Cárceles literalmente infernales

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén
LaprensaDC@aol.com

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“… Nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. Nelson Mandela, 1994.

Por más de 20 años he criticado que las cárceles panameñas son un “infierno”, pero jamás pensé que ese término pasaría de lo metafórico a lo literal. Lo ocurrido hace tres semanas en el Centro de Cumplimiento de Menores de Tocumen es escalofriante y vergonzoso, como también es criminal.   Tenemos que exigir completa responsabilidad penal por la inmolación sin piedad de esos muchachos –cinco de los cuales han muerto-. Dos chivos expiatorios no bastan, tratándose de una crueldad salvaje que obviamente se ha nutrido de mucha complicidad institucional.    También, creo, se ha nutrido de la impunidad.

Los lectores de cierta edad recordarán que en 1996 hubo una crisis parecida cuando una cámara de televisión captó a custodios que golpeaban duramente a reos desnudos en la cárcel Modelo. Se le formularon cargos a 10 custodios, que fueron enjuiciados en 1998 (sin haber estado presos mientras esperaban sus procesos). Su defensa fue que estaban “siguiendo órdenes”. ¿Qué pasó con ellos? ¿Fueron condenados? ¿Enviados a la prisión? ¿Hubo reformas genuinas?

Los hechos repugnantes de este mes sugieren que no, y la razón es que ningún gobierno post dictadura se ha preocupado por componer la crisis en las cárceles (que tiene 20 años de arrastre).    Siempre las medidas son huecas o cosméticas en vez de profundas.   Cuando se dio la golpiza de la cárcel Modelo, por ejemplo, la reacción oficial fue tumbar la cárcel, lo que me pareció absurdo.   Escribí esto: “La solución no es demoler la cárcel Modelo porque el hacinamiento en la cárcel Modelo es solo una parte de un problema mucho más grande, además de que las paredes de la cárcel Modelo no tienen la culpa de esta crisis.

Lo que hay que demoler no son paredes, sino actitudes retrógradas, procedimientos absurdos y un sistema de justicia penal que hace mucho tiempo dejó de funcionar”. (4 de agosto, 1996). No ayudó que en ese entonces tuviéramos a un fiscal (Rosendo Miranda) que había dicho que “los detenidos no tienen derechos constitucionales” y a un presidente (Ernesto Pérez Balladares) que había afirmado que “cada centavo que se gasta en mejorar las condiciones en las cárceles es un centavo menos que se gasta en programas de beneficio social”. Irónicamente, los gobiernos siguientes han utilizado la demolición de la cárcel Modelo como excusa por el hacinamiento en las cárceles.

El gobierno de Mireya Moscoso no atendió la crisis, mientras que Martín Torrijos tuvo una ministra de Gobierno (Olga Gólcher) que afirmó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “el sistema penitenciario de Panamá es respetuoso de los derechos humanos de los privados de libertad”. Felizmente, eso provocó que una estudiante panameña de derecho en Harvard (María Luisa Romero) lanzara una investigación devastadora de las cárceles panameñas que fue presentada ante la CIDH y actualizada solo el mes pasado. (La Prensa, 12 de diciembre de 2010.) Ahora se han involucrado el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá y representantes de la sociedad civil, horrorizados por lo que encuentran al recorrer las cárceles.

En otras palabras, tras una crónica de crisis anunciada que lleva más de 20 años de estarse escribiendo, hemos vuelto al mismo punto crítico en el que estábamos hace 15 años (1996) tras la golpiza en la cárcel Modelo (solo que este último incidente fue mucho peor).   Sigue siendo cierto que la crisis se debe en buena medida a falta de recursos –lo cual de por sí confirma la falta de voluntad gubernamental en rectificar la situación— pero no dejemos que eso nos distraiga de algo aún más fundamental: criterios retrógrados y un sistema de justicia penal que consiste básicamente en tirar los reos al calabozo y botar la llave al mar.

Mientras no rectifiquemos eso, el “infierno” de esos calabozos seguirá siendo tanto literal como metafórico, para vergüenza nuestra.

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Este artículo se publicó el 30  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Todo menos los camellos

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

WASHINGTON, D.C. –Las protestas de los últimos días en Egipto me han recordado las de Panamá en 1987 y 1988, solo que los “batalloneros” nuestros no tenían camellos.

Por lo demás, veo paralelos notables, comenzando con el apoyo que Estados Unidos dio al dictador.

Igual que en Panamá, leí que los manifestantes egipcios se quejan de sentirse “traicionados” por el apoyo de Estados Unidos al dictador.   Igual que en Panamá, mostraron por televisión las latas de gas lacrimógeno que decían “Made in USA”, que Estados Unidos había regalado al dictador Hosni Mubarak y que él está usando contra su propio pueblo.

Igual que en Panamá, todas las demás armas que los soldados egipcios están empleando para atacar a sus ciudadanos fueron regaladas o subsidiadas por Estados Unidos, porque Egipto ha estado recibiendo por 30 años más de mil millones al año en ayuda militar estadounidense.

William Hartung, del New America Foundation, un centro de análisis de tendencia liberal, observó esta semana que esa ayuda militar ha sido “el elemento clave” de mantener a Mubarak en el poder. Condoleezza Rice, cuando era secretaria de Estado, admitió que la política estadounidense por los últimos 60 años en el Medio Oriente ha sido “estabilidad a expensas de democracia”. Como sabemos bien, esa también fue la política estadounidense en Centroamérica y Panamá por muchas décadas.

Por ello, en Egipto, como ocurrió en Panamá, quienes han venido presionando por democracia se topaban siempre con el obstáculo inmutable de que Estados Unidos estaba no del lado de la democracia sino del lado del dictador. Mubarak encarcelaba, torturaba y asesinaba a sus opositores sin temor de que ello le causara problemas genuinos con Washington; mientras la represión proporcionara una ilusión de estabilidad en el país, los norteamericanos estaban contentos. Pero incluso ahora, cuando esa ilusión se ha desvanecido, Washington parece resistirse a sacarle la tabla a Mubarak. En los primeros días de las protestas, el vicepresidente Joe Biden defendió a Mubarak y rehusó tildarlo de “dictador”. Eventualmente, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, comenzó a hablar de una “transición ordenada” pero eso significaba darle más tiempo a Mubarak. En los últimos días, la Casa Blanca ha dicho que la transición debe ser “ya”, pero todavía esquiva usar la palabra “dictador”.

Aquí en Washington se ha criticado bastante la posición del gobierno de Barack Obama. Y en Egipto, Mohamed ElBaradei, premio Nobel de Paz y uno de los lideres pro-democracia comentó esto, ácidamente: “El Gobierno norteamericano no puede pedir que el pueblo egipcio crea que un dictador con 30 años en el poder será quien implemente democracia. Esto es una farsa”.

Mientras tanto, hubo un instante de optimismo cuando el ejército egipcio dijo que no usaría la fuerza para reprimir las manifestaciones (a diferencia de los panameños). Pero el día siguiente llegarían los “batalloneros” egipcios en sus camellos –con varas y látigos– a atacar a los manifestantes, mientras los soldados se quedaban de brazos cruzados. Quedó claro que todo era parte del plan, cuyo próximo paso sería que los soldados reprimieran con la excusa de poner alto a la violencia. Mubarak simultáneamente lanzó una fuerte campaña de intimidación y los medios estatales aumentaron el fervor de su propaganda pro-dictadura. Las tácticas clásicas de un tirano.

Mubarak rehúsa irse a las buenas y dice que morirá en su país. Manuel Antonio Noriega también rehusó irse a las buenas y sin duda morirá en su país, aunque le costó bien caro el no haber escuchado a su pueblo cuando debió hacerlo (sin hablar de que el país también pagó un precio muy alto). En el caso de Mubarak, el desenlace está por verse y hay el temor de que la cosa salga muy mal, como ocurrió en Irán. Es cierto que hay ese riesgo, pero no por eso se puede seguir negando la libertad del pueblo egipcio.

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Este artículo se publicó el 6 de febrero  de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Volver, volver, volver

 

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

En Rusia hay quienes todavía profesan admiración por Josef Stalin, uno de los dictadores más sangrientos de la historia.    Igual hay en China quienes defienden a Mao Zedong; en República Dominicana, a Rafael Trujillo; en Rumania, a Nicolás Ceausescu, y en Chile, a Augusto Pinochet. En nuestro país, a juzgar por las calcomanías que se ven en los carros,   hay quienes todavía guardan una buena opinión de Manuel Antonio Noriega.

Aun así, me sorprendió ver que en Haití hay quienes recuerdan con cariño la dinastía dictatorial de los Duvalier. Cuando Baby Doc (Jean-Claude Duvalier) sorpresivamente retornó a Haití esta semana, un grupo de seguidores le dio calurosa bienvenida en el aeropuerto.   Eran como 2 mil, según la revista Time.   Otros medios internacionales informaron que el duvalierismo todavía vive en Haití y el abogado de Baby Doc planteó que su cliente podría candidatizarse para la Presidencia.

¿Cómo puede ser? Uno comprende que el pueblo haitiano está abatido por décadas de tragedia, miseria, represión y corrupción, pero cegarse a las realidades de la dictadura duvalierista no hará nada por mejorar su situación actual.   François Duvalier –Papa Doc— asumió la Presidencia de Haití en 1957 tras una elección muy dudosa.   Duvalier, padre, eventualmente desconfió de los militares que lo habían llevado al poder y fue creando una fuerza paramilitar –los temidos tonton makouts— que sustituyó al ejército como pilar de apoyo.    Según leo, el régimen Duvalier tiene la triste distinción de haber sido el primero en las Américas en utilizar “desapariciones” al por mayor como instrumento de terror contra su pueblo, sin hablar de torturas, ejecuciones y una “prisión de la muerte”. Se estima que unas 30 mil personas murieron a manos del Estado durante el duvalierato.

Estados Unidos, deplorablemente, apoyó la dictadura desde el principio. Dwight Eisenhower (republicano) era el presidente cuando Papa Doc llegó al poder y su gobierno se hizo de la vista gorda con respecto a los abusos de los primeros años.   Pero cuando Fidel Castro tomó control de Cuba en enero de 1959, Washington rápidamente consideró que apoyar a Duvalier era parte necesaria de su lucha contra el comunismo en el hemisferio. Eso tambaleó cuando John F. Kennedy (demócrata) llegó a la Casa Blanca en 1961. Kennedy suspendió la ayuda a Haití, disgustado porque –entre otras cosas— Duvalier había logrado “reeligirse” en 1961 con una elección abiertamente fraudulenta.   Kennedy trató de ayudar a los grupos de oposición, pero también quería que Haití fuera un contrapeso a Castro. Las relaciones entre Estados Unidos y Haití mejoraron bajo la presidencia de Lyndon Johnson (demócrata), a pesar de que Duvalier se autoproclamó “presidente vitalicio” en 1964. La ayuda financiera a Haití se restableció durante la presidencia de Richard Nixon (republicano).

Antes de morir en 1971, Duvalier, padre, designó a su hijo, Jean-Claude, como su heredero al poder.   Baby Doc, que tenía 19 años, continuó la brutal cleptocracia de su padre por los próximos 15 años. Tras manifestaciones en su contra en 1986, salió huyendo de Haití en un avión que Washington envió para salvarlo de que lo lincharan.   Se fue a Francia a despilfarrar los cientos de millones que (supuestamente) se había robado del tesoro estatal, pero eventualmente se le acabó el dinero.   Aparentemente, solo le quedan unos 5 millones que están congelados en un banco suizo; se especula que este viaje a Haití es un esfuerzo desesperado por lograr acceso a ese dinero.

Pero, asombrosamente, el Gobierno haitiano detuvo brevemente a Duvalier, hijo, y ahora parece estar ponderando qué hacer con él. Amnesty Internacional recomienda enjuiciarlo por “las violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas” de su régimen y algunas de sus víctimas se han apresurado a ponerle denuncias en los tribunales haitianos. Por otro lado, hay manifestaciones a diario en su defensa.

Enjuiciarlo, pero debidamente, es lo que hay que hacer.  Que encare la justicia.

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Este artículo se publicó el 23  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Crimen y castigo

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

PARÍS, Francia –El viernes fui a ver a Manuel Antonio Noriega. Bueno, en realidad no lo vi, y ni siquiera intenté verlo, pero sí caminé por las afueras de la prisión en París donde está detenido (Maison d’Arret de la Santé) contemplando la diferencia enorme entre su situación actual y sus aspiraciones parisinas, cuando era dictador. Entonces compraba apartamentos lujosos en los barrios más cotizados de París y ahora está en una prisión de reputación horrorosa, en un barrio para nada simpático de esta ciudad.

Pero creo que Noriega saldrá de la prisión parisina en este año, 2011, y que será devuelto a Panamá, por lo que debiéramos ir debatiendo la recepción que merece. En lo personal, yo abogo por obligarlo a que cumpla sus penas de prisión; nada de casa por cárcel.

Es cuestión de medir el crimen contra el castigo. Por ejemplo, estoy muy tranquila con la probabilidad de que Jared Lee Loughner encare la pena de muerte. Loughner es aquel tipo en Arizona que la semana pasada, fríamente, comenzó a repartir balazos en el estacionamiento de un mercado en donde la congresista estadounidense Gabrielle Giffords estaba celebrando un evento público. Su intención, según parece, era asesinar a Giffords, quien milagrosamente sigue con vida. Pero seis otros murieron en la balacera, que dejó 13 heridos adicionales.

No hay duda alguna sobre la culpabilidad de Loughner, que fue tirado al piso por observadores que lo desarmaron. Eso –que no haya duda alguna sobre la culpabilidad del acusado– es para mí el dato crucial, porque mi reticencia usual en aplicar la pena de muerte se debe no a razones religiosas o filosóficas, sino al temor de ejecutar a una persona inocente. En Estados Unidos hay cifras que confirman la validez de ese temor.

Hay una agrupación de abogados –The Innocence Project– que revisa casos en los que el veredicto condenatorio no se apoyó en pruebas irrefutables de ADN. Desde 1989, este proyecto ha logrado la exoneración de 265 personas, de las cuales 17 habían sido condenadas a muerte.

Es que en Estados Unidos el estándar de pruebas en un juicio penal es que éstas deben mostrar culpabilidad “más allá de una duda razonable”. No se requiere certeza, sino algo menos, y esa brecha entre certeza absoluta y duda razonable es donde el sistema produce errores. Por ello, tengo un amigo estadounidense que arguye que en casos de pena capital, se debiera requerir un estándar más elevado de pruebas: No meramente “más allá de una duda razonable”, sino “más allá de toda duda”. Esta es una reforma que Estados Unidos debiera adoptar (mientras que Panamá no podemos ni hablar de pena capital hasta tener un sistema mucho más confiable de justicia).

Bajo ese estándar más estricto que me gustaría ver, Loughner estaría sujeto a una pena de muerte (como obviamente también lo está bajo el sistema actual de derecho penal estadounidense). Y si la pena de muerte se justifica para un tipo como Loughner, que mató a seis personas, los crímenes de Noriega (que incluyen múltiples asesinatos) ciertamente justifican 20 años en La Joyita o en alguna prisión similar.

Ya sé que hay quienes dirán que Noriega ya tiene 22 años de estar preso y que, además, hay que tomar en cuenta su avanzada edad, pero no considero que eso sea relevante. Los años de prisión que ya ha cumplido fueron para pagar su crímenes en Estados Unidos y Francia; le falta pagar por sus crímenes en Panamá. En cuanto a la edad, el hecho es que Noriega ha tenido una suerte de llegar a viejo que le negó a sus víctimas. No veo por qué la vejez lo exime de responder a la justicia panameña, especialmente cuando no se arrepiente de lo que hizo y no hay duda razonable sobre la culpabilidad de mucho de lo que se le imputa.

Debe ir preso.

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Este artículo se publicó el 16  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Retomo el caso Remón

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

PANAMÁ, R.P. –El ex coronel Roberto Díaz Herrera publicó un artículo el domingo pasado, en El Siglo, que ofrece una teoría nueva del asesinato, en 1955, del presidente José Antonio Remón Cantera, y me reta a que la investigue, “si de verdad tenemos reporteros criminólogos”.

Rechazo el reto. En primer lugar, no pretendo ser “reportera criminóloga”. Lo que he venido haciendo, desde 2004, es investigar lo que dicen los documentos estadounidenses de la época y tratar de obligar que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado desclasifiquen todos sus documentos sobre el tema.

Hasta ahora, han rehusado hacerlo y creo que tendré que ponerles un pleito; su renuencia a divulgar los documentos es indicio fuertísimo de complicidad estadounidense en el delito.   En 2007 publiqué documentos que tienden a sustentar la tesis de que la CIA y la mafia colaboraron en asesinar a Remón –tesis de la novela Lobos al amanecer, de Gloria Guardia–, pero no he encontrado prueba definitiva todavía.

La otra razón para rechazar el reto de Díaz Herrera es que su tesis carece de información específica que amerite tomarla en serio.   Sin una sola migaja de corroboración, él alega que un amigo (¿cómo se llama?) ha publicado un libro (¿cómo se titula?) en que señala que un peruano de apellido Colina (¿por qué no da el nombre completo?) asesinó a Remón por “agradecimiento” a Rubén Miró  (¿qué clase de “agradecimiento” motiva el asesinato de un presidente?) y luego lo confesó (si lo confesó, ¿por qué tanto secreto ahora?).

Por el momento, esta tesis del asesino peruano tiene la misma credibilidad que le daría a la tesis de que el asesino era marciano, que, de paso, es casi la única teoría del crimen que no se ha planteado.   Al menos ocho hipótesis han circulado en estas cinco décadas (Ver mis reportajes del 2 y 3 enero de 2005, y del 2 enero de 2007), a saber:

1. Que lo mataron los gringos, con o sin complicidad de la mafia.

2. Que fueron los comunistas u otros enemigos internacionales.

3. Que fue Miró, quien confesó y luego se retractó.

4. Que fueron los arnulfistas u otros enemigos de la política criolla.

5. Que fueron los narcotraficantes, ya sea por temor a que Remón les parara el jugoso negocio (en que él o sus allegados posiblemente estaban involucrados) o como venganza por una trampa que él les hizo, y que el sicario fue un tal Martin Irving Lipstein.

6. Que en Nicaragua, un tal Jiménez Ballar confesó culpabilidad y Anastasio Tacho Somoza lo metió preso, mientras los norteamericanos se hacían de la vista gorda.

7. Que lo mataron Adolfo Hans y William Campbell, norteamericanos, pero el panameño que los acusó se retracto después.

8. Que lo mató un grupo subversivo que planeaba, también, ponerle explosivos al Canal, según acusó un norteamericano conocido por inventar historias extrañas.

Últimamente he estado fijándome en la tesis de que fueron los narcotraficantes. Encontré un artículo publicado el 14 de agosto de 1955, en la revista cubana Bohemia, titulado “Los Narcóticos: Móvil del Asesinato de Remón”.   Ese artículo le llamó mucho la atención a los diplomáticos norteamericanos, pero no encontré mucho detalle nuevo allí.

Como han hecho otros, el autor asegura que Lipstein asesinó a Remón, porque el congresista republicano Harold Velde había venido a Panamá por instrucciones explícitas del presidente Dwight Eisenhower a exigir que Remón pusiera alto al narcotráfico, como precondición a un tratado nuevo con Washington que estaba por firmarse.

Según esta tesis, Remón aceptó hacerlo y ello “decidió su destino”, pero una parte esencial del “doble–complot” era inculpar injustamente al vice presidente José Ramón Guizado, aprovechándose del plan “charlatanesco” que Miró, ingenuamente, puso en el camino de los hampones internacionales.

Continuaré la investigación.

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Este artículo se publicó el 9  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la  autora, todo el crédito que les corresponde.

‘Locoleaks’, la punta del iceberg

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

PANAMÁ, R.P. –He visto que algunos panameños, con gran sentido de humor, están usando el término “Locoleaks” para referirse al escándalo de los cables estadounidenses recién divulgados por Wikileaks.

Y como resulta que en los 250 mil cables de Wikileaks hay más de 900 que fueron enviados por la embajada estadounidense en Panamá durante los últimos 20 años, el nuevo año nos promete un verdadero banquete de “Martincitoleaks”, “Yeyaleaks”, y “Piñaleaks”.

No hay duda, sin embargo, de que las revelaciones en estos cables golpean mucho más severamente a un presidente en el cargo que a un ex mandatario. Lo que averigüemos ahora de Martín, Mireya o Noriega tendrá interés meramente histórico, mientras que lo divulgado sobre Martinelli tiene repercusiones inmediatas y reales tanto en el plano doméstico como en el internacional.

La noticia de los pinchazos, por ejemplo, dio la vuelta al mundo –desde Australia hasta Azerbaiján– y de manera para nada favorable.   Ese publicista que tienen bajo contrato en Washington tendrá que ponerse las pilas, porque lo que falta por salir podría ser feo.

Si es así, eso entorpecerá la posibilidad de aprobar el tratado de promoción comercial (TPC), en Washington, y le causará tremendos dolores de cabeza al nuevo embajador allá.   Por otro lado, es posible que ahora se apresuren a darle cita al presidente Ricardo Martinelli en la Casa Blanca, como manera de disculparse por la divulgación de los cables.

En Panamá, mientras tanto, ha sido interesante la reacción del Gobierno. No quisieron responder a los cables, acusándolos de haber dicho cosas increíbles sobre la ampliación canalera, pero sí han respondido a los cables, acusándolos de querer que los gringos ayudaran a instalar un sistema para pinchar los teléfonos de sus adversarios políticos. Lo malo es que la respuesta fue pobrísima.

Me parece inelegante y machista haber atacado personalmente a la ex embajadora Barbara Stephenson, pintándola como una persona que “le agarró rabia” a Martinelli y que era “una mujer impetuosa… que se topó con un presidente que manda”. Tampoco me parece que responder así fue buena estrategia diplomática.

En cuanto a los hechos en sí, encuentro imposible que Stephenson y sus asistentes hayan “malinterpretado” lo que el gobierno de Martinelli le estaba pidiendo. Más bien apostaría a que entendieron demasiado bien, así como comprendieron perfectamente que este sería un presidente que “podría estar dispuesto a dejar de un lado el imperio de la ley, con tal de lograr sus metas políticas y desarrollistas”.

Queda claro, además, que Martinelli y sus funcionarios cercanos manejaron muy mal la relación con Stephenson, adoptando una actitud que ella encontró arrogante y hasta amenazante. Luce urgente que los enviemos a charm school (lo que también los ayudaría en sus relaciones con los medios y la ciudadanía), pero también recomiendo que refinen enormemente su estrategia de respuesta a estos “locoleaks”. Esconderse no resulta y decir tonterías tampoco.

Pasando al momento actual, tengo información fidedigna de que la nueva embajadora, Phyllis Powers, llegó a Panamá expresando inquietudes sobre el estilo autoritario de Martinelli y la designación de Giuseppe Bonissi como procurador.

Por ello, tengo razones para pensar que la partida de Bonissi ha complacido a Washington y que las relaciones con Powers van bastante mejor que las de antes con Stephenson, aunque todavía hay inquietud en Washington por el manejo ricardista de temas como derechos humanos e institucionalidad. Nuevamente, subrayo que el nuevo embajador llegará a Washington en un momento difícil.

A todo esto, nuevamente defiendo la labor de Wikileaks. Siempre abogo por más información en vez de menos y creo que Wikileaks ha tratado de divulgar la información de manera responsable. Pero lo más importante es simplemente fijarnos en todo lo que ha quedado al descubierto en solo los nueve cables divulgados hasta el momento. Para 2011, nos queda todo el resto del iceberg y ello nos promete un banquete informativo nunca antes visto.

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Este artículo se publicó el  2  de enero de 2011   en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Nos deben explicaciones

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La opinión de…

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BETTY BRANNAN JAÉN –

laprensadc@aol.com

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PANAMÁ, R.P. –Mientras el Presidente y el Vicepresidente hacen todo lo posible por esconderse de las preguntas sobre lo que han dicho del proyecto canalero, la discusión del asunto entre ciudadanos tiene que distinguir entre tres puntos separados: ¿Es cierto que eso se dijo? ¿Es cierto lo que se dijo? Y, ¿por qué se dijo?

Vamos por partes. Para muchos la primera línea de defensa fue atacar la veracidad de los cables, alegando que el propósito de estas comunicaciones era defender los intereses de la empresa norteamericana en la licitación, sumado a otras razones para dudar de la credibilidad de los diplomáticos estadounidenses. Me parece, sin embargo, ese argumento solo es utilizado por quienes deliberadamente quieren confundir a la opinión pública.

Es cierto que algunos de los cables revelan cómo la Embajada estadounidense en Panamá se afanó por defender los intereses de la empresa Bechtel, a la que ya le conocemos una tendencia a chillar cuando no consigue lo que quiere. Durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, Bechtel armó tremendo chancleteo cuando perdió el contrato de los puertos panameños a Hutchison Whampoa y, después, utilizó su considerable fuerza política para montar una campaña, alegando que “los chinos se han tomado el Canal de Panamá”. Hay quienes dirán que por eso fue que Estados Unidos le quitó la visa a Pérez Balladares.   Ahora, es cierto, Bechtel ha vuelto a disgustarse, al perder el contrato para el tercer juego de esclusas y eso es el tema principal de algunos de los cables.

Pero eso no explica las declaraciones atribuidas al presidente Ricardo Martinelli y al vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, así como tampoco es relevante que estos cables estén repletos de especulaciones y análisis de pobre calidad. Las declaraciones que nos conciernen aparecen entre comillas, atribuidas a nada menos que el Presidente y Vicepresidente de la República, y están señaladas en un cable confidencial que fue dirigido a la secretaria de Estado y firmado por la embajadora del momento, Bárbara Stephenson. Las declaraciones se hicieron en presencia de terceros, incluyendo a congresistas estadounidenses. Por todo ello, me atrevo a asegurar que ningún embajador estadounidense mentiría en tales circunstancias. Subrayaré, además, que Martinelli y Varela no han osado desmentir a Stephenson.

Entonces, la próxima pregunta es si hay fundamento para las cosas asombrosas que ellos no solamente dijeron, sino que –increíblemente– se lo dijeron a congresistas gringos. Aunque casi todos en Panamá me aseguran que el proyecto avanza maravillosamente, con éxito total, lo recomendable sería mantener las antenas en alerta. Muy imprudente sería descartar el incidente con un alzar de hombros, solo porque tenemos un presidente “loco” y un vicepresidente ambicioso. Si queremos que la obra sea un triunfo es, precisamente, por eso que este incidente debe inquietarnos.

Eso nos lleva a la pregunta final: ¿por qué dijeron estas cosas?   Si en palacio se piensa que “los trapos sucios se lavan en casa” a la hora de luchar por la justicia, y se va a gastar millones en publicidad para elevar la imagen del país, ¿por qué es que Martinelli y Varela se dieron a criticar el proyecto canalero en sus conversaciones con extranjeros? ¿A potencialmente difamar a Alberto Alemán?   ¿A tirarle lodo al triunfo que la administración panameña del Canal ha sido en el plano internacional?

¿Por qué? No logro entender el porqué. Especialmente, después del absurdo espectáculo de que Martinelli, tras días de silencio, haya recorrido la obra el miércoles y, por medio de un comunicado, dijera “apoyar” la obra. (Los comunicados son un escudo contra las preguntas). Varela, por su lado, dijo “respaldar” el proyecto, pero advirtió que nadie en el Gobierno responderá a preguntas sobre el tema.

Not good enough, como dicen los gringos. Queremos explicaciones.

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<> Este artículo se publicó el 26 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Intriga en Washington

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén

WASHINGTON, D.C. –La visita sorpresiva del presidente Ricardo Martinelli a Washington esta semana y la igualmente sorpresiva renuncia del embajador Jaime Alemán han dado lugar a toda clase de especulaciones, incluso algunas que me parecieron risibles.

El propio Alemán sostiene que la renuncia fue por “razones personales y profesionales”,   pero no hay duda de que en verdad hubo alguna intriga de palacio de por medio. Evidencia de ello: que Alemán no acompañó a Martinelli a sus citas el jueves y que el Panamá América del viernes informó en primera plana que Alemán fue destituido (citando una fuente anónima en Washington que parecía oficial).

Encuentro increíble esa noticia del Panamá América.   No por primera vez diré que Alemán y su esposa Pilar han sido unos embajadores incomparables, absolutamente tops en cuanto a inteligencia, charm, y dinamismo.   Mi buzón de correos electrónicos confirma a diario que ellos han llevado un ritmo incansable de trabajo, especialmente, porque decidieron no utilizar cabilderos a sueldo, sino ser ellos mismos los cabilderos por Panamá.

Creo que esa decisión fue correcta, no solamente porque así le ahorraron millones al país, sino también porque ningún cabildero “comprado” pudo haberlo hecho con la elegancia y credibilidad que mostraron ellos. Alemán reveló ser un máster de networking y desplegó tremenda visión estratégica sobre cómo ir creando la red de apoyo que necesitaría para diversos temas, cuando llegara el momento.

Pues el tema primordial es la ratificación del tratado de promoción comercial (TPC) y el momento es ahora. Resulta que la Casa Blanca desea proceder con la ratificación solamente del recién renegociado tratado con Corea, dejando atrás los acuerdos también pendientes con Panamá y Colombia (después de años de estancamiento).   Mucho se dice que el acuerdo con Panamá es el menos controversial de los tres y que los votos en el Congreso “están allí”, pero el TPC no podrá ratificarse si el presidente Barack Obama no lo envía al Congreso.

Del lado liberal es un dilema político para Obama, porque su base demócrata se opone a los tratados de libre comercio. Del lado conservador mi información es que los republicanos, liderados por el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, están insistiendo en que Obama envíe los tres tratados juntos al Congreso.

Uno ve, por lo tanto, que estamos primero en un momento crítico de persuadir políticamente a Obama de que haga lo correcto por Panamá; y si eso se logra, enseguida entraríamos en otro momento crítico de persuadir políticamente al Congreso de que ratifique el acuerdo panameño. Y en esa etapa de batalla en el Congreso, los tres países entrarían en una dura pugna de “sálvese quien pueda”, compitiendo por la ratificación de su acuerdo. Peor aún, la ventana política para todo eso solo estará abierta en los primeros meses del año entrante, porque después viene el inicio de la campaña presidencial de 2012, que hundirá toda posibilidad de proceder con temas difíciles.

En otras palabras, este no es el momento de cambiar embajadores, menos aún de remplazar a uno que ha hecho una labor tan excepcional. Tengo información de que sí es cierto que los norteamericanos ven con inquietud ciertas acciones del gobierno de Martinelli (especialmente con relación a justicia y libertades ciudadanas), por lo que Alemán ha tenido que manejarse con delicadeza. Como creo que su retiro de Washington es una gran pérdida para el país, lo óptimo sería que él reconsidere.

Cerraré con una crítica severa de que Martinelli insista en viajar al exterior sin periodistas que fiscalicen su actuación. Siguiendo el modelo martinista, lamentablemente, la Presidencia arma en secreto sus viajes, esconde los detalles exactos de su agenda, hace imposible que periodistas independientes puedan acompañarlo, y luego emite unos comunicados auto-elogiosos que son más propaganda que información. Eso no es transparencia, no es el actuar de un presidente democrático, y no es aceptable.

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<> Este artículo se publicó el 19 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Entre satisfacción y confusión: Betty Brannan Jaén

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

PANAMÁ, R.P. –Como el gobierno de Ricardo Martinelli tenía solo unos meses de haberse instalado cuando Latinobarómetro* hizo sus encuestas hemisféricas en octubre del año pasado, tuve interés en ver si habían diferencias significativas en las nuevas encuestas que Latinobarómetro acaba de publicar.

Pensé que las cifras del año pasado podrían haber estado distorsionadas por el gran optimismo con el que los panameños habían recibido al gobierno de Martinelli y quería ver cómo las realidades del último año habían afectado ese optimismo.

Lo que descubrí fue confusión total.   Comienzo con esta cifra, absolutamente contundente: 84% de los panameños encuestados se pronunciaron “satisfechos con su vida”.   En toda Latinoamérica, solo los costarricenses indicaron mayor satisfacción con su vida (86%) y la tasa panameña de satisfacción está muy por encima del promedio latinoamericano (71%). En buena medida, esa satisfacción refleja un optimismo económico, porque Panamá es uno de los países latinos donde la población más expresa confianza (56%) en que la situación económica está mejorando.

Por otro lado, los indicadores de apoyo democrático tambalearon, pero sin exceder el margen de error (3.1%). En 2009, 64% de los encuestados por Latinobarómetro estuvieron de acuerdo con la idea de que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”; este año, esa cifra bajó a 61%.    En 2009, 80% dijo creer que “la democracia puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno”; en 2010, es cifra bajó a 79%.

Paralelamente, desmejoró la autocalificación democrática del gobierno de Martinelli (en la que a los encuestados se les pide calificar del 1 al 10 en cuanto a “qué tan democrático es su país”).   En 2009, Panamá quedó de tercero en la América Latina con una calificación de 7.7. Solo los uruguayos y los ticos se dieron notas más altas que las nuestras. Este año, por contraste, la calificación de Panamá bajó a 7.0 y el país cayó a quinto lugar entre los países estudiados.

En cuanto a elitismo por parte del gobierno, hay cifras contradictorias. En 2009, 50% de panameños en el sondeo opinó que en nuestro país “se gobierna para el bien de todo el pueblo”; este año, solo 34% opinó así.   Eso sería una disminución significativa si no fuera que en 2008, solo 12% de panameños pensaba que se gobernaba para todo el pueblo. Es decir, esa cifra ha sido muy volátil en los últimos tres años. Paralelamente, en 2008, 84% de los panameños encuestados pensó que se gobernaba para “los intereses de los poderosos” y ahora en estas últimas encuestas de 2010, solo 58% de los panameños opinó que “las decisiones del gobierno buscan privilegiar a algunos pocos”.

Sobre apoyo o rechazo a los militares, las encuestas de Latinobarómetro no son del todo alentadoras para una antimilitarista como yo. Este año, igual que el año pasado, 70% de los panameños en la encuesta de Latinobarómetro aseguró que “en ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar”. Que nos hayamos quedado en la misma cifra pareciera buena noticia excepto por esto:   El año pasado, solo Costa Rica marcaba mayor rechazo al militarismo que Panamá y este año, nosotros hemos descendido a quinto lugar en esa tabla. Peor aun, en el renglón de rechazo a los gobiernos militares hemos caído de 77% en 2005 a 70% ahora. Es decir, otros países fortalecen su rechazo, mientras que nosotros lo debilitamos.

Interesantemente, Latinobarómetro incluyó este año una pregunta en este renglón que no recuerdo haber visto antes:   ¿Cuál es su opinión del último gobierno militar en su país? En Panamá, 18% de los encuestados le dio nota positiva (“bueno” y “muy bueno”). Aunque no se sepa si estaban calificando a Noriega, a Torrijos o a todo el conjunto de la dictadura, encuentro sorprendente esa cifra.

En fin, parece que satisfacción no conlleva claridad.

*La ONG chilena –www.latinobarometro.org– que por 14 años ha venido haciendo sondeos en 18 países latinoamericanos.

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<> Este artículo se publicó el 12 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Wikileaks abre una ventana

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

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WASHINGTON, D.C. –La diplomacia es algo que se hace a puerta cerrada y frecuentemente a espaldas del pueblo. Aunque los diplomáticos son servidores públicos y debieran tener la misma obligación de transparencia y rendición de cuentas que cualquier otro funcionario, los diplomáticos rutinariamente sacrifican el derecho ciudadano a la información en el altar de la supuesta necesidad de confidencialidad en el manejo de las relaciones internacionales. Con esa excusa sostenidamente se niega o tergiversa información que los ciudadanos tienen derecho a poseer. No es enteramente chiste que el humorista Ambrose Bierce comentó una vez que “un embajador es un hombre al que se le paga para que mienta por su país”.

Mencionaré cuatro ejemplos de la negación injustificada de información. Uno, que el gobierno estadounidense todavía me está negando documentos sobre el asesinato de José Antonio Remón en 1955, dizque “por razones de seguridad nacional”. (¡Casi 56 años después del hecho!) Dos, que los gobiernos de Panamá y Estados Unidos negaron dar información completa y oportuna sobre la extradición de Noriega que se estaba tramitando en 2007 en Miami; no había razón alguna para que esos trámites se hicieran en secreto, salvo que en verdad hubiera algo sórdido allí. Tres, que cuando se estaba negociando el Centro Multilateral Antidrogas durante el gobierno de Pérez Balladares, ambos gobiernos sostenidamente rehusaron dar las más mínimas migajas de información, solo para quedar con egg on the face, como dicen los norteamericanos, cuando un periódico mexicano publicó un borrador del tratado, que causó furor en Panamá. Y cuatro, solo el lunes pasado, que el Departamento de Tesoro rehusó absolutamente darme información alguna sobre el tratado de intercambio de información fiscal que sería firmado con Panamá el día siguiente y que ya circulaba en Panamá; aparentemente, el gobierno estadounidense cree que los ciudadanos solo deben saber el contenido de tratados después de que estos se hayan firmado, no antes.

Comprendo que algunos esfuerzos diplomáticos requieren confidencialidad en su etapa más delicada. Lo que no acepto es la negación o tergiversación rutinaria de información pertinente a las relaciones internacionales; creo que los ciudadanos tienen tanto derecho a conocer los detalles de su política exterior como lo tienen en cuanto a la política económica, energética, ambiental o en cualquier otro campo.

Por todo lo anterior, celebro lo que Wikileaks ha hecho esta semana con la divulgación de 250 mil cables diplomáticos estadounidenses. Lamento que el único cable referente a Panamá es de 1989 y no nos dice mucho. Injustificadamente se tachó el nombre del aliado civil de Noriega que estaba abogando por una amnistía que lo protegiera después de la caída de la dictadura y no había bombas en el resto del documento. Es extraño –y permite toda clase de conjeturas– que no se haya mencionado la invasión que vendría solo días después, aunque sí se habló de que Washington estaba preparando “una acción encubierta”. Pensé que un cable de cinco páginas ha debido contener análisis más agudo e información más precisa.

Sin embargo, otros documentos sí han arrojado luz sobre un montón de temas: Que Washington conocía bien que el golpe hondureño era ilegal pero aparentemente manipuló información pública para poder matizar su reacción. Que Washington ve claramente las debilidades corruptas del “presidente” Karzai de Afganistán. Que Washington reconoce que Rusia se ha convertido en una “cleptocracia” gobernada por Batman y Robin (Putin y Medvedev, respectivamente). Muy curiosamente, que Hillary Clinton se afanó por conocer los medicamentos que Cristina Kirchner toma para los nervios. Y mucho, mucho más.

Wikileaks nos ha demostrado que en el siglo XXI, la diplomacia no será tan encubierta como antes. Por más que el establishment se queje, estoy convencida de que una diplomacia más transparente será una diplomacia de más altura, más rendición de cuentas, y más apoyo ciudadano. Esto es bueno.

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<> Este artículo se publicó el  5 de diciembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

No al asilo a Hurtado

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

NUEVA YORK –Una de las cosas muy preocupantes del gobierno actual es la reaparición de prácticas nefastas que creíamos haber superado. A indicios de una remilitarización y el surgimiento de un plan para recriminalizar la difamación, ahora se ha sumado el retorno de Panamá como “cloaca del hemisferio” (frase utilizada décadas atrás por Roberto Arosemena Jaén).

Esa frase se refería a la supuesta “tradición” panameña de refugiar a cuanto hampón, torturador o dictador quisiera eludir la justicia de su país.    Siempre el Gobierno panameño del momento defendía el asilo con pronunciamientos virtuosos sobre su deseo de contribuir a la democratización y tranquilidad en la región, cuando lo cierto es que garantizarle impunidad al criminal no contribuye a nada bueno; además, siempre en estos casos había razones para sospechar qué consideraciones oscuras eran lo que en verdad había motivado el asilo. Como ejemplo, solo hay que citar el Sha de Irán.   Eso fue durante la dictadura, pero la práctica continuó durante los gobiernos de Endara y Pérez Balladares.

Pero en septiembre de 2000, el caso de Vladimiro Montesinos al fin dejó claro que nos habíamos convertido en basurero.    Montesinos, la mano derecha del presidente Alberto Fujimori de Perú, estaba huyendo de la justicia de su país y desesperadamente buscaba asilo. Entre los muchos delitos que se le atribuían estaban los abusos cometidos en su rol como jefe de inteligencia, incluyendo “pinchazos” telefónicos.

César Gaviria, entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dedicó a buscarle asilo a Montesinos.   Años antes, cuando Gaviria le buscaba asilo a Raúl Cedras, el sangriento dictador haitiano, México, España y Venezuela se habían negado antes de que Panamá aceptara.   Por ello, cuando surgió el caso Montesinos, Gaviria ya sabia que no tendría que molestarse mucho.   Consultó con Brasil, pero cuando ese país se negó, Gaviria dispuso presionar a la presidenta Mireya Moscoso para que ella aprobara el asilo.   Montesinos, incluso, viajó a Panamá en su avión privado, aparentemente pensando que todo estaba arreglado. Varios presidentes latinoamericanos tuvieron la osadía de llamar a Moscoso para presionarla a que hiciera lo que ellos mismos no deseaban hacer;   todos encontraban muy cómodo que el perro apestoso terminara en Panamá.

Del otro lado, los defensores de derechos humanos criticaban ásperamente que Montesinos pudiera evadir responsabilidad por sus crímenes con un asilo en Panamá. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, le escribió a Moscoso y me dijo lo siguiente en una entrevista a la época. “La institución del asilo fue concebida para refugiar a víctimas de persecución … De ninguna manera puede seguirse prestando para dar protección, impunidad y refugio a criminales, torturadores y violadores de los derechos humanos”.   Vivanco opinó que el caso Montesinos ofrecía a Moscoso la oportunidad de señalarle al mundo que Panamá rompía con aquellas prácticas de gobiernos anteriores que habían permitido la degeneración del concepto de asilo. Vivanco consideró que un asilo a Montesinos era “totalmente inadmisible”.

El final del cuento es que Montesinos se marchó de Panamá sin que le dieran el asilo. Hoy, tanto él como Fujimori están presos en Perú.

Veo grandes paralelos entre el caso Montesinos y el de María del Pilar Hurtado y –dada la similitud también con el caso de Ana Matilde Gómez– encuentro risibles las justificaciones que el gobierno de Ricardo Martinelli ha brindado para concederle asilo a Hurtado. Además de que la decisión revela el más “soberano” desprecio por los preceptos de derechos ciudadanos, constitucionalidad, justicia, y rendición de cuentas, se atropella nuevamente aquella imagen internacional que Martinelli pretende defender cuando le conviene hacerlo.   Solo días atrás, Costa Rica le negó asilo a otro ex funcionario colombiano que encara cargos penales en su país; la diferencia entre la postura tica y la del gobierno nuestro es una vergüenza para Panamá.

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<> Este artículo se publicó el 28 de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/brannan-jaen-betty/

Descriminalizar la droga

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La opinión de…

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Betty Brannan Jaén –

WASHINGTON, D.C. –Cuando pienso en guerras inganables, pienso en Robert Mc Namara, secretario de Defensa en los gobiernos de Kennedy y Johnson. Para mí, McNamara fue uno de los grandes criminales de la clase política estadounidense, porque al dirigir la guerra estadounidense contra Vietnam él confesó, antes de morir, que había sabido desde el principio que la guerra era inganable. Aun sabiendo eso, él siguió adelante con una guerra que mató a 58 mil soldados estadounidenses y a 3 millones de vietnamitas, en su gran mayoría mujeres, niños y ancianos. El mismo McNamara llegó a admitir que la guerra en Vietnam mató a mil civiles por día.

¿Para qué? Tantas vidas perdidas y destruidas, ¿para qué? Tantos miles de millones de dólares desperdiciados, ¿para qué? ¿No es criminal derrochar tanta sangre, tanto sufrimiento y tantos recursos valiosos en un esfuerzo inútil? Yo creo que sí.

La llamada “guerra contra las drogas” está en la misma categoría. Esta es una “guerra” que llevamos 40 años de estar peleando –el presidente Richard Nixon la lanzó en 1971– y para nada estamos cerca de triunfar. Todo lo contrario. “La lucha contra el narcotráfico es cuesta arriba y no se vislumbra la victoria”, advirtió en 2008 el International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental dedicada a la resolución de conflictos.

A criterio de ICG, el fracaso se debe a políticas ineficaces y hasta contraproducentes, junto a la falta de consenso doméstico o internacional sobre lo que se debe hacer.

A nivel doméstico, The Washington Post ha criticado que hay 57 agencias estadounidenses involucradas en la supuesta guerra contra las drogas, pero que éstas se pasan más tiempo peleando entre sí que peleando contra el narcotráfico. A nivel internacional, Europa y Estados Unidos tienen enfoques distintos sobre el problema y tienden a culparse mutuamente en vez de colaborar eficientemente; mientras que en Latinoamérica, los niveles de producción de cocaína han seguido estables, década tras década.

A nosotros, en Panamá, nos debe preocupar especialmente que una de las críticas de ICG es que la estrategia estadounidense antidrogas está demasiado militarizada. Una analista del Center for International Policy escribió la semana pasada que México y Colombia, por ejemplo, se han amarrado desmedidamente al “modelo militar” de esta guerra, por lo que “como en cualquiera guerra, poderosos intereses económicos y políticos están en juego para perpetuar la guerra”. (Yo veo una preocupante tendencia militarista en el gobierno de Ricardo Martinelli).

El resultado de las políticas contraproducentes –junto al hecho irrefutable de que todas las fuerzas del mercado están a favor de los narcotraficantes– es que las redes de narcotraficantes han crecido en sofisticación y alcance, convirtiéndose en organizaciones criminales transnacionales que socavan instituciones democráticas y amenazan la paz y tranquilidad de la región. Cada cartel destruido es reemplazado por otro; cada ruta bloqueada es reemplazada por otra, y hay un número infinito de rutas posibles. Sumado a todo eso, los norteamericanos no han identificado correctamente al enemigo, porque lo que más motiva el narcotráfico es la insaciable demanda estadounidense por la droga. Es decir, los norteamericanos rehúsan reconocer que el enemigo son ellos mismos.

Por todo lo anterior, es hora de basar las políticas antidrogas en realidades, no en mitos militaristas, y propongo que en Panamá comencemos con la descriminalización de posesión de marihuana para consumo personal, como ya han hecho muchos países europeos, incluyendo España.

Como señala una comisión sobre drogas y democracia integrada por gente como Mario Vargas Llosa y Fernando Henrique Cardoso, las “políticas prohibicionistas… no han dado los resultados esperados… Esta es una guerra perdida, una situación que se deteriora cada día con altos costos humanos y sociales”.

Lo que hay que hacer, recomiendan ellos, es romper el tabú, reconocer las realidades, y abrir el tema a un nuevo debate. Estoy completamente de acuerdo.

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<> Este artículo se publicó el 21  de noviembre de 2010  en el diario La Prensa, a quienes damos,  lo mismo que a la autora, todo el crédito que les corresponde.

Más artículos de la autora  en: https://panaletras.wordpress.com/category/brannan-jaen-betty/