¿Panamá o pa más na?

La opinión de…

Yakarta Ríos

Desde que nacimos como nación nos vimos obligados a luchar por nuestra soberanía e identidad nacional, asumiendo la causa de la ocupación norteamericana indefinida por los tratados suscritos a perpetuidad, Hay–Bunneau Varilla, que condenaban a generaciones a vivir en un territorio limitado por la tutela de una nación poderosa.

La lucha por la recuperación del Canal cobró fuerza y se proyectó con la participación de los distintos sectores, estudiantes, obreros campesinos, profesionales y sectores populares, en las distintas épocas de nuestra reciente historia, concretándose estos logros finalmente en la administración del Canal de Panamá y en la recuperación de las tierras adyacentes; ante este panorama muchos se dieron por satisfechos, pero ¿realmente el peligro de perder la soberanía cesó? ¿no existen más amenazas de ser enajenados y vendidos?

Lamentablemente la situación persiste, el peligro no radica ya en el colonialismo que era visible y contra el cual se levantaron cientos de discursos; el peligro actual lo representa el clientelismo y la avaricia de funcionarios públicos quienes –a sabiendas de que nuestro territorio es soberano y que hay un marco constitucional y leyes que protegen nuestros recursos– insisten en vender lo que nada les ha costado, y en regalar a diestra y siniestra por retazos nuestros recursos naturales.

El adjudicar extensas áreas de una reserva hídrica, como las ubicadas en el cerro Guacamaya, en Coclé, a sabiendas de que hacerlo constituye un delito tipificado en el Código Penal panameño es un ejemplo claro de un acto de pillaje de parte de funcionarios públicos que no ignoran la ley, sino que se burlan de ella, de nosotros y de nuestra mal ponderada soberanía.

Las concesiones masivas y la firma de contratos leoninos como los celebrados con los gestores de Petaquilla son duros golpes que nos llevan al despojo de importantes zonas de biodiversidad, como el corredor biológico mesoamericano, y representan una institucionalización de las antiguas patentes de corso y la piratería.   Es vulgar que se ofrezca a las comunidades, diezmadas por la contaminación de sus aguas y por el acaparamiento de sus tierras, casitas aisladas de su medio de vida y clínicas para paliar enfermedades crónicas derivadas de tóxicos como el cianuro. Frente a esto, las preguntas fundamentales son: ¿Cuántos millonarios viven hoy en día en la antigua mina de Cañazas? ¿Es la miseria desarrollo nacional? Todo esto con la aquiescencia y mirada pasiva de un Estado que, en vez de protegerlos, los abandona a su suerte.

Actualmente hay curules de diputados y puestos ministeriales que están comprometidos con las empresas mineras, representando esto una penetración política e intromisión en nuestros asuntos como nación.

Propios y extraños lucran desmedidamente con nuestra naturaleza, y se ufanan de venderla al mejor postor, vulnerando nuestros principios de soberanía y territorialidad consagrados en el texto constitucional.

La defensa de nuestro patrimonio natural no se limita a cuidarlo de un modo aislado, al contrario, representa la vindicación integral de nuestros derechos humanos, económicos, políticos y de nuestra soberanía, que estamos perdiendo aceleradamente, y dejándolos a merced de la avaricia de los nuevos “Atilas” que de manera indiscriminada nos “venden como país”, pero con todos nosotros adentro.

Si los gobernantes y los políticos persisten en su conducta inmediatista y de lucro personal, no logrando internalizar que nuestros recursos naturales están directamente relacionados con nuestra autonomía e identidad nacional, seguiremos perdiendo como pueblo y daremos paso a nuevas formas de colonialismo, gracias a las cuales tendremos que disputarnos el agua y el oxígeno con los pillos, y cuando ya no quede una gota más, entonces en vez de Panamá ser conocido como un país rico en peces y mariposas, pasaremos a llamarnos “pa más na”.

<> Este artículo se publicó el 5 de octubre  de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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Agua y gestión comunitaria

La opinión de…….

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Yakarta Ríos


Iniciativa, buena fe y capacidad para trabajar en equipo, son pilares para una gestión efectiva del agua como bien público y democrático, esencial para la satisfacción de necesidades que van desde los quehaceres del hogar, hasta la agricultura y actividades empresariales.

Contrario a estos principios, el acceso al agua en nuestro país se limita a la obtención del recurso público, sin evaluar su origen, entorno y conservación, esta conducta de las autoridades conduce a que los ciudadanos estén desarraigados de su responsabilidad hacia un recurso que nos mantiene con vida y forma incluso parte de nuestros rituales espirituales.

Ciudadanos y empresas conciben el origen del agua desde el grifo o tubería de la que obtienen el recurso al momento que necesitan consumir, y no la asocian con una fuente que es necesario proteger,   esta disociación del agua con respecto a la fuente, constituye un obstáculo para implementar políticas efectivas de conservación y a la vez conduce a la falta de aplicación de medidas coherentes hacia una de nuestras principales riquezas naturales.

Mientras nos azota el fenómeno de El Niño, que ha dejado sin agua a los principales sectores productores del país, se siguen aprobando concesiones absurdas y explotaciones mineras que agotan y contaminan la cantidad de agua disponible; este modelo de gestión desordenado genera problemas sociales, económicos y políticos, abundan los ejemplos, como lo es la extensa sequía que azota el arco seco y que ha generado pérdidas millonarias y la comisión de delitos derivados de la falta de agua en comunidades de Panamá y San Miguelito, donde conductores de cisternas se han visto amenazados si no acceden a proporcionar el vital líquido.

En contraste con lo que ocurre en nuestras ciudades, las cuales son abastecidas por potabilizadoras y cisternas, sobresale, a pesar de los obstáculos, la labor encomiable de un modelo de gestión:  los acueductos rurales, que en su mayoría no tienen una concesión de agua, que irónicamente le es otorgada a desarrollos mineros o a mega piscinas; sin embargo, estos panameños logran superar perjuicios y obstáculos para gestionar solidariamente un recurso que satisface día a día sus necesidades.

En un muestreo que realizamos como parte de nuestra labor, comprobamos que los acueductos rurales tienen menor índice en suspensión del servicio, mayor productividad y eficiencia en la distribución del trabajo, con directivas conformadas por personas consagradas a la comunidad, y que la mayoría de las veces trabajan ad honórem, y que consideran el agua como un bien comunitario que debe llegar a todos equitativamente y el servicio es prestado de forma personalizada y sin burocracia.

A pesar de sus bondades, sus gestores tienen retos que van desde conseguir una concesión, donde los trámites se hacen difíciles y complicados, hasta promesas de diputados que les exhortan al abandono del acueducto por ir detrás de una potabilizadora, que muchas veces es instalada con costos altísimos y en lugares donde no hay agua, esto a cambio de favorecer a empresas interesadas en el acuífero.

La gestión del agua se debe dar en producción, manejo y calidad, ya que en la medida en que se fortalece este modelo de gestión comunitaria, se fortalece el agua como un recurso democrático y de acceso público.

Las autoridades y los ciudadanos deben adoptar un compromiso de conservación integral del recurso, desde la conservación de la fuente, primando el interés colectivo sobre el individual, hasta el saneamiento y abastecimiento. Un país que aspira a un verdadero desarrollo debe ser autosuficiente en recursos, y esto empieza por el cuidado de uno de los más preciados activos con los que aún contamos: el agua.

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Artículo publicado el 24 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.