Falacias en torno a las sociedades anónimas

La opinión de:

Ana Elena Porras

El escándalo ocasionado por la divulgación de archivos del estudio de abogados Mossak Fonseca, por el volumen y gravedad de la información ventilada en medios internacionales, alerta sobre algo que no habíamos pensado: que el sistema jurídico de las sociedades anónimas, en general, y de las fundaciones de interés privado y los fideicomisos, crea un doble sistema jurídico, un blindaje legal para un grupo económico privilegiado, contra los derechos de terceros, en especial, de las clases populares. Y que la confidencialidad entre el abogado y su cliente que ahora defiende el Colegio Nacional de Abogados, citando una cadena de leyes (creadas por ellos y aprobadas por diputados) debe ser revisado frente a las múltiples evidencias sobre el carácter de interés público de gran parte de la información que se esconde tras esta “confidencialidad”.

Aparto de esta reflexión los casos más sonados de compañías offshore utilizadas para el blanqueo de capitales y corrupción internacional (con demasiada frecuencia como para decir que fueron prácticas excepcionales), porque incluso los abogados están de acuerdo en que deben ser castigadas una vez se comprueben sus faltas. Cuestiono otros argumentos pendientes de profunda revisión, porque todavía hay quienes defienden la moralidad de las sociedades anónimas, el secreto profesional de los abogados, la evasión fiscal y otras alimañas, arropándose en la soberanía nacional.

1. Con frecuencia vemos que la legalidad y la ética están en contradicción. Decir que algo sea legal no equivale a que sea justo, ético, democrático ni honorable. La esclavitud, la servidumbre, el derecho de pernada, las indulgencias, la decapitación, entre otras, fueron prácticas legales en tiempos pasados de la civilización occidental, a pesar de que hoy nos parezcan salvajes, indignas o reprochables.

2. Insistir en que evadir impuestos no es delito penal en Panamá, según declaraciones de la procuradora de la Nación, a pesar de que este acto hurte dinero al Estado y, en consecuencia, a obras sociales, equivale a una condescendencia inexplicable, y hasta auspiciadora, en beneficio de quienes evaden impuestos porque no están en planilla y compran sociedades anónimas.

3. Afirmar que las sociedades anónimas son un instrumento legal para protegerse contra la inseguridad por posibles secuestros de familiares a cambio de dinero es un argumento flojo, porque saber quién tiene dinero y quién no es fácil, basta una simple mirada a las mansiones de la ciudad y la playa, a los autos, yates, aviones o helicópteros privados de quienes buscan ocultar su dinero, dizque por miedo o, incluso, por pudor.

4. Defender la intimidad de las personas bajo la confidencialidad abogado-cliente con el argumento de que la privacidad es un derecho humano debe llevarnos a preguntar: ¿Cuál es la naturaleza del secreto de las sociedades anónimas que se guarda con tanto celo? Buena parte de la confidencialidad profesional de los abogados esconde información de interés público y de terceros, en la medida en que encubre a últimos beneficiarios de las sociedades anónimas y el origen, la cantidad y resguardo del capital del cliente. Las sociedades anónimas se convierten en un instrumento para esconder al cliente y su capital, lo que permite, entre los daños menores y menos escandalosos: evadir impuestos en caso de herencias y evadir posibles reclamaciones de esposas divorciadas o compañeras unidas, hijos ilegítimos, trabajadores, entre otros, en defensa de sus derechos sobre el capital del cliente amparado en una sociedad anónima. En estos casos, la sociedad anónima actúa como una entidad legal superpuesta dentro del sistema jurídico, creando una especie de doble sistema, una fortaleza jurídica para blindarse de obligaciones legales frente al Estado y frente a terceros. En analogía con una sociedad medieval, crea una especie de fortaleza intramuros para su nobleza, separada del territorio extramuros para campesinos. Es decir, blindan a sus clientes como si fueran los habitantes de una fortaleza y los sitúan en un subsistema legal por encima del jurídico general de los Estados, que sí aplican a la población “extra muros” de la clase media profesional y los trabajadores. ¿Es esto ético y democrático? No contamos con normas que estipulen la forma en que se procesa penalmente a las personas jurídicas, apenas permiten que se ordene la declaración indagatoria de su representante legal.

5. Ningún panameño desea que el escándalo de los Papeles de Panamá lleve el nombre del país. Sin embargo, continúa siendo política del Estado amparar una legislación que sigue protegiendo a corruptos.

6. Analicemos otra tesis: Que los paraísos fiscales responden a los infiernos fiscales. Si a los defensores de paraísos fiscales les parece que algunos de sus Estados cobran una proporción demasiado alta de los ingresos de sus ciudadanos en calidad de impuestos, ¿por qué no debaten sus leyes fiscales en las instancias políticas correspondientes, sea Asamblea, Parlamento u otros para defender el sistema fiscal que piensan más justo? ¿Y por qué ampararse en sociedades anónimas que los proteja solo a ellos? ¿Acaso es justo que esa misma proporción de impuestos sea pagada por los demás ciudadanos trabajadores? ¿Y les parece bien que los evasores de impuestos se beneficien de las obras públicas financiadas por quienes sí tienen que pagarlos?

7. La propuesta de limitarnos a crear o depurar leyes que regulan las sociedades anónimas para poder oxigenarlas y mantenerlas vivas es una solución cosmética que no resuelve el problema de fondo que identifica a ese instrumento o subsistema jurídico como fortaleza intramuros que protege y, por tanto, genera castas, al blindarlas y situarlas por encima del sistema legal que aplica a las mayorías. Este problema no se resuelve con aplicar una técnica legal más refinada para resolver los vicios más groseros de nuestra debilitada institucionalidad. Si bien el uso de una buena técnica legal es necesaria, el problema principal que enfrentamos es que carecemos de visión de país y, en consecuencia, de visión de nuestro país en el mundo, que defienda principios de solidaridad y derechos humanos.

El escándalo de los Papeles de Panamá permite entender mejor los mecanismos legales que conducen a la desigualdad, la impunidad, la injusticia y la concentración de la riqueza, al esconder el origen del dinero de las sociedades anónimas y a sus beneficiarios.

<> Este artículo se publicó en el diario La Prensa el 28 de mayo de 2016.  Panaletras le da al medio al igual que al autor todo el crédito que les corresponde.

Panamá sigue en el Parlacen

La opinión del Presidente del Parlacen…

DORINDO JAYAN CORTEZ M. 
jayan2258@gmail.com

Para el gobierno de Ricardo Martinelli, Panamá salió del Parlacen.   En realidad, lo que ha ocurrido, es que la presencia de los diputados panameños se ha fortalecido con el efectivo reconocimiento que los Estados parte, como las instituciones y organismos del SICA, le dan a Panamá (o a sus delegados) y a la Presidencia ocupada por un panameño.

La dinámica que ahora experimenta el organismo parlamentario se caracteriza por la necesaria coordinación con los actores y organismos involucrados en el proyecto integracionista. Una de las primeras tareas, llevada adelante por la Presidencia panameña y la Junta Directiva, fue el encuentro con el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, el 29 de noviembre de 2010. Los temas abordados con el canciller versaron sobre las nuevas facultades y papel que ahora le corresponde desempeñar al parlamento como foro político de la integración.

Hay conciencia de la necesidad imperiosa de abrir los espacios para que los Estados sustancien el trabajo conjunto, unan voluntades y compartan tareas estratégicas para el desarrollo sostenible de la Región. Así, y solo así, será posible obtener resultados acertados para las poblaciones que reclaman mayores atenciones a sus calamidades. Este nivel de coordinación se ha puesto en marcha con la reunión del 10 de diciembre de 2010 en El Salvador (país sede de la Secretaría General) entre SICA (incluida las secretarías técnicas) con una delegación de la Junta Directiva del Parlacen presidida por su presidente. En este encuentro se reconoció la urgencia de compartir esfuerzos y coordinar tareas como método para desarrollar plenamente lo normado en el Tratado Constitutivo. Estas preocupaciones fueron también objetos de reflexión entre el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, con el presidente del Parlacen y la vicepresidenta de la Bancada Nacional hondureña en audiencia llevada a cabo en la casa presidencial, el 18 de diciembre de 2011.

En fecha más reciente, 28 de enero de 2011, el presidente del Parlacen juramentó al nuevo secretario de SIECA, Lic. Ernesto Torres Chico, en acto que dio apertura a lo normado en el artículo 5 (literal f) del Tratado Constitutivo, que ordena juramentar, ante la Asamblea Plenaria, a las personas electas o nombradas para ocupar los altos cargos del Sistema. El presidente Cortez reconoció el ‘carácter histórico de ese acto, una fecha para no olvidar’.

Fortalecer el accionar de la integración, exige el tratamiento de los diversos temas desde la óptica del esfuerzo compartido de los ejes del sistema. La reunión entre el SG-SICA, la Presidencia de la Corte Centroamericana de Justicia y la Presidencia del Parlacen, en El Salvador el 31 de enero de 2011, está dirigida a motivar la labor de modernización de la estructura de funcionamiento de la integración centroamericana. Labor importante que se verá fortalecida en la Reunión de Vicepresidentes de las Repúblicas de Centroamérica y República Dominicana, a realizarse en El Salvador el 16, 17 y 18 de febrero de 2011. Evento en el que participará, por invitación como consigna el Tratado constitutivo, el Presidente del Parlamento Centroamericano.

Como puede constatarse, el Parlacen tiene ahora una mayor eficacia en las relaciones y ámbitos del sistema de la integración. No solo se reconoce la importancia de fortalecer los vínculos entre los ejes del sistema, sino que, además, hay pleno reconocimiento a la legalidad de la representación parlamentaria de Panamá y, en particular, de la Presidencia del organismo que ocupa un panameño. Es un buen síntoma de institucionalidad.

 

Este artículo se publicó el  13  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El arte de gobernar bien

La opinión de…

 

Darío Suárez

Aproximadamente, medio año antes de celebrarse las elecciones de 2009 un estimado amigo convidó a otro a ayudar al actual gobernante a ganarlas.   Al respecto este respondió que realmente ese aspirante no necesitaba más ayuda porque el rechazo contra el partido PRD y su aliado en su gestión de gobierno era tan extendido, en todas las capas sociales y tendencias políticas del país, que, independientemente del candidato que colocaran para tratar de ganarlas y continuar gobernando, él ganaría ampliamente como abanderado de los rechazantes.

Pero, añadió, donde sí necesitaría orientación y asistencia era en la tarea de gobernar, si es que lo quería hacer bien. Porque gobernar bien no es simplemente mandar, sino hacerlo para la mejoría o el bien y beneplácito de la más grande mayoría posible de los gobernados: tanto de los que lo eligieron, como de los que no. Para ello, tendría que realizar su gestión de acuerdo con un conjunto de preceptos y reglas para hacer las cosas bien, con habilidad, idoneidad y respeto para con los demás… lo que constituiría un arte.

Entre un plan de gobierno y los propósitos de un gobernante, está no solo el cumplir las promesas de campaña proselitista y, si puede, mucho más, sino el hacerlo con los preceptos y reglas vigentes de convivencia democrática, dentro de un estado de derecho basado en la separación y armoniosa colaboración autónoma de los tres poderes clásicos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Por lo que cuando este equilibrio se disloca y uno de los poderes doblega o suplanta subrepticiamente a alguno de los otros se arruina la institucionalidad, se pierde la confianza en sus ejecutorias, se mancha la acción de gobierno, se descalifican los gobernantes, florece el autoritarismo con sus secuelas de corrupción, y se perjudica a los gobernados.

Por las premisas expuestas, un gobernante debe tener la habilidad o, al menos, la intuición de escoger los mejores consejeros, colaboradores y asistentes que lo orienten con carácter a ejecutar una acción de gobierno que preserve los valores cívicos, institucionales, vernáculos, culturales, morales y sociales, y promueva su desarrollo como motor de un crecimiento no sólo material sino espiritual. Ello resulta particularmente importante en un mundo en que parece prevalecer el bienestar del egoísta poderoso sobre la sobrevivencia digna del desvalido. Encontrar ese norte y los colaboradores que lo acompañen a seguirlo es el camino más difícil y sólo lo recorren quienes tienen vocación de estadistas o de prohombres.

Empero, la mayoría de los gobernantes no entienden tal encrucijada y, aunque alguna vez hayan tenido la intención de perseguir la grandeza, algunos se dejan dominar por la vanidad; la promoción del culto a su personalidad; y, por ambiciones de permanecer en el cargo más allá del período constitucional al que pretendían servir, utilizando para su cometido diferentes métodos según el momento psicológico y su grado de poder, y olvidando su obligación moral de mejorar material y espiritualmente a la mayoría de sus gobernados.

Tal vez el error más propagado es el de que si se promueve en un país un sobresaliente crecimiento económico a cualquier costo –como el del sacrificio de la transparencia; de la competencia, esquivando licitaciones; de congelación de costos de la canasta básica, aumentando el ITBM o el costo del combustible y energía; de evitar el despilfarro de construir un edificio–torre gubernamental estrafalario y provocante de caos vial y urbanístico; o, de conservación de áreas, cuencas hidrográficas y montañosas sin contaminaciones desertificantes que propicia la explotación minera en manos propias o privadas, o, aun peor, de gobiernos extranjeros que expondría a Panamá a potenciales litigios o hasta a adversos laudos internacionales– se obtendría un desarrollo humano mejor que si fuera a la inversa.

Los estudios de reputadas instituciones de crédito (Banco Mundial), como de economistas internacionales de reconocida solvencia, y hasta de nacionales incluso en trabajos de graduación, han demostrado que siempre es preferible poner más hincapié en el desarrollo humano primero que en el crecimiento económico, para llegar mas rápido a ese crecimiento económico o a uno mayor, que poner la carreta por delante de los bueyes y llenarse la boca con que por crecer económicamente desaforadamente el país ha alcanzado elevados puntajes en entidades calificadoras de inversión y un alto crecimiento coyuntural en el producto interno bruto, mientras a pesar de ello la pobreza crece en las clases bajas, sigue estancado el consumo de calorías y proteínas, y, por las políticas públicas heredadas, el sector agrícola continúa sin recobrar el nivel satisfactorio que antaño tenía y que abarataba el costo de la canasta básica.

Panamá ha sido bendecida con su posición geográfica; con su copioso régimen de lluvias y de aguas subterráneas, por su vegetación y configuración montañosa; y, con la calidad de su gente, entre la que, a veces, ha contado con personas visionarias, tanto pensantes como ejecutoras.   Por ello, pudiera conservar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes si cuida lo que tiene (como lo es una buena agua potable, el oro del futuro) y si hasta logra producir energía no contaminante –o a un grado ínfimo– sin alterar ni dañar la naturaleza ni el ciclo del agua, como los dañaría la minería, perjudicial en cualquier balance costo-beneficio que se haga. Sólo le faltan gobernantes que quieran gobernar bien… como un arte.

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Este artículo se publicó el 4  de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Sala zombi o sala quinta?

La opinión de…

 

Felipe Echandi Lacayo

En 1803, la Corte Suprema de Estados Unidos de América resolvió el caso Marbury v. Madison, sentando así el primer precedente judicial de review de la Corte sobre actos del Congreso cuando éstos violen la Constitución.

Hasta entonces no era comúnmente aceptado que el Poder Judicial declarara nulo por inconstitucional un acto del Poder Legislativo. De hecho, el Poder Legislativo era visto como el árbitro principal de la constitucionalidad de sus propios actos.

Desde el caso Marbury v. Madison, la Constitución, un documento que tenía valor para definir la estructura del Estado y para actos protocolarios, adquirió relevancia para los ciudadanos de Estados Unidos.

Los derechos individuales garantizados en el Bill of Rights comenzaron a ser usados como argumentos en los tribunales de justicia teniendo incidencia real en la vida de las personas.

En Panamá, si bien desde 1941 ha existido la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa o de interponer amparos o recursos de hábeas corpus ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, no hemos tenido una vigencia real ni tangible de la Constitución o de los derechos fundamentales que en ella se consagran. Los ciudadanos panameños nos encontramos atados de manos frente a lo que dicte la mayoría. Esto ha ocurrido principalmente por la extrema lentitud con la que se resuelven las demandas y recursos interpuestos ante el pleno de la Corte Suprema, y por la insistencia de quienes han ocupado el Poder Ejecutivo de pervertir los pesos y contrapesos que una república moderna de ciudadanos libres debe tener, nombrando magistrados exclusivamente con base en afinidades políticas o personales.

He tenido la oportunidad de vivir en Costa Rica durante los últimos cinco años, en donde recientemente la Sala Constitucional (allá llamada comúnmente Sala Cuarta), similar a nuestra Sala Quinta, cumplió 20 años de existencia. Los ciudadanos han incorporado a su vida diaria la certeza de que tienen derechos fundamentales que la mayoría no les puede arrebatar. La expresión “meter un salacuartazo” se ha vuelto común, por lo que el Gobierno ha sido mucho más cuidadoso a la hora de ejercer su poder.

Por estos motivos, sin entrar a discutir las razones de fondo por las que la ley que había derogado la Sala Quinta recientemente se declaró inconstitucional, me parece una excelente noticia tener una sala especializada de la Corte Suprema que se dedique exclusivamente a la resolución de asuntos constitucionales. De implementarse correctamente, la Sala Quinta sería un importante mecanismo para prevenir que las mayorías pisoteen los derechos individuales cuando les plazca.

Como dijo Alexander Hamilton en el Federalista No. 78, “las cortes tienen el deber de servir como intermediarias entre el pueblo y sus representantes para, entre otras cosas, mantener a estos últimos dentro de los límites de su autoridad”.

Dado que los liberales afirmamos la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales, no podemos dejar de notar la oportunidad que se le ha presentado al Gobierno con la reciente resolución del pleno de la Corte Suprema. La recreación de la Sala Quinta, si se implementa de forma adecuada, podría implicar que nuestra jurisdicción constitucional deje de ser prácticamente inexistente y pase a tener incidencia en la vida diaria de todos los ciudadanos.

El actual gobierno tiene la mesa servida, ya que podrá contribuir de forma casi inédita al fortalecimiento de la institucionalidad panameña. Por este motivo, esperamos que los magistrados que se escojan sean individuos imparciales e idóneos. Esto determinará si tendremos una sala zombi, resucitada de entre los muertos para devorarnos, o una Sala Quinta, abanderada y guardiana de nuestros derechos fundamentales.

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Este artículo se publicó el 24  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El ejercicio de la libertad

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

 

Raúl Leis R. 

raulleisr@hotmail.com

José Martí enciende sus palabras de 120 años, para advertir que “Lo que ha de hacerse es tener incesantemente la libertad en ejercicio; por donde el bueno se fatiga, el malo entra: la república no puede dormir; el tirano o el bribón sólo se levantan sobre los pueblos viciosos o indiferentes”.

Poner la libertad en ejercicio, y agregaría la justicia y la ética. No ha sido así durante el año que acaba de terminar. El balance no es favorable para la democracia ni para el desarrollo. Pues crecimiento económico sin equidad y sin afectar a fondo la desigualdad; concentración del poder, debilitamiento de la institucionalidad y de la libertad de expresión; naturaleza amenazada no son compensadas debidamente por las iniciativas positivas que se pudieron desarrollar.

Es evidente que existe demasiado poder económico y político juntos y concentrados en el gobierno y que esto no es bueno para la democracia. Tampoco un Estado centrado en una visión mercantilista que convierte a algunos empresarios, más bien en “empresaurios”.   Parte del cambio esperado que le dio el voto al actual gobierno, fue producto de la insatisfacción de cómo funcionaba la institucionalidad política del Estado, por lo esperado no era más acumulación de poder, sino por el contrario, una real y efectiva democratización del poder.

El riesgo para todos es inclinarnos hacia el autoritarismo civil, hijo del presidencialismo centralista. Por ello, estamos en un momento histórico importante, generar los cambios necesarios para pasar de la amenaza autoritaria a una mayor densidad democrática.

La democratización de la democracia, supone la transformación de los procesos electorales, esquivando su plutocratización, permitiendo más participación y acceso a los medios de comunicación, apertura a nuevos actores y alternativas. Significa entender la democracia también como de ciudadanía, con la generación de la descentralización, el poder local, el presupuesto participativo, los diversos resortes de la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.

Es necesario una permanente introspección y discernimiento de parte de los gobernantes para que comprendan el principio de “mandar obedeciendo”, ligado al desarrollo de la capacidad democrática de la población de envolver y orientar a sus líderes; una profunda reforma política democrática; la vigilancia ciudadana y mediática para la reafirmación del Estado de Derecho, y la vigencia plena de los derechos humanos. La organización ciudadana y popular. La educación popular transformadora. El autoritarismo es el camino equivocado; la construcción democrática y participativa del poder es la ruta correcta.

A esto nos invita Martí: “La república, como las casas de Pompeya,  ha de tener el perro a la puerta. Así surgen ahora, del peligro nacional, los que han de salvar a la nación de él; de la política negociante surgen, por el escarmiento y vergüenza de ella, los que la conminan y derriban; de la camaradería impura de la política y los negocios, surgen, imponentes, el férvido universitario, el abogado indómito, el obrero sesudo, el comerciante verdadero, el periodista fustigador. De la podredumbre misma sale la luz…”    Asi será, por el bien de Panamá.

<>Artículo publicado el  5  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los vaivenes de una democracia insuficiente o pendular

La opinión del Jurista…

 

Ramiro Guerra Morales 

 

Aunque parezca una verdad de perogrullo, no nos cansaremos de señalar que la vida en sociedad es más que la economía.  El ser humano, no solo necesita alimentarse, trabajar, procrear, creer, respirar, sino vivir en libertad, poder escribir y decir lo que piensa, sin temor a represalias; a acceder, sin mediaciones perversas a la justicia y tutela de sus derechos fundamentales e existenciales.

La realidad nacional viene dando cuenta de un crecimiento económico importante y pujante, muy superior, cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, que según algunos analista se mantendrá durante todo este año. Al margen de algunas variables objetivas que inciden en este crecimiento, justo reconocer, así como también se hizo con la administración pasada, el papel que viene jugando la gestión de los que hoy dirigen el estado.   Sin embargo, en el mundo de la democracia y la institucionalidad existe una especie de gatopardismo, que revela el carácter pendular de un ir y venir de una democracia que se nos presenta insuficiente y un sistema institucional que enfrenta serios desgaste, cuyo agravamiento pudiera producir un efecto de retorno negativo en la zona de la economía, no deseable para ningún panameño.   Está demostrado que una crisis en estas zonas de la superestructuras, afectan relaciones que rebasan el marco estatal y de país.

Hace algunas décadas, el estado de Cuba hizo un aporte importante a la ciencia política, al deslindar los campos de la acción partidaria y del estado.   Los parámetros con se administra relaciones partidarias,   no son los mismos con se administra el estado.

El partido es una cosa y el estado otra.   Cuando el partido o la relación partidaria se sobrepone sobre las relaciones del estado, este pierde la necesaria autonomía que requiere para actuar como el referente del todo social y este tipo de correspondencia, partidos–estado. si no se administra correctamente, puede dar lugar a los que Gransci, denominaba formas de ejercicio bastarda del poder.

En este contexto de una democracia e institucionalidad, por un lado deficiente, y por el otro, gastada, puedo entender la necesidad de trabajar hacia nuevos correlatos constitucionales que perfeccionen nuestra vida en democracia y remocen nuestro Estado de derecho, en la perspectiva de una institucionalidad al servicio del pueblo y los ciudadanos. Si lo anterior no es el norte a la cual deben apuntar las reformas constitucionales, sencillamente, es otra pose de gatopardismo, que tanto daño ha causado a nuestra región latinoamericana.

En consecuencia, si estamos frente a la creación de una Corte Constitucional, la elección del Procurador por elección popular, cambios en el procedimiento para elegir Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, mayor poder a la Defensoría del Pueblo, Ampliación de la democracia electoral, entre otros temas, entonces estaremos cambiando de verdad para avanzar en democracia e institucionalidad.

<>Artículo publicado el  10  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Caos y retroceso institucional

La opinión de…

Dorindo Jayan Cortez

La promesa de cambio enarbolada en tiempos electorales (2009) se ha cumplido al dedillo, con la aclaración de que los cambios han generado un verdadero caos institucional.  Y esto no solo por lo que ocurre en el Ministerio Público. Lo que ahí acontece, para detrimento de la imagen de Panamá, es la síntesis de un modelo de administración que pretende imponerse por encima de los principios del estado de derecho. El régimen de democracia formal, construido paso a paso después de una sostenida lucha nacional, ha tenido en los últimos 18 meses un evidente y lamentable retroceso.

El mismo Presidente, a inicio de su gestión, adelantó lo que pasaría.    Dijo que en su gobierno se podían meter las patas, no las manos.   Esto, lo de las patas, se ha cumplido al “pie” de la letra;    las han hundido muy hondo y cada vez resulta más lacerante para la institucionalidad del Estado la manera como se gobierna. La pretendida concentración del poder en el Ejecutivo alerta lo que el Conep, respecto a la procuradora general, consideró como un “atentado a nuestra institucionalidad democrática”.

La situación lamentable de lo que acontece con la justicia y la democracia ha sido observada y sufrida por diversos sectores, sin faltar, incluso, seguidores renombrados del proyecto del cambio.

El ex contralor Alvin Weeden, al oponerse a la eliminación del control previo, lamentó públicamente haber depositado su voto por el actual Presidente. El ex vicepresidente Guillermo Ford, por su parte, criticando la “concentración de poderes del Ejecutivo”, señaló que “esto no puede ser una dictadura, tiene que ser una democracia”.

El caos institucional no es ajeno, entre otros factores, al desconocimiento del valor que representa para la democracia, para la sociedad civil y para la separación de los poderes. El mismo Martinelli, en Cade 2006, criticando a los ex mandatarios (por controlar todo), decía que “lo que tenemos que hacer es volcar estos poderes a la sociedad civil, para que, entre todos, empecemos a resolver el problema”. De más está hacer referencia a la confrontación que el Ejecutivo ha inaugurado con esa misma sociedad civil, a tal grado que la misma Iglesia, al lamentar la disputa institucional que se da en Panamá, la ve como “actos peligrosos que temprano o tarde nos harán pagar un alto precio”.

El desbarajuste en el Ministerio Público, y lo que informa Wikileaks, son ya un “alto precio” que paga la sociedad panameña. Y no como un hecho aislado, sino como resultado de un patrón que apuesta al autoritarismo en el manejo de la cosa pública. El embate de ese modelo, que algunos ya lo catalogan como peor al de los militares (recordemos la represión en Bocas del Toro), lo han sufrido los periodistas, lo sufren los procesos legales, el sistema de justicia y la política exterior. Lo sufren, además, las finanzas públicas con lo que acontece con las licitaciones y la eliminación del control previo. Lo sufriremos todos los panameños, más duramente, si se continúa por el camino de tierra movediza donde las patas seguirán enterradas.

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<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.