Panamá y la región

La opinión del Abogado…….

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Oswaldo Fernández

Como abogado, soy partidario de la paz y de la institucionalidad, y sobre todo del respeto a la ley y al Estado de Derecho, por lo que creo que la primera evidencia de todo ello es el compromiso de defenderlo de todas aquellas manifestaciones, internas o externas al país, o de deterioro institucional que tan negativo papel juegan en ocasiones.

América Latina es hoy por hoy un hervidero de tendencias, muchos son los que colocan sobre la mesa propuestas destinadas a resolver tal o cual problema, pero en ese camino es importante distinguir aquellas afectaciones que son inherentes al sistema en el que vivimos, y de aquellas que actúan contra el sistema mismo.

La defensa de la democracia, por ejemplo, debe ser tarea permanente de todo buen ciudadano y más que una manifestación verbal, una forma de conducta, lo que implica, ante temas cruciales, saber que el sistema democrático en que vivimos posee un contexto lo suficientemente amplio como para resolver en su seno de manera pacífica toda situación conflictiva que surja.

Nadie puede excusar actos de violencia en injusticias sociales, algunas supuestas muchas de ellas reales, pero que el sistema puede balancear o darle salida.   Solo baste ver el crecimiento experimentado por Panamá en democracia. Mientras que unos hablan de crisis, cada nuevo complejo comercial que surge se abarrota en fechas especiales y permanecen relativamente frecuentados por una clientela local y extranjera.

Nadie puede negar que el Panamá de hoy registra progresos significativos, y que el sistema lo ha hecho posible.   Nadie niega tampoco que subsisten dificultades y problemas, pero igualmente no se puede negar la voluntad y los esfuerzos por resolverlos.   En la región quienes han optado por el aparentemente corto camino de la violencia han sumido a sus países en atraso y desesperanza. Panamá no debe caer en ese error.

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Publicado  el 16 de febrero de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La independencia de los órganos del Estado

La opinión del Jurista y Diplomático…..

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Oswaldo Fernández

La discusión sobre el tema ha vuelto al tapete por estos días, donde tal o cual acción de la justicia es cuestionada por unos y aplaudida por otros.  Montesquieu estaría verdaderamente orgulloso, no sólo de su formulación, sino de la vigencia de la misma a lo largo de más de dos siglos.   El debate, sin embargo, desaparece y reaparece en distintos escenarios, por lo que me atrevo a asegurar que no es la formulación la que registra desniveles, sino la forma como se aplica o los mecanismos que garantizan esa aplicación.

Algo debe estar andando mal, o algo perverso ha permitido tales ambivalencias que a menudo uno se encuentra en debates donde todo el mundo tiene la razón. ¿Qué está sucediendo?

Si alguien está verdaderamente interesado en absolver la cuestión debería preguntarse cómo se garantiza la independencia de los órganos del Estado, y cómo funciona aquello de la “armónica coordinación”, porque pareciera que una contradice a la otra. Dónde termina la independencia y dónde comienza la colaboración. O lo que es lo mismo: ¿dónde le es prohibido a un Órgano Superior del Estado inmiscuirse en los asuntos del otro? ¿Puede funcionar así el Estado?

En los países del primer mundo, sólo la independencia efectiva de los poderes del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad se ha convertido en garantía de lo que algunos llaman la seguridad jurídica. Y tiene que ser así por cuanto que, por ejemplo, la justicia no puede actuar en función de relaciones, favoritismos, consideraciones o cualquier tipo de concesión que a la postre dé al traste con la imparcialidad que requiere el sistema, ya que esto no solo para su funcionamiento, sino para su propia sobrevivencia.

Claro que las formulaciones no eliminan las tentaciones, sobre todo por aquello de la preeminencia del subjetivismo, tan inherente al hombre como su propia vida. Por lo mismo la concurrencia colectiva a través de sus distintos organismos debe convertirse en un instrumento legítimo que asegure la independencia en cuestión, y al mismo tiempo la mayor imparcialidad y objetividad del caso.

Que ese implique reformas al sistema. Pues si. La cuestión radica en quién se atreve a proponerlo, y quién a permitirlo.

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Publicado el 2 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al  autor, todo el crédito que les corresponde.

*Ex Director de la Policía Nacional y de la extinta PTJ.

La efectividad de la justicia penal

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La opinión del Abogado, Diplomático, Docente Universitario  y Ex Director de la PTJ y la Policía Nacional….

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Oswaldo Fernández

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Con preocupación y asombro hemos vistos como en los últimos años, la efectividad de la justicia penal parece ir mermando. No es que sea algo nuevo, pero si lo es la velocidad y la profundidad que ha ido cobrando: la mora judicial, los atentados a la institucionalidad, puesta en duda de la honestidad de quienes la ejercen, atentando contra ese muro de firmeza que debe exhibir el sistema de justicia penal.

Muchos han sido los casos perdidos por los Fiscales por tecnicismos o falta de preparación, que a la postre impiden juzgar el hecho, se centran en temas que nada tienen que ver con el asunto fundamental y terminan por favorecer al reo, sea o no culpable.

En una democracia y sobre todo en un Estado de Derecho la protección a esas garantías esenciales de los ciudadanos es un bien supremo, por lo que requiere de mejor y mayor preparación, no es detener por detener ni forzar conductas penales donde no hay tipos o existen otros diferentes.

En toda sociedad la justicia es lo que da fe a los asociados y seguridad en que sus derechos están a salvo. Es la confianza en la institucionalidad, pero en el Panamá de los últimos años, la justicia penal revela serias deficiencias panameñas.

Y cuando nos referimos al sistema de justicia penal no se trata solo de los Jueces, ahí entra la Policía, los Investigadores, el Ministerio Público, el Órgano Judicial y el Sistema Penitenciario, como actores directos e inmediatos.

Las autoridades tienen en este campo un verdadero reto, no solo por la credibilidad que se debe fortalecer en el sistema, sino por el deterioro institucional que suponen estos hechos. En muchos es evidente la falta de coherencia e incluso de soberbia y prepotencia a la hora de preparar el caso.

Así vemos como los policías dicen que ellos capturan y los Jueces los liberan, los investigadores sostienen que los uniformados contaminan la escena del crimen, los Fiscales manifiestan que las investigaciones policiales les llegan defectuosas, los Jueces se quejan que se hacen investigaciones incompletas, se trata de forzar tipos penales, se usa a los medio de comunicación para presionarlos y cuando condenan el Ejecutivo decreta indultos o rebajas de penas.

Es así el circulo vicioso que entraña esta madeja de relaciones jurídicas y humanas. Como profesor universitario que soy, entre las primeras cosas que le recomiendo a mis estudiantes figura una preparación exhaustiva para el caso, incluyendo el examen detenido de la manera como han sido respetados los derechos de la parte contraria.

Les digo a mis estudiantes que cuando se es acusador hay que tener más cuidado en el respeto a las garantías y en la recabación de pruebas.

Allí figura una de las primeras medidas, en impedir que los tecnicismos nos ganen la partida, y en consecuencia el celo con que un abogado se debe preparar para cada caso.

En pleno Siglo XXI el sistema tiene que ser eficiente, utilizando las reglas del juego de una sociedad civilizada, no se puede, so pretexto de combatir el delito, convertirse en delincuente, hacerlo seria retroceder al barbarismo jurídico del siglo decimonónico.

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Publicado el 9 de diciembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Nuevas cárceles

La opinión del Abogado, Diplomático, Ex Director de la Policía y la Ex PTJ….

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OSWALDO   FERNANDEZ

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Nuevas cárceles

Enhorabuena se ha hablado de la edificación de nuevas cárceles. Pese a que hace más de diez años fue destruida la vieja Cárcel Modelo, poco o nada eficiente ha resultado el papel de las que se construyeron posteriormente, no sólo por el hacinamiento que se repite, sino por las evidentes debilidades que testimonian las reiteradas evasiones que ponen en tensión a toda la sociedad.

Así que construir nuevas cárceles en todo el país constituye una medida acertada, que estará incompleta, sin embargo, si paralelamente no se implementan modelos funcionales en el tratamiento de los detenidos, y en correctivos a la mora judicial que impone a los reos sanciones tardías al mantenerlos en condición preventiva de manera indefinida, esto es la denominada detención preventiva o sentencia anticipada.

Es importante atender esto porque en el pasado ha quedado demostrada la demagogia con que ha sido tratado el tema. No bastan nuevas cárceles sino se asumen programas de resocialización que hagan del delincuente un ser útil a la sociedad, en lugar de una amenaza peor. Es obvio que existirán personas no rescatables, pero esa no es la regla sino la excepción.

Durante el tiempo que pasan en la cárcel se convierten en una carga económica para la sociedad, que tras ser víctimas de sus ilícitos, termina pagándole por delinquir. Los reos deben ser incorporados a alguna forma de trabajo que genere recursos.

Si se parte de que el estar detenido genera un costo para el Estado y para la sociedad, nada incoherente sería la posibilidad de que ese reo pague tanto al Estado como a la sociedad su estadía en la prisión.

El sistema alemán por ejemplo regula esa figura, y lo que genera el reo paga al Estado y le paga al mismo detenido una suma que va a una cuenta, que al final de su condena se le retribuye y tiene un recurso con el cual enfrentar los primeros meses de su libertad. Como manifestamos al inicio, enhorabuena las nuevas cárceles, mejor si dejan de ser la universidad del crimen y se convierten en efectivos centros de resocialización.

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Publicado el 10 de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Expectativas y certezas

La opinión del Abogado, Diplomático y Ex  Director de la Policía y de la ex PTJ……

Oswaldo Fernández

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Expectativas y certezas

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La esperanza de cualquier sociedad en el sistema que administra y dirige su vida colectiva son sus instituciones, en consecuencia fija su atención en todo aquello que pueda ayudar a fortalecerlas o por el contrario, a aquellas medidas que puedan afectarlas.

En ese contexto se registran este mes las posibles ofertas que para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia formule el Ejecutivo. Pero hay un componente más: las promesas de campaña que efectuara el actual Mandatario.

Luego de los cien primeros días de gobierno, pocos serán los que abriguen dudas sobre el rumbo y la determinación por aplicar cambios sustanciales en la administración pública y en la forma de gobernar. Las encuestas revelan el respaldo contundente con que se cuenta.

Por lo mismo sería aconsejable que en lugar de las anunciadas candidaturas que pululan por corrillos y medios, que parecen ofertar la imagen oficial de compromisos previos, el Gobierno hiciera énfasis en las cualidades que deben poseer las nuevas figuras que entrarán en la Corte. Nada grato resulta aquel episodio donde las figuras de ese Órgano del Estado provinieron del propio Ejecutivo, quebrando la independencia que exige la democracia a los órganos constitutivos del Estado.

Los ungidos o los anuncios previos solo actúan contra el propio Gobierno, quiebran la fe de quienes continuamos respaldando y creyendo en lo sano de sus intenciones, en su voluntad democrática y sobre todo en la escogencia objetiva e imparcial de las nuevas figuras de la Corte.

Muchos de los que votamos por el actual gobernante, lo hicimos en función de sus promesas de consolidar la institucionalidad y el Estado de Derecho, para que no se repitieran los errores del pasado, en este caso, la forma en que se había hecho la escogencia de los Magistrados, donde como ahora, los nombres “sonaban” desde meses antes a su escogencia.

No se trata de un ejercicio más, como se sabe, sino de la esencia misma del sistema, del fortalecimiento de su existencia y de la voluntad con que se apegue a esa democracia que tanto ha costado conquistar y luego mantener.

Nada debe atentar contra el caudal político de la actual administración, es un lujo que no de darse, sobre todo por los retos que tiene por delante y el tiempo que todavía falta por gobernar.

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Publicado el 30  de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Violencia: especializar los cuerpos de investigación

La opinión del Abogado, Diplomático  y Ex Director de la Fuerza Pública…..

Oswaldo Fernández

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Violencia: especializar los cuerpos de investigación

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La sociedad panameña sigue conmovida con los hallazgos de cadáveres cada semana en parajes solitarios.

No es nuestra cultura. Puede que en el pasado uno que otro crimen nos estremeciera pero no se producían tan seguido, ni de la manera tan siniestra como se vienen registrando.

La primera consecuencia de esta actividad delincuencial es la forma como trastorna sicológicamente al ciudadano, preocupado ya por otros delitos como robos, violaciones u otra clase de agresiones.

Desde que asumió la administración del país el nuevo Gobierno ha ensayado repuestas enérgicas para controlar la situación. Los allanamientos en áreas donde operan pandillas juveniles, el incremento de operativos y otras medidas se perciben como destinadas a devolverle al ciudadano la seguridad de transitar y operar libremente en su país.

Pero lo cierto es que la complejidad del problema no puede, de ninguna manera, cobrar responsabilidades únicamente en los organismos de seguridad del Estado.

Hasta donde se sabe, cada uno de ellos ha ido aportando medidas y recursos, pero la dimensión del problema podría estar reclamando la conformación de una estructura especial para la nueva tipificación de delitos.

Por ejemplo, a la tipificación de nuevos delitos que transcurren en el país, deben seguir mecanismos y cuerpos especializados. No en vano se crearon organismos como la UAF para detectar los delitos financieros.

De la misma manera aquellos delitos vinculados al narcotráfico deben tener, además de las Fiscalías correspondientes, cuerpos élites destinados a verificar las ejecuciones, las formas operativas, los grupos afines, etc.

Debería verse igualmente la manera no riesgosa como pueden vincularse a organismos territoriales para ubicar los lugares donde los grupos criminales vienen operando.

Un incremento en la presión a la delincuencia urge, respetando las reglas del sistema democrático de gobierno, porque dada la gravedad del problema, ya nadie está esperando justificaciones, sino soluciones.

Ya no importa si se hacen o no los esfuerzos, la evaluación social se determina por los resultados, y estos a su vez alcanzan una connotación política que puede producir registros erróneos en una sociedad que se ha cansado del problema y pide a gritos la solución.

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Publicado el 15 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Designación de Magistrados: nueva jornada para el Ejecutivo

La opinión del Abogado….

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Oswaldo Fernández

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Designación de Magistrados: nueva jornada para el Ejecutivo

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En los próximos días está por designarse dos Magistrados para que integren la Corte Suprema de Justicia por un período de 10 años, considerando que a dos de ellos se les cumple en regla el período para el que fueron designados.

Por la importancia que reviste el hecho se justifica la atención que la ciudadanía le dispensa. Se trata de un ejercicio donde están comprometidos los tres Órganos Superiores del Estado: uno por proponer, otro por aprobar y el otro porque resulta directamente afectado en el ejercicio de sus funciones.

La administración de justicia es un área sensitiva, incisivamente cuestionada en los últimos años por cuanto que de sus ejecutorias depende, en gran medida la seguridad que el país tenga de sus derechos y garantías, y para los capitales extranjeros, de una seguridad jurídica que ampare sus inversiones en justo derecho.

Así que la designación posee una importancia crucial, no sólo para la aplicación de la Ley sino para el fortalecimiento de la credibilidad que se tenga en ella.   Quizás por eso ha despertado expectativas la Resolución de Gabinete No. 121 que fue publicada el 22 de septiembre en Gaceta Oficial, que contiene la forma mediante la cual el Gobierno se propone seleccionar los Magistrados, por lo que no está demás señalar que a tenor de experiencias recientes y frustrantes, tal anuncio podría atentar contra la posibilidad de consolidar no sólo el aparato de justicia, sino de afianzar la confianza y la credibilidad conque los votantes respaldaron a la nueva Administración durante las elecciones de mayo pasado.

La perspectiva de apelar a mecanismos de transparencia y de consulta, garantes de la independencia y la solvencia con que deben ser propuestos los Magistrados no riñe, con la preocupación del Ejecutivo por proponer personalidades que si bien pongan a salvo la independencia del Órgano Judicial, permitan coordinaciones efectivas entre un Órgano y otro.

Debe ser así, toda vez que la lucha contra el delito tiene en el Ejecutivo una herramienta vital de prevención y señalamiento, en tanto el Órgano Judicial tiene el deber de, previo juicio justo y con las pruebas idóneas, reprimir jurídicamente el delito, castigando al delincuente sin ninguna contemplación.

Lo mismo es válido para la otra vacante que se produce. Que los elegidos vengan de la esfera judicial, es una posibilidad que no se debe descartar, toda vez que existen en ese sector profesionales de probada capacidad y honestidad.

Pero es indiscutible que también se requiere que se estime a ese amplio sector de abogados litigantes que viven día a día las vicisitudes del ejercicio de la profesión, y donde se mueven con mucha solvencia destacadas personalidades que podrían ser para el propio Ejecutivo garantía de una independencia incuestionable y de una actuación mesurada.

El riesgo que no debe darse el Señor Presidente es realizar nombramientos de personas eminentemente políticas, con poca o ninguna vinculación al sistema de justicia, sin trayectoria conocida o con una cuestionable falta de independencia. Su decisión debe enviarnos, a los gobernados, un mensaje positivo en el sentido de que se escogerá a los más capaces dentro de las reglas autorregulatorias que el propio Ejecutivo se ha impuesto.

El Ejecutivo tiene el poder y la responsabilidad para tomar la decisión que considere a bien, mucho más si la misma le evita a la ciudadanía el retorno a viejas frustraciones.

De manera transparente, deben darse a conocer, sin demoras, la convocatoria para la selección, pero igualmente debe darse a conocer la capacidad ética y moral de que deben gozar los convocados, de credibilidad ante la comunidad y de un compromiso con la defensa de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la independencia judicial.

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Publicado el 1 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Guillermo Endara: La frontera del país

La opinión del Abogado….

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Oswaldo Fernández

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Guillermo Endara: La frontera del país

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Lo normal es cumplir el ciclo de la vida, lo que determina si ha sido buena o mala es el papel que se haya desempeñado en el periodo que nos corresponda vivir.   Y reflexionamos así o de otras maneras cada vez que la muerte sacude a la familia o a la sociedad, cuando un ser querido o apreciado muere, porque no por repetitiva la muerte deja de sorprendernos.   Esta vez se trata de Guillermo Endara Galimany, un hombre bajo cuyo mandato me tocó servir al país en medio de una situación crucial y peligrosa, tanto por los acontecimientos inmediatamente anteriores a los sucesos de diciembre de 1989 como los que vinieron después.   Una encrucijada, que puso fin a un período dictatorial para dar paso a la democracia que ahora vivimos. Dicho de esta manera quizás no se perciba lo transcendente del momento.

Era el fin de una era llena de humillaciones para la civilidad panameña, que por lo mismo había dejado amargura, odios y rencores en quienes pasaban en 1990 a ser actores de primera fila.   El poder en la mano los habilitaba quizás para cobrar los abusos de los que habían sido víctimas.

Millares de personas acudían a los medios a denunciar los horrores que habían vivido, las torturas y vejaciones que le habían infringido los militares y los civiles adictos al régimen o sea los elementos más duros de la dictadura.   Del otro lado, estaban los afectados por la invasión, las víctimas y sus familias, los que ingenuamente creyeron en un verdadero nacionalismo.

Era una época de pasiones y desquites, que bien pudo desembocar en una tragedia mayor de la ya habíamos vivido, quizás los panameños nunca hemos tomado conciencia de lo cerca que estuvimos de una guerra civil o de ejecuciones masivas.   Y es aquí donde uno tiene que subrayar la grandeza de Endara y la deuda que este país tiene con él, lo oportuno de contar con una persona como la suya en una etapa como esa.

Ningún revanchismo afloró en su conducta y tampoco ningún abuso, pese a que muchos fueron los que trataron (y todavía tratan) de achacarle la responsabilidad de la invasión, un tema que pudo administrar con solvencia porque tengo la seguridad que jamás hubiera querido para el país ni para los panameños un episodio como aquel, tampoco tuvo la irresponsabilidad del dictador, en su histriónica presentación con un machete, declarando el estado de guerra con los Estados Unidos.

Endara supo crecerse en esa etapa y su carácter amable y conciliador avaló la posibilidad de que los panameños nos reencontráramos más rápido de lo que pensábamos.

El le dio al país la tónica de su nueva etapa histórica, por lo que coincidimos con aquellos que se atreven a definirlo como el padre de la moderna democracia panameña, ahora le corresponde a los actuales y futuros gobernantes perfeccionar dicha democracia con la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, y a la sociedad el deber y el derecho de exigirlo, sin temor ni abusos de ninguna clase, como parte del legado histórico que le adeudamos a Don Guillermo Endara.

Para mí fue un honor y un privilegio servir en los estamentos de seguridad del Estado bajo su mandato presidencial. Por lo tanto solo me resta decirle “muchas gracias y hasta luego Señor Presidente.

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Publicado el 3 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia, Estado de Derecho y Justicia Penal

La opinión del Abogado y Ex Director de la Policía Nacional…..
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Oswaldo Fernández

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Democracia, Estado de Derecho y Justicia Penal
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Ninguna sociedad comienza de cero. Todas y cada una de sus actividades han sido antecedidas por una acumulación que contiene los aportes de sus figuras preclaras, o de los acuerdos de consenso que surgen de coyunturas específicas, por no citar aquellos resultantes de apoyos mayoritarios.

Durante las XIV Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal (La Plata, Argentina, 1994) se realizó un estudio comparativo de los sistemas procesales en América Latina, España y Portugal, especialmente en el aspecto penal.

En ese estudio, Brasil, México y Panamá ocuparon el triste honor de estar dentro del grupo de países más atrasados, con un sistema procesal penal inquisitivo.

A pesar que la Constitución Nacional tiene un abecedario de normas garantistas que se encuentran sustentadas en el Título III, y respaldadas en la Convención Americana de Derechos Humanos, este garantismo se ha venido desvirtuando en los ordenamientos procesales penales secundarios que nos han regulado.

El incremento de la delincuencia y sus atroces repercusiones hacen que los Estados protejan a su sociedad buscando fórmulas para evitar la impunidad, pero también para desalentar la justicia por propia mano. La sanción penal es retributiva no vengativa. La venganza pública es igual y más atroz que la venganza privada.

Al respecto Luigi Ferrajoli ha dicho: “Por eso, cada vez que animan a un juez sentimientos de venganza, de parte o de defensa social, o que el Estado deja sitio a la justicia sumaria de los particulares, el Derecho Penal retrocede a un estado salvaje, anterior a la formación de la civilización”.

Un sistema procesal democrático debe garantizarle a todos los ciudadanos, desde el más humilde hasta el más alto funcionario público que, en caso de enfrentarnos a una investigación penal, por cualquier azar de la vida, siendo inocentes o culpables, se nos garantice un juicio justo, con respeto a todos nuestros derechos y garantías.

El actual sistema procesal penal, al cual catalogamos de “perverso”, dista mucho de esa aspiración, es obsoleto, aberrante, ineficaz y violatorio de las mínimas garantías contenidas en la propia Constitución. Si el sistema funcionara el índice de delincuencia no hubiera crecido durante sus más de cien años de vigencia (desde Colombia).

Es recurrente sostener que perfeccionar la democracia es tarea de las Naciones que aspiran a superarse. No se puede modernizar una sociedad, si no se hace lo mismo con el sistema de enjuiciamiento penal.

Pero en el caso de Panamá, el sistema procesal penal tiene un escenario lamentable que es la detención sin condena (sentencia anticipada) que padecen sesenta de cada cien procesados con imputación, una especie de limbo que desdice del sistema judicial panameño y que desdibuja al Estado de Derecho de un país democrático.

Es importante que en un sistema democrático se separen las funciones de acusación, defensa y decisión; y que no se confundan, como lo hace el actual sistema.   No se puede dudar de la determinación oficial por mejorar aspectos vitales del Estado como el tema que nos ocupa; en parte compromiso de campaña, en parte vieja preocupación de la sociedad.

Si bien la anterior administración fue irresponsable al dejar aprobado un sistema legal sin presupuesto, le corresponde a la actual buscar un remedio consensuado.   Más valen fórmulas que den salida a los temas cruciales, que murallas que los represen, porque ningún proceso se detiene, avanza o retrocede, y cuando sucede lo último, los costos son incalculables.

Bien valdría una reconsideración en esta materia y no postergar una medida que más allá de las cuestiones partidarias es reclamada por la sociedad y por su sistema democrático.
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Publicado el 25 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La Seguridad de un Estado de Derecho

La opinión de…

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Oswaldo Fernández

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La Seguridad de un Estado de Derecho

Al finalizar los conflictos armados en América Central y consiguientemente la eliminación de las dictaduras militares, estos países se vieron en la necesidad de restringir la presencia de los aparatos militares dentro de la vida política del Estado.

Uno de los temas más debatidos era cómo pasar de regímenes autoritarios, donde el concepto de seguridad era drástico, a un sistema democrático, donde se respetaran los derechos y garantías de las personas, aun cuando estas fueran culpables; y que nadie fuese condenado sin el respeto a esos derechos y garantías.

El problema era mayor cuando la seguridad era (y es) un tema de debate en todo el mundo y que se encuentra en la agenda de todos los Gobiernos. No era nada sencillo pasar de Gobiernos Militares autoritarios y autocráticos a Gobiernos Civiles respetuosos de las garantías y los derechos, a los que los ciudadanos ávidos de seguridad, califican como débiles.

No es un debate simplista, por el contrario, es sumamente complejo. Quizás uno de los problemas que se confrontan en la actualidad sea la inexistencia de una Política Criminológica de Estado sostenida en el tiempo, que establezca una doctrina del Estado Panameño sobre la seguridad de sus habitantes coherente con las necesidades de la población.

Este vacío nos ha conducido a copiarnos de las doctrinas norteamericanas antiterrorismo y antinarcotráfico, que se han mezclado con las percepciones propias de los funcionarios políticos de turno en cada Gobierno.

Como lo han dicho expertos de Naciones Unidas, en los países donde no hay Fuerzas Armadas existe una ambigüedad entre la función militar y la función policial, que aquí se acentúa considerablemente por cuanto más de la mitad del estamento de las Fuerzas de Seguridad Pública posee formación militar. Además existen funciones que tienen una ascendencia más militar que policial, como la custodia de las fronteras nacionales.

So pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en general, algunos países han adoptado medidas de carácter general para, en nombre de la democracia y la seguridad, conculcar bajo el ropaje de Leyes arbitrarias, las garantías y derechos que dicen defender.

En un sistema democrático de Gobierno, la lucha contra la delincuencia se da dentro de los parámetros del debido proceso legal y a través de las autoridades constituidas, el Ministerio Publico y el Órgano Judicial. El Estado no puede ni debe invocar la violación a los derechos de los asociados bajo la premisa de que se los está protegiendo.

Estamos conscientes que es más difícil cumplir esta labor para un Gobierno en democracia que en dictadura; en democracia la sociedad tiene que pasar por el trauma de todo un proceso que ocupa tiempo, recursos y esfuerzos; al procesado hay que garantizarle todos sus derechos, empezando por el sagrado derecho de defensa, hay que conciliar a la víctima con su desesperación y la convivencia con la lentitud de los procesos.

Por eso en democracia se necesita funcionarios más capacitados, mayores y mejores recursos, leyes más transparentes y mejor organización social. Lo que ningún funcionario debe olvidar es que en Panamá ya no se puede invocar la eximente del mandato superior o de la obediencia debida.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América Digital; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Panamá y la Seguridad: tarea urgente

Panamá y la Seguridad: tarea urgente

La opinión del Abogado, Ex Director de la Policía nacional…

Oswaldo Fernández

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Nada más vigente hoy que el tema de la Seguridad, aun cuando en muchos aspectos enfrenta los retos del proceso de globalización que han propiciado los progresos tecnológicos y las relaciones comerciales.

En virtud de estas circunstancias, la cooperación internacional entre las naciones se hace más urgente y necesaria, lo que en lugar de reñir con los principios soberanos de los Estados, tiende a fortalecerlos, sobre todo cuando la principal amenaza a la Seguridad Interna y Externa emana de los atentados a la propia democracia.

Esto es así porque el tema de la seguridad no sólo consigna la lucha contra las amenazas externas al Estado, sino también de aquellas que provienen del deterioro de las instituciones que deben sustentarlo.  En muchos casos, por ejemplo, la corrupción ha dejado de tipificarse tan sólo como un delito, para situarse en la categoría de riesgo de seguridad pública, sobre todo cuando lo actuado desde algunas instituciones genera y desarrolla descontentos en amplios sectores de la sociedad.

En otro ejemplo, la defensa de la democracia se ha convertido hoy por hoy en uno de los factores cruciales de la seguridad. No en vano, Colombia, por ejemplo, ha apelado al concepto Seguridad Democrática como mecanismo y método efectivo para contrarrestar la anarquía promovida por conocidos grupos terroristas, devolverle la confianza a sus ciudadanos y normalizar la vida de ese país.

A la vista están los resultados. La custodia de fronteras, la eficiencia de las instituciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las entradas, salidas y movimientos migratorios en el país, así como la estructuración, especialización y efectividad de los estamentos de seguridad e inteligencia hacen parte de las tareas que actualmente tiene en Panamá.

Pero toda esta actividad debe manejarse dentro del marco del respeto al derecho y garantías de los ciudadanos como consolidación de la democracia y del Estado de Derecho.

El eficientismo estatal y garantismo jurídico tienen que ir de la mano, no pueden ser excluyentes, la primacía del primero nos produciría un Estado autocrático y la supremacía del segundo un Estado leseferista donde campearía la impunidad.

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Publicado el 30 de agosto de 2009 en el diario El Panamá América Digital, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

La independencia judicial

La independencia judicial

La opinión del abogado…

Oswaldo Fernández

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La separación de los poderes y la colaboración armónica que despliegan los Órganos Superiores del Estado, herencias principales del Estado Moderno (Locke y Montesquieu), constituyen pilares básicos para el funcionamiento de la democracia y de las garantías indiscutibles para la sociedad. Por tanto, el respeto a la independencia judicial representa un reto para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si se atenta no sólo contra la concepción del Estado Moderno, sino contra la fe pública, y se promueven situaciones de incertidumbre, se estará provocando el desequilibrio institucional, preludio del caos, la anarquía y la autocracia.

El mal es peor cuando la injerencia proviene del propio órgano encargado de administrar justicia, donde los superiores a través de métodos de terror pretenden coaccionar las decisiones de sus inferiores jerárquicos. Muy bien indicó Eduardo J. Couture “…que cuando los Jueces tuvieran miedo, los ciudadanos no podrían dormir tranquilos.” Es preocupante que los medios se refieran a la posible intromisión de un órgano dentro de otro, y las consecuencias desastrosas que ha implicado sujetar decisiones a negociaciones y favores.

Pero es más temible cuando surge de las máximas autoridades del propio órgano juzgador, que al no poder sustentar la juridicidad del adefesio jurídico que habían aprobado para maniatar a Magistrados y Jueces, lo han derogado y han presentado un ante proyecto de Ley creando un Tribunal de Excepción para juzgar no solo a Magistrados y Jueces, sino también a todos los funcionarios subalternos, así como a los profesionales del Derecho.

Pareciera que algunos se equivocan pensando que Panamá es Roma y ellos son Calígula, por lo que pretenden parafrasear al cruel emperador romano cuando al ser abucheado dijo: “Si toda Roma tuviera una sola cabeza…» en alusión a decapitar a todos de una vez. Lo que olvidan es el final del desalmado monarca.

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Publicado el 19 de agosto de 2009 en el diario El Panama América Digital, a quienes damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

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