Ley de protección de menores

La opinión de…..

NOEMI L. CASTILLO J.

Panamá no tiene una estrategia nacional para la reducción de la violencia y la criminalidad, que proteja a los menores. El Comité de los Derechos del Niño ha hecho observaciones importantes con respecto de las reformas introducidas al Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, considerando que se advierte una “tendencia de ampliar el uso de la privación de libertad, como método preferente de control sobre las y los adolescentes, pese a que no hay evidencias en estudios nacionales que sugieran que el internamiento, en general, y el internamiento prolongado, en particular, condicionen favorablemente el cambio de conducta de las y los adolescentes infractores”… “También hay preocupación porque el Estado panameño no ha hecho lo suficiente para que el sistema de administración de justicia de menores se ajuste a los principios y normas establecidos en el Comité de los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales relacionados”. (UNICEF, 2011, P. 27).

La Constitución Política la República de Panamá (2004), establece la protección de menores como uno de los deberes fundamentales del Estado. También garantiza instituciones de justicia y resocialización especializada para adolescentes. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta ahora es ampliar el número de delitos y aumentar la pena máxima de privación de libertad de los adolescentes, entre los 7 y 12 años, expresando que, al cumplir los 18 años, el joven que todavía no termina de pagar una sentencia, pasaría a los centros de detención para adultos. La Ley 6, del 8 de marzo de 2010, mantiene en 12 años la pena máxima, pero baja a 12 años la edad en la que un adolescente puede ser procesado.

En 2007, el Ministerio de Desarrollo Social presentó a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que se mantiene archivado. Las modificaciones discutidas y aprobadas en los últimos años se han focalizado en el tema de la responsabilidad penal de la adolescencia, dejando de lado la creación de un sistema de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que articule “la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas de protección, y organice los diferentes niveles de atención e intervención en el ámbito nacional y local”. (UNICEF, 2011, P. 28).

Con base a las estadísticas de criminalidad del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a pesar del endurecimiento de penas, la conducta delictiva de los menores de 20 años ha experimentado un fuerte incremento a partir de 2009, lo que indica que la penalización no es la clave para reducir los casos delictivos. Las investigaciones demuestran que una política integral de prevención puede contribuir a disminuir la conducta delictiva de mejor manera que el endurecimiento de penas. Si queremos una sociedad más segura e igualitaria, necesitamos que los jóvenes se sientan protegidos para que ejerzan plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. El futuro del país depende de una nueva generación de individuos trabajadores, creativos y productivos. Es necesario contar con una estrategia nacional para la protección de los menores.

<>  Este artículo se publicó el 24 de enero de 2014 en el diario La Prensa y fue enviado hoy 7 de junio de 2016 como mensaje a al chat de Facebook de este editor,  por Don Alberto Barrow.  Damos a la autora y a todos los medios que lo publicaron el crédito que les corresponde.

 

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Los indígenas y la nueva reforma del Código de Recursos Minerales

La opinión del Doctor en Derecho…


ERNESTO CEDEÑO ALVARADO
abogado@ernestocedeno.com

Con la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, se reforma el Código Minero en Panamá, en varios aspectos que darán ocasión para acalorados debates en diversos foros. Sin embargo, en torno al tema indigenista, pareciera que la normativa preserva varios aspectos que pretenden fortalecerlos como etnia.  Estos son como siguen:

1.— Todos los planes mineros del sector deben ser motivo de divulgación previa. Esto está legislado en el artículo 29, cuando reza que para la exploración y explotación de minerales metálicos o no metálicos en zonas comprendidas dentro de las comarcas indígenas, el Estado y el concesionario deberán llevar un plan de divulgación para que las autoridades y las comunidades indígenas sean informadas y puedan plantear voluntariamente su punto de vista respecto a la actividad minera.

2.— La minería no puede afectar sus derechos. La norma ut supra, también plantea que las actividades deberán garantizar los derechos de la población en beneficio y cumplimiento de los principios de desarrollo sostenible y protección económica, procurando su participación de conformidad con las leyes que crean dichas comarcas. (Véase el artículo 29).

3.— La comunidad indígena tiene el derecho de emitir sus observaciones, en todo estudio de impacto ambiental. El artículo 30 repite que el estudio de impacto ambiental para el desarrollo de la actividad minera en las comarcas indígenas deberá incluir el impacto social, tomando en consideración las características culturales de la población afectada. El resultado del estudio deberá ser presentado a la autoridad competente, la que les dará copia a las comunidades indígenas a través del Consejo de Coordinación Comarcal o de las autoridades respectivas, a fin de que puedan presentar sus observaciones en un término no mayor de treinta días.

4.— La producción de la minería, debe honrar los mecanismos de producción limpia. El artículo 28 es claro cuando consigna que quedarán sujetas a los mecanismos de producción más limpia en todos los procesos las personas, naturales o jurídicas, que opten por una concesión de exploración o explotación de recursos minerales metálicos o no metálicos.

5.— Los concesionarios deberán cumplir su plan de desarrollo social empresarial en la etnia y en toda la minería. Esto lo ordena el Artículo 32 ibídem, cuando define que las empresas mineras, en atención a su responsabilidad social empresarial, deberán diseñar, desarrollar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos que permitan el logro de objetivos sociales de mejoramiento en la calidad de vida de la población y la prevención y reparación de los daños ambientales en las regiones, subregiones o zonas de su influencia.

6.— Las comarcas ahora tendrán un mayor porcentaje de los beneficios que deba percibir el Estado. El Artículo 26 consigna este presupuesto cuando especifica que a los municipios y comarcas donde se realicen actividades de exploración y explotación minera por razón de una concesión, les corresponderá el 20% de los beneficios que, de acuerdo con el Código de Recursos Minerales, deba percibir el Estado de tales actividades.

Dicho ingreso será recaudado directamente por estos municipios y comarcas, con base en los cálculos que prepare la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias, y será dirigido únicamente a programas de desarrollo en áreas de educación, salud y proyectos de inversión social requeridos por las comunidades. Del porcentaje establecido en este artículo, corresponderá el 5% a los corregimientos colindantes con los municipios y comarcas en un radio de distancia de hasta 35 kms. de las concesiones donde se realicen actividades de exploración y explotación minera por razón de una concesión.

Este ingreso será transferido directamente a las juntas comunales o comarcas respectivas que lo distribuirán equitativamente entre estas, exclusivamente para programas de desarrollo en áreas de educación, electrificación rural, salud y proyectos de inversión social requeridos por las comunidades.

Por lo antes expuesto, es mi deseo que el tema del pueblo indígena en la minería, se pueda analizar sin pasionismo ni filosofía política partidaria, preservando siempre los principios democráticos de un pueblo, que se debe siempre tener en cuenta.

 

Este artículo se publicó el 14 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Agua: una crisis sin olor, sabor ni color

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La opinión del Presidente del Parcalen…

Dorindo Jayan Cortez

Transitamos por una crisis real, agónica. Nos llega, esta crisis, sin olor, sabor ni color y se llama agua. Los panameños vivimos en carne y hueso, así como se ha dado en otros lugares, la escasez de tan vital líquido. Es una de las dificultades que, a lo largo de la república, ha afectado a miles de familias cuya angustia se hace sentir en cada mañana al percatarse que de las regaderas, de los grifos, no se obtiene nada.
Hablamos de un derecho humano fundamental, por lo menos como Declaración. Pero, no es la falta de agua, per se, el problema; en América y Panamá, en particular, somos ricos en recursos hídricos, por lo que son otras las causas de la crisis.

Ya antes de esta aguda crisis, el 11% de la población panameña no tiene agua, y entre el 27 y 35 % lo obtiene de manera irregular.    Son muchas las familias que viven, en su cotidianidad, en el corre – corre para llenar galones. Y cuando llega algo del vital líquido, hay que apurarse, madrugar, a llenar vasijas antes que se vaya.    Es un panorama caracterizado por la incomodidad y que hoy, ante los desastres naturales y ausencia de política pública, se nos presenta como un verdadero caos que amplía el problema a vastos sectores de la ciudad y sus alrededores.

Los medios han mostrado el lamentable panorama, la desesperación generalizada de hombres, mujeres y niños, identificados por un destino común, tétrico, no experimentado nunca antes, pero que podría repetir.

Hay quienes piensan que la próxima guerra mundial va ser por el agua. Si observamos lo que ocurre en el mundo con las sequías y las inundaciones, sumado a la falta de políticas públicas pertinentes, además de lo esencial que para la vida es el agua; todo ello hace pensar que las desigualdades existentes en el manejo del agua (y su escasez propiamente tal) pueden ser generadoras de grandes y devastadores conflictos.

Que cada familia panameña goce del beneficio del agua resulta necesidad primaria, vital para su desenvolvimiento. También lo es para los inversionistas, para los pequeños y grandes negocios; la escasez del agua, o falta de presión, representa un dolor de cabeza que encarece los costos de las actividades y que, al final, se trasladan a la población.

Si antes, como me comentara un inversionista de la construcción, era urgente definir una política para la eficiencia del IDAAN, ahora se agotan los espacios de espera para lograr una estrategia nacional del agua que enfatice una política de respuestas continua, no coyuntural, como lo fue en el 2003 el programa “agua para todos”.

Tenemos que mirarnos en el espejo de otras realidades y tomar en serio las recomendaciones, como las del Foro Mundial del Agua, en la que se propuso un marco de exigencias para enfrentar el flagelo.

En dicho Foro se recomienda:

(a) el agua es un derecho humano fundamental, debe garantizarse su acceso en calidad y continuidad;

(b) que la sociedad civil participe en la toma de decisiones…;

(c) Que las comunidades rurales cuenten con fuentes seguras de abastecimientos de agua; (

d) Que nuestros bosques, sabanas, humedales… se conserven como fabricas de agua y se desarrolle una gestión y conservación integrada de las cuencas hidrográficas.

 

Además de estas recomendaciones, creemos que una política nacional que incluya soporte técnico, recursos suficientes, continuidad administrativa sin politiquería, una visión a larga duración con respuestas permanentes y previsibles, es lo que necesita Panamá para superar esta grave crisis incolora.

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<>Artículo publicado el 20  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Sangre en las venas

La opinión del Sociólogo, Escritor y Educador…

Raúl Leis R. 

Mientras escribo estas líneas ha muerto otro niño quemado en los sucesos del Centro de Cumplimiento de Tocumen, pues según la Convención de los Derechos del Niño se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad.   No tiene sangre en las venas ni merece llamarse humano, quien justifique lo ocurrido, y quien no se indigne y clame por justicia ante tamaña iniquidad.

Esa misma convención obliga a los Estados en su Artículo 37 que todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, por lo que no pueden ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad.

Lo que los hechos permiten apreciar es que lo ocurrido viola flagrantemente este artículo, tanto por las golpizas y perdigonazos, y por la aplicación de facto de la pena capital con alevosía, premeditación y ventaja. El Centro de Cumplimiento con una capacidad para 70, tenía 150 jóvenes detenidos, pues la justicia continua enviando a jóvenes al hacinamiento en condiciones indignas para seres humanos y menos para niños.

Se está creado un clima permisivo para el abuso de la fuerza y la arbitrariedad aupado por Ley 74 del 27 de octubre del 2010 exime a los policías de la detención preventiva y suspensión provisional del cargo público que desempeña hasta que concluya el proceso. Además los discursos oficiales de alto nivel animan este clima, ejemplo cuando un Ministro afirma a los policías   “A los que intenten fugarse deben tirar a matar”; otro califica de indios salvajes, borrachos a trabajadores bocatoreños en huelga, o un Presidente declara la guerra a la delincuencia así “En nuestro gobierno les espera el hospital, la cárcel o el cementerio”.

El abuso de autoridad o de poder, es el exceso indebido en el ejercicio de la función pública, y es el delito que comete quien investido de poderes públicos realiza en su gestión actos contrarios a los deberes que le impone la ley, por lo que afecta la libertad de las personas, las intimida o les causa vejámenes, agravios morales o materiales, y peor, la muerte.

En la antigua Roma, Catón el Mayor le pregunta al Senado, quienes querían organizar una especie de policía:   “¿Quis custodiet ipsos custodes?” (¿Quién va a vigilar a los vigilantes mismos?).   La respuesta es construir el país que aspiramos, una nación de leyes y de instituciones cimentadas en los derechos de los ciudadanos.   Donde funcione la democracia y la justicia, con fuerzas policiales profesionales, eficaces, sujetas a mecanismos de control transparentes e idóneos, respetuosas de los derechos humanos. Para ello debe aplicarse la selección, formación de los agentes de orden público, la investigación penal y administrativa de autoridades involucradas en violaciones a los derechos humanos, y la creación de sistemas de control internos y externos idóneos.

<>Artículo publicado el  19  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El pele police, un infame instrumento de represión

La opinión de….

PEDRO  RIVERA  RAMOS
pedrorivera58@hotmail.com

Ha sido la inseguridad en nuestras calles, barrios y hogares, la excusa principal que los gobernantes de antes y de ahora, han aprovechado para suspender, limitar o conculcar derechos y libertades públicas, que se creían sagradas.

 

El miedo a perder la vida, bienes o ambas cosas, nos ha conducido a aceptar como natural cualquier ultraje, cualquier vejamen, cualquier invasión de nuestra privacidad o de nuestra intimidad, no importa el grado de disimulo o crudeza con que se presente, siempre que con ello nos creamos a salvo.

 

Renunciamos a menudo al ejercicio pleno de nuestras garantías ciudadanas, para ‘disfrutar’ de una seguridad fundada básicamente, en una de las herramientas más antiguas y brutales que el género humano ha conocido para controlar y manipular a los demás: el miedo.

 

De ese modo, consentimos, con el silencio de casi todos, ser constantemente observados por cámaras de vigilancia situadas en parques, calles y centros comerciales; adquirimos sofisticados y costosos sistemas de seguridad personal y familiar; sospechamos de cuanto desconocido se nos acerque demasiado; justificamos el rearme de nuestra policía y que hagan uso de aparejos que como el llamado ‘Pele Police’, violan nuestros más elementales derechos y ha servido para ensañarse contra periodistas, defensores de la naturaleza o ciudadanos humildes, principalmente de aquellos que la injusta distribución del bienestar social, ha condenado a sobrevivir en las zonas excluidas, marginadas o populares de nuestro país.

 

Lentamente a través del miedo y las inseguridades, se nos viene imponiendo una sociedad casi panóptica u orwelliana, que con cierta deliberación es atizada por algunos poderosos sectores, que ahora ven en el Pele Police el artefacto represivo que les faltaba, para anular al ciudadano junto con sus derechos fundamentales, convirtiéndolo así, sólo en un sujeto sospechoso y potencial delincuente.

 

De nada ha valido, la sensatez y cordura de algunos ciudadanos que se han levantado desde el principio, para solicitar la suspensión o reglamentación de este infame instrumento. Se ha optado en su lugar, por profundizar su uso y evaluar las posibilidades de multiplicar su alcance.

 

En la defensa del Pele Police se arguyen las fantasías y medias verdades, que suelen difundir los que les resulta incómodo reconocer sus desatinos y los que ocultan sus protervos fines hacia los reclamos y protestas legítimas de los ciudadanos. Se busca imponer la desconfianza entre nosotros mismos, que el miedo sea una constante en nuestra existencia y que sacrifiquemos nuestras libertades para cederlas al control policial.

 

El Pele Police cumple aquí las funciones represivas no contempladas en su diseño original y que no realiza ni siquiera en Israel y sus ciudades, pese al permanente e histórico conflicto que esta Nación tiene con el pueblo palestino.

 

Carece por completo de la eficacia del 110% que se le atribuye (ahí están por doquier los hechos que refutan tan temeraria afirmación) y tampoco es utilizado en 35 países, entre ellos algunos del primer mundo como se sostiene, a no ser que Rishon LeZion, Bat-Yam, Guivatayim, Kiryat Tivon, Kiriat Ata y tres pequeñas ciudades ucranianas, tengan ese nivel y al menos una, sea una nación desarrollada.

 

Por eso no nos llamemos a engaño. Lo que hay en marcha es una verdadera ofensiva neoliberal, principalmente contra los pobres, donde el Pele Police viene a representar una pieza fundamental.

 

De allí que ahora se le descubran a este engendro represivo, ‘virtudes’ para cobrar la tasa de aseo, verificar el pago de impuestos y la morosidad en el consumo del agua potable. Ninguna de estas propuestas deben resultarnos extrañas, cuando aquí ya es común perseguir con saña a humildes billeteras, desalojar brutalmente a familias enteras de sus viviendas, criminalizar las protestas y causar daños físicos irreparables a sus participantes; en un país que tiene el honroso honor de figurar entre las quince naciones de mayor desigualdad del planeta, según el último informe sobre Desarrollo Humano del PNUD.

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<> Este artículo se publicó el 7 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

H2O Agua… más prevención

La opinión del Médico….



EDUARDO  A.  REYES  VARGAS
earv31@hotmail.com

El agua es una sustancia crítica para el ser humano. Nuestro organismo puede alcanzar en su composición entre un 60 a 70% de ella. Sin mayor esfuerzo mental se sustenta lo dicho. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno… cómo pesan. 70% de la corteza terrestre es agua. Cada uno de nosotros debe consumir aproximadamente dos a cuatro litros de agua por día para mantener una adecuada hidratación. Años atrás distintas organizaciones e instituciones gubernamentales han advertido sobre la escasez de agua que se proyecta sobre este maltratado planeta. Inclusive señalado como factor detonante de guerras.

El agua para el consumo humano debe ser potable, de lo contrario se constituye en un elemento dañino a la salud. Anualmente, millones de personas, sobre todo niños, mueren por la ausencia de esa agua potable.

Mientras tratamos de hilvanar las ideas en este escrito, nuestra ciudad atraviesa por una escasez significativa de tal elemento. No hay antecedentes de tal magnitud en la era contemporánea. A pesar de las advertencias sobre las secuelas del cambio climático , del aumento poblacional, del caótico crecimiento urbanístico con la construcción de grandes edificios ‘donde sea – como sea’ y de nuestros propios despilfarros, hemos planificado muy poco para evitar lo que hoy nacionalmente padecemos.

No he escuchado hace muchos años de un proyecto de construcción de una gran y nueva potabilizadora con técnicas adecuadas que suplante o coadyuve a la de Chilibre o Miraflores. Creo con toda mi ignorancia que es viable y factible. Las construidas en sectores como Panamá Oeste andan de tumbo en tumbo. No creo que se intente estimular la creación de más plantas particulares embotelladoras de agua o privatizarla completamente. Solo sospecha.

¿Qué vamos a esperar? Que lo que queda por venir en materia del cambio climático nos lleven a una catástrofe nacional. ¿Que esperamos para desarrollar una real política del agua?

Una crítica constructiva al IDAAN: El agua tiene muchos usos, pero el de mantener la vida y conservar la salud es el más importante. No he observado, amén de las restricciones propias de la distribución, medidas temporales como disminuir las horas de los lava–autos, restringir algunas actividades industriales que consumen mucho de ella y cuyos productos no son vitales en el día a día, aplicar sanciones existentes que penalizan el despilfarro del agua, etc. Falta una política eficiente de divulgación.

Situaciones de crisis, medidas de crisis. Solicitamos una mayor explicación de las causas de turbidez esgrimida como factor determinante en la escasez del líquido. ¿Tecnología obsoleta de nuestras plantas? ¿Daño ecológico a los ríos que alimentan nuestro lago Alajuela?

¿Qué secuelas tendrá para la salud el recorte de los servicios médicos o la ingesta atribulada de agua no potable?

El intento de atraer inversión al país estaría chocando con estas realidades. No quiero ver un sitio que diga http://www.panamaauxiliocaos.com.

Cuide y defienda su agua, Derecho Humano esencial.

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<> Este artículo se publicó el 2  de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El derecho al precio a la vista

La opinión del Comunicador Social…


ABILIO ABEL GONZÁLEZ
aaglopez77@yahoo.com

La información de precio es indispensable, para que el consumidor decida al momento de comprar. La Ley 45 de 2007, establece que todos los bienes que se ofrecen en un determinado local comercial, deben tener en forma clara, precisa y en un lugar visible el precio al contado de los mismos.

Según el especialista de mercadotecnia, Iván Thompson, ‘el precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios de tener o usar el producto o servicio’.

Si los consumidores que acuden a cualquier establecimiento comercial, no ven el precio del artículo o servicio que desean adquirir, entonces desconocen el monto a pagar, por lo que es una falta a la transparencia del agente económico o comerciante hacia sus clientes.

Cifras proporcionadas por la sección de Estadísticas de la Acodeco, revelan que de enero a septiembre del presente año, se dieron en todo el país 219,877 faltas de precios a la vista de los consumidores. De acuerdo a fuentes de esta institución gubernamental, esta es una de las infracciones que regularmente cometen los agentes económicos en todo el país.

Los consumidores deben exigir el derecho a la información de precio y denunciar a los que se oponen al mismo. Asimismo, hay que reportar aquellos casos donde no atiendan su reclamo, cuando al adquirir un producto, cuyo precio es anunciado en el anaquel y al pagarlo el lector de código de barras le registra un precio mayor. Si usted detecta esta irregularidad, no dude en presentar su queja inmediatamente al empleado correspondiente. La Ley de Protección al Consumidor señala que ‘…En caso de que un producto tenga más de un precio marcado por el proveedor, prevalecerá el menor, y el proveedor estará obligado a venderlo con ese precio…’.

En una reciente visita al Mercado Agrícola Central, o de Abastos, como popularmente se le conoce, me percaté de la carencia total de precio a la vista de los productos que allí se comercializan. Teníamos que preguntar de puesto en puesto, para así conocer quién mantenía el mejor precio. Al solicitar a algún vendedor que lo colocara a la vista, nos miraba con desconfianza, ignorando o en una clara infracción a la Ley, nos manifestaba ‘que si nadie lo tenía, por qué él debía hacerlo’.

Esto es un solo ejemplo de lo que acontece en el mercado nacional, pues, si mencionamos todos aquellos locales, como en las llamadas ferias libres, abarroterías, ventas de autos usados, ferreterías, entre otros, tener precio a la vista es como si fuera un pecado comercial. Incluso en algunos supermercados, hay ocasiones en que el precio brilla por su ausencia y cuando el producto tiene un precio menor a otros, lo quitan a la vista y ni el lector de código o verificador de precio lo tiene registrado.

Los agentes económicos, que gozan de la libre oferta y demanda, no tienen ningún motivo para incumplir con informar sobre los precios de sus productos o servicios que ofrecen, a menos que tengan temor a la libre competencia.

 

<> Este artículo se publicó el 28 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.