La importancia de las compras públicas en el desarrollo nacional

La opinión del Abogado, Mediador,  Consultor…

Jorge Aguirre Leason 

jaguirrel2000@yahoo.com
Nuestro país y en especial todos sus gobernantes necesitan comprender que una de las estrategias para el siglo XXI es elevar la posición competitiva del estado ante el resto de las naciones y mejorar la calidad de los servicios del gobierno c omo instrumento promotor del desarrollo nacional.

Las normativas jurídicas vigentes referentes a contrataciones públicas promueven la transparencia y él apoyo de procesos más eficientes que permiten la utilización de las facilidades de la tecnología y la gestión eficaz de compras publicas a través de Internet.

La coordinación con la Contraloría General de la República permite implementar la modernización de los procesos del Estado que tienen que ver con las finanzas gubernamentales, fortaleciendo los procesos de fiscalización y auditoria, con control y ejecución de las políticas de reducción de gastos.

Es de vital importancia continuar avanzando para que el proceso de compras públicas sea eficaz, eficiente, transparente y tecnológicamente accesible para todos los usuarios, promover que los funcionarios de la administración gubernamental, involucrados en los procesos de compras, realicen los procedimientos de compras y desarrollen licitaciones con apego a la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas y su correcta aplicación en la adquisición de bienes y servicios en beneficio del Estado.

La finalidad de garantizar que las entidades obtengan bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados establece las consecuencias significativas para el desarrollo nacional, fortalece al sector privado, articula la creación de nuevos puestos de trabajo y puede asimismo constituir un importante instrumento de mejor distribución de riquezas.

Las contrataciones públicas transparentes y eficientes tienen impacto en las condiciones de gobierno de los Estados y en la percepción que los ciudadanos tienen sobre su régimen de gobierno. La contratación pública no agota su finalidad en facilitar las transacciones.

Un proceso de contratación correcto contribuye a una sana competencia y concurrencia en el mercado, estimula la iniciativa privada y fomenta el desarrollo económico con equidad empresarial. A contrario sensu, una adjudicación amañada o una realización insatisfactoria, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada operación, atentan contra la competitividad y contra la igualdad de oportunidades, en la medida en que unos cuantos privilegiados se favorecen en perjuicio de innumerables oferentes de buena fe.

La contratación pública es un vehículo para generar confianza, transparencia y seguridad jurídica, ahorro en el gasto interno del estado, reducción de costos de transacción y creación de capital social; o, por el contrario, puede propiciar corrupción e ineficiencia, es decir, pérdida de legitimidad de las instituciones y, por tanto, desprestigio del Estado.

 

 

<>Artículo publicado el 31  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Los recursos del Estado son de todos

La opinión de…

 

Rolando Caballero Navarrete

Escribo este artículo por solicitud expresa de mi señora madre, quien preocupada por las noticias que han aparecido en las últimas semanas, se siente un tanto indignada por el anuncio hecho por el Gobierno nacional de apoyar las actividades del Carnaval con varios millones de dólares del erario.

Es su opinión, la cual comparto plenamente, que en vez de estar abriendo cuentas para recibir donaciones y andar pidiéndole al país que apoye a los damnificados de las últimas inundaciones, el Estado debería invertir esos millones de dólares en algo mucho más duradero, social y productivo, como lo es el apoyo a las personas de Chepo, Pacora, Colón y los otros puntos del territorio nacional que han sufrido esta desgracia en una época tan difícil.

No comprendemos cómo el Estado puede andar pensando en estos momentos de emergencia nacional, en celebrar carnavales, fiestas de Navidad, repartir regalos o que el alcalde de la capital continuara con sus fastuosas y carísimas villas navideñas, amén del desfile de Navidad; en el que se recogerá dinero para que, después, él lo lleve como donación a los damnificados.

Si las personas quieren hacer sus celebraciones de Carnaval, Navidad y Año Nuevo y todas las que se les ocurran, entonces que pongan de sus bolsillos y las organicen ellos. El dinero del Estado no es para esas cosas; es para las prioridades de toda la población.

Luego de laborar pagando impuestos por muchos años, no nos parece justo que esa plata sea utilizada en satisfacer, primero, las necesidades de emborracharse y bailar de unos cuantos, y segundo, sabiendo que hay personas que requieren y van a seguir requiriendo de esos dineros por un período prolongado, porque los daños a las viviendas, cosechas y producción agropecuaria serán a largo plazo.

A su excelencia, el señor presidente, le solicitamos que tal como el Estado impulsa la responsabilidad social empresarial, se amarre los pantalones y exija a todos los funcionarios que dirigen los destinos del país que hagan lo mismo dentro de sus instituciones, que no es momento de celebraciones sino de cumplir con el compromiso social para el que fue usted y su equipo de trabajo electo, es decir gobernar, no mandar; tomar las mejores decisiones que satisfagan a la mayor cantidad de panameños, y más si ello involucra utilizar los dineros que se generan, desde Darién hasta Bocas del Toro y Chiriquí, en la consecución de mejor condiciones de vida para las personas que en un número importante lo han perdido todo.

Espero que nuestra solicitud sea bien acogida y que estos hermanos que hoy sufren sus pérdidas también puedan decir en unos cuantos días ¡Feliz Navidad y venturoso Año Nuevo!

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<> Este artículo se publicó el 20 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Inflación, evasión, fichas virtuales y pensiones

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La opinión del Economista, Político y Docente Universitario…

Juan Jované

jovajun@yahoo.com
Frente a las justas reivindicaciones de los pensionados y jubilados, quienes claman por un ajuste de sus pensiones, mucho se ha discutido en torno a las dificultades financieras que muestra la CSS para realizar gastos adicionales destinados a este fin. En términos concretos, sin embargo, la discusión en torno a dichos problemas generalmente dejan por fuera dos importantes elementos que limitan la capacidad de acción de la institución.

El primero de estos elementos, el cual muestra un carácter estructural, es la tendencia observada hacia la caída de la relación entre la remuneración de los asalariados y el PIB, la que pasó de un 35.0% en el 2000 a tan solo el 29.8% en el 2009.

En la medida en que las remuneraciones crecen a un ritmo inferior que la producción, aparece un resultado que no puede menos que significar un problema para la CSS, cuyo ingreso principal son las cuotas obrero – patronales.

Este fenómeno está vinculado, entre otras cosas, al proceso inflacionario que llevó a que, de acuerdo con la OIT, el salario real de los trabajadores que cotizan a la CSS se redujera entre el 2000 y el 2008 en 10%.

Resulta así que mientras la inflación deteriora los niveles de vida de los pensionados y jubilados, y los lleva justamente a demandar un ajuste, los salarios no logran crecer al mismo ritmo que la inflación, con lo que se dificulta la capacidad de respuesta de la CSS.

En segundo lugar, está el problema de la evasión. Se trata de la presencia de un número significativo de trabajadores que sus patrones deberían inscribir en la CSS y entregar a las mismas las cuotas correspondientes, los que simplemente no son reportados a la institución. En Panamá, de acuerdo a cifras oficiales, se observaron en el 2008 79,442 trabajadores no agrícolas del sector formal que debieron ser calificados de informales por no contar ni con un contrato de trabajo escrito ni estar declarados a la CSS.

Estos trabajadores representan cerca del 8.0% del total de cotizantes activos. Por su parte, de acuerdo a la OIT, en el mismo año cerca del 11.0% de los trabajadores de las empresas del sector privado de 6 o más empleados no contaban con los beneficios de la seguridad social.

Se puede, entonces, afirmar que el carácter concentrarte y excluyente del modelo de crecimiento y la ausencia de instrumentos que aseguren la justicia social limitan seriamente la capacidad de la CSS de responder a las legítimas aspiraciones de los pensionados y jubilados.

Cabe agregar que las fichas virtuales recientemente anunciadas, agravarán más el problema.   Si el trabajador no recibe una ficha impresa no tendrá constancia de que su empleador está aportando las cuotas a las que tiene derecho, a menos, claro está, que tenga acceso a Internet. La probabilidad de esto, sin embargo, es reducida si se tiene en cuenta que de acuerdo a UNICEF solo el 22.0% de la población panameña tiene acceso a estos servicios. Los incentivos a la evasión habrán aumentado.

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<>Artículo publicado el 7  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Reflexiones…

La opinión del Traductor Simultáneo….

KEVIN   HARRINGTON
descriptoriummeum@gmail.com

*. .. sobre campaña de periodistas sobre la libertad de expresión (vs la libertad de presión).

*— En Panamá la plata está, pero la gente no lo sabía… Presidente Ricardo Martinelli, en ‘América Economía’.

*— En sus reformas de septiembre 2004, Martín Torrijos entregó bonos que pagarían 8.25% a la CSS durante 10 años— y que no se podrían re—comprar antes.

En octubre 2009 el gobierno actual violó esa limitante: pidió prestado en el exterior dinero fresco al 5%, y re—compró $500 millones. En contra de la Ley que manda que sus inversiones generen más del 6.5%, para que se puedan pagar las jubilaciones sin quebrar a la CSS.

Y anunció triunfante que nos habrían ‘ahorrado’ $20 millones.

*— (Todo esto se denunció en abril 2010 sin que, a 7 meses, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional haya considerado siquiera su admisión).

*— Pero entonces también se cometió otra ilegalidad: de esos $500 millones se ‘invirtieron’ en el Banco Nacional $300 millones —pero tan solo al 0.14%. Como resultado, el 27 de setiembre 2010 Capital Financiero informó que:

*— Los rendimientos de la CSS a junio se ubicaron en 4.47%, por debajo del cierre del 2009, que fue de 5.43% y muy inferior al mínimo sugerido por la propia ley del Seguro Social: 6.5%.

*En ese mismo número, el director de inversiones de la CSS,   don César García, confesó que se ha dejado de ganar   $27 millones a junio 2010. A estas alturas debían haberse devengado casi $40 millones.

La plata está… pero escondida dentro del Órgano Ejecutivo.

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<> Este artículo se publicó el 29 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/harrington-kevin/

Entre millones se pierde el control previo

La opinión del Secretario General de CONUSi – FRENADESO….

 

GENARO   LÓPEZ
rologe54@yahoo.com

Por mucho tiempo hemos insistido en la necesidad de reformas fiscales y no tributarias. Planteamos la necesidad de evaluar el presupuesto de la Nación, en términos de las prioridades del gasto público, de los necesarios controles fiscales y penalizaciones efectivas contra la evasión fiscal y contra la corrupción en el uso de los recursos de la Nación. Es decir, ante las profundas y preocupantes distorsiones del manejo del presupuesto público se hace obligante realizar una reforma fiscal de carácter integral.

Desde 1989, sin embargo, todos los gobiernos que se han sucedido en el ascenso al poder, han centrado su interés en reformas tributarias (impuestos), so pretexto de la ‘necesidad de aumentar los ingresos del gobierno para asumir los compromisos sociales’, mismos que en la práctica son negados, caso del aumento a los jubilados y pensionados, aumento salarial a los docentes, la no universalización de las ‘becas universales’, la desatención a los pacientes envenenados con dietilenglicol, entre otros.

Cuando se han impuesto estas reformas tributarias, Frenadeso ha presentado ante la Asamblea Nacional nuestra posición sobre el particular, en ella hemos sostenido que ‘Es imperativo, en cualquier reforma fiscal, la existencia de mecanismos rigurosos y eficaces de control y fiscalización de las recaudaciones y las erogaciones que realice el Sector Público a través de todas sus instituciones para evitar la corrupción’ (Ver Posición de Frenadeso frente a las Reformas Tributarias del Gobierno de Ricardo Martinelli, marzo 2010).

Quien prometió criterios de transparencia y combate a la corrupción, desde su arribo a la Presidencia de la República ha impulsado, por el contrario, una política de flexibilidad en el control del presupuesto público. Inició con las excesivas contrataciones directas, continuó con la eliminación de los controles previos a las compras del Tribunal Electoral y del Ministerio de Educación, para hoy excluir de los controles previos al MINSA y al MOP, instituciones que para el 2011 manejarán más de 1730 millones de dólares del Presupuesto Nacional, el cual asciende a los 13,009,299,204.00 balboas. No podemos olvidar las denuncias que se han hecho por los sobrecostos que presentan la construcción de la infraestructura pública (planteles educativos, carreteras, hospitales, etc.), igualmente, las denuncias en el caso de la Autoridad de Turismo de Panamá, que adjudicó un contrato directo por 236000 balboas a una empresa recién creada para promocionar el país vía web, que cuenta entre sus dignatarios a Alberto Molinar, hermano de la ministra de Educación, Lucy Molinar.

Con esta decisión (Resolución 898—DFG, de 25 de octubre de 2010), la Contraloría renuncia al control previo y opta por ser ‘vigilante’ de los procesos de compra de varios ministerios. Gioconda De Bianchini, contralora de la República, cuya hoja de vida antes de este cargo se circunscribe a ser empleada de confianza de las empresas de Martinelli, y que como contralora se le conoce por las vicisitudes del Censo de Población y Vivienda, pretende hacernos creer que no dejará de fiscalizar, y que se ‘mantendrá vigilante’.

El temor del pueblo radica en que esta medida crea un vacío institucional, por el que podrán colarse los terribles vicios de favoritismo y corrupción generalizada. En realidad todo parece caminar a abrir más las puertas para incrementar los canales contra las arcas del Estado y para incrementar la galopante corrupción en el país.

A pesar de estos hechos, Martinelli ha justificado esta decisión argumentando que ‘El control previo o posterior es irrelevante, porque si se tiene funcionarios que son corruptos van a robar antes o después’ o ‘Panamá y Haití son los únicos países que mantienen esa fiscalización previa’, ambos argumentos vacíos, carentes de sustento, lo que demuestra que esta decisión no proviene de la Contraloría, sino que es un propósito de los grupos económicos del actual gobierno, incluyendo a Martinelli, quienes tienen la mira en los 4 mil 977 millones de dólares de los proyectos de inversión pública programados. No cabe duda, ‘entran millonarios y salen billonarios’.

 

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<> Este artículo se publicó el 7 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/lopez-genaro/

Fondos Públicos y beneficio social

La opinión de la Economista y Educadora…

LIZABETA S. DE RODRÍGUEZ

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, procura justificar lo injustificable, frente al caso de los pinchazos telefónicos.  Se argumentan medidas para intervenir conversaciones telefónicas de dirigentes políticos y sindicalistas,   como mecanismo especial y confidencial para detectar posibles comisiones de delitos. Esto deja un desagradable sabor de violación a los derechos y la discreción.

Trasciende que en algunas instituciones gubernamentales se incumple con la Ley 6 de 22 de enero de 2002, como marco de transparencia, para conocer el uso y manejo de los fondos consignados a salarios (incluyendo contratos), viáticos, gastos de representación y otros.  La información concerniente a la ejecución presupuestaria y su objeto de gasto adolecen de actualización en la web, lo cual crea desconfianza.

La adquisición de autos lujosos, para uso personal y con placa particular, por jerarcas del gobierno, son fuertemente cuestionadas. Tal es el caso que hace referencia a la compra de un ‘Toyota Land Cruiser Prado VJ200, adquirido con fondos de autogestión de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas’, por más de 100000 dólares, para uso del ministro de Salud, Franklin Vergara.

El Ejecutivo proyecta invertir más de medio millón de dólares en la restauración del antiguo búnker situado en las faldas del Cerro Ancón, construido por el ejército estadounidense como refugio antibombas, durante la segunda guerra mundial. La intención de acondicionar estas instalaciones —indican— es tener un espacio seguro donde el Gabinete pueda sesionar, en caso de una catástrofe natural. La iniciativa puede ser buena, pero el concepto mal orientado. Al analizar el costo/beneficio que representa invertir medio millón de dólares para que el Gabinete se reúna en el caso de una tragedia muy remota, es un despilfarro. La intención del gasto concebido no justifica la inversión.

Si se pensara en la creación de un museo u otra obra, que evidencie la historia de nuestras relaciones con Estados Unidos o como sitio turístico, redituando beneficios económicos, empleos y/o culturales, la idea sería acogida con beneplácito, como reconocimiento a la eficiente utilización de nuestros impuestos y patrimonio nacional.

La situación descrita, debe provocar la reflexión y rectificación de nuestras más altas autoridades, así como una investigación inmediata, objetiva y veras de la Contraloría General de la República, en todo el gobierno, a fin de comprobar el adecuado uso de los fondos estatales.

Señor presidente, examine el desempeño de sus colaboradores. Es inadmisible la utilización de enormes sumas de dinero en gastos suntuosos u obras sin mayor beneficio social, mientras la población requiere respuestas inmediatas en seguridad pública y servicios de salud, entre otros.

Estas actuaciones conllevan interrogantes: ¿Si existiendo contrafirma en el control previo, se consuman estos exabruptos, con nuestros impuestos, qué sucedería con las arcas del Estado, si se elimina dicho control previo, se neutralizan las funciones de la Contraloría General, y es el Ministerio de la Presidencia el que controlara el presupuesto del Estado, según el proyecto de ley en discusión.  ¿Quién podrá defendernos?

<> Artículo publicado el 29  de septiembre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

Martinelli: Danza de millones

La opinión del Abogado y Periodista…
BELISARIO HERRERA
Este gobierno pasará a la historia como el que más ha despilfarrado los fondos públicos y por ello, tendrá que responder oportunamente si el pueble adquiere conciencia de tan tremenda magnitud y da su respuesta contundente en las próximas elecciones.   Si se deja anestesiar por las migajas que le da el régimen, como ‘100 a los 70’ o con las obras de caridad de algunas autoridades municipales, cuyas inversiones salen de las mismas danzas de millones, irremediablemente seguirá en el poder el régimen oligárquico.

El pueblo debe prepararse para convertirse en un hueso duro contra el continuismo, propinándole un rudo golpe en las próximas elecciones al poder económico que todo lo compra para hacerse del poder y gobernar corruptamente.

Será duro democratizar con atinadas reformas el Código Electoral para que no quede grieta alguna por donde se puedan colar los políticos influyentes, que con sus bolsas de dinero, siempre hurtados del erario público, procuran perpetuarse en el poder o aquellos elementos de oposición, que cortados con la misma tijera, prometen ser distintos mas lo que están es saturados, de demagogias de la misma especie que los oficialistas.

Creo que los panameños en su gran mayoría, deben estar de acuerdo en que hay que acabar con este estado de cosas en que, los funcionarios públicos, desde la cúpula del poder, hasta los de mediana y menor jerarquía, pretenden seguir derrochando los fondos públicos y en que no pocos de la cúpula insisten en revestir los despachos que desempeñan, deficientemente, de toda clase de lujos, como reyes, utilizando vehículos sumamente caros, mientras el pueblo carece en gran suma, de un empleo seguro, sin algunos de los medicamentos para sus distintas enfermedades, sin un techo adecuado para habitar con su familia, sin agua y sin los más elementales servicios higiénicos.

Sin descontar los magros servicios hospitalarios, en que las atenciónes quirúrgicas se alargan, de tal forma es el retardo, que primero les llega el agravamiento y por consiguiente la muerte.   Que el pueblo no se conforme con las migajas y exija el cumplimiento de sus derechos, porque la solución a tantos males que padece, la tiene en sus propias manos, elevando su conciencia social. Urge un reagrupamiento de las clases populares, inscribiéndose en organizaciones políticas con líderes incorruptibles, para desalojar del poder estas camarillas nefastas, con un voto digno.

<> Artículo publicado el 25 de septiembre de 2010  en el diario El Siglo, a quienes damos,  lo mismo que al autor,   todo el crédito que les corresponde.