Telepolítica y partidos clientelistas: combinación nefasta

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La opinión del Consultor en Sociología…

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ROBERTO A. PINNOCK –

pinnock2117@yahoo.com

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En nuestro medio persiste la peregrina idea de explicar el comportamiento político electoral de los votantes, vinculando el mismo a la influencia ‘malsana’ de los medios de comunicación masivos y particularmente, el televisivo.   No niego que esta relación opera con mucha frecuencia, pero debe reconocerse que los medios de comunicación producen los efectos que se les achaca en la medida que el público esté a merced de ellos. Esto ocurre a menos que se den algunas condiciones para ello. Quiero referirme a dos de ellas.

La primera, es la forma como está configurado el sistema electoral de la institución, región o el país. Por ejemplo, si se trata de elecciones presidencialistas, contienda de diputaciones uninominales, etc., las probabilidades de que el medio televisivo tenga alguna influencia, crecen con respecto a si se trata de elecciones por nóminas, plurinominales o de otra índole.

La razón de esto está vinculada al hecho de poder ‘personalizar’ la contienda, que es un principio ‘sine qua non’ heredado por los propagandistas de la Alemania nazi a la mercadotecnia moderna.

Una segunda condicionante, de mucho más peso explicativo que la anterior, es la configuración—funcionamiento de los partidos políticos. Si un partido es ‘clientelista’, cede en bandeja de oro a los medios televisivos, su capacidad para influir en el votante de sus propias filas. Lo contraproducente resulta cuando el(a) contendor(a) cuenta con más recursos para pagar campañas a su favor.   Y dado que nuestra sociedad opera bajo leyes mercantilistas, quien más dinero tiene para pagarle a los medios televisivos, cuenta con un valor agregado por encima de su oponente para ganarle.

Pero lo decisivo aquí no es tener más o menos dinero para servirse de la telepolítica; lo decisivo es que si un partido es clientelista, sus líderes o sus gamonales, manejarán las acciones partidarias en función de personas y no de programas con contenidos coherentes y fundamentaciones científicas. Lo cual, se convierte en terreno fértil para aplicar el principio de la personalización de la campaña, que es necesaria para que tenga efecto la propaganda televisiva.

Es decir, en la personalización no importan los programas; importa la emoción, la pasión el sentimentalismo que logre incitar el o la candidata en el público y para esto puede bastar incluso una ‘cara bonita’ o un(a) candidato(a) ‘bonachón(a)’, aunque muestre incapacidad para hacer verdaderas propuestas políticas sobre los temas más neurálgicos. Sin duda, esa especie abunda cada vez más en las jefaturas de nuestras instituciones estatales, gracias al trabajo de la telepolítica y al funcionamiento clientelista de los partidos políticos.

Esto explica, por qué un(a) ministro(a) de gobierno obtiene alta aceptación en los sondeos electorales, aún cuando sea el o la más inútil en la conducción de su institución o el más torpe del gabinete en su ejecución presupuestaria.

¿Y cómo se vacuna un partido para que la influencia de la telepolítica no alcance los efectos malsanos en su contra? Muy simple, pero a la vez muy difícil para los partidos aburguesados u oligarquizados: basar su configuración—funcionamiento en las organizaciones de la sociedad civil y no solo en lo territorial. No se trata de tener frentes ‘femeninos’ o ‘indígenas’ u ‘obreros’ ‘per se’. Se trata de plantear sus objetivos en función directa de las expectativas e intereses de cada uno de los sectores sociales y articularlos de cara a un norte que los identifique en un programa.

Pero más que eso es, que en todas y cada una de las estructuras de decisión del partido, cada uno de esos sectores debe tener representación directa. Hoy, los partidos han enviado a la cola a las organizaciones sociales de todo tipo, condicionando su participación a la representación individualizada y territorial más no organizacional. En las representaciones territoriales (corregimiento, distrito, circuito) aunque un(a) obrero(a) o un(a) líder(eza) ambientalista salga electo(a), no puede operar sino territorialmente, diluyéndose su esencia corporativa y política.

Así, un partido basado en las organizaciones de la sociedad civil—y no vinculándose a ellas con un carácter demagógico propio del esquema clientelista— tendrá defensores(as) de oficio y en gran escala, convencidos(as) de que el partido que los(as) representa, efectivamente tiene la capacidad para cumplir con sus promesas, porque estas organizaciones estarían representadas directamente en las estructuras que deciden; no le dejan ese mandado a ‘líderes carismáticos’, o a las ‘caras telegénicas’ del partido que se trate.

Desde hace por lo menos 18 años, cuando el PRD desmontó su relación con los sectores sociales, no tengo conocimiento de ningún partido que haya participado en las últimas cuatro elecciones presidenciales vacunado de las veleidades del clientelismo.  Pero desde hace esa misma cantidad de tiempo, la telepolítica ha logrado sus efectos devastadores en nuestros torneos electorales.

 

Este artículo se publicó el  7  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Educación: oposicionismo político y efecto búmeran

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La opinión del Sociólogo, Consultor  y Docente Universitario….

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ROBERTO A. PINNOCK –
pinnock2117@gmail.com

El búmeran es un arma que se caracteriza por su capacidad para retornar al punto de quien lo lanza. En conductas sociales, nos encontramos con un fenómeno que resulta ser análogo, esto es, la capacidad para ejecutar o promover comportamientos en otras personas o grupos, que en algún momento posterior se revierten contra quien las promovió inicialmente.

Es frecuente la existencia de actores(as) políticos(as) que han sufrido y siguen sufriendo de esa enfermedad tan común, tal es, el ‘oposicionismo’. La misma, la entendemos como: conducta de individuos o grupos que asumen posiciones adversas a los que ejercen un poder determinado, cuando no se participa de este, aún cuando aquella conducta que se dice adversar sería la misma en la que incurrirían si llegasen a ejercer ese poder.

Esto es así, en virtud de que el oposicionista, al querer asumir un estatus de poder a toda costa, termina contribuyendo a la creación (o al reforzamiento) de su propio impedimento para gobernar eficientemente y con ello, no solo se ve atrapado en lo que criticó, sino que disminuye las probabilidades de darle continuidad a su gestión política o la de su grupo.

Por el año 1979, hubo un movimiento magisterial centrado en lo reivindicativo corporativo; pero que los oposicionistas, (insertados en gremios empresariales, profesionales y hasta en mi propia Iglesia), con tal de oponerse a la gestión gubernamental de la época, trastocaron la reivindicación gremial convirtiéndola en un movimiento de contenido ideológico ‘antirreforma educativa’. Consecuentemente, fomentaron un estilo de lucha ‘oposicionista’ en los gremios docentes, que quedó como estilo permanente hasta hoy.   El efecto búmeran: buena parte de esos oposicionistas están gobernando y además, de una forma tal que revela cierto desprecio hacia los gremios y ese estilo oposicionista que promovieron en ellos, con lo cual, se ven enfrentados a lo que fomentaron hace 32 años, sin visos de solución para el sector educativo.

En ese ámbito, también hemos sido testigos de que desde finales de la década de 1990, con cada vez más intensidad, las autoridades políticas del ramo —con la excepción meritoria de los ministros Alarcón (q.e.p.d.), Mata, Bernal y Castro— han exacerbado la desarmonía entre el estamento docente y el de padres de familia, con tal de tener en estos últimos a un ‘aliado’ político en sus escaramuzas frente a los gremios magisteriales.   El efecto búmeran: la comunidad educativa, que es el principal instrumento de gestión capaz de hacer viable una verdadera transformación curricular, ha sido prácticamente despedazado al romper la cohesión social entre padres de familia—docentes—administrativos, sin mencionar en este tema al estamento estudiantil. De allí que las sucesivas propuestas de una transformación educativa, al chocar con esta realidad (buscada) no pasan de lo accesorio y cosmético.

Así, aunque haya quienes no quieran aceptarlo —por intereses personales o por razones emotivas contra los dirigentes—, no cabe duda de que los gremios tienen la razón, cuando señalan que no hay a la fecha ninguna transformación efectiva del sistema escolar panameño.

Entre los argumentos de la última campaña electoral de los actuales gobernantes, se llegó a satirizar el déficit en reparaciones de las infraestructuras escolares, falta de equipo y condiciones del trabajo docente, contrataciones directas, entre otros hechos.   Efecto búmeran: se ha incurrido en muchas más contrataciones directas que las que el gobierno anterior hizo en periodo similar. Se hizo oposicionismo, sin examinar las condiciones que llevan a utilizar o no tales medidas. Hoy las autoridades sufren en carne propia lo que reprocharon.

Pero en lo demás, la realidad no ha sido distinta. Lo que sí ha sido distinto es, que en el gobierno del señor Torrijos y en el de la señora Moscoso, las empresas más poderosas de medios de comunicación fueron muy incisivas en ‘revelar’ las precariedades de los planteles.   En la actualidad, el trato dado por esos medios ha sido muchísimo más amigable y comprensivo con la autoridad del ramo, a tal punto que, se ha construido un imaginario público benigno en ese tema, sin haber superado la realidad puesta en evidencia desde el 2003. Internamente, el efecto búmeran está operando sistemáticamente. Lastimosamente, lo más probable es que se le seguirá echando la culpa de la ingobernabilidad educativa a los docentes.

 

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<> Este artículo se publicó el 22 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/pinnock-roberto-a/

Embarazos escolares y la doble moral discriminadora

La opinión del Consultor en Psicología….

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ROBERTO A. PINNOCK –

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He obtenido información fresca de las tentativas por modificar la Ley 29, concerniente a la protección de las menores embarazadas, para someterlas nuevamente a una de las formas de discriminación supuestamente superadas desde la última década.

Efectivamente, no es otra cosa lo que resulta cuando se insiste en excluir de los centros escolares a las adolescentes que se embarazan, especialmente cuando aún no han salido de la tutela de sus hogares de origen o peor, cuando están desprovistas de toda protección por razón de abandonos, orfandad u otra condición similar.

Lo trágico de este asunto, es que entre quienes adversan este derecho adquirido por las mujeres adolescentes para poder salir del círculo de la pobreza, están las propias mujeres.   Nada más hay que ver quién es la autoridad gubernamental que está propiciando un retroceso histórico en esta materia y quiénes son las que se preparan para hacerle el coro a tal intentona.

Ciertamente, estas personas portadoras de una doble moral, no entienden (o no les conviene entender) que impedirle a una adolescente que se embaraza la continuidad de sus estudios, significa condenarla a permanecer en la condición de pobreza original, porque una vez excluida de su trayectoria escolar difícilmente vuelve a ella a corto plazo y cuando ocurre, se reinserta en una trayectoria que la inhabilita para alcanzar carreras productivas y mejor remuneradas.

He escuchado decir que el fenómeno de los embarazos en las menores crece cada día.   En más de una conferencia, hemos tenido que demostrar datos en mano, que en los últimos 40 años la fecundidad en este tramo de edad no solo ha sido la más baja, sino la de la disminución más pronunciada en sus tasas.

Por cierto, la última Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva llevada a cabo por el Instituto Conmemorativo Gorgas nos vuelve a dar la razón en esta afirmación, toda vez que registró con una amplia muestra de mujeres a nivel nacional que el ‘19.8% de las mujeres de 15—19 años son madres o están embarazadas’ (ICGES, 2010:4)   Lo cual, si se compara con lo ocurrido hace por lo menos un lustro cuando se hablaba de que un 22% de las mujeres de estas edades estaban en esas mismas condiciones, habrá que inventar otra excusa para ‘desestimular’ los embarazos, particularmente en las estudiantes del subsector oficial, que es donde va la mayor parte de las hijas de las vecinas de estratos pobres y de extrema pobreza. No nos refiramos a las de colegios particulares, porque ya sabemos que en muchos de estos ‘prestigiosos’ centros escolares esos fenómenos lo resuelven de otras formas ocultas.

Otro argumento manipulador de este asunto es el relativo a que las embarazadas que están en los centros escolares ‘contagian’ al resto de las no embarazadas incitándolas a tener vida sexual activa.   Se sabe, empero, gracias a varios estudios efectuados en el último quinquenio, por parte del MINSA, de Organismos no gubernamentales y hasta del MEDUCA (que hoy anda dando los peores pasos para el enfrentamiento de las problemáticas de sexualidad, violencia escolar y desarrollo humano de nuestra población estudiantil) que las prácticas sexuales genitales en esta población es mucho más frecuente de lo que se quiere admitir y el embarazo es visto con menos morbosidad por las y los compañeros, que lo que lo hacen las poblaciones ‘adultas’ de las comunidades educativas.

La experiencia de un colegio oficial que llevaba a cabo un programa apoyado por las escuelas de Psicología y de Sociología de la Universidad de Panamá, donde se formó a las propias chicas embarazadas para que sirvieran de monitoras ante compañeras no embarazadas, resultó en la reducción significativa de embarazos escolares entre los años 2005—2008; es decir, no los hizo proliferar, sino todo lo contrario. Lastimosamente, el programa se descontinuó. Pero el experimento, sin duda derrumba aquella idea pseudomoralista relativa al fenómeno del ‘contagio’ y el ‘mal ejemplo’ que dan las embarazadas hacia sus pares en sus centros escolares.

Sin duda, las autoridades educativas están revelando la mayor incapacidad ante este tipo de problemáticas y les resulta más fácil lo que empeora estos asuntos, o sea, pretender ocultarlos, aunque cueste elevar la discriminación contra las hijas de nuestras vecinas de sectores pobres, impidiendo que salgan del círculo de la pobreza.

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<> Este artículo se publicó el 25 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/pinnock-roberto-a/

Colombia: ¿Mejores augurios para los paisas?

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

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ROBERTO  A.  PINNOCK –

Luego de escuchar el discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, deseo referirme a uno de los puntos de su propuesta de gobierno que pudiesen tener implicaciones para nuestro país.

Este es el concerniente a la inusitada migración de hermanos de ese país hacia otros sitios, entre ellos el nuestro.   Con lo de la famosa ‘feria’ de la Dirección de Migración hace un par de semanas, fue fácil confirmar lo que muchos ya sabíamos: Que los latinoamericanos que más han emigrado a Panamá en los últimos 10 años son los colombianos.

Pues bien, el señor Santos, prometió implantar una serie de mecanismos institucionales destinados a hacer ‘retornar a sus parcelas a los desplazados y víctimas de la violencia’.   Ciertamente, buena parte de las migraciones internacionales de colombianos obedecen a la crítica desigualdad socioeconómica agravada con el gobierno del señor Uribe y otro tanto por los desplazamientos provocados en áreas rurales. Por un lado, por lo que indica la CEPAL, al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América, hoy es el primero.

Por otro lado, se sabe que más de tres millones de personas son desplazadas: Los paramilitares y los caciques regionales, que hicieron parte del engranaje del Uribismo, les arrebataron más de cinco millones de hectáreas de tierras; por cierto, no en cualquier tierra, sino en sitios altamente productivos y con potencial para la minería que se muestra en alza en ese país.

A una porción de esos desplazados los podemos encontrar no solo en Darién, sino también en áreas pobres de San Miguelito, en Curundú o en Arraiján.   Ahora bien, nos asoman interrogantes obligadas en este asunto:   ¿Hasta dónde llegará esta intensión del presidente Santos?   En caso que tome acciones, ¿lo hará manteniendo la impunidad y el terrorismo de Estado que caracterizó al gobierno de su antecesor Álvaro Uribe?

Me explico. Ya a estas alturas es inocultable (al menos para el pueblo de ese país) que la famosa política de ‘seguridad democrática’ del señor Uribe estaba basada en la desaparición de cuanto activista que fuera defensor(a) de los derechos humanos se alzara como disidencia a su régimen, tanto como campesinos con tierras atractivas para el enriquecimiento, cual ‘asesino Bill’ acá en Bocas del Toro.

No por azar, Colombia posee las cifras más elevadas de América Latina respecto de dirigentes sindicales ‘desaparecidos’. Las mismas son parte de la enorme cuantía de desaparecidos del periodo Uribe. La Fiscalía General de la Nación recién emprendió un censo nacional sobre cadáveres enterrados como ‘NN’ (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina.

Gran parte de estos muertos sin nombre ya habían sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones. Al menos 1700 de las víctimas son ‘falsos positivos’:   jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate.

Como quien dice, el general Noriega no es más que un bebé de pecho al lado de estas horrendas masacres; pero no he visto el más mínimo pronunciamiento de los medios internacionales ni locales de Estados Unidos, ni de quienes le hacen eco en nuestros países al respecto de estas realidades.

Así, si el nuevo presidente está dispuesto a no ignorar las razones de los desplazamientos que dice querer revertir, esto es, no dejar en la impunidad a sus autores y regresarle las tierras a los campesinos de los que hoy se benefician los mismos del equipo uribista, entonces ¡reciba nuestras congratulaciones desde ya! Las razones de la excesiva migración de nuestros(as) hermanos(as) colombianos(as) se reducirían sensiblemente y por ende, sus odiseas en países como el nuestro.

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Este artículo fue publicado el  17 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Ley 30 vs libertad del trabajador

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

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ROBERTO  A.  PINNOCK —

Si hay algo que los dirigentes sindicales y gremiales parecen no haber sabido explicar en los medios de prensa a su alcance con la profundidad del caso, ha sido el porqué de su rechazo a los artículos 12,13 y 14 de la conocida ‘Ley Chorizo’.

Ante tal deficiencia, los voceros gubernamentales se han instalado en la discusión de las cotizaciones a sindicatos y han sabido difundir la imagen que tal rechazo obedece a un ‘modus vivendi’ parasitario de los líderes sindicales con base en las cuotas de sus agremiados.

Es más, han vendido la idea de que se trata de una especie de favor que le hacen a los trabajadores otorgándoles la ‘libertad’ de decidir si quieren o no pertenecer (cotizar) a un sindicato.

Parece que los propios voceros sindicales han olvidado, unos y no quieren reconocer por razones de su infantilismo de izquierda, otros, la razón que introdujo esta figura de la cotización obligatoria en el código de trabajo de 1972, a saber: La asimetría de poderes para negociar acuerdos dignos entre las partes laboral y patronal.

Antes de ésta fecha, la práctica usual era que ésta última le imponía sus términos leoninos —bajísimos salarios, ninguna estabilidad, ninguna garantía de condiciones de trabajo dignas— a la parte laboral, dada la debilidad de la autonomía de las organizaciones que los representaban —en el afortunado caso en que esta existiera en una empresa cuyo sostén importantísimo eran los fondos para sostener una huelga, en el escenario de que fuera necesario ejecutarla.

Contrario a lo que los sectores empresariales ideológicamente más atrasados del país siempre han afirmado, los conflictos obrero—patronales que implicaban grandes reyertas, carcelazos, bayonetazos, uso de armas de fuego, etc., se redujeron sensiblemente.   Basta recordar los grandes conflictos en las propias zonas bananeras, en los ingenios azucareros, para no mencionar la lista extensa anterior a los años setenta.

En realidad, permitirle a las organizaciones que representan la parte laboral que cuenten con recursos financieros —donde la cuota es prácticamente la única fuente con la que cuentan— es equivalente a permitirle a los(as) trabajadores(as) tener autonomía a la hora de negociar cada cierto tiempo una convención colectiva. Es allí cuando requieren conservar su libertad y dejar de aportar es sinónimo de perder esa autonomía reduciendo su capacidad de pactar mejores condiciones de trabajo, un salario y trato más dignos, especialmente en las empresas que aún están lejos de asumir una verdadera Responsabilidad Social Corporativa.

Además y de esto hay múltiples evidencias, el empleador se encarga de condicionar la contratación de un(a) trabajador(a) a la ‘decisión autónoma’ de no querer pertenecer a un sindicato, no cotizando al mismo. ¿Cuál trabajador(a) necesitado(a) de un empleo se opondrá a esta condicionante patronal?

La supuesta libertad para decidir si se aporta o no a una organización laboral, resulta un espejismo para los(as) trabajador(es), quienes pierden mucho más si están aislados de una organización que los represente.

Si a esto le sumamos el artículo de la Ley 30 dirigido a quitarle toda fuerza a las huelgas, permitiendo que no se paralicen las faenas, a pesar del ejercicio de ese derecho universal, concluimos que estas medidas son absolutamente contrarias a un sistema auténticamente democrático.

Tales escenarios que exigen una opción preferencial hacia los pobres, en este caso trabajadores(as), son los que visualizó hace más de un siglo el Papa León XIII —para nada izquierdista ni cosa parecida— quien a la sazón declaró que:  ‘La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública, la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Éste deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida’. (Encíclica Rerum novarum, 29)

Lo actuado por el gobierno actual, niega rotundamente este principio cristiano, en tanto que desprotege a la ‘clase humilde’ —como las llamó este pontífice católico—, otorgando más poder a quien ya lo posee.

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Este artículo fue publicado el  26 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Racismos anti indígenas o ignorancia histórica?

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

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ROBERTO A. PINNOCK —

A raíz de las sublevaciones lamentables ocurridas en Bocas del Toro recientemente, se ha emitido una serie de aseveraciones de gente que, saliendo en defensa de las acciones gubernamentales, pretenden descalificar a los principales actores de esas protestas: las poblaciones naso—teribes y Ngäbe—Buglé.

He escudriñado en tales interpretaciones esgrimidas por esas personas, argumentos científicos o al menos críticos, que sustentasen sus apreciaciones y la verdad es que solo me llevó a la conclusión de que se trata de gente que revelan o un racismo antiindígena o una crasa ignorancia de orden histórico.

Decir, por ejemplo, que los indígenas fueron meros instrumentos manipulados por la dirigencia sindical para que realizaran actos de protestas, indica que quienes lo afirman parten de la idea de que nuestros grupos originarios en Bocas del Toro no tienen razones propias por las cuales protestar;   además, que son unos rotundos ignorantes que resultan ser fácilmente manipulables por sus dirigentes.

Históricamente, nuestros indígenas del occidente del país han sido los grupos menos manipulables por líderes de cualquier denominación.   Otra cosa ha sido que en su carácter de excluidos sociales y culturales, no les ha tocado más que someterse a los juegos de los poderosos locales y extranjeros, como fórmula para sobrevivir.

Nuestros aborígenes se han comportado con más sabiduría popular que el conjunto de los no indígenas de este país. Aún cuando muchos son todavía iletrados —según una lengua no tan nuestra como el español— y de pocos estudios —que para muchos no indígenas solo sirve para delinquir con más ‘técnica y profesionalismo’— han escrito múltiples capítulos en nuestra historia que niegan ese estereotipo negativo.

He sido testigo varias veces de cómo se han frustrado candidatos de unos y otros bandos a puestos de elección popular, que creyeron haberlos sometido a la manipulación de sus campañas clientelistas, obteniendo resultados adversos de los y las votantes indígenas. Tal conducta política (de ‘animales ingratos’ le escuché decir a uno de esos políticos) en realidad da cuenta de que dichos(as) votantes actuaron con criterio colectivo propio.

Esta misma población actuó en las últimas elecciones nacionales con un criterio colectivo mucho más sabio que el del común de los mestizos del país: manifestaron por adelantado que serían objeto de desalojos de sus propias propiedades territoriales por quienes precisamente han venido impulsando la clase de proyectos que deterioran poblaciones y sus medios biofísicos. ¡Y vaya que no se equivocaron!

Estos pueblos se han pronunciado en los últimos años a través de comunicados públicos, vigilias y hasta caminatas desde tierras comarcales a propósito de estas medidas del ‘capitalismo salvaje’ en su contra, sin mayor respaldo de quienes hoy le piden ‘cordura’.

Decía el Papa Paulo VI que la paz es fruto de la justicia, entonces, ¿qué cabía esperar si una y otra vez el resto de la sociedad y las autoridades de los últimos dos gobiernos han relegado sus reclamos por justicia social?

Seguramente, los brotes violentos que se observaron en Bocas del Toro tuvieron su principal ingrediente en esa acumulación de la historia reciente; recordemos que se trata de una etnia que ha demostrado más sentido de identidad como nación que buena parte de los que nos decimos panameños.

Contrástese ese sentido de identidad de grupo étnico con la de nuestras autoridades, que con la excusa de ‘oportunidades de negocios en Panamá’ (de lo que no me muestro en desacuerdo) se han enrolado en la iniciativa de ‘darle un reconocimiento merecido al descubridor’ del Océano Pacífico.

Que los españoles y europeos que eran unos perfectos ignorantes de la existencia de este océano lo celebren, es entendible. Pero quien no lo sea, también muestre similar entusiasmo, como se supone lo hace el embajador de Panamá en España, revela no tener sentido de nación, de panameñidad o revela ignorancia histórica.

Sin duda, todavía hay tanta discriminación antiindígena como ignorancia histórica, en una parte —decreciente, espero— de nuestros coterráneos(as).

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Este artículo fue publicado el  19 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Transformaciones curriculares: El fracaso

La opinión del Sociólogo, Consultor en Ambiente, Educación y Salud….

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ROBERTO A. PINNOCK —

Parece que los impulsadores de cambios en materia educacional, insisten (¿por ignorancia?) en soslayar las enseñanzas históricas y hasta bíblicas, al respecto del componente social que garantiza que se lleven a cabo los cambios en la dirección e intensidad correctas.

En los años que siguieron a la segunda guerra mundial, el Banco Mundial representando a las clases sociales de categoría mundial, llegó a la conclusión de que en países subdesarrollados, como el nuestro, la única posibilidad de impulsar con éxito el proceso de modernización capitalista, para lo que había abundantes recursos, era desplazando a las oligarquías terratenientes del poder del Estado, a favor de grupos con mentalidad y práctica netamente modernizadoras. Era esa clase social conservadora el obstáculo político más urgente de franquear en aquella época (aunque aquí parece estar repitiéndose la historia).

En Panamá, en los años sesenta, los liberales modernistas (Samudio, Ardito Barletta y otros que fueron parte de gobiernos liberales) fracasaron en ese intento. Solo el gobierno militar del general Torrijos vino a cumplir con esa tarea, que funcionó solo mientras él estuvo en vida. Es así que se entiende el respaldo de asistencia financiera de parte de representantes de esa clase con intereses globalizadores, como David Rockefeller y otros, hacia este régimen político desde el año 1969. Sin duda, en los años setenta se alcanzó un vertiginoso proceso modernizador, solo negado por quienes fueron desplazados del poder político en aquellos momentos, los sectores oligárquicos.

La moraleja histórica es que un proceso de reformas solo puede ser impulsado y ejecutado con efectividad por quienes son portadores de las nuevas o modernas ideas y comportamientos. Como quien dice, vino nuevo en odres viejos, no funciona.

En el plano educativo, mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre transformación curricular, tanto a nivel de la Universidad de Panamá como del Ministerio de Educación. En ambos casos, se repite el mismo error político de los liberales de los años sesenta, esto es, pretender que las medidas ‘reformadoras’ alcancen resultados exitosos sin que los actores docentes y administrativos se hayan reformado primero; o bien, sin que las transformaciones curriculares tan publicitadas por los medios de prensa sean lideradas por una nueva especie de funcionarios(as) y educadores(as) portadores(as) de una nueva clase de procesos e institucionalidad educativa; de una nueva cultura de la enseñanza—aprendizaje.

Me resulta irónico conocer de primeras fuentes, que docentes que están en el meollo de las carreras y centros escolares en pleno proceso de reformas, sigan enseñando lo mismo que enseñaban antes de tal transformación curricular, con las mismas deficiencias observadas, donde no hay los mencionados ‘cambios’. A menos que se piense que por sí solos el uso de tecnologías audiovisuales e informáticas o el aumento de horas de inglés y matemática, en detrimento de las del área humanística, son sinónimos de superación de los profundos problemas por los que atraviesa nuestra educación en el nivel de media y universidad.

Además, si no se han resuelto los problemas esenciales que nacen en los primeros años de la educación básica (comprensión de lo leído) y no en la media, poco efectivas resultarán esas transformaciones, salvo para derrochar recursos tan escasos en las entidades de educación públicas—oficiales.

Es decir, aún en el caso de que se estuviera interviniendo en el nivel escolar donde se originan los problemas medulares, no hay evidencias científicas de que las reformas las llevan a cabo quienes son agentes naturales de las mismas o por lo menos, han sido previamente ‘reformados’ en la nueva cultura requerida para obtener los efectos necesarios y deseados por la sociedad panameña. A menos que se piense, también equivocadamente, que con cursitos de verano y de ‘perfeccionamiento’ se transforman mentalidades y modos de actuar de los que impartimos clases en los centros educativos. Vino nuevo en odres viejos…

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Este artículo fue publicado el  5 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Mitos sobre el voto estudiantil universitario

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario…

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ROBERTO A. PINNOCK

A raíz del referéndum efectuado recientemente en nuestra Universidad, en el que el estudiantado se volcó mayoritariamente por la NO modificación de la ley universitaria, se han esgrimido ciertos argumentos que en nuestra opinión, con todo el respeto que cabe, son argucias míticas en el debate político, más no la explicación científica de tales resultados. Procuraremos desmitificar algunos de ellos.

Primer mito: El voto NO de los estudiantes es el fruto de la influencia que tuvieron los medios de comunicación de masas sobre ellos.

Este argumento, muy similar al anodino juicio hecho frente a los resultados de las últimas elecciones presidenciales, le otorga una omnipotencia insuperable al papel jugado por los medios de comunicación social, a tal punto que soslaya las condiciones materiales y la experiencia personal y colectiva que envuelven la realidad de la población receptora de tal o cual mensaje.

En este sentido, dicha idea estaría negando lo que la Sociología hace rato demostró científicamente, tal es, que para que un mensaje difundido a través de los medios de prensa, quienes la leen, escuchan o ven, lleguen a creer en él y lo hagan suyo, se requieren condiciones materiales que sean suficientemente coherentes con dicho mensaje.

En el caso de nuestra Universidad, por ejemplo, no dudo que mis estudiantes de la Facultad de Medicina, de Humanidades o de Ciencias Naturales, hubieran asumido una conducta electoral distinta, si no vivieran desde hace algún tiempo carencias institucionales en su experiencia cotidiana, tales como: la falta de adecuada logística y de métodos efectivos para los aprendizajes, así como lo inadecuado de contenidos curriculares que docentes jubilados(as) siguen impartiendo (según me lo plantean los propios alumnos) con el inevitable resultado de divorciarlos de las nuevas realidades socioculturales y laborales, razón suficiente para que evolucione cierto malestar entre el alumnado.

Pero este malestar, no resulta ser un espantajo exclusivo en estas carreras, sino la tónica general en nuestra institución. La campaña por el NO desde los medios de prensa fue coherente con el malestar estudiantil, pero de no haber sido así, esa campaña no hubiera tenido efecto en el comportamiento electoral.

No negamos que algunos medios de prensa le tienen planteada una escaramuza a la actual administración universitaria. Pero esto no contradice que fue el SER (la experiencia cotidiana estudiantil) más que la opinión exterior desde los medios, la que determinó la opción electoral de los alumnos(as) de nuestra primera casa académica del país.

Segundo mito: El voto ponderado le otorga la decisión mayoritaria de las cuestiones universitarias a los que más saben de ella.

Esta forma de pensar antidemocrática, revela la misma actitud elitista de quienes estimaban, hasta los años cuarenta del siglo pasado, que las mujeres no tenían la capacidad de opinar en las decisiones de nuestro país. Son actitudes que divagan entre el desprecio a grupos ‘inferiores’ y el temor a perder escalones de poder (como la comodidad de recibir jugosos salarios, sin temor a sanciones por ser un funcionario incompetente).

¿A quiénes se debe una Universidad? A los estudiantes; esto implica que si el conjunto de ellos y no sus élites, están efectivamente bien atendidos(as) desde el punto de vista de su formación profesional y disciplinar, no cabe esperar que muestren comportamientos electorales propios de ‘cretinos’ en los asuntos universitarios.

Por ende, no habría por qué temerle al voto universal (una persona, un voto).

¿Será que se reconoce que en la Universidad no les facilitamos las herramientas para desarrollar el pensamiento crítico, que los vacuna de cualquier campaña malsana desde los medios de comunicación? ¿Será que hay temor por no poder manipular electoralmente a miles, más sí a algunos cientos (a las dirigencias y sus allegados)?

Sin duda, a los(as) próximos(as) candidatos(as) a la Rectoría, les tocará enfrentar ese tipo de retos desmitificadores.

Quien esté a la altura de estos desafíos, contará con el voto mayoritario.

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Artículo publicado el 22 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Censo: Entre mitos e interrogantes

La opinión del Consultor en Sociología del Ambiente, Educación y Salud. …

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ROBERTO A. PINNOCK

Ha surgido una serie de interpretaciones sobre los acontecimientos acaecidos en torno de los recién terminados censos de población y de viviendas de nuestra República, que apuntan a cuestionar la legitimidad de los resultados. En realidad, las versiones que he escuchado a pocos días de su ejecución no tienen mayor fundamento científico.   Incluida la más ridícula e inverosímil versión de que todos los defectos organizativos fueron producto de la “mano oscura” del PRD y la oposición al gobierno.

Recientemente, se recibió el resultado general de la cuantía de personas que habitamos este país, indicando que ahora somos 3.19 millones de panameños. La cifra inmediatamente me alineó del lado del grupo de personas que señala que tal información generó más interrogantes que aclaraciones.

Una de estas preguntas procede del hecho de que las estimaciones de esta entidad, durante el último decenio, nos hablaban de que al año 2010 en el país habríamos crecido a un tamaño de aproximadamente 3.5 millones de habitantes (D.E.C., Situación demográfica, boletines No. 10 y No.11). ¿Se compadece esta cifra con la producida por los resultados del censo?   Obviamente que no. Casi medio millón de personas de diferencia en nuestro territorio representa no menos de 8% de incompatibilidad, lo que a nuestro entender es para tomar en cuenta.

Ciertamente, las estimaciones solo son eso, pero la aproximación a los resultados reales de las mismas en las últimas décadas permitía su uso confiable.   De lo que se trata es de explicar con fundamento científico a qué se debió este contraste.   Pero cabe advertir, que si las explicaciones van en la vía de reducir la validez que han tenido las estimaciones hechas por la misma institución que realiza los censos, sin duda se estará reduciendo la legitimidad de estas; consecuentemente, vendría el desprestigio y baja confiabilidad de tales cifras. Por tanto, habrá estimaciones y “ estimaciones ”, más no una oficial y confiable, como ya habíamos madurado en esta Patria.

Algunos, dirán que se trata de que no se fue a todos los hogares a censar, a partir de cuanta anécdota se ha esgrimido al respecto, solo válidas para el día del censo. En realidad, esto es poco probable que se dé, dado que el personal técnico corrige esto en los días y hasta meses sucesivos. Pero surge aquí otra interrogante: ¿la organización del censo siguió al pie de la letra el librito que conocemos los investigadores de campo?

Ahora bien, si las estimaciones fueron técnicamente bien elaboradas, pero fallaron desde el punto de vista de la magnitud de la población (asumiendo como correcto el resultado recién anunciado) pudo haberse debido a que alguno de los factores y procesos considerados en ese momento, dejaron de tener significancia posteriormente. ¿Qué factor cambió? ¿Una menor tasa de natalidad?, entonces, ha resultado un mito la proliferación de las embarazadas adolescentes, en las magnitudes que lo afirman quienes se escandalizan de las mismas. ¿Una mayor tasa de mortalidad? Aunque no ha mejorado en los últimos años, sabemos que esta no se ha dado como para detener una tendencia de crecimiento poblacional. ¿Reducción del saldo migratorio? Si esto ha ocurrido, entonces se confirmaría que solo es un mito de carácter xenofóbico la “ masiva ” entrada a Panamá de colombianos(as), venezolanos(as) y dominicanos(as) en la última década.

A fin de cuentas, la legitimidad o no de los resultados pasa por responder científicamente a las interrogantes que se derivan de los propios resultados y no de las anécdotas del proceso censal o de rebuscar conspiraciones de quienes no dudo andan ocupados en otros menesteres. Confío en que las autoridades del INEC, estén en capacidad de responder a satisfacción este tipo de interrogantes.

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Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cultura y ritualismo: a propósito del ayuno cristiano

La opinión del Consultor en Sociología……

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ROBERTO A. PINNOCK

Tanto en Sociología como en la Antropología Social, se sabe que un conjunto de individuos es parte plena de una determinada cultura en la medida en que comparte ideas (creencias, conocimientos, saberes) instituciones (entidades que regulan su comportamiento) y medios o instrumentos útiles a sus quehaceres cotidianos, todos ellos aprendidos socialmente. Pero si solamente se comparten las creencias, pero no las normas prescritas o viceversa, es más probable que estemos frente a un grupo que es parte de otra cultura, por más parecidas que sean entre ellas.

Este es el caso de prácticas religiosas como la que se refiere al ayuno cristiano. Quienes están integrados(as) a esta cultura saben que el valor del ayuno poco tiene que ver con la renuncia a comer carnes y mucho tiene que hacer con conductas que tienden a privar de un tipo de placeres: aquél que pueda conducir a perjuicios de sí mismo o del prójimo (que en cualquiera de los dos casos significaría un rompimiento de su relación con Dios).

En el primer tipo de conducta, se sigue detrás de lo simbólico y no del principio que rige la cultura cristiana, es decir el segundo tipo de conducta. El sociólogo Robert Merton denominaba al primer caso “ conductas ritualistas ”, porque se utilizan los medios o los símbolos, sin que necesariamente se tenga un comportamiento identificado con los principios y valores de la cultura, en este ejemplo, la cristiana.

Esto no debe confundirse con la llamada religiosidad popular, toda vez que aquí se siguen prácticas de la cultura religiosa en sus formas más elementales, casi primitivas de la misma, pero que no implican una negación de los principios y valores, una vez sus practicantes estén adecuadamente educados(as) al respecto. De allí que en el caso de la Iglesia Católica, la religiosidad popular no es objeto de sanción, porque se ve como un escalón inicial dentro del proceso de culturización del cristianismo. El riesgo es que no se supere este nivel.

Cosa diferente es el ritualismo, aquí nos encontramos con confesos(as) seguidores(as) de la doctrina cristiana muy afanosos(as) en la privación de la degustación de carnes, pero que no se privan de darle rienda suelta al rumor o la calumnia en perjuicio de personas y grupos, porque no coinciden con sus “ creencias ” en temas sensitivos como el aborto, la guerra, la sexualidad o el ejercicio de la política.

Los maestros de mis primeros conocimientos teológicos (el difunto monseñor Carlos A. Lewis encabezándolos) calificaban a este tipo de “ fieles ” como “ ateos practicantes ”, o ejercientes modernos del más puro “ fariseísmo ”. Es el caso, de rabiosos(as) opositores(as) al aborto, pero que callan ante variadas formas de genocidios que se han venido llevando a cabo en África, Irak y hasta en Haití antes y después del terremoto, por parte de los más oscuros poderes de la geopolítica norteamericana. O de grupos de homofóbicos(as) que se amordazan ante denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos heterosexuales, aún cuando el propio Papa Benedicto XVI ha planteado tolerancia cero ante estas conductas. Tales ritualistas, definitivamente hacen referencia a un ayuno que se parece al de la cultura judeo cristiana, pero sin serlo en lo esencial. Lo lamentable aquí es que se trata de gente con inconmensurable acceso al poder político, económico y mediático de nuestra sociedad contemporánea.

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Publicado el 22 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Demagogia, ecología y clase política

La opinión de…..

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ROBERTO A. PINNOCK

 

Si algo saltó a relucir en la última contienda electoral fue la ausencia de debates sobre cómo atender, desde las políticas públicas, la crisis ambiental que ya se nos ha asomado al país en los últimos años.

Lo grave en esta evasión del tema no es tanto que a la clase política panameña le preocupe revelar su ignorancia sobre temas ecológicos, sino que en el fondo intuye que el enfrentamiento exitoso de los problemas ambientales pasa por el cambio de una cultura política en la que, actualmente, se siente muy cómoda.     Es decir, le permite hacer buenos negocios desde el manejo de la cosa pública, aunque sea a costa de la destrucción de las condiciones materiales para la vida de quienes habitamos este país.

En otras épocas, este comportamiento podía estar exento de responsabilidad ética (aunque nunca de culpa), por ser fruto del escaso desarrollo científico de temas ecológicos, mas no en nuestros tiempos.

Las ciencias naturales y sociales han difundido en demasía las consecuencias de las acciones humanas domésticas y productivas sobre la naturaleza, al menos lo suficiente para que como sociedad civil seamos sensibles frente a cada medida que tomamos y como clase política tomen las precauciones en cada ley de incentivos que sancionan, en cada permiso de construcción que aprueban y hasta en cada acuerdo de uso de nuestro territorio por empresas y cuerpos militares de otros países.   Recuérdese en esto último que bastante riesgos y perjuicios económicos y en vidas humanas seguimos asumiendo, con las municiones de guerra que EU nos dejó y se ha negado a limpiar.

La realidad es que lo que prima en nuestra clase política es una cultura que, en el mejor de los casos, apuntala la enseñanza del respeto a la naturaleza, como anodinamente intenta el Ministerio de Educación,  pero sin ofrecer ejemplos contundentes en las cuestiones ambientales fundamentales.

¿De qué vale que nuestros docentes enseñen a sus alumnos que no deben ensuciar los ríos, si estos observan que importantes agroindustrias y explotaciones agropecuarias vierten desechos sin mayor sanción de las autoridades, y provocan sedimentaciones perniciosas en los cuerpos de agua, que en el caso de la cuenca del Canal afectan a la más preciada actividad económica del país?

Nuestra clase política se siente cómoda, hablando de su interés por la lucha contra los efectos del cambio climático en los foros nacionales e internacionales, pero sin incurrir ni impulsar políticas públicas que establezcan límites en plazos razonables que tienda a cero el uso de agroquímicos en las explotaciones agrícolas comerciales –ya muchos campesinos nos llevan la delantera en esta verdadera producción limpia– que tienda a cero el uso de transportes que dependan de combustibles fósiles o que tienda a cero el uso de manglares, especialmente si es para la ejecución de “atractivos” negocios turísticos y de bienes raíces.

Ante esta clase política en el ámbito local y nacional, parece que estamos condenados a seguir buscando en otra generación a líderes que revelen un verdadero cambio.

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Publicado el 24 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Opulencia, injusticia social y desastre ambiental, ¡qué trío!

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La opinión del Consultor en Sociología Ambiental…..

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ROBERTO A. PINNOCK

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Desde pequeño mis padres me inculcaron la admiración por la eficiencia mostrada por los norteamericanos en el manejo que hacían de la antigua Zona del Canal.

Ya de adulto, empero, comprobé que no todo lo que hacían era digno de imitar, como por ejemplo aquello del famoso mantenimiento preventivo, en especial cuando se confundía con medidas de gastos en exceso comprando lotes de piezas y equipos que reemplazaban a aquellos que aún estaban en su periodo de vida útil.

Tales acciones expresaban una cultura de opulencia, presentes en ese país aún, en tanto que se usaban recursos como si cuyas fuentes fueran infinitas. A la vez, este tipo de prácticas reflejaba un consumismo (consumo que excede lo ética y socialmente necesario) que presionaba por una demanda de bienes, que a su vez, requerían materias primas y gastos energéticos no suplantados en la naturaleza, aportando a la actual crisis ecológica global.

Aún más, junto a ese pecado ecológico, tal opulencia estaba sustentada en un sistema injusto contra el Estado panameño, toda vez que se priorizaba ese tipo de gastos en no pocas ocasiones superfluo, para que los gastos de los recursos del Canal se equipararan a sus ingresos, de manera que no se diera la imagen de abundancia que pudiera despertar la gula de las clases políticas y empresariales panameñas hacia reclamos por mayores rentas por las operaciones de la entonces Zona del Canal en manos gringas.

Hoy, hemos visto superado ese período gracias a la firma y cumplimiento de los tratados canaleros Torrijos-Carter, pero las prácticas de esa cultura de opulencia sigue impregnada en la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y mientras más elevado de posición en la pirámide socioeconómica y de poder esté situado(a) más oportunidad encuentra para dar rienda suelta a las perversiones de esa cultura de opulencia, que un teólogo católico la llama también “ del exceso ”.

Recientemente, autoridades gubernamentales y algunas poblaciones en Azuero vienen hablando de la construcción de una nueva potabilizadora de agua en un río distinto al que actualmente le sirve de fuente, dado que éste en los últimos años ha resultado contaminado por el derrame de las tinas de oxidación de porquerizas que vierten sus aguas sin control. ¿Habráse visto tamaño homenaje a la degradación ambiental?

Aquí, contaminadores, autoridades y moradores(as) están siendo consecuentes con una práctica social propia de quienes hacen parte de la cultura de la opulencia, que en este caso equivale a decir: “ Permítase contaminar gratis un río, porque hay otros ”. Nadie le pide cuentas a los contaminadores, irónicamente identificados por autoridades y pobladores. A nadie se le ha ocurrido seriamente exigirles un aporte proporcionado para la nueva planta potabilizadora o para el saneamiento del cuerpo de agua contaminado, para no ahuyentar a prestigiosos inversionistas, según dicen algunos. Es preferible sacar los fondos del Erario Público; sí amigo(a) lector(a), ¡de su cartera y de la mía!

Lo cierto es que el comportamiento de unos(as) y otros(as) obedece a una misma cultura, la de la opulencia, que incurre en injusticias sociales y cada vez más desastres ambientales. Solo una cultura alternativa, podría terminar con este matrimonio tripartito.

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Publicado el 20  de noviembre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.