Minería ‘salvaje’… la madre de todos los expolios

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La opinión del Médico y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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ALESSANDRO GANCI –
concienciaciudadana09@gmail.com

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Expolio se define como ‘despojar con violencia o con injusticia’, sus sinónimos… desposeer, quitar, desvalijar, pillar, saquear…

La minería responsable debe fundamentarse en siete pilares básicos. Desarrollo sostenible, equidad, toma de decisiones participativas, responsabilidad, transparencia, previsión y eficiencia.

El desarrollo sostenible debe satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer las propias.

En equidad, tanto los beneficios como riesgos deben distribuirse de manera ‘justa’. Las decisiones deben consensuarse de una manera libre e informada. Las comunidades tienen el derecho de decidir de manera independiente si aceptan o no la práctica minera en sus territorios, también de conocer, si existen otras alternativas menos lucrativas, pero más rentables, en términos de conservación y generación de empleos, como la silvicultura o el turismo.

Responsabilidad y transparencia, implican que las compañías deberían apoyar el monitoreo y supervisión independiente de los proyectos, la divulgación sobre los impactos de sus operaciones en un lenguaje sencillo, para que toda la comunidad pueda entender.

Previsión, donde haya amenazas de daño serio o irreversible, el gobierno debe decidirse en contra de la promoción del desarrollo minero. Son las llamadas ‘zonas intangibles’. Aquellas que por su diversidad biológica, fragilidad de los ecosistemas o riqueza acuífera deben preservarse.

No se pueden descuidar los problemas comunitarios de fondo, como la pobreza por la inflación de precios, desnutrición, baja escolaridad, alcoholismo, violencia doméstica y abuso infantil. El contaminador debe pagar por la limpieza y remediación ambiental.

Eficiencia, significa optimización del uso de recursos naturales y la reducción de los desechos en el uso de la energía y el agua.

Ahora… ¿es nuestra minería realmente responsable y limpia?..

Primero, la minería limpia NO EXISTE. Siempre habrá contaminación. Al eliminar el manto vegetal, contaminar el aire con el polvo de las voladuras y el desplazamiento de camiones, contaminación acústica con las explosiones y afectación de las fuentes de agua.

Minería responsable es factible, pero… ¿se aplica en Panamá?

No hay un plan maestro de desarrollo sostenible para las áreas, que implique un objetivo de ‘Pobreza extrema cero’ en 20 años. Para eso, según el BID, se necesitarían 500 Millones por año que, podrían obtenerse si la distribución de las acciones fuera en equidad y se les diera a los originarios al menos un 20 % del capital. Tampoco se han definido las ‘zonas intangibles’ dentro de las concesiones, una de las cuales aspira a tener 842 kilómetros cuadrados, el equivalente a más de cuatro veces el tamaño total de la ciudad de Panamá. El estudio ambiental es desconocido por los no técnicos y no existen estudios de impacto de género, social o de conflicto.

Tampoco hay equidad en cómo se distribuirá la riqueza. El contrato dado a Petaquilla, es propio de una ‘Banana Republic’. Tiene dos prórrogas de 20 años, por lo que puede durar 60 años. Cuando terminen, pueden llevarse libremente todas las instalaciones, mejoras o anexos que hayan hecho. Están exonerados del impuesto de importación, del impuesto sobre la renta por remesas, asesoramiento profesional o administrativo fuera del territorio.

Podrán deducirse como ‘gasto de operación’, los cánones superficiales, Regalías, impuestos y el cargo por depreciación. Los gastos por servicios y abastos, así como los demás gastos que se realicen en relación con las investigaciones geológicas preliminares y todas las exploraciones mineras con o sin éxito.

Los gastos en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños incluidos las escuelas y materiales docentes.

Los pagos a los municipios no acreditados en el impuesto sobre la renta, se pueden deducir como ‘gastos generales’, también cualquier pago de impuestos municipales por encima de los 100 000 dólares, es deducible como un ‘crédito fiscal’.

El ‘crédito fiscal’, además permite deducir el 100 por ciento de la inversión directa y en infraestructura, incluyendo las carreteras, plantas de energía eléctrica, puertos, potabilizadoras, viviendas, alojamientos para los trabajadores, hospitales, estaciones de primeros auxilios, estructuras para uso social y recreacional de la comunidad, calles, aceras y ornamentación.

En resumen, la inmensa mayoría de los miles de millones que se dice, invertirán en los proyectos, será pagado al final por todos los panameños. Una especie de ‘Desarrollo deducible’, cuya decisión no será potestad de la comunidad, sino que dependerá de los criterios de la empresa. Tampoco, al menos en los primeros años, contribuirá a fortalecer el presupuesto, pues, prácticamente no recibiremos dinero útil hasta que se ‘recupere’ la inversión.

Ante tan ‘tiranosáurica’ concesión, lo lógico hubiera sido una moratoria para iniciar un diálogo cuadripartita (gobierno, comunidad, empresas, sociedad civil), que permitirá una revisión completa y no una modificación de la ley minera, bajo los criterios de una minería verdaderamente responsable.

Es fundamental contar con un plan de desarrollo integral y estratégico, que evite las llamadas economías de ‘auge y caída’, donde la comunidad depende de una sola actividad (minería), descuidándose la agricultura y los métodos tradicionales de subsistencia. Así como la formación de empresas mixtas, Estado—comunidad—empresarios, que permitirá un desarrollo integral y justo para la nación entera.

 

Este artículo se publicó el  18  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Concesión minera… ¡desarrollo o capitalismo salvaje!

 

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La opinión del Médico y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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ALESSANDRO  GANCI –
concienciaciudadana09@gmail.com

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‘ Queremos empresarios, no empresaurios que practican el capitalismo salvaje. Algunas empresas internacionales se esconden detrás de la llamada seguridad jurídica; pero nadie se preocupa por la seguridad jurídica del pueblo…’. Así se refería el Ejecutivo a malas prácticas empresariales y tiene razón.

Capitalismo Salvaje. Puede definirse como una situación donde el libre mercado se ha desarrollado, con un sistema financiero y una economía avanzada, pero con pobres controles gubernamentales y sociales, que impiden que la riqueza generada permee sus beneficios a la población de una manera equitativa.

El premio Nobel de Economía J. E. Stiglitz, define claramente esta paradoja al expresar…

‘El desarrollo significa transformar las sociedades, mejorar la vida de los pobres, dar a todos la posibilidad de éxito y garantizar a cualquiera el acceso a los servicios sanitarios y a la instrucción… Lo que sirve son políticas para un crecimiento sostenible, justo y democrático’.

A primera vista, las reformas del Código Minero resultan beneficiosas. Se aumentarán las regalías y el costo de los arrendamientos de las tierras.

¿Por qué entonces, amplios sectores de la sociedad no se sienten conformes?

Minera Panamá, resultará uno de los mayores beneficiados. Goza, junto a Petaquilla Gold, de un contrato tremendamente ventajoso, donde gran parte de la inversión es deducible del impuesto sobre la renta, exonerada o con créditos fiscales. Los gastos por explotaciones fallidas, compra de materiales, viajes, programas sociales, incluido lo invertido en educación de las comunidades, hospitales, carreteras, escuelas, educación de los panameños. Tienen la potestad de desviar los ríos, si el proyecto lo amerita y adecuar todo el entorno a las necesidades de la mina. Los impuestos municipales, luego de los 100 000 dólares, también son deducibles.

Para comienzos del 2016, Minera Panamá, se espera producirá anualmente 254,695 toneladas de cobre, 89,674 onzas de oro, 1.5 millones de onzas de plata y 3,218 toneladas de molibdeno, sin contar el hierro, manganeso, plomo, estaño, platino, níquel, mercurio que pudiese encontrarse. Esto representa a los precios actuales entre 2300 a 2400 millones. Por su parte, Petaquilla Gold propugna alcanzar a futuro las 100 000 onzas de oro anuales (1300 millones de dólares) y 842 kilómetros cuadrados de concesión.

Ambas empresas generarán un estimado de 2450 puestos permanentes, en la mayoría de los casos, para trabajos rutinarios y poco especializados. Por cada puesto, las empresas obtendrán aproximadamente un millón de dólares (asumiendo que el Estado recibirá 4% de regalías y 25% de ISR). Ganancias infinitamente superiores, a la relación ganancia/trabajador de las empresas ecoturísticas o agroforestales. Un trabajo, por cada 5.5 hectáreas concedidas a MP y 84 a PG, definitivamente no reducirá la pobreza en áreas donde el 92% de la población la sufre.

Ante este contrato francamente ‘Tiranosáurico’, el Estado tiene una carta clave que puede perder, de aprobarse la reforma minera. Minera Panamá, es una compañía subsidiaria de la empresa canadiense Inmet recientemente fusionada y convertida en la empresa Symterra que, a su vez, busca financiamiento a través de la colocación de acciones con el consorcio surcoreano, Korea Panama Mining Corp. (KPMC), obtendrían un 20% con posibilidad de subir a 30% de las acciones y Temasek Holdings, del fondo de inversiones de Singapur que, a través de su filial Ellington Inversiones, adquirirá 500 millones de dólares en recibos de suscripción, obteniendo cerca del 14,6%, con posibilidad de adquirir hasta el 19.9% del total accionario.

Nuestra legislación es clara al respecto, y si se utilizaran estos fondos, se incurriría en una causal de extinción de la Concesión Minera por insubsistencia. Dado lo anterior, el contrato actual puede ser susceptible de renegociación, por medio de un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es una institución del Banco Mundial, con sede en Washington o la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

La pregunta clave es ¿qué sería mejor para Panamá? ¿Concesiones mineras o empresas mixtas… donde sea el Estado el principal inversor y, por lo tanto, receptor de ganancias, que superarían con creces, lo generado por nuestro Canal. Otorgando a las comunidades locales participación accionaria y autónoma en equidad, con una Zonificación Económica y Ecológica bien definida, que tome en cuenta, no solo si existen minerales económicamente viables, sino la posibilidad de que la explotación genere conflictos sociales y/o ambientales, o si existen otras actividades como la agricultura o el turismo, que sean más rentable en términos ecológicos o de generación masiva de empleo.

Reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales, a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros, crearía las bases para el diálogo cuadripartito (gobierno, empresarios, comunidad local y sociedad civil), fundamento básico para evitar la confrontación.

 

Este artículo se publicó el 10 de febrero  de 2011   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Intoxicación por plomo, secuela de una tragedia

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La opinión del Médico y Miembro de Conciencia Ciudadana…

 

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ALESSANDRO GANCI –
concienciaciudadana09@gmail.com
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Son 716 las personas contabilizadas por la Defensoría del Pueblo como heridas o lesionadas (44 policías) durante los disturbios ocurridos en Bocas del Toro, 70 fueron remitidos a otros hospitales de los que 67 tenían heridas por perdigones de plomo en los ojos, tres afectados en pulmón, riñón e hígado. Dos perdieron completamente la visión y uno de los primeros pensionados reporta 150 perdigones en el cuerpo, dos fallecieron como consecuencia directa de los impactos. Por su parte el informe de la organización Human Rights Everywhere, constata 405 heridos, 63% de los casos heridos por perdigones 21% afectados por los gases, 35 mujeres heridas (8,6%) y 12 niños.

Si los datos son correspondientes tendríamos un estimado de 400 personas afectadas por los perdigones.

El plomo no existe en nuestro cuerpo, es un metal tóxico al punto que un solo perdigón demora 100 años en degradarse totalmente y es capaz de contaminar 12000 litros de agua hasta el máximo de plomo permitido por la Unión Europea, que es de 0,01 mg/litro. En los niños su absorción es 30 a 50% más rápida que el adulto. Como metal extraño interviene con otros minerales, bloquea al hierro necesario para la hemoglobina, al calcio que tiene que ver con la contracción de los músculos, y el desarrollo de los nervios, al zinc que ayuda en múltiples sistemas que mantienen las células sanas y la vitamina D necesaria para la fortaleza de los huesos y la función del riñón.

Cuando se absorbe primero circula en la sangre unido a los glóbulos rojos, a los cuarenta días se distribuye a órganos como hígado, riñón, médula ósea y sistema nervioso central (cerebro), que son los órganos blanco de toxicidad, luego de 1 a 2 meses el plomo difunde a los hueso donde es inerte y no tóxico, a no ser que se esté creciendo, se adquiera un infección, un embarazo o cualquiera enfermedad o lesión que provoque su liberación.

El plomo cruza la placenta, por lo que puede contaminar al feto. Finalmente, se excretará por orina en un 90%, y en menor cantidad en la bilis, piel, cabello, uñas, sudor y leche materna. El otro 10% se depositara en los huesos.

El plomo se mide en la sangre en microgramos por decilitro y no se espera encontrar más de tres normalmente. Cuando en los niños llega a 10 y en los adultos 25 se necesita intervención médica. Entre 10 y 40 encontramos anemia, dolores de cabeza, falta de apetito, estreñimiento y mucho cansancio. De 40 a 50 se afectan los nervios y el riñón, puede haber temblores y falta de fuerza en brazos y piernas, hipertensión y diversos grados de daño renal. Entre 50 y 80 se va afectando la memoria, ya no se razona bien, se olvidan las cosas y a partir de los 80 hay encefalopatía franca luego de los 100 puede sobrevenir la muerte.

Los niños contaminados por la leche o a través de la placenta pueden presentar deterioro intelectual y retardo de la pubertad. De los afectados existe un caso contabilizado en octubre en 27.5.

El diagnóstico de la intoxicación por plomo suele ser difícil, porque el cuadro clínico es sutil y los síntomas inespecíficos, debe determinarse el nivel de plomo en sangre, si tiene anemia y de qué tipo es, la zinc-protoporfirina (Comenzó a afectar los órganos), la B-2 – microglobulina en orina (comenzó a afectar el riñón), espermiograma a ver la calidad los espermatozoides entre otras.

El tratamiento básico es la remoción quirúrgica de la mayor cantidad posible de perdigones y con medicamentos especiales, que lo eliminan si presentan síntomas o si el nivel es mayor de 60 microgramos.

Lo sucedido en Bocas fue un trago amargo para toda la nación, debemos lidiar con sus consecuencias y asumir las responsabilidades.   Está claro que la atención médica y quirúrgica a todos los afectados debe ser prioritaria. Hay que localizarlos, realizar las pruebas de laboratorio correspondientes, capacitar al personal médico en reconocer los síntomas, tratarlos y dar seguimientos a cada uno de ellos, sobre todo los niños, mujeres embarazadas y ancianos.

La protección laboral será fundamental, porque la intoxicación es una enfermedad crónica que definitivamente afectará principalmente a personas cuyos trabajos dependen de su fuerza física.

Y la prevención… la capacitación de los agentes encargados de hacer cumplir la Ley, autoridades y dirigentes sindicales en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (mediación y negociación), y una Ley que regule el Uso Racional de La fuerza en Manifestaciones Públicas, serían pasos en la dirección correcta.

 

<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Mujeres y violencia… anatomía de una infamia

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La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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ALESSANDRO   GANCI  C. –
concienciaciudadana09@gmail.com
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Eran las 9 30 PM y en el patio de un edificio de apartamentos en Pueblo Nuevo se escucharon unos gritos que captan la atención de los vecinos. Hombre y mujer mezclan sus voces dentro de un vehículo. La mujer abre la puerta y,  sangrando por la boca, pide a gritos a alguien que la ayude mientras el hombre la persigue.   Un vecino trata de interponerse, el agresor le envía una andanada de improperios, ‘no te metas, no es tu problema, si me ‘jodes’ te voy a matar a ti’.   El vecino atemorizado no interrumpe y el hombre a empellones mete a la mujer en el carro con rumbo desconocido. Otro vecino desde su balcón llama a la Policía y una señora anota el número de placa. La Policía, ante la indignación de todos, NUNCA llega.

Violencia de género define todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).   Algunos grupos amplían este concepto y lo definen como todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física.

La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc.   El 75% de las veces la afectada es la mujer, 23% ambos y 2% el hombre.

En Panamá entre 9 y 11% de los homicidios son cometidos contra mujeres y un 70% corresponde a femicidio (asesinato de género) cometidos en su mayoría por personas cercanas.   En seis años (2000-2006), hubo 133 mujeres asesinadas, producto de la violencia. En los últimos dos años y ocho meses, la cifra es de 127 mujeres muertas.

Las mujeres de 18 a 45 años tienen más riesgo de morir como resultado de femicidios que de enfermedades u otro tipo de accidentes. La violencia afecta también a las mujeres con abusos sexuales.   En el año 2007 se registraron 2383 casos de violencia doméstica y 1042 casos de delitos contra la libertad sexual, desagregados así: actos libidinosos 209, acoso 12, estupro (sexo con familiar cercano ) 155, violación carnal 570, intento de violación carnal 96.   El 92.5% de estos casos fue contra menores de edad.

En todo el país, solo hay un albergue para recibir a las víctimas de la violencia doméstica. Mínimamente equipado.

La violencia doméstica es el delito más común en el país, solo uno de cada 5 casos se denuncia y pasan en promedio 5-8 años de maltrato antes de la primera denuncia.   El 29% de las mujeres abusadas estaban embarazadas, 30% de los maltratadores estaban bajo la influencia del alcohol, 87% de los casos de violencia lo presencian los niños y 8 de 10 jóvenes que crecen en violencia se convierten en maltratadores.   El 27% de víctimas de homicidio doméstico fueron niños. Padres que golpean a sus esposas son 2 veces más probables a buscar la custodia de sus hijos que los padres que no son violentos.

Los ciudadanos debemos exigir a nuestros gobernantes acciones inmediatas y la inclusión en nuestro presupuesto de programas dirigidos a madres en peligro y niños menores de 5 años que incluyan visitas periódicas de enfermeras o trabajadoras sociales, parvularios en zonas rojas, control de crecimiento y desarrollo, invertir en hogares temporales para las madres, niños y adolescentes.

También programas integrales contra la violencia familiar contemplando una estrategia de castigo ejemplar a los agresores, terapia familiar con la intervención sistemática de la familia y visitas periódicas de un orientador debidamente calificado. Obligatoriedad de asistir a terapias de reemplazo del comportamiento agresivo, que deberá enseñar a personas agresivas a llevar vida social, controlar el mal genio y aplicar el razonamiento moral.

La aplicación de la Ley 38 sobre violencia doméstica, es solo un paso sobre un problema que aun está muy lejos de controlarse. Nunca debemos olvidar las sabias palabras de Martin Luther King,  ’El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgó una conciencia.   Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro’.

 

<> Este artículo se publicó el 6 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Riqueza, inequidad y la paciencia de los pobres

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La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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ALESSANDRO GANCI –
concienciaciudadana09@gmail.com

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Panamá es una nación de contrastes. Por un lado, nuestra economía crece, aumentamos el Índice de Competitividad, colocándonos en el puesto 53 mundial y alcanzando altísimas evaluaciones en accesibilidad a servicios financieros (4), Transferencia de tecnología (7), Solidez bancaria (7), Suscripciones de teléfonos móviles (7) y muy buena evaluación en calidad de infraestructura portuaria, transporte aéreo, capacidad para atraer inversión extranjera, amplitud de banda de Internet y facilidad de acceso a créditos. Mejoramos nuestro grado de inversión, tenemos el presupuesto más alto de la historia y abundantes recursos minerales. Ante este panorama macroeconómico, ‘Vamos bien’, parece un eslogan irrefutable.

Sin embargo, según el informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), ocupamos el tercer lugar en Latinoamérica con la peor distribución de la riqueza y el número 11 a nivel mundial (181 países). El 20% de la población panameña de menores ingresos, solo recibe el 5,1% del ingreso que genera la economía, mientras que el 20% de la población de altos ingresos, recibe el 48,5% de la riqueza. Más del 80% del Producto Interno Bruto (PIB), es generado en las provincias de Panamá (67%), Colón (15%) y Chiriquí (7,8%). A pesar de que el 45% de nuestra población es rural, la producción agropecuaria solo representa el 4% de nuestra economía.

En cuanto a la calidad del empleo de nuestra población económicamente activa (1,5 millones) solo el 17% tiene un ‘empleo decente’, o sea formal y permanente, un 47% tiene empleos formales temporales, 30% informales y 6% desempleados. Los informales aumentan a 80% en aéreas indígenas y alrededor de 50% en las rurales.

La educación por otro lado, es tan asimétrica como la distribución de la riqueza. De cada 100 jóvenes de bajos recursos, solo 56 acuden a la escuela secundaria, mientras que en los sectores de altos recursos económicos 94 de cada 100 jóvenes asisten. Estamos entre los 15 peores países del mundo (139 evaluados), en calidad de la educación en matemáticas y ciencias (129) primaria y sistema de enseñanza superior. El 80% de nuestros ejecutivos elites, son o estudiaron en el extranjero.

La Independencia del Poder Judicial, es ubicada en el lugar 125.

De los recursos mineros, tampoco podemos esperar mucho. Solo cuatro minas tienen riquezas que superan con creces todo lo que podamos obtener del Canal de Panamá. Cerro Colorado, Cerro Quema, Cerro Chorcha y Petaquilla tienen a los precios actuales del oro, cobre, plata y molibdeno una riqueza estimada entre 210 000 a 230 000 millones (11 000 millones por 40 años). EL Estado recibiría anualmente por regalías, entre 220 y 440 millones (2 a 4%). Y en el caso de Petaquilla, la totalidad de la inversión, es deducible del impuesto sobre la renta, al costo de afectar el Corredor Biológico Mesoamericano y una extensión de aproximadamente 13 800 campos de fútbol juntos.

¿Y qué pasa con los pobres entre los pobres, aquellos que sobreviven con menos de un dólar al día y representan el 17,5% de la población no indígena, mayoritariamente campesina y el 58% de la población originaria? ¿Cómo vamos a disminuir esta pobreza?

La extensión de la red de oportunidades a 85 000 familias, solo mitiga, pero no cambia en nada la realidad. Tampoco la minería, cuyos puestos de trabajo en conjunto difícilmente sobrepasarán los 4000. El campo, fuertemente afectado en su producción, en parte por factores ambientales y en parte por la rebaja masiva de aranceles, ha visto postergada la inversión de las 12 presas y drenajes, necesarios para mejorar la producción y que representaban una inversión conjunta de 1250 millones. La inversión en infraestructura turística se concentra mayoritariamente entre Colón, Panamá y Coclé.

Esta asimetría en la distribución de la riqueza, origina dos realidades diferentes, El Panamá que va bien macroeconómico, empresarial, referencial, educado, importador de bienes y exportador de servicios; y el otro pobre, ignorado, mal empleado, con baja educación y oportunidades de equidad. La paciencia de los pobres se agota, provocando un sentimiento de frustración, represión e incluso ira, caldo de cultivo de la inestabilidad social.

Así como en tiempos del viejo capitalismo el Estado tenía el deber de defender los derechos fundamentales del trabajo, así, ahora con el nuevo capitalismo, el Estado y la sociedad tienen el deber de defender los bienes colectivos que, entre otras cosas, constituyen el único marco dentro del cual es posible para cada uno conseguir legítimamente sus fines individuales… Juan Pablo Segundo en su encíclica Centesimus Annus.

<> Este artículo se publicó el 23 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Más artículos del   autor  en: https://panaletras.wordpress.com/category/ganci-c-alessandro/

Polígrafo, ¿es realmente útil en la investigación criminal?

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La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

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ALESSANDRO  GANCI  C. –
concienciaciudadana09@gmail.com

Mucho se ha hablado del detector de mentiras, que es un tipo de polígrafo usado entre otras cosas para procesos de investigación judicial (criminal), ya sea como solicitud de facto del agente de instrucción (fiscal), así como de manera opcional cuando un procesado la solicita de manera voluntaria, basado en el artículo 2123 del Código judicial. Obviamente, esto no es una carta abierta y debe respetarse el derecho a la privacidad, a la intimidad y la presunción de inocencia de los sospechosos.

En términos simples el aparato mide las variaciones de la respuesta fisiológica del cuerpo que se dan como respuesta emocional a una determinada pregunta.

Su validez depende de muchas cosas, primero el nivel del conocimiento de psicofisiología forense del poligrafista. No se trata solo de hacer las preguntas, sino también de cómo, cuándo y en qué forma se hacen. Se supone que una pregunta genera un pensamiento, este una emoción. La emoción, provoca variaciones de la presión arterial, el ritmo cardiaco, la frecuencia respiratoria y el nivel de conductividad eléctrica de la piel, dependiendo de si lo que dice la persona se ajusta a la verdad o no.

Los defensores de la prueba afirman que su capacidad de determinar casos sospechosos es muy alta, entre un 80 a 90%, por lo que es una herramienta valiosa en la investigación.

Si… y… No… Primero. No todas las personas manejan sus emociones de igual manera, lo que ocasiona diferentes respuestas. Una misma pregunta no genera el mismo tipo de pensamiento. Si una persona se siente acosada, bajo un alto nivel de estrés y percibe un ambiente francamente hostil, puede generar una serie de pensamientos paralelos a la pregunta en cuestión, aun sabiéndose inocente.   ¿Y si no la paso?.. ¿me quieren acusar?.. ¿qué me van a hacer?,   y otras muchas.

Las fobias a los espacios cerrados, una naturaleza emocional particular, e incluso algunos medicamentos, pueden influir en falsos positivos. También, en mucho menor grado, se dan falsos negativos. Personas que pueden ‘vencer’ al polígrafo, ya sea por alteraciones sociopáticas cerebrales, que influyen en el nivel de emotividad, como algunos psicópatas o personal entrenado específicamente en técnicas de bloqueo metal (realizar operaciones matemáticas complejas o cualquier ‘distractor’ mental), y control emocional, como en el caso de fuerzas militares especiales y agentes de seguridad nacional dedicados al espionaje o contraespionaje.

Un informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, estimó que de aplicarse a una muestra a 10000 personas, de las cuales diez fueran culpables, el resultado más probable es que ocho de éstas serían identificados por el polígrafo como tales, a la vez que serían considerados probables o sospechosos 1598 (casi un 16%) de los inocentes.   Dicho otra manera el 99,6% de los sospechosos son falsos positivos ‘inocentes’ y el 80% de los culpables se detectan.

En resumen, el polígrafo debe ser considerado bueno para diminuir probables sospechosos. Pero NUNCA, por sí solo, para incriminar a nadie. De ahí la importancia de la capacitación criminológica tanto de los agentes de instrucción (autoridades), peritos y agentes encargados de hacer cumplir la Ley (policías investigadores).

Para que un proceso no resulte viciado se necesita absoluta independencia y objetividad del investigador, una preservación adecuada de la o las probables escenas del crimen con la presencia, dependiendo del caso, no solo del investigador sino del representante de la fiscalía, los peritos necesarios que velen por la no contaminación de las pruebas y, sobre todo, una actuación sin prejuicios, buscando las causales probatorias, más que la imputabilidad a toda costa.

‘Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen’, Willy Brand, político alemán.

 

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<> Este artículo se publicó el 30 de octubre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

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Por qué es difícil ‘dialogar’ en el diálogo…

La opinión del médico…

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ALESSANDRO GANCI C.  –

‘ Estos constantes choques han estancado las negociaciones, porque los trabajadores piden la derogación total de la Ley 30, para luego conversar sobre su contenido.   Sin embargo, el Gobierno, que tiene el respaldo de los empresarios representados por el Sindicato de Industriales y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, no admite esta exigencia’.

Así citaba una nota periodística lo sucedido en el diálogo.  Desde que nacemos empezamos a negociar, el bebé llora y la madre lo amamanta.   El bebé satisface su hambre y la madre puede descansar.   Este método de negociación se denomina negociación colaborativa o ‘ganar—ganar’.   En ella, los grupos negociadores no se ven como adversarios, trabajan de buena fe, en la consecución de un acuerdo tomando en consideración los intereses (sentimientos, deseos, anhelos) propios y de la contraparte, más que las posiciones ‘yo quiero esto’ y ‘yo aquello’.   Se esfuerzan por mantener una relación armónica, que durará en el tiempo. Sobre la mesa, se discuten las propuestas, pero todos tienen una alternativa fuera de ella. La negociación concluye exitosamente, si el acuerdo negociado, es mejor que las alternativas que existen fuera de la mesa; o se finaliza, si ocurre lo contrario. De haber alguna confrontación, optan por un mediador de consenso por las partes que facilite los procesos sin intervenir directamente en las decisiones y acuerdos.

 

Existe otro sistema. La negociación competitiva o ‘ganar—perder’.   El negociador competitivo ve todas las negociaciones como una lucha constante, en la que se gana o se pierde, sin hacer una distinción entre un probable socio y un adversario verdadero.   La mesa, es un tablero donde se trata de reducir las expectativas de la otra parte, las posiciones iniciales son extremas, siempre empiezan con demandas intransigentes u ofertas ridículas, que afectan el nivel de expectativa de la otra parte. Se reclaman concesiones, como algo justificado, eludiendo las propias o concediéndolas como algo excepcional.   Tratan de imponer las ‘reglas del juego’ a su favor, asumen una imagen de fuerza, reclaman la intervención de un tercero (árbitro o facilitador), como demostración de la seguridad de lo ‘justo’ de su posición.

Las tácticas más habituales en este tipo de negociaciones, son el alardear (bluffing) sobre el poder, cuando se plantea un intercambio o llegar a un acuerdo que implica ceder en algo.   Se dice: ‘No podemos decidir ni comprometernos sobre esto, mi autoridad está limitada a…’. El ‘bueno’ y el ‘malo’.   Uno de los miembros del equipo negociador se muestra intransigente, presionando, con fuertes demandas; otro, con una actitud ‘más comprensiva’, más conciliadora, que lleve a ceder.   Las tácticas emocionales son teatrales, se les sube la sangre a la cabeza, aumentan el volumen de la voz y actúan exasperados, horrorizados de que se estén aprovechando de ellos. Incluso de vez en cuando, se retiran indignados de una reunión creando incertidumbre. Tratan de imponer o Ignorar fechas límite para demostrar poder. Tienden a ser pacientes y a actuar como si el tiempo careciera de importancia para ellos.

En el diálogo, la distorsión y tácticas de ‘ganar—perder’ son evidentes por parte de todos los actores. También, es evidente que de no cambiarse, no se llegará a un acuerdo, porque una táctica percibida ¡deja de ser una táctica!   Además, en una guerra todos pierden, solo que el que gana, pierde menos.   Tanto el gobierno como los sindicatos las conocen y no tiene sentido tratar de seguir aplicándolas.

En este caso, no existe una mejor alternativa a un acuerdo negociado, pues, de no darse, tarde o temprano el país se polarizaría y aflorarían sentimientos negativos que fomentarían la división entre los panameños. Gobierno, sindicatos y empresarios verían afectada su credibilidad y si la confrontación estalla, nadie podrá decir: ‘Yo no soy responsable’.

<> Artículo publicado el 2  de octubre  de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos,  lo mismo que a la autora,   todo el crédito que les corresponde.

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Orientación sexual… un derecho humano emergente

La opinión de…

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ALESSANDRO GANCI CERRUD  –

En el mes de agosto se propuso un anteproyecto ciudadano. Su contenido, prohibir por ley lo que costó años de lucha a otros grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, así como a panameños que laboraban en la ‘Zona del Canal’.   La no discriminación, por razón de orientación sexual e identidad de género a puestos laborales, servicios públicos o privados de salud, a los centros de educación oficial o particular, impedir el acceso a lugares de entretenimiento, esparcimiento, ocio o diversión a una persona, estigmatizaciones, agresiones físicas o verbales y la difusión, por cualquier medio de comunicación masivo de imágenes que promuevan actos discriminativos contra una persona o colectivo. Nada tiene que ver con temas controversiales, como las uniones civiles, el matrimonio homosexual o la adopción por parejas del mismo sexo.

No es coincidencia que Coretta Scott King, la viuda de Martin Luther King, afirmara que   ‘la homofobia se parece al racismo, el antisemitismo y otras formas de intolerancia, en que se busca deshumanizar a un grupo de personas, negándole su humanidad, su dignidad y su individualidad’.

Incluso, instituciones que contraponen el homosexualismo, como la Iglesia Católica, afirman en su Documento sobre la Atención Pastoral de las Personas Homosexuales que ‘Tanto el heterosexual como el homosexual, tienen una misma identidad fundamental: El de ser criaturas y, por gracia de Dios, herederos de la vida eterna’.   Asimismo, el Catecismo católico refiere, sobre el trato a personas homosexuales, que se evitará, respecto a ellos, ‘todo signo de discriminación injusta’.

En Panamá, no sacamos buenas notas en cuanto a tolerancia.   La homofobia, definida como aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales campea en nuestra sociedad. Nuestros medios, tienden a recalcar estas diferencias. ‘Aleluyas contra Patos’, propugnaba un tabloide, estereotipando a ambos grupos, mientras los programas de ‘humor’ hacen de los afrodescendientes, gallegos, indígenas y homosexuales el blanco preferido de su sorna.

Tampoco somos signatarios de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, firmada por más de 66 países, el 18 de diciembre de 2008. La declaración condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género. Catorce países suramericanos lo firmaron, incluidos USA, Colombia y Nicaragua.

Los Derechos Humanos Emergentes, nacen como reivindicaciones de varios sectores de la sociedad civil, dirigidas a la reinterpretación o formulación de nuevos o renovados derechos humanos. Entre estos se consigna ‘El derecho a la autodeterminación personal, a la diversidad y autonomía sexual, que reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual’.

El cambio de estructuras mentales no es fácil. Nosotros, la mayoría heterosexual, crecimos en un mundo de valores cambiantes. El derecho individual de cada persona a vivir su sexualidad, choca con el arraigo colectivo de nuestra cultura judeo—cristiana. Incluso, tememos reconocerlo por la actitud de otros heterosexuales. Aceptar que nuestros principios no son los únicos, saber que todo lo que nos han enseñado sobre moralidad, es parte de un espectro de probabilidades dentro de la conducta humana, es la parte más difícil del convivir en un mundo donde ‘El respeto al derecho ajeno, es la paz’.

Cuando hablamos del derecho a la vida o al desarrollo, a disentir o a la diversidad, estamos hablando de la tolerancia. La tolerancia promovida, protegida y venerada asegurará la libertad, sin ella, no podremos asegurarnos de ninguna. En las palabras de un hombre sabio: ‘La fe produce respeto, y el fanatismo provoca el odio’, Kofi Annan.

<>  Este artículo se publicó el 18  de septiembre de 2010  en el diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Conflicto minero: ¿Podremos evitar la confrontación?

La opinión de….

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ALESSANDRO GANCI CERRUD –

Panamá es una tierra rica, nuestros recursos son tales que solo dos minas, Cerro Colorado y Petaquilla, tienen una riqueza estimada cercana a los 200 000 millones entre cobre y oro. Si se explotaran a su capacidad tope producirían $6 600 millones actuales al año, por 30 años. Lo cual compensaría en un solo año de extracción plena, el total de la inversión de 3 500 millones.

Sin embargo, las regalías estatales constituyen apenas un 4% de ese total. Las concesiones mineras ocupan más del 60% de toda la extensión territorial de las comarcas indígenas.

Si bien la Ley General de Ambiente, indica que debe darse una coordinación entre las autoridades gubernamentales y las indígenas, para el aprovechamiento de los recursos naturales existentes en esas áreas, así como que las comunidades afectadas por un determinado proyecto tendrán derecho a una justa participación en los beneficios económicos que genera esa actividad. Las máximas autoridades, del Congreso General Ngäbe Buglé, indican que, no solo no han sido partícipes ni consultados en las concesiones, sino que denuncian la formación de una comisión al margen del Congreso General, que negociará las concesiones mineras.   Muestran su desacuerdo con la reforma de la Ley 10 de 1997 que creó su comarca.   Las modificaciones básicamente permiten la participación de autoridades gubernamentales en el Congreso General y Local y cambia la forma tradicional de elecciones al introducir la participación del Tribunal Electoral.

Para algunos dirigentes comarcales, esta modificación tiene un propósito muy definido: Desarrollar la actividad minera en la comarca, ‘en vista de que ahora pueden tomar decisiones dentro del Congreso’.

Pedro Rodríguez, presidente del Congreso Comarcal, solicitó una reunión urgente con el Ejecutivo, para evitar que el pueblo indígena se vaya a las calles ‘y el problema se les salga de las manos’.

El ministro de Comercio e Industria, Roberto Henríquez, afirmó que la minería moderna no produce daños irreversibles en el ambiente como se cree erróneamente. El Gobierno, añadió, se encargará de que el proyecto minero en Panamá satisfaga las necesidades de las comunidades, a nivel social, económico y ambiental.

Al analizar las posiciones actuales observamos que los habitantes locales se oponen a la explotación, no se sienten consultados ni participes de los posibles beneficios, denuncian manipulación política e irrespeto a las autoridades comarcales tradicionales, así como preocupación por la pérdida de sus tierras, daño ecológico y afectación de su cosmovisión.

Las empresas mineras, propugnan una minería responsable, afirman repondrán el daño ecológico, distribuirán becas y atención médica gratuita, construirán escuelas y carreteras.

El Gobierno, considera positiva la actividad por las fuentes de trabajo e ingresos de regalías, priva la autoridad del Estado sobre la tradicional y niega la posibilidad de daños ecológicos permanentes.

Resulta obvio que tratar de forzar operaciones en áreas que presentan oposición de la comunidad es una receta para el desastre. Es aquí donde la mediación toma fuerza como un método alterno de resolución de un conflicto, que de otro modo podría degenerar en hechos lamentables.

Para que la mediación medioambiental sea exitosa, es imprescindible la voluntariedad de las partes y que los beneficios sean redituables, ecosostenibles y aceptados por todos. El equipo mediador debe ser multicultural, con conocimientos del medioambiente y un grupo asesor multidisciplinario que apoye técnicamente la toma de decisiones.

El gobierno debe redefinir su relación comercial con las mineras como una sociedad mixta, otorgando a las comunidades locales participación accionaria y autónoma en equidad.

Se requiere un Ordenamiento territorial y Zonificación Económica y Ecológica, porque no todas las áreas del país resultan adecuadas para la minería, aunque contengan depósitos minerales económicamente viables, porque pueden generar conflictos sociales y/o donde otra actividad como la agricultura o el turismo sea más rentable.

Es básico reconocer el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros y el respeto a las normas comunitarias ancestrales, incluida la forma de selección de sus autoridades tradicionales. También deben derogarse los decretos que criminalizan las protestas sociales contra proyectos mineros.

Las compañías deben divulgar plenamente información sobre los costos y beneficios de los proyectos, participando activamente en el proceso de Transparencia de Industrias Extractivas, una iniciativa mundial diseñada para promover la divulgación de ingresos de compañías petroleras, gasíferas y mineras.

Esta información puede ayudar a evitar la frustración de las comunidades sobre las compañías y crear una base para el diálogo con el gobierno, que en última instancia es el responsable por garantizar el desarrollo económico local.

Se debe permitir a las comunidades el acceso a registros de monitoreo ambiental y otro tipo de información con asesores y expertos independientes que puedan asesorarlos sobre sus derechos y ayudarlos a entender documentos técnicos sobre los impactos sociales y ambientales.

La Defensoría del Pueblo debe monitorear la implementación de los acuerdos entre el Estado, las compañías y las comunidades, y publicar información sobre algún incumplimiento. La Autoridad del Ambiente tiene que operar sin una influencia política indebida, principalmente en el tema de los estudios de impacto ambiental.

Las compañías y el gobierno deben asegurar también que sus funcionarios y contratistas no ostenten antecedentes de abusos a los derechos humanos, especialmente en el campo de la seguridad, racismo o xenofobia, así como condenar cualquier acto de intimidación, amenaza u otra forma de acoso contra organizaciones de la sociedad civil.

En conclusión, la única forma de evitar una confrontación innecesaria es buscando un consenso en buena lid, que permita reconstruir los puentes de confianza indispensables en un país donde la multiculturalidad y multietnicidad nos definen como nación.

<> Este artículo se publicó en 9 de septiembre de 2010 en el diario Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Combinación de riesgo: Inundaciones, drenajes y metro

La opinión de….

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ALESSANDRO GANCI CERRUD

Nuestro alcantarillado tiene más de 50 años y una extensión de 490 kilómetros. La sección más antigua, se ubica en el Casco Viejo, donde opera un sistema combinado (Aguas servidas y pluviales), que se extiende hasta calle 37, limitando con la Iglesia de Cristo Rey. Las tuberías de drenaje, tienen un grosor de unas 8 a 15 pulgadas.   Este sistema mixto, no tiene tuberías colectoras de diámetro grande ni construcciones de bombeos, ni tanques sépticos y drena por debajo de lo que es el área de la Bahía de Panamá.

En el área oriental, los diámetros oscilan de 6 a 15 pulgadas. Esta red corresponde a los corregimientos de Bella Vista, San Francisco, Río Abajo y Parque Lefevre y tienen tuberías de arcilla vitrificada y concreto. El resto del alcantarillado de la parte oriental, está constituido por tuberías de PVC.

En el caso de Panamá, las aguas negras son depositadas en la bahía. Todo eso, funciona gracias a la ley de la gravedad; cuando la gravedad no ayuda, se instala un sistema de bombeo, contamos con 15 estaciones de bombeo que no trabajan como debe ser; y ni hablar de las plantas de tratamiento, porque no las hay. Los siete ríos que cruzan la urbe están completamente contaminados.

Las causas de las inundaciones son múltiples. Los cambios de zonificación han permitido residenciales de alta densidad, donde existían viviendas unifamiliares, considerando solo la presión urbana y no la capacidad del alcantarillado, obstruido por la inconsciencia, tanto de los ciudadanos, como las empresas constructoras, que además de impermeabilizar el suelo con el concreto, drenan caliche, cemento y bloques ante la parsimonia de las autoridades.

Restaurantes sin trampas de grasa, rellenos de hasta 2 y 3 metros hechos en las áreas bajas colindantes o en los manglares, para desarrollos urbanos. La deforestación vista en áreas como Juan Díaz, San Miguelito y Tocumen en la ciudad de Panamá, evita la absorción de agua y acumula sedimentos, mientras los canales artificiales conducen el agua con mayor velocidad a los ríos y afluentes, influyendo de manera directa en las trombas.

Un incremento de 10 % en la deforestación de bosques naturales, resulta en un incremento en la frecuencia de inundaciones entre 4 y 28% y en un incremento en la duración de las inundaciones entre 4 y 8%.

La nivelación de la construcción de las barriadas, contribuye a eliminar los drenajes naturales. Por esta causa, se produce una sobrecarga del volumen de agua en los cauces, en un factor de hasta cinco veces lo normal. Eso provoca el desbordamiento de los ríos, hacia las áreas más bajas cercanas que, en este caso, están pobladas.

Mega construcciones, como el Metro y la Torre Financiera, agravarían en dos vías los problemas enunciados. Por un lado, se afectará aún más nuestro enclenque sistema de alcantarillado. Por otro, será susceptible a inundarse, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo con precipitaciones menores a las nuestras, que han llegado a 91 litros por metro cuadrado, complicándose más en los próximos años, por el efecto del cambio climático.

El Plan Maestro de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá, contempla la construcción y reparación de una parte del sistema de alcantarillado sanitario, se contará con 164 kms. de nuevos colectores sanitarios, 24 nuevas estaciones de bombeo de alcantarillado, bueno para el saneamiento de la bahía, insuficiente para prevenir inundaciones.

Las soluciones están a la vista, pero tienen un costo político y económico elevado.

Según, José Carias, conocedor del problema de aguas servidas, se necesitarían 600 millones para arreglar las tuberías y solucionar el problema inmediato de los desbordamientos. Dinero que ningún gobierno ha querido invertir, porque es una obra que no se ve.

Por otro lado está la falta de cumplimiento de la Ley (Artículo 205, Ley 66 del 10 de noviembre de 1947, Decreto Ley 35 del 22 de septiembre de 1966), que prohíbe descargar directa o indirectamente en los desagües.

Los intereses de las constructoras, promotoras, restaurantes, urbanizadoras, junto a la debilidad de los entes supervisores, dan como consecuencia que la planificación, el urbanismo y medio ambiente pasen a un segundo plano.

Mientras unos pocos se harán millonarios, la totalidad de los panameños pagaremos con el desmejoramiento de nuestra calidad de vida aquello que algunos llaman ‘progreso’.

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Este artículo fue publicado el  10 de agosto de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor (a), todo el crédito que les corresponde.

Lo peor del boxeo… niños al tinglado

La opinión de….

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ALESSANDRO GANCI –

La práctica deportiva en la niñez es ampliamente recomendada, la Academia Americana de Pediatría le atribuye un efecto protector, aseverando que los niños y niñas que dedican tiempo a las actividades físicas son menos susceptibles a las adicciones, consumo de alcohol y tabaco, depresión y tendencia al suicidio, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Recomiendan todo tipo de deportes, incluidos, bajo estrictas recomendaciones aquellos llamados de ‘colisión’, donde los deportistas se golpean o chocan intencionalmente entre sí o con objetos, incluyendo el suelo, con gran fuerza, como el fútbol americano, el hockey, la lucha, el karate… todos… excepto el boxeo y sus variantes.

A pesar de que el ‘Boxeo Junior Olympic Program’ permite la práctica de boxeo para las edades de 8 a 16 años, bajo el argumento de que existen otros deportes con igual probabilidad de lesiones, diversos estudios demuestran lo contrario. Se han detectado anomalías cerebrales en un 41% de los practicantes del boxeo versus el 14% registrado entre los practicantes de otros deportes de ‘colisión’; es más, un 87% de boxeadores padecerá algún grado de lesión cerebral a lo largo de su vida. En el boxeo aficionado diversos estudios en el cerebro de boxeadores demostraron evidencia de daño en las neuronas tres meses después del combate.

Hacer que el cerebro se golpee contra el cráneo daña los vasos sanguíneos, nervios y tejido cerebral, hay micro hemorragias y producción de una substancia (amiloide) que provoca síntomas semejantes al Parkinson. Uno de los signos clásicos de la enfermedad de Alzheimer es la acumulación en el cerebro de una maraña fibrosa de un tipo particular de cuerpos químicos anormales llamados proteínas ‘tau’. Los científicos han descubierto que marañas similares se encuentran en pacientes con desórdenes de memoria, incluida la Demencia Pugilística (DP), también conocida como Síndrome de los Boxeadores.

Es verdad que el boxeo es uno de los deportes que más lauros le ha dado al país. Pero, también es verdad que preservar la salud de un niño es mucho más importante. El que alguien se dedique o no a una determinada actividad que implique riesgo, depende enteramente de su capacidad de discernir. Conseguir que los niños entiendan lo que es bueno y correcto y sepan diferenciarlo de lo que es malo e incorrecto, dependerá de la madurez, del grado de entendimiento y del nivel de comprensión. Esto en ningún caso se alcanza antes de los 14 años.

La pregunta es, ¿puede un niño de 8 a 13 años tomar una decisión informada acerca de los peligros del boxeo? Obviamente, no. Pero el señor alcalde, el titular del MIDES, la secretaria de la Niñez, la ministra de Educación, las iglesias, el Club de Leones y otros clubes cívicos sí podían. ¿Por qué, con tantas otras actividades competitivas, se elige una tan controversial?

¿Cree mi querido lector que un padre de familia sin dificultades económicas permitiría que su hijo se liase a golpes por una beca o bolsas de comida?

Por otro lado… ¿qué labor intelectual puede desarrollar una persona que desde temprana edad se haya dedicado a la práctica de boxeo? ¿A qué oficio lucrativo se puede dedicar después de haber sostenido cientos de encuentros de boxeo?

Conozco muchos casos de antiguos beisbolistas, yudocas, baloncestistas y practicantes de otros deportes que hoy son médicos, abogados, ingenieros, informáticos, etc. ¿Pero cuántos ex boxeadores ejercen una profesión liberal o se desempeñan como obreros especializados?

Aquí, como en todas partes, los boxeadores surgen principalmente de los grupos marginados del bienestar. Y, para su desgracia, muchos, al final de su gloria, si es que la alcanzan, retornan a sus estamentos sociales de origen.

El boxeo es una actividad totalmente inadecuada para los niños. Ojalá que desde el seno de la Asamblea Nacional de Diputados surja un proyecto de ley que prohíba esta práctica, porque al parecer la simple conciencia y el sentido común brillan por su ausencia en algunos de nuestros funcionarios electos.

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Este artículo fue publicado el  26 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.

El verde es verde… la ecología política

La opinión del Miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana….

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ALESSANDRO GANCI CERRUD —

Para nadie es un secreto la evolución y polarización ideológica de los gobiernos latinoamericanos. Las llamadas ideologías de derechas e izquierdas, fraguan una lucha silenciosa y tenaz. Estatización y Capitalismo salvaje, lo mismo que dictaduras chavistas y fascistas, son términos peyorativos, usados por los bandos en pugna para denigrar y satanizar al oponente.

En el fondo, pervive el deseo político de mantener el control y privilegios sobre más de 500 millones de latinoamericanos, hartos de promesas sobre una democracia participativa, igualdad y redención social, postergados y desnaturalizados inmediatamente después de una elección.

Ante esto, desde el seno de los partidos políticos tradicionales y los ciudadanos independientes, surge un movimiento renovador que poco a poco va calando en la psiquis nacional.

Principios básicos, como el rechazo a cualquier tipo de violencia, respeto a la vida, manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, desarrollo eco-sostenible, priorización del interés colectivo sobre el individual, defensa de la Constitución Política, separación estricta de poderes, igualdad en el acceso a la justicia, focalización de las políticas públicas en los grupos vulnerables, coherencia entre fines y métodos (no al juegavivo), objetivos y políticas de Estado, no de gobiernos y la eliminación de toda clase de discriminación sexual, ideológica o de género, deben ser la matriz fundamental en donde debe incubarse todo Estado Democrático de Derecho.

En Panamá no sacamos buenas notas. Al momento, nos encontramos ante la más grande involución democrática en materia de derechos que hemos visto desde el fin del régimen militar.

Derechos humanos y ambientales básicos, como el derecho a la tierra de las comunidades originarias, eliminación de estudios de impacto ambiental, minería a cielo abierto con pírricas regalías, se combinan con la afectación del derecho a huelga, a manifestarse, blindaje ante el abuso policial, escuchas telefónicas, populismo punitivo con aumento de penas al ‘hijo de doña Juana’, pero no al ‘hijo del de Cuello Blanco’.

Finalmente, enfilamos nuestro mazo contra los menores delincuentes prolongando los períodos de detención y bajándoles la edad punible, sin fortalecer adecuadamente las herramientas de prevención.

Las consecuencias inmediatas son más que previsibles. Nuestro ambiente resentirá la acción depredadora de la falta de control y previsión. Veremos el fenómeno de los sicarios infantiles, menores de doce años y los ciudadanos, poco a poco, entenderán la vulnerabilidad de nuestro sistema democrático y exigirán una trasformación profunda, tanto de forma, como de fondo, en nuestro quehacer nacional.

Surge entonces una pregunta obligada… ¿Podrán nuestros partidos políticos, tanto del gobierno como de la oposición, herrumbrar de una manera creíble sus postulados ideológicos para que tengan el fermento necesario que haga crecer la trasformación institucional con el reverdecimiento de sus propuestas? o ¿deberá surgir una fuerza alternativa que coalicione en una nueva propuesta el sentimiento y sentido de impotencia de cientos de miles de ciudadanos? Solo el tiempo y la evolución de los acontecimientos nos darán una respuesta.

Mientras tanto la ‘Ecología Política’ toma fuerza como una línea de pensamiento supraideológica, al dejar de considerar la producción de bienes y el consumo como sinónimo de progreso.

Sin los controles necesarios, la producción irremediablemente mermará nuestras reservas finitas de materias primas y energías. Saturándonos de desperdicios que afectaran no solo nuestro ambiente, sino el derecho de las siguientes generaciones a existir en condiciones dignas, al igual que las otras especies del planeta, porque todos estamos interconectados.

Trascienden los objetivos del medioambientalismo, propugnando cambios en los esquemas sociales y políticos dirigidos a reconceptualizar el progreso, no en cuánto producimos o nuestra capacidad de consumo (ingreso per cápita), sino a través del Índice de Desarrollo Humano, que combina la expectativa de una vida larga y sana, educación y dignificación de nuestra existencia…

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Este artículo fue publicado el  8 de julio de 2010  en el diario La Estrella de Panamá,  a quienes damos, lo mismo que al autor o autora, todo el crédito que les corresponde.