¡Qué se marchen las marchas!

–

La opinión de…

–

Roberto Brenes P. –
–

El Presidente y la ministra de Educación han advertido sobre la obligación de los colegios y escuelas de desfilar los días patrios para “honrar a la patria”.  Mala onda.

Los desfiles además de onerosos para las familias, son muestras de prepotencia del Gobierno, resaltan valores marciales y militares que son ajenos a la democracia y son el ego trip de una burocracia entarimada, endiosada por una pleitesía obligada, haciendo marchar a menores de edad que ni siquiera han cometido la insensatez de elegirlos.

Todo en un estado de tortura física y mental; causada por las inclemencias del tiempo y la estridente cacofonía de las bandas “de guerra”.

¿No es tiempo acaso para que repensemos el valor patriótico de esta aberración castrense?

Cierto es que por generaciones los panameños hemos desfilado en los días patrios. ¿Pero, es esa una tradición que ensalza y fortalece nuestros ideales nacionales? ¿O, por el contrario, la tradición marcial de nuestros desfiles donde las escuelas tienen “batallones” armados y “estado mayor” no fomentan más bien el militarismo y el autoritarismo? ¿Y dónde está el objeto del desfile? ¿O es que se honra a la patria desfilando ante un grupo de burócratas (algunos de los cuales debían estar presos) y no que están allí por designio divino, sino solo porque los papás de los que marchan los eligieron? ¿O es que como empleado público entarimado de verdad se siente la representación abstracta o concreta de la nación o del Estado?

Si de honrar a la patria se trata, nuestras efemérides deben dedicarse a ensalzar valores nacionales y fomentar la democracia de mil y una formas más modernas, imaginativas y más civilizadas… y seguramente con mejor música de fondo. En una democracia activa, donde tenemos la fortuna de tener días seguidos de celebración patria, las posibilidades de honrar los valores –y en el proceso educarnos y perfeccionar nuestras ideas patrióticas– exceden el exiguo valor (si alguno) de marchar.

Empecemos por el ruido. En vez de fomentar la proliferación de bandas “de guerra”, fomentemos y cultivemos las bandas de música y de paso rescatamos una materia importante en vías de extinción de las escuelas: la educación musical. Además le brindamos a los educandos una disciplina y quizá hasta una profesión como músico; bastante mejor que tamborero de comparsa, que es a lo que aspiran y llegan los cracks del redoblante y el tambor. Una actividad de las fiestas patrias sería, entonces, a todo nivel los concursos y competencias de bandas de música en teatros, parques y espacios adecuados, que además de cultivar al muchacho serían el deleite de los asistentes y ¿por qué no?, embrión de competencias internacionales.

La patria, su origen, su presente y su futuro, debe ser un tema obligado de las festividad. Más concursos de oratoria, concursos de ensayo, conferencias y seminarios a todo lo largo y ancho del país. Que la escuela y universidades se engalanen con actividades históricas y culturales de acceso público. Cada ciudad, barrio y escuela podría ser un centro de difusión de valores históricos, de principios, de democracia y de amor al país, a su gente y a sus tradiciones. En fin, ideas e iniciativas no nos faltarán.

Y lo mejor de la propuesta es que tendríamos plata de sobra, si los recursos dedicados a los desfiles, desde las tarimas, los adornos y todos los parafernales que conlleva tener de invitados a la alta burocracia en los desfiles, se reorientaran a conceder premios a los múltiples concursos y competencias, a pagar buenos conferencistas, a financiar obras conmemorativas con valor histórico o democrático ya sean gráficas, de radio, internet y cualquier medio masivo.

Con un programa nacional así cambiaríamos radicalmente el interés de la juventud por las fiestas patrias. En vez de verlas como una obligación odiosa, costosa y sudorosa para rendir pleitesía artificial al Gobierno, las fiestas patrias serían verdaderos festivales de conocimiento y diversión, en los que los muchachos serían los protagonistas, fomentando un círculo virtuoso de conocimiento, amor a la patria y valores democráticos. Y toda la población pasaría de ser un espectador pasivo a un participante activo en el conocimiento, preservación y difusión de los valores nacionales.

Y si el Presidente y la ministra insisten en que hay que marchar, propongo que invirtamos los papeles: que marchen los funcionarios y que el resto ocupemos la tarima. ¿No les parece justo que desfilen frente al pueblo que los eligió, la plana mayor del Gobierno? Todos, con sus guayaberas blancas, lejos de sus carrazos de vidrios teñidos, sin guardaespaldas, sin “esepeis” y sin la consabida estela de manzanillos.

Así los ciudadanos tendremos oportunidad de verlos, al menos, moviéndose (y hasta tendremos la rara ocasión de verlos sudar). Y que los de la tarima les dediquemos, entonces, los aplausos o los abucheos que se merezcan. ¡Eso sí es un ejercicio democrático!

*

<> Este artículo se publicó el 15  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor  en:  https://panaletras.wordpress.com/category/brenes-p-roberto/

Lo más grueso del chorizo

La oponión de…

—-

Roberto Brenes P.

Dizque por economía legislativa y rapidez, el Gobierno introduce y aprueba una ley de aviación que acabó en portaaviones de sensitivas reformas legislativas.

Esta “Ley Chorizo” soslaya un debate razonable sobre las reformas, peca de inconstitucional y de paso enfada a sectores afectados que ahora se asocian para adversar al Gobierno.

Pero más preocupa que con estas reformas, el Gobierno promueve un orden jurídico paralelo que le conviene solo a él y se divorcia cada vez más de la idea de un estado de derecho único para todos.

Cierto es que parte de las reformas tienen más simpatizantes que adversarios. Este es el caso de los cambios al Código del Trabajo que limita el poder de los sindicatos y que contravenían postulados básicos de la libertad individual.

Pero la forma y no el fondo, impiden un abierto apoyo ciudadano.   Incluso se logra el milagro de que los gastados líderes sindicales se perciben momentáneamente como paladines de la sensatez y ahora compañeros de ruta de la infantería conservacionista.

En el caso las reformas penales para dizque proteger a la fuerza pública en caso de enfrentamiento armado, la reforma introduce cambios cuestionados por juristas e incluso se piensa que no tendrán sino resultados contrarios a los pretendidos.

No soy de los que piensa que la reforma propicia crear escuadrones de sicarios, pero la reforma le quita escrutinio y transparencia respecto a lo que pasa en la policía.

Los policías tienen ahora reglas diferentes de los demás ciudadanos. Si tú matas a un ladrón dentro de tu casa en defensa propia, por ley, vas preso mientras se investiga el caso.   Eso es estúpido, como lo es que vaya un policía por matar en el ejercicio de sus funciones. Debieron cambiar la ley para todo el mundo, y no crear privilegiados armados.

El tema que más revuelo ha causado es aquél de permitir que por “interés público” se den obras y proyectos sin requerimientos de estudios de impacto ambiental.   Lo peor de esto no es la omisión del requisito que como veremos, es muy relativo.

Lo peor es aceptar que la Anam es un estorbo y que el Gobierno prefiere hacer un camino alrededor de la monstruosa burocracia, que encarar su profunda reforma. Out sight, out of mind, dicen en inglés; ahora ¿qué interés estatal habrá para hacer de Anam algo que le sirva bien a todos?

Las reformas ambientales carecen de visión estratégica tanto jurídica como financiera. ¿A dónde cree el Gobierno que va a llegar promoviendo proyectos sin estudios, cuando éstos se han convertido en condiciones sine qua non para bancos, inversionistas institucionales, compradores internacionales y por supuesto de todas las instituciones internacionales?

Algunos dirán que no faltarán empresas de tercera clase y con maleantes promotores que lo hagan. Pero si hay algo exitosamente globalizado, para bien o mal, es la idea de la responsabilidad social corporativa y la responsabilidad ambiental.

El riesgo legal, financiero y reputacional de todos los involucrados en la cadena de valor de un proyecto es muy grande para ignorarlo. Y quien lleva la peor parte es el propio Gobierno. ¡O es que alguien piensa que nos veremos del carajo en la asamblea de la ONU hablando de trabajo infantil, pobreza y calidad de vida, cuando nos horadan el subsuelo proyectos sin ningún contrapeso institucional o lidiando con promotores de mala calaña!  Sin estudios, no hay plata ni mercados y tampoco hay buena reputación.

Pero lo más grueso del chorizo no está en el articulado sino en el propósito final. Para deshacerse de demorados requisitos y de escrutinio ciudadano y transparencia, este gobierno como las anteriores no tiene reparos de irse creando vías de excepción a su gestión, que al final lo único que logran es devaluar el estado de derecho creando sesgos y distorsiones.

Desde no tener que aplicar reglas laborales del código hasta blindar a los burócratas y políticos del escrutinio y la acción legal que se aplica al ciudadano de a pie, se crea un estado jurídico alterno donde vale casi todo.

No dudo que las intenciones del Gobierno sean cumplir y servir. Pero esas normas, como están, sirven también para el privilegio y el saqueo.

Y es cosa de pensar que salen de un gobierno de empresarios que ha sufrido la prepotencia anterior, que juró derogar y reformar.   Pero los estados de excepción siguen y se aumentan; se compra en forma directa más que nunca, los decretos mordaza allí, la promesa de abolir la prueba sumaria, que blinda y encubre a los funcionarios sigue engavetada. Las mieles del Estado omnipotente son gustosas, y ahora con el portaaviones se acomodan, como el lobo de Caperucita   “¡Para mandarnos mejor!”.

<>

Este artículo se publico el 28 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Lecciones desde el chiquero

La opinión de…..

.

Roberto Brenes P.

La semana pasada la segunda calificadora de riesgo, Standard and Poor’s, reitera que la República de Panamá ha logrado grado de inversión.

La noticia no es poca, somos capaces de honrar adecuadamente nuestras obligaciones y con ello vienen beneficios de ser mejores sujetos de crédito, costo de financiamiento más barato y con ello un aparente clima positivo para inversión.

Pero si bien tener capacidad de crédito y un clima positivo respecto a las finanzas del país son condiciones importantes, no son condiciones suficientes ni para mantener el grado de inversión a futuro, ni mucho menos para desarrollar la economía.

Al tiempo que Panamá celebra, Grecia está en el ojo del huracán financiero;   España, Portugal e Italia parecen ser arrastradas al mismo huracán, poniendo en riesgo la estabilidad nacional, del euro y de Europa.

Parece un caso sacado de un texto; estos países tienen al menos dos denominadores comunes. Uno, todos, han sido igualmente galardonados con grado de inversión, y no simple BBB– como Panamá, sino con letras y elogios superiores;   Grecia por ejemplo, era hasta hace semanas, grado de inversión A.

El otro elemento común es, para ponerlo sencillo, que todos se creyeron el cuento de que una vez buen sujeto de crédito, podrían endeudarse hasta el cielo y sobre todo, malgastar el endeudamiento en aumentar el gasto improductivo e invertir en aspiraciones sociales sin poca o ninguna contraparte de esfuerzo o productividad.

Así se aumentaron sueldos, sobre todo a la burocracia, se bajaron edades de jubilación y se aumentaron beneficios pensionales y subsidios sociales, sin que existiera otra justificación que política y sin contrapartidas en inversión ni de crecimiento económico que sostuvieran el desvarío politiquero.

Ahora, llegó la hora de la cuenta y estos países enfrentan duras medidas de austeridad para apenas detener la hemorragia de gastos.  Y respecto de las perspectivas de expansión de esas economías para de allí recomponerse y crecer, los analistas coinciden en que hay pocas o ninguna, precisamente por la falta de recursos para relanzar la economía, recursos estos que ya se parrandearon.

Hay que hacer este largo cuento porque Panamá se encuentra ahora justo en esa encrucijada y me parece casi providencial que los eventos en Portugal, Italia, Grecia y España (despectivamente llamados ahora los Pigs, quizá por la disciplina fiscal casi porcina con que han llevado sus cosas) nos permita reflexionar sobre si estando ahora bien, ¿estamos en la senda de seguir bien? o ¿tendremos bastante que arreglar?

Primero, pareciera que estamos amarrando nuestra capacidad de pagar a nuestra capacidad de seguir gravando al país, que a mover los recursos para mejorar la capacidad de crecer.

Por ejemplo, mientras la noticia del grado de inversión acaparaba la portada,   en un lugar menos importante del mismo diario se reportaba que la Asamblea acaba de aprobar un aumento de 33% en los cargos estatales al manejo de contenedores en los puertos, más plata para vernos bien ante el calificador, pero sin lugar a dudas impactando los costos de la cadena productiva nacional y la competitividad de uno de nuestros reglones más dinámicos.

Nuevos impuestos y cargas socavan la capacidad productiva. Pero más importante y de más impacto es el nivel de gasto público dedicado a sostener un consumo artificial y con consideraciones politiqueras, no muy diferente de lo que hacen los señores del chiquero.

Es necesario reducir el elevado nivel de subsidios, no solo en montos totales sino también en porcentajes de subsidio, que hoy alcanzan más del 3% del PIB. Cierto es que no es fácil, pero mientras algunas voces hablan de congelar y reducir, la mayor parte del Gobierno habla de aumentarlos. Ya los del chiquero saben que tirarle plata a problemas los acalla, pero no los resuelve.

Otro elemento nefasto de este gasto inútil es el tamaño y el costo de la planilla del Estado. El Estado puede y debe reducirse y no necesariamente para repagar la deuda o verse mejor ante las calificadoras. El presupuesto del Estado debe reorientarse a inversiones que mejoren nuestra oferta productiva y reduzcan los costos de la economía; ya el sector privado generará las plazas de trabajo para aquellos que sobren en el Gobierno.

Y cuando hablamos de inversiones debemos enfatizar, inversiones nuevas,      no enterrar 700 millones del dinero de todos en comprar dos corredores obsoletos que realmente le hacen la vida más fácil a los 50 mil o 60 mil panameños más ricos del país, que son los que los usan.

No hay que producir una lista de ideas o apuntar a malas acciones. La lección de los Pigs es fácil y clara, usar la capacidad financiera para generar producción y no para satisfacer consumo improductivo.

Y hay muchas cosas que no es plata lo que necesitan, sino decisión y concentración gubernamental. Una de la más importante es mejorar la capacidad de que nuestros trabajadores accedan a niveles de productividad que los haga prósperos y en eso una reforma profunda de las reglas laborales es indispensable.

Y ya basta de incentivos y privilegios a sectores o grupejos.   Nos hemos ido convirtiendo en rehenes de los beneficios que damos en los enclaves, sin que nada de esto se multiplique en el Panamá profundo.

Si los beneficios fiscales, laborales y financieros son buenos para las transnacionales o los inversionistas extranjeros, también lo deben ser para toda la economía y los inversionistas locales.

<>

Este artículo se publicó el  31 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El modelo que no es

La opinión de……

–

Roberto Brenes P.

Las últimas administraciones han tenido muchas cosas en común. La más singular (y la más nefasta) es empezar por prometer en campaña una reducción de impuestos y deuda pero terminar haciendo todo lo contrario.

El nuevo gobierno siempre reversa su promesa aseverando que, una reforma fiscal aseguraría recursos para los programas de inversión pública y de equidad social y ofrecen cerros de papeles y estudios para justificarlos.

Pero a decir verdad, al llegar al poder las realidades políticas de una burocracia enorme, voraz y politizada y de una montaña de subsidios y distorsiones, que no se atreven a desmantelar, parece marcar la pauta de los planes del gobierno de turno.

Dicen que el gobierno actual está bendecido por contar con los mejores gerentes del país, incluido el propio Presidente.   Esa cualidad gerencial debía haberles indicado que es imposible generar tasas positivas de crecimiento creciendo con deuda y con más impuestos.

Un negocio que se endeuda para crecer, sobre todo a niveles ya saturados o espera tener más ventas extrayendo coercitivamente más ingresos de los consumidores o simplemente regalando plata del mismo negocio para que sigan gastando,  no llega muy lejos.   Y si además, los excesivos gastos del negocio son intocables, la empresa está frita.   El Gobierno transita por ese camino a pesar de sus gerentes.

Los subsidios, para empezar, son un rubro gigante de gastos (aproximadamente 3.5% del PIB) que representan un alto porcentaje del precio de los bienes subsidiados.   El gas de cocina, por ejemplo, se vende a la mitad o menos de lo que realmente costaría. Con esa clase de paternalismo nadie está interesado en ahorrar y mucho menos ser eficiente; peor aún, los subsidios impiden la entrada de productos sustitutos o competidores que pudieran venderse a precios por debajo del precio real del bien subsidiado. Y lo peor es que la tendencia política ha seguido la tendencia de los precios, sube el petróleo sube el subsidio al transporte y así. Parafraseando a Marx, los subsidios son el nuevo “opio del pueblo”.

Ahora vamos a los costos de operar el negocio gobierno. No existen muchos países que tengan una burocracia más frondosa que la nuestra.   Si incluimos contratos y asesorías disfrazadas podemos tener un empleado público por cada cuatro panameños en edad de trabajar y nos cuestan cerca de 50% del presupuesto nacional. Lo grave no es lo que cuesta sino los beneficios crecientes que tienen algunos.

En el sector salud, policía y educación existen aumentos inerciales que exceden con creces la tasa de inflación del país. Y si vemos los complementos con que vienen muchos puestos públicos de mandos medios para arriba; carro con chofer e incluso guardaespaldas, debemos multiplicar los sueldos que gana ese encumbrado burócrata por al menos un 40% más. Estoy seguro que en la estructura gerencial del Super 99 no hay nada ni siquiera parecido.

El otro gran problema de esa burocracia es su politización. La mayoría está en su puesto por una recomendación política o está muerto.   Con esa génesis y la actitud que genera el saberse en un puesto porque le deben el apoyo político es difícil lograr eficacia de gestión. De actitud de servicio al ciudadano, ¡ni hablemos!   Esta burocracia cada vez más agrandada, no sabe ni quiere saber de eficiencia.   En los pocos sectores donde la ley manda evaluaciones ni se hacen o no se cumplen; para hacerse acreedor a los aumentos salariales en el Seguro Social, solo basta probar que estás vivo y respiras.

Si este país fuera la Arabia Saudí donde las rentas del Estado salen del subsuelo gracias la providencia de Alá, quizá podríamos darnos el lujo de subsidiar y tener nuestra propia dotación de príncipes políticos con sus respectivos séquitos. Pero aquí no es así. Los que piensan que el Canal es nuestro petróleo que miren mejor; el Canal en sus buenos tiempos podrá ser 10% del PIB y quizá 10% del ingreso del Estado.

Aquí las rentas del Estado salen de los ciudadanos y no se puede continuar con un modelo donde el Estado asalta a una parte de los ciudadanos para transferirlo a la otra parte que vive del Estado. Pero no es entre pobres y ricos a lo Robin Hood, es entre la clase media que produce y la enorme cantidad de ciudadanos que parasitan de los subsidios o del Gobierno.

Este gobierno y así los anteriores siempre pregonan “que pague más el que gana más”, pero los que ganan más también pagan su electricidad, su transporte, su hipoteca y su gas de cocina a precios de mercado y además no tienen renta exonerada. Lo otro se va a sostener sueldos y jubilaciones insostenibles de un sector laboral que podría operar con bastante menos gente, ruido y suciedad.

Todo es como un darwinismo al revés, le damos palo al que más produce, y más puede invertir, y se incentiva en los otros la actitud de que lo carguen. Esa actitud paternalista prolongada tiene efectos insostenibles financieramente en el tiempo. Peor aún, crea incentivos éticos y morales perversos y contrarios a fomentar una sociedad de gente responsable y dueña de sí misma.

<>

Artículo publicado el 8 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

En Nombre de Dios o del Estado

En Nombre de Dios o del Estado

La opinión de…

Roberto Brenes P.

.

El artículo 257 de la Constitución Política dice que “Pertenecen al Estado las tierras baldías o indultadas”. Dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua que baldías son tierras que no se labran ni están adehesadas.   Quiere esto decir con claridad que al Estado le pertenecen sólo las tierras que no están siendo ocupadas y trabajadas de alguna forma por una persona.

No obstante lo anterior, que tiene una claridad meridiana, en Panamá hay una escuela de pensamiento con vocación estatista que se ha inventado algo que no tiene ningún asidero legal ni filológico: que la tierra baldía es ¡la que no tiene título de propiedad inscrito en el registro público!

Esta interpretación no sólo es completamente antojadiza y contraria a nuestra tradición jurídica universal, sino que introduce una inseguridad jurídica extraordinaria sobre tierras que son propiedad legítima de sus poseedores, dado que su propiedad, en ocasiones, es incluso anterior al Estado, a la República y a la noción de títulos inscritos en registros públicos.

Según esta tesis, por ejemplo, los habitantes de Nombre de Dios no son dueños de sus casas, de sus terrenos de labranza ni de nada, puesto que ningún habitante de dicha localidad posee título de propiedad.  Es decir, en la población continuamente habitada más antigua de tierra firme del continente americano, que fue fundada en 1510, nadie ha sido dueño de tierra alguna y todos han habitado ilegalmente en tierras de un Estado que aún no había nacido cuando la ciudad fue fundada.

A lo anterior se le suma el hecho innegable de que los habitantes de estas localidades han vendido entre ellos o a otras personas sus propiedades, a cambio de lo que los vendedores consideraban un precio justo. Según esta escuela de pensamiento, los compradores legítimos de propiedades legítimas, son especuladores y deben cobrarles “precios de mercado” por sus propiedades ya pagadas a los vendedores legítimos.

En la campaña electoral, el presidente Martinelli fue muy claro. Dijo que les otorgaría título de propiedad a todos los derechos posesorios de forma gratuita. Esta promesa electoral es cónsona con la realidad y guarda un enorme impacto social y económico.

Desde el punto de vista social, sólo hay que ver un mapa de Panamá para ubicar la pobreza en términos geográficos. Esta se concentra mayoritariamente en tierras sin título: reservas indígenas, costas e islas. Y, en los lugares en los que existe título, pero a nombre del Estado, también hay pobreza, como es el caso de la ciudad de Colón, en donde el Estado es propietario mayoritario de las tierras de esa ciudad.   Es más, estas tierras revirtieron a Panamá a la vez que las de Punta Paitilla. Estas últimas, el Gobierno las vendió y podemos ver lo que sucedió. Las otras las conservó y más claro no puede ser el resultado.La titulación inmediata de tierras a lugareños y compradores no locales generará un alto nivel de inversión en lugares tradicionalmente alejados de la misma, generándose trabajo y actividad económica.   Esto, a la larga, producirá mucho más réditos al Gobierno que la venta de tierras (que probablemente no venderá) que no son suyas.  Se trata pues de una política social y económica justa, beneficiosa para los más pobres y para la atracción de inversiones.En su libro El Misterio del Capital, el economista Hernando de Soto demuestra con cifras y datos históricos que en la base del proceso de desarrollo de muchos países, incluido Estados Unidos, está un esfuerzo por asignar y tierras de forma masiva a la población, sin distingos de ninguna clase. También demuestra lo inverso, en casi todos los países que no logran desarrollarse, el derecho de propiedad de la tierra y de inmuebles está tremendamente limitado a los que tienen los recursos para pagar abogados, notarios y Registro Público.

Por tanto, sustentar esta línea de pensamiento no sólo implica mantener en la pobreza y en la falta de trabajo a los más pobres del país, sino que hay que señalar que cualquier intento del Gobierno para desconocer los derechos posesorios va a generar una revuelta política y una más que justificada acción legal en foros internacionales por violación a los derechos humanos.  Porque pretender que las personas paguen por lo que ya es suyo es una expropiación enorme, ya que la negativa de pago implicaría la negativa a reconocer el derecho que les asiste.

Estoy seguro de que esa no es la política del señor Presidente, quien ha demostrado que desea cumplir con sus promesas. También creo que funcionarios de tercer nivel, con ideas equivocadas, y basados en esta escuela de pensamiento, han confundido a personas bien intencionadas que forman parte del Gobierno y que estoy seguro de que no quisieran ver cómo le cambiamos el nombre a la población de Nombre de Dios a Nombre del Estado.

El próximo 24 de septiembre la Fundación Libertad les invita al foro “Propiedad y Libertad” en donde discutiremos este tema acompañados de reconocidos expositores nacionales e internacionales. Más información al 399-1466.

.

<>
Publicado el 24 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

Lo que se nos viene…

Lo que se nos viene…

*
Roberto Brenes P.
*

A partir de hoy apenas faltan 21 días para las elecciones generales donde escogeremos el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales para los próximos cinco años. Aunque se puede decir que ningún momento es ni tan bueno ni tan malo para empezar el gobierno, la coyuntura mundial y las últimas acciones del gobierno de turno imponen un reto de proporciones hercúleas a los que asuman el compromiso (y el deber) de administrar el gobierno. Este reto no es exclusivo del que gane la Presidencia.

Para empezar y lo más reciente, en los últimos meses los ciudadanos hemos podido palpar el oportunismo político de servidores públicos, buseros y hasta jubilados que han presionado y extraído beneficios financieros de un gobierno pusilánime y en retirada, que trata con la complacencia económica apuntalar la popularidad de sus candidatos. Estas dádivas se han extendido o mantenido a un carísimo esquema de subsidios que en algunos casos son tres veces más que el costo de los productos subsidiados. En este pequeño país opera una red de subsidios, casi todos al consumo ni siquiera a la producción, por cerca de $700 millones de dólares al año. Difícil encontrar una mejor prueba de la indolencia populista.

Lo malo de todas estas piñatas de última hora es que no son sostenibles. Los que se van le dejan a los que vienen una bomba de tiempo, que o se desmonta o se recurre a más impuestos para financiar los excesos populistas, con lo que caemos en un círculo vicioso. Y lo más bueno de lo malo aquí es que esa realidad financiera y esos grados de libertad recortados que deja este gobierno son igual para el que gane, sea la oposición o el gobierno. Porque como explicamos abajo, los malos tiempos no discriminan.

Las peores noticias no son esas. Estos excesos financieros en el país ocurren mientras el mundo sufre una de las peores crisis de la historia. Empezada como una distorsión en los mercados financieros americanos, amplificada por la interindependencia de los flujos de capital y comercio, hoy vivimos una crisis de la economía real. Los remedios aplicados solo corroboran que la magnitud del problema es mayor y más compleja que lo anticipado. El mundo ya no se escapa de una recesión y si las medidas tienen sino éxito parcial, nos abocamos a una crisis de confianza que solo agravaría aún más hasta el escenario más optimista. En todo caso, como cualquier paciente grave que logra ser salvado, la recuperación es lenta y los remedios aplicados siempre dejan secuelas, en este caso inflación y casi seguro proteccionismo generalizado.

Panamá no está por encima de la crisis. Hemos logrado hasta ahora flotar sobre un sistema financiero bastante sano, un flujo de inversión extranjera y de visitantes movidos por el auto éxodo impuesto por sus regímenes políticos y porque la crisis mundial le ha reducido la factura petrolera a este país casi mil millones de dólares. Pero se avecinan tiempos malos en la construcción, en los sectores de exportación y ya se palpan serias restricciones al crédito y a la inversión.

Estas son las realidades con las que viviremos. Estas mismas realidades son las que deben obligarnos a pensar quiénes están mejor preparados para tomarse en serio los problemas y actuar en una forma responsable, efectiva y creativa. Lo mejor de esto es que los problemas son tan complicados que no se trata solo de escoger el que mejor pueda gerenciar el Ejecutivo. Aquellos que escojamos a la Asamblea Nacional, que además de sus responsabilidades legislativas deben escoger al Contralor General de la República y ratificar cargos de crítica importancia, deben ser personas que alcancen a ver por encima de los sacos de arroz que reparte en su circuito. Deben entender que es igualmente importante derogar leyes que producir nuevas.

Aunque parezca jalado de los pelos, la elección de representantes y alcaldes es igualmente crítica. En buena medida, la capacidad de gestión del país con todo lo centralizado que está depende de la gestión de los gobiernos locales. Escoger al rey no es suficiente, particularmente cuando ya se impone la necesidad de descentralizar el Gobierno, no solo por razones administrativas, sino por efectividad política.

Así las cosas, resulta que lo que se nos viene no depende de los políticos. Depende de nosotros los ciudadanos que votamos por esos políticos. Es imposible escoger un gobierno perfecto, pero es posible elegir a los cargos gente idónea. Este es un país pequeño donde todo se sabe de todos. Información no nos falta sobre los antecedentes de los candidatos. Debemos analizar a conciencia y votar lo mejor que podamos. Buenos líderes sí cambian las cosas. Si no lo creen, miren solo al vecino del sur.

El miércoles 15 de abril la Fundación Libertad tiene el honor de invitar a la ciudadanía a la conferencia “Cómo analizar las propuestas electorales”, dictada por el escritor Carlos Alberto Montaner. Hace cinco años y también en las vísperas de las elecciones anteriores, Carlos Alberto vino a Panamá y dictó una charla similar con un éxito enorme. De su charla salieron y se publicaron criterios para analizar propuestas y candidatos, lo cual fue una útil guía al ciudadano.

Este 15 de abril a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Nacional repetiremos ese ejercicio colectivo, interesante y ameno. Para mayor información llamar al 399-1466.

<>

Publicado el 13 de abril de 2009 en el diario La Prensa