No lo podemos permitir

–

La opinión de…

–

Carlos David Abadía Abad –

Hace unos días leí la entrevista que le hicieron a uno de los pandilleros más conocidos en Brasil, en la que él expresaba, entre otras cosas, lo siguiente: “yo no tengo miedo de morir, quienes tienen miedo son ustedes” y al preguntarle qué opinaba del esfuerzo que el gobierno estaba realizando en las favelas, respondió: “ya es muy tarde, debían haberse preocupados hace muchos años, ya nosotros somos los que dominamos estas, y tenemos mucho dinero”.

Analicemos estas dos respuestas. ¿Por qué no tienen miedo de morir? Simple, porque no tienen nada que perder, viven en la extrema pobreza, con pocas oportunidades de estudios y en hogares desintegrados, sin la mínima orientación. Es el entorno que conocen. Y esto es lo que tenemos en Curundú, en El Chorrillo, San Joaquín, Cerro Cocobolo y otros barrios de nuestro Panamá.

Sobre la segunda respuesta, creo que aún estamos a tiempo, pero que todos estemos claros, esto no es un problema de gobierno, esto es una responsabilidad de todos; esta situación no se resuelve solo con más policías y matando pandilleros. Es un fenómeno complejo y se tiene que enfrentar en varios campos a la vez. Ningún gobierno por sí solo lo puede afrontar; además es la sociedad es la que sufre las consecuencias, lo cual obliga a su participación en la solución.

Decía el narcotraficante Pablo Escobar: “mover drogas es una profesión muy atractiva para los jóvenes pobres, sin educación y sin oportunidades”. Esta frase nos señala claramente que el enemigo no es el pandillero sino el hambre, la baja o ausencia de autoestima, y la ignorancia.

Entre 2005 y 2009, 52 mil jóvenes dejaron sus estudios. Actualmente tenemos 126 mil personas, entre 15 y 29 años, que no estudian ni trabajan, aquí está el caldo de cultivo para nuevos pandilleros, si solo el 20% de esos 126 mil jóvenes tomaran el camino del pandillerismo se quintuplicaría el fenómeno en Panamá.

Un grupo de señoras de la organización denominada “Amigas de la Paz”, después de visitar Curundú y ver la realidad en que se vive allí, seleccionó a un grupo de niños para llevarlo al cine.    Cuando iban en el bus por la cinta costera, una de las señoras pidió a los niños que nunca había visto el mar que levantaran las manos.   Para su sorpresa, todos los niños levantaron la mano.   Estos niños, viviendo a menos de seis y siete cuadras del mar, nunca lo han visto, porque dentro de su barrio no pueden ir de una calle a otra, porque los pandilleros marcan sus territorios y llegar sin su consentimiento es causa de muerte. Están presos en su propio barrio.

La Fundación Jesús Luz de Oportunidades, a la cual pertenezco desde hace dos años por invitación del amigo Riqui Tribaldos, trabaja en varias vías a la vez. Iniciamos interviniendo pandillas con resultados muy satisfactorios, pero insuficientes. Hemos retirado de las pandillas a 16 jefes, a quienes financiamos para que, en los barrios en donde actuaron, retiren a otros pandilleros. Pero es insuficiente. Si analizamos las cifras antes mencionadas, y no hacemos algo para ayudarlos, todos esos jóvenes en pobreza, sin estudios ni oportunidades, se sumaran a ese mundo; por tal razón estamos abriendo 10 comedores para atender entre 50 y 70 niños, a quienes también los apoyamos en sus estudios, deportes y orientación.

Son cerca de 250 pandillas y 4 mil pandilleros, cifras que aún se pueden revertir, pero necesitamos que todos nos involucremos. Sigamos el ejemplo del gobierno municipal de Medellín, que en ocho años dejó de ser una de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, y es hoy una de las más seguras.   Depende de nosotros que nuestra ciudad sea más segura. O nos involucramos en búsqueda de la solución, o nos encarcelamos en nuestras casas y nos lamentamos de las desgracias que nos puede suceder a nosotros, a nuestros amigos o parientes. Pablo Escobar ya nos señaló dónde está el problema, somos tontos sí mantenemos nuestra indiferencia, cuando los perjudicados seremos nosotros mismos.

*

<> Este artículo se publicó el 15  de octubre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mas del autor en: https://panaletras.wordpress.com/category/abadia-abad-carlos-d/

Una promesa que no debe cumplirse

La opinión de…

.

Carlos David Abadía Abad

Un dicho en nuestro país dice “lo prometido es deuda”, y es así, pero existen promesas hechas con muy buenas intenciones, pero después de un análisis profundo son inviables.   El señor presidente Ricardo Martinelli hace unos meses realizó una promesa a los jubilados, de un aumento de B/50.00 en las pensiones de vejez y estoy seguro de que en su afán de ayudar a este sector planteó esta posibilidad.

El presidente Martinelli siendo, según los politólogos, un hombre de derecha, ha actuado en este primer año como un hombre de pensamiento socialista.

El plan de 100 a los 70, mantener la red de oportunidades de la anterior administración, la entrega de libros y mochila a los estudiantes, la beca universal que se iniciará y así una serie de medidas, sociales, que nunca se pensó que un ciudadano de “derecha” y menos un empresario del nivel que es el Presidente, plantearía.

Sucede que las cuantías de las pensiones que una persona debe recibir es el resultado de estudios actuariales, que están basados en una serie de parámetros tales como, la densidad de cuotas que se deben aportar, la edad mínima de pensionarse, el porcentaje del salario que se debe aportar, la expectativa de vida entre otros.   Cuando se piensa aumentar la pensión, se tiene que revisar los parámetros anteriores, de lo contrario, se provocará un déficit, que en pocos años, lleva a la institución a tener que aumentar dichos parámetros, de lo contrario quiebra el sistema de pensiones.

Por esa razón le solicito al señor presidente revaluar esta promesa, que indudablemente es justa, pero que pone en peligro a la Caja del Seguro Social.

En nuestra historia reciente, en 1983 se nos devolvió la segunda partida del 13 mes, que financiaba las pensiones de vejez adelantadas, estas se quedaron sin financiamiento, y según los economistas significó un déficit de más de 2 mil millones de balboas, que llevó al presidente Endara a eliminar dichas pensiones y hacer ajuste de edad para pensionarse y que en 2006, hubo que aumentar la cuota y su densidad.   Lo que me extraña es el silencio de los gremios empresariales, de trabajadores y profesionales, por esta posible medida, con el conocimiento que de darse, en un espacio menor a 10 años, se tendrá que aumentar la edad, las cuotas y la densidad de aportes para poder corregir el déficit que se dará.

Es muy cómodo callar, dejar que el presidente se equivoque por buena fe e intención, y después salir a protestar cuando se tengan que tomar las llamadas “medidas impopulares”.

Actúen ahora con patriotismo y responsabilidad ciudadana. Al señor Eladio lo felicito por sus luchas constantes a favor de los jubilados, pero esta solicitud va en contra de toda la institución y en particular a los hijos y nietos de los actuales jubilados, ya que serán ellos que tendrán que sufrir las reformas que se “tendrán que hacer”.

Le solicito que se siente por un lado, con los directivos de la Caja, para buscar una serie de medidas, para que se disminuya o desaparezca el gasto de bolsillo para medicamentos de los jubilados, y otras medidas para que tengan una mejor atención; y con el presidente Martinelli y su equipo para que la canasta básica sea más económica, y esto significará un ahorro hasta mayor que el aumento solicitado. De lo contrario, señor Fernández, perjudicará la institución que usted tanto defiende.

Termino con la siguiente aclaración, sobre el poder adquisitivo que pierde las pensiones, debido a la inflación, lo ideal fuese que hubiesen ajustes, pero esto solo se podrá hacer si los aportes y otras medidas de capitalización se hicieran cuando estamos en nuestra vida productiva, lo que significaría un mayor aporte, esos ajustes tienen un costo, y se tienen que pagar, de lo contrario se afectaría el sistema de pensiones.

<>

Este artículo se publicó el 8 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Responsabilidad con la democracia

La opinión de…

—

Carlos David Abadía Abad —

Estamos en el quinto gobierno post militar, el cuarto elegido en democracia, y se percibe que la actual administración desea realizar una serie de obras necesarias como el Metro, la construcción de pasos elevados y la extensión de los corredores, mejorar el transporte público de la capital, ampliar las carreteras en otras provincias, reestructurar la educación, las finanzas públicas y hacer más eficiente la gestión gubernamental, entre otros cambios que los panameños apoyamos.

Pero un gobierno también tiene una responsabilidad con la democracia. En el caso nuestro, esa responsabilidad es aún mayor tras los 21 años de dictadura que pasamos, recientemente, y para fortalecer nuestros escasos 20 años de vida democrática.

Nuestra democracia es frágil, no solo por el corto tiempo que tiene, sino porque la mitad de este tiempo gobernó el partido de la dictadura, que en dos periodos mantuvo políticas y acciones que debilitaron los sistemas democráticos; los dos gobiernos anti dictadura no hicieron lo necesario para eliminar esos vicios. Si bien el presidente Endara respetó la separación de poderes, como ninguno lo ha hecho, se quedó corto en otras cosas, la principal, que no eliminó la Constitución.

Muchos de los que votamos por el presidente Ricardo Martinelli lo hicimos para que su gobierno fortaleciera nuestro sistema democrático, que va más allá de celebrar elecciones honestas y transparentes. Martinelli representaba una fuerza política distinta a las que habían gobernado durante estos últimos 20 años y esto le daba una condición muy especial de independencia política; no necesitaba caer en los vicios de los gobernantes anteriores, y el hecho de que no era un político tradicional junto a su preparación empresarial se percibían como una combinación equilibrada y un punto de ventaja sobre los otros mandatarios.

El gobierno ha cometido algunos errores que ponen en peligro nuestro sistema democrático. Su comunicación ha sido ineficaz, a pesar de mantener una campaña mediática intensa y costosa, pero equivocada. No ha querido escuchar a los otros sectores que juegan un papel importante en la vida del país como la sociedad civil, los ambientalistas y los gremios serios. Por no escuchar y querer descalificar a los grupos mencionados, planteó una ley que incluía la reforma de varias leyes, en vez de proponer las reformas en cada uno de sus ámbitos, bien explicadas a la sociedad, con ello se hubiese evitado todo lo sucedido.

Con todo lo acontecido la democracia ha perdido. Los grupos de la izquierda antidemocrática (vean que la calificó puntualmente, ya que la izquierda democrática, como en Chile o Brasil, aquí no existe) son los que han sacado más ventaja, aprovechando no las virtudes sino los errores de comunicación y actuación del gobierno.

El gobierno inicia su segundo año y tiene tiempo suficiente para recuperarse, eso sí, tiene que hacer sus ajustes inmediatamente. Hagan una parada técnica, evalúen qué hicieron mal este primer año para no repetirlo; qué no hicieron, qué debían haber hecho, qué hicieron bien, qué podía hacer mejor. Si este ejercicio lo hacen de manera honesta y sincera, tengan por seguro que su mala imagen se revertirá inmediatamente.

Su responsabilidad con la democracia es lo más importante que tienen ustedes, más que todas las obras que concluyan, porque poco servirán si perdemos las libertades que rescatamos al desplazar el sistema dictatorial que tuvimos.

Y, por favor, no cometan el error de pensar que las crisis que viven otros países de nuestra América Latina no sucederán aquí, craso error cometerían; solo vean cómo se confundió a los trabajadores de Bocas del Toro, exacerbando los ánimos, esto nos indica claramente los niveles de organización de los grupos que solo esperan el momento en que el gobierno se equivoque para actuar.

Señor Presidente, haga los cambios que sean necesarios para corregir las irregularidades que han encontrado; esos cambios serán más profundos si escucha a todos los que quieren a este país, que son la mayoría. A los grupos que tienen sus agendas políticas todos los conocemos, no les dé campo fértil para que crezcan en sus aspiraciones.

<>

Este artículo se publicó el 27 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

‘No fue rebeldía, fue independencia de criterio’

La opinión de….

–

Carlos David Abadía Abad

La expresión del rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, sobre el voto del estudiante universitario en el referéndum realizado la semana pasada, no fue la más feliz ni la más apropiada.

Fue una expresión despectiva e irrespetuosa. Denota su poco respeto del derecho a disentir de quienes son los verdaderos conocedores de la realidad de su centro de estudio, quienes lo viven diariamente. Saben cuáles son las grandes debilidades de la Universidad y tienen claro el tejemaneje que se mueve en ese mundo. El voto del estudiante universitario fue el voto más objetivo, realista y sincero, porque su único interés es recibir una enseñanza de primer nivel y que se les brinde todas las herramientas modernas para poder captar los conocimientos en sus respectivas carreras.

El voto de los profesores y funcionarios, y sus intereses son muy distantes; son intereses particulares y no necesariamente los que necesita la Universidad de Panamá.

Tengo entendido que ahora le toca a la Asamblea Nacional aprobar o no que la reelección universitaria sea eterna. Los diputados y el Ejecutivo deben tomar muy en serio la expresión mayoritaria de los estudiantes en contra de esa reelección. Ellos, con su voto negativo, mandaron un mensaje muy claro: que la casa de Méndez Pereira no anda bien y esto no es un secreto.

Solo veamos la clasificación que tiene nuestra Universidad en comparación con otras de Centroamérica; y si la evaluáramos con las universidades de Latinoamérica, ni se diga.

Por otra parte, vemos a los estudiantes “profesionales”, quienes se pasan lustros malgastando los recursos del Estado, sin que ninguna autoridad haga nada; ni se diga de los encapuchados que destruyen la propiedad privada y nada pasa.

Estos hechos no solo desacreditan a esta casa de estudios, sino que mandan un mensaje equivocado a los ciudadanos y desmotivan a los buenos estudiantes –aquellos llamados rebeldes, despectivamente–, que son la mayoría, porque la imagen de su alma máter está deteriorada y esto les impide expresar el orgullo que deberían mostrar por ella.

Si el Ejecutivo y el Legislativo son coherentes con su discurso sobre el tema de la educación, no deben aprobar esta reelección. Es el momento de tomar el toro por los cuernos y hacer las modificaciones estructurales que necesita nuestra primera casa de estudio superiores. Eliminar la politización en la que está sumergida y que, incluso, supera los niveles que la población señala en otros estamentos públicos.

Llegó el momento de poner orden, de ser lo suficientemente exigentes con la aplicación de los exámenes de admisión; de establecer una regla que impida que los estudiantes permanezcan estudiando una carrera más allá del tiempo establecido (solo debe permitirse dos años adicionales); y en caso de que los estudiantes opten por otra carrera, se les debe aplicar un nuevo examen de admisión.

Hay que eliminar a esos estudiantes “profesionales” que politizan y denigran la Universidad, y que malversan el dinero público con la anuencia irresponsable de las autoridades y los profesores. Es el momento de analizar por qué la Universidad de Panamá tiene un bajo porcentaje de estudiantes graduados.

Señores diputados y señora ministra de Educación, Lucy Molinar, los estudiantes le han mandado un mensaje alto y claro, no lo desperdicien; además de que sería una contradicción, perderían una oportunidad de oro y se seguiría hundiendo a la Universidad y a la educación.

La opinión de los “rebeldes” fue objetiva, responsable y real, lo que demostró que tenemos una materia prima que lo único que desea es que se les brinde una enseñanza de calidad.

<>

Este artículo se publico el 16 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Noriega nunca pidió perdón

La opinión de…..

cc

Carlos David Abadía Abad

Desde que Noriega fue enviado a Francia, he escuchado a muchas personas expresar o pedir piedad para el dictador. Unos dicen que él ya pagó su pena, otros que deben dejar que goce a sus nietos en sus últimos años o que le pueden dar casa por cárcel, porque ya sufrió mucho.

Primero que todo, y como dice mi amiga Betty Brannan, él le pagó a la justicia norteamericana, no a la panameña. Aquí fue condenado y debe pagar con cárcel por los delitos cometidos, que no fueron ni pocos ni leves.

A todos los que se apiadan de Noriega y piden que lo dejen disfrutar a sus nietos, les pregunto: ¿Qué piensan de los hijos de Hugo Spadafora? Ellos crecieron sin su padre y –además del trauma que esto les habrá provocado– hoy sus hijos nunca recibirán un mimo de su abuelo, que fue decapitado. O qué piensan de los hijos de los 10 militares ejecutados, quienes crecieron sin sus padres. Ellos les contarán a sus hijos que sus abuelos fueron vilmente asesinados por un hombre que se creyó dueño de un país. Y qué decir de las “desapariciones” de Héctor Gallego y Heliodoro Portugal, aunque en esa época Omar Torrijos era el jefe y, por lo tanto, el principal responsable de esa crueldad. Torrijos al igual que Noriega no permitía que se disintiese, porque se creyó el amo de esta patria.

Pero veamos otros delitos cometidos por Noriega, quien humilló a Panamá; él permitió que los grandes narcotraficantes se pasearan por esta tierra, con pasaportes panameños, y le brindaba todas las facilidades para transportar su droga y lavar su dinero mal habido.

Aquel mismo hombre que amenazó a todo un pueblo, con la frase “plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para el enemigo” (el enemigo era todo un pueblo de panameños vida mía), fue quien cerró los medios de comunicación, llevando a los periodistas a situaciones muy difíciles; fue él quien ordenó que nos atacaran en la Iglesia del Carmen y en el parque de Santa Ana; fue quien ordenó la quema de La Mansión Danté y el edificio de El Machetazo; quien destruyó KW Continente; quien mandó al exilio a muchos panameños porque no pensaban como él.

Y lo peor de todo lo que hizo este irresponsable fue retar a la mayor potencia del mundo, apostando a que un organismo de esa Nación (a quien él le hacía trabajos) lo apoyaría de por vida. Así nos llevó a la mayor humillación que hemos sufrido como país, una invasión que provocó decenas de muertos; todo por la ambición de Noriega, por el deseo de mantener el poder, pero no por el bien de la patria, sino de sus negocios y de los negocios de los narcotraficantes.

Manuel A. Noriega tiene que cumplir su condena en una cárcel de Panamá, y en la misma cárcel en la que están los demás maleantes. Él no fue ni presidente ni jefe de gobierno; él se robó el poder que años antes Omar Torrijos había hurtado.

Cuando Noriega pida perdón público por sus delitos, cuando nos diga dónde están los cuerpos del padre Gallego y Portugal, y la cabeza de Spadafora, cuando nos informe cómo construyó la fortuna que amasó y quiénes fueron sus principales colaboradores, y cuando demuestre una verdadero arrepentimiento, solo entonces se podría disminuir su condena, pero no eliminarla.

A cada una de las personas que hoy quieren que todo se olvide, las invito a que piensen en las familias afectadas como si fueran las suyas; piensen en el daño que hizo a la imagen del país y en todas las secuelas que los panameños hemos sufrido y pagado.

No se puede perdonar al que no se arrepiente. Muchos de ese grupo cercano a Noriega han expresado que no tienen nada de que arrepentirse, ¡que descarados son!

<>

Este artículo se publicó el 21   de mayo de 2010 en el diario  La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El funcionamiento de la CSS

La opinión de…..

.

Carlos David Abadía Abad

La Caja de Seguro Social (CSS) es la institución más grande e importante que tenemos los panameños, pero a la vez poco se sabe de su funcionamiento, y debido a este desconocimiento se vierten una serie de opiniones que confunden aún más a los derechohabientes o se hacen propuestas que afectarían, de manera importante, su patrimonio. Por esta razón, paso a explicar cómo funciona nuestra institución de seguridad social.

Realmente podríamos decir que existen cuatro cajas, ya que cada programa o riesgo tiene su financiamiento definido y sus responsabilidades. Riesgo de administración, riesgo de enfermedad y maternidad, riesgo de invalidez, vejez y muerte, y riesgos profesionales, son las cuatro principales responsabilidades de la CSS.

El riesgo de administración tiene la responsabilidad administrativa de la institución. Cubre todos los gastos, desde el sueldo del director general hasta el papel que se confeccionan los cheques de los jubilados.

Su financiamiento se da por medio del aporte del Estado, equivalente al 0.8% de los sueldos y bases de cotizaciones de los asegurados obligatorios, voluntarios, y de lo pagado a jubilados del Estado, sobre los cuales la CSS recibe cuotas, parte del impuesto selectivo al consumo de bebidas gaseosas, alcohólicas y cigarrillos y otros ingresos.

Es la parte solidaria del gobierno central con el Seguro Social. En otros países, de la cuota para pensiones se retira un porcentaje para la administración, esto es un gran avance solidario y se tiene desde 1941 cuando se creó la CSS.

El riesgo de enfermedad y maternidad es el responsable de los servicios de salud para todos los derechohabientes de la CSS. Esto incluye el personal de salud, las medicinas e insumos, en fin, todos los gastos del sector salud de la Caja. Este es el único riesgo al que los beneficiarios tienen derecho y no guarda ninguna relación con el riesgo de las pensiones.

Sus principales ingresos lo proporciona el 8% de la cuota patronal y el 0.5% de la cuota del trabajador (que financia las prestaciones económicas de dicho programa, tales como las licencias por gravidez y las incapacidades por enfermedad común). También, el 6.75% de la cuota de los pensionados; el 10% de los ingresos netos de las concesiones que el Estado otorgue en materia de fibra óptica; los dividendos que sus reservas produzcan; el aporte de 25 millones del Estado, y un aporte transitorio del empleador que este año es de 0.25%.

El riesgo de invalidez, vejez y muerte es el que tiene la responsabilidad financiera para cubrir cualquiera de estas tres eventualidades. Los costos son exclusivamente los que genera el riesgo. La cobertura es para todos los asegurados que permanecen en el sistema de beneficio definido y la porción similar al sector del sistema mixto.

Su financiamiento principalmente viene de la cuota obrero patronal, que actualmente es de 11%, el próximo año será de 12.5% y a partir del año 2013 será de 13.5%.

Los ingresos de los rendimientos de las reservas representan uno de los puntos más importantes para el sostenimiento financiero de este riesgo.

El ingreso proveniente del Fideicomiso que establece el Estado a favor de la CSS, como aporte a la sostenibilidad financiera y actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte, actualmente es de 100 millones al año. A partir del año 2013 y hasta el año 2060 será de 140 millones de balboas.

El Estado entrega un subsidio anual, equivalente a 20 millones de dólares, para compensar las fluctuaciones o posible disminución de la tasa de interés de las inversiones que mantenga la CSS en bonos, pagarés u otros valores similares emitidos por el Estado.

El programa de riesgos profesionales fue creado en 1970. Es el riesgo que se responsabiliza de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Con financiamiento y contabilidad propios.

Su recursos y financiamiento se obtienen de las primas que deben pagar exclusivamente los patronos, de acuerdo con la tarifa que la Caja establezca al efecto, según el riesgo inherente a la actividad de la empresa.

Como ven, cada programa tiene su área de responsabilidad y su fuente de financiamiento, son completamente independientes uno del otro.

Entre los otros puntos que son importantes entender está que las reservas de la CSS deben aplicarse en inversiones seguras, pero que le rindan un interés de por lo menos 6% o más. Tener esos fondos en una caja fuerte o en plazos fijos los descapitaliza y pone en riesgo las futuras pensiones.

El otro punto es el monto de las pensiones de vejez, mejor conocidas como jubilaciones. La pensión de cada uno de nosotros no es más que el resultado de nuestros ahorros solidarios para ese programa, durante nuestra vida laboral. No se pueden aumentar las pensiones sin poner en riesgo las futuras pensiones o se tendría que aumentar la cuota obrero patronal, aumentar la edad de pensionarse o exigir más tiempo de cotización o disminuir los beneficios actuales, para poder garantizar las futuras pensiones.

Comprendo que muchas pensiones son bajas, pero la Caja, responsablemente, no puede aumentarlas, ya que pondría en peligro las jubilaciones de nuestros hijos.

Por último, la pensión mínima es subsidiada por todos nosotros, ya que en muchos de los casos el cotizante no llega a tener esa cantidad y se le otorga como una solidaridad con él.

Espero haber dejado claro que cada riesgo de la Caja es independiente y que no podemos hacer exigencias que, al final, ponen en peligro la institución que todos decimos defender.

<>

Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La ‘ley zanahoria’ y la inseguridad

La opinión de…..

,

Carlos David Abadía Abad

La posible presentación de la llamada “ley zanahoria”, que regula el horario de cierre de bares y discotecas, ha desatado una polémica entre diferente sectores de la ciudadanía. Cada uno tiene razón desde su punto de vista e interés particular, pero realmente no veo que dicha ley vaya a disminuir de forma significativa la inseguridad que vivimos, tampoco tiene un valor importante como complemento de otras medidas para reducir dicha situación que a todos nos preocupa.

Creo que su posible efecto es otro. Me explico. Las principales causas del pandillerismo, que es donde se genera toda esta violencia y que ocupa el 50% de las noticias televisivas, se debe a cuatro motivos: pobreza, desintegración de la familia, falta de oportunidades y el ambiente físico y social donde residen los delincuentes y que realmente afecta su autoestima. A esto hay que agregarle el ingrediente del narcotráfico.

Siendo Panamá un país de tránsito de drogas de Sur América hacia Estados Unidos, un porcentaje de estas se queda en nuestro país, lo que es un anzuelo ideal para un sector de la población que busca resolver los problemas que sufren. No es secreto para nadie que los millones de balboas que genera ese cáncer son una tentación por los motivos antes mencionados.

La “ley zanahoria”, primero, no resuelve ninguna de las causas estructurales y podría dar la sensación de que con su aplicación se corregirá este mal, desviando la atención de la implementación de otras medidas que sí se deben ejecutar.

El cierre de todos los lugares de diversión a las 3:00 a.m., los jueves viernes y sábado, no resuelve el consumo de bebidas, ni disminuirá los accidentes de tránsito, muy por el contrario, podría aumentarlos cuando todos los conductores salgan a esa hora. ¡Provocará un caos! La mayoría de estas personas se irían para sus casas a seguir la fiesta y el desorden sería mayor en los barrios. Además, el trabajo de los policías se concentraría en vigilar a los “borrachos”. Ya el ministro Mulino expresó que esa no debe ser su función principal, con lo cual estoy de acuerdo, pero con la estrategia de cierre así pasará.

Recomiendo a los funcionarios del sistema de inteligencia y seguridad que investiguen cuáles son los bares y discotecas en donde se venden drogas y que apliquen la ley sin contemplación. Las drogas no la venden necesariamente después de las 3:00 a.m., sino a todas horas. Estoy seguro que en los lugares donde ocurre este delito, desde tempranas horas de la noche se mercadea con las drogas. Como bien dijo la ministra Lucy Molinar, lo que haces a las 3:00 a.m., lo haces a las 8:00 p.m., 10:00 p.m. o a la medianoche.

Deben ser más estrictos en la aplicación de los operativos del “guarómetro”. Vi un reportaje de televisión y leí en los periódicos que hay lugares que han adoptado esta práctica de manera masiva. En el reportaje mostraron que en la ciudad de Tokio las multas y/o condenas por conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol son tan altas que los ciudadanos que beben prefieren tomar un taxi antes que conducir en ese estado.   En la ciudad de Santa Fe, Argentina, el municipio y los bares llegaron a un acuerdo y se ofrece transporte gratuito a los clientes. Estas son las medidas que debemos adaptar en nuestro país, para no perjudicar a nadie, a la vez que generamos conductas de responsabilidad para no conducir ebrio y no tapamos la luz solar con la mano.

Sobre la seguridad, que es lo que nos preocupa, primero que todo hay que construir una política nacional con participación de la sociedad civil, que ya ha mostrado interés en colaborar.   Creo que la creación del ministerio de seguridad es un paso positivo, igual que el proyecto de Curundú, porque este cambia el entorno de vida de ese sector, aunque no se le ha explicado bien a la ciudadanía el beneficio que traerá.

Entiendo la desesperación que tiene el presidente Martinelli, el ministro Mulino y el resto de los funcionarios del Gobierno por la inseguridad nacional, pero esto no se resolverá de manera rápida. Tampoco debemos plantear ideas al aire, sin saber o tener certeza del impacto real que podrían tener. Debemos sentarnos a armar una política de Estado, que traiga esperanza y confianza a la ciudadanía, que mande un mensaje claro a los maleantes, así el país sería bien visto internacionalmente.

Para terminar, quiero mandar un mensaje a las dos grandes cadenas de televisión, porque veo que cada una ha elaborado una estrategia para el mismo fin: ¡Únanse! Este tema no es para competir en raitings o tener mejores clientes, este es un tema en el que todos los panameños debemos aportar nuestras ideas, tiempo y dinero, para vivir en el Panamá que todos nos merecemos.

<>

Este artículo se publicó el  28  de abril de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

De la estafa a una buena jugada

La opinión de…

.

Carlos David Abadía Abad

Cuando el ministro Alberto Vallarino hace algunas semanas dio a conocer a la ciudadanía los resultados de la auditoría de los corredores, me tomé un gran disgusto y un sentimiento de impotencia. ¿Cómo es que un gobierno puede acordar un contrato tan perjudicial? ¡Qué falta de decencia, patriotismo y respeto para todos nosotros! Claro está que los principales responsables de un contrato tan leonino fueron los gobernantes que negociaron dicho acuerdo, pero los miembros de esas dos empresas, ICA y Pycsa, también tienen una responsabilidad moral y ética, y deja mucho que desear el tipo de empresarios que son.

Expresar que el dólar que reciben el día de hoy tiene un valor real de 16 centavos, comparado al dólar invertido hace 13 años, es un insulto a la inteligencia. Y de ser así, pregunto: ¿Ajustaron en esa misma medida el salario de sus funcionarios de más bajo nivel? Porque, no dudo que han sido capaces de hacerlo a sus más altos ejecutivos, que no son los panameños.

Pero esta estafa ha sido corregida con la acción del actual gobierno, al haber adquirido dichos corredores. Estoy seguro de que con un contrato justo, ético y moral se hubiera tenido que desembolsar menos dinero, pero las circunstancias probablemente no lo permitían, basado en la bendita seguridad jurídica que creo que se debe respetar, pero que debemos reglamentar, porque en base a ella se estafa a los ciudadanos de la nación, que son los que realmente pagan con sus impuestos o sus tarifas esos proyectos, bajo acuerdos inmorales e injustos para la población.

La jugada genial de este gobierno, desde mi punto de vista, hay que aplaudirla. Primero, porque era la única manera de adquirir estas propiedades; de lo contrario, según se nos informó, para su rescate tendríamos que haber esperado muchos años y pagar un precio 10 ó 20 veces mayor. El vocero de uno de estos corredores expresó hace unos meses que su adquisición costaría más de mil millones de balboas.

Segundo, el uso de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Fondo Fiduciario traerá beneficios, porque su lucro será mucho mayor. En el caso de la CSS, esta entidad tenía más de 500 millones de balboas a plazo fijo, ganando intereses muy bajos, que no son cónsonos con la capitalización que dichos fondos deben tener para poder hacer frente a las futuras pensiones.

Tercero, este dinero generará riquezas para nuestro país.

Aprovecho este espacio para aclarar algunas inquietudes que hemos escuchado de diversas personas, en el sentido de que los corredores deben ser gratuitos. No me parece ni justo ni responsable. No es justo, porque el dinero que se utiliza para la compra de los corredores corresponde a los 3 millones de panameños de cada una de las nueve provincias, quienes por lógica no disfrutan dicha facilidad. No es responsable, primero, porque se deben tener reservas para su mantenimiento; segundo, debe generar ganancia para la CSS y tercero, porque se tiene entendido que se ampliarán dichos corredores y esto se debe autofinanciar con el ingreso de los peajes.

Ahora bien, sí creo que el Gobierno debe buscar alternativas para eliminar los tranques en las garitas de peaje. Hay una serie de alternativas que se aplican en otros países que podemos adaptar al nuestro y, de esta manera, resolver este mal servicio que se ha heredado.

Por otra parte, creo que el Gobierno debe hacer público el acuerdo y todos los beneficios que implica; sería una muestra de transparencia y un ejemplo importante que se retribuirá hacia los gobernantes con respecto a su confiabilidad.

Nuevamente, aplaudimos la acción del Gobierno, pero ahora le toca a este mejorar las deficiencias antes mencionadas, hacer un buen uso de los ingresos e instituir una política de mantenimiento.

<>

Este artículo se publicó  el  1 de abril de 2010 en el Diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Cuál democracia defendemos?

La opinión de…..

.

Carlos David Abadía Abad

Es justo iniciar el tema aclarando que, a pesar de que voté por Ricardo Martinelli y fui parte del equipo del “Plan de Gobierno” en el tema de salud, ni soy cercano a su círculo político, ni ocupo puesto alguno de mando o jurisdicción en su gobierno.

Como muchos otros que lo hemos apoyado, estoy aprensivo por algunas actuaciones del Presidente.

Específicamente por el nombramiento de los dos nuevos miembros de la Corte Suprema, la forma de reemplazar a la Procuradora de la Nación y el otorgamiento de contratos de forma dudosamente transparente.

Pero vamos al tema del día: La democracia. Se señala recientemente la concentración de poder en el Órgano Ejecutivo.  En democracia, el único de los cuatro gobiernos que hemos tenido desde 1989, que respetó la separación de los tres poderes fue el de Guillermo Endara. Ni Pérez Balladares, ni Mireya Moscoso ni Martín Torrijos lo hicieron.

Concentraron el poder a más no poder. Los dos primeros usaron todas las artimañas posibles para dominar la Asamblea Nacional, que no les había favorecido en sus torneos electorales.

En cuanto a la libertad de expresión recordemos, por ejemplo, que uno de ellos quería que un canal de televisión despidiera a una de sus periodistas ancla y que otro eliminara un programa de opinión, por ser ambos críticos de sus acciones. Otro presidente le quitó la propaganda gubernamental a un periódico, porque éste publicaba con frecuencia información que le resultaba antagónica. Y nadie dijo nada. Creo que deben establecerse normas de autocensura, pero sin que haya una censura gubernamental.

¿Qué democracia hemos construido y hemos tenido durante estos 20 años? La de las privatizaciones de los servicios públicos que hoy nos cuestan mucho más y a través de las cuales escapan millones de balboas en divisas; la de corredores que hoy no se pueden auditar; de artimañas legales para privatizar los juegos de azar;  casos como los de los “durodólares”, el Museo del Tucán, el hundimiento misterioso de un helicóptero presidencial, los sospechosos indultos a delincuentes nacionales e internacionales; los 18 quemados del bus por la ineptitud para corregir los problemas del transporte; los más de 130 muertos y los millares de panameños envenenados en la CSS; la destrucción de manglares ejecutada por personas favorecidas por gobiernos de turno; los escándalos de la fibra de vidrio y el FIS, solo para mencionar algunos.

Cada gobierno ha hecho lo que le ha dado la gana y nadie ha hecho nada, ni cuando están en el poder, ni cuando salen, porque el pacto es:  Vivo y robo y te dejo vivir y robar a tu antojo.

No estaremos de acuerdo con la manera en que se ha separado y reemplazado a la procuradora, pero ¿qué hizo ella en todos estos casos? Nada. El envenenamiento del dietilene glycol es la mayor tragedia de salud pública en la historia de nuestro país y constituye el caso insignia que demuestra la falta de capacidad de nuestra administración de justicia.

¿Nos preocupa a quienes luchamos por la democracia de nuestro país las actuaciones recientes del presidente Martinelli?    Sí, y debemos buscar los mecanismos para que el Presidente, en momentos específicos, reconsidere algunas de sus acciones.

Pero en este momento debemos reconocer que tal vez con un estilo diferente, podría estar intentando resquebrajar los estamentos tradicionales de corrupción estatales y privados que nos han anegado durante los últimos años.

¿Son aquellos que participaron en la instauración de una dictadura asesina como fue la comandada por Torrijos y Noriega, quienes ahora vestidos de blanco pretenden expresar sus “preocupaciones democráticas”. Que vayan a otro lado con ese pregón.

¿Será que ahora el PRD anda preocupado por la ruptura del pacto no escrito, de que un gobierno se haga de la vista gorda con las acciones no transparentes del gobierno anterior, en perjuicio de todos?

Lo del dietilene glycol, lo de la fibra de vidrio y lo del FIS no fueron actos de magia.   Son delitos graves que los culpables deben pagar con cárcel. Esta irresponsabilidad costó vidas humanas y afectó a familias enteras. Los otros se robaron el dinero para la educación de los panameños, delito infame que necesita ser castigado. Y nosotros debemos mantenernos vigilantes de quienes tienen la responsabilidad de ejercer la justicia y hacer prevalecer la democracia.

Presidente Martinelli, usted tiene un reto y una gran responsabilidad con la democracia en Panamá.

Su gobierno no puede fallar. La izquierda antidemocrática se aprovecharía de esos errores y tanto Ud. como todo nuestro pueblo seríamos terriblemente afectados.

Por esa razón, ha llegado el momento de reflexionar sobre los hechos y actos ocurridos y los que lo apoyamos en las elecciones y queremos honestamente la verdadera democracia, le solicitamos respetuosamente que Ud. dirija los correctivos necesarios para que la justicia prevalezca.

Los hombres inteligentes son los que saben rectificar, esto no es ni claudicación ni muestra de derrota, muy por el contrario, es signo de hidalguía y de madurez como estadista.   En sus manos confiamos nuestra democracia, que se construye y fortalece con la participación de todos.

<>

Artículo publicado el 11 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, al igual que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El escándalo del FIS, una oportunidad

La opinión de…..

.

Carlos David Abadía Abad

Se dice que toda crisis genera una oportunidad, y este escándalo, que ha revelado lo que era un secreto a voces, sin que con esto se interprete que todos los diputados señalados en los medios de comunicación han incurrido en actos de corrupción, pero que sí llama la atención algunos detalles, como los tiempos en que se dieron estos desembolsos que coinciden con la época electoral; se repiten las mismas empresas que se ganaron esos trabajos; o personas, como el caso de chofer, que reciben altas cuantías de dinero, todas estas denuncias son hechos que necesitarán muchos argumentos para aclararlos.

Todo esto ha provocado una crisis que, guardando sus proporciones, es similar a las declaraciones de Díaz Herrera en 1987. Y este escándalo aún genera nuevas interrogantes, tales como: ¿Dónde estaban los auditores o personal de la Contraloría de esas instituciones? ¿Por qué no hubo un seguimiento de cada uno de estos proyectos? ¿Quiénes tendrían que realizar esos controles? Esto nos indica que habrá otros implicados, como miembros de la Contraloría, el Ejecutivo de los periodos 1999 -2004 y 2004 -2009 y empresarios.

Pero como dije al inicio, se tiene una oportunidad muy interesante que no se debe desperdiciar. Primero, investigar sin ninguna limitación estos hechos tanto en el sector público como privado y hacer del conocimiento de la población los resultados. Esta transparencia le será muy útil al gobierno y ganará credibilidad y confianza de todos.

Castigo ejemplar a todos los que resulten culpables. Recordemos que son dineros de los impuestos que todos los panameños pagamos y que se afecta a los más pobres del país, lo cual es un delito de lesa patria.   Además de no haber castigo ejemplar estamos promoviendo la impunidad que es el mejor incentivo para la corrupción, y más que eso, sería otro golpe a nuestra incipiente democracia. Ojo en no caer en la distracción de descalificar al mensajero, que en este caso es la empresa que hizo la investigación o como quiera llamarse, y no concentrarse en los hechos, que son lo que deben aclararse. Es verdad que se debe investigar cómo se escogió dicha firma y el pago a ella, pero sin dejar a un lado la denuncia presentada.

Por otro lado se debe reestructurar el FIS, no creo que se debe eliminar porque sí juega un papel importante en esas pequeñas obras cuya ejecución vía ministerio son prácticamente inviables porque la burocracia las haría muy costosas. Nos atrevemos a hacer algunas sugerencias. El FIS no debería patrocinar ni uniformes ni implementos deportivos, esto sería responsabilidad de Pandeportes, que hoy está administrado por una persona que genera confianza, y ella podría normar muy bien esta nueva responsabilidad de esa entidad, que realmente desde un inicio debía recaer en ella.

Las obras concretas que el FIS debe realizar no deben pasar por X presupuesto, tal vez entre $50,000 a $75,000, y las obras deben estar dentro de estos costos, y no permitir que la obra sobrepase esos costos para evitar el “juega vivo” tan común de dividir presupuestos con la intención de cubrir costos mayores del permitido y se cumpla con “los reglamentos”, como se observa en una de las denuncia que el diario La Prensa publicó el domingo 24 de enero en uno de los reportajes de este tema. Otra sugerencia es que debe existir un seguimiento y control estricto de cada una de las obras, donde los inspectores deben presentar informes según el avance de las obras y sería el responsable directo, y que exista punición ejemplar, para que cumpla a cabalidad la función de supervisión que se realiza de manera muy ineficiente en el sector público, lo que cuesta muchos millones de balboas a todos los panameños.

Señor Presidente, su administración ha hecho públicos estos actos de corrupción, y es una medida plausible, pero ahora hay que concluir, metiendo presos a los culpable para que se mande un mensaje claro de que se inicia el fin de la impunidad, primer paso para combatir la corrupción, y hacer la reestructuración del FIS, para convertirla en una entidad eficiente y eficaz para el bien de aquellos compatriotas con más necesidades. Además será un acto de fortalecimiento de nuestra democracia.  En sus manos esta el fin de la impunidad.

<>

Publicado  el   26  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

9 DE ENERO El símbolo del nacionalismo

.

La opinión del médico……

.

Carlos David Abadía Abad

Los panameños desde el mismo día de nuestra independencia iniciamos la lucha contra la inmoralidad del Tratado Hay-Bunau Varilla que Estados Unidos, aprovechando su poder y posición como potencia y sobre los objetivos de un pueblo de alcanzar su independencia y, a la vez obtener una alternativa para salir de la miseria que el país vivía en esos momentos, nos impuso.

Las muestras de esas posiciones y luchas están marcadas por diferentes hechos, entre los que podemos citar: la carta de protesta entregada al gobierno del norte por José Domingo De Obaldía, en 1904, por la ocupación de los puertos, la Aduana y los Correos en la Zona del Canal; el tratado Arias–Roosevelt, en 1936; el rechazo del Tratado Filos–Hines, en 1947, por toda la población; el Tratado Remón–Eisennhower, en 1955, y la famosa frase del presidente Remón “Ni millones ni limosna, queremos justicia”, que enmarcaba fielmente el sentimiento de todos los istmeños;  el acto de siembra de banderas de Panamá el 3 de noviembre de 1959, liderado entre otros por Julio Linares, Carlos Arellano Lenox y Aquilino Boyd.

Pero la fecha símbolo de esa lucha y que enmarcó el inicio del fin de esa injusticia fue el 9 de enero de 1964, cuando los institutores intentaron izar nuestra bandera en la Zona del Canal y el pueblo salió a protestar por la agresión a nuestra bandera. Los estudiantes sufrieron en manos de la policía zoneíta;  al final, 22 compatriotas perdieron la vida.

Es de resaltar la posición digna y de responsabilidad patriótica del presidente Roberto F. Chiari, quien tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con el coloso del norte (siendo el único país latinoamericano que lo había hecho hasta entonces), además, del valiente e inquebrantable papel que jugó el jefe de la misión panameña, don Miguel Moreno Jr., quien nunca titubeó ante las presiones del gobierno norteamericano y de algunos embajadores latinos que no entendieron o a quienes su columna vertebral gelatinosa les impedía comprender la dignidad de un pueblo, representada por el presidente Chiari, el embajador Moreno y todo el equipo que lo apoyaba en dicha acción.

Los hechos del 9 de enero de 1964, que por su gravedad costaron muchas vidas de panameños, así como la dignidad de Chiari y Moreno, que solo firmaron el acuerdo de cesar la medida diplomática aplicada a Estados Unidos cuando éstos plasmaron por escrito su compromiso por un nuevo tratado y no la revisión del tratado vigente en ese momento –como era el deseo de los estadounidenses– fue la clave para que más adelante se pudieran negociar los tratados que fueron firmados en 1977.

Digo lo anterior, sin negar el protagonismo de Omar Torrijos en el logro de esos acuerdos, ni el de Gabriel Lewis Galindo, quien fue una pieza clave y de quien creo que sin su habilidad, entusiasmo y carácter no se hubiese conseguido este convenio.

Después de 46 años de esta fecha gloriosa, ha llegado el momento de hacer un monumento que incluya a cada uno de estos hombres y hechos, para recordar lo que fue una lucha de diferentes generaciones, gracias a la cual se alcanzó lo que tanto anhelamos por décadas.

Bien expresó don Agustín Arango –al ver la jugada de Buneau Varilla– que alcanzamos dos principales objetivos, nuestra independencia y la construcción del Canal por nuestras tierras; le tocaría a las siguientes generaciones ir perfeccionando dicho tratado.

El primer objetivo de este monumento sería el de darle el valor a cada uno de los panameños que en diferentes momentos aportaron para corregir esa injusticia; segundo, para que las nuevas generaciones conozcan la historia, y tercero, despolitizar el rescate de nuestro Canal, que no fue de nadie en particular y que constituye el triunfo de todo un pueblo, lleno de orgullo y de nacionalismo, sin color de partido ni de ideología política que los identifique.

<>

Publicado  el   9  de  enero  de 2010  en   el  Diario  La  Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Dictadura irresponsable

.

La opinión de….

.

Carlos David Abadía Abad

Este domingo se cumplen 20 años de la invasión a nuestro territorio por el ejército de Estados Unidos, un hecho humillante, desastroso y doloroso para nuestra historia.

Claro está que el culpable de dicho acto es el gobierno del norte, que tomó la decisión de ejecutar esa barbarie, pero no podemos dejar de señalar la irresponsabilidad del dictador Manuel Antonio Noriega, de la oficialidad de las Fuerzas de Defensa, de los altos dirigentes del PRD y de una serie de esbirros, quienes por querer mantener un régimen dictatorial –rechazado por la población en una lucha pacífica que tomó fuerza en 1987, con la Cruzada Civilista–, intentaron confundir a los ciudadanos y a la comunidad internacional, señalando que esas protestas habían sido ideadas por Estados Unidos con el objeto de no entregar el Canal de Panamá.

No podemos olvidar lo expresado por uno de los miembros más influyentes del PRD, en un video divulgado hace ya algún tiempo, cuando expresó que cuando no se tenían argumentos, se tendría que utilizar el nacionalismo.

Debemos se claros en muchas cosas:  Primero, que tanto el dictador Torrijos como Noriega fueron empleados de la CIA.    El golpe de Estado perpetuado por Boris Martínez, a quien después Torrijos desplazó, tuvo el aval de los gringos. Como bien dictaba su política hacia América Latina, era mejor entenderse con un dictador que con un gobierno democrático y así sucedió en esa época. Brasil, Perú, Argentina y Chile fueron también muestra de dicha política.

Noriega, por su parte, siempre apostó a que nunca perdería el apoyo del sector norteamericano.   Ya, en 1984, había recibido ese respaldo a raíz del fraude electoral que él, en conjunto con el PRD, perpetraron, y ya en esos tiempos los gringos conocían la relación de Noriega con los narcotraficantes.  Recuerden la reunión que se dio con estos señores en un hotel de la localidad el día de las elecciones de 1984; esto le daba al dictador la certeza de que continuaría recibiendo dicho apoyo, al punto de que llegó a retar a Estados Unidos.

Los panameños que rechazábamos el sistema dictatorial hicimos una lucha pacífica para rescatar la libertad y democracia en nuestro Panamá, teniendo claro que los gobernantes de EU y otros de la región apoyaban a la dictadura por diferentes razones, ninguna justa.

Siempre he sustentado que el movimiento contra la Reforma Educativa, en 1979, y la marcha del 9 de octubre de ese año –considerada la mayor manifestación de protesta–, fue el primer paso de esa lucha, al igual que lo fue el voto en contra del candidato de la dictadura en las elecciones de 1984, el rechazo de dicho fraude, y el paro en Bocas de Toro. Ese mismo año se creó la Coordinadora Civilista Nacional en rechazo al fraude. Fueron movimientos que ayudaron a dar fuerza y conciencia a la población contra el régimen dictatorial.

El asesinato de Hugo Spadafora, en 1985, puede ser considerado el inicio del fin del régimen; la población protestó profundamente por ese hecho atroz.

Las declaraciones del coronel Díaz Herrera –despechado por haber sido separado de las Fuerzas de Defensa, no por estar de acuerdo con el retorno del país a la democracia y a la libertad–, confirmaron el fraude electoral y el asesinato de Spadafora. Aunque esto ya se sabía, la confirmación unió al pueblo en la Cruzada Civilista Nacional, un movimiento netamente nacional y auténtico, basado en una lucha pacífica. Allí afloraron los símbolos del pañuelo blanco y el toque de paila, propuesto por el Dr. Carlos Iván Zúñiga desde la Radio 10, que fue cerrada por las turbas de los militares y miembros de PRD.

La lucha fue nacionalista, pacífica, a tal punto que se aceptó ir a unas elecciones en las que el Tribunal Electoral era manipulado por el dictador, porque era una manera de sacar al régimen del poder, por la vía civilizada; cuando se vieron perdidos no les quedó más que anular dicho torneo. Seis meses después cometen el vil asesinato de 10 miembros de las FFDD, quienes se habían revelado al dictador.

El PRD y sus patronos, los militares, cerraron toda vía pacífica y dieron excusas a los norteamericanos para el desastre que cometieron. Y no satisfechos con lo que provocaron, más tarde politizaron y manipularon la cantidad de muertos en ese acto de barbarie. Un muerto en esos hechos es lamentable, pero decir que hubo 5 mil es otra de sus patrañas.

El 24 de diciembre de 1989, en el Hospital de la CSS, en el Hospital Santo Tomas y en el Hospital Gorgas había 189 cadáveres; otros 40 en el hospital de Colón. La cifra más probable de mártires de la invasión es de 500.

Propongo al actual gobierno hacer un monumento por todos los muertos durante la dictadura militar, incluyendo los mártires del 20 de diciembre, para que las futuras generaciones conozcan las atrocidades que cometió el régimen militar, con el apoyo de civiles esbirros, y para que nunca jamás permitamos que un grupo de malos panameños secuestre un país, como lo hicieron estos señores que llenaron de luto la familia panameña.

.

<>
Publicado el  17 de diciembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien  damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.