Oportunidad de oro para el panameñismo

La opinión de…

 

Carlos E. Rangel Martín

La bestial represión a los trabajadores en Changuinola el pasado mes de julio, ejecutada por unidades escogidas de la Policía Nacional siguiendo órdenes directas de nuestros más encumbrados gobernantes, y la pavorosa quema de reclusos a principios del presente año, festejada por otras unidades policíacas, son responsabilidad principal de esos gobernantes, debido a sus componendas legales para, aparentemente, ganarse el apoyo incondicional de la Policía Nacional en cualquier situación.

Esta desgracia probablemente no puede ser mayor:   Primero, por el creciente malcontento de multitud de panameños serios y trabajadores, cansados de gobernantes principalmente interesados en servirse de nuestro país para satisfacer ansias personales de poder y riqueza.

Segundo, porque la imposición de disparatados negociados multimillonarios que nos endeudarían o perjudicarían indefinidamente, como lo son la compra de los corredores y la minería a cielo abierto en nuestro frágil clima tropical, contribuiría a que otros funcionarios emularan a sus superiores y buscaran el enriquecimiento a como diera lugar, sin valorar la importancia social y la satisfacción personal de servir y respetar, sin distinción alguna, a todos sus conciudadanos.

Tercero, porque, como señala la jerarquía de nuestra Iglesia católica, esta deprimente conducta gubernamental a largo plazo solo contribuiría a aumentar la violencia y a que cayéramos en manos de improvisadores líderes populistas, quienes le traerían mayores sufrimientos al pueblo, como está sucediendo en la hermana República de Venezuela; porque se equivocan completamente quienes crean que los partidarios de una dictadura marxista se quedarán de brazos cruzados indefinidamente ante un río completamente revuelto por tantas arbitrariedades.

Lamentablemente, la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se encuentra mayoritariamente en manos de personas que apoyaron la dictadura norieguista y quienes no admiten que, por esa misma razón, sus recientes candidatos presidenciales oficiales fueron rechazados contundentemente en las elecciones y nunca lograrán ganar la confianza de las mayorías; aparte de que también rehusan aceptar que todo partido político que aspire a crecer o sobrevivir requiere de la continua formación y participación de nuevos y prometedores dirigentes.

Nuestro pueblo clama por partidos políticos serios, en los que priven la honestidad, el profesionalismo y la verdadera búsqueda del bienestar de las mayorías.

Desafortunadamente, la reciente trayectoria del Partido Panameñista, bajo la dirección de Juan Carlos Varela, ha sido la de un compañero de viaje que apoya a un “Cambio Democrático” evidentemente demagógico, autoritario y cleptocrático. Sin embargo, de escoger un presidente de mayor seriedad, el panameñismo partiría por delante de otros partidos hacia una conversión al tipo de colectivo que la mayoría de los panameños apoyaría gustosamente.

De no imponerse esa meta, el panameñismo estaría en peligro de desaparecer prontamente, quizá antes que el partido personal del presidente, Ricardo Martinelli, porque por más que una empresa encuestadora local pregone la inalterable “popularidad” del primer mandatario, es imposible olvidar que, durante las primarias de las pasadas elecciones, la misma empresa encuestadora firmó un contrato con la candidata presidencial del PRD quien, sin que mediara explicación alguna, inmediatamente “aumentó de popularidad”.

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Este artículo se publicó el 5 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

AES: la responsabilidad irresponsable

La opinión de…

 

Paco Gómez Nadal

Las máscaras pueblan los rostros del siglo XXI.   Las personas las utilizamos con más facilidad ahora que tenemos internet para fingir que somos lo que no somos.   En internet a las máscaras se les llama perfiles y suelen ser engañosos y premeditados. Pero los individuos somos inofensivos: tontos útiles de este teatro sin actores pero con guionistas conocidos. Las máscaras más peligrosas son las corporativas.

Las grandes empresas invierten un buen porcentaje de su presupuesto en mercadeo y en relaciones públicas para asegurar que sus máscaras funcionen bien. Cuanto más riesgosa –peligrosa para el resto– sea la actividad de la empresa más hay que invertir en imagen. Y como los corifeos de la publicidad conocen la sicología masiva saben que lo mejor es relacionar la imagen de una empresa con la bondad, con el cuidado del medioambiente o con la caridad (¡Que se lo pregunten a los limosneros de la Teletón!).

Panamá ya sabe lo que son las relaciones públicas engañosas, también conocidas como Responsabilidad Social Corporativa. Empresas autodenominadas como de comunicación (como, por ejemplo, Estratego) se dedican a camuflar, a construir máscaras que luego las publicitarias refuerzan y los expertos en ciencias sociales avalan.    Que se lo pregunten si no a las decenas de “expertos en desarrollo comunitario” que contratan las empresas petroleras, mineras o agroindustriales cuando prevén conflictos sociales en las zonas en las que operan.

Ahora, de hecho, tenemos que, por ejemplo, también soportar anuncios por doquier que presentan a Minera Panamá como un gobierno corporativo del país: programas de becas escolares, comedores, plan de reforestación, desarrollo comunitario sostenible, etcétera.    Si uno se creyera sus vallas o su sitio en internet pensaría que estos empresarios no quieren el cobre de las entrañas de la tierra, sino hacer el bien a la humanidad. ¡Menos mal que llegaron a salvar a este país!

Uno de los casos más cínicos de máscaras es el de AES Panamá (“10 años de desarrollo energético responsable”). La misma empresa sobre la que pesa ahora la sospecha de una pésima gestión de la represa de Bayano –que dejó sin casa y a la intemperie a cientos de familias durante las lluvias de la pasada semana–, es la que construye el proyecto hidroeléctrico de Chan 75 (o Changuinola I, porque a todo lo que huele mal se le cambia el nombre o la máscara).

Durante años, AES ha sostenido un pulso violento con las comunidades afectadas por este megaproyecto que este Gobierno apoya con uñas y dientes.   Ha fingido negociar, ha mentido sobre los supuestos acuerdos, ha ignorado las recomendaciones de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha comprado periodistas en Bocas del Toro, ha privatizado carreteras de penetración y tiene contratado a un escuadrón de la Policía Nacional para que nadie meta la nariz en su feudo. Pero, insisto, lleva “10 años de desarrollo energético responsable” en Panamá.

Ante los problemas de las inundaciones en la zona de Bayano, AES ha guardado silencio ya que parece que en estos casos la Responsabilidad Social Corporativa con la comunidad pasa a segundo plano. Esta semana, los estrategas de AES Panamá también deberán maquillar un poco más la realidad, ponerse sus mejores máscaras y enfrentar la visita de la CIDH que viene a comprobar la situación de violación de los derechos fundamentales de miles de panameños en el río Changuinola. Imagino que están relativamente tranquilos porque, además de su equipo de comunicación y relaciones públicas, AES cuenta con el inestimable trabajo gratuito del Gobierno en pleno.

En noviembre, el Ejecutivo declaró el proyecto de utilidad pública y urgencia notoria para allanarle el camino, y se ha hecho el sordo, como lo hizo el gobierno anterior, ante las medidas cautelares dictaminadas en 2009 por la CIDH y que exigían la paralización de las obras hasta que los derechos de los habitantes ngäbes de la zona no estuvieran garantizados.

La máscara de AES funcionará a la perfección aunque espero que los enviados por la CIDH sepan ver detrás de la sobredosis de toxina botulínica que esta empresa se aplica cada vez que su perfil perverso asoma y, aunque sea de forma simbólica, se condene el proceder de estos genios del “desarrollo comunitario”. De paso, ya que los de la CIDH están por Panamá, podrían aprovechar para constatar el clima del viejo oeste en el que languidecen los derechos humanos.   Tenemos poco que ofrecerles y mucho que esperar de ellos.

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<> Este artículo se publicó el 14 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De conclusiones y recomendaciones

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La opinión del Jurista y Activista de los Derechos Humanos…

Miguel Antonio Bernal

Tras concluir que “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido. La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa”, la Comisión Especial irrespetada y denigrada hoy por el propio Gobierno que la designó, nos aporta, interesantes recomendaciones, que contribuimos civicamente a divulgar.

1. En aras de la reconciliación, la Comisión recomienda que se dejen sin efecto, mediante los mecanismos legales apropiados, las sumarias en investigación que adelanta el Ministerio Público por supuestos delitos contra la seguridad interna del Estado contra aquellas personas que hubiesen participado en las manifestaciones de Changuinola.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión recomienda que continúen las sumarias en investigación de los casos relacionados al fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo que lleven a determinar las posibles responsabilidades penales que se deriven de estas dos muertes; así como de la comisión de otros delitos comunes acaecidos durante esos días. No debe haber impunidad. Alentar la impunidad es motivar el delito.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que en un futuro las nuevas leyes sean sometidas a una amplia discusión, debate y análisis con la participación de todos aquellos sectores organizados que puedan verse afectados o beneficiados con las mismas, tal como lo establece la Constitución, las leyes y Reglamentación del Órgano correspondiente.

3. Promover un plan de incentivo y desarrollo de la Economía de la provincia de Bocas del Toro que la diversifique, mediante la creación de nuevas actividades comerciales e industriales que generen más oportunidades para la población y estimulen el desarrollo humano. Las políticas asistencialistas deben enfocarse en dos perspectivas: (i) que atienda los problemas inmediatos tomando en cuenta las necesidades vitales de los afectados, y (ii) que propenda a desarrollar las políticas que erradiquen la discriminación y la pobreza de la región.

4. Promover el respeto a la cultura indígena, mediante la divulgación y estudio de sus costumbres y tradiciones. El Estado deberá fortalecer a la Dirección de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno para desarrollar esta labor.

5. Involucrar a la Concertación Nacional en todos los conflictos que se detecten en la zona a fin de construir un espacio de participación y acercamiento que evite la violencia y ayude al Estado a promover soluciones a los problemas del área.

6. Realizar un encuentro entre las autoridades de policía y los dirigentes de la región para generar un clima de entendimiento ciudadano y de reconciliación.

7. Generar y aprobar urgentemente, un manual policial de atención a situaciones de control de multitudes tal como lo establece “Los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptado por la Organización de Naciones Unidas, de la cual Panamá es signataria. Con ello se persigue que el ciudadano de uniforme y el de a pie, conozcan a cabalidad los límites del ejercicio de sus potestades en base a la vigencia del Estado de Derecho.

8. Promocionar una cultura de paz, marginando a los violentos de las manifestaciones ciudadanas. La violencia sólo genera luto y dolor sin que resuelva ningún problema. Esto sin detrimento del derecho ciudadano a la protesta pacífica que no afecte o lesione derechos de terceros.

9. Los graves hechos suscitados en Changuinola, nos llevan a solicitar a los políticos que actúen con prudencia y espíritu superior, cuando se verifiquen situaciones de conflicto.

El Estado es permanente y los gobiernos son pasajeros. Queda claro que las organizaciones políticas deben, desde sus perspectivas y consideraciones, promover la concertación y el entendimiento para lograr objetivos nacionales.

10. Esta Comisión recomienda la adopción del Proyecto de Ley de Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, como mecanismo que asegure una debida atención por parte del Estado a las víctimas de violaciones al derecho a la vida e integridad personal de las personas afectadas (se hace entrega de un posible marco de la ley).”

Lo anterior nos permite recordar que, no podemos dejar que lo ocurrido en Changuinola caiga en el olvido, pero tampoco en la impunidad.

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<>Artículo publicado el  5  de noviembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/bernal-miguel-antonio/

La mafiocracia niega lo obvio

La opinión del Secretario General de CONUSI – FRENADESO….

GENARO  LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

 

Los preceptos filosóficos suelen señalar que la realidad emerge independientemente del nivel de conciencia que tengamos de la misma. Parafraseando, en Panamá, la realidad emerge por encima de los millones de dólares en publicidad que destina el gobierno de Martinelli.   Lo que hoy empieza a salir a cuentagotas en medios de comunicación social, es una verdad que los panameños conocemos porque la vivimos diariamente.

Desde que arribó Martinelli a la Presidencia hemos denunciado su gestión represiva y de persecución contra las organizaciones del movimiento social y las comunidades, situación que ahora aparece en diarios extranjeros. Se trata de The Wall Street Journal, que se pregunta ‘si él quiere, como lo prometió, convertir a su país en la primera economía de mercado o si lo que busca es aumentar su propio poder’ y del Time Magazine, que recoge ‘Martinelli está jugando a ser el hombre fuerte’, calificativo que se le adjudicó al ex dictador Noriega. Si nos atenemos a la masacre de Changuinola, las respuestas a estas interrogantes están más que resueltas.

No satisfecho con la masacre de Bocas, Martinelli, desconoció los acuerdos firmados en la mesa sobre la Ley 30, en materia de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Policía, la cual fue aprobada por el Legislativo, garantizando impunidad a los policías y que éstos pueden excederse en el uso de la fuerza. Esta maniobra del Ejecutivo es una falta a los acuerdos, por lo cual el Colegio de Abogado y CONUSI — Frenadeso demandaremos ante la Corte Suprema de Justicia este nuevo atropello.

Ello obedece a que todos los informes sobre los hechos de Bocas revelan la violación de los derechos humanos por parte del gobierno.   No solo fueron los informes de los organismos de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, de las misiones sindicales (ICM y de la Caravana Internacionalista), sino que ahora un informe de una Comisión Investigadora creada por el Ejecutivo es rechazado por Martinelli, por llegar a las mismas conclusiones. Es que la barbarie cometida no puede ser ocultada por nada ni por nadie.

Pero el irrespeto a los pueblos originarios sigue.   Se impuso un proceso electoral al pueblo Ngäbe Buglé, violentado la independencia del mismo. El Tribunal Electoral desconoció 518 años de costumbres y tradiciones. Pero la dignidad de los pueblos originarios sigue latente, ‘el 80% no acudió a los centros de votación’. La decisión está tomada, la dirigencia indígena no acepta imposiciones.

La realidad sigue saliendo. El informe divulgado por la organización Transparencia Internacional, señala que Panamá se mantiene como uno de los países con peor índice de percepción de corrupción.

Por otro lado, el gobierno insiste en publicitar el éxito económico de su gestión, crecimiento del 5.2% del IMAE y proyección de la tasa de crecimiento del PIB del 7%.   ¿Quién se queda con esta riqueza?   El cacareado crecimiento económico, del cual se ufanan éste y los anteriores gobiernos, es un crecimiento sin equidad, como lo demuestra el último Informe sobre la Desigualdad del PNUD. Panamá ocupa el noveno lugar en el deshonroso ranking de la desigualdad social.

Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que uno de los principales obstáculos para romper con la tendencia a mayor desigualdad en la sociedad es el sistema político: ‘… en especial a las modalidades de representación política. Los mecanismos de toma de decisiones y las formas en que se agregan los intereses de los distintos grupos pueden resultar en la persistencia de la desigualdad o, al menos, dificultar su reducción’.

Este tema fue planteado y debatido por Frenadeso en su II Congreso Nacional, celebrado el año pasado bajo el lema ‘Construir Poder Popular para democratizar la sociedad panameña’.   De allí la necesidad de impulsar los esfuerzos para crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes, que funda una nueva República y de allí, también, la necesidad de construir un instrumento político electoral.

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<> Este artículo se publicó el 31 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¿Embaucaron de nuevo al Presidente?

La opinión del Médico y Político…
JORGE  GAMBOA  AROSEMENA
jgamboarosemena@hotmail.com

Cuando se produjeron los eventos de Changuinola, siguiendo la información que me proporcionaron panameñistas de Bocas del Toro que vivían en carne propia la barbarie represiva de un gobierno incapaz, de carácter oligárquico y autocrático, expresé mi repudio a esos actos.

Ahora, Roberto Troncoso, presidente de la Comisión nombrada por el Ejecutivo presentó el informe de esta Comisión, provocando la reacción del presidente que, injuria a la Comisión al espetarle, sin el menor respeto, que actuaron con miedo a un partido y a un sindicato y mandó a la Comisión a investigar más.

La Comisión censura a las autoridades locales y al Consejo de Seguridad, censura la incapacidad de la Policía (cuya responsabilidad es del Ministro Mulino y el Jefe de la Policía) para manejar correctamente estas situaciones. También recomienda que se desista de investigar a los señalados por el Ministerio Público como sindicados de dirigir o aupar estos hechos pero que se siga investigando a los responsables de las muertes en las que abre el panorama y dice que no solo fueron los 2 muertos directos sino otros 2 indirectos, como han dicho los dirigentes populares y ahora la Defensoría del Pueblo.

En evidente enojo, el presidente defiende la criminal actuación de la Policía y vuelve a ayudar al PRD haciéndolo responsable de una gesta reivindicativa social que el PRD apenas fue tímido participante, que no se atrevían ni siquiera a actuar en las calles con su bandera, por temor al rechazo,  como sí hicieron los panameñistas bocatoreños con honestidad y compromiso.

Vamos mal. Señales hay de sobra, como el desbarajuste en el deporte o como la dada por el diputado Blandón cuando dijo a La Prensa que   “no hay separación de poderes”     Esto es gravísimo; indica que estamos en dictadura, aunque en este momento no necesitan conculcar todas las libertades,    como pocas veces hizo la dictadura de Torrijos,  Paredes y  Noriega.    En otra óptica hoy se vive una reedición del Remonato.

Recordemos que para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente nombró una comisión para que filtrara los aspirantes. Cuando le presentan el informe lo desecha y dijo que no se iba dejar embaucar por ese informe. Ahora dirá que los miembros de la comisión lo querían embaucar?

La Patria se deshace mientras muchos quieren darle un compás de espera a la escalada autocrática.   Exigimos democracia o luego será tarde.

 

<> Este artículo se publicó el 29 de octubre de 2010  en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Changuinola en la memoria

La opinión del Jurista, Docente Universitario y Activista de Derechos Humanos….

Miguel Antonio Bernal

La “Comisión Especial” designada por el Ejecutivo para investigar los sucesos de Changuinola ha concluido que:    “la principal causa de las protestas y acontecimientos violentos en Changuinola fue la forma como se presentó, discutió y aprobó la Ley 30 de 2010, además de su contenido.     La ausencia de un debate ciudadano y la equivocada práctica de incluir materias diversas en un solo cuerpo legal, generó irritación, afectó la convivencia pacífica e imposibilitó una adecuada discusión, que permitiera aclarar dudas y mejorar dicha iniciativa legislativa.”

Preguntaba en mi columna del 16 de julio pasado, a raíz de la visita a Changuinola- los días 1 y 13 de julio- de Mariela Arce del Centro de Estudios y Acción Social Panameño, miembro de Alianza Ciudadana por la Justicia, como parte de una delegación de la Defensoría del Pueblo: ¿Qué pasó en Changuinola?

Sabido es que, muy tempranamente, el Ejecutivo con el auxilio de todo su entorno gubernamental, se apresuró a pretender ocultar la realidad de lo ocurrido. Recordemos que en su informe, Arce subrayaba que: “Los entrevistados de sociedad civil concuerdan que se dio un uso “exagerado de la fuerza”, “se volvieron brutos”, los policías dispararon hasta que se les acababan las municiones. “Esta experiencia ha manchado de sangre la gestión del actual gobierno y ha traído de un solo manotazo los recuerdos de la Dictadura militar, el pueblo bocatoreño, los pueblos indígenas, lloran y piden justicia para sus muertos y heridos con daños permanentes.”

Hoy, en sus conclusiones, la Comisión Especial, por su parte, corrobora que “el hecho de que la empresa Bocas Fruit Company, suspendiera el viernes 2 de julio del 2010 el pago del salario semanal vencido de sus trabajadores, incrementó la agitación social en la región. La Comisión reconoce por igual, la existencia de otras causas de conflicto, como es el caso de los reclamos de sectores indígenas relacionado respeto a las leyes comarcales, tal como se consignó en el Acuerdo Changuinola de 11 de julio del 2010.”.

También nos dicen que: “La Comisión constató el imprudente e inaceptable manejo de los sucesos de Changuinola por parte de las autoridades civiles y políticas de la provincia, quienes fueron (i) incapaces de trasmitir a tiempo y con la mayor certeza a las autoridades centrales del Gobierno Nacional la magnitud de las protestas, y (ii) propiciar un diálogo respetuoso y eficaz con los sindicatos y gremios que se manifestaban, para dar lugar a un acuerdo que evitara las confrontaciones.”

“El Gobierno Nacional no tomó en cuenta las particularidades de una región donde la cultura indígena es vital y donde existen antecedentes históricos de luchas sociales. Esta Comisión estima que frente a las protestas, las autoridades del Estado debieron reaccionar de forma inmediata con ánimo de entendimiento y concertación, considerando que las mismas no pierden su legitimidad cuando escuchan las quejas de la comunidad y toman decisiones teniendo en cuenta las observaciones de los sectores organizados de la sociedad civil.”

“Las pruebas de balística, realizadas y certificadas por expertos auxiliares de esta Comisión, concluyen que los disparos que ocasionaron tales muertes se realizaron a una distancia menor de 15 metros.

“La Comisión constató la conculcación de derechos fundamentales, tales como: Derecho a la vida, a la integridad personal, libre tránsito, acceso a alimentos, atención oportuna y eficaz de quienes requerían servicios de salud, inseguridad, daños a la propiedad privada y a bienes del Estado, afectación a derechos de terceros, privación de libertad y retención de personas contra su voluntad.

“La cantidad de manifestantes lesionados (perdigones) y afectados por los gases lacrimógenos en áreas consideradas “alejadas del conflicto”, resalta el hecho de que las fuerzas del orden no contaban con guías o protocolos para evitar la magnitud de daños directos y colaterales ocasionados al tratar de sofocar la protesta. La utilización de unidades policiales no capacitadas, ni entrenadas para actuar como fuerza en el control de multitudes, agravó la situación.

“A pesar de todos los esfuerzos realizados, la Comisión no recibió información alguna de las autoridades policiales (Jefe de la Policía Nacional y Sub Comisionado Jefe de la Policía Nacional de Changuinola), y del entonces Ministro de Gobierno y Justicia, sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento de los ciudadanos Antonio Smith y Virgilio Castillo, cuyas necropsias determinaron como causa directa de muerte las heridas de perdigones sufridas durante las protestas.   Debió existir un informe sobre las circunstancias de estas muertes.” La reacción gubernamental ante el informe de su “Comisión Especial”, no se ha hecho esperar y, lo irrespetuosa de la misma, hace obligatorio que nuestra memoria no permita el olvido.

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<>Artículo publicado el 29 de octubre de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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¿Recuerdan Changuinola?

La opinión de….

Paco Gómez Nadal

Deben estar orgullosos todos los participantes en la mesa de diálogo (¿diálogo?) sobre la reconvertida Ley 30.    Los intereses de grupo han sido salvaguardados (empresarios, sindicatos y ambientalistas se dan palmaditas de autocomplacencia) y el Gobierno sale con una imagen reforzada como el conciliador que no es.

Mientras, las víctimas de Changuinola, los cientos de heridos, las decenas de personas que han perdido la vista y las familias de los al menos cuatro asesinados han vuelto al injusto silencio del olvido del que nadie ha tratado de rescatarlos.

En un sistema participativo hay que negociar, ceder unos y otros para llegar a acuerdos que permitan seguir adelante y no quedarse atrapados en un enfrentamiento sin fin. Pero no a cambio de la sangre y del dolor del resto.

A la mesa de negociación sobre la Ley 30 se llegó, por desgracia, debido a la crisis de Bocas, a la brutal represión aún sin culpables, al disminuido Acuerdo de Changuinola… pero en esa mesa nadie se acordó de Antonio Smith ni de Virgilio Castillo ni de Leandro Santos ni de Rubén Becker ni de los cientos de víctimas que pusieron su carne para que se negociara la letra.

En los primeros días, los sindicatos hacían soflamas invocando el espíritu de Bocas y el Gobierno juraba rectificación… Nadie habló de un proceso de verdad, justicia y reparación, que debió ser el primer punto de la negociación y sin el cual no se debió seguir discutiendo.

El decreto que creó la supuesta comisión de investigación la comandaba para buscar las raíces históricas, económicas y sociales del conflicto, como si los gorilas del poder no tuvieran responsabilidad en el entuerto. Por supuesto que ese decreto no comandaba a la comisión para buscar a los responsables (eso lo debería hacer la justicia del país, pero eso, ya lo sabemos, no va a ocurrir).

Todo ha vuelto a la normalidad. Los sindicatos seguirán con su estatus actual, los empresarios seguirán tratando de violar el Código Laboral y evadiendo impuestos, los ambientalistas se felicitarán ingenuamente por la salvación de los Estudios de Impacto Ambiental con los que vendió el país el anterior Gobierno y éste y Changuinola, ¡ay Changuinola!,   seguirá siendo un punto en el mapa del territorio y un agujero negro en la cartografía de la justicia. Unas cuantas becas estudiantiles, unos subsidios para fertilizantes, casas para 90 (¡90!) familias pobres y la desidia histórica instalada otra vez en sus polvorientas calles fumigadas de tóxico por cortesía de la Bocas Fruit Company (la silenciosa culpable que perpetua el sistema de esclavitud moderna que se arrastra desde hace más de un siglo).

Y este pueblo, tranquilo. Las encuestas dan un leve repunte para el máximo mandatario, que está en este momento rifando proyectos en las repúblicas caníbales asiáticas; Mulino y Cortés siguen con sus salarios aunque hayan bajado el perfil;   la Procuraduría no ha concluido (quizá ni ha empezado) ninguna investigación sobre los responsables materiales ni intelectuales de la represión en Changuinola, y todos los que osamos criticar esta realidad caemos en el pozo de los “radicales” que no quieren que el país avance.

Normalmente, acusamos (acuso) a los gobernantes de no pensar en el interés público, pero creo que es hora de señalar que todos los sectores sufren de la misma enfermedad. Miradas estrechas y sectoriales que permiten defender a los tiburones mientras la gente malvive acostumbrada a que sus derechos valgan tan poco como la sangre de los mártires de Bocas;   que salvaguardan el derecho a huelga pero que no buscan el derecho al pan o a la vivienda digna; que protegen el crecimiento del PIB pero que no buscan disminuir los escandalosos porcentajes de desnutrición crónica en un país que se dice desarrollado…

Es triste el resultado, pero no es sorprendente. Panamá, un país que ha librado luchas históricas contra la ocupación y sus oligarquías, duerme en un letargo no estudiado desde la invasión de 1989.   Ahora, podemos constatar que vivimos en la democracia de los comerciantes, donde todo se negocia: los contendores, los terrenos, los puestos en la Corte Suprema o en la Asamblea y, por desgracia, la vida de los que se atreven a salir a la calle para airear su dignidad.

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<> Este artículo se publicó el 19  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.
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