Cárceles literalmente infernales

La opinión de…

Betty Brannan Jaén
LaprensaDC@aol.com

“… Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Nelson Mandela, 1994.

Por más de 20 años he criticado que las cárceles panameñas son un “infierno”, pero jamás pensé que ese término pasaría de lo metafórico a lo literal. Lo ocurrido hace tres semanas en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen es escalofriante y vergonzoso, como también es criminal.   Tenemos que exigir completa responsabilidad penal por la inmolación sin piedad de esos muchachos –cinco de los cuales han muerto-. Dos chivos expiatorios no bastan, tratándose de una crueldad salvaje que obviamente se ha nutrido de mucha complicidad institucional.    También, creo, se ha nutrido de la impunidad.

Los lectores de cierta edad recordarán que en 1996 hubo una crisis parecida cuando una cámara de televisión captó a custodios que golpeaban duramente a reos desnudos en la cárcel Modelo. Se le formularon cargos a 10 custodios, que fueron enjuiciados en 1998 (sin haber estado presos mientras esperaban sus procesos). Su defensa fue que estaban “siguiendo órdenes”. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron condenados? ¿Enviados a la prisión? ¿Hubo reformas genuinas?

Los hechos repugnantes de este mes sugieren que no, y la razón es que ningún gobierno post dictadura se ha preocupado por componer la crisis en las cárceles (que tiene 20 años de arrastre).    Siempre las medidas son huecas o cosméticas en vez de profundas.   Cuando se dio la golpiza de la cárcel Modelo, por ejemplo, la reacción oficial fue tumbar la cárcel, lo que me pareció absurdo.   Escribí esto: “La solución no es demoler la cárcel Modelo porque el hacinamiento en la cárcel Modelo es solo una parte de un problema mucho más grande, además de que las paredes de la cárcel Modelo no tienen la culpa de esta crisis.

Lo que hay que demoler no son paredes, sino actitudes retrógradas, procedimientos absurdos y un sistema de justicia penal que hace mucho tiempo dejó de funcionar”. (4 de agosto, 1996). No ayudó que en ese entonces tuviéramos a un fiscal (Rosendo Miranda) que había dicho que “los detenidos no tienen derechos constitucionales” y a un presidente (Ernesto Pérez Balladares) que había afirmado que “cada centavo que se gasta en mejorar las condiciones en las cárceles es un centavo menos que se gasta en programas de beneficio social”. Irónicamente, los gobiernos siguientes han utilizado la demolición de la cárcel Modelo como excusa por el hacinamiento en las cárceles.

El gobierno de Mireya Moscoso no atendió la crisis, mientras que Martín Torrijos tuvo una ministra de Gobierno (Olga Gólcher) que afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “el sistema penitenciario de Panamá es respetuoso de los derechos humanos de los privados de libertad”. Felizmente, eso provocó que una estudiante panameña de derecho en Harvard (María Luisa Romero) lanzara una investigación devastadora de las cárceles panameñas que fue presentada ante la CIDH y actualizada solo el mes pasado. (La Prensa, 12 de diciembre de 2010.) Ahora se han involucrado el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y representantes de la sociedad civil, horrorizados por lo que encuentran al recorrer las cárceles.

En otras palabras, tras una crónica de crisis anunciada que lleva más de 20 años de estarse escribiendo, hemos vuelto al mismo punto crítico en el que estábamos hace 15 años (1996) tras la golpiza en la cárcel Modelo (solo que este último incidente fue mucho peor).   Sigue siendo cierto que la crisis se debe en buena medida a falta de recursos –lo cual de por sí confirma la falta de voluntad gubernamental en rectificar la situación— pero no dejemos que eso nos distraiga de algo aún más fundamental: criterios retrógrados y un sistema de justicia penal que consiste básicamente en tirar los reos al calabozo y botar la llave al mar.

Mientras no rectifiquemos eso, el “infierno” de esos calabozos seguirá siendo tanto literal como metafórico, para vergüenza nuestra.

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Este artículo se publicó el 30  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Todo menos los camellos

La opinión de…

Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –Las protestas de los últimos días en Egipto me han recordado las de Panamá en 1987 y 1988, solo que los “batalloneros” nuestros no tenían camellos.

Por lo demás, veo paralelos notables, comenzando con el apoyo que Estados Unidos dio al dictador.

Igual que en Panamá, leí que los manifestantes egipcios se quejan de sentirse “traicionados” por el apoyo de Estados Unidos al dictador.   Igual que en Panamá, mostraron por televisión las latas de gas lacrimógeno que decían “Made in USA”, que Estados Unidos había regalado al dictador Hosni Mubarak y que él está usando contra su propio pueblo.

Igual que en Panamá, todas las demás armas que los soldados egipcios están empleando para atacar a sus ciudadanos fueron regaladas o subsidiadas por Estados Unidos, porque Egipto ha estado recibiendo por 30 años más de mil millones al año en ayuda militar estadounidense.

William Hartung, del New America Foundation, un centro de análisis de tendencia liberal, observó esta semana que esa ayuda militar ha sido “el elemento clave” de mantener a Mubarak en el poder. Condoleezza Rice, cuando era secretaria de Estado, admitió que la política estadounidense por los últimos 60 años en el Medio Oriente ha sido “estabilidad a expensas de democracia”. Como sabemos bien, esa también fue la política estadounidense en Centroamérica y Panamá por muchas décadas.

Por ello, en Egipto, como ocurrió en Panamá, quienes han venido presionando por democracia se topaban siempre con el obstáculo inmutable de que Estados Unidos estaba no del lado de la democracia sino del lado del dictador. Mubarak encarcelaba, torturaba y asesinaba a sus opositores sin temor de que ello le causara problemas genuinos con Washington; mientras la represión proporcionara una ilusión de estabilidad en el país, los norteamericanos estaban contentos. Pero incluso ahora, cuando esa ilusión se ha desvanecido, Washington parece resistirse a sacarle la tabla a Mubarak. En los primeros días de las protestas, el vicepresidente Joe Biden defendió a Mubarak y rehusó tildarlo de “dictador”. Eventualmente, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, comenzó a hablar de una “transición ordenada” pero eso significaba darle más tiempo a Mubarak. En los últimos días, la Casa Blanca ha dicho que la transición debe ser “ya”, pero todavía esquiva usar la palabra “dictador”.

Aquí en Washington se ha criticado bastante la posición del gobierno de Barack Obama. Y en Egipto, Mohamed ElBaradei, premio Nobel de Paz y uno de los lideres pro-democracia comentó esto, ácidamente: “El Gobierno norteamericano no puede pedir que el pueblo egipcio crea que un dictador con 30 años en el poder será quien implemente democracia. Esto es una farsa”.

Mientras tanto, hubo un instante de optimismo cuando el ejército egipcio dijo que no usaría la fuerza para reprimir las manifestaciones (a diferencia de los panameños). Pero el día siguiente llegarían los “batalloneros” egipcios en sus camellos –con varas y látigos– a atacar a los manifestantes, mientras los soldados se quedaban de brazos cruzados. Quedó claro que todo era parte del plan, cuyo próximo paso sería que los soldados reprimieran con la excusa de poner alto a la violencia. Mubarak simultáneamente lanzó una fuerte campaña de intimidación y los medios estatales aumentaron el fervor de su propaganda pro-dictadura. Las tácticas clásicas de un tirano.

Mubarak rehúsa irse a las buenas y dice que morirá en su país. Manuel Antonio Noriega también rehusó irse a las buenas y sin duda morirá en su país, aunque le costó bien caro el no haber escuchado a su pueblo cuando debió hacerlo (sin hablar de que el país también pagó un precio muy alto). En el caso de Mubarak, el desenlace está por verse y hay el temor de que la cosa salga muy mal, como ocurrió en Irán. Es cierto que hay ese riesgo, pero no por eso se puede seguir negando la libertad del pueblo egipcio.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Volver, volver, volver

 

La opinión de…

 

Betty Brannan Jaén

En Rusia hay quienes todavía profesan admiración por Josef Stalin, uno de los dictadores más sangrientos de la historia.    Igual hay en China quienes defienden a Mao Zedong; en República Dominicana, a Rafael Trujillo; en Rumania, a Nicolás Ceausescu, y en Chile, a Augusto Pinochet. En nuestro país, a juzgar por las calcomanías que se ven en los carros,   hay quienes todavía guardan una buena opinión de Manuel Antonio Noriega.

Aun así, me sorprendió ver que en Haití hay quienes recuerdan con cariño la dinastía dictatorial de los Duvalier. Cuando Baby Doc (Jean-Claude Duvalier) sorpresivamente retornó a Haití esta semana, un grupo de seguidores le dio calurosa bienvenida en el aeropuerto.   Eran como 2 mil, según la revista Time.   Otros medios internacionales informaron que el duvalierismo todavía vive en Haití y el abogado de Baby Doc planteó que su cliente podría candidatizarse para la Presidencia.

¿Cómo puede ser? Uno comprende que el pueblo haitiano está abatido por décadas de tragedia, miseria, represión y corrupción, pero cegarse a las realidades de la dictadura duvalierista no hará nada por mejorar su situación actual.   François Duvalier –Papa Doc— asumió la Presidencia de Haití en 1957 tras una elección muy dudosa.   Duvalier, padre, eventualmente desconfió de los militares que lo habían llevado al poder y fue creando una fuerza paramilitar –los temidos tonton makouts— que sustituyó al ejército como pilar de apoyo.    Según leo, el régimen Duvalier tiene la triste distinción de haber sido el primero en las Américas en utilizar “desapariciones” al por mayor como instrumento de terror contra su pueblo, sin hablar de torturas, ejecuciones y una “prisión de la muerte”. Se estima que unas 30 mil personas murieron a manos del Estado durante el duvalierato.

Estados Unidos, deplorablemente, apoyó la dictadura desde el principio. Dwight Eisenhower (republicano) era el presidente cuando Papa Doc llegó al poder y su gobierno se hizo de la vista gorda con respecto a los abusos de los primeros años.   Pero cuando Fidel Castro tomó control de Cuba en enero de 1959, Washington rápidamente consideró que apoyar a Duvalier era parte necesaria de su lucha contra el comunismo en el hemisferio. Eso tambaleó cuando John F. Kennedy (demócrata) llegó a la Casa Blanca en 1961. Kennedy suspendió la ayuda a Haití, disgustado porque –entre otras cosas— Duvalier había logrado “reeligirse” en 1961 con una elección abiertamente fraudulenta.   Kennedy trató de ayudar a los grupos de oposición, pero también quería que Haití fuera un contrapeso a Castro. Las relaciones entre Estados Unidos y Haití mejoraron bajo la presidencia de Lyndon Johnson (demócrata), a pesar de que Duvalier se autoproclamó “presidente vitalicio” en 1964. La ayuda financiera a Haití se restableció durante la presidencia de Richard Nixon (republicano).

Antes de morir en 1971, Duvalier, padre, designó a su hijo, Jean-Claude, como su heredero al poder.   Baby Doc, que tenía 19 años, continuó la brutal cleptocracia de su padre por los próximos 15 años. Tras manifestaciones en su contra en 1986, salió huyendo de Haití en un avión que Washington envió para salvarlo de que lo lincharan.   Se fue a Francia a despilfarrar los cientos de millones que (supuestamente) se había robado del tesoro estatal, pero eventualmente se le acabó el dinero.   Aparentemente, solo le quedan unos 5 millones que están congelados en un banco suizo; se especula que este viaje a Haití es un esfuerzo desesperado por lograr acceso a ese dinero.

Pero, asombrosamente, el Gobierno haitiano detuvo brevemente a Duvalier, hijo, y ahora parece estar ponderando qué hacer con él. Amnesty Internacional recomienda enjuiciarlo por “las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas” de su régimen y algunas de sus víctimas se han apresurado a ponerle denuncias en los tribunales haitianos. Por otro lado, hay manifestaciones a diario en su defensa.

Enjuiciarlo, pero debidamente, es lo que hay que hacer.  Que encare la justicia.

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Este artículo se publicó el 23  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Crimen y castigo

La opinión de…

 

Betty Brannan Jaén

PARÍS, Francia –El viernes fui a ver a Manuel Antonio Noriega. Bueno, en realidad no lo vi, y ni siquiera intenté verlo, pero sí caminé por las afueras de la prisión en París donde está detenido (Maison d’Arret de la Santé) contemplando la diferencia enorme entre su situación actual y sus aspiraciones parisinas, cuando era dictador. Entonces compraba apartamentos lujosos en los barrios más cotizados de París y ahora está en una prisión de reputación horrorosa, en un barrio para nada simpático de esta ciudad.

Pero creo que Noriega saldrá de la prisión parisina en este año, 2011, y que será devuelto a Panamá, por lo que debiéramos ir debatiendo la recepción que merece. En lo personal, yo abogo por obligarlo a que cumpla sus penas de prisión; nada de casa por cárcel.

Es cuestión de medir el crimen contra el castigo. Por ejemplo, estoy muy tranquila con la probabilidad de que Jared Lee Loughner encare la pena de muerte. Loughner es aquel tipo en Arizona que la semana pasada, fríamente, comenzó a repartir balazos en el estacionamiento de un mercado en donde la congresista estadounidense Gabrielle Giffords estaba celebrando un evento público. Su intención, según parece, era asesinar a Giffords, quien milagrosamente sigue con vida. Pero seis otros murieron en la balacera, que dejó 13 heridos adicionales.

No hay duda alguna sobre la culpabilidad de Loughner, que fue tirado al piso por observadores que lo desarmaron. Eso –que no haya duda alguna sobre la culpabilidad del acusado– es para mí el dato crucial, porque mi reticencia usual en aplicar la pena de muerte se debe no a razones religiosas o filosóficas, sino al temor de ejecutar a una persona inocente. En Estados Unidos hay cifras que confirman la validez de ese temor.

Hay una agrupación de abogados –The Innocence Project– que revisa casos en los que el veredicto condenatorio no se apoyó en pruebas irrefutables de ADN. Desde 1989, este proyecto ha logrado la exoneración de 265 personas, de las cuales 17 habían sido condenadas a muerte.

Es que en Estados Unidos el estándar de pruebas en un juicio penal es que éstas deben mostrar culpabilidad “más allá de una duda razonable”. No se requiere certeza, sino algo menos, y esa brecha entre certeza absoluta y duda razonable es donde el sistema produce errores. Por ello, tengo un amigo estadounidense que arguye que en casos de pena capital, se debiera requerir un estándar más elevado de pruebas: No meramente “más allá de una duda razonable”, sino “más allá de toda duda”. Esta es una reforma que Estados Unidos debiera adoptar (mientras que Panamá no podemos ni hablar de pena capital hasta tener un sistema mucho más confiable de justicia).

Bajo ese estándar más estricto que me gustaría ver, Loughner estaría sujeto a una pena de muerte (como obviamente también lo está bajo el sistema actual de derecho penal estadounidense). Y si la pena de muerte se justifica para un tipo como Loughner, que mató a seis personas, los crímenes de Noriega (que incluyen múltiples asesinatos) ciertamente justifican 20 años en La Joyita o en alguna prisión similar.

Ya sé que hay quienes dirán que Noriega ya tiene 22 años de estar preso y que, además, hay que tomar en cuenta su avanzada edad, pero no considero que eso sea relevante. Los años de prisión que ya ha cumplido fueron para pagar su crímenes en Estados Unidos y Francia; le falta pagar por sus crímenes en Panamá. En cuanto a la edad, el hecho es que Noriega ha tenido una suerte de llegar a viejo que le negó a sus víctimas. No veo por qué la vejez lo exime de responder a la justicia panameña, especialmente cuando no se arrepiente de lo que hizo y no hay duda razonable sobre la culpabilidad de mucho de lo que se le imputa.

Debe ir preso.

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Este artículo se publicó el 16  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Retomo el caso Remón

La opinión de…

Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –El ex coronel Roberto Díaz Herrera publicó un artículo el domingo pasado, en El Siglo, que ofrece una teoría nueva del asesinato, en 1955, del presidente José Antonio Remón Cantera, y me reta a que la investigue, “si de verdad tenemos reporteros criminólogos”.

Rechazo el reto. En primer lugar, no pretendo ser “reportera criminóloga”. Lo que he venido haciendo, desde 2004, es investigar lo que dicen los documentos estadounidenses de la época y tratar de obligar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado desclasifiquen todos sus documentos sobre el tema.

Hasta ahora, han rehusado hacerlo y creo que tendré que ponerles un pleito; su renuencia a divulgar los documentos es indicio fuertísimo de complicidad estadounidense en el delito.   En 2007 publiqué documentos que tienden a sustentar la tesis de que la CIA y la mafia colaboraron en asesinar a Remón –tesis de la novela Lobos al amanecer, de Gloria Guardia–, pero no he encontrado prueba definitiva todavía.

La otra razón para rechazar el reto de Díaz Herrera es que su tesis carece de información específica que amerite tomarla en serio.   Sin una sola migaja de corroboración, él alega que un amigo (¿cómo se llama?) ha publicado un libro (¿cómo se titula?) en que señala que un peruano de apellido Colina (¿por qué no da el nombre completo?) asesinó a Remón por “agradecimiento” a Rubén Miró  (¿qué clase de “agradecimiento” motiva el asesinato de un presidente?) y luego lo confesó (si lo confesó, ¿por qué tanto secreto ahora?).

Por el momento, esta tesis del asesino peruano tiene la misma credibilidad que le daría a la tesis de que el asesino era marciano, que, de paso, es casi la única teoría del crimen que no se ha planteado.   Al menos ocho hipótesis han circulado en estas cinco décadas (Ver mis reportajes del 2 y 3 enero de 2005, y del 2 enero de 2007), a saber:

1. Que lo mataron los gringos, con o sin complicidad de la mafia.

2. Que fueron los comunistas u otros enemigos internacionales.

3. Que fue Miró, quien confesó y luego se retractó.

4. Que fueron los arnulfistas u otros enemigos de la política criolla.

5. Que fueron los narcotraficantes, ya sea por temor a que Remón les parara el jugoso negocio (en que él o sus allegados posiblemente estaban involucrados) o como venganza por una trampa que él les hizo, y que el sicario fue un tal Martin Irving Lipstein.

6. Que en Nicaragua, un tal Jiménez Ballar confesó culpabilidad y Anastasio Tacho Somoza lo metió preso, mientras los norteamericanos se hacían de la vista gorda.

7. Que lo mataron Adolfo Hans y William Campbell, norteamericanos, pero el panameño que los acusó se retracto después.

8. Que lo mató un grupo subversivo que planeaba, también, ponerle explosivos al Canal, según acusó un norteamericano conocido por inventar historias extrañas.

Últimamente he estado fijándome en la tesis de que fueron los narcotraficantes. Encontré un artículo publicado el 14 de agosto de 1955, en la revista cubana Bohemia, titulado “Los Narcóticos: Móvil del Asesinato de Remón”.   Ese artículo le llamó mucho la atención a los diplomáticos norteamericanos, pero no encontré mucho detalle nuevo allí.

Como han hecho otros, el autor asegura que Lipstein asesinó a Remón, porque el congresista republicano Harold Velde había venido a Panamá por instrucciones explícitas del presidente Dwight Eisenhower a exigir que Remón pusiera alto al narcotráfico, como precondición a un tratado nuevo con Washington que estaba por firmarse.

Según esta tesis, Remón aceptó hacerlo y ello “decidió su destino”, pero una parte esencial del “doble–complot” era inculpar injustamente al vice presidente José Ramón Guizado, aprovechándose del plan “charlatanesco” que Miró, ingenuamente, puso en el camino de los hampones internacionales.

Continuaré la investigación.

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Este artículo se publicó el 9  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

‘Locoleaks’, la punta del iceberg

La opinión de…

Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –He visto que algunos panameños, con gran sentido de humor, están usando el término “Locoleaks” para referirse al escándalo de los cables estadounidenses recién divulgados por Wikileaks.

Y como resulta que en los 250 mil cables de Wikileaks hay más de 900 que fueron enviados por la embajada estadounidense en Panamá durante los últimos 20 años, el nuevo año nos promete un verdadero banquete de “Martincitoleaks”, “Yeyaleaks”, y “Piñaleaks”.

No hay duda, sin embargo, de que las revelaciones en estos cables golpean mucho más severamente a un presidente en el cargo que a un ex mandatario. Lo que averigüemos ahora de Martín, Mireya o Noriega tendrá interés meramente histórico, mientras que lo divulgado sobre Martinelli tiene repercusiones inmediatas y reales tanto en el plano doméstico como en el internacional.

La noticia de los pinchazos, por ejemplo, dio la vuelta al mundo –desde Australia hasta Azerbaiján– y de manera para nada favorable.   Ese publicista que tienen bajo contrato en Washington tendrá que ponerse las pilas, porque lo que falta por salir podría ser feo.

Si es así, eso entorpecerá la posibilidad de aprobar el tratado de promoción comercial (TPC), en Washington, y le causará tremendos dolores de cabeza al nuevo embajador allá.   Por otro lado, es posible que ahora se apresuren a darle cita al presidente Ricardo Martinelli en la Casa Blanca, como manera de disculparse por la divulgación de los cables.

En Panamá, mientras tanto, ha sido interesante la reacción del Gobierno. No quisieron responder a los cables, acusándolos de haber dicho cosas increíbles sobre la ampliación canalera, pero sí han respondido a los cables, acusándolos de querer que los gringos ayudaran a instalar un sistema para pinchar los teléfonos de sus adversarios políticos. Lo malo es que la respuesta fue pobrísima.

Me parece inelegante y machista haber atacado personalmente a la ex embajadora Barbara Stephenson, pintándola como una persona que “le agarró rabia” a Martinelli y que era “una mujer impetuosa… que se topó con un presidente que manda”. Tampoco me parece que responder así fue buena estrategia diplomática.

En cuanto a los hechos en sí, encuentro imposible que Stephenson y sus asistentes hayan “malinterpretado” lo que el gobierno de Martinelli le estaba pidiendo. Más bien apostaría a que entendieron demasiado bien, así como comprendieron perfectamente que este sería un presidente que “podría estar dispuesto a dejar de un lado el imperio de la ley, con tal de lograr sus metas políticas y desarrollistas”.

Queda claro, además, que Martinelli y sus funcionarios cercanos manejaron muy mal la relación con Stephenson, adoptando una actitud que ella encontró arrogante y hasta amenazante. Luce urgente que los enviemos a charm school (lo que también los ayudaría en sus relaciones con los medios y la ciudadanía), pero también recomiendo que refinen enormemente su estrategia de respuesta a estos “locoleaks”. Esconderse no resulta y decir tonterías tampoco.

Pasando al momento actual, tengo información fidedigna de que la nueva embajadora, Phyllis Powers, llegó a Panamá expresando inquietudes sobre el estilo autoritario de Martinelli y la designación de Giuseppe Bonissi como procurador.

Por ello, tengo razones para pensar que la partida de Bonissi ha complacido a Washington y que las relaciones con Powers van bastante mejor que las de antes con Stephenson, aunque todavía hay inquietud en Washington por el manejo ricardista de temas como derechos humanos e institucionalidad. Nuevamente, subrayo que el nuevo embajador llegará a Washington en un momento difícil.

A todo esto, nuevamente defiendo la labor de Wikileaks. Siempre abogo por más información en vez de menos y creo que Wikileaks ha tratado de divulgar la información de manera responsable. Pero lo más importante es simplemente fijarnos en todo lo que ha quedado al descubierto en solo los nueve cables divulgados hasta el momento. Para 2011, nos queda todo el resto del iceberg y ello nos promete un banquete informativo nunca antes visto.

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Este artículo se publicó el  2  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Nos deben explicaciones

La opinión de…

BETTY BRANNAN JAÉN

laprensadc@aol.com

PANAMÁ, R.P. –Mientras el Presidente y el Vicepresidente hacen todo lo posible por esconderse de las preguntas sobre lo que han dicho del proyecto canalero, la discusión del asunto entre ciudadanos tiene que distinguir entre tres puntos separados: ¿Es cierto que eso se dijo? ¿Es cierto lo que se dijo? Y, ¿por qué se dijo?

Vamos por partes. Para muchos la primera línea de defensa fue atacar la veracidad de los cables, alegando que el propósito de estas comunicaciones era defender los intereses de la empresa norteamericana en la licitación, sumado a otras razones para dudar de la credibilidad de los diplomáticos estadounidenses. Me parece, sin embargo, ese argumento solo es utilizado por quienes deliberadamente quieren confundir a la opinión pública.

Es cierto que algunos de los cables revelan cómo la Embajada estadounidense en Panamá se afanó por defender los intereses de la empresa Bechtel, a la que ya le conocemos una tendencia a chillar cuando no consigue lo que quiere. Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Bechtel armó tremendo chancleteo cuando perdió el contrato de los puertos panameños a Hutchison Whampoa y, después, utilizó su considerable fuerza política para montar una campaña, alegando que “los chinos se han tomado el Canal de Panamá”. Hay quienes dirán que por eso fue que Estados Unidos le quitó la visa a Pérez Balladares.   Ahora, es cierto, Bechtel ha vuelto a disgustarse, al perder el contrato para el tercer juego de esclusas y eso es el tema principal de algunos de los cables.

Pero eso no explica las declaraciones atribuidas al presidente Ricardo Martinelli y al vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, así como tampoco es relevante que estos cables estén repletos de especulaciones y análisis de pobre calidad. Las declaraciones que nos conciernen aparecen entre comillas, atribuidas a nada menos que el Presidente y Vicepresidente de la República, y están señaladas en un cable confidencial que fue dirigido a la secretaria de Estado y firmado por la embajadora del momento, Bárbara Stephenson. Las declaraciones se hicieron en presencia de terceros, incluyendo a congresistas estadounidenses. Por todo ello, me atrevo a asegurar que ningún embajador estadounidense mentiría en tales circunstancias. Subrayaré, además, que Martinelli y Varela no han osado desmentir a Stephenson.

Entonces, la próxima pregunta es si hay fundamento para las cosas asombrosas que ellos no solamente dijeron, sino que –increíblemente– se lo dijeron a congresistas gringos. Aunque casi todos en Panamá me aseguran que el proyecto avanza maravillosamente, con éxito total, lo recomendable sería mantener las antenas en alerta. Muy imprudente sería descartar el incidente con un alzar de hombros, solo porque tenemos un presidente “loco” y un vicepresidente ambicioso. Si queremos que la obra sea un triunfo es, precisamente, por eso que este incidente debe inquietarnos.

Eso nos lleva a la pregunta final: ¿por qué dijeron estas cosas?   Si en palacio se piensa que “los trapos sucios se lavan en casa” a la hora de luchar por la justicia, y se va a gastar millones en publicidad para elevar la imagen del país, ¿por qué es que Martinelli y Varela se dieron a criticar el proyecto canalero en sus conversaciones con extranjeros? ¿A potencialmente difamar a Alberto Alemán?   ¿A tirarle lodo al triunfo que la administración panameña del Canal ha sido en el plano internacional?

¿Por qué? No logro entender el porqué. Especialmente, después del absurdo espectáculo de que Martinelli, tras días de silencio, haya recorrido la obra el miércoles y, por medio de un comunicado, dijera “apoyar” la obra. (Los comunicados son un escudo contra las preguntas). Varela, por su lado, dijo “respaldar” el proyecto, pero advirtió que nadie en el Gobierno responderá a preguntas sobre el tema.

Not good enough, como dicen los gringos. Queremos explicaciones.

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.