Décima provincia y distrito capital

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La opinión de…

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Omar Jaén Suárez –

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Desde hace algún tiempo se debate sobre la conveniencia de crear una décima provincia con el territorio de la de Panamá, al oeste del Canal. También, crear un distrito capital que agrupe a los cuatro municipios de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera que componen el gran Panamá y su extensa área urbana y suburbana. Quizás sea necesario, primero, explicar de dónde surgen nuestras provincias actuales.

Las provincias panameñas son un legado histórico que se remonta a la época colonial.   Todas, salvo la de Bocas del Toro, creada en 1903, fueron gobernaciones o territorios administrados por los principales cabildos hasta 1821: Darién, Portobelo, Panamá y Veragua eran gobernaciones, y las provincias actuales de Panamá, Colón, Coclé, Los Santos–Herrera, Veraguas y Chiriquí correspondían grosso modo y en su orden a los cabildos coloniales de Panamá, Portobelo, Natá, La Villa, Santiago y Alanje.   En 1915, Los Santos se divide en las provincias de Los Santos y Herrera, aunque esta última existiera ya en el siglo XIX, y en 1922, la comarca del Darién se convierte de nuevo en provincia.

Así, esta división provincial corresponde a una época antigua cuando la mayoría de la población estaba fuera de la zona de tránsito entre Panamá y Colón y cuando no había comunicación ni transporte fáciles, antes de la construcción de la carretera central en la década de 1920. La lejanía –varios días por tierra o por mar– con la capital del istmo favoreció la constitución de autoridades regionales, en este caso provinciales, que representaban al poder central.

Hoy, la situación es diferente. El país se ha achicado por la distancia–tiempo. Las comunicaciones y el transporte son fáciles entre la ciudad de Panamá y el resto del país que no está –en su punto más distante– a más de siete horas en auto (Bocas del Toro) y a menos de una hora por avión. Desde el punto de vista funcional, casi todo el territorio podría administrarse sin la estructura provincial actual que sería un recuerdo histórico anclado en el alma de los pueblos del istmo, parte del folclor nacional.   Al contrario y en aras de la eficiencia se han definido, desde hace medio siglo, solo cuatro regiones de planificación: oriental, metropolitana, central y occidental.

El Estado actúa más en base a esta realidad que a la provincial. Cada institución estatal ha creado, por su parte, su división regional que se acerca más a la de planificación. Ni siquiera para la elección de diputados existen ya las circunscripciones provinciales, como sucedió hasta fines de la década de 1960. En verdad hay una onerosa estructura burocrática provincial de la que casi se puede prescindir sin que sufra mayormente la administración regional. Sin embargo, el contribuyente lo acepta como parte de una larga historia, como muestra de sus raíces más profundas.

En el debate para añadir una décima provincia debería considerarse el costo beneficio de la creación de una administración provincial artificial, puesto que no tendría ningún sustento en la historia ni en el alma del pueblo. Al contrario, los fenómenos de urbanización prevalecen sobre los regionalismos parroquiales de antaño, igual que sus problemas y posibles soluciones.

Durante el siglo XX tres fenómenos sociales fundamentales ocurrieron en Panamá: la población se multiplicó por 10, de mayoritariamente rural se convirtió en 65% urbana y emigró en gran parte a la ciudad de Panamá y sus suburbios. Así se constituyó, rápidamente, una gran y pujante aglomeración alrededor del Canal que contiene hoy cerca de un millón 500 mil habitantes.

Además, se integró jurisdiccional y efectivamente, gracias a los tratados Torrijos–Carter, toda la geografía nacional añadiéndose el territorio de la Zona del Canal a las provincias de Panamá y Colón, especialmente sus áreas urbanas.   Mientras tanto, la capital continuó creciendo a un ritmo tres veces superior a lo que sucedía en el resto del país hasta albergar casi la mitad de la población y generar más de tres cuartos de la riqueza nacional. Surgió en el último medio siglo una extensa aglomeración de 60 km frente al mar, la mitad en cada dirección, a partir del eje del Canal, hacia el este hasta Pacora, el oeste hasta La Chorrera y el norte, hasta Chilibre.

Ella sigue extendiendo y poblando con cierto desorden, por no tener un ente que la administre como un todo, de un distrito capital con recursos, atribuciones y responsabilidades que correspondan a las necesidades inéditas de una estructura espacial diferente, que carece de una planificación y un ordenamiento territorial integrados. Por ello, los geógrafos y planificadores urbanos han estado debatiendo sobre la necesidad de crear este distrito capital o distrito metropolitano, semejante a los que administran otras ciudades de Latinoamérica que crecen con el vigor de nuestra capital.

Crear el distrito capital no exige ningún cambio constitucional, solo la adopción de legislación para modificar la estructura político administrativa y dotarla de los recursos y las atribuciones necesarias para funcionar de manera óptima, en beneficio del gran Panamá y del país entero.

Para recuperar el espacio público, brindar ornato eficiente, buena seguridad y transporte públicos, saneamiento ambiental, promover la cultura, hacer parques urbanos y estacionamientos municipales, proteger el patrimonio histórico y ofrecer educación ciudadana masiva, por lo menos.   Resolver el problema de la capital y sus suburbios aliviaría mucho las tensiones sociales y espaciales en el país. Lograrlo requiere visión, conocimientos y voluntad de estadistas para actuar frente a los inmovilismos y resistencia al cambio de los panameños y de los intereses creados locales, municipales y parroquiales.

Esperamos que las autoridades reúnan un grupo de estudio con los mejores  expertos en este tema para abordar los problemas y sus soluciones, en base a lo que ya se está haciendo con éxito entre nuestros vecinos y lo factible de acuerdo con nuestra realidad. El feliz resultado hará que el ciudadano del gran Panamá, quien es el que hoy decide sobre nuestro futuro, tal como lo hemos vivido en las últimas contiendas electorales, sepa reconocerlo oportunamente.

<> Este artículo se publicó el 6 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Por un parque central

La opinión de…..

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Omar Jaén Suárez

En los últimos días se ha manifestado preocupación porque se destine a usos diferentes al de parque urbano, un área del Parque Natural Metropolitano. Localizado en el centro de la capital, este terreno revertido de 276 hectáreas fue destinado al principio y desde la negociación de los Tratados Torrijos-Carter, a servir como Parque Central de Panamá.

Por diversas razones, esa loable intención fue desvirtuada y se mantuvo dicho terreno boscoso como de uso restringido, de manera que sólo recibe un promedio máximo de 64 personas al día, cuando el Parque Omar y el área peatonal de la cinta costera (mucho más pequeños), acogen a muchísimas personas más.

Con sus restricciones de uso y su pobre infraestructura, aunque ya con una frondosa burocracia, más de tres cuartos de los habitantes del gran Panamá en crecimiento nunca podrán poner el pie en dicho parque, y el último cuarto lo podría hacer una vez en su vida cuanto más, mientras que la mayoría de los 3 millones 600 mil panameños no podremos visitarlo jamás.

Este parque natural no ha servido a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Panamá, quienes no tienen otras alternativas para gozar de un amplio espacio al aire libre para su esparcimiento y para su interacción con la naturaleza; esto ha obstaculizado los esfuerzos para integrar y articular mejor todo el espacio urbano principal del país, entre las áreas de la antigua Zona del Canal y el resto de la capital.

La acción de un pequeño número de influyentes ciudadanos, aupados por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, propietaria desde 1990 de una grúa para la observación del dosel del bosque en esa área, ha evitado sistemáticamente y a lo largo de más de 25 años el uso del parque por la mayoría de la población citadina, y no digamos del país entero. En pasadas administraciones, la dirección del Patronato del Parque Metropolitano fue abandonada por la autoridad municipal a un grupo de personas decididas a restringir su uso sólo para los observadores de aves, algunos científicos y 24 mil visitantes al año, cuando más, y evitar de ese modo que se integrase mejor a la ciudad.

Una campaña mediática, sistemática, plagada de falacias ha creado la falsa impresión entre los ciudadanos de las clases media y alta –que no frecuentan el lugar boscoso porque tienen acceso a casas de campo y a menudo a viajes al interior y al exterior del país– de que dicho parque tiene ya el mejor uso posible. Así, durante más de 25 años se ha mantenido, con la bendición de las autoridades nacionales y municipales y de grupos de pensamiento “políticamente correcto” y new age, una especie de costoso colchón espacial entre la ciudad de Panamá y las áreas de la antigua Zona del Canal, que además ha evitado que las poblaciones mayoritarias de la capital, especialmente de niveles socio-económicos subordinados, tengan acceso a esas áreas que revirtieron gracias a la lucha generacional de panameños de todas las capas sociales y de todas las épocas.

Se evitó el uso social más amplio y justo con argumentos falaces como: que el parque es el “pulmón” de la ciudad, cuando los alisios y la brisa entre el mar y la tierra firme cumplen esa función; que su bosque primario es eslabón esencial en el corredor biológico entre el Atlántico y el Pacífico, cuando está prácticamente desconectado del mismo; que sirve como centro para recibir a todos los visitantes y estudiantes interesados en la naturaleza, cuando su ingreso es restringido; y que ese es el único bosque virgen que hay en el corazón de la urbe, lo que sería ¡una primicia universal!

Convendría convertir el Parque Natural Metropolitano en un verdadero Parque Central de la ciudad; con su flora y fauna tropical preservadas en todo lo posible, pero también teniendo como objetivo principal la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de Panamá, que requieren urgentemente de un lugar de esparcimiento con todas las facilidades para acogerlos con seguridad y comodidad.

Que se inspire (aunque en el trópico húmedo y de acuerdo con nuestro ambiente y lo mejor de nuestra cultura) en los parques centrales de Nueva York (Central Park), San Francisco (Golden Gate Park), Madrid (El Retiro), París (Bois de Boulogne y de Vincennes), México (Chapultepec) o Bogotá (Simón Bolívar).

Que acoja todos los fines de semana a los millares de panameños de la ciudad, sobre todo los de menores recursos, quienes no tienen otra alternativa cercana al alcance de sus facilidades de transporte. Para hacerlo existe la base jurídica en la Ley No. 21, de 2 de julio de 1997, Anexo I, Plan Regional, que trata de Áreas Silvestres Protegidas, que amplía y precisa mejor la Ley 29 de 1985, mediante la que crea el Parque Natural Metropolitano. Esto cumpliría con el objetivo de que tenga una función social real.

Ojalá que se logre que el Patronato del Parque Natural Metropolitano cumpla su responsabilidad de otorgar una función verdaderamente social a dicho parque, que es de todos los panameños y no de un grupito de estudiosos de la naturaleza o de los observadores de aves que tienen a su disposición, en los parques nacionales Camino de Cruces y Soberanía (con más de 26 mil hectáreas), vastas superficies de bosque tropical para su hobby o su investigación.

Mi propuesta es muy sencilla: que el Patronato libere pronto el Parque Natural para que se convierta en el Parque Central de todos los panameños y se le otorgue, atravesando la vía de La Amistad y al norte, un terreno boscoso y equivalente en el Parque Camino de Cruces, que tiene 4 mil 590 hectáreas, para sus actividades más privadas y selectivas; con sus senderos y miradores y, si quieren, que se lleven la grúa de Smithsonian para allá.

Se haría para reconocer, como positivo, el haber conservado hasta hoy el área libre de los apetitos de la urbanización salvaje y se le ofrecería la oportunidad a dicho Patronato de convertirse en ejemplo de respeto de la ley y de cumplimiento de una auténtica función social. En ello su presidente, el alcalde de la ciudad de Panamá, tiene un reto, una responsabilidad y, sobre todo, una gran oportunidad. Veremos entonces si es verdad que en esta materia ¡Ahora le toca al pueblo!

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Este artículo se publicó el  1  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, y el  5 de mayo en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por el desarrollo del Gran Panamá

La opinión del Geógrafo, Historiador y Diplomático…..

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Omar Jaén Suárez

El Gran Panamá es la aglomeración de 1.5 millones de habitantes entre Pacora al este, La Chorrera al oeste y Chilibre al norte, partida por el Canal interoceánico y ciertos bosques aledaños.   Aglomeración que ha crecido vertiginosamente en los últimos 20 años, en sentido horizontal y vertical y en donde se han desarrollado variados proyectos para mejorarla como el último, insignia de la administración Torrijos Espino, la cinta costera. Pero la ciudad ha crecido con enormes problemas que se han agudizado:

El primero es el de la seguridad pública insuficiente y una alta criminalidad que parece imparable. Luego, el grave déficit de vivienda social y soluciones muy infelices para resolverlo como los altos multifamiliares generadores de insatisfacción y violencia que por esta causa están ya siendo demolidos en otras ciudades. Siguen los problemas de medio ambiente, sobre todo la contaminación visual por exceso de vallas publicitarias, auditiva y por gases y de sanidad pública por el deficiente sistema de recolección de basura, la falta de agua potable en ciertas barriadas, además del problema del alcantarillado sanitario y pluvial, con un proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá que debe acelerarse.

La destrucción indiscriminada del medio natural se acompaña de un ornato deficiente y poco profesional en todas partes (árboles dañados y ramas que caen sobre personas y autos, paisajismo casi inexistente), falta aguda de parques, sobre todo de un parque central metropolitano secuestrado por observadores de aves con argumentos falaces; falta de suficientes áreas de deportes.

Espacios públicos muy descuidados, calles y aceras deterioradas y estrechas ocupadas estas últimas por autos, fondas y buhoneros (hoy el Porras con quioscos abandonados después de la Navidad) y falta alarmante de estacionamientos públicos.

Transporte urbano terrible que linda con lo indecible, secuestrado por otra mafia político-económica, pero ahora con un proyecto interesante de metro-bus.   Falta de suficientes espacios de cultura como teatros, museos, centros culturales.

Patrimonio histórico bastante descuidado y falta acuciante de cultura ciudadana, de enseñanza a los habitantes a comportarse civilizadamente, a manejar ordenadamente, a no lanzar basura en las calles, a tratar a los demás con respeto y cortesía, a sentirse habitantes de una gran ciudad que es suya y que deben cuidar.

Se añade en el espacio urbano metropolitano un ordenamiento territorial inexistente aunque con un plan regional excelente en el área del Canal que data de la administración Ardito Barletta, torcido durante la administración Moscoso-Arias Grimaldo (sobre todo en Amador),   sin un verdadero plan eficaz de usos del suelo para el resto del Gran Panamá y zonificaciones que parecen haberse vendido al mejor postor y que han creado los mayores problemas en el centro urbano.

Falta, sobre todo, una acción institucional apropiada puesto que el Gran Panamá con casi la mitad de la población nacional y más del 75% de su economía está dividido en cuatro municipios sin articulación funcional (Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera) con recursos y posibilidades muy desiguales, en vez de contar con una supra administración metropolitana, con atribuciones y recursos, como sucede en otras urbes semejantes que funcionan mucho mejor. Falta un plan a mediano y largo plazo, ahora sin el impedimento de la Zona del Canal, para hacer una ciudad costera más radial y en consecuencia con menores costos de transporte e infraestructura urbana y social.

Todos estos elementos están interconectados de manera que dentro de esta situación caótica se plantea el mayor proyecto actual de desarrollo urbano, el del metro, bajo la responsabilidad de un hombre competente y probo, el ingeniero Roberto Roy.

Este metro constituirá una espina dorsal que deberá articular el crecimiento urbano en la parte medular de la ciudad, creará soluciones a la circulación y el transporte pero generará también otros problemas de densificación de la ocupación urbana en su primera línea. Un plan integral gubernamental y municipal para desarrollar con armonía el Gran Panamá debe integrar con prioridad el proyecto del metro.

Hay que estudiar los graves problemas urbanos y proponer soluciones a la luz de lo que han hecho otras ciudades latinoamericanas con problemas iguales o peores que Panamá. Debe estudiarse cómo han evolucionado por ejemplo Medellín y Bogotá, las ciudades más cercanas, que en 15 años de buena administración municipal y nacional y partiendo de una situación peor que Panamá están hoy mucho mejor. ¡Si esas ciudades, con menos recursos relativos que nosotros lo hicieron, nosotros también podremos hacerlo!

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Publicado el 15 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Desarrollo del Gran Panamá y el Metro

La opinión del Geógrafo, Historiador y Diplomático ……

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OMAR JAÉN SUÁREZ

El Gran Panamá es la aglomeración de 1.5 millones de habitantes entre Pacora al este, La Chorrera al oeste y Chilibre al norte, partida por el Canal interoceánico y ciertos bosques aledaños. Aglomeración que ha crecido vertiginosamente en los últimos 20 años, en sentido horizontal y vertical y en donde se han desarrollado variados proyectos para mejorarla como el último, insignia de la administración Torrijos Espino, la cinta costera. Pero la ciudad ha crecido con enormes problemas que se han agudizado.

El primero es el de la seguridad pública insuficiente y una alta criminalidad que parece imparable. Luego, el grave déficit de vivienda social y soluciones muy infelices para resolverlo como los altos multifamiliares generadores de insatisfacción y violencia que por esta causa están ya siendo demolidos en otras ciudades.

Siguen los problemas de medio ambiente, sobre todo la contaminación visual por exceso de vallas publicitarias, auditiva y por gases y de sanidad pública por el deficiente sistema de recolección de basura, la falta de agua potable en ciertas barriadas, además del problema del alcantarillado sanitario y pluvial, con un proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá que debe acelerarse.

La destrucción indiscriminada del medio natural se acompaña de un ornato deficiente y poco profesional en todas partes (árboles dañados y ramas que caen sobre personas y autos, paisajismo casi inexistente), falta aguda de parques, sobre todo de un parque central metropolitano secuestrado por observadores de aves con argumentos falaces o infantiles; falta de suficientes áreas de deportes.

Espacios públicos muy descuidados, calles y aceras deterioradas y estrechas ocupadas estas últimas por autos, fondas y buhoneros (hoy el Porras con quioscos abandonados después de la Navidad) y falta alarmante de estacionamientos públicos.

Transporte urbano terrible que linda con lo indecible, secuestrado por otra mafia político-económica, pero ahora con un proyecto interesante de metro-bus. Falta de suficientes espacios de cultura como teatros, museos, centros culturales. Falta acuciante de cultura ciudadana, de enseñanza a los habitantes a comportarse civilizadamente, a manejar ordenadamente, a no lanzar basura en las calles, a tratar a los demás con respeto y cortesía, a sentirse habitantes de una gran ciudad que es suya y que deben cuidar.

Se añade en el espacio urbano metropolitano un ordenamiento territorial inexistente aunque con un plan Regional excelente en el área del Canal que data de la administración Ardito Barletta, torcido durante la administración Moscoso-Arias Grimaldo (sobre todo en Amador), sin un verdadero plan eficaz de usos del suelo para el resto del Gran Panamá y zonificaciones que parecen haberse vendido al mejor postor y que han creado los mayores problemas en el centro urbano.

Falta, sobre todo, una acción institucional apropiada puesto que el Gran Panamá con casi la mitad de la población nacional y más del 75% de su economía está dividido en cuatro municipios sin articulación funcional (Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera) con recursos y posibilidades muy desiguales, en vez de contar con una supra administración metropolitana, con atribuciones y recursos, como sucede en otras urbes semejantes que funcionan mucho mejor.

Falta un plan a mediano y largo plazo, ahora sin el impedimento de la Zona del Canal, para hacer una ciudad costera más radial y en consecuencia con menores costos de transporte e infraestructura urbana y social.

Todos estos elementos están interconectados de manera que dentro de esta situación caótica se plantea el mayor proyecto actual de desarrollo urbano, el del metro, bajo la responsabilidad de un hombre competente y probo, el ingeniero Roberto Roy.  Este metro constituirá una espina dorsal que deberá articular el crecimiento urbano en la parte medular de la ciudad, creará soluciones a la circulación y el transporte pero generará también otros problemas de densificación de la ocupación urbana en su primera línea.

Un plan integral gubernamental y municipal para desarrollar con armonía el Gran Panamá debe integrar con prioridad el proyecto del metro. Hay que estudiar los graves problemas urbanos y proponer soluciones a la luz de lo que han hecho otras ciudades latinoamericanas con problemas iguales o peores que Panamá.

Debe estudiarse cómo han evolucionado por ejemplo Medellín y Bogotá, las ciudades más cercanas, que en 15 años de buena administración municipal y nacional y partiendo de una situación peor que Panamá están hoy mucho mejor. ¡Si esas ciudades, con menos recursos relativos que nosotros lo hicieron, nosotros también podremos hacerlo!

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Publicado el 28 de enero en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El cáncer de las vallas publicitarias

El cáncer de las vallas publicitarias

La opinión de…

Omar Jaén Suárez

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Al fin ha saltado a la luz lo que es notorio desde hace décadas: el grave problema de los excesos de la publicidad en la vía pública que nos afecta cada día más a todos.   Hace algunos años realicé investigaciones sobre dicha publicidad y llegué a la conclusión de que las vallas se han convertido, en su mayor parte, en un atentado visual en contra del ambiente y en un peligro para los automovilistas.

El 26 de octubre de 2002 en nota que en calidad de asesor ad honórem dirigí al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, y para responder a su requerimiento, adjunté un documento con elementos susceptibles de servir de base a un anteproyecto de ley, inspirado en la normativa más avanzada y moderna que ha sido adoptada en países de la Unión Europea y que se ha extendido a todo su territorio; normativa semejante pareciera estar comenzando a adoptarse hasta en Costa Rica y Colombia. En esa ocasión, la Asamblea no pudo actuar, al parecer, triunfó la mafia político-económica de los empresarios de las vallas –que se añade a las de los transportistas y otros elementos nefastos de nuestra sociedad, quienes actúan en contubernio con ciertas autoridades– y desde entonces la situación se ha agravado notablemente.

En aquella ocasión me preguntaba: ¿por qué llenamos el país de letreros y de estructuras ruinosas que afean nuestros paisajes?, ¿cuántas tragedias humanas no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales?, ¿cuánto luto no se hubiese evitado si se hubiesen adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que experimentamos hoy en Panamá?, ¿cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas? La respuesta la vemos a diario en los titulares de la crónica roja y en la sensación de hastío de los visitantes, panameños y extranjeros, que no comprenden cómo un país puede hacer esfuerzos para atraer turistas y ocultar, desde sus carreteras, la belleza de su medio natural.

Es verdad que tanto municipios como empresas publicitarias encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros y que esa actividad genera empleos.   Pero también actividades nefastas, fuera de la ley, como la venta sin cortapisas de productos dañinos crean puestos de trabajo y producen ingresos a ciertos empresarios y a ciertas colectividades locales.  Sin embargo, la restricción de la publicidad en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo.

Esta publicidad se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido apropiado.

El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas. Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que deberá aplicarse a toda el área centroamericana.

Espero que la administración del presidente Martinelli otorgue al tema la importancia que merece. Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del ambiente. Creo que la denuncia de una situación negativa es necesaria, pero es mejor si va acompañada de una propuesta de solución. En consecuencia, he enviado a varias autoridades, nacionales y municipales, la documentación reunida desde hace años que pudiese servir de base a un anteproyecto de ley que regule la materia, cuya urgencia es más que evidente.
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Publicado el 3| de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

De etnias… y otros demonios (II)

De etnias… y otros demonios (II)

La opinión del geógrafo, historiador y experto en población

Omar Jaén Suárez

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Los problemas sociales de Panamá son mucho más graves y complejos que los que se denuncia en nombre de un pretendido grupo étnico. Esos problemas son fundamentalmente los de importantes grupos de ciudadanos marginados, excluidos, explotados sin misericordia hasta por sus propios congéneres, sus dirigentes tradicionales, sus diputados, sus representantes y sus empleadores, a menudo en estado de extrema pobreza, residentes en el área rural, en las reservas indígenas y en algunos bolsones urbanos. Son los problemas de los que sufren de verdad, todos los días, en los sectores laboral, económico y social.

Solucionar esta escandalosa situación debe ser lo urgente y prioritario para los panameños y no abanicar el ego de algunos que desean figurar, instrumentalizando falsas cruzadas, en el ámbito nacional e internacional.

Las autoridades responsables deberían dedicar sus esfuerzos de inclusión a esos panameños que suman centenares de miles de personas de todos los orígenes raciales y culturales y no perderse en los deseos de unos grupitos de la élite nacional carentes de verdaderos problemas económicos y sociales, quienes han descubierto un nuevo medio de protagonismo o son víctimas, quizás sin saberlo, de una nueva forma de colonialismo, mental esta vez y nuevamente de origen anglosajón.

A los que se han entregado a esa aventura de buena fe los invito a trabajar por una sociedad sana, que una y mezcle y no por una sociedad que divida, conflictiva y más injusta.

Mi tesis de fondo es que no creo que exista en Panamá tal cosa como la “etnia negra” como sí existen etnias indígenas conformadas por los que viven en comunidades tribales con una referencia cultural e histórica común, una lengua y tradiciones compartidas.

Mientras que la presencia africana se fue introduciendo en toda la sociedad desde hace casi cinco siglos y ha permeado en el cuerpo y alma de todos los panameños y forma parte esencial de su personalidad colectiva. Que haya gente más oscura que otra no significa que constituyan una etnia porque, además, no podemos establecer una frontera clara y definida entre un grupo y el resto de la población.

Podemos apreciar visualmente los extremos del fenotipo, pero eso no coincide necesariamente con los extremos genéticos y sobre todo con los culturales que son lo más importante. Para la sociedad cultivar nuestro sentido de solidaridad colectiva es mucho más relevante que cultivar nuestras diferencias internas.

El autoracismo negro y su corolario de racismo hacia los diferentes sería una curiosidad folclórica sino terminara por convertirse en algo institucional y germen de división interna artificial o, en ciertos casos, fundamento de prebendas para algunos individuos con un costo para la sociedad.

El sentimiento de humillación y apocamiento, sentirse discriminado en Panamá por razón de la raza, el color de la piel, la creencia religiosa o filosófica, la orientación sexual, el aspecto físico, el origen geográfico y social, el nivel socio-económico, etc., es sin duda una realidad entre muchísima gente, pero ese sentimiento atañe a individuos de todos los colores y pelajes en diversas situaciones y no puede ser, en nuestra circunstancia, sujeto de reivindicación tal como lo plantean los líderes de la pretendida “etnia negra”.

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Publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario El Panama América Digital, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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De etnias… y otros demonios

De etnias… y otros demonios

La opinión del geógrafo e historiador…

OMAR JAEN SUAREZ

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En 1980 publiqué un ensayo titulado “La Presencia Africana en Panamá” que Rodrigo Miró puso enseguida en su obra sobre el Ensayo en Panamá. Recogía también lo dicho en Los Negros del Istmo de Panamá de Roberto de la Guardia, para la época colonial, y algunos escritos de George Westerman sobre los inmigrantes afroantillanos. Pero en ese ensayo de 1980 por primera vez se trató en nuestro país y en su conjunto la cuestión de la masiva presencia del continente negro entre nosotros, para contribuir a comprender mejor la historia e identidad de un pueblo fundamentalmente mestizo. Después, Tomás Arias de Para publicó el resultado de una gran investigación de ADN sobre nuestro origen que arroja que el panameño promedio tiene 38% de genes indígenas, 33% africanos y 31% europeos. Concluimos fácilmente que una inmensa mayoría de los panameños puede reclamar tres orígenes raciales y, en consecuencia, culturales. El asunto sería, en realidad para cada persona, de dosificación.

Sin embargo, en fecha reciente algunos individuos, sobre todo de la élite de origen afroantillano educados en universidades norteamericanas e inglesas, han propuesto el rescate de lo que llaman la “etnia negra” en Panamá. Vasta empresa que recuerda más bien lo que se hizo en Estados Unidos para recuperar los derechos de los negros, legalmente desposeídos hasta de su dignidad y sometidos a un verdadero tratamiento de apartheid, o en las colonias inglesas del Africa y el Caribe. En Panamá dicha situación se vivió sólo en la Zona del Canal. En el resto del país y salvo la efímera constitución racista de Arnulfo Arias de 1941, no ha habido discriminación legal por raza. El pueblo panameño no es racista per se aunque porta los prejuicios raciales heredados de la época colonial y los difundidos por la Zona del Canal. Combatir esos prejuicios y prácticas discriminatorias que puedan surgir hacia ciertas personas es más bien labor educativa que el Estado debe promover.

La escalada de la “etnia negra” continuó cuando se adoptó la ley 9 de 30 de mayo de 2000 y siguió con el decreto ejecutivo 124 de 27 de mayo de 2005 mediante el cual se crea la “Comisión Especial para el establecimiento de una política gubernamental para la inclusión plena de la etnia negra panameña”, lo que sucedió en 2007 al incluirse algunas personalidades respetables. Concluye con el reciente nombramiento, muy controvertido, de un director ejecutivo. Pero, nos preguntamos los legos que observamos tanta solicitud gubernamental ¿qué es la etnia negra panameña? ¿Dónde se establece la frontera entre los escogidos para pertenecer a este exclusivo club y los demás panameños?

Un autor, distinguido sociólogo y propulsor de esta iniciativa, responde que los miembros de una etnia, en este caso la negra panameña, son parte de “una agrupación humana, por el sólo hecho de que ellos se definan, así mismos, como diferentes o especiales debido a sus características culturales”. ¡Con un artificio semántico se cuadró el círculo! Con este criterio cuatro panameños, descendientes de algún grupo étnico por alguna de sus innumerables ascendencias podría crear su propio club, exigir una ley, un decreto ejecutivo y establecer una institución burocrática con sus oficinas, sueldos, gastos, automóviles, choferes, secretarias, etc. ¡Entramos fácilmente en el reino de la magia tropical!

(Continúa mañana)
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Publicado el 18 de agosto de 2009 en el diario El Panama América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La gran ciudad de Panamá que todos queremos

La gran ciudad de Panamá que todos queremos

Omar Jaén Suárez – Geógrafo, Historiador, Diplomático

Se inaugura pronto un nuevo gobierno nacional y municipal. Es, en consecuencia, ocasión propicia para proponer algunas acciones que contribuyan a corregir los graves problemas que enfrenta el “Gran Panamá”, aglomeración que reúne a casi la mitad de la población y en donde se produce por lo menos los tres cuartos de la riqueza nacional. Después de diez años de gran crecimiento demográfico, territorial y de urbanización que no se acompañó de un mejoramiento equivalente en la institucionalidad, infraestructura urbana ni cultura ciudadana, conviene adelantar algunas propuestas para las autoridades nacionales y municipales, en tres sectores claves.

A causa de que las fronteras administrativas existentes son artificiales y no toman en cuenta la realidad funcional de la circulación intraurbana, debería considerarse seriamente fortalecer la institucionalidad urbana al crearse una administración autónoma para el Gran Panamá, aglomeración a ambos lados del Canal desde La Chorrera al oeste hasta Pacora al este y Chilibre al norte, dotándola de recursos suficientes, que integre en una sola las administraciones de los municipios homónimos y el de San Miguelito, verdadera aberración funcional y administrativa.

Un buen gobierno de este nuevo “Distrito Capital” debería ser responsable de la infraestructura vial y de espacios públicos (parques, aceras, estacionamientos) de toda la aglomeración, de la prestación de ciertos servicios públicos como la recolección y disposición de la basura, el ornato, el transporte público, la vivienda social, la planificación y zonificación urbanas por lo menos.

Para funcionar adecuadamente, debería contar con los recursos impositivos actuales y los de todos los predios urbanos y suburbanos, bajo una fórmula novedosa y justa (pagan más los más valiosos y se aprecia lo que cuesta). Un buen gobierno debería, además, contar con la contribución de los mejores expertos en la materia que se pueda reclutar en el país, basarse en la experiencia exitosa de otras grandes ciudades de la región y administrar los recursos fiscales existentes y nuevos con total transparencia y probidad.

El fortalecimiento de la infraestructura urbana pasa en prioridad por la del transporte (secuestrado por una mafia político-económica local), sobre el cual hay una interesante propuesta del presidente electo Martinelli, a lo que deberíamos añadir otros elementos igualmente esenciales: el rescate de los espacios públicos, las aceras primero que, ya de por sí estrechas, deberían liberarse de estacionamientos, fondas y quioscos.

Un plan de construcción de estacionamientos privados por concesión debajo de avenidas, parques y otras áreas públicas debería descongestionar las vías de la aglomeración y facilitar la circulación automóvil. Un plan de construcción y mejoramientos de parques públicos debe considerar, primero, la dotación a la ciudad de un “Parque Central Metropolitano” de más de 265 hectáreas, fácilmente accesible a toda la población, el cual debería situarse en el actual parque natural metropolitano ocupado por un selecto grupo de observadores de aves quienes tienen a su disposición para su “hobby”, cruzando la calle, 22,000 hectáreas en los parques nacionales Camino de Cruces y Soberanía.

Otros parques con infraestructuras para la cultura del pueblo (museos, teatros) y el deporte podrían establecerse en los terrenos de los vetustos colegios públicos José Remón Cantera e Isabel Herrera Obaldía, los cuales deberían mudarse a lugares más cercanos a la población estudiantil que los frecuentan, y también en terrenos de El Marañón y El Chorrillo, pertenecientes al Estado, entre otros.

Para lograr mayor eficiencia deberían privatizarse ciertos servicios muncipales como la recolección de la basura y el ornato municipal. Las autoridades del “Distrito Capital” deberían contribuir a la dotación de escuelas de excelencia y buenos centros de salud en las barriadas más pobres. Debería ser igualmente prioritario el mejoramiento de Panamá Viejo y el rescate del Casco Antiguo, víctima de la codicia de especuladores desalmados y de funciorios corruptos.

Finalmente, la creación de una buena ciudadanía será la clave del éxito del nuevo plan. Se logra mediante un ingente y sostenido esfuerzo de educación por todos los medios, con programas específicos, para hacer tomar conciencia a cada habitante del “Distrito Capital” de que actuando como un buen ciudadano mejorará la calidad de vida en su entorno. Eso se hará mediante la resistencia civil a la violencia, el control del alcohol, de las armas de fuego, de la pólvora, la policía comunitaria y los programas de disminución de pandillas juveniles y de bandas de delincuentes profesionales.

La educación sistemática para el manejo ordenado, la eliminación de las vallas publicitarias que además de horrenda contaminación visual provocan numerosos accidentes y muertes por distracción del conductor, una iluminación nocturna más intensa y una política de seguridad bien entendida deberían ser el corolario natural de la conjunción de un buen gobierno y una buena ciudadanía.

Otras ciudades en América Latina lo han hecho recientemente. ¿Por qué no puede hacerlo Panamá? Aprovechemos la coyuntura favorable. ¡Los habitantes de la ciudad de Panamá no podemos darnos el lujo de perder diez años más!

<>Publicado el 22 de junio de 2009 en el diario El Panamá América

Panamá y el PARLACEN

PANAMA  Y   EL  PARLACEN
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Omar Jaén Suárez – GEOGRAFO, HISTORIADOR, DIPLOMATICO
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El Parlacen nació como una hermosa ilusión. Ilusión primero de los dirigentes de la Comunidad Europea que creyeron que transplantando a nuestro istmo una copia del Parlamento Europeo crearían las bases para un buen gobierno en nuestra región, después de las luchas intestinas en la que se abismó parte de Centroamérica. Craso error. Se les olvidó que Centroamérica no tiene casi nada en común con Europa occidental por la mentalidad de sus pueblos. La evolución distinta de ambos parlamentos y de ambas regiones ha terminado por desmentir rotundamente el proyecto ultramarino ligado, por supuesto, a una generosa cooperación. Error también al obviar su propia historia puesto que la Comunidad Europea antes de crear su Parlamento regional laboró arduamente durante muchos años para lograr la integración económica, elemento crucial y preliminar para avanzar con paso firme en la integración política.

Ilusión nuestra, de los centroamericanos a los que nos añadimos después los panameños, que creímos que cumpliendo con la desiderata de los europeos llovería la abundancia sobre nuestros pueblos paupérrimos, y de los políticos locales quienes se regodeaban con el esperado maná de francos, libras, marcos, liras y pesetas convertidos después en euros. Esa ilusión se convirtió en pesadilla para nosotros cuando nos percatamos que el costo-beneficio nos era ampliamente adverso.

Pero hagamos primero algo de historia para comprender plenamente el presente y formarnos una mejor visión del porvenir. La historia oficial dice que en la Declaración de Esquipulas I de 1986 los presidentes centroamericanos convinieron en crear el Parlamento Centroamericano cuya primera Asamblea Plenaria se reunió en Guatemala en 1991. Panamá, al principio prudente y extraña por la historia a Centroamérica (conformada por estados que ocupan el territorio de las antiguas Provincias Unidas de Centroamérica) aunque parte de la América Central (una de las tres grandes regiones del continente americano), se adhirió al Tratado Constitutivo del Parlacen en 1993, en las postrimerías del gobierno de Guillermo Endara Galimany.

En octubre de 1994, justo cuando se instalaba el primer grupo de panameños electos en el Parlacen, hubo en Panamá dos corrientes: la Cancillería que se oponía, dirigida por Gabriel Lewis Galindo, y la Asamblea Legislativa, que presidió Gerardo González Vernaza, que apoyaba decididamente la participación de Panamá en el Parlacen. El argumento de Lewis Galindo y de mi persona como vicecanciller era que dicho organismo no servía en nada los intereses de Panamá, no tenía ninguna real función legislativa, era un foro costoso de discusión bizantina y sobre todo refugio, por la inmunidad parlamentaria, de algunos dirigentes regionales acostumbrados a la impunidad. González Vernaza, cuya tesis finalmente prosperó, parecía tener aspiraciones de liderazgo también en Centroamérica.

Sosteníamos en la Cancillería en aquella ocasión hace más de quince años, que en caso extremo sería más útil para el país salirnos del Parlacen y emplear a los 20 parlamentarios panameños ya designados en el Gobierno con el mismo sueldo, lo que no es por supuesto vigente. Así algo hubiesen aportado los que tenían experiencia administrativa, política y profesional en diversos ramos del conocimiento, nos ahorrábamos el costo de la administración de su participación en el Parlacen que casi duplicaba sus emolumentos y evitábamos la complicidad en facilitar la impunidad en una región asolada por el hambre, la violencia y la corrupción pública. Nuestra opinión no prevaleció y el 1 de septiembre de 1999 se incorporaron al Parlacen los primeros 20 diputados panameños electos, lo que se repitió cinco años después, añadiéndose los expresidentes y exvicepresidentes, quienes se reúnen periódicamente en Guatemala para conversar, discutir, amenizar, discursear, aprobar resoluciones no vinculantes pero no para legislar, razón de ser de todo Parlamento de verdad.

Finalmente y después de más de tres períodos presidenciales parece que afortunadamente estamos en vías de ver materializarse un clamor que nació hace quince años para neutralizar el tratado que nos liga al Parlacen y hacer lo que los costarricenses, quienes parecen ser más listos en algunas opciones de política exterior, decidieron desde el principio. Estimo que si creemos en las bondades de la integración centroamericana y queremos aportar a ese logro debemos dedicar nuestros esfuerzos y nuestras energías a una integración económica más profunda, que en nuestro caso sería más bien por la complimentaridad de nuestras economías (Centroamérica agroexportadora y Panamá de servicios), antes de lanzarnos en profundizar la integración política, objetivo de más largo alcance, propósito fundamental para alcanzar la unidad latinoamericana, el verdadero y todavía vigente sueño de Bolívar.

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Publicado el 8 de junio de 2009 en el diario El Panamá América