2010: turbulencia global sin solución

La opinión de….


MARCO A. GANDÁSEGUI, HIJO
gandasegui@hotmail.com

El año 2010 culmina con una nota agria para Panamá en el escenario mundial. El presidente Ricardo Martinelli apareció en todos los titulares internacionales por culpa de su apetito político desmedido, revelado por los cables secretos enviados por la Embajada de EEUU desde la capital panameña. Lo que era vox populi en los medios locales se trasladó por unas horas a los medios globales.

La arrogancia, el tráfico y la corrupción no retendrán por mucho tiempo la atención del mundo. En cambio, la turbulencia económica que remece el sistema capitalista, sin aparente solución, los movimientos sociales de protesta, la derrota del presidente Barak Obama en noviembre, la emergencia de nuevas potencias globales, la creciente crisis ambiental, el empobrecimiento creciente de los trabajadores a escala mundial y la cuestión de género son problemas que sacudieron el planeta en 2010 y prometen continuar presentes en el próximo año.

Obama desilusionó a los pueblos del mundo —y no solo al suyo— por su falta de imaginación para gobernar al país más poderoso del mundo. El pueblo norteamericano no respaldó a Obama en las elecciones parciales de 2010 y perdió la mayoría en el Congreso.

La economía de EEUU tuvo por tercer año consecutivo una tasa de crecimiento negativa, que arrastró a sus principales socios —sobre todo Europa— por el mismo camino. La única excepción fue China, que mantiene un ritmo de crecimiento económico del 10 por ciento anual. Los socios proveedores de materias primas al gigante asiático —como son la mayoría de los países de América del Sur— han evitado caer en el espiral norteamericano. La ‘reprimarización’ de las economías latinoamericanas, sin embargo, no constituyen garantía para el desarrollo de la región.

El caso de China también es impredecible. Está apostando a que la economía de EEUU no se desplome antes de 2025. Para esa fecha considera que estaría en condiciones de absorber las pérdidas de EEUU. En la actualidad, EEUU le debe a China más de 950 mil millones de dólares y sigue exportando sus plantas industriales a los grandes centros urbanos que crecen como hongos en aquel país.

La turbulencia de la economía capitalista ha agudizado la crisis ambiental. El Tratado de Kyoto es historia y la reciente reunión en Cancún ni mereció comentarios en los diarios. Los países más industrializados se han comprometido a controlar sus desmanes, pero sin dar garantías. En el caso de América Latina la especulación en torno a los metales y a la energía, desató en 2010 una carrera para acabar con los últimos reductos protegidos por la naturaleza.

El sector social más golpeado por la prolongada crisis económica ha sido la clase de los trabajadores. En EEUU, el 10 por ciento de los trabajadores está sin empleo, en España la cifra alcanza el 20 por ciento y en América Latina ha crecido la informalidad y el ‘trabajo precario’ a cifras antes no imaginadas. En el caso de Panamá, supera el 40 por ciento. A escala mundial la situación es alarmante en áreas como África, vastas extensiones de Asia y algunos países europeos donde las economías han colapsado y los trabajadores no encuentran solución alguna.

Los antiguos partidos socialistas o comunistas fueron neutralizados como consecuencia de la ‘guerra’ neoliberal desatada en los últimos 20 años. En América Latina, sin embargo, quedan algunos reductos.   En Cuba, el gobierno anunció este año que estudian nuevos ‘lineamientos’ dentro de su concepción socialista de sociedad. Los otros países del ALBA se pronunciaron en 2010 comprometidos con la ‘revolución socialista del siglo XXI’.

En 2010 la cuestión de género logró captar más atención, como resultado de las movilizaciones de las mujeres a nivel internacional. El desarrollo del capitalismo ha incorporado cada vez más mujeres a la fuerza de trabajo, así como a las filas de ocupaciones profesionales y técnicas. La creciente presencia de la mujer, en todas las áreas de actividad, generó en muchos países una reacción negativa. La violencia contra la mujer siguió incrementando a escala mundial, especialmente en los países más industrializados.

Los movimientos sociales en todos los países del mundo siguieron tomando fuerza, pero sin definir con claridad objetivos y sin constituir redes lo suficientemente fuertes para asumir aún un rol significativo en el escenario mundial. Esta situación, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento en la medida en que existen todos los medios para establecer nexos entre los grupos que luchan por transformar sus sociedades. El escenario existe y solo falta el sujeto social con la capacidad para catalizar un movimiento global.

 

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<> Este artículo se publicó 30  de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

El peligro de mensajes “No lo maquilles. Denúncialo.”

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La opinión de la Socióloga, Especialista en Género…

Ángela I. Figueroa Sorrentini

La violencia machista expresada en una diversidad de formas, entre ellas la violencia física, sexual, emocional y económica contra la pareja o ex pareja, las violaciones y los femicidios son un mal endémico en Panamá.
Muchas son las causas, muchos los culpables y muchas las acciones que hay que implementar para poner fin a este mal que se ejerce contra la mitad de la población y que afecta gravemente al conjunto de la sociedad. Las acciones policiales y penales son parte de cualquier estrategia exitosa para combatir la violencia machista, pero en ausencia de otras medidas, las denuncias pueden llevar a agravar el problema, incluso ocasionando un mayor número de femicidios.

Diversos estudios indican que los hombres- y las mujeres machistas- quienes maltratan a sus parejas (esta última una realidad que hay que sacar del clóset) caen en uno de dos tipos: quienes se intimidan y retroceden ante la denuncia y aquellos para quienes la denuncia tiene el efecto de exacerbar su ira y violencia. Estos últimos no pueden concebir, mucho menos aceptar, que “su” mujer se haya atrevido dar el paso de denunciarlo.

Cuando se trata de agresores Tipo 1, la denuncia tiende a ser efectiva aunque, si no se toman otras medidas, la mujer suele eventualmente perdonar a su pareja y entra nuevamente en el ciclo de violencia o establece una nueva relación con otro agresor.

Cuando se trata de agresores Tipo 2, la denuncia es el camino seguro a la muerte de la denunciante si, junto a la denuncia, no entran en vigor otras medidas para hacerle imposible al agresor lograr su objetivo.

El problema grave estriba en que no hay suficiente investigación para establecer a priori si un agresor es Tipo 1 o 2.   Sabemos algunas cosas, pero no lo suficiente para poder afirmar a un grado alto de confianza que un hombre (o una mujer abusadora) concreta- no una abstracción- va a reaccionar en una forma u la otra.   De ahí que lo más responsable, de parte de quienes trabajan este tema, es preparar a todas las mujeres para presentar denuncias como si se tratara siempre de un agresor Tipo 2.

Por las limitaciones de espacio menciono rápidamente cuatro medidas fundamentales que hay que tomar.

Una, enseñar a las mujeres a preparar planes de escape. Un plan de escape es un conjunto de medidas que le permitirá a la mujer desaparecer rápidamente cuando requiera hacerlo por su seguridad, ya que ese no es el momento para ponerse a averiguar a dónde puede ir, juntar lo que necesita llevar, etc. Por ejemplo, tiene que saber de antemano adonde irá- que no puede ser el hogar de familiares, amistades o persona alguna conocida por el agresor- y la persona que la recibirá tiene que saber que su llegada puede darse en cualquier momento sin previo aviso; tiene guardado en ese mismo lugar o en otro punto seguro un maletín con mudas de ropa para ella y sus hijas(os), fotocopias de todos los documentos importantes, algo de plata para moverse y tiene siempre dentro de un cartucho o cartera todos los medicamentos de ella y sus hijos(as). Esto, por supuesto, no es una lista exhaustiva de todos los elementos que debe contemplar un plan de escape.

Dos, hay que enseñar a la mujer medidas que debe tomar con vecinas(os) cercanas para que pueda ser socorrida de requerirlo.  Por ejemplo, tener una señal acordada que significa “llama a la Policía”.

Las otras dos medidas requieren un compromiso que aún no se ha dado de parte del Estado y hay que exigirlas.   Son la creación de una red de albergues para las víctimas y sus hijas, hijos y familiares adultos mayores dependientes (los 20-30 podrían dedicarle la Teletón 2011, por qué no) y la adopción de convenios interinstitucionales que le permitan a la mujer maltratada inscribir a sus niñas y niños en cualquier escuela en cualquier momento del año escolar bajo nombres falsos y obtener atención médica bajo las mismas premisas, entre otros convenios.

Mientras no garanticemos estos servicios y apoyos, sopesemos con sumo cuidado los consejos que damos. Se trata de las vidas de estas mujeres, no las nuestras.

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<>Artículo publicado el 9  de diciembre  de 2010  en el diario El Panamá América,   a quienes damos,  lo mismo que a ls autora,  todo el crédito que les corresponde.

Erradicar la violencia contra las mujeres, una tarea pendiente

 

La opinión de…

Santiago Cantón

Al celebrarse el último Día de los Derechos Humanos de la primera década del siglo, debemos concentrarnos en los desafíos pendientes en derechos humanos para prepararnos para la próxima década. Lamentablemente no hay que hacer mucho esfuerzo para cargar la agenda.

Sin perjuicio de importantes avances, aun continúan existiendo en nuestra región demasiadas deudas pendientes: ejecuciones extrajudiciales, torturas, discriminación, brutalidad policial, pobreza y analfabetismo son sólo algunas de ellas. Pero indudablemente, la violencia contra la mujer que continúa abatiendo a nuestra región debe ser una prioridad principal para todos los gobiernos de las Américas.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. En varios países de la región hay un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de los casos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, las mujeres víctimas de violencia utilizan poco los sistemas de justicia, lo cual en parte se explica por el maltrato y discriminación que reciben al intentar acceder a recursos judiciales, así como por la persistente desconfianza de que las instancias judiciales puedan investigar y juzgar las violaciones. Esta situación de impunidad no solo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que también perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.

A fines del año pasado, la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica en un caso sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. La Corte concluyó que las irregularidades en el manejo de evidencias, el retraso en las investigaciones, la alegada fabricación de los culpables, la ausencia de líneas de investigación que tuvieran en cuenta el contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez y la inexistencia de investigaciones contra funcionarios públicos por su supuesta negligencia grave, vulneraron el derecho de acceso a la justicia, a una protección judicial eficaz y el derecho de los familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

La Corte señaló que esta ineficacia judicial frente a casos de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir.

Los índices de violencia contra las mujeres son altos también en otros países de la región, y los índices de impunidad para estos crímenes son igualmente inaceptables. La manera de combatir este tremendo flagelo es a través de medidas que permitan completar rápida y efectivamente los procesos penales contra los agresores de actos de violencia doméstica y violencia sexual en fueros judiciales imparciales; llevar a cabo investigaciones serias, imparciales y exhaustivas para determinar la responsabilidad de los agresores; capacitar a operadores de justicia sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres como violaciones a los derechos humanos; garantizar que las víctimas reciban un trato digno y respetuoso al acudir a instancias judiciales; y ofrecer una reparación a las víctimas de violencia contra la mujeres.

Algunos Estados en el hemisferio han hecho esfuerzos significativos para avanzar en este sentido. Brasil, por ejemplo, adoptó el 7 de agosto de 2006 una ley especializada en violencia doméstica, la cual incluye un conjunto de intervenciones estatales destinadas a prevenir, investigar y sancionar estos actos. Esta ley lleva el nombre de María da Penha, una víctima de violencia doméstica en Brasil que quedó parapléjica como consecuencia de los golpes e intentos de homicidio de su esposo y llevó el caso a la Comisión Interamericana.

En muchos países, hay un reconocimiento formal y jurídico de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, pero existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Es urgente e indispensable redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, que cobra miles de vidas cada año y genera daños físicos, psicológicos y emocionales a las víctimas directas de esa agresión, así como a familiares y a la sociedad como un todo.

Para garantizar el derecho a una vida digna de todas las mujeres de las Américas, es imperativo acabar con el patrón de impunidad que existe en muchos países de la región. La única manera de combatir la impunidad es diseñar políticas estatales para garantizar una respuesta judicial idónea, que sea inmediata, oportuna, exhaustiva, seria e imparcial, ante cualquier acto de violencia contra una mujer.

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<> Este artículo se publicó el 10 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Mujeres y violencia… anatomía de una infamia

La opinión del Patólogo, Profesor Univiersitario y miembro de la Asociación Conciencia Ciudadana…

ALESSANDRO   GANCI  C.
concienciaciudadana09@gmail.com

Eran las 9 30 PM y en el patio de un edificio de apartamentos en Pueblo Nuevo se escucharon unos gritos que captan la atención de los vecinos. Hombre y mujer mezclan sus voces dentro de un vehículo. La mujer abre la puerta y,  sangrando por la boca, pide a gritos a alguien que la ayude mientras el hombre la persigue.   Un vecino trata de interponerse, el agresor le envía una andanada de improperios, ‘no te metas, no es tu problema, si me ‘jodes’ te voy a matar a ti’.   El vecino atemorizado no interrumpe y el hombre a empellones mete a la mujer en el carro con rumbo desconocido. Otro vecino desde su balcón llama a la Policía y una señora anota el número de placa. La Policía, ante la indignación de todos, NUNCA llega.

Violencia de género define todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada (Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Naciones Unidas, 1994).   Algunos grupos amplían este concepto y lo definen como todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física.

La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, etc.   El 75% de las veces la afectada es la mujer, 23% ambos y 2% el hombre.

En Panamá entre 9 y 11% de los homicidios son cometidos contra mujeres y un 70% corresponde a femicidio (asesinato de género) cometidos en su mayoría por personas cercanas.   En seis años (2000-2006), hubo 133 mujeres asesinadas, producto de la violencia. En los últimos dos años y ocho meses, la cifra es de 127 mujeres muertas.

Las mujeres de 18 a 45 años tienen más riesgo de morir como resultado de femicidios que de enfermedades u otro tipo de accidentes. La violencia afecta también a las mujeres con abusos sexuales.   En el año 2007 se registraron 2383 casos de violencia doméstica y 1042 casos de delitos contra la libertad sexual, desagregados así: actos libidinosos 209, acoso 12, estupro (sexo con familiar cercano ) 155, violación carnal 570, intento de violación carnal 96.   El 92.5% de estos casos fue contra menores de edad.

En todo el país, solo hay un albergue para recibir a las víctimas de la violencia doméstica. Mínimamente equipado.

La violencia doméstica es el delito más común en el país, solo uno de cada 5 casos se denuncia y pasan en promedio 5-8 años de maltrato antes de la primera denuncia.   El 29% de las mujeres abusadas estaban embarazadas, 30% de los maltratadores estaban bajo la influencia del alcohol, 87% de los casos de violencia lo presencian los niños y 8 de 10 jóvenes que crecen en violencia se convierten en maltratadores.   El 27% de víctimas de homicidio doméstico fueron niños. Padres que golpean a sus esposas son 2 veces más probables a buscar la custodia de sus hijos que los padres que no son violentos.

Los ciudadanos debemos exigir a nuestros gobernantes acciones inmediatas y la inclusión en nuestro presupuesto de programas dirigidos a madres en peligro y niños menores de 5 años que incluyan visitas periódicas de enfermeras o trabajadoras sociales, parvularios en zonas rojas, control de crecimiento y desarrollo, invertir en hogares temporales para las madres, niños y adolescentes.

También programas integrales contra la violencia familiar contemplando una estrategia de castigo ejemplar a los agresores, terapia familiar con la intervención sistemática de la familia y visitas periódicas de un orientador debidamente calificado. Obligatoriedad de asistir a terapias de reemplazo del comportamiento agresivo, que deberá enseñar a personas agresivas a llevar vida social, controlar el mal genio y aplicar el razonamiento moral.

La aplicación de la Ley 38 sobre violencia doméstica, es solo un paso sobre un problema que aun está muy lejos de controlarse. Nunca debemos olvidar las sabias palabras de Martin Luther King,  ’El hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgó una conciencia.   Y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer la carne de otro’.

 

<> Este artículo se publicó el 6 de diciembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

Femicidio y sistema penal acusatorio

La opinión de…

Maruquel Castroverde C.

Con la implementación del sistema penal acusatorio, la labor de criminalística forense en la escena del crimen, de la experticia médico forense y la declaración de la víctima (cuando sobrevive), como de los testigos (si los hubiera y estuvieran dispuestos a colaborar), cobra especial protagonismo en el juicio oral por delito de homicidio contra la mujer, relacionado con violencia doméstica (femicidio íntimo).

Algunas reglas del debate entre fiscales y defensores evolucionan para traducirse en un encuentro estratégicamente orientado a probar cada uno su teoría del caso. Ya no habrá expediente que consultar. La prueba habrá de construirse en el tribunal, y de la calidad de información que logremos generar las partes, dependerá el resultado: culpabilidad o inocencia.

Este es el escenario ideal en el que el nuevo modelo de justicia penal debería demostrar, en la rendición de cuentas públicas, que es capaz de sostener en adecuado balance los derechos fundamentales del imputado, los de la víctima y del Estado, cuyos intereses representamos desde el Ministerio Público.

Sin embargo, adelanto reservas. Y es que a diario, los fiscales nos enfrentamos a alegatos que ante el jurado de jueces legos, tienden a descalificar a la víctima en términos de la historia de descargo del hombre, “ella provocó, porque le fue infiel”, o porque “con la excusa del trabajo y/o el estudio, descuidaba la casa”; en suma, ella “era una mala mujer”, él un buen hombre. En este escenario es invariable la conclusión de la contraparte clamando por una oportunidad para el ofensor, que “tiene hijos y familia que mantener”, también “voluntad para restituirse productivamente a la sociedad” porque “está arrepentido”.

El drama de estas víctimas, como de quienes la sobreviven y están en el salón de audiencias, escuchando esto, por tanto, no termina agotada la necropsia en la mesa del médico forense o cuando finalmente se la entierra. La experiencia nos ha enseñado, en el ejercicio de la acusación pública en delitos de homicidio contra mujeres por sus parejas o ex parejas, que debemos probar la inocencia de la víctima, tanto como la culpabilidad del femicida. Concluyo que la situación actual difícilmente admitirá cambios que no deriven de una transformación cultural y del pensamiento colectivo, frente a las distintas y cada vez más graves formas de la violencia extrema contra las mujeres.

Se requiere de una política de prevención masiva y permanente, de sensibilización trabajada desde la escuela parvularia. Entender que este es un problema de salud y seguridad pública, no uno privado de marido y mujer, creencia que subsiste en el común de las personas que integran un jurado de conciencia, a quienes pudiera tocar conocer, eventualmente, los casos actualmente en trámite del total de las 46 muertes violentas que registran las estadísticas de la Defensoría del Pueblo hasta la fecha, si los victimarios estuvieran vivos y en capacidad de ser enjuiciados.

Es imperativo, ante la inminente reforma procesal penal, que hagamos un ejercicio de reflexión en la intimidad de nuestro ser, por el bien de la justicia de este país.

La labor de juzgar en casos de femicidio puede tocar a su puerta en cualquier momento, o lo que es lo mismo, la responsabilidad de aportar por una vida libre de violencia para las mujeres.   La carga es honrosa.    El llamado por la paz, ineludible.

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<> Este artículo se publicó el 29  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

La violencia social contra las mujeres

La opinión del Sociólogo…



GIOVANNI  BELUCHE V.
gbeluche@prodesarrollocr.com

Con demagogia, como cada año, quienes feminizan la pobreza saltan a conmemorar el del Día de la No Violencia contra las Mujeres.  Sin desmedro de algunos esfuerzos institucionales, impulsados por mujeres muy comprometidas, no se tocan las profundas causas de la desigualdad y la violencia a que son sometidas las mujeres trabajadoras, por la doble condición de opresión de género y explotación de clase.

Violencia en lo laboral— El desempleo abierto entre las mujeres ronda el 9.9%, es decir, una de cada diez mujeres está desempleada. La vulnerabilidad es mayor, porque este dato excluye a las mujeres que laboran en el sector informal, la mayoría sin garantías sociales y laborales. Las vendedoras ambulantes sufren la persecución policial y el decomiso de sus mercancías. ¿Qué alternativa les ofrecen? El MTSS reconoce que en Costa Rica cuatro de cada diez patronos (38% de las empresas) no pagan el salario mínimo de ley, lo que afecta a 309,000 personas trabajadoras, sobre todo en empleo doméstico, vendedoras en tiendas, actividades agrícolas, construcción y guardas. Obsérvese que en tres de estas cinco actividades la presencia de mujeres es abrumadora. Incluso hay mujeres trabajando como guardas en residenciales, contratadas por empresas de seguridad. Hay que sumar la proscripción del derecho a sindicalización, siendo sectores muy sensibles a la violación de garantías laborales y sociales.

La criminalización de la protesta social— Es una forma de violencia contra las mujeres, porque el represor normalmente es hombre y actúa amparado por el Estado patriarcal.   Las mujeres detenidas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y otras ofensas.  Criminalizar la protesta social significa que son penalizadas, como criminales, las mujeres que bloquean una calle para exigir el derecho al agua, vivienda digna, tierra para trabajar, caminos para sacar sus productos, atención después de desastres. En agosto de este año fueron agredidas mujeres de nuestros pueblos originarios, cuando pacíficamente se encontraban en la Asamblea Legislativa, solicitando que se discuta un proyecto de ley sobre la autonomía de sus territorios que lleva 17 años de espera. Lo mismo ocurrió en la provincia de Limón, contra mujeres que fueron detenidas y procesadas arbitrariamente, por defender los intereses nacionales contra la privatización de los muelles.

Deuda social en salud, gobiernos locales, vivienda popular y educación sexual— Las mujeres deben someterse a una larga espera para una cita con especialistas en la CSS, agravando el riesgo de cáncer de mamas o de útero.   Mientras, las autoridades se pavonean en marchas con lazos de colores, como si eso fuera a detener las enfermedades. La falta de presupuesto para las oficinas de la mujer en las municipalidades, si es que existen, denota el interés por construir una sociedad igualitaria. Es violencia la ausencia de proyectos de vivienda de interés social, especialmente para las madres que solas sacan adelante a una familia, pero no pueden pagar una casa a los precios del dios mercado. La inexistencia de programas de educación sexual, por la intromisión de las iglesias en los asuntos del Estado, también genera violencia.

Estas y otras formas de violencia se pueden evitar y revertir, falta voluntad política para colocar el desarrollo social por encima de la acumulación de capital.

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<> Este artículo se publicó el 28 de noviembre de 2010  en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

En recuerdo de las Mirabal

La opinión de…

Ana Raquel Santamaría

El origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se remonta al 25 de noviembre de 1960, cuando en República Dominicana fueron violentamente asesinadas las tres hermanas Mirabal, conocidas activistas políticas, por orden del gobernante de turno, el dictador Rafael Leónidas Trujillo.

En Colombia se celebró, en 1981, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en el que las asistentes decidieron conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, en homenaje a las hermanas Mirabal, mejor conocidas como “Las mariposas inolvidables”. En 1999, la Asamblea General de la ONU acordó declarar el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

En 1993 la Asamblea General de la ONU, aprueba la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en la que se definió la “violencia contra la mujer” como: “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada”.

En nuestro país, la violencia intrafamiliar lo regula la Ley 27 de 16 de junio de 1995, que tipifica la conducta de agresión física o psicológica de un miembro de una familia hacia otro de sus miembros.   La Ley 38 de 10 de julio de 2001, reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial sobre violencia doméstica y deroga artículos de la Ley 27 de 1995, sustituyendo el término violencia intrafamiliar por el de “violencia doméstica”.

Recientemente, en Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a Panamá a impulsar medidas para garantizar la igualdad de género, frenar la violencia doméstica y mejorar las condiciones de los refugiados. En la actualidad, la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Asamblea Nacional lleva adelante consultas para un anteproyecto de ley que busca modificar artículos de la Ley de Violencia Doméstica, a fin de disminuir los índices de homicidios de mujeres, a manos de sus parejas, ex parejas o familiares.

Respetuosamente, me permito sugerir a padres de familia, maestros, profesores y a los conductores de los medios de comunicación, la necesidad de hacer campañas de docencia, desde el seno familiar y en el aula de clases, en el sentido de ir cambiando en los jóvenes el viejo arrastre del machismo. Hay que llegar a lo más íntimo de la conciencia de niños y jóvenes y al sistema de valores para que en la práctica hagamos realidad el respeto a la dignidad de la mujer, como madre, hermana, compañera y ciudadana de la sociedad.

Es propicia la ocasión para hacernos eco de las palabras pronunciadas por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien expresó: “La violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe, no podemos afirmar que estemos logrando progresos reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.

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<> Este artículo se publicó el 27  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.