Aprovechemos la ocasión

La opinión del Diplomático….

GUILLERMO TATIS GRIMALDO
gtatisg@gmail.com

Dice la vieja frase que de la improvisación solo quedan chambonadas; pero lo cierto es que casi siempre, lo que empieza mal inevitablemente termina mal.

Así ha terminado la idea de cambios al impuesto de circulación vehicular en la ciudad de Panamá, en una propuesta deficiente por decir lo menos. Primero, porque el proyecto fue lanzado sin un estudio ni soporte técnico para establecer el nuevo impuesto; segundo, porque se ideó sin consultas y sin tener en cuenta los demás municipios del país; y tercero porque su concepción se basó más en la necesidad de balancear apresuradamente –más bien desesperadamente- las arcas municipales, sintomáticamente maltrechas y acentuadas por la pérdida de los ingresos que recibía por el impuesto de basura, que la de hacer una razonada y consecuente reforma al régimen tributario municipal.

Para lograr corregir el entuerto, los creadores de la infortunada propuesta, deben obligatoriamente someterla al estudio de los que conocen la materia y al debate de la opinión pública, porque pretender antojadizamente aplicarle un impuesto de placa o de circulación -al valor del registro del vehículo, como se ha hecho- no deja de ser otra cosa que un disparate, porque un bien como el automóvil se deprecia desde el momento que sale de la vitrina de ventas en un 15%, y así progresivamente en pocos años su valor técnico es cero. De suerte que no resulta coherente utilizar solo aquél elemento como variable de cálculo.

Hay mecanismos modernos en otros países para tasar y calcular el impuesto de rodamiento o circulación, que tienen que ver con parámetros científicos y cuya base de cálculo combinado es la cilindrada para determinar dimensiones o bien la envergadura del vehículo, y el año de éste para establecer su valor presente (real) para los de uso particular. Los de uso comercial se hacen con otros factores para su cálculo, además de la cilindrada y el año; se tiene en cuenta, su capacidad de carga, números de ejes y la clasificación operativa de vehículo (panel, taxis, buses, pick-up, volquetes, camiones, etcétera).

La razón de estos parámetros son muy sencillos, y de allí el nombre de ‘impuesto de rodamiento’ por cuanto no ruedan el mismo tiempo en su vida útil un vehículo de uso particular que uno destinado al servicio publico, como tampoco desgasta ni daña igual el pavimento de las vías públicas nacionales o locales un auto compacto Cherry QQ que una Hommer, en cuantos a los particulares, ni un liviano y versátil panel Damas que una articulada tractomula, en los comerciales.

Aprovechemos la ocasión, y con la ayuda de la Autoridad del Tránsito resolvamos los temas pendientes referente a placas, registros de matrícula y sus tributaciones, unificando la reforma de los impuestos de rodamiento o como se los quiera llamar, con una moderna y apropiada tabla de cálculos para el cobro del impuesto, y que éste sea obligatorio para todos los municipios del país, como la discrecionalidad del contribuyente para inscribir o trasladar su vehículo donde lo desee, y sin trabas.

Además es urgente aplicar un poco más de seriedad en la confección, contenido y expedición de las placas para vehículos.   Éstas –la lata- no tienen por qué hacerlas nuevas cada año, y menos cobrarlas si no las hacen ni entregan, eso resulta un cobro abusivo e ilegal, y un gasto innecesario para el contribuyente.   En fin, la placa que se destruya, se pierda o se torne ilegible que se ordene su reposición y confección por la autoridad competente en el establecimiento autorizado para ello. Pertinente sería acabar con las exoneraciones para una clase de funcionarios y esa diversidad de placas que hoy exhiben, diputados, periodistas, tesoreros municipales, alcaldes, representantes de corregimiento, y reducirlas a particulares, comerciales, oficiales y de servicio diplomático (esta última solo en atención a los acuerdos internacionales) y así terminaríamos con el deshonroso placer de los fueros y privilegios que cabalgan en el país.

Por ende es necesario, definir un diseño serio y permanente para las placas, sus colores distintivos según su clasificación de uso y contenido descriptivo de la misma, y generar una fórmula que permita establecer un número único de por vida para cada automóvil matriculado en el país.

Con la numeración actual de seis dígitos solo da para que se emitan hasta un millón de placas o unidades de ella, pero si combinamos (como en otros países), tres letras y tres números nos daría más de 22 millones de unidades, es decir tendríamos una disponibilidad numérica astronómica de placas por generaciones, una cifra casi infinita en términos reales para el tema que nos ocupa.

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<> Este artículo se publicó el  22 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Un asilo y muchas interpretaciones políticas

 

La opinión del Experto en Relaciones Internacionales….

 

GUILLERMO TATIS G., HIJO
gtatisg@gmail.com

El asilo territorial otorgado a la doctora María del Pilar Hurtado, ex directora general de la policía secreta (DAS) de Colombia ha generado una tempestad mediática de uno y otro lado de la frontera colombo-panameña, que no se justifica y que más allá del hecho mismo lo que desean sus detractores locales, aquí y allá, es aprovechar la oportunidad para golpear a sus gobiernos y ajustar cuentas políticas.

Por los lados de Bogotá se la tilda de una gran irresponsabilidad política y de un acto inamistoso con el gobierno del presidente Santos. La prensa colombiana sostiene que se ha hecho una interpretación torcida del asilo en la que se perjudica y lesiona la imagen de su país, además de constituirse en un golpe que lastima y va en claro detrimento de la justicia colombiana. Por su parte el gobierno, a través de su cancillería se lamenta de que no fuera informada y manifiesta oficialmente en un comunicado posterior que no habrá nota verbal de protesta.

De hecho el gobierno panameño ha aclarado que la medida tomada no puede interpretarse como de arreglo de recámara para proteger al ex presidente Uribe, a funcionarios de alto y mediano perfil, de este o del anterior gobierno que trabajaron o siguen trabajando para el gobierno del presidente Santos y pudieran en algún momento estar implicados en el caso de las ‘chuzadas telefónicas’, como se sugiere, y que se actuó con ‘el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social de la región’, y en mi opinión, actuando soberanamente y ajustado a las normas establecidas en la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial y el Pacto de San José, sobre la base de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.

Hay que tener claro que la ex funcionaria colombiana, si bien se la menciona en el caso de las ‘chuzadas’, no ha sido incriminada aún ni mucho menos indagada o vinculada judicialmente en ese proceso, como ya se da por hecho en Panamá. La base de su solicitud de asilo ni tan siquiera fue por ello. La doctora Hurtado invocó temores sobre su seguridad personal. Todos podemos recordar sin mayores esfuerzos todos los crímenes de lesa humanidad que las organizaciones delincuenciales han cometido contra sindicalistas, líderes comunales, ministros de Estado, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, candidatos presidenciales y ciudadanos de bien entre los que se cuentan comerciantes, industriales, ganaderos, inversionistas, labriegos, profesionales, en fin, la lista de los muertos y secuestrados, por las organizaciones criminales y cazarrecompensas es grande, muy grande, de manera que afirmar que la vida de la doctora Hurtado en Colombia está garantizada es ilusorio.

Pero la opinión pública vertida a los medios y reproducida por ellos, la rechazan y hasta hacen una insustancial e inicua comparación en cuanto a que por un lado el gobierno panameño ha concedido asilo a la doctora Hurtado, una persona procesada y acusada por supuestas víctimas de espionaje político y que por el otro condenó y destituyó a una ex procuradora Gómez, sin advertir, primero que ella fue investigada, encausada, juzgada y condena, y segundo que quienes llevaron todo el proceso que determinó su situación jurídica fueron las autoridades judiciales, no el Ejecutivo. La doctora Hurtado no está en una situación ni parecida con la de la licenciada Gómez, la ex directora del DAS no ha sido llamada a indagatoria en todo este proceso, situación que le permitió salir legalmente de Colombia, como naturalmente pudiera regresar de la misma forma si su vida no corriera peligro.

El Estado panameño conoce de la situación legal y política que rodea el sonado caso de las ‘chuzadas telefónicas’ y de la compleja situación política que vive Colombia. Los enemigos del sistema democrático llevan años tratando de socavar la democracia y el orden constitucional, desde dentro y fuera de sus fronteras, al ex presidente Uribe, al presidente Santos, al Ejército, a la Policía, al DAS y a todas las agencias de seguridad y defensa del Estado se les acusa de violadores de los Derechos Humanos, principios en los que estos denunciantes se escudan cuando son descubiertos. Ellos no son otra cosa que pregoneros solapados al servicio de su ideología, que es la de acabar con la democracia e instaurar una dictadura fascista vacía y falaz como la del Socialismo Siglo XXI. No le juguemos a los inocentes ni caigamos en sus emboscadas políticas. Para Colombia ha sido duro alcanzar la democracia y más difícil aún les ha sido conservarla, no vale la pena darle la razón a quienes la atacan desde las oscuras madrigueras.

Pudiera haber muchas más interpretaciones como opiniones diversas, pero lo cierto es que es al Estado que concede el asilo, territorial o diplomático, al que corresponde calificar las causas que lo motivan, así lo dice la letra y espíritu de todas las Convenciones y Pactos interamericanos vigentes sobre estos derechos, lo demás es paja, como dicen los colombianos.

 

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<> Este artículo se publicó el 10  de dicembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los pilares de la democracia

La opinión del Diplomático…

GUILLERMO TATIS G., HIJO 

Que la subsistencia de los partidos políticos dependa de un subsidio económico electoral y que de ello dependa una democracia o la institucionalidad de un país, son valoraciones muy pobres y deplorables, más cuando este pensamiento viene de la misma clase política nacional. Peor, y aún más vergonzoso, es que se pretenda argumentar que le será más fácil al narcotráfico penetrar las estructuras de los partidos, como ya han salido algunos analistas a plantear. Esto lo que pretende demostrar, muy en su contra, es que la clase política está disponible para quien los pueda seguir financiando, siempre que no le cueste a ellos mismos.

Los pilares de cualquier democracia y la buena salud de ella se fundamentan en otros méritos muy distintos, por ejemplo, en principios e ideologías políticas que favorezcan a su pueblo, que obren en su favor y en beneficio de la democracia misma. La clase política nacional ha olvidado muy rápido las lecciones de Rousseau, inmortalizadas en El Contrato Social, que hace tan solo más de doscientos años, nos habló sobre el valor de las doctrinas y la importancia de los fundamentos sociales, hoy perdidos del pensamiento político de nuestros partidos.

Resulta patético afirmar que la eliminación del subsidio atente contra la democracia panameña, cuando por el contrario, con ese subsidio lo que se alimenta es el clientelismo y la corrupción por cuanto todos sabemos que esos dineros son utilizados —en su gran mayoría— para seguir pagando jugosos salarios y gustos de la dirigencia política y de su grupito de protección.

Sustentar que la ausencia de regalías electorales acabará con los partidos políticos es una grave revelación, porque evidencia la crisis de valores políticos en que aquéllos se encuentran. El clientelismo electorero que financia esas regalías lo que asegura es más vicios y acentúa la decadencia de la democracia participativa, porque no son otra cosa que privilegios que corrompen.

Vaya, qué ironía, qué idea más descabellada, afirmar que los partidos políticos se fortalecen con dinero y que los avances de la institucionalidad se ha logrado gracias al vil metal, cuando la jerarquía de un partido radica en su ideología, del fervor con que sus militantes la profesan y la capacidad de respuesta social a su pueblo.

La importancia de la democracia y la de los partidos políticos empieza cuando estos últimos logran un grado de compromiso con su membresía a favor de los intereses populares integralmente. Si bien los partidos políticos deben manejarse con participación ciudadana, donde prime el interés colectivo, también es cierto que quienes deben sostenerlos financiera como ideológicamente son sus militantes, porque de otra forma lo que logramos es lo que estamos viendo, unos políticos viviendo de los partidos y unos partidos desvalijando al Estado, entiéndase al pueblo. Con ello contribuimos única y exclusivamente a darle el golpe de gracia a la democracia.

Pero independientemente de todo lo anterior, si bien muchos de los males que afrontan los jubilados radican en la baja capacidad adquisitiva de sus pensiones, y esto francamente se soluciona aportando mejores provisiones y mayores valores a la seguridad social, para cuando llegue la edad del retiro la pensión alcance para vivir dignamente, creo que resulta más solidario, más humanitario, más ético y moral repartir esos más de 20 millones cada año de aquella piñata de subsidios entre los jubilados que entregárselos a los partidos políticos.

Entre tanto que nuestra élite política, esa que grita que la democracia se va a quebrar si le quita el subsidio clientelista, revise qué es institucionalidad, qué es política y cuáles son los pilares de la democracia.

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<> Este artículo se publicó el 22 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/tatis-g-guillermo/

Pretensiones erradas

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La opinión de….

Guillermo Tatis Grimaldo, hijo

Hay un sentimiento general de que nuestra sociedad va perdiendo valores sensibles, necesarios para la sana convivencia de la familia panameña y la preservación de su dignidad humana. Resulta peligroso y obran en nuestra contra aquellas pretensiones erradas que llevan propósitos de cambiar el orden social y natural.

En la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley que pretende imponer multas y penas de cárcel a quien ofenda o agreda a homosexuales que tiene como propósito oculto convertirse en preludio de lo que será una exigencia de mayor trascendencia.

Es necesario dejar claro que el resto de la sociedad no tiene nada contra ellos, tampoco es cierto que la sociedad los rechace, so pretexto de homofobia; una vez más, este es un país en el que la tolerancia se practica de hecho, aquí todos podemos vivir la intimidad como mejor le parece a cada quién.

Lo que resulta inaceptable es que el resto de la sociedad tenga que consentir sus excesos, su conducta extravagante y exhibicionista, contraria a la moral y a las elementales normas de conducta pública. La comunidad lésbica-homosexual no puede exigirle al Estado panameño que preserve a ultranza derechos para ellos y ellas en detrimento de los demás grupos o comunidades, como castigar a los que ofendan a un grupo cuando lo consecuente es que se castigue a todo aquel que ofenda, difame o ataque a cualquier ser humano o ciudadano sin distingos de religión, condición social, oficio, nacionalidad, edades, sexo, gustos o placeres.

La razón debe estar por encima de todo, y siento muy a mi pesar que lo que sigue es exigir una ley que les permita contraer matrimonio, francamente me parece una aberración. El deseo de esta pretensión es inaceptable porque vulnera el sano juicio, la naturaleza humana y el significado mismo de matrimonio.

De una unión de dos hombres o dos mujeres, no puede surgir nada coherente, sino la terrorífica posibilidad de que adopten un crío, y de llamarlo matrimonio tampoco. El derecho romano consagra desde hace siglos, inclusive antes de Cristo, que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, cuyo propósito es tener descendencia, es decir hijos y la de constituir una familia, como principal intención; lo establece también el antiquísimo y sabio código. Cualquier pretensión o interpretación distinta es un descomunal error. Matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer.

No obstante, lo peligroso de todo esto es que mañana aparezca quien pida derechos y que se les reconozca la unión de un padre con su hija o que se le acepte en matrimonio a un hombre que ha decidido sacarse a su hermana, o qué tal, un antojo de alguien de que le casen con su jumento. Quién podrá decirles que no, acaso no tendrán el mismo derecho que hoy exige la comunidad gay.

Pero hay otras luchas más importantes que debemos librar. Es la aprobación de la Ley de Esterilización en igualdad de condiciones y conveniencia para hombres y mujeres, y la divulgación efectiva de la política de uso de preservativos, aunque nos valga entrar en contradicción con las iglesias, porque puede verse como una interrupción contranatural o divina a que los hombres y mujeres sigan teniendo prole hasta donde su rienda por el sexo alcance, pero no, resulta obligante en el marco de una serie de políticas encaminadas a mitigar la pobreza y las enfermedades fatales de contagio por relaciones sexuales.

Además, por qué es necesario el control de la natalidad, por dos razones muy sencillas, no podemos seguir reproduciéndonos infinitamente en un mundo que es finito, ni tampoco traer hijos para condenarlos a vivir en la miseria material y humana.

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<> Este artículo se publicó el 20  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/tatis-g-guillermo/

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Aterricemos en la ciudad de Penonomé

La opinión de…..

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GUILLERMO TATIS GRIMALDO, HIJO

Penonomé ofrece sobradas preeminencias logísticas para que el nuevo aeropuerto internacional sea construido en esa área. La primera ventaja es que cuenta con cerca de 300 hectáreas de tierras patrimoniales que no hay que comprar ni negociar con nadie; tierras planas, topográficamente aptas para tal fin y de primerísima conformación geológica para la estructura de las pistas de aterrizaje; los aspectos meteorológicos, climáticos y el comportamiento específico de los vientos son de excelente clasificación técnica, aspectos harto conocido desde hace mucho.

Otra prerrogativa para tener como la segunda en importancia, es que Penonomé es el centro geográfico del país, lo que la convierte en eje del territorio nacional. Es decir, su posición la hace efectivamente equidistante de cualquier punto, para la capital como para Azuero o tierras altas, y muy cerca de los centros de playa, montañas, valles, y también de Aguadulce.

La tercera razón, y esta es estratégica, pero tan importante y significativa como las otras dos, y tiene que ver con las condiciones esenciales para todas las operaciones aeronáuticas, la de contar con un aeropuerto alterno dentro de nuestras fronteras a menos de 20 minutos de vuelo de Tocumen o menos 30 del Malek de David, que ofrezca mayor seguridad. No sobra decir que cuando estos pilotos afrontan percances aéreos, los aeropuertos alternos más cercanos para aterrizar son los de Santamaría en San José, Eldorado en Bogotá o el Ernesto Cortissoz en Barranquilla, a más de una hora de vuelo.

En tanto, Penonomé es la ciudad del presente, con más recursos y valores agregados de la región, con una vasta y envidiable red de instituciones comerciales, industriales, turísticas, financieras y bancarias afincadas aquí para ofrecer servicios de alta calidad y de probada competitividad nacional e internacional.

De igual forma, ante todo este acervo de condiciones favorables con que cuenta la ciudad, no se puede dejar por fuera el factor humano, y es que el penonomeño se ha esforzado por alcanzar el balance de hombre emprendedor, como profesional, empresario y obrero, en un constante afán por superarse a sí mismo, ajeno a las peleas, al egoísmo y a la mezquindad. Al penonomeño no le asisten intereses sórdidos para con sus connacionales ni sufrimos de xenofobia.

Somos gente cordial, extraordinarios anfitriones, cargados de ánimo para servir y ver crecer nuestra ciudad, pero ante todo nuestro país. Creyentes absolutos de que con trabajo salimos adelante, no en la diabólica condición de quitarles a nuestros vecinos sus planes de desarrollo. Sustentamos nuestro desarrollo en base a nuestras fortalezas.

Por eso les exigimos muy respetuosamente a nuestras autoridades que no cedan al chantaje liderado por el diputado Salerno, porque no puede tomarse como serio el argumento baladí y carente de ingenio de que Aguadulce lo necesita, porque pasa por serios problemas económicos. Que ponderen en su justa dimensión todas las alternativas y se le reconozca a Penonomé todo su vigor y excelencia.

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Este artículo se publicó el 21 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reglas y principios

La opinión de…..

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Guillermo Tatis Grimaldo, hijo


Hago dos salvedades, a mi juicio necesarias. La primera, que no soy un zanahorio (chico colombiano de aparente y exagerado buen comportamiento), y la segunda, que no quiero fastidiarlos con el tema de la pretendida ley zanahoria, supuestamente interpretada hasta el cansancio en todos los medios de comunicación social, que en el fondo refleja el interés personal o empresarial de cada referente de los que hasta hoy me han antecedido en la búsqueda de una opinión acertada de sus pros y contras. Me parece que también hay en medio de esto una alta dosis de prejuicios.

Debo aclarar que la recurrente muletilla (sí, ya es una muletilla) de que “esto no resolverá el problema” es tan cierta como falsa, como dijera cualquier filósofo, toda vez que ninguna ley, regla o principio resuelve problema alguno por sí sola cuando se trata de la conducta humana, pero no es menos cierto que estas reglas, que generalmente obedecen a principios éticos, morales o de buena conducta, sea necesario aplicarlas por cuanto vivimos en una sociedad que necesita de ellas para la convivencia ordenada y el bienestar pacífico de toda la comunidad. Necesarios son todos los esfuerzos, conjuntos de reglas y todos los correctivos que hagamos para lograr cambios positivos a nuestra sociedad.

Y les cuento algo más, así como no tiene lógica anular una prohibición, porque tengamos la percepción de que esta no ha resuelto un problema, menos la tiene abandonar acciones porque las creemos imposibles de dar soluciones. Imaginen ustedes que derribemos las sanciones de tráfico, porque no han resuelto el desorden vehicular, o las condenas, porque no han resuelto el problema de la criminalidad. No, no puede ser, ese enfoque está errado.

Hay que perseverar y mostrarle al ciudadano que tiene responsabilidades sociales, que el objetivo de vivir bajo el imperio de reglas y principios es necesario, y que si se pone en peligro la propia integridad del ciudadano, se obliga al Estado a regular nuestros gustos y costumbres, y a castigar a quien infrinja esos preceptos que la sociedad organizada en el estado de derecho ha diseñado para cuando el bien común se vea amenazado por algunos miembros de la misma sociedad, en su conjunto, o se transgreda el derecho de algún ciudadano en particular.

La ley zanahoria debe adoptarse sin beneficio de prejuicios, como una regla que exige acatamiento a principios de orden social. Nuestra sociedad no puede aspirar a tener una civilización hedonista en un perpetuo carnaval desenfrenado. Horarios los hay para el trabajo, incluso para las siestas, horarios también los tienen los estudios, horarios tienen las visitas médicas, horarios los tienen las tiendas, horarios tienen hasta las comidas, ¿por qué no puede haberlos para tomarse un trago? Señores, hay que corregir el rumbo de nuestras costumbres, hay que enrumbar la cultura de valores por otras sendas y que lleven otros derroteros.

¿De dónde saca un ser pensante que una ley soberana, que norma usos y costumbres para el bien colectivo, es violatoria de derechos? A nadie se le viola su derecho porque se le ponga límite a las horas de expendio y consumo de licor; a nadie se viola su derecho porque no se le permita estacionar su auto en ciertas áreas; a ningún nacional se le viola su derecho porque se le otorgue la mayoría de edad a los 18 años y se le concedan, solo hasta entonces, derechos que antes no tuvo. Solo ha faltado por decir que el uso del cinturón del vehículo es violatorio del derecho de hacer lo que al ciudadano le da su libre albedrío, por cuanto con aquello de no ajustárselo no perjudica a nadie y, eventualmente, al único que podría afectar es a él mismo.

Que se van a perder puestos de trabajo, falso. Que se atenta contra la libre empresa, falso. Que los negocios de discotecas, bares y cantinas quebrarán y cerrarán, falso. Quiero decirles, a quienes no ven más allá de sus narices y a quienes piensan que el mundo termina donde llegan sus miradas, que hay civilizaciones más avanzadas que la nuestra, más respetuosas de sus propios derechos ciudadanos que la nuestra, en donde desde hace años regulan los horarios de los lugares de diversión y nada les ha pasado, por el contrario, han logrado mejores estándares.

Que Bogotá cuando puso en marcha la aplicación de la ley zanahoria, por sí sola, redujo en mucho los números de atracos, homicidios, problemas intrafamiliares, menos muertes por accidentes de tráfico y menos daños a la propiedad ajena, etcétera.

¿Quieren más argumentos?, no creo que hagan falta.

Pero saben qué habrá de ser lo mejor: el país ganará y ganaremos todos con esta ley que le pone horario al trago, porque conseguiremos más productividad y mejor desempeño profesional, intelectual, laboral, educativo y social. ¿Saben por qué?, porque habrá menos engomados en las empresas, en las construcciones, en las universidades, en las escuelas y en los hospitales, mejor dicho, en todos los sectores de la economía, y en nuestros hogares, más cordialidad.

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Este artículo se publicó el  7  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mejor que una constituyente, un sanedrín

La opinión de……

Guillermo Tatis Grimaldo, hijo


Se agita el ambiente político y los tambores de alerta empiezan a sonar por la posibilidad de que el Gobierno panameño efectivamente presente una reforma a la Carta Magna, bien sea integral para despachar una nueva o remendar la actual a través, tal vez, de una constituyente.

Me gusta la primera opción por cuanto permitirá el entierro definitivo de la colcha de retazos que significa la actual Constitución Política. Sin embargo, hacerlo a través de una constituyente no presagia un buen fin.

Aunque estas son genuinamente populares por su esencia misma no resuelven ipso facto los problemas del país y, luego por ello, generan tanta decepción. Tengamos claro que estas asambleas constituyentes no son para resolver problemas del quehacer diario del ciudadano. Están llamadas, en principio, a crear nuevas bases y estructuras para el ordenado funcionamiento del Estado en situaciones generalmente de crisis política, de desgaste institucional o ingobernabilidad, situación que no tenemos hasta ahora en el país; de suerte que resulta a lo menos improcedente.

Además, las constituyentes tienen vicios insospechados, y es que terminan convirtiéndose en tinglados de intereses encontrados e irreconciliables, que llevan a sus miembros forzosamente a transar en los más sensibles temas para lograr acuerdos. El resultado de su trabajo termina reducido a engendrar una nueva Carta, pero de amor para un país de maravillas, generalmente sin ningún beneficio para el pueblo y saturada de retórica insulsa y privilegios para la clase política.

Una constituyente, no lo duden, empezaría primero por establecer los privilegios de sus miembros, luego a presionar por los intereses partidistas o los de las organizaciones que representan en favor exclusivo de ellos, como lo vemos de forma testimonial y documentada, por ejemplo, en normas de la ley electoral que se hacen y se reforman para beneficio único de los partidos o en aquellas leyes que se “fortalecen” con la participación de los gremios y organizaciones para fijar canonjías para su propio sector.

Lejos entonces quedarán los anunciados vientos democráticos de una constituyente, libre, espontánea, participativa y de elevados criterios políticos como de derechos humanos que se predicarán; y los encumbrados y renovadores postulados jurídicos, económicos y sociales de las reformas quedarán ensombrecidos unos, y otros sepultados y olvidados sin más remedio.

Ahora bien, ¿se pueden imaginar los alcances y riesgos de una constituyente? Esta es autónoma, soberana y absoluta por definición por cuanto representa la voluntad del pueblo. Puede entonces perfectamente esa constituyente abolir cualquier cosa; uno de los tres órganos del Estado o los tres de un plumazo si lo prefiere; desconocer a todas las autoridades actuales y nombrar un gobierno interino, liderado por quien ellos decidan; llamar a nuevas elecciones y desconocer así las anteriores y crear los organismos que prefieran.

Por decir lo menos, una constituyente resulta tan peligrosa porque el pueblo entrega a ese organismo algo así como una patente de corso que la habilita, incluso, para llevar a cabo el despropósito más monumental, descabellado e insólito; por una razón muy simple, una constituyente, de hecho y de derecho, rompe el orden constitucional anterior para dar vida a un nuevo orden jurídico.

Mucho más sensato, plausible y económico es nombrar un consejo de sabios, sanedrín –les llamaban siglos atrás a aquel sínodo los judíos cultos en todas las ciencias terrenas y divinas– para que redacte una Constitución Política ordenada, moderna y que prevea los mecanismos políticos, estructurales y funcionales, de los tres órganos del poder público.

En Panamá, por suerte, contamos con una legión de brillantes y eruditos constitucionalistas que le pueden dar al país un documento magno para regir el futuro del país exitosamente. Ellos pueden perfectamente interpretar el clamor ciudadano, los principios de justicia social, del derecho constitucional y la ciencia política para plasmarlo en una nueva Constitución Política que obedezca a los mejores intereses de la patria, y después sometida al escrutinio del pueblo soberano para su aprobación o rechazo.

A mi juicio, es mucho lo que se pone en riesgo con una constituyente y no vale la pena exponer al pueblo a grandes expectativas para luego defraudarlo. Que el sanedrín haga la Carta Magna con apego a los buenos principios y justicia social, y el pueblo con su sabiduría que la apruebe o rechace luego de un amplio trabajo docente que explique los beneficios contenidos en esa pretendida nueva Carta Magna.

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Articulo publicado el 9 de marzo de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.