La toga: ¿Qué del alma y espíritu?

La opinión del Político,  Delegado y Director Nacional PRD…

Rafael Pitti 

Son muchas las preocupaciones e incertidumbres que más que político, sino como humilde ciudadano me abruman frente a situaciones que se generan en el país.   Evidentes contradicciones se muestran a diario en los planteamientos de funcionarios en cuanto a temas de ejecutoria o administración pública en la que debe existir dominio y uniformidad de criterio.

De manera olímpica y arbitraria se violan y marginan leyes de la república, tal como ha ocurrido con la implementación del metro bus en los corredores norte y sur.   El decreto ejecutivo en la administración Moscoso, autorizó el recorrido de transporte público a determinadas rutas en esos tramos, exigía que las unidades que prestarían el servicio para cobrar tarifa especial (B/1.00) debieran tener aire acondicionado y llevar sus viajeros sentados. La prohibición de que en esa “vía rápida” los pasajeros vayan de pie, no es más que una protección al usuario, en virtud de fatales consecuencias, frente a un accidente de tránsito, por lo que el malestar expresado por los clientes de este servicio tiene justificada razón.    No obstante es necesario aclarar que en la prestación de transporte masivo en cualquier lugar del mundo, los transportados viajan sentados y de pie.   El error cometido aquí es que por el apresuramiento politiquero pusieron la carreta delante de los bueyes; en vez de en primera instancia construir las paradas y carriles exclusivos para una adecuada fluidez del sistema.

La Constitución de la República establece una armónica colaboración de los Órganos del Estado, bajo esa premisa es bueno preguntar ¿por qué? Nuestros gobernantes no adelantan consultas antes de elaborar iniciativas que promulgan leyes o ejecutar acciones que generan controversia de tipo jurídico, a fin de evitar demandas de inconstitucionalidad o engorrosos procesos de impugnación en asuntos como licitaciones o contrataciones públicas. Hay dos casos que son claro ejemplo de inconsistencia legal y jurídica; como lo es la eliminación de la revocatoria de mandato y la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano, ya que lo actuado en Ley no tiene carácter de retroactividad. Aún con mis reservas ante esta decisión, presumo según discernimiento personal, su efecto vigente sería a partir de la elección de 2014.

Diversidad de ejemplos los hay, sin embargo lo que puede ser interpretado un prejuicio, esta basado en el revelador silencio, autoría intelectual o material por quienes están llamados a dictaminar, aprobar o desaprobar las conveniencias o inconveniencias de tales exabruptos. El honor y privilegio de ser adornados e investidos con la majestuosa y reverencial Toga en decanos, jueces o magistrados, tienen que realizar acciones cónsonas con su responsabilidad. Si al aplicar jurisprudencia para impartir Justicia, ignora o se aparta incompatiblemente del principio, alma y espíritu de la Ley y el Derecho; corre inminente peligro la Libertad y Democracia, vulnerando la preciada estabilidad política del país.

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<>Artículo publicado el 29  de enero de 2011    en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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“Estrategia para el desarrollo nacional”

La opinión del Pedagogo, Escritor,  Diplomático…

Paulino Romero C. 

A  finales del año 1969, la Dirección General de Planificación y Administración de la Presidencia de la República, presentó al Gobierno y al país, un documento de estudio de la realidad nacional: “Estrategia para el Desarrollo Nacional: 1970-1980”.

Este documento de planificación nacional (desde el año en que se presentó), jamás se ha considerado durante los Gobiernos sucesivos, ni lo que en materia política ha transcurrido a la fecha, bajo regímenes militares y civiles, respectivamente.

Entonces existía (como hoy), el Ministerio de la Presidencia, cuyas funciones y actividades se apoyaban en las recomendaciones técnicas de la Dirección General de Planificación y Administración de la Presidencia.    Pero no era una Dirección burocrática como el FES, FIS, PAN y otras Secretarías adscritas a la Presidencia de la República, creadas en los últimos años. Era una Dirección General Técnica, con personal especializado, y con Departamento de Planificación y Secciones de Programación Económica, de Programación Sectorial y Proyectos, de Análisis y Evaluación de Proyectos, de Sección de Planificación Regional, de Sección de Estadísticas y de una Comisión de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo de la Nacionalidad.

“Estrategia para el Desarrollo Nacional”, término con el cual se distinguen los objetivos globales que se desprenden de la evolución histórica de Panamá y del análisis de las perspectivas que se presentan para su logro (documento de necesaria referencia gubernamental). Los objetivos definidos en su contenido, son imprescindibles para guiar el comportamiento de la Nación panameña hacia el desarrollo de su potencial.

Su propósito fue admirablemente modesto: “Orientar al Gobierno Nacional e informar a la opinión pública sobre las posibilidades que se presentan a Panamá para mejorar la calidad de vida de los panameños y fortalecer su independencia política y económica”.

Los temas de la Estrategia, serían nutridos con criterios, elementos de juicio y de informaciones sobre las alternativas que deberían ser tomados en cuenta en el proceso de adoptar decisiones que afectaran al bienestar nacional. Lamentablemente, la Dirección General de Planificación y Administración de la Presidencia fue eliminada a mediados de los años 70 y, desde entonces hasta el presente, el Ministerio de la Presidencia debió limitar sus funciones, preferentemente, al clientelismo político.

¡Ojalá el Ejecutivo consultara este valioso documento! Su importancia como memoria histórica: “Buscaba los medios, por una parte, de estructurar un mayor dominio sobre los recursos y por otra, de dar una nueva orientación de la economía, a fin de hacerla cada vez menos dependiente del recurso mayor explotado hasta ahora, la posición geográfica y las actividades derivadas de sus recursos”.

Estos esfuerzos requeridos, necesariamente imponen soluciones a largo plazo, que en todo momento deben coordinarse con las decisiones que se tomen en el ejercicio diario de la función de gobierno (libre de improvisaciones), para establecer continuidad y consistencia.

<>Artículo publicado el  24  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Capacidad y responsabilidad de imponer

La opinión del Abogado, Político independiente…


Juan Manuel Castulovich

En el año 1215, los nobles ingleses impusieron al rey Juan Plantagenet, “Juan sin Tierra”, hermano y sucesor de Ricardo “Corazón de León”,  la que, desde entonces, se conoce como “la Carta Magna”, que limitó el poder del monarca para imponer tributos a sus súbditos, de manera inconsulta. No se desconoció el poder “del soberano” a decretar impuestos; pero, a partir de allí, dejó de ser ilimitado. 

Los gobiernos en los estados modernos tienen la potestad de imponer tributos: impuestos, tasas y otras exacciones a los gobernados;   pero ese poder debe ser ejercido dentro de los límites constitucionales y legales y, sobre todo, con responsabilidad.

En la Constitución de 1904, el Artículo 131 disponía lo siguiente: “Corresponde a los Consejos Municipales ordenar, por medio de acuerdos propios o de reglamentos dictados por Juntas o Comisiones técnicas, lo conveniente para la administración del Distrito; votar las contribuciones y gastos locales con las limitaciones que establezca el sistema tributario nacional; y ejercer las demás funciones que las leyes les señalen.”

En la Constitución de 1941, el Artículo 186 decía: “El presidente de la República podrá suspender todo acuerdo municipal o acto del Concejo que sea violatorio de la Constitución, de la Ley, de los decretos del Poder Ejecutivo, o de las ordenanzas provinciales. Los gobernadores de Provincia y cualquier ciudadano podrán pedir la nulidad de tales acuerdos”.

La intención de esas normas era evitar que los municipios pudieran “desbocarse” y trastocar el “sistema tributario nacional”, creando a su antojo y capricho tributos excesivos. Pero esa limitación, desapareció en la Constitución de 1946, por virtud del Artículo 202, de siguiente tenor:   “Los acuerdos, resoluciones y demás actos del Consejo Municipal, de las comisiones o de los Alcaldes, cuando éstos sean elegidos por el voto popular, sólo podrán ser suspendidos o anulados por tribunales competentes.”

La Constitución vigente (artículos 232 y siguientes) reforzó la autonomía municipal y eliminó la posibilidad de que sus acuerdos puedan ser “vetados” o anulados por una instancia superior, distinta de la judicial.   Por ello, la reciente decisión del alcalde Vallarino y el Consejo Municipal de aumentar, desmedidamente y sin ninguna adecuación al “sistema tributario nacional”, plantea un conflicto constitucional y legal difícil de superar,  aunque no insalvable.

Los tributos se justifican para asegurar fuentes de financiamiento de la Administración Pública, tanto nacional como municipal, y de los servicios que están supuestas a prestar a la comunidad.

El Municipio de Panamá, por ser capital de la República y sede del gobierno nacional y, además, centro principal de las actividades económicas, es distinto al resto de los otros distritos y, por consiguiente, sus rectores deben, con buen sentido, coordinar, previamente, sus iniciativas tributarias con las autoridades nacionales, especialmente cuando, como en el caso del distrito capital, los principales servicios públicos son prestados o son responsabilidad de las autoridades centrales, como ocurre con la seguridad, la salud, al agua y el alcantarillado, la educación, la vivienda, la construcción y reparación de calles, el transporte público y la regulación del tránsito vehicular. Y si a eso se agrega que la recolección de la basura ya no es competencia del municipio, cabría preguntar:   ¿en qué se fundamenta un municipio de tan limitadas competencias para lanzarse a una desenfrenada e irresponsable, por inconsulta, carrera de aumentos impositivos?

Desde que a “Juan sin Tierra” se le cortó la facultad de “imponer tributos”, la sensatez y la prudencia han sido criterios rectores de las políticas impositivas y quienes todavía conservan la facultad de decretarlos nunca deben olvidarlos. De lo contrario, se exponen, como en el caso presente, al repudio de la comunidad y, de paso, justifican que sea necesario volver a implantar medidas como las previstas en las constituciones de 1904 y 1941.

<>Artículo publicado el  25  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Nuestra condición tercermundista

La opinión de…

Francisco Díaz Montilla

Hace algunas décadas, el profesor Diego Domínguez Caballero, uno de los más brillantes profesores de filosofía con que ha contado el país, usaba la expresión “actividad de ardilla”, para referirse al “practicionismo estéril, un querer hacer y al hacer sin sentido y sin norte” que caracterizaba (y caracteriza aún) a las políticas educativas en Panamá.

Podríamos decir que la “actividad de ardilla”, de la cual hablaba el insigne profesor, es una característica propia de la administración gubernamental panameña. Las cosas son pensadas y ejecutadas en términos de aquí y ahora, mediáticamente, y ni la planificación ni la previsión existen. Y, luego, cuando los problemas nos estallan en el rostro, nos damos a la búsqueda de soluciones milagrosas de última hora, y si no las encontramos, nos servimos de todos los pretextos imaginables para justificar nuestra incompetencia.

De acuerdo con el pensamiento Alicia, que ya hemos caracterizado en otro escrito (El Pensamiento Alicia en el Gobierno, La Prensa, 20/8/2010), el país está próximo a dar el brinco hacia el primer mundo, como lo demuestra –según dicen– una economía pujante, los grandes proyectos públicos y privados que se ejecutan, etc. Aunque tal vez no sea posible dudar de la pujanza de la economía, y no hay dudas de que se realizan y se espera realizar importantes proyectos, nada de ello es determinante per se para superar el abismo que nos separa de las economías del primer mundo y su estilo de vida, que ya, de hecho, hemos asumido, pese a ser pobres.

En realidad, ni el nuevo “sistema” de transporte ni la ampliación del Canal ni la construcción de una megatorre ni los excelentes indicadores macroeconómicos son –como sugieren los voceros del Gobierno– parámetros para medir las transformaciones reales que en términos de calidad de vida experimentan los panameños, o cuan lejos o cerca estamos del primer mundo. Al parecer, los pensadores Alicia nunca fueron conscientes de que la distancia que media entre el tercer mundo y el primero era mucho mayor de lo pensado y menos conscientes fueron de que para ello es necesario una cultura de buenas prácticas, que en esencia supone una superación de la “actividad de ardilla”, de la que hablaba el profesor Diego Domínguez Caballero.

Esa cultura de buenas prácticas implica, básicamente: profesionales educados, responsables y socialmente comprometidos, que estén al frente de la administración pública, un sistema de méritos para la elección o nombramiento de funcionarios, orden, disciplina, planificación, previsión, toma de decisiones racionales y rendición de cuentas. Pero no solo no contamos con tales individuos, ni con las bases institucionales que podrían llevarnos hacia ello, sino que poco nos interesa trabajar en esa dirección.

Tres hechos recientes dan razones a favor de lo afirmado. El primero, las tristemente célebres declaraciones de un administrador de discotecas que hace de cónsul, en las que demuestra una ignorancia superlativa de la historia del país que respresenta; la segunda, la manera tan desacertada en que se ha manejado el abastecimiento de agua en la capital; la tercera, el manejo del incendio en el Centro de Cumplimiento de Menores, en Tocumen. ¿Quién (es) asume (n) la responsabilidad por estos malos manejos?

Todos estos hechos son típicas expresiones de un tercermundismo o de un subdesarrollo institucional y mental que se entroniza cada vez más y que –de seguir– pronto connotará una condición necesaria y no contingente en nosotros los panameños.

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Este artículo se publicó el 16  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La opinión de…

Arón Benzadón Cohen

Tomé el nombre de la película La tormenta perfecta, protagonizada por George Clooney en la que se dan una serie de circunstancias atmosféricas que producen una tormenta monstruosa que arrasa con todo, incluyendo a los actores. Hago la analogía porque estamos conjugando en nuestro país una serie de condiciones, sobre todo sanitarias, que nos está haciendo sumamente vulnerables a gravísimos problemas de salud pública.

En primer lugar, tenemos el problema crónico de la basura con la acumulación de la misma, la falta de áreas designadas para su ubicación, la creación de minivertederos en cada barriada con la proliferación de gusanos, ratas, mosquitos y demás alimañas.

En este aspecto los municipios de la capital y San Miguelito han hecho gala de ineptitud y desidia hasta la saciedad. A partir del tres de enero con la estrenada Autoridad de Aseo y con más de 80 millones de balboas de presupuesto se debe acometer una estrategia integral, incluyendo ubicación de sitios de recolección, recipientes de tamaño adecuado, recolección regular y lo que se han olvidado todos, el reciclaje, tan importante para bajar el tonelaje de basura.

En segundo lugar tenemos el grave problema del agua, ocasionado por factores climáticos y agravados por la falta de mantenimiento adecuado, así como equipos imprescindibles para la potabilización.

Estoy convencido de que la cantidad brutal de lodo vertido a los ríos y fuentes de agua tiene relación directa, entre otras cosas, con la deforestación y la tala indiscriminada que permite que la tierra sea literalmente barrida por las lluvias. Además no veo que el Idaan tenga los equipos, el personal técnico en cantidad y calidad adecuados ni los recursos económicos que requiere urgentemente para resolver este problema a corto plazo.

Estuve en Puerto Rico hace unas semanas, donde tuve la oportunidad de hablar con una alta funcionaria del servicio de aguas de Puerto Rico. Siendo su población actual de 4 millones de habitantes, un poco más que en Panamá, tienen un presupuesto de 20 millones de dólares anuales solo para asegurarse del mantenimiento de sus fuentes y de la calidad del agua que toman. ¿Cuánto tenemos en Panamá para lo mismo?

El impacto de esta carencia lo estamos viendo a diario en la vida de todos los panameños, afectando la ingesta de agua potable y el aseo personal, además del daño a la industria, los comercios, los restaurantes, hoteles y todo el entorno turístico. ¿Me pregunto qué turista querrá venir a Panamá, si no puede bañarse ni jalar la cadena del inodoro?

Los fenómenos climatológicos están modificándose haciendo los fenómenos atmosféricos cada vez más cambiantes y severos. Lo peor de todo es que los pronósticos son que van a seguir así o se va a poner peor, ya que todos contribuimos al deterioro del medio ambiente.

Si a la basura y a la falta de agua le agregamos otro ingrediente como pudiera ser el cólera, no tan distante como creemos, viendo que en Haití han muerto más de 3 mil 600 personas y en República Dominicana se han reportado 152 casos, tendríamos la epidemia perfecta. ¡No dejemos que ocurra!

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Este artículo se publicó el 19  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El silencio también es opinión

La opinión del Docente Universitario…

 

JORGE LUIS MACÍAS FONSECA
jorge101@cwpanama.net

Sobre el silencio se han tejido una serie de apreciaciones. Para algunos es aconsejable porque permite comportamientos alejados de la suspicacia, de las malas interpretaciones, y de los compromisos.   Para otros es un buen signo de educación y de buenos modales. Algunos consideran que es importante romperlo, pues se permite con ello, conocer el pensamiento de los parlantes, y crear un ambiente de cordialidad y de comunicación.

La fábula que explica como el águila en lo alto soltó la presa que llevaba en el pico, cuando le preguntó, cómo había llegado a tan elevada altura, tiene como moraleja, aquello que: ‘más vale callar cuando lo que dices puede llegar a perjudicarte’ y con el mismo mensaje, lo tenido como máxima por los viejos, en el sentido que: ‘no todo lo que siente se dice’. Con ello se sentencia con propiedad al silencio, pues en una buena interpretación: ‘en boca cerrada no entran moscas’.

Es más el silencio es recomendable, cuando se quieren eludir responsabilidades, o esconder posiciones, pues sin la opinión, difícil es conocer la ubicación que se asume. En la administración pública-por ejemplo-el silencio administrativo es una forma que se ha legitimado para dilatar los asuntos o bien para no resolverlos. En las áreas dedicadas a la salud, como son las clínicas y los hospitales, se exige silencio, igualmente en las aulas cuando se transmite información para que ella sea bien recibida, también en una sala de teatro, del padre al hijo cuando lo reprende, el juez cuando dicta sentencia, o en la soledad cuando ella se impone por la reflexión serena a la que se puede estar sumido o bien en los campos santos donde hay una realidad distinta a la nuestra.

Pero también el silencio es impuesto, cuando se pretende callar una voz crítica o disidente, principalmente en tareas como la del periodismo, que por su naturaleza tiene que ser expresivo. Igualmente se silencia para amparar irregularidades e ilegalidades y para soterrar los ideales de hombres probos.   De la misma manera, se reduce al silencio o se silencia, cuando se cercenan los derechos humanos, y cuando las posibilidades de expresión son reducidas a la nada. Así, aquello de que el que ‘calla otorga’, no siempre tiene certeza, porque se puede opinar en silencio y también con el silencio.

Se puede manifestar un sinnúmero de razones sin necesidad de la estridencia, pero en silencio, y no por ello se está otorgando. ¿Qué ocurría por ejemplo en un país en donde la población adoptara el silencio como una forma de expresión, de lucha y de protesta? De seguro que ningún gobierno resistiría el impacto de un silencio sepulcral, ni mínimo, ni prolongado. ¿Qué ocurriría en una institución ante una mala acción del superior jerárquico que tenga como respuesta un silencio manifiesto?. No sería de extrañar que la preocupación y el temor, se apoderaría del mismo porque-no cabe duda-que el silencio asusta.

En las instituciones públicas nacionales el hablar se convierte en delito, y si esa acción es crítica se ‘cae en el terreno del crimen’, por lo que pareciera mejor adoptar el silencio como una forma de opinión.

 

Este artículo se publicó el 23 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Es necesario cambiar de actitud

La opinión del Periodista…

EUCLIDES  M.  CORRO.  R
emacor@cwpanama.net

La gran mayoría de los panameños, más allá de una campaña electoral, abogamos por un cambio real. No se trata de la promesa de un grupo político, sino de un reclamo que por mucho tiempo se está reclamando como un compromiso que nos permita superar las deficiencias que no nos dejan avanzar como nación dispuesta a transitar por derecho propio en el nuevo milenio.

Probablemente lo primero que tenemos que hacer en esa dirección es modificar nuestra actitud y comenzar a entender que muchas cosas no se transforman por combustión espontánea, sino porque los individuos reconocen sus limitaciones y las de su entorno, y de allí en adelante inician un proceso de cambios.

Igual ocurre con los gobiernos. No recuerdo ninguno que no nos haya prometido cambiar las cosas para bien de los ciudadanos, pero al poco tiempo se olvidan de sus ofertas electorales para mostrar su verdadero rostro. Estoy convencido que es un error pensar que los problemas sociales se resuelven con dádivas. Ya está demostrado que lo regalado, como no nos cuesta, simplemente ni lo agradecemos ni le damos el mejor uso.

No estoy diciendo que estos programas de ayuda social no son importantes, sino que deben ser promovidos en otra forma, protegiendo la dignidad del que recibe y la única forma es que sienta que se está ganando con su esfuerzo la ayuda que le entrega el Estado.

De sobra entiendo que los gobiernos, al menos la mayoría, tienen la mejor intención; sin embargo, al final de camino no resuelven porque en vez de involucrar a los individuos en la acción, simplemente les damos el papel de espectadores. Recuerdo en los inicios del proceso revolucionario de Omar Torrijos Herrera cuando se implementó el programa ‘Yunta pueblo-gobierno’.

Su intención era la de resolver problemas primarios en cada comunidad. El gobierno facilitaba la técnica y los fondos económicos, pero la comunidad doblaba el lomo en la construcción o realización de cada proyecto. Así, se repararon caminos, se construyeron acueductos, se hicieron centros de salud, escuelas, pozos de agua, letrinas, etc.

Hubo críticas, pero al final del camino todos esos proyectos no solo se convertían en una realidad, sino que la comunidad, como quiera que les costó su esfuerzo físico, cuidaban que las obras no fueran destruidas, y por el contrario, le brindaban mantenimiento. Y esto, como quisiera verse, era positivo.

Es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer para cambiar la actitud de la gente. Hoy día las exigencias son otras tal vez, pero se requiere que todos entendamos que solo a través de un sistema educativo de primer mundo, en el que participe el gobierno, la familia y los educadores, podremos cumplir las metas que el nuevo milenio requiere.

Hay que apostar a la urgencia de modernizar la educación. Que todos entendamos que si no le ponemos ganas a esto, por gusto será la inversión de muchos millones de balboas. Hace un par de días el presidente Ricardo Martinelli dijo en el marco del inicio de un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, que muy pronto cada estudiante y cada profesor tendrá una computadora para su uso.

¿Es esto suficiente? Claro que no. Reitero: hay que modificar la actitud, que se entienda que se trata de una herramienta de trabajo que será útil en la medida que estemos convencidos de ello. De lo contrario, será un simple juguete puesto en las manos equivocadas.

También el país requiere para alcanzar un cambio tangible, fortalecer la institucionalidad democrática. Entender que cada órgano del Estado tiene su área de acción y que por ende, tienen responsabilidades definitivas. Ceder las mismas a otro de los órganos es un delito de omisión o comisión que tarde o temprano tendrán que pagar.

Como tercer punto en esa escala de cambios, se requiere de una política estatal transparente, en la que se entienda que ‘la mujer del César no sólo debe ser honesta, sino parecerlo también’. Pienso que en la medida que nos ‘saltemos’ los mecanismos de probidad y de garantía para evitar los abusos, igual estaremos retrocediendo en la percepción de honestidad que la comunidad exige a sus gobernantes.

Finalmente, en una mezcla de todo lo anterior, se impone la modernización del servicio público, como una fórmula para superar el clientelismo electoral que se produce cada cinco años.

Este artículo se publicó el 18 de enero de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.