Preaviso: ¿Salario adelantado?

La opinión del Abogado y Ex Director General de Trabajo…

Franklin Delgado

wwwpmalawyer.com

Para gran parte de los gerentes, inversionistas y propietarios, la Ley laboral panameña es una cuestión nada clara, muy por el contrario les parece una cuestión de suerte y azar.   Esta lotería, según muchos, se compone de dos elementos trascendentales recurrentes; la astucia del jefe de recursos humanos y/o lo buena gente del empleado.   Créanme que esta percepción, flaco favor le hace a un clima de inversiones que el país necesita.

La Ley laboral debe ser importante para cualquiera que pretenda tener éxito en los negocios en Panamá. No basta con contratar a todo un departamento de recursos humanos, usted debe conocer los principios básicos de la materia, principalmente los que inciden en el ROI y las ganancias.

No hace falta convertirse en un magistrado, sólo que sepa lo necesario, para que realice mejores decisiones que maximicen sus recursos, sin vulnerar la Ley.   De esta forma usted, no caerá en abruptos que dejan muy mal parada a su organización.

Uno de los errores más frecuentes de los gerentes y dueños de negocios, es creer que el preaviso es un mes de adelanto, el cual se debe pagar a un colaborador, a lo hora de su liquidación, sin siquiera trabajarlo.   En realidad, no es así, sí así como lo ha leído. Resulta que esta figura fue instaurada para que el trabajador tenga un tiempo prudencial para preparar su salida de la empresa. En este sentido, éste deberá ser comunicado del cese de funciones con dos quincenas antes a su separación, sin embargo continúa laborando en su misma posición o análoga hasta llegado el día anunciado, en el cual recibirá sus prestaciones.

Usted se preguntará, ¿De dónde viene entonces, la creencia popularmente aceptada? En parte del ego y del temor a la venganza. Así como se escucha, el ego por parte de los empleadores cuando afirman: “No lo quiero ver más en la oficina” o   “Se me va, de inmediato”.   Por otro lado, el temor a la venganza por parte del trabajador, que al mantenerse en la empresa por espacio de un mes más, podría maquilar la más dulce venganza en contra de la empresa, a la cual dedico tanto esfuerzo. Estas dos situaciones podrían darse, si este es el caso, sin lugar a dudas, el preaviso deberá pagarse integro por adelantado, más debemos convertir esta situación en la regla dado que no es más que una excepción.

Conociendo un poco más del tema, profundice en su Código de Trabajo y tome las mejores decisiones a fin de no malgastar recursos de su organización, que la Ley no le ha ordenado a pagar por adelantado.

 

<>Artículo publicado el  3 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Vulnerados derechos humanos en Panamá

La opinión del Secretario General de CONUSI –  FRENADESO….

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

La celebración del 10 de diciembre como Día Internacional de los Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950. Ese Día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. El concepto de Derechos Humanos hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política. Estos se rigen por los principios de universalidad e inalienabilidad; interdependencia e indivisibilidad; igualdad y no discriminación.

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos.

Debemos recordar, que la clase obrera mundial sometida a pésimas condiciones de vida impulsó la lucha para que la noción burguesa de los derechos humanos (individualismo filosófico y liberalismo económico), fueran superadas. Estas luchas articularon las demandas de la clase obrera en forma de nuevos derechos que pretendían dar solución a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado, como la garantía del derecho de huelga, condiciones mínimas de trabajo o la prohibición del trabajo infantil.

Demandas conquistadas con la generosa sangre de los mártires de la clase obrera, hoy los gobiernos pretenden conculcarla, a fin de garantizar a los dueños de los medios de producción, sus máximas ganancias.

En Panamá con la política económica neoliberal que se impone desde 1979, se vienen violentando los derechos humanos y laborales: el derecho a organizarse libremente; el derecho a un salario que propenda a la vida digna; los procesos legales en materia laboral dan cuenta de cómo, cada vez más de manera creciente, los fallos violan el precepto del principio de favorecer a la parte más vulnerable y favorecen la llamada ‘seguridad jurídica de las empresas’.

Actualmente, Martinelli, a través de Alma Cortés (ministra de Trabajo), ha intentado por diversas vías retrotraer el proceso de trabajo a la esclavitud.   Los planes aviesos del Gobierno de imponer a nivel nacional la conculcación del derecho a huelga, la eliminación del día domingo como día de descanso obligatorio, nuevos cálculos para el pago de las horas extras y los sobretiempos en perjuicio de los trabajadores, reduciendo con ello los salarios e imponiendo interminables jornadas de trabajo, violando además el derecho de sindicación, encontraron su máxima expresión a través de la Ley Chorizo (Ley 30), donde a sangre y fuego pretendieron arrebatar a la clase obrera sus legítimas conquistas.

La decisión del pueblo en las calles logró revertir los apetitos voraces de los sectores de poder económico y su mafiocracia, restituyendo los derechos laborales: se recuperó el derecho a huelga, se ha hecho valer la cuota sindical, se reconoce el derecho de los trabajadores de celebrar convenios colectivos y se avanzó en el respeto a la libertad sindical, todos estos aspectos que se vulneraban con la Ley 30.

La Declaración de los Derechos Humanos y su conceptualización integral, fue el resultado de la lucha que emprendieron las masas oprimidas contra la vorágine del capitalismo. Que se cumpla con estos preceptos, demanda de las actuales generaciones capacidad de organización y movilización, que permita defender nuestros derechos individuales y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

La falta de credibilidad y de confianza en las instituciones públicas, que supuestamente debieran defender, proteger y sustentar al sector más pobre de la población es total. Frente a ello, Frenadeso ha llamado a organizarnos, a crear un instrumento político, a crear nuestra propia alternativa que garantice el respeto al derecho a una vida digna.

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<> Este artículo se publicó el 19  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Ex portuarios: 14 años de viacrucis

La opinión del Periodista…

 


ANTONIO GRAELL FLORES
agraell@hotmail.com

El 15 de diciembre de 1996, miles de trabajadores de la desaparecida Autoridad Portuaria Nacional, hoy Autoridad Marítima de Panamá, fueron afectados por la privatización entre el Estado y la Sociedad Panamá Ports Co., S.A.

Desde entonces se inició el viacrucis de estos ex trabajadores para el pago por daños y perjuicios, salarios caídos, saldo a pagar, vacaciones proporcionales, prima de antigüedad, décimo tercer mes e indemnizaciones.

Cabe destacar que los daños y perjuicios no es solo para con los ex portuarios, sino que existe una lesión patrimonial con el Estado panameño, al violar el numeral primero del artículo 255 de la Constitución de la República de Panamá, que, de manera imperativa, expresa que los puertos y otros bienes del Estado panameño son de aprovechamiento libre y común y… ‘no pueden ser objeto de apropiación privada’.

No podemos soslayar el hecho de que mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia, fechada el 13 de junio de 2008, mediante la Ley Nº 12 de 5 de mayo de 2006, y mediante la Ley Nº 44 de 15 de mayo de 2003, el Estado y la Sociedad Panamá Ports Co., S.A., son solidariamente responsables, desde toda perspectiva jurídica, por los daños y perjuicios que le han causado a los ex trabajadores, tras la nefasta actitud de no cumplir con los requisitos sustanciales y fundamentales consagrados en el procedimiento de privatización, tal como lo establece la Ley Nº 16 de 14 de julio de 1992, también conocida como la ‘Ley Marco de Privatización’.

A pesar de que los ex trabajadores portuarios presentaron formalmente el pasado 6 de octubre de 2010, una solicitud a la Autoridad Marítima de Panamá para que instruyera a la Sociedad Panamá Ports Co., S.A. a realizar los pagos correspondientes, a la fecha, la Autoridad Marítima de Panamá no ha expedido las instrucciones a dicha sociedad privada.

Es nuestro deber recordarle al administrador de la AMP que, de conformidad al artículo 18 de nuestra Carta Magna, los funcionarios públicos están en la obligación de observar el principio de estricta legalidad y darle curso a los escritos de las partes interesadas, de acuerdo con lo que procede en Derecho.

En este sentido, existe una mora negligente por parte del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, al no darle el trámite debido a la solicitud de los ex trabajadores de los puertos de Panamá y Cristóbal, presentada el 6 de octubre pasado.

En este viacrucis que han tenido que recorrer estos ex trabajadores portuarios, muchos han fallecido en el camino, otros apenas pueden arrastrar los pies, ¡pero su sed y hambre de justicia los mantienen de pie!

 

<> Este artículo se publicó el 16 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Inmigración y sociedad

La opinión de…

 

José A. Claus G.

En una economía perfectamente capitalista se puede promover la liberalización de la inmigración, pero en el mundo real en el que vivimos la inmigración indiscriminada distorsiona el mercado laboral. La constante quejadera de los gremios empresariales de que hace falta mano de obra calificada no tiene sentido, cuando vemos que los ingresos familiares están muy por debajo de lo que cuesta la vida en Panamá. Los auges económicos tienen vidas cortas y son seguidos por recesiones, por esta razón se tiene que permitir que el ciudadano común también tenga la oportunidad de ofertar sus servicios, sin temor a que vayan a importar mano de obra extranjera. La única manera en que se verá un alza generalizada de los salarios en Panamá, será cuando verdaderamente se proteja al panameño de la competencia desleal de los inmigrantes.

Hay los que proponen la liberalización de las restricciones a la inmigración, basada en las teorías de mercado libre, pero no explican cómo es que el empleado común en Panamá sigue percibiendo salarios de pobre. Los países capitalistas desarrollados tienen restricciones fuertes a la inmigración, sin embargo, en Panamá estamos inundados de extranjeros. Me parece que cada país tiene, ante todo, que hacer todo lo posible para que sus ciudadanos logren tener salarios dignos, antes de abrirle las puertas a extranjeros de países fracasados.

Son contadas las empresas que necesitan personal tan especializado que tienen que importar mano de obra extranjera, y la legislación panameña prevé estos casos. El ejemplo más visible es el Canal de Panamá. En menos de 20 años se reemplazó a miles de trabajadores ultra-especializados norteamericanos con panameños. Hoy día, vemos que en el Canal siempre se está pidiendo que los panameños hagamos más con menos.

La Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá heredó una legislación que obliga a la administración a negociar con los empleados, cuando se le pide más productividad. Por lo que he observado, cuando por fin se logra hacer a un lado la naturaleza envidiosa del ser humano, llegamos a acuerdos que siempre benefician a la empresa, muchas veces más que a los empleados. Esto es lo que se tiene que practicar en Panamá, no tomar el camino más fácil de importar mano de obra de países fracasados.

Mucho cuidado, gremios empresariales, porque el costo de vida en Panamá se incrementa a pasos agigantados y los salarios no suben proporcionalmente. Hay que aprovechar estos auges para elevar el nivel de vida del panameño común, si no veremos que su frustración se puede convertir en represalia violenta izquierdista. La meta inmediata tiene que ser que el panameño común gane suficiente para no depender de subsidios sociales del que se aprovechan los políticos para aumentar la planilla estatal.

 

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<> Este artículo se publicó el  7  de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Antes de criticar, primero hay que saber

La opinión del Empresario…

RAFAEL CARLES
rcarles@cableonda.net

 

Son muchos los que infundadamente se oponen a la Resolución No. 41,039 de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, que establece la obligatoriedad del Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales en todos los centros de trabajo del país.  Y tanto la han contrariado y argumentado que, a la fecha y a casi dos años de su promulgación y publicación en Gaceta Oficial, aún se resisten a implementarla y cada día la dilatan y postergan más.

Lo trágico es que aquellos que se oponen lo hacen por desconocimiento y pasan por alto que un Plan de Riesgos consiste precisamente en analizar y revisar los sistemas de trabajo para buscar nuevas y mejores formas de producción y operación, utilizando la innovación, la creatividad y el consenso como herramientas claves para el rediseño de los procesos.

Y es dentro de este contexto que surge la figura obligatoria del Plan de Prevención de Riesgos, la cual enfatiza que la salud del trabajador es importante en la cadena productiva y plantea la seguridad ocupacional no desde un punto de vista de costo financiero, como se hace actualmente, sino en torno a las múltiples oportunidades que tiene el propio trabajador que las ejecuta para producir resultados favorables para la empresa. Es necesario aclarar que este tipo de Plan no se contrapone a la calidad total o a ningún otro método que maximiza la productividad laboral, sino que examina cada proceso y es capaz también de contribuir sustancialmente al logro de los objetivos financieros y organizacionales de la empresa.

En el ámbito mundial y nacional, las incapacidades por accidentes de trabajo constituyen un problema por los costos que generan a la seguridad social. Actualmente existen estudios que permiten proponer estrategias para mejorar dichos problemas; se sabe, por ejemplo, que el déficit de la seguridad social tiene su origen, entre otras causas, en el impacto del pago de las incapacidades.

En Panamá las incapacidades representan un problema deficitario para la CSS, quien debe destinar parte de los recursos a la atención de daños a la salud y a la prestación económica correspondiente.

Los accidentes de trabajo repercuten en el aumento de los días de incapacidad, las consultas clínicas y urgencias, los auxiliares de diagnóstico y la rehabilitación, con lo cual se elevan los costos de atención médica. Según los resultados de algunos informes históricos acerca de los accidentes laborales según el tipo de industria o actividad económica, cada día ocurren con mayor frecuencia y mayor gravedad, lo que afecta también la relación de la calidad de la atención médica con respecto al número de incapacidades, las características del asegurado y el tipo de padecimiento.

Existen otros factores que se han asociado con las incapacidades, en los que se involucra tanto al médico como al patrono y al asegurado, y que reconocen y sustentan la pérdida de bienestar económico del trabajador y de rentabilidad de la empresa cada vez que ocurren accidentes de trabajo. Desafortunadamente, los detractores de la Resolución No. 41,039 no investigaron esta realidad y obviaron los cálculos sobre la prevalencia de los accidentes de trabajo en Panamá y de los factores de riesgo relacionados, donde fácilmente se observa que la magnitud de los riesgos profesionales es consecuencia de las condiciones inseguras existentes en los lugares de trabajo.

Igualmente, esta misma conclusión se obtiene cuando se contrasta la resistencia de los empleadores y su limitada vocación hacia la salud e higiene ocupacional, con el número de accidentes de trabajo, el número de enfermedades profesionales, la cantidad de defunciones y de incapacidades permanentes. Es decir, el tema de oponerse porque sí a la obligatoriedad del Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales refleja una actitud inmadura que ralla en lo intransigente, que además pasa de la mera ignorancia a un estado de total negligencia.

Ante esta problemática y temeraria postura, es oportuno recordar que el objetivo esencial de la Resolución No. 41,039 es la implantación obligatoria de un Plan de Prevención y Gestión de Riesgos Profesionales que ayude a los empleados a tener un ambiente seguro y saludable de trabajo, que permita a las empleadores alcanzar niveles de rentabilidad como resultado de mejoras a sus procesos y sistemas productivos, y que garantice a las autoridades de la CSS la obtención de información oportuna que promueva la atención efectiva de incapacidades por causa de accidentes y enfermedades de trabajo.

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<> Este artículo se publicó el 23 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en:   https://panaletras.wordpress.com/category/carles-rafael/

Jubilados, cotizantes y los próximos

La opinión de la Abogada y Ex Diputada de la República….


MIREYA  LASSO
mireyalasso@yahoo.com

El dilema que plantean las jubilaciones es que se necesita una solución justa, que resulte lo menos dolorosa, porque una medida, aunque sea equilibrada, siempre será traumática en Panamá, como en Inglaterra, en Argentina, en Estados Unidos o en Francia, donde hemos visto huelgas y protestas callejeras, cuando se ha intentado implementar medidas para evitar el inescapable colapso de un sistema que, por muy loable que fuera concebido, lleva el peligro congénito de su potencial extinción.

Sería ideal que cada trabajador ahorrara lo suficiente durante su etapa productiva para poder financiar sus necesidades al retirarse, pero sabemos que la realidad es otra. El problema estriba en poder asegurar un ingreso decente a personas que dejaron de trabajar, pero que —gracias a Dios y a los adelantos de la tecnología y la medicina— cada vez esa etapa de sus vidas dura más años.

¿De dónde saldrá el dinero? Hace seis años lo vimos en la Asamblea, última vez que se intentó apuntalar el sistema. El dinero proviene en primer lugar de dos fuentes: una, aportada por trabajador y patrono, como las cuotas obligatorias que siempre hemos conocido; la otra, un aporte voluntario de aquel trabajador que desee ahorrar algo adicional para incrementar su jubilación. Pero las cifras demuestran que aún así no se ahorra lo suficiente para financiar las necesidades durante todo el tiempo del retiro del trabajador, sobre todo con el aumento de la esperanza de vida.

Quedan dos fuentes adicionales que no son ahorros del propio jubilado. Unas, son las cuotas que pagan los trabajadores activos —los cotizantes actuales—, cuyos aportes permiten seguir pagando a los jubilados al agotarse los fondos que ellos mismos hayan ahorrado. Es el aporte solidario que cada generación hace para sostener el sistema, evitando su colapso; según el Seguro Social, la generación actual de 1,000,000 de cotizantes financia realmente el pago a 180,000 jubilados, en proporción de 5.5 cotizantes por cada jubilado, cifra peligrosamente inferior a la de hace cincuenta años.

La cuarta fuente son ganancias producidas por inversiones de reservas financieras de la CSS.

Estas distinciones no pueden ser ignoradas. La solución debe ser justa tanto para los jubilados de hoy, como para quienes aspiramos serlo mañana y las autoridades han advertido que tarde o temprano nuevamente se nos vendrá el problema encima. Debemos apoyar la iniciativa y conocer los estudios actuariales, evitando el exabrupto del 2005, cuando se discutió, aprobó, derogó, cambió y volvió a aprobar una reforma que siempre se supo tendría una vida útil limitada.

Muchos son los temas a considerar. Aumentar la edad de jubilación, porque hoy gozamos de mejor salud y mayor es nuestra esperanza de vida, pero ¿qué efecto tendrá en la oferta de empleos para los jóvenes? ¿Se producirían las mismas protestas que en Francia?

Aumentar la cantidad y monto de cuotas, pero ¿qué efecto tendría en la economía y el desempleo?

Cargar al presupuesto nacional, aumentando subsidios estatales, pero ¿se producirán las calamidades que hoy Europa trata de corregir?

Fijar ajustes periódicos según el costo de la vida, pero ¿cuáles cargas serían permanentes y sobre quiénes recaerían? ¿Podemos disponer igual que Estados Unidos?

Hacer mejores inversiones con los dineros de la seguridad social, pero ¿son seguras las inversiones en los corredores Norte y Sur?

Son apenas algunas preguntas, pero esas, y muchas otras, deben ser formuladas y respondidas oportunamente con información técnica confiable. Ahora es el momento de empezar; no debemos dejarlo para última hora como acostumbramos los panameños.

Mientras más esfuerzo le dediquemos hoy, mayores serán las posibilidades de consensuar las soluciones menos traumáticas en asunto tan humano y sensible. No olvidemos que, de aumentarse improvisadamente la pensión a los jubilados de hoy —lo que es justo—, se acortaría en proporción directa la vida de nuestro sistema de seguridad social —lo cual es peligroso. Por eso, con sensibilidad y sentido de responsabilidad con quienes hoy aspiramos a una jubilación decente mañana, todos debemos encontrar el balance que resulte menos doloroso y menos peligroso.

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<> Este artículo se publicó el 17 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos de la   autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lasso-mireya/

Estrés laboral mata al trabajador

La opinión del Economista, Educador, Humanista…
VICTORIANO  RODRÍGUEZ  S.
diostesalvepanama@yahoo.com

Nuestra publicación de 1 de abril de 2010 se refería al acoso laboral, como mecanismo de persecución política, situación que se incrementa a medida que alguien quiere beneficiarse.

En ese artículo citamos al doctor en Psicología del Trabajo y profesor de la Universidad de Estocolmo, Heinz Leymann, quien definió el acoso laboral como: “Situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas y su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”.

Expresamos que: ‘Con el advenimiento de cada nueva administración gubernamental se acrecienta la inestabilidad y la persecución, generalmente sin razón aparente’.   Situación que conlleva a un estrés laboral y posiblemente un insomnio transitorio.   Se le denomina así por la incapacidad para conciliar el sueño o dormir bien durante días o semanas.   Surge producto de preocupaciones a las que se ve sometida la persona.    Su resultado es fatiga, tristeza, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, agresividad, etc.

Históricamente nuestros gobernantes se perfilan como los más humanistas y populares del entorno mundial,   sin embargo poco les importa la estabilidad laboral y emocional del trabajador, incluyendo al servidor público.

España, por ejemplo, está haciendo estudios sobre valoración del individuo y adelanta una encuesta para medir el estrés producto de las preocupaciones laborales y el desempleo. Estiman que más de un 25% de su población expresa tener mayores problemas que el año pasado, para conciliar el sueño. El resultado de esta investigación es producto del trabajo o el desempleo.

Según la última Guía de Práctica Clínica del Insomnio en Atención Primaria, el insomnio crónico afecta al 10% de la población, y aumenta el riesgo de padecer hipertensión, diabetes y depresión, entre otras patologías. Panamá no escapa a esta realidad, ahora, ¿qué tanto conoce nuestra población de esto?

Las féminas, además, presentan otras situaciones tales como cambios en la piel, estado de ánimo e hipersensibilidad, principalmente en días previos a la menstruación. El estrés laboral disminuye la calidad del sueño y mata al trabajador.

Dios te salve Panamá.

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<> Artículo publicado el 18 de noviembre de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/rodriguez-s-victoriano/