Un derecho penal objetivo y sociedad

La opinión del Jurista y Docente Universitario…

Silvio Guerra Morales

La humanidad ha superado con creces, en lo que toca al mundo del Derecho Penal, lo que otrora se denominara “Derecho Penal de Autor” y en su lugar ha puesto en lugar encumbrado al Derecho Penal de Acto. Dicho en otras palabras: un Fiscal no debe mirar la apariencia del acusado sino el acto por el cual es acusado y, en consecuencia de ello, todo su análisis, en estricto rigor jurídico, habrá de constreñirse a las razones, hechos, circunstancias y demás detalles que rodean al caso per se.

No por ser pobre una persona significa que sea ladrón; por andar siempre togado un “caballero” no significa que no pueda perpetrar una violación carnal, en fin.    Un fiscal no tiene, desde luego, una bolita de cristal en la cual aparezca el acusado y que en base a esa imagen pueda decir “este sí es un delincuente” o “éste no es delincuente”. Un fiscal debe constreñirse, reiteramos, a los hechos, a cada uno de ellos, que rodean un determinado caso.

Solamente así podrá el Ministerio Público realizar una labor de verdadera objetividad y transparencia en sus investigaciones. Para ello, tendrá que atender a los acontecimientos, a las personas involucradas en la causa, la existencia de pruebas indubitables, incuestionables, infranqueables, que militen en contra de una persona y ante las cuales la acusación se presente como sólida, indesmoronable.

Razón tienen muchos colegas que ya han advertido que gran parte del problema que presentan nuestras cárceles –sobrepoblación carcelaria- pasa necesariamente por una clara omisión de la lectura constitucional del cumplimiento cabal del debido proceso, mismo que no puede ser ponderado por las autoridades del Ministerio Público y del Órgano judicial, sin que medie un cabal razonamiento del o los cargos que hay en contra de un ser humano; las pruebas de ese cargo, la solidez o eficacia probatoria de ellas; y no basta tan solo la prueba del cargo, sino que adquiere mayor importancia, en lo que toca a la acusación que se formula en contra de un ciudadano, que conste, de modo inobjetable, la prueba de la vinculación en cuanto atañe a autoría, complicidad o cualquier otro grado de participación criminal.

 

Desde hace más de una década andamos predicando que el cambio real en el sistema de justicia penal panameño solamente puede tener cabida si nos permeamos de una mentalidad humanística en el plano del proceso punitivo y que ésta haga gala fecunda de que los subrogados penales deben ser considerados, prima facie, antes de aplicar una detención preventiva en contra de un particular y, claro, sin desmedro de los casos que por su naturaleza, la requieren o exigen.

 

Decía el maestro Alfonso Reyes en su monumental obra sobre la Tipicidad que el tipo penal – la norma- exige que el agudo fiscal y el ufano abogado siempre hagan la subsunción debida.

Fuera de este contexto, se cometen irremediables golpes a la justicia penal que ni aún el perdón social puede mitigar. Eso no puede llamarse responsabilidad penal objetiva.

<>Artículo publicado el 4 de febrero  de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La investigación como actividad universitaria

*

La opinión del Catedrático de la Universidad de Panamá…

Eduardo Flores Castro

La investigación en la Universidad de Panamá se ha caracterizado, en comparación con universidades oficiales de otros países, por un bajo presupuesto y por un número reducido de profesionales dedicados a esta actividad, lo que ha conllevado a tener baja productividad y reducidas publicaciones en revistas indexadas.   Si utilizamos criterios basados en competencias como: inversión en investigación, número y salario medio de los investigadores, también tenemos un déficit.

La institución está limitada por la cosmovisión de sus administradores, por el bajo apoyo a la investigación y por asignar un valor marginal a esta labor. Es absolutamente necesaria la renovación de la administración universitaria, de manera que se establezcan programas de incentivos a los investigadores, programas de perfeccionamiento profesional y se asigne un porcentaje del presupuesto universitario a la investigación. Merecería la pena emular a la Universidad Autónoma de Chiriquí, que tiene una asignación por ley, del 10 % del presupuesto de funcionamiento para el apoyo a la investigación.

El moderno enfoque que debemos aplicar es el de: investigación-desarrollo-innovación. Mientras que algunos definen la investigación como “la actividad donde se invierte dinero para obtener conocimiento”, la innovación sería “la actividad donde se invierte conocimiento para obtener dinero”.

La Universidad, tiene competencias para participar con opciones de éxitos en licitaciones, pero lo hace muy pocas veces o no lo logra por falta de organización. Esto presupone una falla gerencial en: transferencia de tecnología, base de datos, herramientas informáticas, técnicas de relaciones públicas, de comunicación, etc.

Es fundamental reforzar las tareas de análisis de nuestras fortalezas y debilidades para no perder la inversión y potenciar los resultados. La nueva administración universitaria tiene que centrar sus esfuerzos en la organización, para incluir los criterios de optimización que generen competitividad debido a la eficacia y eficiencia en sus acciones.

Debemos realizar un estudio de las fuentes de financiamiento nacional e internacional y definir una estrategia adecuada cuyo objetivo sea la captación de fondos. Gestionar fondos para crear un sistema de servicios científicos y tecnológicos con miras a participar en el mercado nacional e internacional y generar los fondos para su sostenimiento y para el apoyo al desarrollo de las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales y administrativas. Esto implica un estudio de mercado con técnicas modernas e índices orientadores de las políticas a seguir.

Es recomendable elaborar un centro de datos, que nos permita ordenar los logros alcanzados por los panameños tanto en el territorio nacional como en el exterior, así como los aportes en investigación de los extranjeros residentes en Panamá.

Por otro lado urge el establecer una política de publicaciones, comunicación y relaciones públicas. Esto incluye la optimización y reorientación de las publicaciones universitarias, las páginas web y los sistemas virtuales, que proyecte la universidad en distintos escenarios: el público en general, la comunidad educativa, la comunidad empresarial, la comunidad de egresados y la comunidad política y gubernamental. Es una condición ineludible establecer accesos eficientes a internet, bibliotecas digitales, centros de datos, apoyo virtual a los cursos, teleconferencias, pasantías, certificaciones, evaluación continua, etc.

Debemos mejorar los criterios de selección de personal para ser audaces y aprovechar las potencialidades.   La Universidad de Panamá capta a un bajo porcentaje de egresados de universidades prestigiosas, por su sistema rígido de selección, que en muchas ocasiones no favorecen los criterios académicos. El actual modelo que se tiene en la Universidad apoya muy poco a quienes hacen investigación. Para un docente con gran cantidad de horas de clases y las obligaciones de horas de servicio administrativo, le es muy difícil cumplir con las exigencias que requiere un proyecto de investigación de primera línea, lo que indica que hay que hacer cambios radicales en esta institución para poder impulsar la investigación.

A nivel nacional nuestra fortaleza es el gran número de profesores con alta formación. Debemos aprovechar esta ventaja e impulsar la investigación a través de implementar doctorados en todas las disciplinas, hacer descargas horarias a quienes tengan proyectos financiados. Para esto debemos hacer sinergias con instituciones como: la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la Ciudad del Saber, el Instituto Smithsonian, el IFARHU, la ANAM, el Ministerio de Educación, el Sindicato de Industriales y universidades extranjeras de prestigio. De esta forma forjaremos una universidad que oriente el desarrollo nacional.

*
<>Artículo publicado el  12  de enero de 2011   en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La investigación del narco escándalo

La opinión del Abogado…

LUIS FUENTES MONTENEGRO
luisfuentesmontenegro@gmail.com

‘El affaire Bonissi’ o el narco escándalo que ha estremecido a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio Público, no se ha estado investigando como debe, al contrario parece ser que dicha investigación se hace amañada, encubriendo, para que queden impunes varios de los verdaderos culpables.

 

El fiscal a quien se le asignó ese expediente era y es, la persona menos indicada para instruir ese sumario, se trata de un compinche del propio ex procurador, por lo que nada tenía ni tiene de imparcialidad; además lo primero que debe tenerse en claridad, es si ese fiscal tan allegado al ex procurador, es o no es otro de los implicados en ese narco escándalo, pues en vez de ser quien investiga, debiera ser investigado y procesado para determinar si tuvo o no participación, o si forma parte o no de esa red de delincuencia organizada que conformaron algunos miembros de la institución, dedicados a corrupción, asociación ilícita para delinquir, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales en las modalidades de encubrimiento, colaboración, abusos, arbitrariedades.

 

¿Pero quién es ese fiscal? Para tener una idea se le debe investigar si tuvo relación o no con un caso de corrupción referente a varios millones provenientes del narcotráfico, cuando laboró en aduanas;  igual su verdadero desempeño en el Ministerio Público cuando siempre fue un funcionario de cuarta categoría. ¿Acaso no lo habían destituido?   ¿Si lo habían destituido, por qué fue?    Investiguen y encontrarán bellezas.

 

Pero aún así el ex procurador Bonissi lo nombró fiscal auxiliar. ¡Curioso! Investiguen si es cierto o no que durante su estadía de prepotencias y absurdos como fiscal auxiliar, se cobraba plata o no para otorgar desaprehensiones, para favorecer con medidas cautelares, para dar libertades. Investiguen también el verdadero uso que ha dado a un carro BMW blanco en custodia o propiedad de la institución.

Señor Ayú Prado, confío que como Procurador General de la Nación no permitirá que personas con deficiencias académicas y completamente inmorales, sigan siendo fiscales.

En el caso de Ángel Calderón, tomé los correctivos ejemplares que usted considere.

 

El Ministerio Público tiene funcionarios valiosos, con experiencia, vocación, buena preparación académica, valores éticos, dignos. De usted depende que funcionarios corruptos, dedicados de por vida al juega vivo, sigan encochinando la institución o no.

 

En la investigación del narco escándalo, el sujeto que investiga, llevará a más escándalos, engaños, sinvergüencerías, impunidad.

 

*

<> Artículo publicado el 11 de enero  de 2010  en el diario  El Siglo, a quienes damos,   lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sobresaltos de fin de año

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado….

 

MARIELA  SAGEL
marielasagel@gmail.com

M ontreal, Canadá.— En menos de tres días que he estado en esta nevada y fría ciudad, no han dejado de sobresaltarme las noticias que me llegan de lo que ocurre en Panamá, como si mi profecía que nos iban a meter un ‘gol’ al estilo del mundial durante las fiestas, se estuviera cumpliendo al pie de la letra.

Por un lado surgen las aparentes declaraciones del presidente y su burro (perdón, su vice, analogías de Navidad) que la ampliación era un desastre y que con morisquetas le indicó a su mentora que ese proyecto emblema de nuestro Canal no iba bien. Luego se destapa (y se sigue destapando) la corrupción rampante que hay en el Ministerio Público y no logro entender cómo, a estas alturas de los señalamientos y pruebas, aún sigue rampante el procurador encargado ejerciendo sus funciones —aunque acabo de recibir la noticia que renunció— usurpando un cargo que le fue dado únicamente por la desobediencia de la procuradora separada al no querer seguir las órdenes precisas del ‘mercader’ de meter preso a un ex presidente.

Antes de viajar tuve acceso a las declaraciones juradas de los auditores a los que encargó la Fiscalía en Delincuencia Organizada, que se hace llamar ‘Especializada’, pero que ha demostrado estar ‘obsesionada’ sobre el caso de los Pérez Balladares, y lo digo en plural, porque no me sorprendería que en el afán de encontrar algo irregular, hasta a la fiel Chencha la llamaran a declarar para que diga cuánto gastó en la compra de los fertilizantes del jardín de la casa de Altos del Golf.

Si bien algunos términos legales me son un poco ajenos, cualquier persona con sentido común entendería que cuando se hace uso de peritos es por la experiencia y la idoneidad que éstos tienen y que los mismos no son escogidos caprichosamente. Pero como ese sentido es el menos común, paso a explicar algunos conceptos que después de un año de estar siendo repetidos una y otra vez, no son o no quieren ser bien entendidos. Una empresa ‘holding’ es aquella que controla las actividades de otras mediante la propiedad de todas o de una parte significativa de sus acciones, y está autorizada a recibir dividendos, pues éstos ya le son declarados con los impuestos pagados.

Los peritos, auditores y la empresa de auditoría internacional Ernst & Young han dejado constancia en declaración jurada que las transacciones o intercambios de dinero que recibió el ‘holding’ de los Pérez Balladares no eran en lo absoluto irregulares, ilícitos y mucho menos pretendían blanquear capitales. Esto último, para los neófitos en el tema o los arrepinchosos antitoristas, se usa para lavar el dinero producto de actividades ilícitas y los juegos de azar no lo son.

Aún más, juran los peritos y la misma directora en funciones de la Unidad de Análisis Financiero que no encontraron ninguna advertencia o ‘bandera roja’ de parte de los bancos para investigar los intercambios de las empresas que han sido sometidas inclementemente a un año de investigación sin tregua, vulnerando las garantías de los involucrados y esto debe llamar a la reflexión a la ciudadanía, en el sentido de que perseguir causas penales por situaciones ajenas a las pruebas recabadas y a la ley vigente es total y completamente contraproducente a la democracia. Investigaron de oficio por unas publicaciones en un diario.

Estas últimas diligencias ya tienen visos de desesperación. Preguntarle a una de las hijas en qué gastó 10 mil dólares en cuatro años, establecidos para gastos familiares es como preguntarles a las colombianas pre-pago que vienen todos los meses a qué se van a dedicar. Este caso es para escribir un libro, pero de vergüenza de nuestras autoridades judiciales.

Y para cerrar con broche de oro y una mueca de burla hacia la ciudadanía, EPASA anuncia que vende su grupo editorial a un consorcio que denota ser testaferro de quienes quieren comprar este país y las conciencias honradas a toda costa. Lo malo no es que lo hayan hecho, lo peor es que pongan de director asociado a un extranjero que vino a Panamá con la única misión de hacer daño —y mucho que hizo— y que los mismos que lo trajeron descubrieron que su comportamiento no era para nada ético. Por eso salió de ese diario por la puerta de atrás, sin destacarles los méritos —si los tuviera— para ahora venir, de la mano del que quita y pone embajadores, a dirigir lo que vuelve a ser, irónicamente, otra ERSA.

Realmente, espero que Dios se apiade de este país, porque al paso que vamos, con crazy o wiki leaks, no vamos bien.

*

<> Este artículo se publicó el 27 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Pus por donde apriete

*

La opinión de la Periodista…

Adelita Coriat

El desgaste del sistema judicial es de larga data. Reconocerlo no es fácil, menos recuperarlo. El crimen organizado no es el único responsable, también forman parte las influencias políticas, la compra de puestos, el nombramiento de personal los favores políticos.

Esta semana escuchamos declaraciones preocupantes por parte de dos ex funcionarias de la procuraduría. Una confiesa que a cambio liberar a 4 implicados en un supuesto caso de narcotráfico le entregaron el despacho de la fiscalía de drogas de Los Santos. La otra ex funcionaria relata sospechosas actuaciones de sus colegas en las fiscalías de Drogas; incautaciones, manejo de expedientes y pruebas, así como la anuencia de sus superiores en los nombramientos.

Marquel Mora fungía como fiscal en la mencionada fiscalía, en septiembre fue enviado de vacaciones por tres meses, por lo que le correspondía a los fiscales superiores de droga nombrar un reemplazo.

Así fue como llegó la ex fiscal Milagros Valdés a este cargo. No perdió tiempo en cumplir el trato acordado que se aceleró cuando, dice, recibió amenazas telefónicas.

Valdés también deja ver la existencia de influencias entre funcionarios de jerarquía del MP y los implicados del caso en cuestión.

Por otra parte vemos a la ex jefa de recursos humanos, Eva Lorenz, denunciando la falta de garantías en su proceso. Lorenz alerta sobre la actuación de los fiscales de droga donde en ocasiones no hay capturas humanas pero si toneladas de cocaína, habla de la identificación de “droga diluida para dejar pasar la buena”, que hay poca compatibilidad entre la droga incautada y la que se acredita en los expedientes, y que a pesar de la inteligencia y seguimientos no hay capturas en los allanamientos.

Si usted estaría bajo investigación criminal, ¿confiaría en la investigación de los funcionarios de esta institución? Quien toma el mando en esta situación es el crimen organizado.

*
<>Artículo publicado el  27  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

La planificación de la investigación

La opinión de…

Delia A. De Castro D.

La natural evolución de instituciones jurídicas producto del conocimiento de mejores prácticas que se dan en otros países obliga a dejar de ver el proceso penal como un simple conjunto de procedimientos seguidos uno de otro, dirigido a que se determine si corresponde o no imponer una pena, y apreciarlo, en consecuencia, como un asunto estratégico en el que los litigantes seleccionan los mecanismos jurídicos de actuación más adecuados, luego de verificar la situación en concreto que se presenta, las alternativas posibles de solución y sus probables consecuencias.

Esa actuación estratégica que a los abogados no nos enseñan en las aulas universitarias, sino que se aprende en la práctica, caso a caso, será todavía más relevante en el marco del Sistema Acusatorio, en el cual quien resulte triunfador en un juicio, no podrá estar apoyado en un expediente o en una serie de diligencias preconstituidas, sino que debe convencer al juez o los jueces que tomarán la decisión final de que los hechos que plantea se ajustan a las normas de derecho, en razón de la prueba que se practica en su presencia y con la intervención de la contraparte.

Todo ello alejado de prácticas corruptas y de intervenciones externas a la relevante misión de administrar justicia.

Conforme al nuevo modelo el sistema tendrá tres fases: investigación, intermedia y juicio oral, pero para garantizar una buena actuación en esta última, es necesario planificar desde el inicio.

La fase de investigación es aquella en la que se realizan averiguaciones para determinar si se dio un delito e identificar a sus posibles autores o partícipes con miras a llevarlos a responder en juicio.   El fiscal, quien la dirigirá, será auxiliado por los organismos de policía.   Así, Ministerio Público y Policía Judicial deben actuar como un equipo que define estrategias, respetando el rol de cada uno, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, compartiendo sus experiencias y conocimientos en materia de persecución criminal con respeto de los derechos humanos y plena vigencia del principio de legalidad.

El cambio fundamental que debe darse en este aspecto, es pasar del ritualismo y la improvisación que se presenta en algunos casos, a la planificación en todos los procesos. Es superar la lógica de la tramitación y recopilación de información, de manera desordenada y sin claro sentido, en beneficio de la lógica de investigar de forma metodológica.

Planificar la investigación permite que éstas tengan un desarrollo más ordenado y sistemático, dándole a esta primera fase del procedimiento un rumbo cierto, a efectos de facilitar la obtención de resultados más precisos, incluso, para determinar cuándo un caso no constituye delito o debe ser aplicado un mecanismo alternativo de solución del conflicto como la mediación.

Bajo este modelo, se tiene como punto de partida la adecuación del hecho denunciado, querellado o conocido por las autoridades de oficio, a un tipo penal específico, de forma que se puedan probar luego cada uno de sus componentes (autor, víctima, conducta cometida, mecanismos de ejecución, bienes afectados, si se actuó con dolo o culpa, así como si se presentan agravantes o atenuantes). Toda esta información generará la hipótesis delictiva, es decir, lo que el litigante considera que ocurrió al reconstruir la historia de un probable suceso delictivo, que contribuirá luego a fundamentar su teoría del caso.

De esta forma se recaban elementos de convicción estrictamente relacionados con el delito en particular y, por ende, la prueba que luego se produce es más útil y pertinente al caso concreto. Se ahorra tiempo y dinero, se protegen garantías fundamentales al tiempo que se logra mayor eficiencia en la persecución de las conductas violatorias a la ley penal.

*

<> Este artículo se publicó el 14 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

La cautela de bienes

La opinión del Abogado Litigante y Docente Universitario….

CARLOS AUGUSTO HERRERA
cherrera255@hotmail.com

El abogado Roniel Ortíz, se ha quejado de la lentitud que existe para la devolución de unos vehículos que estaban cautelados en un supuesto rosario de delito imputados al legendario David Murcia Guzmán, a quien junto con el letrado mencionado, tuvimos el honor de conocer e intercambiar algunos conceptos jurídico para su defensa.

Hoy existe ese descomedido modo de investigar, que es como el que le pega a una piñata con ojos vendados, y por eso los procesos sucumben en ese mar de desaciertos e ignorancia, más grave por la obligada devolución de todo lo aprehendido en sus bienes, una vez fenezca el último cargo.

Ya empezaron a devolver los carros, aunque faltan algunos que hasta pintaron de otro color. Al final y cuando lluevan las demandas, tal vez se toquen el corazón para tener un criterio razonable y compartir las responsabilidades con los propios sospechosos, sin dudas los más adecuados para cuidar los bienes mencionados.

Es cacareada la frase sobre presunción de inocencia con rango Constitucional (Art. 22).   Lo otro es el artículo 17 de la misma excerta legal, que empareja a los nacionales con los extranjeros en Panamá, y que deben ser tratados como igual. Digo esto porque siempre que aprehenden a un sujeto, recogen muchas cosas que nada tienen que ver con el caso,  si el artículo 1227 del Código Civil, que hasta la venta de la cosa ajena vale sin perjuicio del dueño de la cosa vendida, un derecho que se extingue por el tiempo que transcurra.

Dice nuestro Código Judicial, en el artículo 2188, que todos los objetos que se recojan durante un allanamiento hay que inventariarlos y agregar la información al expediente. Me imagino que en homenaje a la honradez, habrá que explicar las razones de dichas aprehensiones.

Lo que pasa es que tanto el allanamiento, su registro y la colección de objetos, resulta un asunto relativamente fácil, pero después se agrega lo perecedero de dichos bienes o el deterioro, muy propio de nuestro medio ambiente impregnado de humedad y calor. Esta es una preocupación administrativa por parte de los funcionarios, de resguardar los objetos como carros, casas, yates y afines, que entre meses a la intemperie se afectan considerablemente.

Una salida inteligente es nombrar a los tenedores como depositarios, pero qué va, mejor es recoger dinero, prendas, televisores, componentes, aparatos de línea blanca y qué se yo,    pero luego es un tejemaneje que los devuelvan y más cuando aparece un tercero incidental y los reclama porque le pertenecen.

Es impropio el daño que se produce con estos actos irreflexivos, porque una vez inventariados debe quedar sujetos a un tercero, que los cuide y que responda como un buen padre de familia por dichos objetos, los que, de acuerdo con el artículo 1454 del Código Civil, se puede lograr con los bienes muebles; y es propio mencionar el artículo 1480, también del mismo compendio legal referido, sobre esa obligación ineludible que recae sobre el depositarios sobre bienes secuestrados de cumplir como si se tratara de su familia.   Lo cierto es que el artículo 1976 de nuestro Código de Procedimiento, anuncia la devolución de las cosas retenidas como consecuencia de un allanamiento, sino están sujetas al comiso, restitución, secuestro o embargo.

Nosotros conocemos ese gravamen público del allanamiento judicial con registro, en busca fundamentalmente de los efectos o instrumentos con los que se realizó la operación delictiva, tal y como lo anuncia el artículo 2178 del Código Judicial, ya mencionado en este conversatorio, desde otro ángulo.

Me parece adecuado y jurispráctico que siempre se funcione en estos menesteres con la lógica al momento de horadar la tranquilidad sacrosanta de la residencia o domicilio del oprimido y que siempre se permita, dentro de los descargos, la justificación de la tenencia de bienes para su debida devolución, un asunto que se muestra sombrío, en el contenido con las reformas de la Ley 30 de 1984, en lo relativo a la devolución de dineros retenidos o decomisados por la Dirección General de Aduanas, a los viajeros o transeúntes aéreo o portuarios, sobre dineros no declarados sobre la cantidad de 10,000 dólares. De verdad que por variados enfoques, siento esto como una injusticia.

Por supuesto que hay ingentes esfuerzos para regular esta incómoda materia, aparte de lo oneroso que resulta aquello de custodiar por años objetos que se deterioran o que son presa de los deshuesadores, como ocurre con las piezas de los automóviles o máquinas similares.

El Ministerio Público tiene enormes depósitos, amplios patios a los que no cabe nada más, mientras los procesos se ahogan en gestiones y documentos que no logran el objetivo de una justicia expedita, un sueño de cada uno de los que ocupan los puestos llenos de entusiasmo.

 

*

<> Este artículo se publicó 19  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Erradicar la violencia contra las mujeres, una tarea pendiente

 

La opinión de…

Santiago Cantón

Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda.

Sin perjuicio de importantes avances, aun continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, torturas, discriminación, brutalidad policial, pobreza y analfabetismo son sólo algunas de ellas. Pero indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.

A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

La Corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región, y los índices de impunidad para estos crímenes son igualmente inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores de actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales; y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra la mujeres.

Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo y llevó el caso a la Comisión Interamericana.

En muchos países, hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo.

Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.

*

<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Patria son hechos, no palabras

*

La opinión de la periodista…

Adelita Coriat

En estos días caminaba por la cinta costera justo cuando el SPI hacía gala del desfile patriótico.   La banda se escuchaba al fondo, yo seguía la narración por la radio donde sonaba “Patria”, casi un emblema nacional.

Lo irónico era escuchar una canción tan profunda y sintiera decepción al contrastarla con mi trabajo periodístico. Me acordé de Brewster, el jefe antidrogas que murió envenenado hace más de 4 años pero que hasta el momento las autoridades no tienen idea de lo que pasó.

Esta fue una persona, pensaba, que trabajó para el Estado y que sus propias instituciones le dieron la espalda cuando él más las  necesitó.

Tal vez la única persona en este país interesada en la verdad sobre su muerte sea esta servidora.   Ni el Ministerio Público, la DIJ, u otra entidad se ha molestado en averiguar qué, o quién le causó la muerte a Brewster y por qué.    Un verdadero golpe a la institucionalidad del Estado pasó desapercibido ante los ojos de la justicia.

Mucho hay debajo de esta tumba, hechos que trascienden lo nacional y enredan a la Embajada de EU en Panamá, que durante este tiempo no ha abierto la boca para aclarar la falta de autenticidad de los documentos forenses que entregó a la Fiscalía Auxiliar, o los famosos exámenes poligráficos incorroborables por no tener copia en el expediente, o el supuesto número de caso de Brewster en el FBI que no existe.   En cambio, son desaires burlescos los que salen de Clayton. Lo peor es que la autoridad panameña permitió que la violaran y se quedó muda, así lo aceptó y lo acepta.

¿Qué pasaría si la situación se tornase al revés? ¿Considera usted que los gringos aceptarían documentación falsa en un caso tan sensitivo?

Definitivamente que la Patria es mucho mas que símbolos, son hechos.

*
<>Artículo publicado el  8  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/coriat-adelita/

La teoría de la justicia loca

La opinión del Abogado…
LUIS  FUENTES  MONTENEGRO
luisfuentesmontenegro@gmail.com

Los delitos no pueden ser investigados cometiendo otros delitos.   La persecución de la delincuencia es una tarea de todos los ciudadanos, pues los actos delictivos resquebrajan el funcionamiento armonioso de una sociedad, y una sociedad o un país no pueden estar a la merced de los delincuentes; no es un planteamiento nuevo, es una conclusión lógica a la que ya han arribado variedad de personas decentes en épocas múltiples y en regiones parecidas o antagónicas.

Cuando se investiga un delito o un supuesto de delito, cometiendo delitos, significa que la estructura de la justicia anda por mal camino, así de simple sirve para que en su nombre se cometan fechorías y abusos, muchos de los cuales se cometen indiscriminadamente por los mismos que tienen el deber de impartir justicia. La ilicitud no puede ni debe ser confrontada con ilegalidad, sino en el pleno marco del estado de derecho, pero cuando hay funcionarios encargados de investigar delitos, y olvidan este principio, se creen estúpidamente pueden hacer y deshacer a sus anchas, se consideran dioses que tienen la potestad de decidir quién es delincuente y quien no, con capricho se investiga y con capricho se condenan, y es que el ejercicio del cargo que les da cierto poder en nombre de la ley y del Estado, lo hacen con abuso, con deshumanización absoluta, y con un rechazo y pisoteo rampante de lo que es y debe ser legítimamente el derecho y su justa aplicación.

Los delitos son males que aquejan a cualquiera o a todos, pero no puede hacerse ver que se investigan delitos para pasar facturas, perpetrar venganzas, presionar o chantajear, eso es todo lo contrario de lo que es la justicia. Pero esos comportamientos se dan a tutiplén y, quien lo hace hasta llega a vanagloriarse de que lo está haciendo.

Siempre ha existido una injerencia de la política en el manejo de la justicia y en muchos casos donde se investigan delitos, la política está por detrás o por debajo; pero cuando son los propios funcionarios de la estructura de justicia quienes quieren congraciarse con los políticos del gobierno coyuntural y, se arrastran a sus pies, haciendo cualquiera estupidez, e inventan delitos, amañan expedientes, les vale un pito los derechos humanos, entonces el país corre peligro y la democracia está en crisis y la tratan de sepultar. ¡Ojo!

 

<> Articulo publicado el 2 de noviembre de 2010  en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/fuentes-montenegro-luis/

Polígrafo, ¿es realmente útil en la investigación criminal?

La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO  GANCI  C.
concienciaciudadana09@gmail.com

Mucho se ha hablado del detector de mentiras, que es un tipo de polígrafo usado entre otras cosas para procesos de investigación judicial (criminal), ya sea como solicitud de facto del agente de instrucción (fiscal), así como de manera opcional cuando un procesado la solicita de manera voluntaria, basado en el artículo 2123 del Código judicial. Obviamente, esto no es una carta abierta y debe respetarse el derecho a la privacidad, a la intimidad y la presunción de inocencia de los sospechosos.

En términos simples el aparato mide las variaciones de la respuesta fisiológica del cuerpo que se dan como respuesta emocional a una determinada pregunta.

Su validez depende de muchas cosas, primero el nivel del conocimiento de psicofisiología forense del poligrafista. No se trata solo de hacer las preguntas, sino también de cómo, cuándo y en qué forma se hacen. Se supone que una pregunta genera un pensamiento, este una emoción. La emoción, provoca variaciones de la presión arterial, el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y el nivel de conductividad eléctrica de la piel, dependiendo de si lo que dice la persona se ajusta a la verdad o no.

Los defensores de la prueba afirman que su capacidad de determinar casos sospechosos es muy alta, entre un 80 a 90%, por lo que es una herramienta valiosa en la investigación.

Si… y… No… Primero. No todas las personas manejan sus emociones de igual manera, lo que ocasiona diferentes respuestas. Una misma pregunta no genera el mismo tipo de pensamiento. Si una persona se siente acosada, bajo un alto nivel de estrés y percibe un ambiente francamente hostil, puede generar una serie de pensamientos paralelos a la pregunta en cuestión, aun sabiéndose inocente.   ¿Y si no la paso?.. ¿me quieren acusar?.. ¿qué me van a hacer?,   y otras muchas.

Las fobias a los espacios cerrados, una naturaleza emocional particular, e incluso algunos medicamentos, pueden influir en falsos positivos. También, en mucho menor grado, se dan falsos negativos. Personas que pueden ‘vencer’ al polígrafo, ya sea por alteraciones sociopáticas cerebrales, que influyen en el nivel de emotividad, como algunos psicópatas o personal entrenado específicamente en técnicas de bloqueo metal (realizar operaciones matemáticas complejas o cualquier ‘distractor’ mental), y control emocional, como en el caso de fuerzas militares especiales y agentes de seguridad nacional dedicados al espionaje o contraespionaje.

Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, estimó que de aplicarse a una muestra a 10000 personas, de las cuales diez fueran culpables, el resultado más probable es que ocho de éstas serían identificados por el polígrafo como tales, a la vez que serían considerados probables o sospechosos 1598 (casi un 16%) de los inocentes.   Dicho otra manera el 99,6% de los sospechosos son falsos positivos ‘inocentes’ y el 80% de los culpables se detectan.

En resumen, el polígrafo debe ser considerado bueno para diminuir probables sospechosos. Pero NUNCA, por sí solo, para incriminar a nadie. De ahí la importancia de la capacitación criminológica tanto de los agentes de instrucción (autoridades), peritos y agentes encargados de hacer cumplir la Ley (policías investigadores).

Para que un proceso no resulte viciado se necesita absoluta independencia y objetividad del investigador, una preservación adecuada de la o las probables escenas del crimen con la presencia, dependiendo del caso, no solo del investigador sino del representante de la fiscalía, los peritos necesarios que velen por la no contaminación de las pruebas y, sobre todo, una actuación sin prejuicios, buscando las causales probatorias, más que la imputabilidad a toda costa.

‘Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen’, Willy Brand, político alemán.

 

*

<> Este artículo se publicó el 30 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/ganci-c-alessandro/

Changuinola en la memoria

La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos….

Miguel Antonio Bernal

La “Comisión Especial” designada por el Ejecutivo para investigar los sucesos de Changuinola ha concluido que:    “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido.     La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa.”

Preguntaba en mi columna del 16 de julio pasado, a raíz de la visita a Changuinola- los días 1 y 13 de julio- de Mariela Arce del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, miembro de Alianza Ciudadana por la Justicia, como parte de una delegación de la Defensoría del Pueblo: ¿Qué pasó en Changuinola?

Sabido es que, muy tempranamente, el Ejecutivo con el auxilio de todo su entorno gubernamental, se apresuró a pretender ocultar la realidad de lo ocurrido. Recordemos que en su informe, Arce subrayaba que: “Los entrevistados de sociedad civil concuerdan que se dio un uso “exagerado de la fuerza”, “se volvieron brutos”, los policías dispararon hasta que se les acababan las municiones. “Esta experiencia ha manchado de sangre la gestión del actual gobierno y ha traído de un solo manotazo los recuerdos de la Dictadura militar, el pueblo bocatoreño, los pueblos indígenas, lloran y piden justicia para sus muertos y heridos con daños permanentes.”

Hoy, en sus conclusiones, la Comisión Especial, por su parte, corrobora que “el hecho de que la empresa Bocas Fruit Company, suspendiera el viernes 2 de julio del 2010 el pago del salario semanal vencido de sus trabajadores, incrementó la agitación social en la región. La Comisión reconoce por igual, la existencia de otras causas de conflicto, como es el caso de los reclamos de sectores indígenas relacionado respeto a las leyes comarcales, tal como se consignó en el Acuerdo Changuinola de 11 de julio del 2010.”.

También nos dicen que: “La Comisión constató el imprudente e inaceptable manejo de los sucesos de Changuinola por parte de las autoridades civiles y políticas de la provincia, quienes fueron (i) incapaces de trasmitir a tiempo y con la mayor certeza a las autoridades centrales del Gobierno Nacional la magnitud de las protestas, y (ii) propiciar un diálogo respetuoso y eficaz con los sindicatos y gremios que se manifestaban, para dar lugar a un acuerdo que evitara las confrontaciones.”

“El Gobierno Nacional no tomó en cuenta las particularidades de una región donde la cultura indígena es vital y donde existen antecedentes históricos de luchas sociales. Esta Comisión estima que frente a las protestas, las autoridades del Estado debieron reaccionar de forma inmediata con ánimo de entendimiento y concertación, considerando que las mismas no pierden su legitimidad cuando escuchan las quejas de la comunidad y toman decisiones teniendo en cuenta las observaciones de los sectores organizados de la sociedad civil.”

“Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15 metros.

“La Comisión constató la conculcación de derechos fundamentales, tales como: Derecho a la vida, a la integridad personal, libre tránsito, acceso a alimentos, atención oportuna y eficaz de quienes requerían servicios de salud, inseguridad, daños a la propiedad privada y a bienes del Estado, afectación a derechos de terceros, privación de libertad y retención de personas contra su voluntad.

“La cantidad de manifestantes lesionados (perdigones) y afectados por los gases lacrimógenos en áreas consideradas “alejadas del conflicto”, resalta el hecho de que las fuerzas del orden no contaban con guías o protocolos para evitar la magnitud de daños directos y colaterales ocasionados al tratar de sofocar la protesta. La utilización de unidades policiales no capacitadas, ni entrenadas para actuar como fuerza en el control de multitudes, agravó la situación.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados, la Comisión no recibió información alguna de las autoridades policiales (Jefe de la Policía Nacional y Sub Comisionado Jefe de la Policía Nacional de Changuinola), y del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo, cuyas necropsias determinaron como causa directa de muerte las heridas de perdigones sufridas durante las protestas.   Debió existir un informe sobre las circunstancias de estas muertes.” La reacción gubernamental ante el informe de su “Comisión Especial”, no se ha hecho esperar y, lo irrespetuosa de la misma, hace obligatorio que nuestra memoria no permita el olvido.

*
<>Artículo publicado el 29 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/
*