Derogación de Ley Minera

DEROGACIÓN DE LEY MINERA ~ REUNIÓN EN SAN FÉLIX Y SESIÓN DE GABINETE CON APROBACIÓN A LA DEROGATORIA.  El reportaje de …

JENNIE  GONZALEZ


No quiero más actos violentos entre mi pueblo, Martinelli

Presidente acude a tierras del pueblo Ngäbe y anuncia derogación de la Ley 8

Atendiendo al llamado del pueblo Ngäbe Bugle, el presidente Ricardo Martinelli se trasladó al área comarcal de la provincia de Chiriquí donde expresó -a miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y de los Derechos del Pueblo Ngöbe Bugle y Campesinos, además de otros moradores- que el gobierno desea mantener el clima de paz que vive su pueblo, por lo cual anuncia la derogación la Ley 8 de 2011, en sesión de Gabinete hoy, jueves 3 de marzo.

“Como Presidente, mi principal responsabilidad es velar por la conservación del orden público y que se mantenga un clima de paz y convivencia pacífica entre todos los panameños, por ello, he decidido presentar un proyecto que deroga en todas sus partes la Ley 8 de 2011. No se puede permitir que las confusiones provocadas por grupos radicales, que se aprovechan de la nobleza y la valentía de los hermanos de las comarcas, destruyan la paz que vive Panamá”, sostuvo el Mandatario.

Martinelli se trasladó a tierras de la comarca junto al ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu y otras autoridades de gobierno, donde convocó a todos los grupos del área y humildes panameños a quienes dijo: “Quiero dejar bien claro que nuestro  gobierno entiende y respeta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, especialmente su apego y amor por la tierra que los vio nacer”.

Ante moradores y dirigentes, anunció un agresivo plan de inversiones por 100 millones de balboas que se desarrollará en las comarcas para construir nuevas escuelas, centros de salud, además de rehabilitar y construir caminos de producción para que mejores días lleguen a los habitantes de estas regiones.

“Yo soy el Presidente de todos los panameños, incluyendo a ustedes los moradores de las comarcas, creo en sus tradiciones y entiendo que no quieren la minería y a mi tampoco me interesa ese tema para estar empantanándonos y no seguir adelante buscando cambiar este país y lograr cosas que nos unan más para combatir la pobreza y la desigualdad”, afirmó.

Pese a que el gobierno reiteró que la norma a derogarse no buscaba promover ni desarrollar yacimientos mineros dentro de las comarcas, se deploró que grupos a los cuales no les importa la paz del pueblo han producido enfrentamientos manteniendo al país en un clima de tensión, afectando considerablemente las actividades comerciales que son el “nervio motor de nuestro envidiable crecimiento económico”.

“No puedo permitir que las confusiones provocadas por grupos radicales que se aprovechan de la nobleza y la valentía del hermano pueblo Ngäbe Bugle, pongan en peligro la paz social que vivimos los panameños, la cual es sin duda nuestra principal ventaja frente a un mundo que no supera aún del todo la crisis económica mundial y los conflictos entre hermanos que desangran a muchos países”, explicó el gobernante a su pueblo.

Dejó claro que la decisión del gobierno no es una muestra de debilidad sino de responsabilidad, que busca desaparecer un elemento que distrae innecesariamente de la impostergable tarea de continuar construyendo juntos un mejor Panamá.

“Siempre dije que no soy perfecto y, por ello, no tengo temor en reconocer que pese a lo beneficioso de la norma, los enfrentamientos producidos por las confusiones que han provocado los grupos extremistas, parece demostrar que no fuimos lo suficientemente activos y efectivos como se requería”,concluyó Ricardo Martinelli.

En San Félix, en la Parroquia Nuestra Señora de Los Caminos, monseñor José Luis Lacunza, en representación de la Iglesia Católica como garante de estas conversaciones y acuerdos, aplaudió la voluntad de ambas partes por haber logrado un entendimiento y llamó a la reflexión de buscar siempre un método de diálogo para mantener la paz entre el pueblo panameño, mientras que los dirigentes del pueblo Ngäbe aceptaron el compromiso pactado con el gobierno de mantener un diálogo.

Como parte de la comitiva presidencial, acompañaron al Mandatario el vicepresidente y Canciller, Juan Carlos Varela; la ministra de Gobierno, Roxana Méndez; el presidente de la Asamblea Nacional, José Muñoz; los viceministros María Fábrega –de la Presidencia- y Ricardo Quijano –del Mici- así como los diputados Fernando Carrillo y Luis Eduardo Quiroz.

Presidente cumple otra vez con indígenas: Gabinete aprueba derogar Código Minero

En un Consejo de Gabinete extraordinario, el presidente Ricardo Martinelli, en conjunto con sus Ministros de Estado,  cumplió su palabra con los grupos indígenas y aprobó un proyecto de ley en el que se deroga la Ley 8 de 11 de febrero de 2011 que reforma el Código Minero.

La propuesta fue presentada por el ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, quien dijo que -ante el clima de desasosiego que ha estado envuelto el país durante las últimas semanas- el Gobierno Nacional ha considerado necesario adoptar medidas dirigidas a restablecer el orden público y la convivencia pacífica.

“(…) en aras de procurar un ambiente en donde prevalezca la paz, principio sobre la cual se cimenta el desarrollo de un país, hemos estimado la necesidad de someter a consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, el presente proyecto de ley para que, una vez aprobado por los Honorables Diputados, se satisfagan los mejores intereses nacionales”, se señala en la exposición de motivo de la propuesta de reforma.

Esta misma tarde, el ministro Henríquez presentó la propuesta en referencia ante la Asamblea Nacional de Diputados.

GOBIERNO NACIONAL

¡JUNTOS HACIENDO UN MEJOR PANAMÁ!

-No quiero más actos violentos entre mi pueblo, Martinelli- 

Presidente cumple otra vez con indígenas: Gabinete aprueba derogar Código Minero
<> Reproducción  de reportaje publicado el  Viernes, 04 de marzo de 2011 a las 0:51  en Facebook y etiquetado en nuestro muro por la autora a quien damos todo el crédito que le corresponde.

¿Cómo creerle, señor presidente…?


La opinión del Secretario General de CONUSI FRENADESO…

GENARO LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el Gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular un comunicado en el que señalaba que ‘El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngöbe Buglé —atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes— de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas’. Veinte (20) minutos después hizo circular el mismo comunicado, pero le agregaba la siguiente línea: ‘Salvo que lo pidan las autoridades comarcales’.

Se trata de un acto de cinismo toda vez que se sabe que Martinelli pretende imponer autoridades espurias, que saldrán electas de un congreso que es rechazado por el Pueblo Ngäbe. Esos delegados al congreso fueron electos por menos del 20% de la población apta para votar, en unos comicios que fueron denunciados como una farsa por la dirigencia indígena y organizados en base al repudiado Decreto Ejecutivo No. 537 (Que modifica la Carta Orgánica de la Comarca, creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999. La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo No. 537 de 2010, impuesto por Martinelli y Mulino), que ha sido demandado por inconstitucional.

Con este Decreto el Gobierno central tiene injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la Comarca Ngäbe Buglé, en tanto se establece que los llamados ‘encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso General; mientras que los ‘encuentros locales de autoridades gubernamentales’ serán parte del Congreso Local de la comarca.

Frente al engaño, diversas comunidades indígenas realizaron, en varios puntos del país, actividades de Resistencia Indígena y Popular contra las reformas al Código Minero. Los indígenas han reiterado que esta lucha no se detiene hasta la derogación de la Ley 8, pues atenta contra el ecosistema y favorece los intereses de las transnacionales mineras y de sus socios enquistados en la esfera gubernamental.

Mientras tanto, el gobierno de Corea del Sur felicitaba a Ricardo Martinelli por la aprobación de la Ley 8 (Reforma al Código de Recursos Minerales), pues se garantizaba con ello los intereses coreanos en la actividad minera, demostrando que su gobierno mercader está dispuesto a continuar la política de venta de la patria, para satisfacer sus apetitos de más ganancias personales.

Recordemos que en la Cumbre del SICA Martinelli aseguró a los surcoreanos que estaba dispuesto a someter a reforma el Código Minero.    Con esta acción, demuestra ser un hombre de palabra con los intereses foráneos y de engaños para con sus conciudadanos.

En esta larga lista de engañados se encuentran los jubilados, los cuales se han visto obligados a salir a las calles por el incumplimiento del Gobierno en el aumento de las jubilaciones y pensiones. Los jubilados, a pesar de movilizarse en Panamá, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro, el gobierno los mantiene en completo abandono.

Frente a las mentiras y la represión del gobierno de Martinelli, el pueblo sigue en las calles. Indígenas, campesinos, ambientalistas, pescadores, educadores, pobladores, obreros, estudiantes, jubilados y funcionarios públicos (Técnicos y asistentes de enfermería así como funcionarios de los Correos), todos ellos se manifestaron esta semana para exigir respeto, atención a los problemas y que cese la represión y la persecución.

Durante el proceso electoral, Martinelli prometió que no reformaría el Código de Trabajo, pero en menos de un año promulgó tres decretos y una ley (Ley Chorizo); dijo que no aumentarían los impuestos a los consumidores, pero incremento el ITBMS (7%); cuestionó los viajes presidenciales, pero acumula millas en su jet privado.

Estos son solo algunos ejemplos de engaños de los cientos que pudieran citarse.

¿Cómo creerle, señor presidente, si su gestión gubernamental está sustentada sobre el engaño y atropello a la sociedad panameña?

Este artículo se publicó el 20 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Las modificaciones al Código Minero y la protección ambiental

La opinión del Abogado Ambientalista…

HARLEY J. MITCHELL MORÁN
h.mitchell@gaeaabogados.com

Hace 23 h 21 min La hoy Ley Nº 8 del 11 de febrero de 2011, que modifica el Código de Recursos Minerales ha sido discutida intensamente por la sociedad.   Lamentablemente, el debate no se ha centrado en lo jurídico, dándose como resultado errores importantes y muy lesivos a la administración del Estado sobre los recursos naturales no renovables, que han sido ignorados por los ecologistas, empresas y por los mismos proponentes de las reformas al Código.

El problema del cumplimiento de la legislación minera y la ambiental no es producto de la debilidad de la Ley, sino de su ignorancia e inobservancia por parte de todos los actores ambientales, incluso de quienes deben hacerlas cumplir.   Se señala que es ‘ahora’ que los estudios de impacto ambiental contemplarán el programa de cierre y abandono de las empresas mineras, cosa que ya se encuentra regulada desde el año 2000 como parte de los contenidos mínimos de tales instrumentos.

Los artículos ambientales de la Ley más bien obstaculizan la gestión de la ANAM ya muy claramente expresada en los Títulos IV y VI de la Ley General de Ambiente y sus reglamentos, siendo la aprobación de las nuevas normas una suerte de castigo para la Institución en el tema minero. Deja a la reglamentación (en coordinación con el MICI) temas ya regulados por los Instrumentos de Gestión Ambiental. También que el MICI puede suspender un proyecto, solo si ANAM a su vez, lo suspende.   Sin la reforma, este Ministerio podía hacerlo individualmente (aunque es una facultad raramente ejecutada).   Los recursos interpuestos en contra de la medida se otorgan en efecto devolutivo, es decir que, pueden continuar ejecutándose los proyectos así ‘suspendidos’ con aquella Institución.

Igual dictamina la Ley Nº 8 que el MICI puede pedir a la ANAM la realización de auditorías e inspecciones a los proyectos mineros, pero según la Ley General de Ambiente y su reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 57 de 2004, ¡la ANAM no hace auditorías!

Así que el Proyecto de Ley reconoce la independencia de ANAM para realizar las supuestas auditorías (que no hace), pero no lo hace para las inspecciones (que sí debe ejecutar la ANAM); derogó el artículo 5 del Código de Recursos Minerales, eliminando la necesidad de que las empresas extranjeras pidan permiso previo para tener material o equipo para uso minero, esto será libre. Igualmente, deroga el artículo 165 del mismo Código, eliminando el requisito de que los que reciben documentos de solicitud de concesiones mineras y pagos sean publicados en Gaceta Oficial, afectando la transparencia en la gestión pública y un control de la corrupción.

Este nuevo articulado hará un juego de niños los graves problemas ambientales, jurídicos y sociales, que sufre Panamá ante la tradicional inconsciencia minera. Urjo a los sectores interesados a que se documenten sobre esta Ley, antes de continuar una confrontación incierta que necesita, sobre todas las cosas, un soporte jurídico en el cual sostenerse para ser beneficiosa.

 

Este artículo se publicó el  18  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les correspond

Declaración de Panamá

La opinión del Periodista…

DEMETRIO   OLACIREGUI Q.
d_olaciregui@hotmail.com

El PRD superó la cadena de obstáculos plantados por el gobierno de Ricardo Martinelli para impedir la reunión de su Directorio Nacional y la realización de su Congreso Extraordinario.   A las maniobras para que no contara con un local para realizar el encuentro, se sumó el trabajo abierto y encubierto de por lo menos dos de los llamados presidenciables vinculados a Martinelli. Fue evidente además la brutal campaña en los medios de comunicación que trataron de sembrar la versión de que lo menos que se produciría sería el hundimiento del Titanic.

Todo ese trabajo tenebroso acompañado de chantajes, intimidación y el terror propios del proceder de Martinelli fue derrotado por el Directorio Nacional y el Congreso Extraordinario del PRD. La dirección del PRD demostró que no tiene cartas escondidas, que cree en un Partido unido, combativo y fortalecido. Ya son historia las aspiraciones de Martinelli por destruir al PRD. En el camino quedaron enterrados sus caballos de Troya.

El Partido cuenta con nuevos estatutos y una hoja de ruta para los próximos 18 meses, en la que están representados sus 500 mil miembros. Ese ejemplo de democracia interna incluye las primarias presidenciales en febrero del 2012 y la elección de una nueva dirección seis meses después.   Identificar a ese candidato presidencial es estratégico.

El Directorio Nacional y el Congreso Extraordinario del PRD denunciaron el autoritarismo sin límites y el régimen de arbitrariedades que está generando en el país un microclima enfermizo que atiza venganzas y ajuste de cuentas como si Panamá estuviera en deuda con Martinelli. Es Martinelli quien está cada vez más en deuda con este país. Quiere convertir a Panamá en un país de piratas en el que se acaparan tesoros, dólares, minas de oro y cobre, tierras del Estado y negociados.

Ante ese escenario el PRD busca conformar un Frente Amplio de Oposición Nacional contra toda forma de lavado de dinero y narcotráfico. Se propone sumar con flexibilidad, madurez y responsabilidad las reservas de ética, moral y de decencia capaces de refundar un país plural e incluyente sin amos ni tiranos.

Ante la determinación de Martinelli por hacer cambios constitucionales y electorales para reelegirse, el PRD plantea una constituyente originaria con plenos poderes para poner fin al presidencialismo autoritario, frenar el clientelismo, construir el poder ciudadano y una democracia participativa.

El PRD rechazó la reforma al Código Minero como antinacional y entreguista, porque favorece los negocios de Martinelli y a empresas y Estados extranjeros. Un comunicado oficial del gobierno de Seúl reveló que Martinelli telefoneó al presidente Lee Myung—bak para informarle que había sancionado la reforma a la ley minera y que el líder coreano expresó su satisfacción por la rapidez con que actuó el gobierno panameño.   Se allanó el camino para que el Estado coreano obtenga concesiones mineras como la de Cerro Colorado, lo que anticipa prolongados enfrentamientos con las comunidades indígenas, grupos ambientalistas, sindicales y la sociedad civil.

Ante ese hecho cumplido el PRD propuso que la explotación minera sea sometida a un referéndum nacional que apruebe o rechace la legislación.

Un próximo gobierno del PRD derogará todas las leyes, decretos y resoluciones que hayan atentado contra las instituciones democráticas, contra los derechos humanos, contra la estabilidad en los servidores públicos, contra la seguridad jurídica de los inversionistas, contra la libertad de expresión y todo lo que signifique retrocesos en la búsqueda de una sociedad digna y justa.

Panamá no puede quedar reducido a un país de mafias y penetrado por el crimen organizado en el que Martinelli y su grupo de poder manifiestan una voraz rapiña por los recursos del Estado y la riqueza nacional. El PRD advirtió que todo lo actuado por Martinelli será revisado minuciosamente para que pague por sus desmanes contra el Tesoro Nacional. De las fortunas mal habidas saldrán los fondos para enfrentar las indemnizaciones, los subsidios y los programas para erradicar la pobreza. Así se recuperará el país para los pobres, los indígenas, los obreros, los empresarios, los agricultores y los profesionales.

El PRD salió fortalecido de su ejercicio de democracia interna. Tiene ahora más certezas y renovadas esperanzas, porque la cordura retorne al país. Comenzó su tarea de restaurar la moral, la ética, el Estado de Derecho, la justicia y la democracia que este gobierno ha destrozado. El PRD se propone transformar los métodos y la forma de gobernar para enrumbar al país e impedir que siga desfigurándose.

Hay que tener en cuenta que todo este proceso ha despertado también nuevas apetencias y nuevos peligros dentro del PRD. Esos aspectos serán objeto de un próximo artículo.

Este artículo se publicó el 17 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Jugando con la cadena

La opinión de la Arquitecta y Ex Ministro de Estado…

MARIELA  SAGEL
marielasagel@gmail.com

Hay un viejo refrán que dice que se puede jugar con la cadena, pero no con el mono.   Lo escuchamos una y otra vez en los tiempos del gobierno militar, cuando se hacía referencia a la situación en la que se colocó Noriega frente a su antiguo aliado, los Estados Unidos.

En las últimas semanas, convulsionadas por más de una instancia, hemos visto encontronazos violentos desde varios frentes: las reformas que se impusieron a pesar del rechazo de la mayoría de la población al Código Minero, la negativa a aceptar responsabilidad y asumirla de una manera decente, en el caso de la masacre ocurrida en el Centro de Cumplimiento de Tocumen y las repetidas y permanentes amenazas que se ciernen sobre la libertad de expresión muestran a todas luces que el actual gobierno se está pasando a jugar con el mono.

Pareciera que no aprendimos nada de los eventos de Bocas del Toro, ocurridos el año pasado, y que aún no se han aclarado del todo ni se ha deslindado la responsabilidad última sobre ellos. No se sabe cuántos muertos hubo, cuántos perdieron la vista y cuántos heridos aún sufren sus secuelas.   Esos eventos son un típico caso de jugar con el mono: por querer pasar una ley a la brava hubo enfrentamientos innecesarios y lamentables, misma ley que después fue derogada y disfrazada para, en algunos temas, aprobarla como se quiso inicialmente.

No entiendo la lógica de pedir perdón en vez de pedir permiso. Se levantan frentes de combate innecesarios y al final lo que se pierde es tiempo en lograr los objetivos que se pretenden. Tiempo que resta en la maratónica carrera que empezó con el gobierno del cambio y que hasta ahora solo ha ofrecido el programa de 100 para los 70 y la beca universal.

Lo de los cambios al Código Minero, otros mucho más versados y conocedores del tema han ilustrado ampliamente de los pro y los contra de la minería a cielo abierto en un país como Panamá, cuya concentración en atraer inversión económica debería enfocarse primordialmente en el turismo, los atractivos de su biodiversidad, culturales y los servicios.

Ahora mismo muchos ojos miran nuestro país como un lugar para levantar hoteles, desarrollos inmobiliarios y logísticos, que además de elevar el nivel del país ayudan en la capacitación de muchas personas y por ende, en su calidad de vida. Para muestra un botón: los proyectos de playa, como Decámeron, tuvieron un impacto positivo en las poblaciones circundantes, capacitaron a un amplio porcentaje de personas, y esas mismas han sido vasos comunicantes en los otros proyectos de playa que se han ido construyendo en el área. Las playas en Panamá Oeste y la provincia de Coclé, por no decir en el mismo Chiriquí, así lo demuestran.

Pero el discurso de desarrollo no se conjuga el mismo ritmo que el de imposición a ultranza que se vive a diario. No se puede estar en permanente confrontación con una gran mayoría del pueblo panameño y estar invirtiendo en costosas campañas publicitarias para atraer inversionistas, si cuando éstos vienen encuentran las calles llenas de basura y de huecos, manifestaciones y cierres de vías a diario, protestas y noticias que alarman sobre la intolerancia de los funcionarios y la permanente amenaza de un gobierno totalitario y autócrata. El mono se ha convertido en el ‘motu proprio’ que vemos a diario.

Sobre la responsabilidad que aún ninguna autoridad ha asumido en lo que aconteció trágicamente el pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, insisto y seguiré insistiendo que se debe velar porque no vuelva a ocurrir una muestra de deshumanización tan deplorable, además que no podemos permitir que los dos muchachos que han sobrevivido y que están a punto de ser dados de alta en el hospital —ya uno salió— no tengan un tratamiento de recuperación garantizado, porque cuando ocurrió la tragedia, ellos estaban bajo la patria potestad del Estado.

Es urgente que se les ofrezca a sus familiares los tratamientos tanto de curación, injerto y atención de las heridas y quemaduras que sufrieron, como la ayuda sicológica que exigen las circunstancias.

De no hacerlo, se estaría cometiendo un doble crimen y jalándole descaradamente la cadena al mono.

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Este artículo se publicó el 13 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora,  todo el crédito que les corresponde.

¿Y si no celebramos carnavales?

La opinión del Comunicador Social…

ERNESTO  A. HOLDER
ernestoholder@gmail.com

Me incomoda la pasividad de la mayoría de la población ante los retos de avaricia y sordidez que enfrentamos.   Creo que lo que hay es una gran pereza, sí y compartida; multiplicada a la enésima potencia del desinterés. Confieso, nuevamente que, cada semana, se hace más difícil escribir esta columna frente a los acontecimientos que se dan, rápidamente y tan de seguido en el espacio de siete días.

Antes he expuesto que mis preocupaciones fundamentales se centran en el deterioro de la condición social y cultural de la especie y particularmente, de los que habitan esta estrecha franja de tierra en las Américas.  El Yo por Yo y mis amigos, más nadie.

Acaba de terminar la primera década del nuevo milenio. Hemos recuperado la totalidad de nuestro territorio a expensas de la vida de tantos ilustres héroes de todas las capas sociales, que en muchos casos, sacrificaron todo para que fuéramos soberanos a cabalidad. Idealicé para este tiempo, una sociedad en franco camino a compartir espacios de crecimiento, desarrollo social y cultural. Una sociedad entretejida, avanzando hacia metas comunes de prosperidad; mejores condiciones de vida para todos. Una sociedad respetuosa del espacio, las ideas, la cultura y los deseos de cada sector como retribución a los sacrificios de los que expusieron o dieron sus vidas por la causa patriótica. Aún guardo esperanzas de que no me haya engañado.

A principios de la semana pasada, varios analistas internacionales mostraban preocupación porque después de dos semanas de protestas en Egipto, la intensidad de las mismas fuera disminuyendo.   Era razonable especular sobre esa baja en las presiones multitudinarias que el pueblo egipcio había expresado. Parecía que el ritmo iba en decadencia frente a la negativa del presidente Mubarak de abandonar el poder. El jueves se intensificó nuevamente y la presencia de manifestantes, casi 24 horas al día, aumentó a razón de las negativas declaraciones de Mubarak esa tarde.   A la hora de entrega de este artículo todo parece indicar que el pueblo egipcio ha triunfado: Mubarak ha abandonado el poder.

En Panamá, como ya sabemos y si han estado prestando atención, se daban demostraciones en contra del código que permite el desarrollo de la actividad minera en nuestro país.   Las protestas se han dado particularmente en los sectores indígenas del país, quienes serían los directamente afectados por las consecuencias de la explotación minera. Tal como reportó La Estrella de Panamá el jueves pasado en su edición en línea, ‘la diputada Crecencia Prado, de ascendencia Ngäbe Buglé, denunció que la aprobación del mencionado Código, es indicativo de que el presidente Ricardo Martinelli nos ha agarrado de ‘tontos, mientras envía representantes a hablar con el pueblo Ngäbe aquí aprueba la ley’, en referencia a la Asamblea de Diputados.   Según Dichter & Neira, el 68% de la población encuestada rechaza la modificación el código en mención.

Hubo tímidas manifestaciones de parte de algunos sectores populares ante un tema de tanta importancia, y que tiene el potencial de afectar permanentemente nuestro rico y exuberante hábitat y ambiente.   La Universidad de Panamá fue cerrada desde el jueves, no por lo significativo de las manifestaciones (muy tímidas de parte de un sector que debería ser socialmente proactivo), sino por el vandalismo y el robo de insumos a lo interno del Campus, aprovechándose de las circunstancias.

En Panamá, esa misma tarde del jueves en las noticias de una televisora local que escuchaba, el tema de Egipto fue mencionado brevemente.   El de las protestas por la minería, también. Con bombos y platillos como se dice en el argot local, transmitía los últimos detalles de los carnavales venideros bautizados ‘Carnaval de la City’ y con el lema ‘Goza lo tuyo Panamá’.    Se oficializó la Cinta Costera como ruta oficial.    Un ‘culecódromo’ será organizado entre la calle 29 y 30, cerca de la avenida Balboa. La reina será escogida el día 16 de febrero y como premio especial será embajadora cultural y participaría en todas las ferias internacionales en donde estuviera la presencia de Panamá como parte de la estrategia de turismo del país.

¿Por qué no abolimos los carnavales para siempre, a lo largo y ancho del país? ¿Cuántos protestarían? El dinero que todos los sectores invierten y lo que se gastan en preparativos para estas superficialidades, pudiera muy bien servir para invertir en mejorar las deficiencias que nos amenazan.   En educación, por ejemplo.

Calle Abajo y Calle Arriba de Las Tablas, pudieran hacer las paces, limar vetustas asperezas que nadie ya recuerda. Juntar esa energía y esos esfuerzos de todo el año por deslucir a la parte contraria. Trabajar con ese afán y protestar con esa vehemencia, pasión y alegría por preservar lo que tenemos y en repudio a los que atentan contra el futuro del país.

 

Este artículo se publicó el  14  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Otra ‘metida de pata’ presidencial

La opinión del Profesor de la Universidad de Panamá e Investigador asociado al CELA…

MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El pueblo panameño está movilizado en contra de las reformas al Código minero, aprobadas por la Asamblea de Diputados y sancionadas por el presidente Ricardo Martinelli. La legislación introduce elementos de inseguridad jurídica, que ponen en peligro la estabilidad económica del país y, además, las relaciones de Panamá con otros países.

Para justificar su enorme ‘metida de pata’, el gobierno del presidente Martinelli dio a conocer un comunicado asegurando que no explotaría —bajo circunstancia alguna— los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la Comarca Ngäbe-Buglé. Pero el comunicado fue publicado de manera parcial. La versión que fue publicada en los diferentes medios no incluía la parte final del comunicado. La línea que no fue publicada dice que el gobierno procedería a conceder los derechos de explotación a empresas interesadas (gobiernos extranjeros, etc.) si se ‘lo piden las autoridades comarcales’.

¿Quiénes son las autoridades comarcales? Son las instancias creadas por el mismo gobierno del presidente Martinelli, según decreto ejecutivo N° 537 de 2010. En otras palabras, cuando el gobierno del presidente Martinelli decide hacer la concesión de explotación minera a los empresarios extranjeros interesados, convoca a las ‘autoridades comarcales’ nombradas por él mismo para proceder.

Ante el anuncio del inicio de una nueva jornada de resistencia contra las reformas al Código Minero, el gobierno de Ricardo Martinelli hizo circular el siguiente comunicado:

‘El Gobierno Nacional hace de conocimiento público, y en especial, a los habitantes de la comarca Ngäbe Buglé —atendiendo la preocupación evidenciada por sus dirigentes— de nuestro firme y categórico compromiso de no iniciar, promover ni aprobar durante la totalidad de nuestra gestión de gobierno, la explotación de Cerro Colorado ni ningún otro yacimiento en las comarcas indígenas’. Solo 20 minutos después hizo circular el mismo comunicado, pero le agregaba la siguiente línea: ‘Salvo que lo pidan las autoridades comarcales’.

Así se descifraba el espíritu ‘democrático’ de los gobernantes. El Gobierno de Martinelli aprobó el año pasado el Decreto Ejecutivo 537, que le otorga injerencia directa en las decisiones que tomen las autoridades indígenas de la comarca Ngäbe Buglé. Lo anterior es el resultado de las modificaciones realizadas por el presidente Martinelli y el entonces ministro de Gobierno y Justicia, José R. Mulino, a la carta orgánica de la comarca creada por el Decreto Ejecutivo No. 194 del 25 de agosto de 1999.

La modificación se produjo el 2 de junio de 2010, mediante el Decreto Ejecutivo No. 537, publicado en Gaceta Oficial el 4 de junio de 2010. La modificación establece que los llamados ‘encuentros interregionales de las autoridades gubernamentales’ serán parte del congreso general; mientras que los ‘encuentros locales de autoridades gubernamentales’ serán parte del congreso local de la comarca. El concepto de ‘autoridades gubernamentales’ tiene preocupados a los dirigentes de las comunidades indígenas, porque en el decreto original los dos organismos citados solo eran conformados por autoridades comarcales.

En base a este Decreto se celebraron elecciones espurias que dieron como resultado los delegados, que a su vez designarán a las autoridades en mención en un futuro Congreso organizado por el Gobierno. Esas autoridades progubernamentales y espurias le pedirían la explotación de Cerro Colorado. La participación en esos comicios no llegó ni al 10 por ciento, según los magistrados del Tribunal Electoral.

El pueblo Ngäbe Buglé no reconoce estos delegados y se prepara para celebrar su propio Congreso en el mes de marzo posiblemente, en base a sus costumbres y tradiciones. Un dirigente ngäbe buglé, recordando las palabras de Martinelli en campaña —’Si no cumplo que me guinden del palo más alto’— dijo que en la Comarca le espera ese palo.

La explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado es un antiguo proyecto. En la década de 1970 el gobierno del general Omar Torrijos negoció con empresas extranjeras interesadas en su explotación. Al igual que en aquella época, el precio del cobre en el marcado mundial se encontraba muy elevado y su explotación aseguraba rápidos dividendos.

En la actualidad, sin embargo, la sociedad panameña, y muy especialmente el pueblo ngäbe buglé que vive en la Comarca donde se encuentra Cerro Colorado, están mejor organizados e informados sobre los estragos que haría la explotación minera a cielo abierto.

Se calcula que toda el área de Cerro Colorado tendría que ser desalojado por los efectos de la actividad minera. Por otro lado, según lo acuerdos previstos con las empresas explotadoras, estas se llevarían del país más del 90 por ciento de los beneficios monetarios de las riquezas extraídas del subsuelo.

Al final, Panamá quedaría con un inmenso hoyo, con todo su entorno destruido, sin comunidades y más empobrecido por la falta de planificación.

 

Este artículo se publicó el  17  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.