Solidaridad periodística

-Por solidaridad con el amigo en Facebook, Paco Gomez Nadal cuyos artículos han sido reproducidos en este blog, lo mismo que en solidaridad con los periodistas, los defensores de los derechos humanos y de  la libertad de expresión, reproducimos el siguiente artículo que nos enviara nuestro también amigo en Facebook y de este sitio, el sociólogo y político Olmedo Beluche-.  El editor

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La opinión de…

PACO GOMEZ NADAL

El mar, 1/3/11, Jennifer Delgado <jdelgadou@gmail.com> escribió:

Fecha: martes, 1 de marzo, 2011 09:13

En el blog del Colegio Nacional de Periodistas se ha publicado el siguiente comunicado:

MENSAJE DE PACO GOMEZ NADAL A SU LLEGADA A MADRID   NOS DICE SU VERSION

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Acabamos de llegar a Madrid custodiados por dos agentes del SANM.    Les envío este comunicado que redactamos en la escala de San José. Les pido que lo reboten a los compañeros de los medios.

Desde San José de Costa Rica, camino a Madrid (España)

He sido expulsado de Panamá en el día de hoy por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La fórmula legal se denomina retorno voluntario pero ni es voluntario ni es retorno. Explico las circunstancias: 

1. El sábado 26 de febrero fui detenido ilegalmente cuando, claramente identificado como miembro de la organización de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HREV), documentaba el desalojo de los indigenas ngäbe que cortaban la Plaza 5 de mayo. La detención se produjo con violencia y sin ningún tipo de contemplación. En el operativo también fue detenida de forma arbitraria e ilegal mi compañera, Pilar Chato, que estaba en el andén de la esquina entre 5 de mayo y Calle L esperando el final de los acontecimientos.

2. En las siguientes 20 horas fuimos recluidos en tres instituciones diferentes y en ningún momento se nos indicó de qué se nos acusaba, no se nos permitió comunicación con nuestros abogados ni recibir asistencia consular de la EMbajada de España, país del que somos ciudadanos. Los propios funcionarios de la DIJ de Ancón nos manifestaron que no había expediente ni documentación que justificara nuestra detención en esas instalaciones (donde tuvimos que dormir en el suelo sobre periódicos)

3. Que en la tarde del día 27 de febrero, 23 horas de spués de la detención, fuimos víctimas de un juicio express en la corregiduría de Balboa con acusaciones falsas de la Policia Nacional (como que no estaba identificado al momento de la detendicón o que se nos leyeron nuestros derechos o que fuimos informados de las razones del acto) y en base a un video sin audio que, a todas luces, no es probatorio de ningún acto delictivo o contrario a las leyes panameñas.

4. Que Aproximadamente a las 4:30 p.m. fuimos trasladados a las oficinas del Servicio Nacional de Migración donde ni siquiera sabían por qué recibirnos hasta, tal y como nos indicaron, «recibir una llamada de Presidencia». Una vez que nos recibieron en calidad de «retenidos», los funcionarios del SNM aseguraron al consul de España, a nuestra abogada y a representantes de la Defensoría dl Pueblo que ningún trámite sería realizado hasta la mañana del día 28 de febrero y que por esa razón debiamos permanecer en las celdas de Migración, a pesar del compromiso de los funcionarios nacionales e internacionales de servir como garantes de nuestra comparecencia al día siguiente.

5. Que después de irse el equipo de acompañamiento, la directora del SNM junto a sus abogados dictaron un decreto ilegal y arbitrario en que sin pruebas nos condenan a detención por haber alterado el orden público e «instigar» protestas». Fuimos despertados pasada la media noche, intimidados e irrespetados y obligados a firmar un documento en que se afirmaba que el SNM había escuchado nuestra defensa y respetado nuestros Derechos Humanos, cuando esto no se había producido.

6. Que ante las arbitrariedades cometidas, la agresividad de los comunicados públicos del Gobierno desde el mismo sábado 27 y los antecedentes del intento de expulsión del 4 de julio de 2010 y ante la TOTAL FALTA DE GARANTÍAS jurídicas para un proceso justo o para nuestra seguridad física ni jurídica, decidimos aceptar la deportación voluntaria.

7. Manfestamos la absoluta falta de garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá y alertamos a NAciones Unidas y a la Comisión Interamerciana de DDHH sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social.

8. Agotaremos todos los recursos legales disponibles en Panamá y en el sistema Interamericano de JUsticia para revertir esta situación y exigiremos la compensación por los daños morales, económicos y personales a los que hemos sido sometidos al abandonar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra misión como defensores de Derechos Humanos y nuestro desarrollo profesional.

9. HREV y mi persona sólo hemos tratado de promocionar y defender los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos de Panamá, tal y como es nuestro mandato. Nuestros informes sobre violación de derechos humanos en Changuinola o en el Centro de Cumplimiento de Tocumen o nuestro seguimiento a todo el proceso de defensa territorial de los pueblos Naso, Ngäbe y Buglé han molestado a las autoridades que han desconodio las recomendaciones de las organizaciones internacionales respecto a los Derechos HUmanos de estas poblaciones. A esta situacion se suma mi labor como periodista y columnista en el diario La Prensa con trabajos críticos que incomodan al Gobierno tal y como lo han manifestado en diversas ocasiones.

10. El trato de los funcionarios de rango bajo de la DIJ y de Migración fue en todo momento correcto y ellos mismos nos mostraron su perplejidad ante este proceso.

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11. Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores. Son autónomos y dignos y cuando protestan suelen ser provocados por medidas del Gobierno que, además del abandono secular, aprueba medidas que afectan contra la autonomía territorial, cultural y política de los pueblos originarios.

12. Reconocemos y agradecemos profundamente la valentía, el ánimo y la solidaridad que numerosas organizaciones, ciudadanos y, en especial, los representantes de los pueblos originarios de Panamá nos han mostrado en las últimas horas.

No nos echa Panamá. Nos echa su gobierno.

La lucha por los Derechos Humanos es irrenunciable y los delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

Paco Gómez Nadal
Pilar Chato Carral

Otra imposición antidemocrática

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La opinión de…

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Olmedo Beluche –

En lo que constituye un nuevo ataque al derecho a la participación de los sectores populares de Panamá, y la confirmación de que estamos ante un régimen oligárquico y plutocrático, el Tribunal Electoral ha decidido quitar al Partido Alternativa Popular su reconocimiento como “partido en formación”. La base “legal” para esta decisión son las condiciones antidemocráticas del Código Electoral que exige 63 mil 500 firmas para inscribir un partido político.

En base a un Código Electoral redactado bajo la dictadura militar, emparchado bajo la “democracia”, para crear un régimen controlado por un puñado minúsculo de partidos y políticos, el Tribunal Electoral ha cerrado las puertas al primer partido popular y de izquierdas que intenta participar de los procesos electorales desde 1984, con los mismos criterios antidemocráticos con que, en 2009, le cerraron la puerta a la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

Pero, al igual que con Jované logramos el reconocimiento del pueblo panameño y de la Corte Suprema de Justicia para la legitimidad de la libre postulación presidencial, el PAP no cejará en su lucha por obtener el reconocimiento electoral, porque es un legítimo derecho democrático que los sectores populares tengamos nuestros partidos y podamos participar en las elecciones.

El actual sistema de partidos y la cantidad exagerada de adherentes es una farsa basada en la corrupción, la compra de las firmas y en el clientelismo político que obliga a los funcionarios públicos a inscribirse en el partido de gobierno de turno, so pena de ser despedidos.   Esa es una verdad de a puño que todo el mundo sabe, incluidos los magistrados del Tribunal Electoral. Esa farsa debe acabarse con una verdadera reforma electoral democrática que llegará tarde o temprano.

Esa farsa es reforzada por toda clase de obstáculos artificiales que se ponen a los partidos en formación que no pertenecen a la oligarquía. Por ello instamos al conjunto del movimiento social y sindical a poner en su agenda de lucha conquistar un régimen político verdaderamente democrático.

Los más de 5 mil adherentes que logramos de ciudadanos conscientes que apoyan este partido con un proyecto de cambios profundos para el país nos animan a seguir adelante. Con esas firmas ya seríamos un partido con reconocimiento electoral en la mayor parte de América Latina y el mundo.

A nuestra militancia y simpatizantes les decimos: no hemos sido ilegalizados, porque la Constitución garantiza el derecho de libre asociación y organización, lo único que han hecho es impedir que participemos en los procesos electorales. El Partido Alternativa Popular existe y sigue luchando y no depende del Tribunal Electoral.

Exhortamos a la militancia y simpatizantes a fortalecer nuestras estructuras, sin ceder sus firmas a ningún otro partido, porque es nuestra decisión participar del proceso electoral de 2014 por dos vías: volviendo a inscribir nuestras siglas (PAP) y apoyando la libre postulación presidencial del Prof. Juan Jované.

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Este artículo se publicó el 2 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Por una Asamblea Nacional Constituyente

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La opinión de…

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Olmedo Beluche –

Las cartas están sobre la mesa: el actual bloque oficialista y el presidente, Ricardo Martinelli, aspiran a la reelección, para lo cual requieren una reforma a la Constitución Política. Pero al igual que los gobiernos de los últimos 20 años, el nuevo parche a la Constitución de 1972 pretenden hacerlo de manera controlada para que sus intereses sean preservados y, si algo cambia, sea para peor. Por ello el mecanismo elegido para las reformas es que lo haga la actual Asamblea Nacional, bien controlada desde el Ejecutivo, y que sus decisiones sean ratificadas por un plebiscito o referéndum.

Se trata de que el poder político siga en manos de la misma oligarquía y sus políticos de siempre. Además de la reelección presidencial, se avizoran en la agenda ataques puntuales a derechos sociales y a la soberanía nacional (como la extradición de nacionales o que Estados extranjeros posean propiedad territorial, como en las minas). El objetivo, liquidar los últimos vestigios del Estado desarrollista de los años 1970 con su concepto de soberanía nacional, suplantándolos por el Estado neoliberal que se ha venido construyendo durante tres décadas y su sometimiento al “libre mercado”.

La oligarquía que controla el país tiene claro su concepto de Estado, y no podemos culparle por ello. El problema es de la clase trabajadora y sus organizaciones, sindicatos y movimientos sociales, que no han construido una concepción coherente sobre el Estado y el régimen político panameño. Por ello, o avanzamos unidos en levantar una concepción del Estado y el régimen desde la perspectiva de los intereses populares, alternativo al de la oligarquía, o seremos simples peones en el juego de intereses de la burguesía.

No debe volver a repetirse lo sucedido en la recién clausurada Comisión de Reformas Electorales (CNRE), en la que era imperativo para el movimiento obrero y popular ganar espacios democráticos de participación política, como la rebaja sustancial en la cuota de adherentes para partidos y candidatos por libre postulación, entre otras reformas, lo que fue desaprovechado sin pronunciamientos contundentes, ni movilización, por parte de la organizaciones sociales. El resultado fue una “curita” que no cambia nada sustancial.

En la CNRE, luego de que Frenadeso logró la importante conquista de acceder a un puesto en la mesa, no presentó propuestas de fondo y dejó la silla vacía la mayor parte del tiempo. Por su parte, Conato y Conusi optaron por no ir más allá de las propuestas muy moderadas del Foro Ciudadano, convenientemente controlado por la Apede y el Conep, incluso con derecho de veto. La única voz solitaria que se alzó con propuestas independientes fue la del Partido Alternativa Popular.

Urge que Frenadeso, Conato y la Unidad de Lucha Integral del Pueblo discutan un plan de acción común frente al proyecto de reforma constitucional que se nos viene encima. El primer punto de ese acuerdo tiene que anteponer a las reformas controladas de Martinelli, la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente con delegados elegidos por el pueblo de manera que no sólo la partidocracia actual pueda postular, sino que también el movimiento social pueda llevar sus voceros a la constituyente.

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Este artículo se publicó el  5  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Propuesta de libre postulación

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La opinión del Sociólogo y Político...

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Olmedo Beluche –

El Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea han rechazado las reformas al Código Electoral que podrían hacerlo más democrático y participativo.    Se comprende que quienes se benefician de las “mieles del poder” no quieran perderlas.   Pero las utilizan para negarse el falso argumento de que bajar la cuota de adherentes a la libre postulación presidencial es facilitarle las cosas a otros y dificultarlas a la partidocracia.

La igualdad entre candidatos que nosotros reconocemos es la que exige la Constitución Política del país: que un candidato por la libre sea panameño de nacimiento, mayor de 35 años y no haya sido sancionado penalmente.

En cuanto a los adherentes, la igualdad es justamente la desigualdad. Si en las condiciones actuales para inscribir un partido se le exige el 4% de la última elección,   equivale a 63 mil 500 firmas, y un partido tiene cinco años para inscribirse, es decir, 60 meses, quiere decir que un partido tendría la posibilidad de inscribir en promedio mil 58 firmas por mes.

Si a un candidato por libre postulación presidencial se le exige la misma cantidad de 63 mil 500 firmas para participar en las elecciones y solo le dan cuatro meses para inscribirse, tendría que hacer un promedio de 15 mil 875 firmas por mes, para cumplir ese requisito; unas condiciones 15 veces peores que las de un partido político con el 7% del tiempo que tiene un partido político para inscribirse.

Si se adopta la cifra del 2%, serían 31 mil 750 firmas que se exigirían a un partido que divididas en 60 meses le da apenas a 529 firmas por mes, pero a un candidato presidencial por la libre, al que sólo se le dan cuatro meses, se le obligaría a inscribir 7 mil 937 firmas por mes.

Si se adopta el criterio del 1%, tendremos que el total sería 15 mil 875 firmas; en 60 meses un partido apenas tendría que inscribir 264 firmas por mes. Pero un candidato por la libre a la Presidencia tendría que inscribir 3 mil 969 firmas por mes en esos cuatro meses.

En todas las condiciones, la supuesta igualdad de la cantidad de firmas que se pide es lo contrario de lo que se argumenta; es un obstáculo y una diferencia contra los candidatos de libre postulación, es una medida antidemocrática, y por eso la rechazamos.

Pese a que lo justo sería promediar esa cantidad de firmas por mes que tienen los partidos políticos en los cuatro meses que tiene el candidato por la libre: si se usara el criterio del 4%, el candidato debería inscribir en total en los cuatro meses 4 mil 232 firmas. Si se usa el criterio del 2%, debería inscribir 2 mil 116 firmas, y si se usa el criterio del 1%, tendría que inscribir mil 56 firmas para ser equivalentes de verdad con los partidos políticos, eso sí sería de justicia, esa sí sería la equivalencia matemática.

Nosotros, el Partido Alternativa Popular hemos hecho una propuesta que no es de las mil 56 firmas, sino el 0.5% de la última votación, lo que significa 7 mil 500 firmas, aproximadamente; esa es la propuesta democrática que defendemos ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y repudiamos los argumentos que pretenden seguir limitando la política electoral a los plutócratas.

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<> Este artículo se publicó el 8 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¡Vamos bien!

La opinión de…

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Olmedo Beluche –

El salario se depreció y la canasta básica aumentó, desde el caluroso enero hasta el lluvioso agosto, de 271 a 281, pero ¡Vamos bien!

La pobreza aumentó, la parte que se traga el rico creció y la brecha social se ensanchó, pero ¡Vamos bien!

Según el profesor Jované, la participación de los salarios se fue, entre el año 2000 y el año 2008, de 37.8% a 30% del PIB, así como lo ve, así como lo oí, pero ¡Vamos bien!

Mil 808 millones emigraron del bolsillo de los trabajadores a la caja fuerte de los patrones, qué rico el crecimiento que a los ricos alegró, por eso decimos todos en el Club Unión ¡Vamos bien!

El desempleo aumentó, a los más jóvenes y a las mujeres afectó, pero ¡Vamos bien!

Al sector agropecuario tampoco le va mejor, pues ya desapareció un tercio de la tierra cultivable, especialmente la de arroz que al pueblo le gusta “comé”, y no importa si no rima porque es “verdá”. ¡Vamos bien!

La Ley Chorizo metieron, pero el pueblo no se dejó y en la calle peleó, muertos, heridos y tuertos, en Changuinola dejaron, y aunque en parte la derogaron, los policías con la suya se salieron, ¡Vamos bien!

A Eladio y los jubilados parece que los dejan guindados, pero los que no salen afectados son los mexicanos, pues hay mil millones de coco para Pycsa, ICA y sus socios. ¡Vamos bien!

Hablando de los viejitos, Sáez–Llorens igual que el anterior, sin garantizar las citas ni las medicinas, de nuevo nos quiere la Ley Orgánica reformar para la edad de jubilación aumentar. ¡Vamos bien!

De la basura, ni hablar, pues el gringo Bosco no la sabe recoger, parece que lo que está detrás es la pelea de la privatización y quién se la va a coger. ¡Vamos bien!

Ahora resulta que no será 100 a los 70, sino 70 para 100, la famosa beca no es universal, pero las mochilas todos tenemos que pagar con el 7%, ¡Vamos bien!

Al presidente, según las encuestas le va muy bien, pese a que en todas sus promesas parece que no sube la cuesta, según la percepción, pero ¡Vamos bien!

Vivan los medios de comunicación, viva la libertad de expresión, siempre que digan lo que al gobierno agrada, si no ya verán, que lo digan Carlos Núñez, Justino y Sabrina Bacal ¡Vamos bien!

Y no importa si la rima es fea, después que le pongan música Emilio o DJBlá, todo el mundo va a bailá, ¿Vamos bien?

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<> Este artículo se publicó el 21  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/beluche-olmedo/

Una alternativa electoral necesaria

La opinión de…

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Olmedo Beluche  –

Los acontecimientos de las últimas semanas en Panamá ratifican lo que el Partido Alternativa Popular (PAP) señala desde 2006, es necesaria y urgente la construcción de una propuesta político-electoral que surja de las entrañas del pueblo panameño, que dispute el poder a los partidos oligárquicos y presente una alternativa frente a la crisis social, económica y política en que están sumiendo a la nación.

La imposición de una serie de leyes antipopulares, como las leyes chorizo y carcelazo; la continuación de un modelo económico de saqueo de nuestros recursos naturales y nuestro trabajo por empresas extranjeras; los megaproyectos que conducen directamente al colapso financiero del Estado; el descrédito de los políticos actuales y sus partidos; la impopularidad creciente del presidente Ricardo Martinelli y sus ministros, dado el incumplimiento de sus promesas de “verdadero cambio”; todo ello obliga a que los sectores populares, los gremios, la sociedad civil y los sindicatos presentemos unidos una propuesta político-electoral que sea una alternativa real para salvar al país del despeñadero por el que vamos.

Por estas razones, el Partido Alternativa Popular saluda el reciente llamado del Suntracs a la constitución de una alternativa político-electoral como la que hemos señalado. La capacidad de movilización y la trayectoria combativa de Suntracs será un peso decisivo para hacer realidad una alternativa popular, democrática y antineoliberal.

Desde el PAP, exhortamos a los sectores sindicales y gremiales a seguir el ejemplo, a asumir un compromiso que rebase los límites reivindicativos para pasar a una fase propositiva, que presente un plan de gobierno alternativo al que hemos padecido durante 20 años de régimen seudodemocrático. Esto, a la vez que procuramos sostener la máxima unidad de la lucha sindical contra las leyes antipopulares del gobierno Martinelli.

En este camino, como han demostrado los hechos, es preciso deponer los ánimos sectarios que nos han dividido en el pasado, pues el enemigo que debemos vencer sí está unido y es fuerte. Así como fue necesaria la unidad sindical para concretar la huelga del pasado 13 de julio, será necesaria la unidad para vencer un Código Electoral antidemocrático, hecho para que no surjan nuevas opciones y siga imperando el poder del dinero. Hoy, más que antes, es necesaria la unidad del movimiento popular para vencer las trabas impuestas y a los enemigos del pueblo en las urnas.

Se ha demostrado que los sectores populares sí contamos con propuestas de carne y hueso, que incluso ya empiezan a marcar en las encuestas, como lo es el reconocido Juan Jované, dirigente de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo, y del PAP. En este sentido, saludamos la iniciativa de que también se incorpore al ruedo electoral el dirigente Genaro López, figura destacada del sector sindical. Ambos, junto a otros líderes, serán referentes que impulsen un proyecto alternativo.

<> Artículo publicado el 16 de septiembre de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El pueblo habló claro

La opinión del Sociólogo y Político…

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Olmedo Beluche–

Los trabajadores y el pueblo de Changuinola hablaron alto y claro con 11 días de huelga y movilizaciones, pese a la sanguinaria represión policial: ¡se exige la derogación total de la Ley 30!

Los trabajadores de todo el país, mediante una huelga general sin precedentes en los últimos años, y con muchas manifestaciones públicas, lo han expresados con claridad: ¡la Ley 30 debe ser derogada en su totalidad!

Los ecologistas, los defensores de los derechos humanos, los y las ciudadanos conscientes del país, los diversos grupos de la sociedad civil, las comunidades del interior, los pueblos indígenas de Panamá, lo expresaron reiterada y claramente incluso a la Asamblea Nacional: ¡deroguen la Ley 30!

En una reciente gira nacional de la dirigencia de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), encabezada por el Prof. Juan Jované, en la que visitamos ciudades como Natá, Santiago, David, culminando en Changuinola, la ciudadanía en diversas reuniones nos impuso un mandato: la lucha es por la derogación total de la Ley 30, precondición para cualquier diálogo con las autoridades.

En cumplimiento de ese mandato del pueblo panameño, reiterado de muchas maneras en las últimas semanas, la ULIP, le expresa al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no nos sentaremos a ninguna mesa de diálogo si primero él no escucha la voz que sale de todos los rincones de la patria y deroga la Ley 30.

La voluntad popular se ha expresado de diversas maneras y el Gobierno debe acatarla, derogando la Ley 30. Convocar a un supuesto “diálogo” sin escuchar el clamor por la derogación de esta nefasta ley, solo puede ser interpretado como una maniobra para ganar tiempo y burlar la exigencia generalizada de derogar esa nefasta ley.

Solo la derogación de la Ley 30, que ha producido en tan poco tiempo tanto mal, sufrimiento y sacrificio de vidas, creará las condiciones para que entre panameños podamos discutir los mejores caminos para el desarrollo de la nación. Solo si se cumple esa precondición, mandato del pueblo, la Unidad de Lucha Integral del Pueblo se sentará a dialogar.

Señor presidente, la decisión está en sus manos, la posibilidad de cambiar la confrontación por el diálogo, depende tan solo de que usted escuche la clara voz del pueblo panameño que le ha dicho: ¡Derogue la Ley 30!

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Artículo publicado el  31 de agosto  de 2010 en el diario La Prensa,   a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Todos somos «indios»

La opinión de….

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OLMEDO  BELUCHE  –

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El origen del vocablo «indio» surge de una equivocación de Cristóbal Colón, quien en sus cálculos pensó que había llegado a la India, en Asia. Pero posteriormente, los conquistadores y colonizadores españoles llamaron despectivamente «indio» a los originarios de este continente. Al decir «indio», el conquistador y el encomendero pretendían negarle a los pueblos originarios sus verdaderas identidades particulares, negar que tenían «almas», por lo cual se justificaba su despojo, saqueo y asesinato.

Decir «indio», en general, pretende negar la cultura de los kunas, de los gnäbes-buglés, de los bri-bri, los nasos, los aztecas, los mayas, los incas o los aymaras, etc. Es decir, la expresión «indio» tiene un sentido racista emitida en boca de los usurpadores europeos y sus descendientes hasta nuestros días.

Por ello, es absolutamente inaceptable que un Ministro de Estado, delante del Presidente de la República, o un jefe de la Policía Nacional, se refieran a la mayor parte de la población del país, o a un sector de ella, como «indios narcotizados» o «indios borrachos». En cualquier país civilizado y medianamente democrático, a un funcionario público que se exprese de esta manera se le pediría inmediatamente su renuncia. Porque los racistas existen de hecho, pero la moral pública, el derecho internacional y las constituciones políticas, incluida la nuestra, no aceptan que alguien que discrimine las personas por su origen étnico gobierne en nombre de una nación.

Sr. presidente de la República, Ricardo Martinelli, usted nos debe una disculpa a los huelguistas de las bananeras, a los habitantes de Bocas del Toro y a todos los panameños, porque funcionarios bajo su mando han proferido expresiones racistas que violan la Constitución.

Es de suponerse que la saña con que fueron reprimidos los huelguistas en Changuinola y los tiros de perdigones a la cara fueron un intento inconfesado de borrar sus rasgos físicos, de borrar su mirada de «indios» rebeldes que perdieron miedo al patrón. Exigimos una investigación respecto a esos crímenes porque esas vidas perdidas valen tanto como la de cualquier panameño hijo de italianos o griegos.

Aquí todos somos descendientes orgullosos del cacique Quibián, que puso en su lugar a Cristóbal Colón cuando quiso saquear el oro de Bocas del Toro y Veraguas. Aquí nos reclamamos herederos morales y consanguíneos de Urracá, de Kantule y del «negro» Bayano. Si usted y sus ministros no respetan los rasgos físicos y las identidades culturales, significa que ha dejado de ser el presidente de «todos los panameños».

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Artículo publicado el 24 de julio de 2010 en el Diario El Siglo, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Lo que mal empieza, mal acaba

La opinión de…

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Olmedo Beluche—

En el primer aniversario de su gobierno, cuando el país esperaba la destitución de algunos ministros, el presidente Ricardo Martinelli desvió la atención de su cuestionado “Gabinete” hacia el alcalde la ciudad de Panamá, exigiéndole a Bosco Vallarino que renuncie.

Petición a la que se sumó el padrino político del alcalde, el vicepresidente Juan C. Varela, que en su momento lo impuso como candidato, pasándolo por encima de otros precandidatos del Partido Panameñista.

Las declaraciones de ambos son cuestionables, no por alguna virtud del alcalde, a quien nadie va a extrañar el día que falte en el puesto, sino porque constituyen una afrenta a la institucionalidad democrática y a la inteligencia de la ciudadanía.

Al igual que en el caso del ex alcalde colonense, Dámaso García, se pretende pasar por alto el hecho de que los alcaldes son figuras de elección popular, y la propuesta vulnera el derecho de la ciudadanía municipal a reemplazarlos y elegir sus sucesores.

Para empezar, ni Vallarino ni García debieron correr como candidatos a presidir sus respectivos municipios, dada su situación jurídica, conocida por los partidos que los postularon.

En el caso de Vallarino, se violentó la ley y la Constitución de manera descarada con la anuencia de Varela y Martinelli, quienes repudiaron otras opciones legítimas, a favor de un gordito simpático que además expresaba intereses oscuros del negocio inmobiliario que se ha impuesto en nuestra ciudad.

El problema de fondo no es solo la desfachatez de unos políticos dispuestos a todo con tal de salirse con la suya, o la incapacidad manifiesta de estos alcaldes para ocupar el cargo, o el problema de la recolección de la basura.

El problema a dilucidar es entre el excesivo presidencialismo que pretende centralizar todos los poderes y órganos del Estado y la democracia municipal, es decir, el derecho de los habitantes de la comuna a decidir su destino.

Este caso pone en evidencia la dramática situación de los municipios del país, carentes de una real autonomía, regidos por una legislación de hace más de 50 años, la carencia de autonomía presupuestaria, la incapacidad para resolver los problemas más elementales sin la mediación del gobierno central, el sabotaje y chantaje al que se puede someter a un alcalde si el presidente de turno lo ve como adversario político, como ya le pasó a JC Navarro con Martín Torrijos, por ejemplo.

La solución de fondo a tanto desatino pasa por aprobar de una vez la Ley de Descentralización, refrendada por Torrijos el último día de su gestión para que no le amarrara las manos, y congelada inmediatamente por Martinelli con el mismo fin.

La otra solución, la que no quieren ni el gobierno ni el PRD, la única alternativa legítima es que sea la soberanía del pueblo la que hable, mediante la recolección de firmas para solicitar la revocatoria de mandato, referéndum revocatorio y llamado a nuevas elecciones municipales.

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Este artículo se publico el 12 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Un año esperando el cambio

La opinión del Sociólogo y Político….

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OLMEDO  BELUCHE —

El 1 de julio cumplieron un año en la Presidencia de la República Ricardo Martinelli y su Alianza por el Cambio, pero de cambio lo único que ha habido es el de las figuras, pues, los problemas que aquejan al pueblo panameño no solo siguen igual, sino que se agravan. Las promesas de un futuro mejor, no pasaron de propaganda electorera, y no podía ser de otra manera dada la esencia empresarial del actual gobierno.

Para celebrar su aniversario, Martinelli le ha ofrecido dos ‘regalos’ al pueblo panameño: el aumento del ITBMs al 7% y la reforma al Código de Trabajo, por la cual se pretende destruir el derecho a huelga.

La primera medida servirá para financiar los programas sociales, como ‘100 a los 70’ y las mochilas escolares, los cuales paga la clase media con una tanda de nuevos impuestos, de los cuales el aumento del ITBMs es el principal. Mientras que las grandes empresas y potentados gozan de convenientes exoneraciones impositivas y reducciones a su impuesto sobre la renta.

La segunda medida, la reforma al Código de Trabajo, servirá para hacer más ricos a empresarios, como el propio presidente y varios de sus ministros, que verán reducidos los salarios que pagan a sus trabajadores, aumentando la explotación del trabajo. Los asalariados verán cómo se profundiza el deterioro de sus ingresos, que ya viene de perder un 30%.

Al igual que los gobiernos anteriores, se pide sacrificio a la clase trabajadora para supuestamente fomentar el empleo, pero no es cierto, pues la mitad de la fuerza laboral sigue sumida en subempleo o desempleo abierto. Situación que a su vez sirve de caldo de cultivo a la delincuencia y la violencia social, gran fracaso del gobierno de Martinelli, que ha visto crecer la ola de robos y asesinatos, pese a una legislación más represiva y un discurso facistoide.

La atención de salud va de mal en peor; el problema del transporte sigue en el papel, pero el Metrobús ya anuncia que costará mucho más caro a los usuarios; la ‘nacionalización’ de los corredores Norte y Sur se convirtió en un negocio a costa del Erario, pero nada de peajes gratis prometidos. Los indígenas, como los Nasos, siguen sufriendo el robo de sus tierras, tal como en el gobierno anterior. Continúa el proceso de destrucción de ambiente con nuevas concesiones mineras.

Podríamos continuar listando un rosario infinito de problemas que siguen sin respuesta, pero la conclusión es que el gobierno de Martinelli es ‘más de lo mismo’.

Si queremos un ‘verdadero cambio’ hay que construir un partido político de los de abajo, de los trabajadores, gremios y profesionales que conforme una fuerza política, distinta a los partidos tradicionales, que sea capaz de levantar un proyecto de nación panameña en que impere la equidad, la justicia social, los derechos humanos y democráticos y respeto a la naturaleza. El Partido Alternativa Popular es el embrión de ese proyecto político y ya lo estamos construyendo.

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Este artículo fue publicado el  4 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

Democracia para millonarios

La opinión de….

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Olmedo Beluche—

La Comisión Nacional de Reformas Electorales se encuentra discutiendo el tema de los topes para financiamientos privados de las campañas electorales. En ese marco el Tribunal Electoral ha presentado una serie de informes y estudios que prueban lo que hemos venido señalando desde hace tiempo: la democracia panameña está secuestrada por el poder del dinero, por ende, ha degenerado en una plutocracia, fuente de todos los escándalos de corrupción e imposiciones antipopulares.

En ese sentido, el pasado 17 de junio, el magistrado Gerardo Solís, que preside la comisión, señaló que en las elecciones de 2009:  “Un país para todos, Balbina Herrera declaró que su campaña costó 8.3 millones de dólares, y Alianza por el Cambio, Ricardo Martinelli declaró que su campaña costó 18.9 millones de dólares”.   Además agregó que un candidato a alcalde, sin identificar, gastó 250 mil dólares, que varios candidatos a diputado de diversos circuitos y partidos, declararon sumas superiores a 200 mil dólares en sus campañas.

Estas cifras indican que no estamos eligiendo “a los mejores”, sino a los que más plata tienen para gastar en una campaña electoral. Para poder competir se debe ser millonario, o estar financiado por alguno.  La consecuencia lógica es la política como negocio: se invierte en ella, para sacar algo a cambio: favores, nombramientos, licitaciones, etc. Entonces ya podemos entender por qué actúan como la hacen gobernantes y diputados.

Irónicamente, siendo la intención de la reforma establecer topes a los gastos de campaña y a las donaciones privadas, tope que hoy no existe, la propuesta que hacen los magistrados del Tribunal Electoral es escandalosa.

Proyectando un crecimiento del Presupuesto de Inversiones del Estado de 68% y del padrón electoral de 11%, estiman que en 2014 el financiamiento público a los partidos políticos será de 54 millones de balboas y, si el tope a las donaciones privadas se establece en el 40% de éste, llegará a 21 millones por cada candidato presidencial (ojo), con un costo estimado de B/. 9.20 por elector.

Como voceros en esta comisión del Partido Alternativa Popular nos toca repudiar completamente estos criterios, los cuales implican la legitimación de una democracia secuestrada por los millonarios. Una verdadera democracia no puede depender de que solo se postulen y tengan opción los que tienen millones para gastar, sino los que tienen una propuesta coherente de desarrollo para el país.

Uno de los tantos criterios que hemos propuesto, y que lamentablemente no se han aceptado, para restablecer una democracia sana, equitativa y participativa son: que el Tribunal Electoral sea el único que contrate los espacios publicitarios en los medios de comunicación y los reparta equitativamente, abaratando incluso el financiamiento público; un tope máximo a las donaciones privadas de 10 mil balboas por persona y un tope global que no exceda de 100 mil a los candidatos presidenciales y de 50 mil a diputados, alcaldes y representantes.

Corresponde al conjunto de la sociedad panameña, a las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios y a los sindicatos pronunciarse y exigir reformas profundas a nuestro sistema político. Les incumbe porque serán sus miembros los seguirán pagando las consecuencias del sistema plutocrático que se ha entronizado.

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Este artículo se publico el 25 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Alianza oficialista en crisis

La opinión del Sociólogo…

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OLMEDO BELUCH

La Alianza por el Cambio celebra su primer año de gobierno en medio de su primera gran crisis interna, la cual ha pasado casi desapercibida, pero muestra las fallas sísmicas que la pueden derribar en cualquier momento.

Nos referimos al rechazo de la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional frente a la propuesta de ley de Consulta Ciudadana presentada por el Ejecutivo. Para no mencionar que el ‘regalo’ de Martinelli de aniversario al pueblo panameño son: el aumento del ITBM’s y la reforma al Código de Trabajo, asuntos en los que ambos bandos han estado de acuerdo.

La rebelión legislativa ha sido dirigida por los diputados panameñistas, y esto no es casualidad. El argumento para el rechazo esgrimido por el diputado Blandón, es muy claro: el temor de que Ricardo Martinelli, mediante las llamadas consultas convoque una Asamblea Constituyente.

El problema para los diputados panameñistas es doble, por un lado, son garantes junto al PRD del actual sistema político antidemocrático, que solo permite reformas constitucionales controladas por los ‘políticos de siempre’.   Por otro, todos los diputados temen que una Constituyente acorte el período para el que fueron electos, dejándolos fuera del baile, antes de tiempo, no tanto porque tengan grandes proyectos legislativos, sino por las deudas asumidas en la campaña electoral contra los jugosos ingresos proyectados en cinco años.

¿Para qué querría Martinelli convocar una Asamblea Constituyente?  ¿Para reformar el plutocrático sistema político que padecemos? No. Para conseguir la reelección presidencial inmediata y seguir gobernando cinco años más, siguiendo el modelo de Uribe, Chávez, Correa y otros mandatarios de la región.   Por supuesto, esto sería inconveniente para los aliados panameñistas, que aspiran, con Juan Carlos Varela, a encabezar la sucesión presidencial en 2014. Evidencia de que hay algo de esto, es que a la fecha no han logrado ponerse de acuerdo en una nueva redacción del proyecto de ley.

Otros elementos de crisis en la alianza oficialista se esbozaron en las denuncias del diputado González contra el ministro Mulino, y de Noriel Salerno contra el ministro Alberto Vallarino.   Sin mencionar los choques en alcaldías como Panamá y Colón, donde se han confrontado los intereses del grupo allegado a Martinelli con sus aliados.

El Partido Alternativa Popular rechazó el proyecto de ley, porque la redacción concentra la elección de temas y preguntas en la figura del presidente, cerrando las puertas a iniciativas de la sociedad civil, y porque pretenden usar las ‘consultas’ para ‘legitimar’ su agenda política, confrontando unos sectores sociales contra otros. Por ejemplo, la reforma laboral, enfrentando sindicalistas con desempleados.

Respecto a la Asamblea Constituyente opinamos que debe ser convocada con urgencia y que no depende del mencionado proyecto de ley. Si la Constituyente es democrática y representativa del conjunto de la sociedad panameña, sería el único camino para reformar el sistema político actual, corroido por la corrupción, la cleptocracia y el poder del dinero.

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Artículo publicado el 17 de junio de 2010  en el  Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.