La opinión de…
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Yakarta Ríos –
Desde que nacimos como nación nos vimos obligados a luchar por nuestra soberanía e identidad nacional, asumiendo la causa de la ocupación norteamericana indefinida por los tratados suscritos a perpetuidad, Hay–Bunneau Varilla, que condenaban a generaciones a vivir en un territorio limitado por la tutela de una nación poderosa.
La lucha por la recuperación del Canal cobró fuerza y se proyectó con la participación de los distintos sectores, estudiantes, obreros campesinos, profesionales y sectores populares, en las distintas épocas de nuestra reciente historia, concretándose estos logros finalmente en la administración del Canal de Panamá y en la recuperación de las tierras adyacentes; ante este panorama muchos se dieron por satisfechos, pero ¿realmente el peligro de perder la soberanía cesó? ¿no existen más amenazas de ser enajenados y vendidos?
Lamentablemente la situación persiste, el peligro no radica ya en el colonialismo que era visible y contra el cual se levantaron cientos de discursos; el peligro actual lo representa el clientelismo y la avaricia de funcionarios públicos quienes –a sabiendas de que nuestro territorio es soberano y que hay un marco constitucional y leyes que protegen nuestros recursos– insisten en vender lo que nada les ha costado, y en regalar a diestra y siniestra por retazos nuestros recursos naturales.
El adjudicar extensas áreas de una reserva hídrica, como las ubicadas en el cerro Guacamaya, en Coclé, a sabiendas de que hacerlo constituye un delito tipificado en el Código Penal panameño es un ejemplo claro de un acto de pillaje de parte de funcionarios públicos que no ignoran la ley, sino que se burlan de ella, de nosotros y de nuestra mal ponderada soberanía.
Las concesiones masivas y la firma de contratos leoninos como los celebrados con los gestores de Petaquilla son duros golpes que nos llevan al despojo de importantes zonas de biodiversidad, como el corredor biológico mesoamericano, y representan una institucionalización de las antiguas patentes de corso y la piratería. Es vulgar que se ofrezca a las comunidades, diezmadas por la contaminación de sus aguas y por el acaparamiento de sus tierras, casitas aisladas de su medio de vida y clínicas para paliar enfermedades crónicas derivadas de tóxicos como el cianuro. Frente a esto, las preguntas fundamentales son: ¿Cuántos millonarios viven hoy en día en la antigua mina de Cañazas? ¿Es la miseria desarrollo nacional? Todo esto con la aquiescencia y mirada pasiva de un Estado que, en vez de protegerlos, los abandona a su suerte.
Actualmente hay curules de diputados y puestos ministeriales que están comprometidos con las empresas mineras, representando esto una penetración política e intromisión en nuestros asuntos como nación.
Propios y extraños lucran desmedidamente con nuestra naturaleza, y se ufanan de venderla al mejor postor, vulnerando nuestros principios de soberanía y territorialidad consagrados en el texto constitucional.
La defensa de nuestro patrimonio natural no se limita a cuidarlo de un modo aislado, al contrario, representa la vindicación integral de nuestros derechos humanos, económicos, políticos y de nuestra soberanía, que estamos perdiendo aceleradamente, y dejándolos a merced de la avaricia de los nuevos “Atilas” que de manera indiscriminada nos “venden como país”, pero con todos nosotros adentro.
Si los gobernantes y los políticos persisten en su conducta inmediatista y de lucro personal, no logrando internalizar que nuestros recursos naturales están directamente relacionados con nuestra autonomía e identidad nacional, seguiremos perdiendo como pueblo y daremos paso a nuevas formas de colonialismo, gracias a las cuales tendremos que disputarnos el agua y el oxígeno con los pillos, y cuando ya no quede una gota más, entonces en vez de Panamá ser conocido como un país rico en peces y mariposas, pasaremos a llamarnos “pa más na”.
<> Este artículo se publicó el 5 de octubre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.
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