Diógenes – Siglo 21

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La opinión del Ingeniero  Administrador…

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Roberto Castro

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Dice la historia que éste filósofo griego caminaba por las calles de Atenas con una lámpara en la mano, buscando desesperadamente ciudadanos honrados y virtuosos.   Si los encontró o fracasó en su búsqueda, es algo que nunca sabremos. Dramáticamente, después de tantos siglos, millones de Diógenes siguen en esa ilusoria búsqueda, no solo en Panamá, sino también a lo largo de toda la llamada “aldea global”.

La avaricia, la codicia y el enfermizo amor por el aplauso y el reconocimiento, han hecho de la honradez y el servicio auténticamente desinteresado, virtudes en vías de extinción. De manera increíblemente veloz, muchos de nuestros ciudadanos se corrompen, muchos de nuestros empresarios se corrompen, muchos de nuestros líderes religiosos se corrompen, muchos de nuestros políticos y funcionarios públicos se corrompen.

La corrupción señorea en todo lugar, en todo momento, asesinando inmisericordemente la oportunidad de que la población pueda tener una existencia más digna y feliz. La felicidad, siempre tan esquiva y difícil de conseguir, ahora parece imposible de lograr. Cunde la desesperanza, aumenta la agresividad, el miedo habita entre nosotros. ¿Pesimismo?, ¿Realidad?

Cuando los Diógenes del siglo 21, por suerte o por regalo del cielo, encuentran una persona buena, no contaminada, con auténtica vocación de servicio, y tratan de que se convierta en líder, por lo general se encuentran desagradables sorpresas: o el “establecimiento” no la deja subir al poder demeritándola e imponiéndole mil trabas “legales”, o su idea ética de no pertenecer a ningún desprestigiado partido político y la consecuente falta de recursos económicos le impiden realizar su campaña electoral, o lo peor, la lamentable incultura política del grueso del electorado acostumbrado a cambiar su voto por un plato de lentejas, le gritan en su cara: “tus ideas me convencen, pero no me regalas nada”. Afortunadamente el adagio popular “tanto va el cántaro al agua hasta que al fin se rompe”, día a día se intuye como verdadero en el campo político.

En las calles, en los cafés, en la internet, se percibe ese cansancio y desesperanza, esa urgente necesidad de un cambio real, esa necesidad lacerante de que los millones de Diógenes de la aldea global concluyan exitosamente su búsqueda, y el ferviente deseo de que, una vez lleguen al poder esos “ciudadanos honrados y virtuosos”, desmientan el viejo y cruel dictamen de que “el poder corrompe”.

Y para que no se corrompan, el mandato de los Diógenes del siglo 21 deberá ser claro y contundente: “nuestro sistema será Democrático puro, sin genuflexiones, y para lograrlo, se buscará incesantemente y se respetará totalmente la independencia de los cuatro poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Medios de expresión popular”. No existe en todo el planeta una forma distinta de lograr paulatinamente la tan anhelada interdependencia armónica de los poderes del Estado. No existe ninguna otra forma de cortarle la cabeza al monstruo de la corrupción. Diógenes de todo el país: ¡ese es el camino!

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<>Artículo publicado el  17  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en:  https://panaletras.wordpress.com/category/castro-roberto/

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Sueño frustrado

La opinión de…

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Roberto Castro –

La bonanza turística e inmobiliaria que nos visitó, pasó como una ráfaga y se fue. Algunos lograron beber de ese manantial económico que creímos iba a ser inacabable, infinito. Lograron beneficiarse todos aquellos que contaban con grandes sumas para construir edificios, hoteles, resorts etc., o que tenían amigos y familiares en entidades de crédito. Para ellos no fue difícil obtener permisos de construcción, licencias, títulos de propiedad etc., pues, como siempre, al poderoso se le facilitan las cosas.

No podemos decir lo mismo del ciudadano común y corriente, clase pobre o media, costeños y encutarrados, que como único patrimonio solo poseían un derecho posesorio sobre algún terreno con potencial de desarrollo turístico, pero desafortunadamente con un problema gravísimo: pertenecían al “clan de los 200 metros”.

Ocupar un terreno cerca del mar, de la noche a la mañana se convirtió en un estigma, una maldición, gracias al discurso de nuestras clases dirigentes, las cuales vieron allí una oportunidad de aumentar los recursos estatales.

Ser costeño por nacimiento o por accidente, se transformó en sinónimo de acaparador, aprovechado, inescrupuloso, invasor, ladrón de terrenos nacionales, todo ello a causa del alto valor comercial que repentinamente adquirieron tales áreas gracias a la mencionada bonanza.

Todas las miradas apuntaron hacia los costeños y apareció una especie de consigna: había que impedir que esos “oportunistas” se beneficiaran de ese maná caído del cielo.

Casi todos los costeños vieron pasar frente a sus narices grandes proyectos debidamente aprobados y financiados, mientras sus pequeñas ideas y proyectos se tuvieron que quedar dentro de un congelador. Y el método para ese congelamiento fue sencillo pero maquiavélico: “no se titulen derechos posesorios en costas e islas, y si se hace, que sea a precios casi comerciales para que el Estado pueda usufructuar la bonanza”.

Dice la teoría económica moderna que para bajar significativamente la pobreza de una nación, hay que pensar menos en programas populistas, dádivas y limosnas, y más en dotar al desposeído de herramientas que le permitan ingresar a la corriente económica del país.

Una de esas herramientas es la titulación agresiva de todas sus pocas pertenencias, brindándole seguridad jurídica y convirtiéndolo en sujeto de crédito. Afirma Hernando de Soto: “país titulado, país desarrollado”.

Mientras en otros países los gobiernos luchan contra terribles obstáculos que impiden la titulación masiva, como son el latifundio, los fenómenos de violencia etc., en Panamá, paradójicamente, es el mismo Gobierno el que se aferra a la tierra desconociendo el legítimo y natural derecho que tienen los ciudadanos de que gratuitamente se les reconozca su ocupación a través del título de propiedad.

Todos los panameños comprenden el esfuerzo que hacen las autoridades para aumentar el índice de crecimiento económico del país.   Comprenden que se busque con ahínco los recursos económicos necesarios para financiar obras de infraestructura, mejorar la educación, la salud etc., y es así como, a regañadientes, aceptaron por ejemplo el castigador 7% de ITBMS.

Pero lo que no se entiende es que a los costeños, por el solo hecho de tener su pequeño patrimonio cerca del mar, se les castigue descapitalizándolos o, lo que es peor, obligándolos a endeudarse para poder alcanzar un poco de seguridad jurídica. Bien haría el Gobierno en comprender que la bonanza inmobiliaria se acabó, que los costeños panameños tampoco podrán beneficiarse de la misma, y que todos ellos siguen mirando, con perplejidad y frustración, los anuncios periodísticos de hace un año, donde se prometía titulación masiva y gratuita de todos los derechos posesorios en el país.

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Este artículo se publicó el 14 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Benditos derechos posesorios

La opinión de……

Roberto Castro
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Benditos derechos posesorios

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Para quien nunca ha tenido contacto con esta forma de tenencia de la tierra, es difícil entender el estado de temor y aprehensión constante de un 70% de propietarios a quienes les ha tocado vivir tal sensación de inseguridad jurídica, en especial a partir del boom inmobiliario de nuestro país.

A un gran porcentaje de la opinión pública le han vendido la idea de que un tenedor de derechos posesorios es un oportunista, una persona mala que se aprovechó de los terrenos baldíos de la Nación, prácticamente un invasor.

Muy pocos se han interesado por informar a la ciudadanía en el sentido de que tal forma de tenencia de la tierra es normal, no solo en Panamá sino también en la mayoría de los países en vías de desarrollo.

Las oficinas de Registro Público fueron posteriores a la ocupación de la tierra, pero ahora en Panamá se pretende desconocer este hecho histórico, sentando una doctrina nacida de un antiguo director de Catastro quien, interpretando de manera acomodaticia la Constitución y las leyes, dijo que “todo terreno sin un título de propiedad registrado y amparado solamente con un derecho posesorio es un terreno baldío y por lo tanto pertenece a la Nación”.

Choca brutalmente contra la inteligencia del ciudadano común y corriente el mensaje oficial: de ahora en adelante, la palabra “baldío” significará “ausencia de título registrado” y no sinónimo de “desocupado”, como tradicionalmente lo ha interpretado el pueblo.

El sentido común, el menos común de los sentidos, nos grita a todos con claridad que una oficina de Registro Público es simplemente un gran archivo de todos los propietarios de tierras y que un título de propiedad es simplemente el reconocimiento oficial, la partida de bautismo que el Estado emite a un particular para reconocerle su propiedad.

¿Y cuál es esa propiedad? Pues simplemente la ocupación pacífica, ininterrumpida por determinado número de años, con ánimo de señor y dueño, o la compra de dicha ocupación a otro ocupante originario.

¿En qué momento surge el Estado como un vendedor de propiedad raíz? En el momento en que la Constitución le permite vender tierras que son su patrimonio por estar desocupadas, sin ciudadanos que hagan uso de ellas.   De allí, hasta llegar a vender terrenos ocupados bajo la figura de derechos posesorios, había un solo paso. Y ese paso lo quiere dar ahora el nuevo gobierno.

Fue impactante la exposición que hizo una anciana ciudadana norteamericana ante delegados del MEF en días pasados: “vine a invertir todos mis ahorros en Panamá respondiendo a su campaña de promoción internacional.   Compré los derechos posesorios sobre una pequeña isla y construí un pequeño hotel.   Ahora ustedes me quieren cobrar nuevamente por el título de propiedad.   No solo estoy en imposibilidad económica de pagarlo nuevamente, sino que tampoco me parece serio y justo”.

Como era de esperarse las embajadas de 16 países que tienen suscritos acuerdos bilaterales de respeto a los inversionistas, están incómodas con la posición del MEF, pues el proyecto de Ley 71 se interpreta como una expropiación de tierras ocupadas bajo la figura del derecho posesorio. Nadie entiende cómo es que se elabora un proyecto de ley sin tener en cuenta la existencia de tales tratados bilaterales.

Estoy totalmente de acuerdo con las autoridades del MEF en el sentido de frenar o regular a un reducido grupo de especuladores y acaparadores de las costas e islas panameñas.Pero tiene que existir otra forma de hacerlo sin afectar a toda la población costeña, nacional e internacional.

Cuando Panamá esté totalmente titulado, el desarrollo será viable, los litigios de tierras se minimizarán, los proyectos inmobiliarios y la depredación del medio ambiente serán más fáciles de controlar, pues nadie querrá una expropiación debida al mal manejo de sus tierras, tendremos una mejor imagen internacional respecto a la seguridad jurídica y podremos decir que estamos caminando hacia el anhelado Panamá como país del primer mundo.

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Publicado el 7 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.