Red vial y planeamiento urbano

La opinión de la Economista y Docente  Universitaria…

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

El sostenido crecimiento de la economía trajo consigo un aumento en la demanda de servicios públicos, tal es el caso del transporte y la red vial. Esta situación puede observarse con claridad en la urbe metropolitana. A medida que se expande la ciudad, producto del surgimiento de nuevas barriadas y centros comerciales, se ve incrementado el volumen de transporte público y con ello la necesidad de nuevas vías y el ensanchamiento de las existentes.

Estadísticas revelan que en el país existe un parque vehicular estimado en 650,000 vehículos, de los cuales un alto porcentaje se concentra en la ciudad capital y áreas periféricas, lo que sumado a un sistema vial obsoleto, que no cuenta con la capacidad requerida para absorber el volumen actual de automóviles dificulta la circulación, causando congestionamientos que evidencian las deficiencias del sistema. Si al escenario planteado le sumamos 40,000 automóviles, que se venden, aproximadamente por año, no cabe duda que se debe actuar con rapidez, en materia de planeamiento urbano, primordialmente en lo que a obras de red vial, transporte público y tránsito se refiere.

En este orden de acontecimientos el Gobierno informó, a través de los medios periodísticos, que a partir del 14 de febrero la vía Justo Arosemena, sería cerrada a la altura de la Policlínica Pediátrica, para dar inicio a la construcción del Metro. Nuevo sistema de transporte, que conjuntamente con el Metrobús (ya en funcionamiento), espera dar solución a la demanda de un mejor servicio de transporte público a la comunidad.

También, se dio a conocer que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) apoyará el reordenamiento vial previsto para facilitar los trabajos a efectuar.

Esperemos que el reordenamiento anunciado cumpla el cometido esperado, eliminar complicaciones para el adecuado desarrollo de los trabajos previstos y evitar congestionamientos en sitios neurálgicos.

Otro aspecto importante a considerar es que para inicios de marzo, se estarán celebrando los carnavales, movilizando a miles de panameños hacia el interior del país. Fenómeno que, a pesar de contar todos los años con operativos implementados por la ATTT, dejan una secuela de accidentes, con heridos y algunas veces con saldos de víctimas fatales, por diversos motivos, entre ellos el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. Esta realidad no es nueva, lastimosamente la circulación vehicular es el área donde se hace visible con más frecuencia la actitud agresiva o desenfrenada de muchos ciudadanos.

Un alto porcentaje de conductores hace caso omiso a las señalizaciones y reglamentaciones de tránsito, pone en riesgo la vida de pasajeros, peatones y la propia, al no conducir con sensatez y prevención.

Es apremiante crear conciencia sobre la cortesía en el manejo y transformar la actitud de conductores, transeúntes, autoridades de tránsito y comunidad, mediante la ejecución de programas de educación vial que contribuyan a edificar una cultura de respeto a las leyes, normas y reglamentos para prevenir e impedir accidentes.

 

Este artículo se publicó el 16 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Crecimiento económico y ¿beneficio social?

La opinión de la Economista, Educadora, Humanista…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Hace varios quinquenios viene hablándose del crecimiento sostenido de la economía panameña. Situación que trajo consigo el arribo de inversiones extranjeras y especulaciones varias.

Con este flujo de capitales, también se incrementa la migración foránea, en busca de esparcimiento, diversión;  y de millonarios o de jubilados que informados de las bondades que ofrece nuestro país para disfrutar de una vida pacífica y con un costo relativamente bajo, con relación a sus recursos o altas pensiones de retiro laboral, se interesan en residir en nuestro país.

De igual forma, llega un considerable grupo de personas en edad productiva, en busca de nuevas oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.

Otros aspectos importantes, en el crecimiento económico son: la ampliación del Canal, el desarrollo de las finanzas, comunicación y logística, áreas consideradas como estratégicas de la actividad económica, para asegurar generación de empleos y mayor contribución al tesoro público, mediante la carga impositiva.

De hecho, si el escenario planteado es alentador, también trae sus fallas. Es evidente el encarecimiento en el costo de vida del nacional, que no puede competir con el alto poder adquisitivo de los extranjeros residentes, influyendo con sus demandas por bienes y servicios en los precios del mercado, en detrimento de los nacionales. Ello aunado a la mala distribución de la riqueza afecta el escuálido bolsillo del panameño.

La canasta básica de alimentos se viene incrementado, producto de la fluctuación del petróleo y la especulación comercial, aún cuando el gobierno continúa con las conocidas ferias libres del Instituto de Mercadeo Agropecuario.

Toda esta movilidad de capital humano y financiero, trae consigo innovaciones en todas las áreas del cotidiano vivir. Surge la necesidad imperante de modernizar las urbes. Tal es el caso de la ciudad capital, donde se observa la necesidad de nuevas vías y la ampliación de las ya existentes; así como el completo abastecimiento de agua potable y saneamiento ambiental.

Otro punto sensible, es el referido a los niveles de seguridad pública, el cual ha resultado el talón de Aquiles en las diversas gestiones gubernamentales de las últimas décadas.

De esta situación no escapa la actual administración. Y es que el crecimiento económico también trajo consigo el aumento de la delincuencia común y la entrada de organizaciones criminales. Los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano, entre otros, que introducen nuevas modalidades delincuenciales como el sicariato; pero además fomentan las pandillas y cierto nivel de corrupción gubernamental; creando un ambiente de incertidumbre y desasosiego en la población.

Es inminente que tanto la actual administración gubernamental, como las que vengan deberán dejar de lado intereses y diferencias personales o partidistas, para establecer, responsablemente con seriedad y objetividad, políticas de Estado coherentes en materia de desarrollo social, urbanístico, administración de justicia (criminología y resocialización), que respondan a las necesidades de un desarrollo humano y económico con equidad, que asegure dignidad y calidad de vida a todos los habitantes.

 

Este artículo se publicó el 9 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Minería: costos, beneficios y consecuencias

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Sectores de la población, en diversos puntos de la geografía nacional, manifiestan honda preocupación por el impulso que la actual administración gubernamental presta al desarrollo de la actividad minera en nuestro país. Experiencias vividas, como la de Petaquilla Gold, en septiembre de 2010, donde los moradores del área denunciaron la muerte de peces y otras especies acuáticas debido a la contaminación de las aguas por desbordamiento de químicos (cianuro) de las tinas de lixiviación, evidencia los riesgos a que se expone la vida humana.

Organizaciones ambientalistas, indígenas y campesinas, entre otras, han realizado protestas, en procura de hacer reflexionar al gobierno, sobre los impactos negativos que la explotación minera causa a los asentamientos poblacionales y al medio ambiente.

El gobierno argumenta que el impulso de la actividad minera aportará grandes beneficios económicos a nivel nacional que se reflejarán en oferta de mano de obra y mayor generación de ingresos, por pago de tributos y localmente la prestación de servicios y comercios se verá robustecida.

Según informaciones suministradas por el Ministerio de Comercio e Industrias, existen en Panamá más de 200 iniciativas de extracción minera, entre ellas cobre, oro y plata. Se conoce el interés de consorcios nacionales y transnacionales por incursionar en la búsqueda de petróleo. Investigaciones realizadas por The Nature Conservancy, revelan que más del 44% del territorio nacional se encuentra en gestión para el otorgamiento de concesiones mineras.

Entre las concesiones mineras próximas a explotarse se encuentran: Cerro Quema (Tonosí, Los Santos), para la extracción de oro y plata; así como la intensión de otorgar permiso de extracción para los grandes depósitos de cobre, localizados en Cerro Colorado, comarca Ngöbe-Buglé, en la provincia de Chiriquí.

No es la primera vez que se intenta explotar la mina de Cerro Colorado. En la década del 70 el gobierno de Omar Torrijos intentó abrir paso a la extracción minera de esta área.   La iniciativa se frustró debido a la resistencia de la población Chiricana, quien veía en peligro la biodiversidad de su entorno. A la creciente resistencia y protestas, se suma la Conferencia Episcopal Panameña.   Es inminente el peligro que se cierne sobre la calidad de vida y el deterioro del ecosistema de las áreas donde exista explotación minera. Mientras el interés gubernamental es promover la industria de la minería.

La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional informó que iniciará discusiones para reformar el Código de Recursos Minerales. Es imprescindible poner en una balanza los costos / beneficios y consecuencias a corto, mediano y largo plazo que la actividad minera traerá a nuestro país. Debemos tener conciencia de que de nada nos sirve ese crecimiento económico, si es pan para hoy y hambre para mañana.

De darse las reformas al Código de Minería, deben ser profundas y objetivas, de cara al pueblo, es innegociable la protección de nuestras cuencas hidrográficas, áreas protegidas y reservas forestales.   Se pudiera estar jugando con la salud y los medios de vida.

 

Este artículo se publicó el 26 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

Reformas electorales, equidad y participación

La opinión de la Economista y Educadora…

 

LIZABETA  S.  DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

 

A finales del 2009 se creó la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), la cual tendría la responsabilidad de analizar las quejas y fallas suscitadas durante el último torneo electoral y proponer medidas correctivas.

Otras funciones encomendadas contemplaban el análisis en temas sensitivos, como la inscripción de adherentes para constituir nuevos partidos, financiamiento y propaganda; así como la preparación de un proyecto de ley de reformas electorales, que contribuya a mejorar la acción fiscalizadora del Tribunal Electoral y garantizar el desarrollo de procesos transparentes, equitativos y eficaces en los torneos electorales.

A un año de reuniones y debates, con la participación de partidos políticos, diversos actores de la sociedad y representantes del Tribunal Electoral, la CNRE está por concluir la tarea para la cual fue designada y entregar al Tribunal Electoral la propuesta de ley que modificará el actual Código Electoral.

De conformidad al protocolo establecido, el Tribunal Electoral deberá presentar próximamente el anteproyecto de ley concensuado por la CNRE, a la Asamblea Nacional de Diputados para debate y aprobación, modificación o rechazo.

A este panorama, se suma una nueva perspectiva, ya que el gobierno ha informado que ‘prepara cambios paralelos en materia electoral’. Entre los temas que el Ejecutivo proyecta incluir están la segunda vuelta electoral, la elección de los gobernadores y el recorte del subsidio electoral.

Según informaciones, este recorte propone disminuir lo establecido por el actual Código Electoral del 1% (del total de los ingresos corrientes del presupuesto) a 0.5%. Además de redistribuir esta partida, destinando un 50% para funcionamiento de los colectivos políticos; mientras que el otro 50% se utilizaría para la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, adscrito al Tribunal Electoral.

La propuesta descarta la entrega del subsidio preelectoral y postelectoral, a los partidos políticos, como lo establece el actual Código. También pretende transferir la designación en cinco (5) anualidades. Iniciando la entrega el 1° de julio del 2014 (año de los próximos comicios electorales).

Luego de las experiencias vividas en nuestro país, hemos expresado, por diferentes medios, la urgente necesidad de realizar un profundo análisis sobre las normas y procedimientos establecidos en materia de sufragio, a fin de alcanzar mayores niveles de equilibrio, igualdad y participación.

Sobre el particular y de conformidad a las informaciones del Tribunal Electoral, la Comisión logró el análisis en mención y alcanzó un consenso en la mesa de discusión, el cual culminó con la propuesta de un anteproyecto de reforma al Código Electoral. Si ello es así, corresponde a la Asamblea Nacional de Diputados someter a un debate objetivo, lo consensuado respetando lo actuado.

Compartimos algunos planteamientos del Ejecutivo, como el porcentaje de disminución al subsidio electoral y la creación del Instituto de Capacitación y Formación Política, pero en lo relativo a la entrega del susidio debe continuar entregándose como está establecido, a fin de evitar abusos del partido en el poder.

Este artículo se publicó el 19 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Respeto y libertad de expresión para todos

La opinión de la Economista y Educadora….


LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Recientemente, los medios se hicieron eco del comunicado, emitido por la Asamblea Nacional de Diputados, donde informan que discutirán en el pleno, un anteproyecto de ley presentado por el diputado suplente abogado Agustín Shellhorm, para ‘adicionar un artículo al Código Penal, con el fin de tipificar el delito de vilipendio contra servidores públicos en cargos de elección’.

Dicha propuesta generó rechazo inmediato de colectivos políticos, gremios periodísticos y sociedad civil, que ven en peligro la libertad de expresión, considerando dicha propuesta como instrumento para acallar la opinión pública hacia malas acciones ejecutadas por el gobierno.

Tal es la magnitud de malestar alcanzado, que el presidente del Consejo Nacional de Periodistas indicó, enviara un informe completo sobre el proyecto de ley mordaza, que se pretende aprobar, a la relatora de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Igualmente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados se pronuncio, exponiendo que este anteproyecto vulnera la Constitución, debido a que el sistema jurídico contempla normas que regulan esta materia.

Si expertos en leyes aseguran que existen medidas que reglamentan este tema, ¿Por qué no se aplican las normas existentes? ¿Las autoridades competentes son ineficientes en la aplicación de las leyes? Están promoviendo suspicacia en la ciudadanía.

Históricamente políticos llegados a los círculos de poder se convierten en alérgicos a la crítica de la opinión pública y desatinadamente recurren a la amenaza, persecución y búsqueda de subterfugios que les resguarden de dar explicaciones objetivas, serias, transparentes sobre el uso de los fondos públicos y acciones ejecutadas durante el periodo de administración gubernamental donde han actuado.

La sociedad está cansada del circo al que continuamente se ve sometida, por los gobiernos; está ávida de solución a sus problemas y no está dispuesta a continuar pagando altos costos de planillas, en funcionarios elegidos por votación popular o escogidos por el Ejecutivo para desempeñar altos cargos, que no brindan respuestas efectivas a las necesidades y expectativas de la población.

La revocatoria de mandato en manos de la población es imperativa, así como la aprobación de una ley que sancione con el patrimonio personal a quienes lesionan, usufructúen o hagan mal uso de los recursos públicos.

Se desprende la importancia de establecer claramente las reglas del juego, sobre todo, en cuanto a libertad de expresión. Nuestra Carta Magna establece que no existen fueros ni privilegios, tanto gobernantes como gobernados merecemos respeto.

La regulación de la libertad de expresión, no puede dejarse a la subjetividad o interpretación de quienes gobiernan. Es conveniente conformar una comisión permanente, integrada por representantes de diferentes gremios, directores de medios, representantes de diversos sectores de la sociedad civil y miembros del gobierno, que actúe como garante de la aplicación objetiva de estas normas.

Lo verdaderamente relevante es demostrar sentido común en la administración del Estado, lograr una relación de equilibrio entre gobernantes y gobernados que impida el abuso de poder y permita el desarrollo de una democracia participativa.

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<> Este artículo se publicó el 12 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.

Tiempo propicio para reflexionar

La opinión de la Economista y Educadora….

 
LIZABETA  S. DE  RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Las noticias más importantes, divulgadas por diferentes medios, durante el 2010, permiten observar una telaraña de acontecimientos que impactan —positiva o negativamente—, en la vida de los panameños.

Este aporte informativo permite, a gobernantes y comunidad, hacer una evaluación bastante objetiva de lo vivido y sus repercusiones en la vida social, política y económica de nuestra nación.

Entre los sucesos más impactantes se encuentran: el incremento del ITBMs al 7%, así como el sostenido aumento de la canasta básica, hecho que obligó al presidente Martinelli a reconocer sus limitaciones para cumplir con su promesa de campaña, de reducir el costo de la misma.

Igualmente los constantes aumentos en el precio de la gasolina, presuntamente por variaciones de precios en el mercado internacional, aunado a la especulación que se percibe en el mercado interno. A la fecha los diferentes gobiernos, incluido el actual, no han implementado políticas agresivas contra el monopolio y la especulación de los hidrocarburos. En este mercado, el aumento de precios incide directa y negativamente en el costo de la canasta básica, causando estragos en el escuálido bolsillo de la población.

La crisis climática que vive el planeta, también se hizo sentir. Nos azotó con mayor agresividad que en los años 2008 y 2009, dejando grandes inundaciones y derrumbes en múltiples regiones del país, y un alto porcentaje de familias damnificadas.

Esta situación recibió ayuda gubernamental inmediata y solidaridad de la población, para mitigar la tragedia ocurrida; sin embargo, la naturaleza continúa advirtiéndole a los gobiernos la necesidad de ejecutar medidas de protección y prevención. A los empresarios y políticos, deponer sus mezquinos intereses, en beneficio del desarrollo de proyectos sociales.   A la población, a cambiar los malos hábitos que deterioran el ambiente; de lo contrario, todos seremos responsables de nuestra propia destrucción.

Otros acontecimientos de profundas repercusiones en la convivencia pacífica social, son los escándalos de corrupción, protagonizados por funcionarios de alta jerarquía, entre los más impactantes, los del Ministerio Público donde se presume hubo componenda con agentes del narcotráfico, para evadir la acción de la justicia, circunstancia que ha provocado la renuncia del actual procurador encargado.

Las publicaciones aparecidas en el diario El País y reproducidas por medios locales, en que se hace pública información de cables filtrados por el sitio Web WikiLeaks, donde supuestamente el presidente Martinelli solicitó ayuda al gobierno de EE.UU. para realizar pinchazos telefónicos y de presuntas apreciaciones de suspicacia en relación a la contratación sobre las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. De corroborarse estos hechos, confirmarán las percepciones de la ciudadanía, creando un amargo sabor de desconfianza entre gobernantes y gobernados.

Frente a esta realidad y llegadas nuevamente las fiestas navideñas, celebración del natalicio del Niño Jesús y advenimiento del año 2011, es tiempo propicio para hacer un alto en el camino, reflexionar sobre nuestras actuaciones (autoridades, políticos y sociedad civil), corregir el rumbo, cambiar positivamente y asumir con madurez, responsabilidad y coherencia, los retos del nuevo año.

 

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<> Este artículo se publicó el 29 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

Descubren más actos de corrupción

La opinión de la Economista y Educadora….


LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

El último escándalo de corrupción, donde los medios han tenido conocimiento, surge en el Ministerio Público, con la detención de una fiscal encargada de Drogas, supuestamente implicada en actos de corrupción. Las informaciones publicadas indican que la fiscal ordenó la liberación de cuatro presuntos narcotraficantes, por el pago de B/.400,000.00.

Existe en la opinión pública una marcada suspicacia con respecto a la actuación de altos funcionarios de estamentos del Estado, en las distintas administraciones, sobre todo de los Órganos de Justicia encargados de solventar asuntos relacionados con delitos de narcotráfico, donde se involucran altas sumas de dinero.

De comprobarse la veracidad del acto corruptivo, imputado a la fiscal, no debe sorprendernos que el narcotráfico se haya infiltrado en el Ministerio Público y otras esferas del gobierno, por las distintas formas o modalidades de corrupción generadas.

Por otro lado, el diario Español El país está recorriendo el planeta. Su publicación da a conocer sobre un cable confidencial del Departamento de Estado de EE.UU., divulgado en el portal WikiLeaks, donde ‘… asegura que el Gobierno de ese país presionó para que al consorcio encabezado por la estadounidense Bechtel le adjudicaran el proyecto de ampliación del Canal en detrimento del grupo liderado por Sacyr’. Refiriéndose al Canal de Panamá.

La situación planteada es alarmante, más aún, cuando diarios locales han dado a conocer que dentro de la información captada en los cables confidenciales, se encuentran señalamientos del presidente Martinelli y el vicepresidente Varela criticando el proyecto de ampliación canalera, inclusive cuestionando el proceso de licitación del tercer juego de esclusas, en reuniones con funcionarios y congresistas estadounidenses.

Por su parte la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha manifestado que ‘… ha blindado su gestión frente a injerencias y presiones de todo origen o naturaleza, para garantizar, siempre, los intereses del país y de la entidad’.

Dicha información nos muestra una vez más, la profunda crisis de valores éticos y morales por la que atraviesa la sociedad mundial y nacional. Para los políticos e inversionistas inescrupulosos no interesan los medios utilizados (chantaje, soborno, etc.), lo que importa es lograr sus mezquinos intereses; para ellos los problemas sociales (pobreza y marginalidad), solo son temas de demagogia para conquistar el poder.

Insistentemente hemos escrito sobre la mala práctica de la corrupción política, en las diferentes administraciones, utilizando, el clientelismo, compadrazgo, uso indebido de fondos, contrataciones amañadas o directas, etc., que instituyen en los gobiernos. Esta situación afecta profundamente la calidad de vida y la convivencia armónica de la sociedad panameña.

Por ello, la importancia de la vigilancia ciudadana y el acompañamiento periodístico en las acciones gubernamentales. La fiscalización, continua y permanente, tanto de las instituciones responsables de la misma, como de la comunidad y organizaciones sociales, para garantizar la ejecución transparente del ejercicio gubernativo, salvaguardando el buen uso del patrimonio nacional y los intereses de la población. Solo así podremos acercarnos a una real democracia participativa.

 

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<> Este artículo se publicó el 22 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.