Política criminológica

La de opinión de….

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Jonathan Riggs

Veo con preocupación los altos índices de criminalidad existentes en el país, y como profesional de la criminología me llama la atención los planteamientos que hacen algunas personas, tanto del sector público como privado, que solo piensan en la represión sin prevención como solución a la inseguridad existente.

Debo señalar que la actividad criminal es dinámica, cambiante y regenerativa. Por eso, a medida que las autoridades buscan soluciones para contrarrestar el desarrollo de la actividad criminal, las organizaciones criminales buscan nuevos mecanismos y técnicas que impidan su detección, para lograr sus objetivos.

Las diferentes actividades criminales generan anualmente grandes riquezas que sirven de sustento a muchas personas que han hecho del delito y sus conexiones un modo de vida, sin importarles los riesgos que esto implica, aun cuando les signifique la muerte o la cárcel.

Al analizar la situación actual del país, debemos partir de la carencia o falta de valores inculcados desde el hogar, pasando por la desintegración familiar, la violencia doméstica, la deserción escolar, la falta de compromiso de los padres en la educación de sus hijos, el debilitamiento del sistema pedagógico y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel escolar, la mora judicial, la rehabilitación del condenado, el problema de la corrupción interna en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros, que nos dan con claridad las razones de la alta incidencia criminal en nuestro país.

A todo esto debemos sumarle el papel que juegan los medios de comunicación social en el desarrollo integral de los niños, niñas, jóvenes adolescentes y, por qué no, de los adultos que muchas veces tienden a imitar conductas desviadas, llegando a idealizar y glorificar la conducta criminal de un actor.

El gobierno del señor presidente de la República, Ricardo Martinelli, tiene en sus manos las herramientas para lograr la implementación de una política criminológica de Estado, que logre minimizar los altos índices de criminalidad, y digo minimizar porque habrá personas que no quieran salir de una opción de vida al margen de la ley para obtener riquezas y seguir lucrando de una actividad criminal; a ellos les debemos aplicar todo el peso de la ley.

Debo señalar que hay un documento, que es ley de la República, se trata del Decreto Ejecutivo No. 260 del 7 de junio de 2006, por el cual el Estado panameño adopta lineamientos para una política criminológica, que no ha sido debidamente implementada y ejecutada, y para lo cual se establecen una serie de principios rectores que deben generar importantes cambios en la sociedad panameña. Los principios rectores son: prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, justicia social, desarrollo humano sostenible, participación ciudadana y educación para una cultura de paz.

Cada uno de estos principios se desarrolla con metas a corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración los diversos escenarios en que deben plantearse las estrategias a seguir por cada uno de los representantes, tanto del Gobierno como de la sociedad civil y demás grupos organizados, que deben ser los llamados a velar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de una política criminológica de Estado.

Para lograr esto, debemos dejar de un lado la política partidista y enfocarnos en el estudio científico–técnico desarrollado por especialistas criminólogos nacionales e internacionales que abogamos por una política criminológica integral.

¿Queremos, realmente, un país seguro, con menos crímenes, atractivo para el turismo, el inversionista extranjero y nacional y en donde podamos vivir en armonía como una sociedad donde impere la justicia y la paz? Entonces, desarrollemos cada uno de los principios rectores mencionados y tendremos un mejor país.

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Este artículo se publico el 11 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que a l autor, todo el crédito que les corresponde.

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