Ahora le toca a los niños y niñas.. estar en las aulas

La opinión de la Ex Magistrada de la Corte Suprema de Justicia…..

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ESMERALDA E. AROSEMENA DE TROITIÑO

Sin embargo, hoy a nuestros niños y niñas de 12 y 13 años, el Gobierno Nacional, la Asamblea Nacional, las autoridades responsables de este grupo de la población panameña (llámese Secretaría de Niñez, Desarrollo Social, Educación, Salud, Justicia, etc.) y, lamentablemente, muchas familias y otros importantes grupos de nuestra sociedad civil organizada han decidido o consentido que a estos niños y niñas ahora les toca someterse a la rigurosidad del proceso penal, y se les puede exigir responsabilidad penal, en vez de asumir nosotros, como adultos, la responsabilidad de hacer valer su derecho a la educación y formación (art. 29 de la CIDN).

Lo que se nos ha olvidado es que lo que Ahora le toca a nuestra población menor de edad, en especial al grupo de la niñez (entre 9 y 13 años cumplidos, que son unos 392,468 como estimación a julio del 2009), es demandar el cumplimiento de todos sus derechos, a aquellos que, como autoridades, son responsables y que tales derechos están consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Familia, en la Ley 40 de 1999 con sus modificaciones, junto a los múltiples compromisos de cumbres, acuerdos, objetivos, reglas, tratados, convenios y toda especie de responsabilidades (que no se atienden) y que a nivel internacional hemos adquiridos todos los y las panameñas, porque así lo asumen los gobiernos; debiendo preguntarnos ¿con qué propósito se firman?

Pero hoy, con asombro, la realidad sigue siendo otra, nadie le exige a las autoridades que cumplan con el ordenamiento jurídico vigente, pero hoy sí les exigimos a estos niños y niñas que asuman responsabilidad penal por sus actos.

Mi llamado a los y las ciudadanas, —por lo que el concepto ciudadanía significa—, para que demandemos lo que a esta población ahora le toca. Les corresponde estar en las aulas de clases, en la escuela primaria, para alcanzar, como país, la enseñanza universal: uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ni uno solo de estos niños debe estar en las calles, realizando estrategias para sobrevivir o en explotación, maltrato, abuso y con sus derechos omitidos, amenazados o violentados; como lo muestran las estadísticas nacionales, más de 85,000 trabajan o buscan trabajo, y casi 7000 requieren de la Protección Judicial y otro número importante muere antes de que cumpla los cinco años, en desnutrición, solo por mencionar lo que nos impacta, es decir, esa población que hoy las autoridades consideran que deben ser sometidas a procesos penales.

Y que para llamarnos a la reflexión, también de acuerdo a las cifras, (datos que implican elementos serios para obligarnos a respetar derechos y establecer criterios científicos en las respuestas) el número que se registra en los juzgados de niñez y adolescencia, para el 2008, no suma 400 niños y niñas involucrados en conductas delictivas propiamente tales, y ni qué decir de su participación en delitos graves.

La gran pregunta es, ¿no somos capaces como país de dar las respuestas que nuestras leyes señalan, ni siquiera a este grupo de niños y niñas que requiere de los planes y programas que ya están elaborados en sendos documentos de gobierno y de instituciones?  ¿No podemos cumplirlos?

Todos y todas, estoy segura, tenemos la respuesta. Cuando se tiene autoridad se asume responsabilidad, que bien entendida en el idioma español, significa, habilidad para responder.

El tema de la justicia y los derechos de las personas menores de edad, requiere una atención integral, no solo se trata de investigación y juzgamiento, sobre todo requiere la perspectiva de las políticas Públicas de protección y defensa de los derechos de este grupo de la población, que la sociedad panameña considera, y lo ha establecido en su ordenamiento jurídico, como su bien supremo, su garantía para la democracia, la solidaridad, la convivencia pacífica y nuestro destino de nación. Esto exige niveles óptimos de ejecución de las leyes vigentes, según el artículo 17 de la Constitución por parte de las autoridades, instituciones y sociedad.

Justificar las modificaciones a las leyes vigentes, argumentando seguridad ciudadana, es reconocer que no tenemos la capacidad suficiente para cumplirlas y que no asumimos las responsabilidades que esas leyes nos imponen; y que son producto de nuestros órganos del Estado; y que además datan de hace más de una década, —Ley 40 de 1999 y las consagradas en el Libro III del C. F. 1994.

La experiencia en este ámbito legislativo, es que se responde con la rebaja de la edad penal, el aumento de las penas o la privación de libertad como única respuesta frente al tema de incremento de la delincuencia, atendiendo reacciones y no con razones ni con la Ley.

Hoy, se reafirma lo que los expertos en el tema han denominado, el Síndrome de las tres IES. En La omisión, violación y amenaza de los derechos fundamentales de las personas menores de edad. Esto se debe a actitudes de ignorancia, insensibilidad o intencionalidad en menoscabar o ignorar derechos.

Esto no es aceptable en una sociedad que quiere ser justa y democrática.

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Artículo publicado el 18 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que a la autora, todo el crédito que le corresponde.