El V Foro Nacional de Competitividad

La opinión de….

Nicolás Ardito Barletta

El Foro Nacional de Competitividad reunió a 440 ciudadanos de los sectores público y privado para dialogar constructivamente sobre la situación actual de la competitividad nacional, conocer y consensuar propuestas concretas para mejorar, recogidas en una agenda de acción para el próximo año.

El Gobierno estuvo representado por ministros y directores de entidades autónomas que informaron sobre acciones tomadas y por tomar para lograr el objetivo y los sectores privados, representados por empresarios, profesionales, académicos, líderes laborales y miembros de la concertación nacional, recomendaron acciones concretas públicas y privadas para lograr los mismos objetivos.

La competitividad para mejorar la productividad, eficiencia y capacidad de competir favorablemente en un mundo globalizado cubre un amplio espectro. Está principalmente en la gente, desarrollando sus talentos y oportunidades; en las empresas de todo tipo siendo innovador, eficiente y responsable. Pero obviamente todos laboramos necesitando infraestructura física, instituciones y “reglas del juego”, políticas y servicios públicos orientadores y facilitadores, tecnologías y financiamiento, una gobernabilidad robusta y estable, información y comunicaciones, seguridad, una orientación nacional compartida, libertad de acción, incorporación de los panameños marginados. Ante todo, está en nuestra gente recibiendo educación y capacitación de calidad.

A nivel nacional, la competitividad permite un crecimiento económico dinámico y sostenido que genera empleos, oportunidades, mayores ingresos fiscales para profundizar el desarrollo humano, mayores ingresos para la gente. Es necesario, pero no suficiente. Se necesita también el desarrollo humano, un enfoque regional y la protección del medio ambiente.

Estos son los temas cubiertos en el Foro Nacional. En las plenarias, los ministros y representantes privados presentaron sus planteamientos. En las 13 mesas de trabajo sobre temas específicos, los servidores públicos y representantes privados presentaron sus propuestas que se dialogaron, fueron complementadas por sugerencias adicionales y se consensuaron al máximo posible para conformar la agenda de acción.

Desde la educación y capacitación, la tecnología, infraestructura, hasta exportaciones, turismo, sistema judicial y seguridad ciudadana, cooperación público–privada, fueron tratados en las mesas de trabajo. Fue un ambiente constructivo en el que se compararon puntos de vista generados desde diferentes ópticas y posiciones pero con el objetivo común de crear a un Panamá mejor para todos dentro de su realidad.

No todas las recomendaciones de las mesas de trabajo se ponen en práctica. Pero la experiencia pasada nos indica que un 45% de ellas se ha hecho realidad. Del IV foro, el inmediatamente anterior, salieron 127 recomendaciones de las cuales 39 se han puesto en práctica, 78 están en proceso y 19 no se han iniciado. No está mal. Mucho depende de la naturaleza de la recomendación ya que unas pueden demorar más tiempo que otras para realizarlas.

En una democracia funcional moderna los consensos sobre objetivos fundamentales y los medios para lograrlos son necesarios. Nos ayuda a comprender mejor la contribución que cada cual debemos hacer para crear situaciones de “ganar–ganar”, mejorando a la comunidad y abriendo los espacios para que cada cual hagamos mejor lo propio. La mejor democracia es la que se convierte en un proceso educativo permanentemente, mediante la participación de todos, asumiendo cada quien su responsabilidad en libertad. 440 ciudadanos representativos de amplios sectores así lo hicieron en el Foro Nacional sobre un tema específico, aunque multidimensional, que nos atañe a todos: la competitividad nacional. Daremos seguimiento a la agenda de acción con la colaboración de todos.

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<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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La atención a grupos medios de las áreas suburbanas

La opinión del Ex Presidente…

Nicolás Ardito Barletta

Varias veces hemos escrito sobre la necesidad de invertir en los panameños pobres para ayudarlos a salir de su pobreza incorporándolos mejor a la vida nacional. Citando cifras que dimensionan el problema, hemos enfocado también la gama de programas que debemos priorizar y sostener por muchos años para producir resultados efectivos de reducción de la pobreza.

Hay otro segmento importante de nuestra población que está ya encaminada con su trabajo y esfuerzo propio a su desarrollo mediante la realización de su potencial. Me refiero a grupos suburbanos de ingresos medios y bajos, pero por encima de los niveles de pobreza.

Incluye un alto porcentaje de la población ubicada entre San Miguelito y la 24 de Diciembre por un lado, hacia Chilibre por otro, y entre Arraiján y La Chorrera. Estos son núcleos humanos mejor estructurados, con mayor capacidad propia para progresar y participar, que no reciben servicios públicos adecuados que complementen su esfuerzo propio para prosperar.

Por ejemplo, entre San Miguelito y la 24 de Diciembre, donde viven más de 600 mil panameños, 20% del total nacional, la población carece de servicios adecuados de transporte, educación, agua potable, Seguro Social, seguridad ciudadana. Los niveles de estos servicios fluctúan entre barrios pero son deficientes en la mayoría de los casos.

Los residentes en las áreas suburbanas y satélites mencionadas ubicadas al este, oeste y norte de la ciudad confrontan por tranques vehiculares el uso de más de cuatro horas diarias para ir y regresar del trabajo; demoras prolongadas para conseguir citas médicas y para cirugías en la Caja de Seguro Social (CSS); con frecuencia, disponibilidad interrumpida de agua potable; niveles considerables de deserción de estudiantes adolescentes del primer ciclo escolar y escuelas deficientes; irregularidades en la recolección de la basura; creciente inseguridad en las calles con focos de criminalidad, movimiento de drogas y de pandillas juveniles. Hay una problemática social de consideración con el denominador común de servicios públicos deficientes.

El problema de la deserción escolar es delicado. Adolescentes que por falta de interés, desatención en la escuela, falta de nutrición, ausencia en el hogar de padres trabajadores u otros motivos dejan la escuela y quedan a la deriva, siendo con frecuencia estimulados a unirse a pandillas callejeras e incluso al tráfico de drogas. La falta de actividades sanas y constructivas, como deportes organizados y otras actividades sociales en las comunidades, a veces por falta de espacio e infraestructura constituyen un cuadro trágico de pérdida de potencial humano.

El Meduca ha comenzado a abordar el tema. La atención médica en la CSS no satisface la demanda. La espera para conseguir citas y la demanda, con frecuencia de meses, para tener cirugías impostergables son conocidas, y estas afectan más a la población suburbana citada de niveles económicos medios y bajos que usan los servicios de la CSS. Muy a tiempo la actual administración ha iniciado un esfuerzo para mejorar y modernizar esos servicios en cantidad y calidad.

Las deficiencias del transporte público son conocidas y las carencias de vías urbanas adecuadas y baratas causan pérdidas de más cuatro horas diarias en el movimiento de residencia al trabajo y viceversa. Un alto costo personal para los afectados, para la economía, para la competitividad del país y para la calidad de vida familiar de los afectados, con sus hijos en espera de sus padres. Ojalá las acciones anunciadas por el Gobierno para mejorar el transporte público y la vialidad contribuyan a mejorar la situación.

La seguridad personal en las calles y el movimiento de drogas afecta más esas áreas suburbanas y su población. No sorprende que este sea el problema social más señalado en las encuestas públicas. Unido a la escasez frecuente de agua en muchas barriadas al este y oeste de la ciudad y a las deficiencias en la recolección de basura, sin áreas recreativas y sociales adecuadas, ilustran la situación de necesidad de mejores servicios públicos.

El crecimiento suburbano ha rebasado peligrosamente la capacidad de los servicios públicos. Visto en su conjunto por su efecto integral, se necesita un esfuerzo enfocado, incluyente, completo, sistemático y mancomunado entre gobierno y comunidades, basado en información real y en técnicas modernas para reducir la creciente brecha. El Gobierno ha iniciado varios programas para responder a la problemática. La empresa privada ha demostrado que puede contribuir con la construcción de barriadas más modernas, aunque aún carentes de áreas sociales adecuadas y con frecuencia faltas de estética paisajista. Hay maneras de abordar mejor las deficiencias multidimensionales señaladas y aún estamos a tiempo para hacerlo. Requiere el apoyo de todos.

<>Artículo publicado el 10 de septiembre de 2010 en el diario la Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La inclusión de los marginados a la economía

La opinión de…..

Nicolás Ardito Barletta

El mayor reto de nuestros tiempos aquí, en la América Latina y en el mundo en desarrollo es incluir a los pobres y marginados a la vida nacional con ecuanimidad e igualdad de oportunidades. En Panamá, el 28% de la población (34% en América Latina) se clasifica como pobre (Cepal), del cual el 12% está en pobreza absoluta.

Estas son cifras inaceptables para una Nación que aspira a ser desarrollada y tiene la oportunidad de lograrlo. Por derecho propio (los pobres son ciudadanos), por ética y moral, por nuestros valores cristianos y por estabilidad nacional, los pobres deben ser incorporados en formas más efectivas al desarrollo nacional. Obviamente, lo estamos haciendo a través de acciones públicas de varios gobiernos y de acciones privadas de empresas, gremios y la sociedad civil.

La pobreza disminuyó de 37.8% en 2001 a 28% en 2008, gracias al crecimiento económico y a la generación de empleos y a una variedad de programas, desde educación, salud y nutrición hasta capacitación laboral, atención a la mujer y al agro, vivienda y, recientemente, transferencias condicionadas de dinero (Red de Oportunidades) a familias pobres. Pero la efectividad y calidad de todos esos programas dejan mucho que desear.

La atención a la pobreza tiene sus dimensiones demográficas y geográficas (quiénes son, dónde están), lo cual indica la necesidad de programas complementarios. El 42% de los panameños y el 56% de los pobres son menores de 20 años de edad. Esta realidad ya apunta a educación y salud, entre otras cosas. El 70% de los pobres es de áreas rurales y 200 mil pobres son indígenas. Esto enfoca a lo mismo, pero ampliado para cubrir mejor el interior y las comarcas.

De los pobres y marginados adultos (35% del total) muchos son desempleados (6.8% ahora) y otros son micro y pequeños empresarios, marginados e informales, que trabajan al margen de la economía de mercado formal. Muchos de sus hijos forman parte de los jóvenes pobres. El 90% de las empresas del país son micro y pequeñas. El 42% de todas las empresas es informal. Y carecen de crédito, capacitación, asistencia técnica, información e infraestructura y del apoyo de la legalidad.

En un país eminentemente de economía privada, donde las empresas y las personas son los entes organizadores de la producción y de la distribución de sus beneficios, esas cifras de exclusión y marginalidad apuntan a la necesidad indispensable de diseñar programas, normas, instituciones y servicios que contribuyen a incluirlos a la economía de mercado con provecho. Así se lograría reducir la pobreza y se complementaría el crecimiento económico, el empleo, la competitividad y el desarrollo nacional.

Entidades públicas como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario tienen programas orientados en esa dirección. Pero necesitamos más.

La economía de mercado, a través de servicios como el crédito, títulos de propiedad, derechos legales reconocidos como empresas registradas y contratos reconocidos, y de servicios públicos (de exportaciones, de mercado, etc.) de costos módicos para el micro y pequeño empresario, puede contribuir muchísimo más a valorar lo que el pequeño empresario tiene para que realice su potencial.

El Gobierno Nacional (el actual y el anterior) y el Banco Interamericano de Desarrollo han definido un programa para recomendar cómo mejorar las reglas del juego y los mecanismos que estimulen una mayor inclusión de los micro y pequeños empresarios informales a las bondades de la economía de mercado, como el crédito, y han designado al Centro Nacional de Competitividad para coordinar su ejecución. Ya el programa se ha iniciado y es complejo, pero vale la pena. Será un granito de arena más dirigido a hacer eficazmente lo indispensable, y necesitará para su éxito del apoyo de toda la comunidad, tanto pública como privada.

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Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.