Los entuertos del asilo de María del Pilar Hurtado

La opinión del Periodista…

ABDEL FUENTES
abdel.fuentes@yahoo.com

En noviembre del 2010 el presidente Ricardo Martinelli, concedió asilo territorial a María del Pilar Hurtado, una ex funcionaria colombiana que es procesada en su país por escuchas ilegales. El ex presidente Álvaro Uribe, estuvo tras el indulto. Así lo confirmó a CNN en español Daniel Coronell, director del medio independiente en Colombia, Noticias Uno, quien asegura haber sido confirmado de ello por Hurtado, antes que Panamá le concediera el asilo.

 

Recientemente, el viernes 21 de enero de 2011, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes hacer pública la investigación contra Uribe por las interceptaciones ilegales realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS), organismo de inteligencia del cual la señora Hurtado fue directora. La decisión del Tribunal es una respuesta a la negativa de la Comisión de Acusaciones ante la solicitud que le hizo un representante del Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, de hacer público dicho proceso. El tribunal concluyó que la comisión está obligada constitucionalmente a adelantar las investigaciones de manera pública, permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la Nación.

 

Del 2003 al 2009 el DAS de Uribe interceptó ilegalmente las comunicaciones de jueces de la Corte Suprema, políticos opositores, periodistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.   Según la agencia EFE, el ex subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero, detenido actualmente, en diciembre del 2010 acusó a Uribe de ser el principal destinatario de las interceptaciones ilegales. Declaró a varias emisoras colombianas que recibió órdenes de Hurtado para darles seguimiento a magistrados de la Corte S uprema de Justicia. También reveló que la información era suministrada a Uribe, según lo manifestado por Hurtado.

 

Romero y la detective del DAS, Alba Luz Flórez Gélvez, detenida por el mismo proceso, le piden a María del Pilar Hurtado que regrese a Colombia, para que admita su responsabilidad en el espionaje ilegal realizado cuando fue directora del DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008.

 

Romero quien teme por su vida ha denunciado ser objeto de amenazas y asegura que Hurtado se asiló en Panamá para proteger a Uribe. De acuerdo al periodista colombiano Juan Cendales, no es la primera vez que a ex funcionarios de Uribe, investigados en procesos judiciales, tratan de encontrarles refugio. Asegura que este parece ser el camino diseñado por Uribe para quienes podrían terminar señalándolo como cerebro de sus acciones ilegales. Cita los casos de Jorge Noguera, primer director del DAS, hoy en prisión por sus vínculos criminales con el para-militarismo y quien fue designado cónsul en Milán, en medio del proceso que se le seguía. Salvador Arana, –actualmente en prisión–, fue enviado a la embajada de Colombia en Chile, cuando era acusado del asesinato de un alcalde del partido, ‘Polo Democrático Alternativo’. Varios jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos cuando sus confesiones empezaban a tocar el círculo más estrecho de Uribe.

El espectador.com de Colombia, del 24 de enero de 2011, informa que Luis Guillermo Pérez, representante de las víctimas de las ‘chuzadas’ del DAS, presentará una demanda constitucional en Panamá en contra del Gobierno de Martinelli por el asilo de Hurtado.   Este asilo, junto a una legión de barbaridades, obras de la administración actual, es más elocuente que sus propagandas de televisión. ¡Vamos bien !

 

Este artículo se publicó el  2  de febrero   en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Autoridad muda ante la escasez de agua

La opinión del periodista…

 

Abdel Fuentes

Escasez de agua potable, incapacidad del Idaan, afectaciones en la cuenca hidrográfica del Canal, desesperación en la población, diarreas, agua turbia, agua embotellada, son frases muy escuchadas durante estos días en nuestro país.

Pero la menos conocida es la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep) ¿Qué tipo de responsabilidad le compete al regulador en una crisis que podría arriesgar la salud de mucha gente? Según el Decreto Ley No. 2 del 7 de enero de 1997, el Ente Regulador, hoy Asep, es responsable del control de calidad del servicio de agua potable que abastece a la población.

El artículo 12 establece: “El Ente Regulador de los Servicios Públicos, creado por la Ley 26 de 1996, tendrá a su cargo, entre otras funciones, la regulación, el control, la supervisión y la fiscalización de la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable en la república de Panamá”.

La inoperancia del regulador no es nueva. ¿Qué ha ocurrido con la portabilidad numérica cacareada desde 2009 por la Asep? Las dos licitacionesrealizadas en 2010 para ponerla en funcionamiento, tanto en la telefonía fija como en la móvil celular, fueron declaradas desiertas. PanamáCompra detectó que el regulador incurrió en irregularidades en torno a la verificación de los documentos. ¿Será esta otra muestra de la incapacidad y mediocridad del regulador?

¿Por qué en Panamá es más caro llamar desde un teléfono fijo a un móvil celular, que en países como Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y México, entro otros? La tarifa por ese tipo de llamadas nos cuesta entre 10 y 16 centavos el minuto. ¿Por qué la Asep permite que los operadores móviles establezcan estos precios?

El marco regulatorio existe, pero la sospechosa inacción del regulador parece impulsar un ambiente anárquico. Las distribuidoras eléctricas nos facturan como les da la gana, y frente a los reclamos deciden quién tiene la razón. Las empresas de telefonía móvil invaden nuestra tranquilidad, enviándonos mensajes de texto que no nos interesan. Poco emulamos la regulación de países latinoamericanos que prohíben esta práctica, pese a existir en Panamá un decreto ejecutivo sobre la materia.

¿Dónde están el administrador de la Asep y sus voceros en medio de esta crisis de agua potable? Al parecer a este señor ya nadie le pedirá cuentas, pues hace poco renunció. Sería bueno saber si la decisión obedece a presión de arriba o por su presunta incapacidad para ejercer el cargo. Otros deberían imitarle. Tras casi 15 años de haber sido creado el estéril regulador por el gobierno perredista de Ernesto Pérez Balladares, pocos se convencen de su efectividad.

El artículo 13 de la norma citada establece que la Asep debe reglamentar la formulación de programas eficientes de inversión para el mantenimiento, rehabilitación y expansión de los sistemas de prestación de servicios de agua potable, y verificar su cumplimiento. También debe aplicar las debidas sanciones.

¿Una institución ineficiente sancionará a otra por incumplir con la regulación? ¿Quién multa a la Asep cuando no regula al Idaan? ¿De qué sirven tantas autoridades? Ya hablan de crear otra, la autoridad del agua. Entre las del ex presidente Martín Torrijos y las del presidente, Ricardo Martinelli, comparemos cantidad frente a eficiencia, a ver si la aritmética de los políticos es igual a su moral y sus discursos.

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Este artículo se publicó el 17  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘El Cambio, la masacre de Bocas del Toro’

 

La opinión de…

 

Abdel Fuentes

Los abusos en los que incurrió la policía en contra de trabajadores del banano y moradores en Changuinola, a mediados de 2010, quizá no fueron conocidos en su cruda realidad. Adquieren matices interesantes, a través de los testimonios de algunas de sus víctimas. Un trabajo audiovisual de 48 minutos, denominado El Cambio: la masacre de Bocas del Toro, da fe de ello. La realización tiene como autora a la cineasta italiana Micol Pecoraro.

El nombre del video no es casual, abriga la ironía de las promesas electorales mercadeadas por un movimiento que ha intentado colocarse como partido político y que con la ayuda de amigos y extraños llegó al poder. Descubre verdades de la represión, poco difundidas, presuntamente a causa de las amenazas e intimidaciones protagonizadas contra periodistas y directivos de medios.

El documental, dado a conocer a inicios de enero de 2011 por el sitio español en internet, Rebelión y presentado en Barcelona a fines de noviembre de 2010, es un esfuerzo del grupo Solidaridad con Panamá –activistas españoles en Barcelona– y el trabajo de una caravana internacional denominada “Por el Respeto a la Vida y Dignidad del Pueblo Panameño”. La caravana partió por tierra desde México y atravesó Centroamérica hasta llegar a Changuinola, tras pocos días de perpetrada la represión. Fue recibida por dirigentes de Changuinola y del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso).

Antes de presentar el documental en Barcelona, los activistas muestran a un grupo de españoles algunos datos socioeconómicos. Citan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revela que 800 mil panameños están mal alimentados, el 60% de la población rural es pobre, al igual que el 96.3% de la población indígena y el 17% de los asalariados.   Mencionan información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señala que Panamá, Honduras y Guatemala figuran en la lista de los 10 países más desiguales del mundo.

En el documental, testigos y víctimas del abuso denuncian la forma como la policía, desde los helicópteros, lanzaron perdigones, balas de plomo y gases contra los manifestantes y pobladores. Hablan de las provocaciones a las que apelaron los uniformados y la manera como los huelguistas fueron humillados.

Un testigo muestra un cartucho de bala vacío utilizado y asegura que ese tipo de proyectil es empleado para matar búfalos.    Menciona que uno de sus compañeros perdió un riñón, a consecuencia de una de estas balas. Otra víctima, un afectado de la vista, refresca lo vivido durante una madrugada, después de ser intervenido quirúrgicamente.    Testifica que la presencia policial era permanente: “en cada cama había un policía cuidándonos”, comenta. Cuenta que un sargento golpea su cama y luego grita: “levántense, levántense, vayan a tirar piedras, qué hacen ustedes aquí, vayan a tirar piedras”, concluye.

Para las víctimas y testigos de la represión, el cambio representa las marcas que llevan en sus cuerpos. Lo ocurrido parece haber dejado una vaga lección en los que ostentan el poder. Hoy proponen una ley, cuyo camino se orienta más al autoritarismo y la persecución que a la democracia. El futuro y las urnas deberán ser el juez implacable que les condene por sus constantes desatinos e irrespetos en perjuicio de quienes se dejaron llevar por la carga emocional de la propaganda y el mercadeo político.

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Este artículo se publicó el 11  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Wikileaks, bajo el poder de los grandes

La opinión de…

Abdel Fuentes

Para algunos periodistas, Wikileaks hasta hace poco dejó de ser un término desconocido, para otros ni siquiera existe. Desde su creación en 2006, ha revelado las actividades ilegales cometidas por gobiernos –principalmente el estadounidense–, poderosas multinacionales y bancos, entre otros actores.

Los 251 mil 287 cables confidenciales con información de 274 embajadas del Gobierno estadounidense y del Departamento de Estado, que desde fines de noviembre empezó a publicar, continúan generando noticia. Los documentos dejan en evidencia la ejecución de una operación de espionaje diplomático. La denominada inteligencia humana, es decir la obtención de información mediante el contacto personal, fue una de las técnicas empleadas por los diplomáticos estadounidenses. La organización de las Naciones Unidas (ONU), incluyendo a su secretario general, el surcoreano Ban Ki-moon, fue blanco del referido espionaje diplomático.

La periodista estadounidense Amy Goodman, conductora del programa Democracy Now! (¡Democracia Ya!), que se transmite diariamente por más de 800 emisoras de radio y televisoras en Estados Unidos (EU), América Latina y Europa, analiza el impacto de algunos de estos documentes. Goodman cita el caso del alemán Khaled El–Masri, secuestrado en Macedonia por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y torturado en una cárcel secreta en Afganistán por varios meses, hasta ser abandonado en una carretera desierta en Albania. Aclara que esto ocurrió a pesar de que la CIA sabía que había secuestrado al hombre equivocado. Según Goodman, El-Masri denunció el caso. “Todo indicaba que 13 agentes de la CIA enfrentarían cargos en los tribunales alemanes”, asegura la periodista.

En uno de los telegramas filtrados por Wikileaks, la Embajada de EU en Berlín envió este mensaje: “La emisión de órdenes de captura internacional tendría un impacto negativo en las relaciones bilaterales”. “Nunca se presentaron cargos, lo que sugiere que la amenaza diplomática funcionó”, concluye Goodman.

Los grandes consorcios del poder mediático mundial, el estadounidense The New York Times, el periódico inglés The Guardian, la revista alemana Der Spiegel, el periódico francés Le Monde y el español El País, a quien Julian Assange, el fundador de Wikileaks, entregó los documentos, ya empezaron a mutilarlos, para aliviar la carga del Departamento de Defensa de EU. De acuerdo a Assange, el sitio ha sido objeto de ciberataques, antes y después del 28, logrando de manera parcial dejarlo inactivo.

“Únicamente serán publicados aquellos papeles que consideremos que no representan una amenaza para la seguridad de personas o países”, anunció El País. Más de 13 mil de estos archivos se refieren al Gobierno, el Rey, la judicatura y al sector empresarial español y 3 mil 600 contienen comunicaciones de la Embajada estadounidense en Madrid.

El Gobierno estadounidense desde hace algún tiempo trabaja en una ley que otorgue poder al Presidente para bloquear la red de internet en ese país, bajo el pretexto de seguridad nacional. En Europa hay empresas trabajando por acabar con la neutralidad de la red. La supuesta libertad de expresión en internet podría convertirse en la ilusión del pasado. El desenlace de las filtraciones de Wikileaks está claro, los secretos consignados en estos documentos serán reducidos a una pequeña porción, para que no se conozcan las verdades más crudas del espionaje diplomático y de las figuras políticas del planeta.

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<> Este artículo se publicó el 7 de diciembre  de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Promesas por cumplir

La opinión de…

Abdel Fuentes    

“El pueblo al poder”, Ernesto Pérez Balladares; “Por un mejor Panamá”, Mireya Moscoso; “Sí se puede”, Martín Torrijos”, y “Los locos somos más”, Ricardo Martinelli, son eslóganes de las campañas políticas, posinvasión. Para todos es sabido que los electores evalúan a los presidentes, según el cumplimiento de sus promesas. En términos de administración, cabría preguntar, ¿las promesas incluyen a ministerios e instituciones?

En 1996, la administración Balladares creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, para garantizar excelencia en los mismos, luego de privatizar el IRHE y el Intel. En Latinoamérica estas instituciones han demostrado ser ineficientes. Según los expertos, por falta de independencia.   En EU y Europa los reguladores son independientes.   En Panamá, el Estado es regulador y funge como socio de las empresas privatizadas (C&W, Unión Fenosa y Elektra Noreste.

Las excusas de los gobiernos para privatizar, siempre son las mismas, ineficiencia del Estado para administrar y poca capacidad para invertir. Los beneficios prometidos también son los mismos, precios bajos y excelencia en la prestación de los servicios. Hoy se cuestiona si la telefonía fija y pública es menos costosa que cuando estuvo bajo la administración del Intel y si los servicios eléctricos son más onerosos que con el antiguo IRHE –el Estado subsidia a un sector de los usuarios.

Juan R. Porras, el vendedor del Intel, no logró convencer a Balladares de crear un ente exclusivo para atender el sector telecomunicaciones.   Contrario a ello, el ex presidente nos regaló una institución creada para regular sectores disímiles, como electricidad, telecomunicaciones, agua y alcantarillado sanitario, similar a lo que ocurre en otros países latinoamericanos.

El regulador atiende a los medios, regula las frecuencias en el espectro radioeléctrico y otorga licencias de locución para radio y televisión, sin contar con expertos en el tema. Expide licencias, sustentado en la certificación que algunas universidades le confieren a quienes hayan recibido un curso de locución. Los aspirantes que reciben los cursos, no son sometidos a evaluaciones para determinar si son locutores idóneos. Vaya manera de desprestigiar a los profesionales de la comunicación que ya están en el mercado.

La criatura del Toro nació con tres cabezas. Las decisiones más importantes debían ser tomadas por consenso o unanimidad. Eran tres directores con especialidades diferentes. El director de electricidad quería aplicar el formato eléctrico a la hora de regular telecomunicaciones o agua potable y viceversa.

Mientras la señora Moscoso dejó intacta la creación de Balladares, Torrijos intentó corregir el fenómeno. Creó por decreto ejecutivo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y reemplazó las tres cabezas por una.  Los resultados parecen poco alentadores.

La falta de expertos también ocurre en la regulación por sí misma, es decir, funcionarios sin formación en la materia. La regulación implica conocer toda su complejidad, en términos jurídicos y en el aspecto técnico de mercado del sector a regular. ¿Cuántos de estos expertos laboran en la Asep?   Los pocos que había fueron despedidos u obligados a salir hace menos de un año. ¿Dónde están las multas contra las empresas que violan nuestros derechos?

La iniciativa legislativa que plantean dos diputados para que Unión Fenosa y Elektra Noreste se responsabilicen por los daños ocasionados en nuestros equipos, debido a las interrupciones en el suministro eléctrico, es otra evidencia de que la Asep es un convidado de piedra. Los diputados deberían leerse, la Ley 26 de 29 de enero de 1996, que creó el Ente Regulador; la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, mediante la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad; la Ley General de Telecomunicaciones y el decreto 73 de 1997.

¿Dónde están los registros y listados públicos con los nombres de las empresas de telecomunicaciones infractoras, que indique la fecha de la infracción y la sanción aplicada en los últimos cinco años, según lo establece el artículo 319 del Decreto Ejecutivo 73, de 29 de abril de 1997?

Señor Presidente, alguien le oculta lo que ocurre con el regulador, pues no solo debe ordenar la generación eléctrica, como ha sido su preocupación –desde antes que usted ascendiera al poder–, también debe velar por el bien común y evitar conflictos entre concesionarios y usuarios. Acaso la Asep antepone los intereses de algunos de sus funcionarios, por los intereses del pueblo”? ¿Será esta otra promesa por cumplir?

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Este artículo se publicó el 2 de agosto de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

¿Dónde está el regulador?

La opinión de…

Abdel Fuentes

Hace poco escribí un artículo publicado en este mismo diario, referente al fastidioso mercadeo telefónico que nos impone Cable & Wireless y que viola nuestro derecho a la intimidad. En reiteradas oportunidades he solicitado a la telefónica no enviar a mi móvil los conocidos spam o mensajes basura, pero hasta la fecha el bombardeo no se detiene y a esta empresa parece importarle un soberano rábano mi malestar.

¿Pero qué hace la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) en torno al mercadeo telefónico de C&W? En el referido escrito, cité el artículo 256 del Decreto Ejecutivo 73, de abril de 1997, que prohíbe a los concesionarios de telecomunicaciones permitir el telemercadeo. Han transcurrido 13 años y la Asep continúa sin reglamentar la norma. Eso es lo que hace la Asep, nada.

Ocasionalmente el regulador monta ruidosos circos mediáticos, para tratar de convencernos de lo que no hace, o para actuar como un defensor de la británica C&W y la española Unión Fenosa. Recientemente anunció la aprobación de soterrar los cables aéreos, supuestamente para evitar la contaminación visual. Los medios informaron que la iniciativa salió de Unión Fenosa.

Soterrar los cables eléctricos tendrá un costo total de 38.2 millones de dólares. ¿Quién lo financiará? Los usuarios. La Asep asegura que serán solo unos cuantos centavos. ¿Pero por qué no lo pagan las distribuidoras? Los contratos de concesión, suscritos en la administración del señor Pérez Balladares, no lo contemplaron. Con las telefónicas no ocurre igual. La Asep debería informar de dónde saldrán los fondos para soterrar los cables de telecomunicaciones y de televisión por cable, entre otros.

Los concesionarios de telecomunicaciones, distribuidores y generadores eléctricos están obligados a pagar a la Asep una tasa anual de los ingresos brutos que obtienen anualmente. El porcentaje se determina según el monto presupuestado por la Asep para operar. Los regulados entregan la fuente económica al regulador. Hay quienes alegan la existencia de conflictos de intereses. El regulador es juez o parte, se preguntan algunos.

La falta de regulación la vivimos todos. Hay más quejas silenciosas, que denuncias formales interpuestas por los usuarios de empresas como Unión Fenosa y Elektra Noreste, Cable & Wireless o Movistar y cualquier otra de las que también operan en Panamá. ¿La razón? La falta de credibilidad y respuesta de estas empresas y de la Asep. Piense usted en incrementos injustificados en las facturaciones eléctricas, daños de equipos ocasionados por interrupciones en el fluido eléctrico, sin previo aviso, mensajes de texto y audios que llegan 24 horas después, llamadas que se caen, telemercadeo y cualquier otro número y clase de abusos.

El Nuevo Diario de Nicaragua del 6 de julio de 2010 divulgó una noticia sobre denuncias de usuarios en ese país, debido a las supuestas irregularidades que presentan los medidores y el sistema de facturación de Unión Fenosa. Igual que acá, según El Nuevo Diario, los usuarios desconfían del regulador.

En España, varias organizaciones que velan por la defensa del trabajo mediante una campaña denominada “El Observatorio del trabajo en la globalización” en su sitio en internet” http://www.observatoriodeltrabajo.org, informan que a fines de 2009, más de 50 organizaciones, partidos políticos y sindicatos solicitaron al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y a ejecutivos de Fenosa asumir responsabilidades por la vulneración de derechos humanos cometidos por Unión Fenosa en Guatemala.

El sitio revela que una sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala determinó en noviembre de 2004 que Fenosa hacía cobros indebidos a través de un impuesto ilegal y que debía retornar a los usuarios los importes cobrados y dejar de cobrarlo, se trata de 260 millones de dólares, aproximadamente.

¿Qué importancia tiene citar a otros países? Resuelva usted esa interrogante. La pregunta que muchos nos hacemos ante el estado de indefensión en el que nos encontramos es: ¿dónde está el regulador?

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Este artículo se publico el 16 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

Telefonía celular o la fiebre del Mundial

La opinión del periodista….

Abdel Fuentes 

Expresiones como, “gana mil goles” y ¿cuál fue el primer Mundial en transmitirse por televisión?, son mensajes de texto enviados diariamente por Cable & Wireless a miles de clientes.

Violando nuestra privacidad y aprovechando la fiebre del Mundial, la telefónica inglesa, que comparte acciones con el Estado panameño, bombardea nuestros teléfonos móviles celulares con mensajes como estos, sin que nadie se lo prohíba.

Hasta hace poco, esta comunicación era definida por los expertos como spam o “mensajes basura”, por tratarse de envíos no solicitados por el cliente. Fue un concepto exclusivo de internet, en lo relacionado con el correo electrónico, pero ahora se aplica a la telefonía.

Por supuesto que hay otros operadores que actúan de igual forma. Recuerde que esta es una industria millonaria, con 5.6 millones de usuarios, en una población que no llega a cuatro millones. En 2009, los ingresos que arrojó el mercado de telecomunicaciones se calculan en 919 millones de dólares. El 55% de esta suma corresponde a las ganancias que obtuvo el sector de la telefonía móvil celular, es decir, 505.4 millones. Estos datos forman parte de los informes difundidos por la Asep (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos).

¿Existe en Panamá alguna norma de telecomunicaciones que regule esta materia y proteja al usuario? Por supuesto que sí, pero solo en lo concerniente a telefonía fija. El artículo 256 del Decreto Ejecutivo No. 73. de abril de 1997, que a su vez reglamenta la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, establece: “Los concesionarios de servicios de telefonía no permitirán la realización de llamadas no solicitadas por medio de mensajes grabados, ni la realización de llamadas publicitarias sin la autorización del destinatario”.

La norma citada, no ha sido reglamentada por la Asep. Claro que en este caso se refiere al denominado telemercadeo o publicidad telefónica.   El regulador está doblemente en mora, no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 256, y está retrasado en reglamentar el envío de los mensajes de texto no deseados. Las telefónicas también vulneran el derecho a la privacidad de sus clientes al permitir que terceros utilicen los números telefónicos asignados a su empresa para enviar todo tipo de mensaje o publicidad.

En Estados Unidos, Europa y en varios países latinoamericanos, los gobiernos protegen a los usuarios de estos abusos comerciales. Para esto han legislado disposiciones que sancionan a las telefónicas o a cualquier otra empresa que viole el derecho de quienes deciden no recibir estas llamadas o mensajes. ¿Cómo lo hacen? Creando un sistema identificado como “registro de no llamadas”, según la denominación que le dan en Argentina, o “registro nacional no llame”, como se conoce en Estados Unidos. Aquí los usuarios se inscriben para dejar constancia de que no les interesa recibir estos spam. Los telemercaderes están obligados a revisar estas listas y respetar la voluntad de los clientes de telefonía.

En Estados Unidos, las empresas que incumplen con las restricciones impuestas en lo referente al mercado telefónico, son sancionadas con multas de hasta 16 mil dólares, por cada llamada. La gran pregunta es ¿tendrá el Ejecutivo que hacer el trabajo del regulador como hizo con el tema de la recolección de basura, para que los desprotegidos por fin nos sintamos protegidos, a causa de una “autoridad” que está más ausente que presente?

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Este artículo se publico el 28 de junio de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.