El nuevo Procurador General de la Nación

La opinión del  Empresario…


Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en los diferentes despachos que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá.
Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación. La titular del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez, fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales en la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos.
Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Giuseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones; relevantes sin embargo su nombramiento, fue ratificado sin ninguno de los diferentes sectores políticos y sociales del país.   De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público.

Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.   Después de todos esos incidentes políticos sociales y administrativos, surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual será ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado en base a sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad y de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público, de llamar en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, en busca de la verdad para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad a nivel nacional.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él, de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, personal en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia; tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero donde sus castigadores son los sicarios y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado, escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

<>Artículo publicado el  23  de enero de 2011  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El nuevo procurador general

La opinión del Empresario…

Guillermo Roca Rivas

El Ministerio Público ha venido sufriendo en los últimos años quebrantos de conducta en diferentes despachos, lo que que ha mermado la confianza y la credibilidad en ese importante estamento que debe velar por la justicia en Panamá. Tales escándalos han motivado renuncias y separaciones de sus cargos hasta aclararse la situación.

La titular del Ministerio Público Ana Matilde Gómez fue separada del cargo por acusaciones que aún se encuentran en los despachos judiciales a la espera de establecer la verdad o la nulidad de los cargos. Al seguir el proceso de encontrar un nuevo Procurador interino hasta vencer el período de la titular surgió el nombre de Guiseppe Bonissi, figura desconocida en el ambiente político y en posiciones relevantes; sin embargo, su nombramiento fue ratificado sin ninguna consulta de los diferentes sectores políticos y sociales del país.

De un momento a otro surgió la renuncia del Procurador interino a raíz de algunas denuncias públicas que lastimaban el prestigio y la filosofía del Ministerio Público. Dicho funcionario no me inspiró ni confianza ni desconfianza en el cargo debido a ser una figura desconocida en los diferentes ambientes de la vida pública.

Después de todos esos incidentes políticos, sociales y administrativos surge el nombre de José Ayú Prado para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación a fin de terminar el período constitucional, cargo que fue aprobado por un grupo de ministros de Estado con el visto bueno del Presidente de la República, el cual fue ratificado por la Asamblea de Diputados posteriormente.

Los funcionarios del Estado con base en sus acciones crean la confianza, la credibilidad de la sociedad, de los gobiernos y de la patria. El nombramiento del nuevo Procurador General de la Nación se debe, según los entendidos, al mensaje y las determinaciones patrióticas y valientes que ha demostrado frente a los cargos que ha desempeñado en el Ministerio Público de llamar, en busca de la verdad sin intenciones de venganzas políticas personales, a los grandes nombres y apellidos, poderes sociales y económicos, para el bien de la sociedad, de la patria y la justicia. Ello ha traído como consecuencia el apoyo y la anuencia de todos los sectores de la sociedad.

Ahora le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación hacerle honor a la confianza depositada en él de manejar el Ministerio Público con carácter patriótico, en bien de la justicia, los derechos humanos y la democracia. Tiene por delante una dura tarea de regresarle al país la confianza de que la justicia es para todos, llevando en cuenta que en Panamá existen dos carteles, uno el cartel de las drogas y el lavado de dinero, donde sus castigadores son los sicarios, y el cartel de los políticos influyentes, poseídos, egoístas, ambiciosos, igual que algunos civiles que en contubernio con los militares hicieron fortunas a costa del Estado.

Escudriñar todas esas cosas es la tarea patriótica que le corresponde al nuevo Procurador General de la Nación para reivindicar la justicia en Panamá, pues los malos políticos han quebrantado la bonita filosofía de la política para el bien de sus intereses.

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Este artículo se publicó el 18  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La discriminación socio política, económica y física

La opinión del Empresario….

Guillermo Roca Rivas 

Nuestra sociedad aún adolece en la igualdad de derechos y de la justicia entre los panameños a pesar que la Constitución Nacional señala que no debe haber fueros y privilegios para nadie que sea panameño. En el aspecto político loa cargos públicos de alta jerarquía son ocupados por los elementos de la alta burocracia de los gobiernos de turno sin llevar en cuenta a tantos elementos profesionales de una gran capacidad, honestidad y responsabilidad que en mucho le pudieran a la patria pero son desconocidos al no ser elementos de un partido político y no contar con un influyente jerarca de la política nacional o bien por no haber aportado una cifra económica y un aporte humano y electoral durante su campaña electoral.

Esos elementos que no forman parte del engranaje gubernamental por el solo hecho de ser apolítico y no someterse a la imposición de los políticos tradicionales le hacen perder a la patria un gran aporte en su desarrollo y en su destino es decir si los gobiernos respetaran la democracia en la formación de los gobiernos y respetaran lo que señala la Constitución que no debe haber fueros y privilegios esos grandes panameños con grandes títulos profesionales su capacidad, honestidad en sus vidas públicas muy bien pudieran ser llenados para servir a la patria respetándoles su dignidad profesional y personal. En lo que se refiere a la discriminación social observamos con gran pesar algunos nombres en sitios edificios públicos, calles, plazas, etc. a base de las influencias sociales y políticas, mientras existen tantos nombres y valores que se han ido sin que la sociedad el Estado y los municipios hayan hecho justicia hacía a esos grandes valores por el solo hecho de no ser parte del círculo social y político.

La discriminación económica en nuestro medio consiste, que no cuenta con grandes capitales no importa de donde venga no puede ser parte activa y considerada en el ambiente. Por última, la discriminación física, en el campo comercial y sitios de atracción pública, la mujer en su anhelo y en su necesidad de trabajar tiene que contar con un atractivo físico sin llevar en cuenta sus demás cualidades que son tan indispensables en todas las actividades. Ojalá la sociedad cambie la conducta sobre la discriminación, concepto que lastima la dignidad humana, profesional, económica, política y física entre la sociedad en que vivimos.

<>Artículo publicado el 21 de septiembre de 2010 en el diario El Panamá America, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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El peligro de ostentar un cargo público

La opinión del empresario…

Guillermo Roca Rivas

Hay quien persigue o acepta un alto cargo en el Gobierno para ostentar y contar en el futuro que fue una figura de relevancia política.   Otros lo hacen para gozar de un alto salario y de los privilegios y canonjías que les otorga el puesto, pero pocos miran el lado vulnerable que conlleva el cargo, por su jerarquía y responsabilidad.

Un cargo público eleva la personalidad del funcionario, pero encierra grandes peligros; está sujeto a las tentaciones e intereses de los gobiernos y de los políticos de turno.   Se han dado casos en los que políticos de alta jerarquía, a quienes no les conviene la gestión que realiza un funcionario, buscan los mecanismos para inhabilitarlo de sus funciones; como también se conoce el caso de funcionarios que, por el alto poder de su cargo, se ven tentados a cometer errores e infracciones.

Resumiendo, hay cargos públicos de mucha relevancia, pero muy vulnerables y peligrosos, por estar sus titulares sujetos a los intereses de los políticos y los gobiernos de turno.   Tal es el caso de la separación de la procuradora Ana Matilde Gómez por motivos que, según sus acusadores, violan la Constitución.

Me pregunto, en caso de que Gómez lleve su caso a los tribunales internacionales de justicia ¿qué pasaría si estos, después de una rigurosa investigación fallaran a favor de la demandada, exigiendo la restitución del cargo y el pago de los salarios caídos?

La respuesta es que al Estado le tocaría pagar una enorme cifra económica por la culpa de un “error político”, como sucedió en la década de 1990, cuando un tribunal internacional condenó a la nación al pago de una millonaria suma a empleados públicos destituidos por motivos políticos.

Es necesario, para la confianza de nuestra justicia y el respeto a la patria, que toda denuncia y separación de cargo se haga bajo un pleno convencimiento y pruebas del delito, no bajo las influencias y el poder político, si acaso fuera así.

Es común que los políticos y los gobiernos, aprovechándose del alto poder que ostentan, cometan grandes errores y abusos que después le corresponde cancelar a la nación. Lo correcto sería que, ante el abuso de cualquier funcionario público, sea a él a quien le toque cubrir los daños económicos.

Los culpables deben pagar su pena, no la sufrida nación.

<> Este artículo se publicó el 21 de septiembre de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos,   lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

¿Quiénes serán los próximos demagogos, frente a los masoquistas de siempre?

La opinión del Empresario….

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Guillermo Roca Rivas 

En cada quinquenio gubernamental, después de los dos primeros años de gobierno salen a relucir las primeras fusiones de partidos políticos en alianza, los cambios de elementos a otros partidos como quién se cambia de ropa interior, comienzan las ofertas de cambio en base a puestos públicos sobre todo en los cargos de elección popular.

En ese episodio preelectoral los partidos tanto de oposición como del gobierno comienzan a mencionar y sondear nombres presidenciables sujetos a los intereses del partido y de sus figuras más representativas, es decir dichas postulaciones están comprometidas con los intereses sociales, políticos, económicos, personales y familiares de su alta cúpula del partido.

Dichas maniobras están avaladas por elementos sin dignidad personal y política solo con el propósito de lucrar del Estado y del patrimonio de la Nación mientras dure el período de gobierno. Pero es mucho más penoso observar la actitud de algunos masoquistas haciendo filas en cada torneo electoral como hatos de ganado para después oírlos quejándose del incumplimiento de sus promesas políticas y personales y de la indiferencia de sus líderes.

Los políticos demagogos en sus campañas electorales hacen promesas utópicas a fin de alcanzar los votos que los convierten en las figuras más importantes del país, para lucrar de los privilegios y canonjías de la nación mediante las leyes impopulares e impositivas.

Sin embargo, el pueblo después de haber cumplido su deber cívico del voto popular, hoy está en la espera de ver cumplida sus promesas como es el caso de bajar el costo de la canasta familiar, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, el crimen por las drogas, la práctica del juega vivo, la proliferación sin control de celulares, al alto consumo de licor en las abundantes fiestas populares, los casinos y bingos nacionales; el cual está afectando la moral, la economía y la estabilidad de la familia panameña.

Un llamado a los sindicatos y gremios de profesionales a trabajar por el bien de la patria y no solo por sus intereses personales. También vale la pena hacer un llamado patriótico a los críticos de oposición de hacer críticas con base y moral.

El gobierno como ente principal de la nación debe poner orden en la sociedad con respeto a la justicia y los derechos de cada cual, siempre y cuando la sociedad respete los derechos, las leyes y la Constitución Nacional.

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Artículo publicado el 25 de agosto de 2010 en el diario El Panamá América Digital,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El poder político frente a la dignidad del funcionario público

La opinión del Empresario…

Guillermo Roca Rivas

Es penoso observar la conducta que exhiben hoy algunas personas cuando venden o comprometen su sagrada dignidad y personalidad a cambio de un cargo público, bien sea ofrecido por algún político o por el gobierno de turno.

La dignidad y el carácter representan el recurso natural de todo individuo, que lo identifica en su vida pública, política, social, ciudadana y familiar.

Cuando un padre de familia envía a su hijo al colegio o la universidad es con la finalidad de que éste logre estudiar una carrera y saque un título que le sirva de garantía, a fin de hacerse una vida más independiente fuera del soborno, de la coacción y de la deshonestidad pública.

Sin embargo, observamos con gran pesar la penosa conducta de algunos funcionarios públicos, de todas las categorías, cuando se ponen al servicio de los interés del poder político y de los gobiernos de turno, sin el menor escrúpulo ni reflexión; sin tener presente si sus acciones lastiman su propia dignidad o el respeto a la justicia, a los derechos de la patria y a lo que sus padres les indicaron cuando fueron estudiantes.

Es decir, cuando varían toda su estructura personal y original a cambio de un cargo público, solamente para disfrutar de los privilegios y de las canonjías que les ofrece el cargo durante su vigencia.

Es mucho más preocupante observar que esos desmanes provienen de los elementos que ejercen los mayores cargos públicos dentro del engranaje político, gubernamental y social, lo cual afecta la imagen de la dignidad personal del funcionario, el respeto a la justicia, los derechos de cada cual, así como la imagen de la patria internacionalmente y, sobre todo, la memoria de aquellos que se fueron y de los que aún viven con la esperanza de haber sido pioneros de una nueva generación de orgullo para la patria, no servidores a condiciones de los poderes políticos y de los gobiernos de turno.

La dignidad personal en defensa de la justicia y de los derechos individuales debe ser el objetivo de todo funcionario honesto y respetuoso a la patria; teniendo en cuenta que los cargos son transitorios y la dignidad y la conducta quedan en el ambiente para censuras o reconocimientos de la sociedad.

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Este artículo se publicó el 23 de agosto de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Todos reclaman, menos Chitré

La opinión de…

Guillermo Roca Rivas  —

A veces el silencio, la humildad y la docilidad de los pueblos contribuye al estancamiento y al irrespeto de su derecho al progreso. Chitré, en particular, ha venido sufriendo de un fatal destino político, regional y gubernamental, debido a la desidia y a la indiferencia de algunos de sus hijos en materia política.

Chitré sufre un débil regionalismo. Es diferente a otros pueblos, cuyas figuras más relevantes y representativas han luchado y peleado por su desarrollo. Por ejemplo, la ciudad de Santiago, en Veraguas, hace más de 60 años se vislumbraba como un pueblo estancado y sin futuro, muy por debajo de sus vecinos.

Al llegar Omar Torrijos al poder, aprovechando su mando y Gobierno, se dedicó a impulsar el desarrollo y progreso de ese pueblo hasta convertirlo en uno de los más pujantes del país. Ello se califica como un regionalismo muy natural y propio de un ser humano; con ello no privó, como tampoco discriminó a los demás.

Igual hemos visto que ha pasado en otros pueblos, donde sus figuras más representativas e influyentes (en sus respectivos gobiernos), han aprovechado influencias y contactos para desarrollar obras de beneficio para sus habitantes.

Sin embargo, Chitré espera desde hace muchos años su anhelado, merecido y necesario Palacio Municipal, porque es la única cabecera de provincia que carece de un edificio moderno que albergue todos los despachos municipales, que vaya a tono con la categoría de una ciudad moderna. Ello, a pesar de que se cuenta con los planos del edificio y el lugar propio para desarrollar tal obra.

El destino político de Chitré ha sido tan fatal, que hemos visto pasar a tantos gobiernos con chitreanos que ocupan posiciones relevantes, pero ninguno se ha preocupado por concretar la construcción del anhelado Palacio Municipal de Chitré.

En la campaña electoral recién pasada, los candidatos de elección popular tomaron como promesa electoral la construcción de dicho Palacio Municipal, pero hasta la fecha nada hemos visto.

Chitré en su lento progreso ha dependido más de la empresa privada local y foránea, quizás por su posición geográfica, y también de la buena voluntad de otros amigos que, sin ser nativos, llevaron a cabo la construcción de dos modernos edificios en las pasadas administraciones, que son el edificio Irhe y el Intel, y el Hospital El Vigía.

Ojalá este nuevo gobierno se preocupe de manera visible por el futuro y el progreso de una ciudad que con tanta humildad, silencio y docilidad espera ver cumplidos los derechos que le pertenecen como parte importante de la Nación.

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Este artículo se publico el 5 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.