en la mira

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Rafael Spalding
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Los comentarios y preguntas que a continuación presento son con relación al Tribunal Electoral y las pasadas elecciones de 2009, toda vez que consideramos inapropiado que los magistrados del Tribunal Electoral promulgaran ganador al Sr. Martinelli por la televisión, cuando solamente se había contado un 40% de los votos.

Según los artículos 287 y 286 del Código Electoral, le toca a la Junta Nacional de Escrutinio proclamar presidente y vicepresidente a los candidatos con más votos; y solamente después de haber contado todos los votos emitidos.

Algunas personas comentaron que todos los votos ya se habían emitido, así que esa promulgación no influiría en la decisión del votante, y que estadísticamente el conteo de los votos ya indicaba convincentemente el resultado final. Estamos de acuerdo con que contar votos y predecir resultados es un asunto numérico que los matemáticos podrían explicar. Pero el número de votos es solamente uno de los requisitos para hacerse de un puesto de elección. La función de los magistrados del Tribunal Electoral no es de ser matemáticos sino de hacer cumplir y ellos cumplir con las leyes electorales. Me pregunto ¿sería apropiado que el árbitro de una carrera de larga distancia declarara públicamente virtual ganador al competidor claramente más aventajado antes de que completara el evento?

Referente a la elección del alcalde de la ciudad de Panamá, ¿por qué los magistrados del Tribunal Electoral no actuaron expeditamente, durante la campaña electoral, cuando se cuestionaba si el candidato electo Bosco Vallarino podía ser, en derecho, candidato a alcalde? Esto claramente es su responsabilidad, como especifican los artículos 142 y 143 de la Constitución Política de Panamá. Algunas personas comentaron que fue por incompetencia y otros que fue puramente una decisión política.

No creemos que los magistrados sean incompetentes. El 2 de julio de 2007, el Tribunal Electoral promulgó el Decreto No. 9, donde se actualizan las normas que les da derecho a votar en elecciones generales para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República a los ciudadanos panameños residentes en el extranjero. Una de las condiciones que dicho decreto especifica es que para votar es necesario que el ciudadano “No haya adquirido otra nacionalidad a la que no tuviere derecho por razón de su nacimiento”. Entendemos que miles de panameños en el extranjero no votaron por razón de esta condición. ¿Será posible que por adquirir otra nacionalidad se pierda el derecho ciudadano de votar, pero no se pierda el derecho ciudadano de ser candidato de elección popular?

Referente a la “decisión política”, se comentó que tener tres y no solamente dos candidatos podría diluir los votos, favoreciendo de una forma u otra a algún candidato. Si, en efecto, esto fue una razón por no aclarar expeditamente la condición del candidato Vallarino, entonces, se podría interpretar como un intento de manipular los votos.

Muchos ciudadanos piensan que la “inapropiada” promulgación y la tardía respuesta sobre la validez de la candidatura del Sr. Vallarino deberían ser investigadas. Ahora, según el Artículo 142 de la Constitución Política de Panamá, los magistrados del Tribunal Electoral son responsables ante la Corte Suprema de Justicia por las faltas o delitos que ellos cometieran. ¿Asumirá la Corte Suprema de Justicia su responsabilidad y aplicarán sanciones si fueran indicadas?

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Publicado el 7 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien, al igual que al autor, damos todo el crédito que les corresponde.