La opinión de…
–
Angelo Chen Guardia –
“Trabajar por el afrecho” o trabajar por la comida, nunca antes tuvo el refrán más vigencia que hoy, cuando ese gasto arrasa el presupuesto familiar, sin que surja el héroe que salve al consumidor indefenso.
Bienaventurados los que comen tomate a B/.1.75 la libra, o sazonen su bistec con cebolla a B/.1.30 o con ají a B/.1.50, los que compren arroz de B/.0.60, leche de B/.1.00 o un huevo de B/.0.15; privilegiados los que se alimentan con carne de res, puerco, pechuga o encuentro.
La situación es grave, no se vislumbran cambios. El país se dirige a un colapso alimentario con efectos políticos, sociales y económicos explosivos e irreversibles.
La forma de resolver la crisis es fortalecer la producción nacional que, aunque esté casi postrada, se revertiría positivamente desechando las políticas erráticas que la han perjudicado por años; políticas que engañan al consumidor cuando se calumnia al productor como presunto culpable de los precios altos, para justificar la importación masiva de alimentos y liquidar la agricultura panameña.
Los resultados de este despropósito presentan a un productor quebrado y a un consumidor que sigue pagando precios altos, también, por los productos importados.
Cuando la producción es insuficiente, florece el contrabando, se enseñorean y campean a sus anchas legiones de intermediarios especuladores que arrastran la comida por un largo recorrido que arranca con el productor, sigue con el intermediario transportista, llega al mercado de abastos controlado por intermediarios mayoristas que podrían acordar previamente los precios que ofrecían al llegar; estos le venden a los comerciantes dueños de las ferias libres, a transportistas que operan en diferentes campos, a los chinos de las tiendas y, finalmente, al consumidor quien paga precios inflados en cada pase de mano.
El Mercado de Abastos no está al servicio del productor, favorece a los intermediarios, importadores, comerciantes, distribuidores y a otros. Las ferias libres tampoco funcionan para el productor, son negocios de intermediarios. El Gobierno no debe seguir apoyando este injusto sistema, su intervención más importante es para conectar directamente el campo con el consumidor, promoviendo inocuidad y calidad a precios justos.
En la década de 1950, la Misión de Arkansas tiró las bases de la agricultura moderna en Panamá, esfuerzo sobre el cual se proyectó el desarrollo agrícola hasta inicios de los años 80, cuando Noriega interrumpe la evolución del proceso; en 1990 nuevas corrientes imponen sus criterios “neoliberales” en la interpretación del desarrollo agropecuario.
Se cierra el paso a enfoques realistas, nacionalistas y sensatos, derribando las bases de la actividad productiva, desmantelando la estructura arancelaria, arreciando en el gobierno de Pérez–Balladares cuando se voltea la espalda al productor y se decreta la clausura de la práctica agrícola por “ineficiente”, según sus economistas, abriendo la puerta a la importación de alimentos.
Estas corrientes están enquistadas en las cinco administraciones democráticas, desde Endara hasta Martinelli, con una breve pausa al inicio de la gestión de Moscoso, para cumplir un compromiso de campaña con los agricultores de elevar los aranceles.
Hoy se pregonan inversiones multimillonarias como forma de solventar la problemática actual dentro de cuatro a cinco años, con la operación de esas obras.
Planes que, a la luz de ejemplos similares, no se concretarían al final del período indicado, jugando otra vez con la confianza de muchos y enrostrándoles su impotencia.
Tienen que preguntarse cómo bajar hoy tantos asuntos pendientes que comprometen la seguridad alimentaria; deben pensar que la comida subsidiada o barata que se importa ahora no estará siempre disponible, y hay que aclararles que los escasos alimentos producidos aquí (yuca, ñame, plátano, carne, pollo, leche, huevos) pronto solo podrán comprarlos los ricos.
El Gobierno no es siempre un vehículo eficaz de gestión, convirtiéndose muchas veces en el mayor problema, como ocurrió en la administración de Martín Torrijos cuando se importaron directamente 600 mil quintales de arroz pilado, saturando el mercado y provocando la suspensión de las compras del molinero al productor, ante la inmovilización de sus inventarios; cundió tal caos que por primera vez se encontraron en el mismo bando estos dos eternos litigantes, forzando el cambio del ministro y el “compromiso” del IMA para la compra de la producción que el molinero, ahogado en arroz, no podía hacer.
En el siguiente acto, el Gobierno incumple con el pago, comprometiendo el financiamiento de la siembra siguiente, una de las razones que, aunada a la sequía del año 2009, propiciaron una bajísima cosecha y el mayor déficit de la historia del rubro, de más de tres millones de quintales pilados. Y el cuento no termina, porque hoy no se cancela todavía la deuda con los arroceros.
Urge devolver la dinámica al campo desde hoy, produciendo localmente los alimentos para el panameño, resolver las dificultades que se presenten hasta los próximos cuatro o cinco años, con planes de acción inmediata y no esperar impasibles que aumentan las complicaciones. Simultáneamente hay que emprender los proyectos anunciados para el mediano plazo, que cuando se inicien operaciones serían herramientas importantes del futuro.
Ahora es la oportunidad de las propuestas que busquen resultados a corto plazo para los renglones más sensitivos y prioritarios, empleando un mecanismo de participación y consulta eficaz como los foros nacionales específicos, enriquecidos por las experiencias y aportes de quienes escogieron la actividad agropecuaria como su forma de vida.
En el orden de prioridades toda la producción nacional debe ser sometida a ese estudio y escrutinio, incluyendo los rubros de exportación con sus proyecciones y problemática.
No obstante el daño perpetrado al productor y al bolsillo del consumidor, las cosas malas tienen algo bueno, la importación anual de los rubros deficitarios contiene, ella misma, parte de la solución, con su potencial de financiar algunos planes de producción de estos renglones.
Posee la capacidad de provocar disminuciones considerables en los costos de producción y, como consecuencia directa, de propiciar bajas sensibles en los precios al consumidor sin crear conflictos con la empresa privada.
El Gobierno tiene la palabra si le interesa desarrollar este particular concepto como una fórmula para solucionar situaciones difíciles, sentando a los importadores, a los productores y al comercio para estructurar un consenso solidario.
<>
Artículo publicado el 28 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Filed under: Chen Guardia Angelo | Tagged: Crisis alimentaria, Seguridad alimentaria | Leave a comment »