Código Procesal Penal y violencia urbana

La opinión de….

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Carlos Iván Fuentes

Código Procesal Penal y violencia urbana

Para los que han seguido los debates en la Asamblea sobre el Proyecto de Ley 40, es evidente que se vertieron argumentos para evitar el aprobado atraso en la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.   Fue poderosa la imagen de la procuradora, Ana Matilde Gómez, y la magistrada Esmeralda de Troitiño, insistiendo en la necesidad de aplicar el Código lo antes posible y asegurando que el Órgano Judicial y el Ministerio Público estarían listos en seis meses para empezar a utilizarlo en el Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas).

Para los que nos preocupa el fenómeno de la violencia urbana y vemos en el Código Procesal Penal un avance para reducir los índices de criminalidad, el meollo del problema está en su Art. 556,  que dispone una entrada en vigencia escalonada.  El primer año se aplicará en Coclé y Veraguas; el segundo año incluirá a Herrera y Los Santos; el tercero, en Chiriquí y Bocas del Toro y, finalmente, en el cuarto año estará vigente en todo el país. En otras palabras, la Comisión Codificadora dispuso un cronograma que permitirá a los actores prepararse según las necesidades de cada región. Para los efectos prácticos, el aprobado Proyecto de Ley 40 no ha alterado la configuración del cronograma, salvo la fecha de la entrada en vigencia escalonada.

El Gobierno ha atrasado la entrada en vigencia del Código en dos años para Coclé y Veraguas, en tres años para Herrera y Los Santos, y en cuatro años para Chiriquí y Bocas del Toro, y en cinco años para el resto del país. Esto implica que en las provincias de Panamá y Colón, donde los índices de criminalidad son más altos y en donde está la mayoría de la población penitenciaria, el Código no regirá hasta septiembre de 2014, dos meses después que el actual presidente haya abandonado el Palacio de las Garzas.

Hemos comprobado que la criminalidad en áreas urbanas no se reduce con políticas de “mano dura”.   La única esperanza sostenible está en políticas sistémicas que brinden más justicia social y oportunidades.

Para ser este un Gobierno que ha prometido disminuir la criminalidad, es incomprensible que se haya dilatado la aplicación total de un sistema de justicia penal eficaz, moderno y justo hasta el último tercio del año 2014.

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Publicado el 7 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde