¿De dónde salió el metro?

La opinión de…

Jorge Rivera Staff

Esta pregunta surge, una y otra vez, al revisar la información disponible sobre el tema y percatarnos de que según los estudios realizados en los últimos 20 años la opción de un metro para la ciudad de Panamá siempre fue descartada, en base a los estudios de cantidad de usuarios y tamaño de la ciudad. Todos estos análisis siempre arrojaron como resultado que las mejores opciones en el mediano y largo plazo eran un sistema de tren ligero, un monorriel o autobuses articulados.

Entonces ¿Cómo llegó este gobierno a la decisión de que se debe construir un metro en nuestra ciudad capital? ¿Dónde están los estudios previos a la creación de la Secretaría del Metro que avalen esa opción.

Según lo investigado hasta ahora, la idea del metro surgió el año pasado del plan de gobierno del actual presidente cuando era candidato y de una visita de un par de días que realizó al metro de Santo Domingo durante esa campaña electoral. Si este es un autonombrado gobierno “de empresarios”, ¿Dónde queda la eficacia y eficiencia de este proyecto, frente a las opciones del tren ligero y del monorriel, que satisfacen la misma demanda de usuarios en los próximos 25 años a un costo estimado de 400 millones para la misma ruta?

¿Dónde está el concepto económico de costo de oportunidad para solucionar un problema entre varias opciones? Me llama la atención que si para proyectos de este tipo, inclusive de mucho menor magnitud, se deben evaluar las opciones, en nuestro país no se haya debatido seria ni ampliamente sobre las mismas.

En pocas palabras, en un escenario a 25 años tanto el tren ligero como el monorriel pueden transportar la misma cantidad de usuarios que el metro, su construcción toma mucho menos tiempo y a la mitad del costo en inversión inicial y tarifa para los usuarios, por lo que nos podemos hacer otra pregunta: ¿si el Gobierno se va a gastar mil millones de balboas del bolsillo de todos los panameños para construir un metro que brindará servicio a solo una parte de la ciudad, por qué no invertir más integral y eficientemente ese dinero en un sistema de tren ligero y beneficiar además a la población de Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz, Pedregal, Las Mañanitas, Tocumen y la 24 de Diciembre a los que se les está negando esta oportunidad de mejorar su calidad de vida?,   esto sin contar el gran impulso para el turismo al permitir una conexión con el aeropuerto de Tocumen, tal como la tienen las grandes ciudades del mundo.

Si previo a la ampliación del Canal de Panamá, en donde se están invirtiendo 5 mil millones de dólares, se convocó a un referéndum nacional, para la ciudadanía sería beneficioso que el Gobierno en vez de seguir gastando dinero en publicidad mediática, cumpliera con los artículos 24 y 25 de la Ley de Transparencia que obligan al Estado a convocar previamente la participación ciudadana en los casos de construcción de infraestructuras, para tomar entre todos la decisión de cómo invertir más de mil millones de dólares y que al final se nos pueda responder adecuadamente la pregunta ¿de dónde salió el metro?

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<> Este artículo se publicó el 29  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/rivera-staff-jorge/

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Los buenos somos más

La opinión de….

Jorge Rivera Staff

“Lo más atroz de la gente mala, es el silencio de la gente buena”. Palabras más o palabras menos, esta frase atribuida a Mahatma Gandhi resume una de las grandes luchas que todos los pueblos sufren en algún momento de su historia:   Que un grupúsculo controlando las riendas del poder abuse de su pueblo a pesar de que la mayoría está en desacuerdo con sus actuaciones.

En nuestro país se ha cometido uno de los mayores abusos en contra de la Constitución política por parte del Gobierno y de la Asamblea Nacional, con la aprobación a tambor batiente de la Ley 9 en 1, que reforma códigos nacionales y diversas leyes, sin prestar la menor atención a los requisitos formales que establece la Carta Magna para estos casos.

Por si fuera poco, aparte de las violaciones a los requisitos constitucionales para la expedición de las leyes, ¿cómo es posible que al supuestamente adoptar medidas para la aviación comercial, se eliminan de un plumazo los estudios de impacto ambiental de aquellos proyectos que el Gobierno decida unilateralmente, se restringen las cuotas sindicales y el derecho a huelga de los trabajadores y se minimiza el control a los miembros de la fuerza pública en el uso de la fuerza letal durante el cumplimiento de sus labores?

Frente a este desolador panorama, luego de aprobada la ley y de ser sancionada por el Presidente sin siquiera pestañear; aparte de interponer los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia (que por sus actuaciones y composición actual no nos deja muchas esperanzas), ¿qué opciones le quedan al pueblo para lograr que esta ley sea derogada o revisada?

Si bien hay diversas opiniones respecto a los medios a utilizar, por este medio recomiendo uno que, con la organización debida, puede ser utilizado para demostrar cívicamente y contundentemente que la ciudadanía está en contra de esta aberración jurídica, social y política perpetrada por el régimen de turno.

Si bien en Panamá no tenemos un mecanismo establecido para proponer la derogatoria de las leyes por iniciativa popular, en el artículo 314 de la Constitución sí está establecido que para adoptar una nueva Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente Paralela, la misma puede ser convocada por iniciativa ciudadana al contar con la firma de al menos el 20% de los integrantes del padrón electoral del año anterior.

Si esta posibilidad está consagrada para que 20% de los ciudadanos solicite una nueva Constitución, por qué no conseguir el 5% o 10% para pedir la derogatoria de una ley.

Si ya hay sectores diversos de la sociedad civil, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones profesionales y partidos políticos movilizados en contra de esta nefasta iniciativa, no cabe duda de que el impulso de esta propuesta ciudadana puede ser muy viable.

Si el año pasado el padrón electoral tuvo 2 millones de personas, entonces podemos convocar a cerca de 200 mil panameños a firmar la solicitud de derogatoria de la “Ley 9 en 1” (Ley 30), para rechazar esta atrocidad de la gente mala y romper el silencio de mucha gente buena que de ahora en adelante podrá alzar su voz por encima del poderoso aparato mediático del Gobierno y demostrar así, tal como lo hizo en la India Mahatma Gandhi frente al más poderoso imperio conocido hasta ese momento, que también en este país… los buenos somos más.

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Este artículo se publico el 30 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un estado de derecho, no de derecha

La opinión de…

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Jorge Rivera Staff

Muchas de las medidas del actual gobierno han llevado a la mayoría de la población a percibir fallas importantes en la forma en que se entiende el ejercicio del poder frente a la institucionalidad democrática del país, lo que claramente deja entrever sesgos autoritarios.

Pero, ¿qué entendemos por estado de derecho? Aunque no hay un concepto claramente definido, la mayoría de los análisis sobre el tema coinciden en que entre los elementos básicos del mismo están: la división real de los poderes públicos y su fiscalización mutua, la independencia judicial efectiva y, sin duda, la más fundamental que es el respeto a las leyes, a las libertades y derechos de los ciudadanos por parte de las autoridades.

Si percibimos que la influencia del Ejecutivo se deja sentir cada vez más sobre los otros órganos del Estado y que estamos frente a una descalificación reiterada y sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios de comunicación social y la oposición política, no podemos menos que reflexionar y darnos cuenta que el actual régimen está ejerciendo una presión nunca antes vista sobre la endeble institucionalidad democrática de los últimos 20 años.

Si a estas actuaciones le añadimos que, precisamente, los votos conseguidos en la elección presidencial de mayo de 2009 se sustentaron, mayoritariamente, en una promesa de cambio frente a “más de lo mismo”, pero siendo esta actitud actual contraria a las expectativas de los ciudadanos, vemos que en el mediano plazo se erosiona la ya baja credibilidad de la clase política en general, lo cual llevado a sus últimas consecuencias abre las puertas para otras opciones políticas que están esperando una coyuntura propicia para que se configuren las condiciones de ruptura con el sistema establecido.

Hasta la fecha, la actuación del régimen gobernante se inclina hacia la consagración de la figura del Presidente frente al resto de las instituciones formales e informales de nuestro país, lo cual va en sentido totalmente contrario a las sociedades que han logrado asegurar su estado de derecho y su democracia a través de la consolidación gradual de “instituciones fuertes”, que hacen innecesaria la aparición de los llamados “hombres fuertes”.

Para todos es una realidad que el actual Presidente y su gobierno se encuentran en el espectro de la derecha política (con elementos liberal–populistas), pero lo que deben terminar de entender, por la salud de nuestra democracia, es que una cosa es hacer un gobierno de derecha y otra muy diferente es integrar un estado de derecho.

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Artículo publicado el 4  de junio de 2010  en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Hay mucho sancocho, pero no es muy espeso

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Hay mucho sancocho, pero no es muy espeso

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Jorge Rivera Staff  -Miembro del PRD

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La contundente victoria electoral de Ricardo Martinelli en las pasadas elecciones ha llevado a propios y extraños a interpretar que su gobierno disfruta de un gran capital político que le permitirá tomar con suficiente libertad decisiones difíciles o conflictivas en diversos ámbitos de la vida nacional, por lo menos en los primeros dos años de su ejercicio. A simple vista podría parecer así, pero consideramos que hay condiciones principales que deben llamar nuestra atención sobre la composición real de dicho caudal político.

La primera se deriva de la clase de triunfo electoral del candidato Martinelli, el cual se basó principalmente en una estrategia de mercadeo político sumamente efectiva, que apeló directamente a identificar su mensaje y la imagen del candidato, con las expectativas más apremiantes para los panameños. Eso está muy bien para posicionar una idea en la mente de los electores, ya que se trabaja más con percepciones que con hechos; pero cuando se trata de responder concretamente a las demandas de la sociedad, con sus diversas necesidades e intereses, el asunto es muchísimo más difícil de tratar.

La segunda condición es el altísimo nivel de expectativas que creó la campaña del llamado cambio a través de sus promesas electorales que salvo casos excepcionales, no tuvieron un sustento concreto, por lo que cualquier esfuerzo, decisión o línea de acción serán juzgados por la población con mucha más severidad que con los gobiernos anteriores, no sólo en tonro a cómo se atienden los problemas, sino también a los tiempos de respuesta empleados.

La tercera de estas condiciones es la realidad de la alianza electoral que llevó a Martinelli al poder, en donde los claros intereses divergentes producirán choques cada vez más espinosos y visibles entre las facciones, debilitando los puntos de unión no solo al nivel del Órgano Ejecutivo sino también en el Legislativo, por lo que el desgaste político podría ser acentuado significativamente.

Frente a estas condiciones, nos queda esperar que el nuevo gobierno, al lidiar con aquellas personas u organizaciones que no estén de acuerdo con sus propuestas o decisiones, no caiga en la tentación de recurrir a la campaña negativa para enfrentar a sus detractores, tal como hicieron durante la campaña electoral, ya que esta medida desgastará aún más no solamente a la administración de turno, sino a toda la clase política en general.

Podemos deducir que el gran capital político de casi un millón de votos, si bien en términos cuantitativos resulta significativo, el sustento cualitativo del mismo no se compagina del todo bien con dicha magnitud. En buen panameño, ”hay mucho sancocho, pero no es muy espeso”.

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Publicado el 22 de junio de 2009 en el diario El Panamá América