El poder de la firma presidencial

La opinión de…

Ramón Barreiro

¿Puede el Presidente vender a un ciudadano como esclavo? Hace poco, La Prensa publicó en portada que el 44% del territorio nacional está potencialmente afectado por concesiones mineras. La cifra es preocupante, no sólo para el medio ambiente, sino también para las personas que viven en el país.

¿Es posible que con estas concesiones no se pase por encima de los derechos de miles de ciudadanos de este país? Nos referimos a derechos relacionados con las tierras afectadas por las concesiones, derechos de propiedad (tenencia, uso, explotación) titulados o no –ya sabemos que el Gobierno considera que lo no titulado es propiedad del Estado, así que parece que de partida no preocupa mucho garantizar la propiedad de los ciudadanos.

¿Qué es lo que busca un Gobierno concesionando las tierras de un país? Aumentar sus rentas. El Gobierno obtiene sus rentas primeramente de los impuestos a la producción. Entonces, lo que nunca hace el Gobierno es calcular sus gastos en relación con sus rentas.

No, los gastos se calculan de acuerdo a nociones vagas como el desarrollo, la equidad, o cualquier término políticamente rentable (¡también hay rentas políticas!). El resultado de siempre es que las rentas no alcanzan y el endeudamiento tiene un límite, por difícil que se crea que es encontrarlo. En consecuencia, los gobiernos se encuentran en una constante búsqueda de nuevas rentas, y concesionar recursos que no pagan rentas es una medida fácil y rápida para mantener el constante crecimiento del Estado.

Un recurso que puede concesionarse tiene la única característica de que no paga las rentas que desea el Gobierno. No importa si produce algo, o si tiene dueño; incluso es posible que pague alguna renta, pero que la renta resultante de una posible concesión sea mayor. El administrador de rentas debe buscar la forma de traspasar la mayor cantidad de recursos posibles al régimen rentista: esa es la naturaleza de la política y el cometido del Gobierno.

La situación minera me recuerda las concesiones del comercio trasatlántico de esclavos.  Las monarquías absolutistas europeas, en su constante búsqueda de rentas, otorgaban concesiones a colaboradores privados para explotar las colonias.

Las colonias africanas presentaban una dificultad: no podían gobernarse. Entonces, no podían extraerse rentas de ellas. La solución fue simple, si la producción no podía ser objeto de rentas, entonces, las personas sí podían serlo: el recurso a explotar era el ser humano.

Los reinos tribales de África secuestraban a las personas y las vendían a los concesionarios coloniales, que de esta forma cobraban las rentas debidas por los “súbditos africanos”, y luego las vendían a su vez a los concesionarios de las rutas esclavistas trasatlánticas, que también pagaban rentas a los monarcas.

Todo el problema presente de rentas pasa por llevar al máximo la extracción de recursos a todos los negocios presentes y “probables” que se lleven a cabo en Panamá.   Resulta ser que la mayor parte del país no es productivo, porque es rentista del gasto público, pero posee recursos que podrían producir rentas al gobierno, para que este a su vez sostenga su clientela política.  ¿Cómo es posible que vivamos en este escenario de explotación?

Resulta que nuestra Constitución, luego de declarar en el artículo 282 que las actividades económicas corresponden a los particulares, lo explica muy bien diciendo a continuación que “el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará (!) o creará (!)”. Parece que, después de todo, el Presidente sí tiene la potestad de vendernos como esclavos… Al final el recurso a explotar es el ser humano.

<> Artículo publicado el 13 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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El colapso del gobierno municipal

La opinión de…

Ramón Barreiro     

“Cuando advierta que para producir, necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare en que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”. La Rebelión de Atlas, Ayn Rand.

Tenemos una crisis de gobernabilidad en la Alcaldía de Panamá. ¿Qué podemos aprender de ella? No pensemos ahora en lo concreto, que el alcalde no renuncia, pero acepta que el líder de su partido sea un alcalde en la sombra; pensemos en lo trascendente, lo que meramente confirmó el Presidente de la República cuando pidió al alcalde que renunciara: nadie reconoce la autoridad del Municipio de Panamá, y en consecuencia, no hay autoridad política en la ciudad de Panamá.

La situación política del Municipio es extraordinaria. Todo lo que hace que la ciudad funcione y crezca sigue su marcha y lo que no funciona (el Municipio) se ha detenido, y no hay caos en las calles, los contratos se celebran y se cumplen, la comida llega a los platos, el Mundial entretiene a todos. ¿Qué demuestra esto? Primero, expone el fundamento mismo del poder: solo puede gobernarse a quienes consienten ser gobernados. El principal instrumento para gobernar de quienes ostentan el poder, es precisamente cada individuo gobernado: ese es quien vigila el cumplimiento de las normas, es quien cumple las normas, es quien paga impuestos y los cobra, es quien reprime a los descontentos, es quien cuida y habita las cárceles; somos usted y yo, los que una y otra vez consentimos ser serviles al político corrupto e incompetente, quienes mantenemos esta sociedad con gestos constantes e increíbles de autosacrificio.

Preocupa a los ambientalistas lo que pueda hacer el Ejecutivo si no está atado a presentar estudios de impacto ambiental para las grandes inversiones públicas o para las importantes concesiones que requiere el desarrollo del país. Vean el Municipio y reconozcan la realidad: la única forma que tiene el Gobierno para construir un cuartel en medio del Parque Metropolitano es aceptando los impuestos que nosotros consentimos pagar y entregándolos a otros que consienten realizar la obra a nombre del Gobierno.

No habría ningún riesgo de daño al parque si nadie estuviera dispuesto a construir el proyecto del Gobierno, o si nadie estuviera dispuesto a pagar impuestos que van a ser utilizados para fines que reprueban. No habría concesión minera si no aceptáramos que el Estado puede disponer del territorio nacional al antojo del déspota de turno, si no entregáramos nuestras propiedades bajo ningún precio, si no reconociéramos que el Estado tiene algún derecho sobre cualquier tierra de este país en el que vivimos.

El Municipio nos recuerda que los gobiernos subsisten por una combinación de dos causas: por el apoyo de quienes se aprovechan y ganan del statu quo y por la desidia de quienes sostienen el sistema de servidumbre. El gobierno municipal colapsa y del estruendo de sus paredes caídas llega un mensaje claro al ciudadano honesto de este país: la servidumbre es voluntaria.

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Este artículo se publico el 12 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

La retórica de la complacencia

La opinión de…..

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Ramón Barreiro

En el debate político hemos asumido una manera de hablar, una retórica llena de frases populares que cuando aparecen en cualquier discurso logran la aprobación inmediata de muchos, la absoluta perplejidad de algunos y la repugnancia de pocos.   Me refiero a ese discurso al que llaman “políticamente correcto”, que más bien debiera ser tildado sencillamente como demagogia, y que  yo voy a llamar una retórica de la complacencia.

Cuando alguien se para y habla de “los consensos”, de la “democracia participativa”, del “derecho al desarrollo”, de “humanizar al mercado”, frases reiteradas una y otra vez en debates televisivos y discursos políticos, contenemos la respiración y asentimos verdaderamente complacidos; hemos encontrado la difícil y misteriosa solución a los “grandes temas”… Y nuevamente, le hemos dado la espalda a lo que necesita solucionarse, eso que sí es importante, los “pequeños temas”, los temas de las personas.

Los “grandes temas” son un engaño, ¡más de lo mismo!   Decir que tenemos derecho al desarrollo es sencillamente una mentira.   Los derechos implican que alguien está obligado a hacer algo para cumplir el objeto de esos derechos; en definitiva, si yo tengo derecho al desarrollo, alguien está obligado a dármelo, y una y otra vez aparecen políticos más que dispuestos a la faena. ¿Y qué es lo que nunca me dan entre promesa y promesa de desarrollo? El reconocimiento de verdaderos derechos que me van a permitir a mí desarrollarme: mis derechos de propiedad, mi derecho al comercio; es decir, el reconocimiento de que soy dueño de mi persona y bienes y que puedo disponer de ellas como me parezca.

“Humanizar el mercado” es otra de las favoritas. Como si éste fuera la creación de algunos para ser impuesto a todos, y como funciona, debemos preservarlo, pero haciéndolo más humano. Señores, un mercado no es una creación de nadie, es un fenómeno, es algo que sucede cuando las personas se juntan a comerciar. El mercado que tenemos es el resultado de nuestros usos de comercio. Si usted y yo percibimos que el mercado no es humano, será porque un político no nos reconoce nuestros derechos humanos, especialmente aquellos importantes en el ejercicio del comercio. Por supuesto, se reconoce que tenemos un “derecho al desarrollo”, o sea, a recibir la caridad del Gobierno.

“Los consensos” y la “democracia participativa” son frases siempre bienvenidos. Para empezar, ningún Estado puede subsistir si no existieron en su momento de fundación consensos muy concretos; básicamente una visión de país. Para saber cuáles son, no necesitamos hacer “comisiones” y “pactos sociales”, solo necesitamos estudiar historia, leer esos documentos apolillados que solo reconocemos por su nombre y no por su contenido, me refiero, a las dos declaraciones de independencia, a la Constitución de 1904, a las constituciones federales de nuestra etapa de unión a Colombia, y a obras como El Estado Federal de Justo Arosemena. Allí hay consensos muy concretos, como la igualdad ante la ley, o el derecho a comerciar, sobre los que ya podemos ir trabajando.

Y la nueva panacea, “la democracia participativa”… Recuerdan cuando los expertos decían que la transición a la democracia y su consolidación era lo que necesitaba América Latina para que llegara el desarrollo, ¿y qué pasó? Todos nos democratizamos y unos se desarrollaron y otros no. ¿Por qué? La democracia tiene poco que ver con el desarrollo. El desarrollo se consigue a través del trabajo y respetando que cada uno aproveche como quiera de sus frutos. La democracia, con todos los adjetivos que a usted se le ocurran, es un sistema de toma de decisiones, no es el edén político; es una manera de hacer que los políticos se esfuercen por convencer al resto de los ciudadanos, lo que parece ser mejor que dejar que sencillamente decidan entre ellos qué hacer con los ciudadanos. Lo que sí puedo asegurarle es que ningún político le va a dar a usted o a mí “el desarrollo”, o “un mercado más humano”; esas cosas las logramos usted y yo en la ausencia de los políticos.

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Este artículo se publicó el 24 de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El país de los enclaves

La opinión de…….

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Ramón Barreiro

Uno de los objetivos más importantes de la actual administración es la atracción de inversión extranjera. Reconozco de antemano que aprecio tanto la inversión extranjera como la nacional; los ahorros hechos por un panameño y los hechos por un extranjero, si se deciden a invertirlos en Panamá, crean igualmente riqueza para el país.

En consecuencia, lamento cuando una empresa extranjera no invierte en Panamá debido a que no encuentra condiciones favorables para ello, por deficiencias infraestructurales, institucionales o humanas.

Al parecer es el caso de General Electric; en reportaje del diario La Prensa, del 20 de enero, titulado “Panamá se queda sin laboratorio de GE” se lee: “La multinacional General Electric descartó instalar en Panamá un centro de exportación de software y servicios para atender a sus clientes de todo el mundo por la falta de personal cualificado en las nuevas tecnologías en el país”.

¡Escandaloso! Otra prueba más del mal estado de la educación en el país… Sin embargo, esta no era la noticia que me pareció más llamativa; el reportaje continúa, “desde la empresa apuntaron que como la decisión se tomó cuando el Gobierno panameño estaba en etapa de transición, no se pudo negociar un régimen laboral especial para el proyecto”.

GE no viene a Panamá porque no tenemos personal calificado, pero… ¿por qué no lo trae de fuera? Seguramente la incorporación de recursos humanos especializados, que no existen en el país, ayudarán a que sus capacidades sean transmitidas al personal nacional de la empresa, e incluso, los propios especialistas extranjeros podrán ser aprovechados por empresas nacionales interesadas en expandir sus negocios a los servicios tecnológicos que dichas capacidades permitan desarrollar. Esta parece una solución sencilla, pero en Panamá es una solución inviable.

En Panamá existen leyes que protegen a los profesionales de sus competidores extranjeros, leyes que prohíben que una profesión liberal determinada pueda ser ejercida por un extranjero en el territorio nacional (aproximadamente 55 profesiones liberales); además, nuestro Código de Trabajo ordena que todo empleador “podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de trabajadores”. Esto quiere decir que en Panamá los extranjeros solo pueden emplearse para trabajos cualificados, y en una proporción fija que no puede contravenirse en ningún caso; pero, por encima, si la cualificación coincide con alguna de las profesiones liberales protegidas, es ilegal contratar a un extranjero.

Estas prohibiciones no reflejan la realidad del país. Las empresas multinacionales establecidas en Panamá, la Autoridad del Canal, la Zona Libre de Colón y otras zonas económicas “especiales”, y la misma Ciudad del Saber, no observan estas protecciones a los profesionales locales, ni los porcentajes y limitaciones establecidas por el Código de Trabajo. ¿Y por qué deberían hacerlo? Nadie ha demandado la inconstitucionalidad de estas normas, pero, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política, que reza “no habrá fueros o privilegios por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”, es obvio que dichas normas establecen privilegios por razón del nacimiento del sujeto; y más grave aún, es un privilegio referido al trabajo, del que depende el sostenimiento y el desarrollo de la propia vida.

Si desde el Gobierno se reconoce que el desarrollo económico necesita de condiciones institucionales, o sea, no observar un montón de leyes labores, arancelarias, tributarias, administrativas, etc., ¿por qué otorgar estas condiciones como privilegios a ciertos grupos de inversores? Las empresas panameñas que quedan fuera de estos enclaves económicos están supuestas a competir asumiendo el costo añadido de toda la legislación de cuyo cumplimiento se exime a los privilegiados; ¿no se quiere incentivar la creación de empresas? Parece que las autoridades se creen que todas la PyMES son estanterías de buhoneros y cultivos de subsistencia.

Si tanto le costó a Panamá superar el enclave colonial estadounidense sufrido por casi un siglo, ¿por qué ahora vamos a tolerar los panameños enclaves económicos? El Gobierno reconoce que hay leyes que frenan el desarrollo, lo hace eximiendo del cumplimiento de éstas a los grupos económicos e inversores que le interesan. Es hora de que muestren interés por el resto del país eliminando todas las leyes que privilegian a panameños y extranjeros.

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Publicado el 1 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Qué pasó en Honduras?

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La opinión de….

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RAMÓN   BARRREIRO

He tenido una experiencia muy interesante participando como observador en las elecciones hondureñas del pasado 29 de noviembre. Me ha permitido entender las causas de una crisis política que implica mucho más que responder a la pregunta de si en Honduras hubo o no un golpe de Estado.

Panamá decidió reconocer el proceso electoral, en mi opinión una decisión correcta, por dos razones: primero, es un proceso iniciado con anterioridad al inicio de la crisis que provocó la deposición del presidente Mel Zelaya; segundo, es un paso necesario para resolver la crisis institucional hondureña.

La crisis hondureña no es el resultado de la violación de su Constitución y leyes; es el resultado de su Constitución y leyes. El régimen constitucional de 1982 marcó el inicio de una lenta e inacabada transición del gobierno militar al gobierno civil. Es sabido por los analistas políticos que han vigilado la evolución del régimen democrático hondureño que el gobierno en Honduras, hasta el mismo inicio del presente siglo, tenía dos cabezas: el alto mando militar y la Presidencia, siendo la cabeza dominante la primera.

Los últimos cambios constitucionales han logrado en el papel la sujeción del mando militar al gobierno civil; sin embargo, los términos de esta sujeción siguen siendo difusos, ya que la Constitución reconoce como propósito de las Fuerzas Armadas, “defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución”. Así, las Fuerzas Armadas son garantes del orden constitucional, una función que en cualquier régimen republicano corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

El régimen político hondureño parece sostenerse gracias a un acuerdo político entre los tres actores políticos dominantes, a saber, las Fuerzas Armadas y los partidos Liberal y Nacional. La Constitución resulta ser un instrumento de vigilancia para el cumplimiento de este acuerdo, del cual las Fuerzas Armadas son garantes. En consecuencia, cualquier intento no concertado entre todas las partes, de modificar las reglas del acuerdo político, implican la remoción del elemento discordante, que en el caso de la presente crisis resultó ser el presidente Mel Zelaya. Tristemente, la Constitución es permeable a legitimar cualquier alteración del orden político.

Ahora, las elecciones contribuyen a una salida a esta crisis política, que hemos definido como la crisis del orden constitucional de 1982, porque supuso que todos los actores políticos dominantes apoyasen un proceso electoral relativamente transparente en el que se garantizase la honestidad del sufragio. Estas elecciones sientan así un precedente democrático a un nuevo gobierno que tendrá el reto de resolver las causas de la presente crisis.

¿Qué necesita Honduras para superar esta crisis? Se debe garantizar que las elecciones sean un proceso transparente de transición política y no una negociación de la alternancia política. El proceso electoral del 29 de noviembre fue honesto, pero las condiciones de independencia del Tribunal Supremo Electoral no están dadas. Es fundamental lograr la real sujeción de las Fuerzas Armadas al gobierno civil, de forma que el objetivo constitucional de la obediencia y la no deliberación política sea algo más que una declaración bienintencionada. Finalmente, se requiere un nuevo orden constitucional, uno verdaderamente republicano, que no dé paso a la negociación política de las funciones de cada uno de los órganos de gobierno.

La resolución de la crisis hondureña sigue siendo incierta. Los ciudadanos hondureños no merecen que los términos de la crisis se resuman en una oposición internacional al proyecto chavista para la región, como pretenden muchos de los observadores internacionales presentes el 29 de noviembre. Honduras necesita un nuevo pacto político que garantice el gobierno republicano, un sistema político de balances y contrapesos con instituciones políticas no controversiales. Para Pepe Lobo y el Partido Nacional el gran reto parece ser el renunciar al statu quo que ahora les favorece.

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Publicado el  14 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

¿Cómo administrar lo público?

La opinión de….

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RAMÓN   BARREIRO

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¿Cómo administrar lo público?

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Todos los gobiernos del mundo tienen la merecida fama de ser ineficientes. Nunca se invierte lo necesario, los recursos se desperdician en más burocracia, la administración pública es muy política, el clientelismo y la corrupción son prácticas comunes, etc.

Sea en países en vías de desarrollo o desarrollados, democracias o dictaduras, los gobiernos nunca se salvan de ser criticados por su falta de eficiencia… Sufrimos malos gobiernos porque la administración pública es ineficiente, ¿eso quiere decir que un gobierno eficiente es un buen gobierno?

Los pensadores liberales clásicos consideraban que el gobierno era un mal necesario, pero en definitiva un mal, que no podía reprimirse porque era la forma de organización de una faceta muy particular de la vida en sociedad: la política.

Fue entonces el principal objetivo de su reflexión política descubrir las formas de control que lograsen mantener a raya los males del gobierno.   Si seguimos las conclusiones de estos pensadores, los gobiernos eficientes no son de por sí buenos gobiernos, porque muy bien pueden ser eficientes en un sentido perverso, por ejemplo, facilitando que una clase política abuse de la sociedad.

La eficiencia en lo público tiene un objeto distinto al que se le da en lo privado.   No se puede prescindir de los controles establecidos para la administración pública si no se piensa que los hombres, de lobos, han pasado a ser corderos. En lo público debemos buscar la eficiencia en los controles y en la política.

Las sociedades se valen de iniciativas individuales y colectivas para avanzar en el bienestar de sus integrantes; para que las segundas tengan resultados positivos requieren de una serie de incentivos y procedimientos que permitan que los beneficios incluyan a toda la sociedad.

Descubrir los mejores incentivos y los procedimientos más eficientes es responder a la pregunta de cómo administrar lo público. Para lograr cualquier objetivo comenzamos bien si pensamos en emplear los procedimientos que nos permitan aprovechar mejor los recursos con los que disponemos; obviamente esto también vale para lo público.

Sin embargo, hay una diferencia crucial: los recursos del gobierno se originan en su capacidad de ejercer coerción para obtenerlos de la sociedad; esto quiere decir que el gobierno suplanta a los integrantes de la sociedad en las decisiones que estos harían sobre los recursos extraídos.

Toleramos esta confiscación porque suponemos que hay un interés inclusivo –compartido por toda la sociedad– sobre ciertos usos que podrían darse a dichos bienes.

Esto nos indica ciertos imperativos:

primero, los usos públicos de los recursos deben ser discutidos ampliamente en la sociedad y su aprobación debe darse por consenso;

segundo, cuando la decisión política de qué hacer ya ha sido tomada, el cómo hacerlo debe sustraerse del proceso político; y

tercero, los resultados deben ser de conocimiento público, y ser sometidos a una discusión pública que permita tomar una decisión sobre la continuidad de cierto uso público de los recursos entregados al gobierno.

Aplicar estos tres principios a nuestra administración pública supone una auténtica revolución: separar la administración de los recursos del proceso político y hacer de éste un mecanismo de control que asegure el uso responsable de todos los recursos destinados a usos públicos.

¿Cómo hacer del político dado al clientelismo y a la corrupción el garante de la buena administración? Todo se basa en un sistema de incentivos; si la administración no está en manos de los políticos, sino la decisión de qué debe hacerse con los recursos dados al gobierno, el proceso político se convierte en un mecanismo de la ciudadanía para la rendición de cuentas.

Al final de la discusión, la buena administración pública no está hecha de buenas personas, sino de buenos controles.

La Fundación Libertad les invita a la conferencia “La Nueva Gestión Pública: ¿cómo administrar lo público?, donde se tratarán temas como la administración competente y responsable, la gestión pública sin política y la política como control ciudadano. Para más información del evento, contáctenos en el 399-1466.

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Publicado el 16 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Las tierras y el círculo del poder

La opinión de……

Ramón Barreiro

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Las tierras y el círculo del poder

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El autócrata populista tiene como objetivo fundamental extraer el máximo excedente posible de la sociedad para incrementar su poder político y su influencia internacional; esta es la razón por la que han existido muchas autocracias “benevolentes” que se han interesado en propiciar las condiciones de seguridad adecuadas para que las sociedades bajo su dirección crezcan y sean prósperas.

En la mente del autócrata “benevolente”, si la sociedad es próspera, más recursos puedo extraer aplicando menos fuerza.   Muchas de las autocracias fracasadas –aquellas cuyos autócratas sobrevivieron a sus gobiernos personales, no aplicaron debidamente esta lección y ahogaron a sus sociedades en el dirigismo, la discrecionalidad y la corrupción, hasta el colapso económico y político de sus regímenes.    Sin embargo, gracias a Stalin, hay una forma viable a largo plazo de acaparar todos los excedentes de una sociedad sin permitir la aparición de condiciones que permitan la prosperidad de las personas.

Cuando Stalin confiscó toda la propiedad productiva –recuerden que gracias a la Nueva Política Económica de Lenin las tierras del campo no eran del Estado soviético, y logró el control de todo lo que se producía para el consumo en los territorios de la Unión Soviética, estableció dos tipos de impuestos a las rentas personales: uno explícito, que confiscaba una parte del salario, y otro implícito, a través de un costo de vida elevado, o tan elevado como para mantener a todas las personas en condiciones de subsistencia.

¿Cómo funcionaba el impuesto implícito?  La clave estaba en asegurarse a través de un control de precios estricto a los bienes de consumo final, que cualquier persona tuviera que emplear todos sus ingresos para consumir solo aquello que necesitase para subsistir; de esta forma, se eliminaba la posibilidad del ahorro personal, y en consecuencia, todos los ahorros eran acaparados por el Estado, único ofertante de los bienes de consumo.   La economía era terriblemente ineficiente, pero el autócrata era muy eficiente acaparando recursos, los cuales eran prontamente utilizados para aumentar su poderío militar, consolidando su poder en el interior y su influencia en el exterior.

El nuevo proyecto de titulación de tierras costeras e isleñas, de nuestro país, demuestra que aún subsisten muchos aprendices de Stalin.   El proceso de titulación parece estar diseñado para una sola cosa: nada de titulación a gran escala, a menos que beneficie a los “de dentro”.   La forma es incorporar un impuesto implícito a la tierra a través del control de las compras de los títulos y derechos.   Lo importante es garantizar dos cosas: que la tierra sea utilizada para los fines deseados por la clase política debido a las rentas especiales que generan –por ejemplo, el turismo, especialmente el de grandes resort, y que los precios de venta estén inflados y siempre cuenten con la participación del Estado en las rentas.

Para ello se requiere un concepto legal que le conceda al Estado la titularidad compartida o total de todas las tierras en cuestión: el derecho posesorio no es un derecho de propiedad y las tierras sin titular son todas baldías y en consecuencia de propiedad del Estado.

La supuesta concesión de títulos gratuitos a terrenos que por su tamaño no interesan a las grandes explotaciones que busca fomentar el Estado –o sea, los proyectos turísticos, es una estrategia para conseguir el apoyo popular a la ley, que bajo el eslogan de “ahora le toca al pueblo”, busca que la reforma confiscatoria sea vista como una medida para evitar la explotación de los más pobres por los más ricos; lo interesante es que tampoco se reconocen derechos de propiedad completos a los titulares de las tierras costeras de cinco mil metros o menos, porque de las ventas de esos terrenos  también debe participar el Estado cobrando un precio adicional determinado por el círculo del poder, por siempre y para siempre.

La prosperidad de las personas necesita que se eliminen las excepciones en el reconocimiento de sus derechos.   No podemos tener un país próspero y equitativo si los derechos son privilegios otorgados desde el círculo del poder.   Los derechos posesorios son el origen de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad no tienen ningún valor si no se reconoce la autonomía de los propietarios para disponer libremente de su propiedad, lo que incluye la capacidad de vender.

Si permitimos que el Estado se considere copropietario de nuestras tierras, todo lo que podamos hacer con ellas requerirá del apoyo de un político, y creo que a estas alturas, todos los panameños sabemos que para lograr el apoyo de un político se requiere hablar en dólares.

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Publicado el 12 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.