Respeto y libertad de expresión para todos

La opinión de la Economista y Educadora….


LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ
diostesalvepanama@yahoo.com

Recientemente, los medios se hicieron eco del comunicado, emitido por la Asamblea Nacional de Diputados, donde informan que discutirán en el pleno, un anteproyecto de ley presentado por el diputado suplente abogado Agustín Shellhorm, para ‘adicionar un artículo al Código Penal, con el fin de tipificar el delito de vilipendio contra servidores públicos en cargos de elección’.

Dicha propuesta generó rechazo inmediato de colectivos políticos, gremios periodísticos y sociedad civil, que ven en peligro la libertad de expresión, considerando dicha propuesta como instrumento para acallar la opinión pública hacia malas acciones ejecutadas por el gobierno.

Tal es la magnitud de malestar alcanzado, que el presidente del Consejo Nacional de Periodistas indicó, enviara un informe completo sobre el proyecto de ley mordaza, que se pretende aprobar, a la relatora de la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Igualmente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados se pronuncio, exponiendo que este anteproyecto vulnera la Constitución, debido a que el sistema jurídico contempla normas que regulan esta materia.

Si expertos en leyes aseguran que existen medidas que reglamentan este tema, ¿Por qué no se aplican las normas existentes? ¿Las autoridades competentes son ineficientes en la aplicación de las leyes? Están promoviendo suspicacia en la ciudadanía.

Históricamente políticos llegados a los círculos de poder se convierten en alérgicos a la crítica de la opinión pública y desatinadamente recurren a la amenaza, persecución y búsqueda de subterfugios que les resguarden de dar explicaciones objetivas, serias, transparentes sobre el uso de los fondos públicos y acciones ejecutadas durante el periodo de administración gubernamental donde han actuado.

La sociedad está cansada del circo al que continuamente se ve sometida, por los gobiernos; está ávida de solución a sus problemas y no está dispuesta a continuar pagando altos costos de planillas, en funcionarios elegidos por votación popular o escogidos por el Ejecutivo para desempeñar altos cargos, que no brindan respuestas efectivas a las necesidades y expectativas de la población.

La revocatoria de mandato en manos de la población es imperativa, así como la aprobación de una ley que sancione con el patrimonio personal a quienes lesionan, usufructúen o hagan mal uso de los recursos públicos.

Se desprende la importancia de establecer claramente las reglas del juego, sobre todo, en cuanto a libertad de expresión. Nuestra Carta Magna establece que no existen fueros ni privilegios, tanto gobernantes como gobernados merecemos respeto.

La regulación de la libertad de expresión, no puede dejarse a la subjetividad o interpretación de quienes gobiernan. Es conveniente conformar una comisión permanente, integrada por representantes de diferentes gremios, directores de medios, representantes de diversos sectores de la sociedad civil y miembros del gobierno, que actúe como garante de la aplicación objetiva de estas normas.

Lo verdaderamente relevante es demostrar sentido común en la administración del Estado, lograr una relación de equilibrio entre gobernantes y gobernados que impida el abuso de poder y permita el desarrollo de una democracia participativa.

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<> Este artículo se publicó el 12 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde.
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¿Hasta cuándo manosean el Código Electoral?

La opinión del Abogado y Político Independiente…

Juan Manuel Castulovich

Cuando quieras que algo nunca termine o se aclare, nombra una comisión. Esa máxima ha sido práctica histórica de políticos marrulleros. En Panamá hemos tenido aventajados exponentes de esa deleznable táctica; pero los merecedores indiscutibles del primer premio son los flamantes magistrados del Tribunal Electoral.

Ellos, en un contubernio vergonzoso con los dirigentes de los partidos políticos, han estirado por años sin cuenta las discusiones sobre reformas al Código Electoral. La última ronda de ese sainete lleva medio año y, según el descarado pronóstico del TE durará hasta bien entrado el próximo año, 2011.

En esos debates, cuyo costo no conocemos y que se desarrollan semanalmente en la Cámara de Comercio, ningún tema verdaderamente importante ha sido abordado con propósito de enmienda. Los poquísimos cambios “acordados”, aparte de evadir los “temas gordos”, carecen de efectos vinculantes. Al final, los diputados, tanto de gobierno como de oposición, harán con el informe final lo que les venga en ganas.

Lo que el pueblo panameño independiente, que es la mayoría, y detesta la sinvergüenzura institucionalizada en que se han convertido los partidos políticos, quiere se los resumo:

1) Que se acabe la “inmoralidad” de los subsidios electorales directos a los partidos. En un país con tanta pobreza, donde las escuelas se caen a pedazos y hay niños que día tras día se acuestan sin probar una comida caliente, y hasta mueren de hambre, es un crimen que a los partidos se les entreguen decenas de millones para “gastos de funcionamiento y el pago de sus burocracias parásitas”.

2) Que a los candidatos, principalmente a los presidenciales, se le obligue a revelar “sus fuentes de financiamiento”.

3) Que sea incompatible recibir subsidios electorales y aportes de fuentes privadas. Si reciben contribuciones privadas deben perder el derecho a recibir subsidios electorales pagados con fondos públicos.

4) Que se establezca la “doble vuelta electoral”; que no requiere, como se ha vendido, de reforma constitucional alguna. La razón por la que no se establece, cuando actualmente existe en prácticamente todos los países latinoamericanos, es porque certificaría la defunción de las execrables “alianzas políticas”, mediante las que los partidos, parten y se reparten anticipadamente el poder.

5) Que se reconozca a los electores el derecho “a revocar” los mandatos de todos los funcionarios electos, comenzando por la Presidencia de la República.

6) Que se reglamente la postulación independiente para la presidencia. Declarado inconstitucional el Art. 233 del Código Electoral, que eliminó el monopolio de los partidos sobre las candidaturas presidenciales, el Tribunal debió, de manera inmediata, proponer su reglamentación. Ha transcurrido más de un año; pero el “diligente triunvirato” nada ha hecho en esa materia.

Para convertir en “realidad legislada” esas legítimas aspiraciones populares, basta un proyecto de Ley que vaya directamente al grano. Los interminables debates de la “comisión de reformas” sólo sirven para dilatarlas y posponerlas, hasta que, por la proximidad del torneo electoral, sean inoperantes. Mientras tanto, el triunvirato y los partidos políticos seguirán sangrando el erario mediante los subsidios y preparándose para seguir jugando con las mismas reglas, que les aseguren que en el 2014 volverán a medrar a costillas del pueblo y seguirán burlando sus ansias de que en Panamá exista una verdadera democracia.

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Este artículo se publicó el  3  de agosto de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La cacareada revocatoria de mandato

La opinión de…..

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JUAN R. MORALES

Dale con la cacareada revocatoria de mandato. Es una especie de bozal para privar de la voluntad de pensar y de actuar a los diputados, que se deben a la patria, al pueblo.

Critican la privación de la libertad de pensamiento, pero eso es la revocatoria de mandato. Es aún más grave, porque se pretende privar de la libertad de pensar y emisión del voto precisamente a los elegidos por el voto popular, a los diputados, a la Asamblea Nacional. Los destinos nacionales están por encima de los mezquinos intereses partidistas.

No quiero continuar antes de acotar sobre el origen de esta medida tan aberrante: Nació de la mente oscura, conservadora de la estrella verde, hoy verde/azul, porque en un pasado remoto se alejó del partido de bolsillo otro diputado, en virtud de que querían dictarle pautas en detrimento de actuar con su conciencia, y que fue ungido por el voto ciudadano.

Existen dos normas constitucionales: El Artículo 150 establece que el diputado actuará en interés de la Nación. Es decir, que, con su conciencia, tiene el libre y absoluto derecho de emitir su opinión a favor o en contra en la discusión de un proyecto de ley o de votar si considera él, no el partido, que lo que hace es en interés de la Nación.

El Artículo 154, en apoyo del anterior, establece: “ Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por la opinión y voto que emitan en el ejercicio de su cargo ”. Desde mi humilde entender, ambos artículos se complementan y dejan diáfanamente clara la facultad del diputado de actuar con su conciencia y nada más. No se puede imputar cargo alguno al diputado en su actuar, si la Constitución lo preserva de ello.

El Artículo 151 establece que los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales y suplentes y deberán cumplir con los siguientes requisitos: 1. Las causales deben estar prescritas en los estatutos; 2. Las causales deben referirnos a violaciones graves de los estatutos y de la plataforma ideológica, política y programática del partido y haber sido aprobadas mediante resolución.

6. Para la aprobación de la revocatoria de mandato, los partidos podrán establecer, previo al inicio del proceso, mecanismos de consulta popular con los electores del circuito.

Las dos primeras normas constitucionales son taxativas, directas e incuestionables. La norma que se refiere a la revocatoria está condicionada a elementos incorporados a un reglamento y un reglamento nunca estará sobre la Constitución.

¿Dónde hay peso específico? Simple y llanamente en los artículos 150 y 154, cuyas normativas le dan al diputado derechos indiscutibles.

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Este artículo se publicó el 3 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Reingeniería democrática

La opinión del Jurista…..

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SAÚL MALOUL

Parece intrascendente y académico el debate sobre la supuesta falta de naturaleza democrática del texto constitucional. No obstante, sí es oportuno considerar que el modelo democrático partidista fundado con la reforma constitucional de 1983, es un modelo agotado, que necesitamos desmontar por completo, abrir los canales de participación ciudadana dentro de la estructura representativa, sin desnaturalizar, precisamente, ese carácter representativo.

Parte de esa tarea, ya se ha venido consiguiendo por diversas vías. Así, la reforma constitucional del año 2004, tiene el valor de abrir la posibilidad de las candidaturas independientes de diputados. Un fallo reciente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, permite la postulación independiente a la presidencia de la República, y una recién aprobada iniciativa legislativa, evita la revocatoria del mandato por parte de los partidos, sin que el electorado tenga la palabra final sobre esa determinación.

Todos ellos, son pasos trascendentes para devolver al soberano el control del proceso democrático, abrir el sistema a las candidaturas independientes, y obligar a los partidos a mejorar su oferta electoral, a través del reto que los ciudadanos les hacen desde las postulaciones independientes.

Parte del desmontaje de este control partidario sobre la estructura democrática, tiene que incluir la posibilidad de que un candidato a la legislatura que pierda la postulación en la primaria de su partido, sea postulado por otro partido o de manera independiente. La idea fundamental es que, al final del día, no haya trabas entre el postulante y el elector, y que la medida del oportunismo o apreciación correcta del transfuguismo, esté por completo en las manos del electorado, no del partido.

El tema de la revocatoria del mandato, merece una consideración que no desnaturalice a la democracia representativa. En ese sentido, me parece correcto el sistema constitucional actual de no contemplar la revocatoria del mandato para el presidente o presidenta de la República, pero sí, el juicio político por razones expresamente determinadas en el texto constitucional.

En relación con los diputados, parece sana la idea de dejar en el electorado que los eligió esa determinación final, y en mi opinión, siempre que se incurra previamente en determinadas faltas tipificadas por la Constitución o la Ley Electoral.

Finalmente, el estatuto de revocatoria de alcaldes y ediles, sí pudiera ser más expedito, habida cuenta del carácter eminentemente local de estos cargos. Como anotación final, esta consideración que deja en manos del elector la sabiduría de la elección; no debiera establecer cortapisas para la reelección de ningún cargo de elección popular, salvo para el de presidente del país, en cuyo caso podríamos considerar si estamos listos para acortar en 5 años la posibilidad de que el inquilino del Palacio de las Garzas pueda regresar a él.


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Este artículo se publicó el 28   de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Si de consultar se trata . . . ?

La opinión del Abogado y Político Independiente…..

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Juan Manuel Castulovich

Para la sorpresa de nadie, la aplanadora legislativa gubernamental apoyará a tambor batiente, en los términos anunciados, el proyecto del presidente sobre “las consultas populares” (ver comunicado firmado por Martinelli, publicado como aviso pagado en el Panamá América el 9/3/2010). Desde el anuncio de marras, estaba clara su intención de decidir qué consultar, cuándo y, también, los efectos jurídicos o políticos del resultado de “las consultas”.

De acuerdo a los avances conocidos, el Órgano Ejecutivo, entiéndase al señor Martinelli, podrá consultar lo que le venga en ganas y saltarse, si se le antoja, claras prohibiciones constitucionales y, además, atribuirle al resultado carácter vinculante, lo que, de hecho, equivaldría a crear legislación al margen de la Asamblea.

Supongamos que al Sr. Martinelli se le ocurriera convocar una consulta “vinculante” para que “el pueblo decida” si se establece la pena de muerte. El tema no es inventado; varios voceros gubernamentales lo han comentado públicamente. ¿Dónde quedaría, entonces, el Artículo 30 de la Constitución que, expresamente, dice que en Panamá “no hay pena de muerte?

Como se anuncia en el comunicado citado, supuestamente, “se le devolverá” al pueblo su derecho soberano de expresarse y decidir sobre los temas que le afectan. El señuelo es, sin duda, atractivo. Pero detrás se esconden graves inconsistencias y peores consecuencias.

En principio, no es malo consultar al pueblo; todo depende de cuáles sean las reglas del juego. La consulta popular, llámese referendo o plebiscito, que para los efectos prácticos vendría a ser lo mismo, adecuadamente institucionalizada, puede contribuir a fortalecer la democracia; pero manejada a capricho del gobernante de turno, quienquiera que sea, es un instrumento peligroso, especialmente porque la propuesta pasa por alto condiciones que deben ser esenciales y que se aplican en otros países en los que existe “la consulta popular”. La primera es el porcentaje de participación necesario para su validez, que deber ser inferior al 50%; la segunda, es que los temas a consultar deben tener especial importancia y ser especificados previamente. El asunto no es consultar por consultar sino de definir, cuáles son los temas que pueden ser objeto de las consultas. Esa materia, en el proyecto Martinelli queda en un limbo.

Con rango constitucional (ver el Artículo 325) se estableció la obligatoriedad de la consulta sobre los temas relacionados con el Canal de Panamá, y también existe en la Constitución la consulta a nivel municipal, para que los votantes del distrito decidan sobre asuntos que competen a los Consejos Municipales.   Como se puede apreciar, se trata de situaciones específicas y debidamente reguladas.   Pero ahora, según el proyecto de Martinelli, la consulta pierde ese rango constitucional para quedar sujeta al criterio de quien gobierna, a quien, por ejemplo, nunca se le ocurrirá proponer que el pueblo pueda revocarle su mandato.

Tal vez la primera y más interesante consulta popular, sería preguntar al pueblo si debe existir revocatoria de mandato, para todos los niveles, incluido el presidencial. En ejercicio de mi derecho como ciudadano así lo propongo, formalmente. ¿Se atreverían?

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Este artículo se publicó el  27  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Cambio, liderazgo y revocatoria

La opinión del político…..

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Rafael Pitti

La promesa electoral de un Cambio en la forma de gobernar, cautivó al electorado para lograr el incuestionable triunfo del Presidente Ricardo Martinelli, sin embargo lo que en campaña se criticaba hoy resulta justificable. “Más de lo mismo”.

En poco más de 9 meses los representantes de grupos organizados de la sociedad han sido categóricos en la denuncia. Entre algunos excesos de poder presidencialista y eliminar la revocatoria del mandato para confundir.  Ante las críticas, quienes hoy gobiernan, como método de defensa, responden que lo mismo hacía el gobierno anterior.

La dirigencia opositora tiene que ser más cuidadosa y creativa en su labor, ya que resulta difícil cubrir o ignorar los errores o desaciertos que con regularidad se han cometido en gobierno porque a la población no la podemos presumir de ingenua o tonta.

Un claro ejemplo de ello fue cuando se criticó acremente al diputado Rogelio Baruco por su declaración sobre la presidencia de la asamblea, cuando sabemos que la bancada PRD aceptaba y asumía las recomendaciones del Secretario General y Presidente de la República. Más elegante hubiese sido reconocerlo e invocar que por la real separación de poderes y mutuo respeto, se inicie un cambio de actitud para que como órgano independiente y autónomo, asuma su rol y liderazgo de cuerpo colegiado.

Por el excesivo poder que ha acumulado el jefe del Ejecutivo, resulta iluso tratar de desvincular o desviar la atención de las acciones que para bien o para mal, hoy se aprueben o ejecuten en el ejercicio de este mandato. Siendo así los madrugonazos y camarones que hoy se cocinan, por el simple y normal principio de comunicación y armónica colaboración obviamente han sido acordados.

Pero el asunto grave aquí es la incongruencia de lo aprobado porque mientras se elimina la norma constitucional de revocatoria para supuestamente trasladarla al pueblo, por otro lado se introduce una langosta que con superficiales argumentos, coarta métodos de protesta y libertad ciudadana.

Preocupante es también el caso de la revocatoria, una figura análoga en normas de sanción por violación a reglamentos o estatutos de organizaciones políticas o religiosas, gremios empresariales o profesionales y grupos organizados en sindicatos y clubes cívicos o sociales, porque rompe las reglas fundamentales de lo que debemos promover y fortalecer, la cultura y cultivo de valores y principios éticos y morales.

Un pequeño ejemplo es que quien dirige un equipo de béisbol al instruir al bateador que toque y éste lo ignora, lo manda para la banca, pero si el jugador es recurrente en la falla, lógicamente lo expulsará del equipo, pues nadie permitirá que se fomente la indisciplina y el desorden al resto del colectivo, tan sencillo como eso.

Espero siempre tener suficiente fuerza y virtud para conservar lo que considero el más envidiable de todos los títulos, “El carácter de hombre honrado” (George Washington).

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Este artículo se publicó el  24  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Revocatoria y camaron constitucional (II)

La opinión del Abogado y Honorable Diputado…..

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Hernan Delgado

La revocatoria de mandato a nivel constitucional fue el gran camarón que nos introdujo la Democracia Cristiana cuando se discutían las reformas constitucionales en 1983.

Dentro de nuestra historia constitucional, ni siquiera en los momentos más cruciales de la dictadura militar, a nadie se le había ocurrido semejante exabrupto jurídico, basta y sobra que revisemos las Constituciones de 1904, 1941, 1946 y los actos reformatorios de 1972 y 1978, para confirmar lo señalado.

Basado en la reforma constitucional de 1983 a que hago referencia, fue el proceso penal contra el actual Diputado Mario Miller, quien fue despojado de su curul, encarcelado por más de tres años y después declarado inocente con nefastas consecuencias morales, familiares y económicas.

Los altos dignatarios del PRD sometieron a un proceso de revocatoria cuyo resultado desconocemos, a cuatro de sus legisladores en el Gobierno de Mireya Moscoso, señores Olivia de Pomares, Tito Afú, Lalo Antonios y Fito Duque, por haber apoyado la ratificación de los hoy Magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista ya que los mismos actuaron en contra de la línea política del PRD. Recordemos el Referéndum celebrado en 1998 para impulsar la reelección de Ernesto Pérez Balladares, donde hubo la promesa de eliminar la revocatoria de mandato.

En países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela también opera la revocatoria de mandato para ciertos cargos de elección popular a través de consulta popular ya sea ésta mediante firma o votación, vía Referéndum popular. El 15 de agosto de 2004, Hugo Chavez, Presidente de Venezuela, aceptó ser sometido a una consulta popular a objeto de legitimar o revocar su mandato, el resultado es ampliamente conocido.

De acuerdo con el artículo 151 de la Constitución Nacional, el mandato a los Diputados puede ser revocado por las causales inventadas por el partido político o bien por presuntas violaciones a los Estatutos del mismo y la plataforma ideológica, política o programática que éste haya diseñado.

Es obvio que esta norma constitucional despoja por completo el derecho soberano del pueblo otorgándolo a los partidos políticos, colocando a los Diputados a la merced de éstos.

Lo ideal es que el derecho a la revocatoria de mandato sobre cargos de elección popular en nuestro país, sea exclusivo del pueblo soberano y no de los partidos políticos bajo ningún concepto.

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Este artículo se publicó el  15  de abril de 2010 en el diario  El Panamá América a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.