Telepolítica y partidos clientelistas: combinación nefasta

La opinión del Consultor en Sociología…

ROBERTO A. PINNOCK
pinnock2117@yahoo.com

En nuestro medio persiste la peregrina idea de explicar el comportamiento político electoral de los votantes, vinculando el mismo a la influencia ‘malsana’ de los medios de comunicación masivos y particularmente, el televisivo.   No niego que esta relación opera con mucha frecuencia, pero debe reconocerse que los medios de comunicación producen los efectos que se les achaca en la medida que el público esté a merced de ellos. Esto ocurre a menos que se den algunas condiciones para ello. Quiero referirme a dos de ellas.

La primera, es la forma como está configurado el sistema electoral de la institución, región o el país. Por ejemplo, si se trata de elecciones presidencialistas, contienda de diputaciones uninominales, etc., las probabilidades de que el medio televisivo tenga alguna influencia, crecen con respecto a si se trata de elecciones por nóminas, plurinominales o de otra índole.

La razón de esto está vinculada al hecho de poder ‘personalizar’ la contienda, que es un principio ‘sine qua non’ heredado por los propagandistas de la Alemania nazi a la mercadotecnia moderna.

Una segunda condicionante, de mucho más peso explicativo que la anterior, es la configuración—funcionamiento de los partidos políticos. Si un partido es ‘clientelista’, cede en bandeja de oro a los medios televisivos, su capacidad para influir en el votante de sus propias filas. Lo contraproducente resulta cuando el(a) contendor(a) cuenta con más recursos para pagar campañas a su favor.   Y dado que nuestra sociedad opera bajo leyes mercantilistas, quien más dinero tiene para pagarle a los medios televisivos, cuenta con un valor agregado por encima de su oponente para ganarle.

Pero lo decisivo aquí no es tener más o menos dinero para servirse de la telepolítica; lo decisivo es que si un partido es clientelista, sus líderes o sus gamonales, manejarán las acciones partidarias en función de personas y no de programas con contenidos coherentes y fundamentaciones científicas. Lo cual, se convierte en terreno fértil para aplicar el principio de la personalización de la campaña, que es necesaria para que tenga efecto la propaganda televisiva.

Es decir, en la personalización no importan los programas; importa la emoción, la pasión el sentimentalismo que logre incitar el o la candidata en el público y para esto puede bastar incluso una ‘cara bonita’ o un(a) candidato(a) ‘bonachón(a)’, aunque muestre incapacidad para hacer verdaderas propuestas políticas sobre los temas más neurálgicos. Sin duda, esa especie abunda cada vez más en las jefaturas de nuestras instituciones estatales, gracias al trabajo de la telepolítica y al funcionamiento clientelista de los partidos políticos.

Esto explica, por qué un(a) ministro(a) de gobierno obtiene alta aceptación en los sondeos electorales, aún cuando sea el o la más inútil en la conducción de su institución o el más torpe del gabinete en su ejecución presupuestaria.

¿Y cómo se vacuna un partido para que la influencia de la telepolítica no alcance los efectos malsanos en su contra? Muy simple, pero a la vez muy difícil para los partidos aburguesados u oligarquizados: basar su configuración—funcionamiento en las organizaciones de la sociedad civil y no solo en lo territorial. No se trata de tener frentes ‘femeninos’ o ‘indígenas’ u ‘obreros’ ‘per se’. Se trata de plantear sus objetivos en función directa de las expectativas e intereses de cada uno de los sectores sociales y articularlos de cara a un norte que los identifique en un programa.

Pero más que eso es, que en todas y cada una de las estructuras de decisión del partido, cada uno de esos sectores debe tener representación directa. Hoy, los partidos han enviado a la cola a las organizaciones sociales de todo tipo, condicionando su participación a la representación individualizada y territorial más no organizacional. En las representaciones territoriales (corregimiento, distrito, circuito) aunque un(a) obrero(a) o un(a) líder(eza) ambientalista salga electo(a), no puede operar sino territorialmente, diluyéndose su esencia corporativa y política.

Así, un partido basado en las organizaciones de la sociedad civil—y no vinculándose a ellas con un carácter demagógico propio del esquema clientelista— tendrá defensores(as) de oficio y en gran escala, convencidos(as) de que el partido que los(as) representa, efectivamente tiene la capacidad para cumplir con sus promesas, porque estas organizaciones estarían representadas directamente en las estructuras que deciden; no le dejan ese mandado a ‘líderes carismáticos’, o a las ‘caras telegénicas’ del partido que se trate.

Desde hace por lo menos 18 años, cuando el PRD desmontó su relación con los sectores sociales, no tengo conocimiento de ningún partido que haya participado en las últimas cuatro elecciones presidenciales vacunado de las veleidades del clientelismo.  Pero desde hace esa misma cantidad de tiempo, la telepolítica ha logrado sus efectos devastadores en nuestros torneos electorales.

 

Este artículo se publicó el  7  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Educación: oposicionismo político y efecto búmeran

La opinión del Sociólogo, Consultor  y Docente Universitario….

ROBERTO A. PINNOCK
pinnock2117@gmail.com

El búmeran es un arma que se caracteriza por su capacidad para retornar al punto de quien lo lanza. En conductas sociales, nos encontramos con un fenómeno que resulta ser análogo, esto es, la capacidad para ejecutar o promover comportamientos en otras personas o grupos, que en algún momento posterior se revierten contra quien las promovió inicialmente.

Es frecuente la existencia de actores(as) políticos(as) que han sufrido y siguen sufriendo de esa enfermedad tan común, tal es, el ‘oposicionismo’. La misma, la entendemos como: conducta de individuos o grupos que asumen posiciones adversas a los que ejercen un poder determinado, cuando no se participa de este, aún cuando aquella conducta que se dice adversar sería la misma en la que incurrirían si llegasen a ejercer ese poder.

Esto es así, en virtud de que el oposicionista, al querer asumir un estatus de poder a toda costa, termina contribuyendo a la creación (o al reforzamiento) de su propio impedimento para gobernar eficientemente y con ello, no solo se ve atrapado en lo que criticó, sino que disminuye las probabilidades de darle continuidad a su gestión política o la de su grupo.

Por el año 1979, hubo un movimiento magisterial centrado en lo reivindicativo corporativo; pero que los oposicionistas, (insertados en gremios empresariales, profesionales y hasta en mi propia Iglesia), con tal de oponerse a la gestión gubernamental de la época, trastocaron la reivindicación gremial convirtiéndola en un movimiento de contenido ideológico ‘antirreforma educativa’. Consecuentemente, fomentaron un estilo de lucha ‘oposicionista’ en los gremios docentes, que quedó como estilo permanente hasta hoy.   El efecto búmeran: buena parte de esos oposicionistas están gobernando y además, de una forma tal que revela cierto desprecio hacia los gremios y ese estilo oposicionista que promovieron en ellos, con lo cual, se ven enfrentados a lo que fomentaron hace 32 años, sin visos de solución para el sector educativo.

En ese ámbito, también hemos sido testigos de que desde finales de la década de 1990, con cada vez más intensidad, las autoridades políticas del ramo —con la excepción meritoria de los ministros Alarcón (q.e.p.d.), Mata, Bernal y Castro— han exacerbado la desarmonía entre el estamento docente y el de padres de familia, con tal de tener en estos últimos a un ‘aliado’ político en sus escaramuzas frente a los gremios magisteriales.   El efecto búmeran: la comunidad educativa, que es el principal instrumento de gestión capaz de hacer viable una verdadera transformación curricular, ha sido prácticamente despedazado al romper la cohesión social entre padres de familia—docentes—administrativos, sin mencionar en este tema al estamento estudiantil. De allí que las sucesivas propuestas de una transformación educativa, al chocar con esta realidad (buscada) no pasan de lo accesorio y cosmético.

Así, aunque haya quienes no quieran aceptarlo —por intereses personales o por razones emotivas contra los dirigentes—, no cabe duda de que los gremios tienen la razón, cuando señalan que no hay a la fecha ninguna transformación efectiva del sistema escolar panameño.

Entre los argumentos de la última campaña electoral de los actuales gobernantes, se llegó a satirizar el déficit en reparaciones de las infraestructuras escolares, falta de equipo y condiciones del trabajo docente, contrataciones directas, entre otros hechos.   Efecto búmeran: se ha incurrido en muchas más contrataciones directas que las que el gobierno anterior hizo en periodo similar. Se hizo oposicionismo, sin examinar las condiciones que llevan a utilizar o no tales medidas. Hoy las autoridades sufren en carne propia lo que reprocharon.

Pero en lo demás, la realidad no ha sido distinta. Lo que sí ha sido distinto es, que en el gobierno del señor Torrijos y en el de la señora Moscoso, las empresas más poderosas de medios de comunicación fueron muy incisivas en ‘revelar’ las precariedades de los planteles.   En la actualidad, el trato dado por esos medios ha sido muchísimo más amigable y comprensivo con la autoridad del ramo, a tal punto que, se ha construido un imaginario público benigno en ese tema, sin haber superado la realidad puesta en evidencia desde el 2003. Internamente, el efecto búmeran está operando sistemáticamente. Lastimosamente, lo más probable es que se le seguirá echando la culpa de la ingobernabilidad educativa a los docentes.

 

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<> Este artículo se publicó el 22 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Embarazos escolares y la doble moral discriminadora

La opinión del Consultor en Psicología….

ROBERTO A. PINNOCK

He obtenido información fresca de las tentativas por modificar la Ley 29, concerniente a la protección de las menores embarazadas, para someterlas nuevamente a una de las formas de discriminación supuestamente superadas desde la última década.

Efectivamente, no es otra cosa lo que resulta cuando se insiste en excluir de los centros escolares a las adolescentes que se embarazan, especialmente cuando aún no han salido de la tutela de sus hogares de origen o peor, cuando están desprovistas de toda protección por razón de abandonos, orfandad u otra condición similar.

Lo trágico de este asunto, es que entre quienes adversan este derecho adquirido por las mujeres adolescentes para poder salir del círculo de la pobreza, están las propias mujeres.   Nada más hay que ver quién es la autoridad gubernamental que está propiciando un retroceso histórico en esta materia y quiénes son las que se preparan para hacerle el coro a tal intentona.

Ciertamente, estas personas portadoras de una doble moral, no entienden (o no les conviene entender) que impedirle a una adolescente que se embaraza la continuidad de sus estudios, significa condenarla a permanecer en la condición de pobreza original, porque una vez excluida de su trayectoria escolar difícilmente vuelve a ella a corto plazo y cuando ocurre, se reinserta en una trayectoria que la inhabilita para alcanzar carreras productivas y mejor remuneradas.

He escuchado decir que el fenómeno de los embarazos en las menores crece cada día.   En más de una conferencia, hemos tenido que demostrar datos en mano, que en los últimos 40 años la fecundidad en este tramo de edad no solo ha sido la más baja, sino la de la disminución más pronunciada en sus tasas.

Por cierto, la última Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva llevada a cabo por el Instituto Conmemorativo Gorgas nos vuelve a dar la razón en esta afirmación, toda vez que registró con una amplia muestra de mujeres a nivel nacional que el ‘19.8% de las mujeres de 15—19 años son madres o están embarazadas’ (ICGES, 2010:4)   Lo cual, si se compara con lo ocurrido hace por lo menos un lustro cuando se hablaba de que un 22% de las mujeres de estas edades estaban en esas mismas condiciones, habrá que inventar otra excusa para ‘desestimular’ los embarazos, particularmente en las estudiantes del subsector oficial, que es donde va la mayor parte de las hijas de las vecinas de estratos pobres y de extrema pobreza. No nos refiramos a las de colegios particulares, porque ya sabemos que en muchos de estos ‘prestigiosos’ centros escolares esos fenómenos lo resuelven de otras formas ocultas.

Otro argumento manipulador de este asunto es el relativo a que las embarazadas que están en los centros escolares ‘contagian’ al resto de las no embarazadas incitándolas a tener vida sexual activa.   Se sabe, empero, gracias a varios estudios efectuados en el último quinquenio, por parte del MINSA, de Organismos no gubernamentales y hasta del MEDUCA (que hoy anda dando los peores pasos para el enfrentamiento de las problemáticas de sexualidad, violencia escolar y desarrollo humano de nuestra población estudiantil) que las prácticas sexuales genitales en esta población es mucho más frecuente de lo que se quiere admitir y el embarazo es visto con menos morbosidad por las y los compañeros, que lo que lo hacen las poblaciones ‘adultas’ de las comunidades educativas.

La experiencia de un colegio oficial que llevaba a cabo un programa apoyado por las escuelas de Psicología y de Sociología de la Universidad de Panamá, donde se formó a las propias chicas embarazadas para que sirvieran de monitoras ante compañeras no embarazadas, resultó en la reducción significativa de embarazos escolares entre los años 2005—2008; es decir, no los hizo proliferar, sino todo lo contrario. Lastimosamente, el programa se descontinuó. Pero el experimento, sin duda derrumba aquella idea pseudomoralista relativa al fenómeno del ‘contagio’ y el ‘mal ejemplo’ que dan las embarazadas hacia sus pares en sus centros escolares.

Sin duda, las autoridades educativas están revelando la mayor incapacidad ante este tipo de problemáticas y les resulta más fácil lo que empeora estos asuntos, o sea, pretender ocultarlos, aunque cueste elevar la discriminación contra las hijas de nuestras vecinas de sectores pobres, impidiendo que salgan del círculo de la pobreza.

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<> Este artículo se publicó el 25 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/pinnock-roberto-a/

Colombia: ¿Mejores augurios para los paisas?

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

ROBERTO  A.  PINNOCK

Luego de escuchar el discurso de toma de posesión del nuevo presidente de la República de Colombia, deseo referirme a uno de los puntos de su propuesta de gobierno que pudiesen tener implicaciones para nuestro país.

Este es el concerniente a la inusitada migración de hermanos de ese país hacia otros sitios, entre ellos el nuestro.   Con lo de la famosa ‘feria’ de la Dirección de Migración hace un par de semanas, fue fácil confirmar lo que muchos ya sabíamos: Que los latinoamericanos que más han emigrado a Panamá en los últimos 10 años son los colombianos.

Pues bien, el señor Santos, prometió implantar una serie de mecanismos institucionales destinados a hacer ‘retornar a sus parcelas a los desplazados y víctimas de la violencia’.   Ciertamente, buena parte de las migraciones internacionales de colombianos obedecen a la crítica desigualdad socioeconómica agravada con el gobierno del señor Uribe y otro tanto por los desplazamientos provocados en áreas rurales. Por un lado, por lo que indica la CEPAL, al inicio de su presidencia, en 2002, Colombia era el cuarto país más desigual de América, hoy es el primero.

Por otro lado, se sabe que más de tres millones de personas son desplazadas: Los paramilitares y los caciques regionales, que hicieron parte del engranaje del Uribismo, les arrebataron más de cinco millones de hectáreas de tierras; por cierto, no en cualquier tierra, sino en sitios altamente productivos y con potencial para la minería que se muestra en alza en ese país.

A una porción de esos desplazados los podemos encontrar no solo en Darién, sino también en áreas pobres de San Miguelito, en Curundú o en Arraiján.   Ahora bien, nos asoman interrogantes obligadas en este asunto:   ¿Hasta dónde llegará esta intensión del presidente Santos?   En caso que tome acciones, ¿lo hará manteniendo la impunidad y el terrorismo de Estado que caracterizó al gobierno de su antecesor Álvaro Uribe?

Me explico. Ya a estas alturas es inocultable (al menos para el pueblo de ese país) que la famosa política de ‘seguridad democrática’ del señor Uribe estaba basada en la desaparición de cuanto activista que fuera defensor(a) de los derechos humanos se alzara como disidencia a su régimen, tanto como campesinos con tierras atractivas para el enriquecimiento, cual ‘asesino Bill’ acá en Bocas del Toro.

No por azar, Colombia posee las cifras más elevadas de América Latina respecto de dirigentes sindicales ‘desaparecidos’. Las mismas son parte de la enorme cuantía de desaparecidos del periodo Uribe. La Fiscalía General de la Nación recién emprendió un censo nacional sobre cadáveres enterrados como ‘NN’ (sin nombre) a lo largo de todo el país, con el fin de cruzarlos con los 32348 desaparecidos que tiene registrados la Unidad de Justicia y Paz. Una cifra superior a la suma de los desaparecidos en todas las dictaduras de América Latina.

Gran parte de estos muertos sin nombre ya habían sido confesados como víctimas de masacres por los jefes paramilitares que se han acogido a sentencias benignas (no más de ocho años de cárcel) por confesar sus acciones. Al menos 1700 de las víctimas son ‘falsos positivos’:   jóvenes asesinados y presentados luego como guerrilleros muertos en combate.

Como quien dice, el general Noriega no es más que un bebé de pecho al lado de estas horrendas masacres; pero no he visto el más mínimo pronunciamiento de los medios internacionales ni locales de Estados Unidos, ni de quienes le hacen eco en nuestros países al respecto de estas realidades.

Así, si el nuevo presidente está dispuesto a no ignorar las razones de los desplazamientos que dice querer revertir, esto es, no dejar en la impunidad a sus autores y regresarle las tierras a los campesinos de los que hoy se benefician los mismos del equipo uribista, entonces ¡reciba nuestras congratulaciones desde ya! Las razones de la excesiva migración de nuestros(as) hermanos(as) colombianos(as) se reducirían sensiblemente y por ende, sus odiseas en países como el nuestro.

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Este artículo fue publicado el  17 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Ley 30 vs libertad del trabajador

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

ROBERTO  A.  PINNOCK

Si hay algo que los dirigentes sindicales y gremiales parecen no haber sabido explicar en los medios de prensa a su alcance con la profundidad del caso, ha sido el porqué de su rechazo a los artículos 12,13 y 14 de la conocida ‘Ley Chorizo’.

Ante tal deficiencia, los voceros gubernamentales se han instalado en la discusión de las cotizaciones a sindicatos y han sabido difundir la imagen que tal rechazo obedece a un ‘modus vivendi’ parasitario de los líderes sindicales con base en las cuotas de sus agremiados.

Es más, han vendido la idea de que se trata de una especie de favor que le hacen a los trabajadores otorgándoles la ‘libertad’ de decidir si quieren o no pertenecer (cotizar) a un sindicato.

Parece que los propios voceros sindicales han olvidado, unos y no quieren reconocer por razones de su infantilismo de izquierda, otros, la razón que introdujo esta figura de la cotización obligatoria en el código de trabajo de 1972, a saber: La asimetría de poderes para negociar acuerdos dignos entre las partes laboral y patronal.

Antes de ésta fecha, la práctica usual era que ésta última le imponía sus términos leoninos —bajísimos salarios, ninguna estabilidad, ninguna garantía de condiciones de trabajo dignas— a la parte laboral, dada la debilidad de la autonomía de las organizaciones que los representaban —en el afortunado caso en que esta existiera en una empresa cuyo sostén importantísimo eran los fondos para sostener una huelga, en el escenario de que fuera necesario ejecutarla.

Contrario a lo que los sectores empresariales ideológicamente más atrasados del país siempre han afirmado, los conflictos obrero—patronales que implicaban grandes reyertas, carcelazos, bayonetazos, uso de armas de fuego, etc., se redujeron sensiblemente.   Basta recordar los grandes conflictos en las propias zonas bananeras, en los ingenios azucareros, para no mencionar la lista extensa anterior a los años setenta.

En realidad, permitirle a las organizaciones que representan la parte laboral que cuenten con recursos financieros —donde la cuota es prácticamente la única fuente con la que cuentan— es equivalente a permitirle a los(as) trabajadores(as) tener autonomía a la hora de negociar cada cierto tiempo una convención colectiva. Es allí cuando requieren conservar su libertad y dejar de aportar es sinónimo de perder esa autonomía reduciendo su capacidad de pactar mejores condiciones de trabajo, un salario y trato más dignos, especialmente en las empresas que aún están lejos de asumir una verdadera Responsabilidad Social Corporativa.

Además y de esto hay múltiples evidencias, el empleador se encarga de condicionar la contratación de un(a) trabajador(a) a la ‘decisión autónoma’ de no querer pertenecer a un sindicato, no cotizando al mismo. ¿Cuál trabajador(a) necesitado(a) de un empleo se opondrá a esta condicionante patronal?

La supuesta libertad para decidir si se aporta o no a una organización laboral, resulta un espejismo para los(as) trabajador(es), quienes pierden mucho más si están aislados de una organización que los represente.

Si a esto le sumamos el artículo de la Ley 30 dirigido a quitarle toda fuerza a las huelgas, permitiendo que no se paralicen las faenas, a pesar del ejercicio de ese derecho universal, concluimos que estas medidas son absolutamente contrarias a un sistema auténticamente democrático.

Tales escenarios que exigen una opción preferencial hacia los pobres, en este caso trabajadores(as), son los que visualizó hace más de un siglo el Papa León XIII —para nada izquierdista ni cosa parecida— quien a la sazón declaró que:  ‘La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública, la clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Éste deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida’. (Encíclica Rerum novarum, 29)

Lo actuado por el gobierno actual, niega rotundamente este principio cristiano, en tanto que desprotege a la ‘clase humilde’ —como las llamó este pontífice católico—, otorgando más poder a quien ya lo posee.

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Este artículo fue publicado el  26 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

¿Racismos anti indígenas o ignorancia histórica?

La opinión del Sociólogo y Docente Universitario….

ROBERTO A. PINNOCK

A raíz de las sublevaciones lamentables ocurridas en Bocas del Toro recientemente, se ha emitido una serie de aseveraciones de gente que, saliendo en defensa de las acciones gubernamentales, pretenden descalificar a los principales actores de esas protestas: las poblaciones naso—teribes y Ngäbe—Buglé.

He escudriñado en tales interpretaciones esgrimidas por esas personas, argumentos científicos o al menos críticos, que sustentasen sus apreciaciones y la verdad es que solo me llevó a la conclusión de que se trata de gente que revelan o un racismo antiindígena o una crasa ignorancia de orden histórico.

Decir, por ejemplo, que los indígenas fueron meros instrumentos manipulados por la dirigencia sindical para que realizaran actos de protestas, indica que quienes lo afirman parten de la idea de que nuestros grupos originarios en Bocas del Toro no tienen razones propias por las cuales protestar;   además, que son unos rotundos ignorantes que resultan ser fácilmente manipulables por sus dirigentes.

Históricamente, nuestros indígenas del occidente del país han sido los grupos menos manipulables por líderes de cualquier denominación.   Otra cosa ha sido que en su carácter de excluidos sociales y culturales, no les ha tocado más que someterse a los juegos de los poderosos locales y extranjeros, como fórmula para sobrevivir.

Nuestros aborígenes se han comportado con más sabiduría popular que el conjunto de los no indígenas de este país. Aún cuando muchos son todavía iletrados —según una lengua no tan nuestra como el español— y de pocos estudios —que para muchos no indígenas solo sirve para delinquir con más ‘técnica y profesionalismo’— han escrito múltiples capítulos en nuestra historia que niegan ese estereotipo negativo.

He sido testigo varias veces de cómo se han frustrado candidatos de unos y otros bandos a puestos de elección popular, que creyeron haberlos sometido a la manipulación de sus campañas clientelistas, obteniendo resultados adversos de los y las votantes indígenas. Tal conducta política (de ‘animales ingratos’ le escuché decir a uno de esos políticos) en realidad da cuenta de que dichos(as) votantes actuaron con criterio colectivo propio.

Esta misma población actuó en las últimas elecciones nacionales con un criterio colectivo mucho más sabio que el del común de los mestizos del país: manifestaron por adelantado que serían objeto de desalojos de sus propias propiedades territoriales por quienes precisamente han venido impulsando la clase de proyectos que deterioran poblaciones y sus medios biofísicos. ¡Y vaya que no se equivocaron!

Estos pueblos se han pronunciado en los últimos años a través de comunicados públicos, vigilias y hasta caminatas desde tierras comarcales a propósito de estas medidas del ‘capitalismo salvaje’ en su contra, sin mayor respaldo de quienes hoy le piden ‘cordura’.

Decía el Papa Paulo VI que la paz es fruto de la justicia, entonces, ¿qué cabía esperar si una y otra vez el resto de la sociedad y las autoridades de los últimos dos gobiernos han relegado sus reclamos por justicia social?

Seguramente, los brotes violentos que se observaron en Bocas del Toro tuvieron su principal ingrediente en esa acumulación de la historia reciente; recordemos que se trata de una etnia que ha demostrado más sentido de identidad como nación que buena parte de los que nos decimos panameños.

Contrástese ese sentido de identidad de grupo étnico con la de nuestras autoridades, que con la excusa de ‘oportunidades de negocios en Panamá’ (de lo que no me muestro en desacuerdo) se han enrolado en la iniciativa de ‘darle un reconocimiento merecido al descubridor’ del Océano Pacífico.

Que los españoles y europeos que eran unos perfectos ignorantes de la existencia de este océano lo celebren, es entendible. Pero quien no lo sea, también muestre similar entusiasmo, como se supone lo hace el embajador de Panamá en España, revela no tener sentido de nación, de panameñidad o revela ignorancia histórica.

Sin duda, todavía hay tanta discriminación antiindígena como ignorancia histórica, en una parte —decreciente, espero— de nuestros coterráneos(as).

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Este artículo fue publicado el  19 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Transformaciones curriculares: El fracaso

La opinión del Sociólogo, Consultor en Ambiente, Educación y Salud….

ROBERTO A. PINNOCK

Parece que los impulsadores de cambios en materia educacional, insisten (¿por ignorancia?) en soslayar las enseñanzas históricas y hasta bíblicas, al respecto del componente social que garantiza que se lleven a cabo los cambios en la dirección e intensidad correctas.

En los años que siguieron a la segunda guerra mundial, el Banco Mundial representando a las clases sociales de categoría mundial, llegó a la conclusión de que en países subdesarrollados, como el nuestro, la única posibilidad de impulsar con éxito el proceso de modernización capitalista, para lo que había abundantes recursos, era desplazando a las oligarquías terratenientes del poder del Estado, a favor de grupos con mentalidad y práctica netamente modernizadoras. Era esa clase social conservadora el obstáculo político más urgente de franquear en aquella época (aunque aquí parece estar repitiéndose la historia).

En Panamá, en los años sesenta, los liberales modernistas (Samudio, Ardito Barletta y otros que fueron parte de gobiernos liberales) fracasaron en ese intento. Solo el gobierno militar del general Torrijos vino a cumplir con esa tarea, que funcionó solo mientras él estuvo en vida. Es así que se entiende el respaldo de asistencia financiera de parte de representantes de esa clase con intereses globalizadores, como David Rockefeller y otros, hacia este régimen político desde el año 1969. Sin duda, en los años setenta se alcanzó un vertiginoso proceso modernizador, solo negado por quienes fueron desplazados del poder político en aquellos momentos, los sectores oligárquicos.

La moraleja histórica es que un proceso de reformas solo puede ser impulsado y ejecutado con efectividad por quienes son portadores de las nuevas o modernas ideas y comportamientos. Como quien dice, vino nuevo en odres viejos, no funciona.

En el plano educativo, mucho se ha hablado en los últimos tiempos sobre transformación curricular, tanto a nivel de la Universidad de Panamá como del Ministerio de Educación. En ambos casos, se repite el mismo error político de los liberales de los años sesenta, esto es, pretender que las medidas ‘reformadoras’ alcancen resultados exitosos sin que los actores docentes y administrativos se hayan reformado primero; o bien, sin que las transformaciones curriculares tan publicitadas por los medios de prensa sean lideradas por una nueva especie de funcionarios(as) y educadores(as) portadores(as) de una nueva clase de procesos e institucionalidad educativa; de una nueva cultura de la enseñanza—aprendizaje.

Me resulta irónico conocer de primeras fuentes, que docentes que están en el meollo de las carreras y centros escolares en pleno proceso de reformas, sigan enseñando lo mismo que enseñaban antes de tal transformación curricular, con las mismas deficiencias observadas, donde no hay los mencionados ‘cambios’. A menos que se piense que por sí solos el uso de tecnologías audiovisuales e informáticas o el aumento de horas de inglés y matemática, en detrimento de las del área humanística, son sinónimos de superación de los profundos problemas por los que atraviesa nuestra educación en el nivel de media y universidad.

Además, si no se han resuelto los problemas esenciales que nacen en los primeros años de la educación básica (comprensión de lo leído) y no en la media, poco efectivas resultarán esas transformaciones, salvo para derrochar recursos tan escasos en las entidades de educación públicas—oficiales.

Es decir, aún en el caso de que se estuviera interviniendo en el nivel escolar donde se originan los problemas medulares, no hay evidencias científicas de que las reformas las llevan a cabo quienes son agentes naturales de las mismas o por lo menos, han sido previamente ‘reformados’ en la nueva cultura requerida para obtener los efectos necesarios y deseados por la sociedad panameña. A menos que se piense, también equivocadamente, que con cursitos de verano y de ‘perfeccionamiento’ se transforman mentalidades y modos de actuar de los que impartimos clases en los centros educativos. Vino nuevo en odres viejos…

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Este artículo fue publicado el  5 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.