Panamá y la región

La opinión del Abogado…….

.

Oswaldo Fernández

Como abogado, soy partidario de la paz y de la institucionalidad, y sobre todo del respeto a la ley y al Estado de Derecho, por lo que creo que la primera evidencia de todo ello es el compromiso de defenderlo de todas aquellas manifestaciones, internas o externas al país, o de deterioro institucional que tan negativo papel juegan en ocasiones.

América Latina es hoy por hoy un hervidero de tendencias, muchos son los que colocan sobre la mesa propuestas destinadas a resolver tal o cual problema, pero en ese camino es importante distinguir aquellas afectaciones que son inherentes al sistema en el que vivimos, y de aquellas que actúan contra el sistema mismo.

La defensa de la democracia, por ejemplo, debe ser tarea permanente de todo buen ciudadano y más que una manifestación verbal, una forma de conducta, lo que implica, ante temas cruciales, saber que el sistema democrático en que vivimos posee un contexto lo suficientemente amplio como para resolver en su seno de manera pacífica toda situación conflictiva que surja.

Nadie puede excusar actos de violencia en injusticias sociales, algunas supuestas muchas de ellas reales, pero que el sistema puede balancear o darle salida.   Solo baste ver el crecimiento experimentado por Panamá en democracia. Mientras que unos hablan de crisis, cada nuevo complejo comercial que surge se abarrota en fechas especiales y permanecen relativamente frecuentados por una clientela local y extranjera.

Nadie puede negar que el Panamá de hoy registra progresos significativos, y que el sistema lo ha hecho posible.   Nadie niega tampoco que subsisten dificultades y problemas, pero igualmente no se puede negar la voluntad y los esfuerzos por resolverlos.   En la región quienes han optado por el aparentemente corto camino de la violencia han sumido a sus países en atraso y desesperanza. Panamá no debe caer en ese error.

<>

Publicado  el 16 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La independencia de los órganos del Estado

La opinión del Jurista y Diplomático…..

.

Oswaldo Fernández

La discusión sobre el tema ha vuelto al tapete por estos días, donde tal o cual acción de la justicia es cuestionada por unos y aplaudida por otros.  Montesquieu estaría verdaderamente orgulloso, no sólo de su formulación, sino de la vigencia de la misma a lo largo de más de dos siglos.   El debate, sin embargo, desaparece y reaparece en distintos escenarios, por lo que me atrevo a asegurar que no es la formulación la que registra desniveles, sino la forma como se aplica o los mecanismos que garantizan esa aplicación.

Algo debe estar andando mal, o algo perverso ha permitido tales ambivalencias que a menudo uno se encuentra en debates donde todo el mundo tiene la razón. ¿Qué está sucediendo?

Si alguien está verdaderamente interesado en absolver la cuestión debería preguntarse cómo se garantiza la independencia de los órganos del Estado, y cómo funciona aquello de la “armónica coordinación”, porque pareciera que una contradice a la otra. Dónde termina la independencia y dónde comienza la colaboración. O lo que es lo mismo: ¿dónde le es prohibido a un Órgano Superior del Estado inmiscuirse en los asuntos del otro? ¿Puede funcionar así el Estado?

En los países del primer mundo, sólo la independencia efectiva de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad se ha convertido en garantía de lo que algunos llaman la seguridad jurídica. Y tiene que ser así por cuanto que, por ejemplo, la justicia no puede actuar en función de relaciones, favoritismos, consideraciones o cualquier tipo de concesión que a la postre dé al traste con la imparcialidad que requiere el sistema, ya que esto no solo para su funcionamiento, sino para su propia sobrevivencia.

Claro que las formulaciones no eliminan las tentaciones, sobre todo por aquello de la preeminencia del subjetivismo, tan inherente al hombre como su propia vida. Por lo mismo la concurrencia colectiva a través de sus distintos organismos debe convertirse en un instrumento legítimo que asegure la independencia en cuestión, y al mismo tiempo la mayor imparcialidad y objetividad del caso.

Que ese implique reformas al sistema. Pues si. La cuestión radica en quién se atreve a proponerlo, y quién a permitirlo.

<>

Publicado el 2 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

*Ex Director de la Policía Nacional y de la extinta PTJ.

La efectividad de la justicia penal

.

La opinión del Abogado, Diplomático, Docente Universitario  y Ex Director de la PTJ y la Policía Nacional….

.

Oswaldo Fernández

.

Con preocupación y asombro hemos vistos como en los últimos años, la efectividad de la justicia penal parece ir mermando. No es que sea algo nuevo, pero si lo es la velocidad y la profundidad que ha ido cobrando: la mora judicial, los atentados a la institucionalidad, puesta en duda de la honestidad de quienes la ejercen, atentando contra ese muro de firmeza que debe exhibir el sistema de justicia penal.

Muchos han sido los casos perdidos por los Fiscales por tecnicismos o falta de preparación, que a la postre impiden juzgar el hecho, se centran en temas que nada tienen que ver con el asunto fundamental y terminan por favorecer al reo, sea o no culpable.

En una democracia y sobre todo en un Estado de Derecho la protección a esas garantías esenciales de los ciudadanos es un bien supremo, por lo que requiere de mejor y mayor preparación, no es detener por detener ni forzar conductas penales donde no hay tipos o existen otros diferentes.

En toda sociedad la justicia es lo que da fe a los asociados y seguridad en que sus derechos están a salvo. Es la confianza en la institucionalidad, pero en el Panamá de los últimos años, la justicia penal revela serias deficiencias panameñas.

Y cuando nos referimos al sistema de justicia penal no se trata solo de los Jueces, ahí entra la Policía, los Investigadores, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario, como actores directos e inmediatos.

Las autoridades tienen en este campo un verdadero reto, no solo por la credibilidad que se debe fortalecer en el sistema, sino por el deterioro institucional que suponen estos hechos. En muchos es evidente la falta de coherencia e incluso de soberbia y prepotencia a la hora de preparar el caso.

Así vemos como los policías dicen que ellos capturan y los Jueces los liberan, los investigadores sostienen que los uniformados contaminan la escena del crimen, los Fiscales manifiestan que las investigaciones policiales les llegan defectuosas, los Jueces se quejan que se hacen investigaciones incompletas, se trata de forzar tipos penales, se usa a los medio de comunicación para presionarlos y cuando condenan el Ejecutivo decreta indultos o rebajas de penas.

Es así el circulo vicioso que entraña esta madeja de relaciones jurídicas y humanas. Como profesor universitario que soy, entre las primeras cosas que le recomiendo a mis estudiantes figura una preparación exhaustiva para el caso, incluyendo el examen detenido de la manera como han sido respetados los derechos de la parte contraria.

Les digo a mis estudiantes que cuando se es acusador hay que tener más cuidado en el respeto a las garantías y en la recabación de pruebas.

Allí figura una de las primeras medidas, en impedir que los tecnicismos nos ganen la partida, y en consecuencia el celo con que un abogado se debe preparar para cada caso.

En pleno Siglo XXI el sistema tiene que ser eficiente, utilizando las reglas del juego de una sociedad civilizada, no se puede, so pretexto de combatir el delito, convertirse en delincuente, hacerlo seria retroceder al barbarismo jurídico del siglo decimonónico.

.

<>
Publicado el 9 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Nuevas cárceles

La opinión del Abogado, Diplomático, Ex Director de la Policía y la Ex PTJ….

.

OSWALDO   FERNANDEZ

.

Nuevas cárceles

Enhorabuena se ha hablado de la edificación de nuevas cárceles. Pese a que hace más de diez años fue destruida la vieja Cárcel Modelo, poco o nada eficiente ha resultado el papel de las que se construyeron posteriormente, no sólo por el hacinamiento que se repite, sino por las evidentes debilidades que testimonian las reiteradas evasiones que ponen en tensión a toda la sociedad.

Así que construir nuevas cárceles en todo el país constituye una medida acertada, que estará incompleta, sin embargo, si paralelamente no se implementan modelos funcionales en el tratamiento de los detenidos, y en correctivos a la mora judicial que impone a los reos sanciones tardías al mantenerlos en condición preventiva de manera indefinida, esto es la denominada detención preventiva o sentencia anticipada.

Es importante atender esto porque en el pasado ha quedado demostrada la demagogia con que ha sido tratado el tema. No bastan nuevas cárceles sino se asumen programas de resocialización que hagan del delincuente un ser útil a la sociedad, en lugar de una amenaza peor. Es obvio que existirán personas no rescatables, pero esa no es la regla sino la excepción.

Durante el tiempo que pasan en la cárcel se convierten en una carga económica para la sociedad, que tras ser víctimas de sus ilícitos, termina pagándole por delinquir. Los reos deben ser incorporados a alguna forma de trabajo que genere recursos.

Si se parte de que el estar detenido genera un costo para el Estado y para la sociedad, nada incoherente sería la posibilidad de que ese reo pague tanto al Estado como a la sociedad su estadía en la prisión.

El sistema alemán por ejemplo regula esa figura, y lo que genera el reo paga al Estado y le paga al mismo detenido una suma que va a una cuenta, que al final de su condena se le retribuye y tiene un recurso con el cual enfrentar los primeros meses de su libertad. Como manifestamos al inicio, enhorabuena las nuevas cárceles, mejor si dejan de ser la universidad del crimen y se convierten en efectivos centros de resocialización.

<>
Publicado el 10 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Expectativas y certezas

La opinión del Abogado, Diplomático y Ex  Director de la Policía y de la ex PTJ……

Oswaldo Fernández

.

Expectativas y certezas

.

La esperanza de cualquier sociedad en el sistema que administra y dirige su vida colectiva son sus instituciones, en consecuencia fija su atención en todo aquello que pueda ayudar a fortalecerlas o por el contrario, a aquellas medidas que puedan afectarlas.

En ese contexto se registran este mes las posibles ofertas que para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia formule el Ejecutivo. Pero hay un componente más: las promesas de campaña que efectuara el actual Mandatario.

Luego de los cien primeros días de gobierno, pocos serán los que abriguen dudas sobre el rumbo y la determinación por aplicar cambios sustanciales en la administración pública y en la forma de gobernar. Las encuestas revelan el respaldo contundente con que se cuenta.

Por lo mismo sería aconsejable que en lugar de las anunciadas candidaturas que pululan por corrillos y medios, que parecen ofertar la imagen oficial de compromisos previos, el Gobierno hiciera énfasis en las cualidades que deben poseer las nuevas figuras que entrarán en la Corte. Nada grato resulta aquel episodio donde las figuras de ese Órgano del Estado provinieron del propio Ejecutivo, quebrando la independencia que exige la democracia a los órganos constitutivos del Estado.

Los ungidos o los anuncios previos solo actúan contra el propio Gobierno, quiebran la fe de quienes continuamos respaldando y creyendo en lo sano de sus intenciones, en su voluntad democrática y sobre todo en la escogencia objetiva e imparcial de las nuevas figuras de la Corte.

Muchos de los que votamos por el actual gobernante, lo hicimos en función de sus promesas de consolidar la institucionalidad y el Estado de Derecho, para que no se repitieran los errores del pasado, en este caso, la forma en que se había hecho la escogencia de los Magistrados, donde como ahora, los nombres “sonaban” desde meses antes a su escogencia.

No se trata de un ejercicio más, como se sabe, sino de la esencia misma del sistema, del fortalecimiento de su existencia y de la voluntad con que se apegue a esa democracia que tanto ha costado conquistar y luego mantener.

Nada debe atentar contra el caudal político de la actual administración, es un lujo que no de darse, sobre todo por los retos que tiene por delante y el tiempo que todavía falta por gobernar.

.

<>
Publicado el 30  de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Violencia: especializar los cuerpos de investigación

La opinión del Abogado, Diplomático  y Ex Director de la Fuerza Pública…..

Oswaldo Fernández

.
Violencia: especializar los cuerpos de investigación

.
La sociedad panameña sigue conmovida con los hallazgos de cadáveres cada semana en parajes solitarios.

No es nuestra cultura. Puede que en el pasado uno que otro crimen nos estremeciera pero no se producían tan seguido, ni de la manera tan siniestra como se vienen registrando.

La primera consecuencia de esta actividad delincuencial es la forma como trastorna sicológicamente al ciudadano, preocupado ya por otros delitos como robos, violaciones u otra clase de agresiones.

Desde que asumió la administración del país el nuevo Gobierno ha ensayado repuestas enérgicas para controlar la situación. Los allanamientos en áreas donde operan pandillas juveniles, el incremento de operativos y otras medidas se perciben como destinadas a devolverle al ciudadano la seguridad de transitar y operar libremente en su país.

Pero lo cierto es que la complejidad del problema no puede, de ninguna manera, cobrar responsabilidades únicamente en los organismos de seguridad del Estado.

Hasta donde se sabe, cada uno de ellos ha ido aportando medidas y recursos, pero la dimensión del problema podría estar reclamando la conformación de una estructura especial para la nueva tipificación de delitos.

Por ejemplo, a la tipificación de nuevos delitos que transcurren en el país, deben seguir mecanismos y cuerpos especializados. No en vano se crearon organismos como la UAF para detectar los delitos financieros.

De la misma manera aquellos delitos vinculados al narcotráfico deben tener, además de las Fiscalías correspondientes, cuerpos élites destinados a verificar las ejecuciones, las formas operativas, los grupos afines, etc.

Debería verse igualmente la manera no riesgosa como pueden vincularse a organismos territoriales para ubicar los lugares donde los grupos criminales vienen operando.

Un incremento en la presión a la delincuencia urge, respetando las reglas del sistema democrático de gobierno, porque dada la gravedad del problema, ya nadie está esperando justificaciones, sino soluciones.

Ya no importa si se hacen o no los esfuerzos, la evaluación social se determina por los resultados, y estos a su vez alcanzan una connotación política que puede producir registros erróneos en una sociedad que se ha cansado del problema y pide a gritos la solución.

.

<>
Publicado el 15 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Designación de Magistrados: nueva jornada para el Ejecutivo

La opinión del Abogado….

.
Oswaldo Fernández

.
Designación de Magistrados: nueva jornada para el Ejecutivo


.
En los próximos días está por designarse dos Magistrados para que integren la Corte Suprema de Justicia por un período de 10 años, considerando que a dos de ellos se les cumple en regla el período para el que fueron designados.

Por la importancia que reviste el hecho se justifica la atención que la ciudadanía le dispensa. Se trata de un ejercicio donde están comprometidos los tres Órganos Superiores del Estado: uno por proponer, otro por aprobar y el otro porque resulta directamente afectado en el ejercicio de sus funciones.

La administración de justicia es un área sensitiva, incisivamente cuestionada en los últimos años por cuanto que de sus ejecutorias depende, en gran medida la seguridad que el país tenga de sus derechos y garantías, y para los capitales extranjeros, de una seguridad jurídica que ampare sus inversiones en justo derecho.

Así que la designación posee una importancia crucial, no sólo para la aplicación de la Ley sino para el fortalecimiento de la credibilidad que se tenga en ella.   Quizás por eso ha despertado expectativas la Resolución de Gabinete No. 121 que fue publicada el 22 de septiembre en Gaceta Oficial, que contiene la forma mediante la cual el Gobierno se propone seleccionar los Magistrados, por lo que no está demás señalar que a tenor de experiencias recientes y frustrantes, tal anuncio podría atentar contra la posibilidad de consolidar no sólo el aparato de justicia, sino de afianzar la confianza y la credibilidad conque los votantes respaldaron a la nueva Administración durante las elecciones de mayo pasado.

La perspectiva de apelar a mecanismos de transparencia y de consulta, garantes de la independencia y la solvencia con que deben ser propuestos los Magistrados no riñe, con la preocupación del Ejecutivo por proponer personalidades que si bien pongan a salvo la independencia del Órgano Judicial, permitan coordinaciones efectivas entre un Órgano y otro.

Debe ser así, toda vez que la lucha contra el delito tiene en el Ejecutivo una herramienta vital de prevención y señalamiento, en tanto el Órgano Judicial tiene el deber de, previo juicio justo y con las pruebas idóneas, reprimir jurídicamente el delito, castigando al delincuente sin ninguna contemplación.

Lo mismo es válido para la otra vacante que se produce. Que los elegidos vengan de la esfera judicial, es una posibilidad que no se debe descartar, toda vez que existen en ese sector profesionales de probada capacidad y honestidad.

Pero es indiscutible que también se requiere que se estime a ese amplio sector de abogados litigantes que viven día a día las vicisitudes del ejercicio de la profesión, y donde se mueven con mucha solvencia destacadas personalidades que podrían ser para el propio Ejecutivo garantía de una independencia incuestionable y de una actuación mesurada.

El riesgo que no debe darse el Señor Presidente es realizar nombramientos de personas eminentemente políticas, con poca o ninguna vinculación al sistema de justicia, sin trayectoria conocida o con una cuestionable falta de independencia. Su decisión debe enviarnos, a los gobernados, un mensaje positivo en el sentido de que se escogerá a los más capaces dentro de las reglas autorregulatorias que el propio Ejecutivo se ha impuesto.

El Ejecutivo tiene el poder y la responsabilidad para tomar la decisión que considere a bien, mucho más si la misma le evita a la ciudadanía el retorno a viejas frustraciones.

De manera transparente, deben darse a conocer, sin demoras, la convocatoria para la selección, pero igualmente debe darse a conocer la capacidad ética y moral de que deben gozar los convocados, de credibilidad ante la comunidad y de un compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial.

.

<>
Publicado el 1 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.