Cuestiones panameñas

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La opinión de….

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MILTON VARGAS JURADO –
vargasjurado@gmail.com
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Estoy bastante anodadado con algunas cositas que voy a señalar a continuación, y que empiezan por el grave problema del suministro del agua potable en la ciudad capital.

Resulta ser que desde la cabeza del director del IDAAN, piden, y hasta demandas internacionales sugieren algunos grupos, por razón de lo esbozado arriba.

Supongo que también el noreste de Australia, que a fines del año 2010 sufrió las peores inundaciones en décadas, dejando bajo el agua miles de casas y negocios, con pérdidas de varios miles de millones de dólares, resultará culpable el gobierno panameño. Y ni hablar de que por la cercanía a Colombia, los más de dos millones de damnificados de este país hermano entablarán juicio a nuestras autoridades también.

Hasta he escuchado por ahí, que ‘el pueblo’ (panameño) debe tirarse a las calles para exigir que se acabe con este problema del agua, clara reacción ante señalamientos de altos (y no tan altos) políticos oposicionistas… ¿Qué puede ser lo siguiente?

La sábana tiene la culpa también en lo que los ‘angelitos’ del Centro de Cumplimiento de Tocumen, hayan incendiado y atentado en contra de sus propias vidas, lo que ha traído como consecuencia que también organismos o personas que dicen representar estos entes, manifiesten que (adivine, complaciente lector), el gobierno también es culpable.

Aquí deseo extenderme un poco, empezando conque en el primer quincenio de los ochenta, y con el concurso de distintos clubes cívicos (David y Potrerillos), el PNUD, la entonces Magistrada del Tribunal Tutelar de Menores, Lic. Yolanda Jurado de Vargas, promovió planes e infraestructuras (como el Centro de Resocialización de Menores de Tocumen, convertido hoy día en prisión), que empezaron a marcar un rumbo distinto y un futuro (en aquella época) para los ‘huérfanos de padres vivos’ o menores infractores.

No hay justificación alguna para que la sociedad panameña pueda defender lo que está sucediendo ahora, ya que, primero en plena dictadura y luego en la incipiente democracia, cometimos el pecado nacional de apartar del camino, estas importantísimas metas que buscaban la recuperación de estos panameños jóvenes.

No pueden esgrimirse excusas al respecto, ya que la delincuencia se multiplicó logarítmicamente, sin ningún instrumento que siguiese sirviendo para la reinserción de quienes, en su momento, no representaban la cantidad tan importante de participación en la criminalidad de este país, como lo es ahora.

Fácil es enfilar juicios en contra del gobierno, cayendo estrepitosamente en ignorancia supina, tanto en el asunto de la provisión de agua potable, ocasionado realmente por los cambios climáticos (calentamiento global, que le llaman), que han traído desastres de grandes proporciones, tanto en Panamá como en otros lares.

De igual manera aplico estos pensamientos a la situación de alta criminalidad, sobre todo en adolescentes, ya que no es difícil colegir, que de haber continuado todo lo trabajado, tanto por esos grupos cívicos como de la funcionaria aludida, los índices de delincuencia en nuestro país no estuviesen tan altamente marcados. ¡Cuestiones panameñas, he dicho!.

 

 

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<> Este artículo se publicó el  15 de enero de 2011    en el Diario La Estrella de Panamá, a quienes damos,  lo mismo que al  autor,  todo el crédito que les corresponde.

De bardas ardiendo

La opinión de…..

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MILTON VARGAS JURADO

Hay una discusión sobre el viejo refrán “cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”, y que muchos sostienen que lo correcto es “barbas”, por razones históricas.

La Real Academia Española indica que barda es “ f. Seto, vallado o tapia que circunda una propiedad ”. Pienso que tiene más sentido que la centenaria frase se refiera a algo que es sensible al fuego (bardas), que a un conjunto de pelos en la cara.

Lo cierto es que si de incendios se trata, el mayor lo estamos padeciendo desde hace décadas en nuestro país, con lo que se pudiera definir como la más grave crisis de un sistema nacional, el educativo.

El Libertador, Simón Bolívar, nos señala (los inmortales no desaparecen de nuestras existencias) que, “ Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación ”. Por lo que parafraseándolo, diría que nuestra nación ha marchado hacia su minucia al mismo paso que ha retrocedido nuestra educación.

Los resultados están a la vista, y son vergonzosos. El alto porcentaje de fracasos en los exámenes para ingresar a nuestra primera casa de estudios (aún bajando el índice de admisión), es uno de los elementos más significativos de la pobreza educativa imperante.

Y si nos remitimos a los paupérrimos resultados obtenidos con capacitaciones de quienes son los llamados a impartir la enseñanza, llama a la reflexión y a la urgente acción.

No es un problema que debe resolver en triste soledad un gobierno, sin la participación activa de los padres, madres de familia y/o acudientes, que salvo muy contadas excepciones, nos apartamos, por omisión, de manera culposa y hasta dolosa quizá, de la responsabilidad histórica que tenemos con nuestra nación.

Panamá contó con varias generaciones de profesionales que dieron lustro y reputación a nuestro país; educadores, médicos, ingenieros, abogados y otros, que con sus trabajos e investigaciones trascendieron fronteras.

No creo que haya sido casual, que muchos de ellos recibieron sus instrucciones escolares de profesores ilustres, que llegaron al istmo provenientes de otros países, por diversas razones. No cito nombres para que no se quede ninguno por fuera.

El punto es que sí existen serias deficiencias en quienes educan a nuestros hijos e hijas, tenemos un círculo vicioso del cual no podremos salir jamás. Y a grandes males, grandes remedios.

La Universidad de Panamá cuenta con profesorado idóneo, en quienes podríamos confiar la delicada tarea de dictar seminarios intensivos para que maestros y maestras, no sólo eleven su categoría, sino que también sean filtrados. La idea es que se conviertan en un factor multiplicador, que lleve a nuestros estudiantes a optimizar sus conocimientos al más alto grado posible, necesarios para el futuro patrio.

Y si no se pudiera, porque la cantidad de estos educadores nacionales no es suficiente, pues consideremos seriamente lograr la participación de importantes docentes de otros lares en estos necesarios menesteres.

Ya llevamos generaciones con esta situación que nos afecta a todos; no podemos darnos el lujo de permitir que continúe este descenso. Adoptemos el pensamiento de Bolívar para llevar a Panamá hacia el Primer Mundo, del que nos encontramos, desafortunadamente, bastante lejos.

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Este artículo se publicó el 17 de mayo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Procurando justicia

La opinión de……

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MILTON VARGAS JURADO

Hemos estado presenciando un gran despliegue mediático por los distintos nombramientos en los más altos estratos de la administración de justicia. Se ha establecido, a priori (algo muy común en Panamá), que el Órgano Ejecutivo ha intervenido en los otros Órganos del Estado, como si esto fuese novedoso.

Pero nadie ha señalado que la Constitución permite, bajo términos muy ambiguos, que jurídicamente se dé este hecho, desde el momento en que su artículo 2 establece que el Estado ejerce el Poder Público emanado del pueblo, a través del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración”. Pregunto: ¿Cuál es el escándalo, si tenemos décadas viviendo bajo estos parámetros legales?

Podemos creer tapar el sol con un dedo al desviarnos del eje central de un problema generacional que no encuentra soluciones. La corrupción enquistada en todos los estratos es el punto central, y si deseamos lograr, o al menos intentar parcialmente acabar con esta, debemos tomar decisiones y acciones sólidas.

Tenemos que ser lo suficientemente objetivos, y no pasionales, cuando analizamos la situación de la administración de justicia y de la prosecución del delito, aún en mora imperdonable.

Puedo traer a colación la gran cantidad de casos en los cuales las investigaciones a nivel del Ministerio Público, o llevan años en instruirse, o salen tan deficientes que se han violado derechos fundamentales de ciudadanos, que al transcurrir varios años de prisión, han sido beneficiados con el veredicto de inocentes.

¡Por favor! ¿Quién puede pagar el costo del sufrimiento de estas personas, que no solo fueron privadas del más sagrado derecho, la libertad, sino que, por estas injusticias institucionalizadas, perdieron hasta sus familias?

Nadie pareciese recordar casos muy recientes, en los que fiscales fueron destituidos ilegalmente, siendo reincorporados por el más alto tribunal de justicia.   La reserva del sumario, establecida para garantizar la necesaria presunción de inocencia, ha sido violada de forma constante bajo el pretexto del derecho de información.   Si no se hacen investigaciones que conlleven a sacar de los distintos estamentos del Estado a todos aquellos funcionarios que de una manera u otra han ayudado a corromper el sistema democrático, seguiremos con el status quo inamovible.

Pero esto es imposible de lograr si no se ejerce una mano fuerte e inquebrantable, que destruya los bases de este infierno y construya, de manera verdadera y perenne, los cimientos necesarios para reestablecer lo que pensadores de siglos pasados ilustraron como que el Estado existe con la finalidad de proteger al hombre de otros hombres, para que no pueda ser afectado en su derecho a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, y a la vez, ese hombre o mujer, goce también de la protección del propio Estado y no esté sujeto a la opresión de éste.

Llámese como se llame, sea un funcionario público o un destacado empresario, si ha incurrido en actos de corrupción, debe caerle el mazo de la justicia, que no es más que darle a cada quien lo que merece.

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Publicado el 28 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

La fuerza del espíritu

La opinión de…..

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MILTON VARGAS JURADO

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La fuerza del espíritu

Cuando la patria ve partir a otro estadio a uno de sus preclaros ciudadanos, se siente la sensible pérdida, más cuando él o ella ha participado en el desarrollo democrático de un país conmovido por décadas de ataques a este sistema político. Entonces, se mueven los sentimientos de solidaridad inmediata, y afloran los reconocimientos que le fueron muchas veces negados a lo largo de su existencia.

En un país donde decir “ la Tumba Muerto ” está por encima de señalar la vía con el alto nombre de Ricardo J. Alfaro, como si fuese demasiado elevado para los niveles que deben imperar dentro de una cultura nacionalista, se impone la reflexión, porque es costumbre patria olvidar a quienes nos precedieron, y que hicieron de su vida un ejemplo de dignidad, que en vez de colocarlos en un altar de admiración, perecen por la ignominia del olvido.

Así, es común y corriente que en vez de llamar al señor presidente como tal, en clara señal de respeto necesario, nos convertimos en payasos que hacemos chanza y burla de quienes ocupan altos cargos, como si fuesen puestos que merecen toda la cantidad de apelativos que se nos ocurran.

“ La Yeya ”, “ El Toro ”, “ el muñeco que pasea ” y ahora que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en el apelativo presidencial de turno (“ enzapatillado ”, “ el loco ”, etc.), no hace más que seguir rebajando el nivel de la más alta magistratura del país, trayendo consigo una endémica vulgarización que indica que nadie quiere ni le interese parar.

Y así se puede seguir apuntando a los otros miembros de los poderes del Estado, porque ninguno escapa a semejantes desatinos, en los que priva el ingenio inútil de apodar, peyorativamente, a quienes están ejerciendo como funcionarios y autoridades que se deben al pueblo.

Esa práctica común solo sigue cultivando y cosechando el desprecio que pareciésemos sentir por nuestros mayores, que no ven recompensadas sus vidas prístinas, que bien valen ocupar puestos importantes dentro de la educación patria.

No puede ser casualidad, de ninguna manera, que los países de gran cultura en el planeta son los más desarrollados.   Es el conocer su historia, de forma precisa, lo que los ha llevado a ser grandes como naciones, a contrario sensu de la idiosincrasia istmeña.

Ni Juárez, Martí, Bolívar, Washington o Churchill representan algo para el estudiante panameño; en menor escala se encuentran Porras, Chiari, Andreve, Jurado Venero, González de Behringer, quienes no encuentran reflejos de sus vidas ejemplares en nuestra cotidianidad, sumiéndolos en el oscurantismo.

Estos hombres y mujeres, que hicieron senderos de nación con cada uno de sus pasos, han formado una lista que seguirá engrosándose, por la desidia y el desinterés de quienes han tenido en sus manos el poder de cambiar las cosas.

No estoy seguro de que el pueblo supiese que al votar por ese cambio, vital en nuestra existencia, también estaría reclamando en su subconsciente, la vuelta a los verdaderos valores que dan la fuerza del espíritu que complementa y llena el significado de nación.

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Publicado el 25 de octubre de 2009 en el diario La Estrella de Panamá, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Ceguera interesada o negociado

Ceguera interesada o negociado

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La opinión de…

Milton Vargas Jurado

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Nuestro país ha sido por décadas nido fértil para que familias enteras provenientes del extranjero, no sólo hayan venido, sino que lograran integrarse exitosamente en los diferentes medios profesionales y sociales, con tanta influencia positiva que sus apellidos forman parte sensible de la historia patria.

La contribución de conocimientos que muchos trajeron elevaron los nuestros, logrando establecer competitivad a niveles muy altos.

Claro está que, tanto ellos como otros de más reciente data, cumplieron con la Ley y la Constitución panameñas, en cuanto a que sus trámites migratorios fueron realizados bajo el estricto marco de las normas.

La Carta Magna nacional tiene establecidos los parámetros, en cuanto la regulación de la inmigración, tomando en consideración “los intereses sociales, económicos y demográficos del país”, sometiendo “a los panameños y extranjeros a la Constitución y a las Leyes”.

En el período presidencial que inició en 2004, que afortunadamente y gracias a la sana alternabilidad que impone la democracia, ya no está, se dio una serie de denuncias, tanto a nivel gubernamental como en los distintos medios de comunicación social.

Se trata de la inmigración de profesionales provenientes de países hermanos, a quienes se les privilegió, inconstitucionalmente, con el otorgamiento de permisos de trabajo y visas de residencia, a pesar de que habían violado la excerpta legal que establecía que a quienes ingresaban al país como turistas no les era posible realizar labores remuneradas, y de hacerlo debían ser deportados inmediatamente.

A pesar de que fueron documentadas con pruebas todas estas denuncias, se hace interesante notar que las autoridades de Migración y de Trabajo del gobierno pasado, se hicieron de la vista gorda y permitieron que, y gracias a sus acciones,  se rebajasen “las condiciones de vida del trabajador nacional”,  otro punto de origen constitucional.

Basta ver la gran cantidad de salones de belleza en donde trabajan cientos de extranjeros,  también denunciados en su momento por el gremio que representa los intereses de ese sector, quienes enuna entrevista televisada clamaron por la inexistencia del cumplimiento de la Ley respectiva.

Bajo este paraguas intencionado se cobijaron fotógrafos, camarógrafos y hasta ingenieros extranjeros que han estado laborando en canteras, donde el 90% de estos profesionales no son panameños.    Las seudoinspecciones realizadas por los funcionarios de Trabajo, no consiguieron ningún resultado, ya que siempre se les “evadieron”, por la puerta de atrás, quienes estaban siendo objeto de las acciones.   ¿Cómo se pudieron enterar estos extranjeros?   Se lo dejo a su imaginación.

Lo cierto es que siguen en Panamá quienes infringieron la ley, a los que sólo les cabía la deportación inmediata, patrocinados por las autoridades de la administración pasada.

Sólo por el respeto que se merecen los inmigrantes que sí han cumplido con todos los trámites necesarios para obtener, de manera legítima, un permiso de trabajo y la correspondiente visa,  el asunto merece una investigación exhaustiva y la consiguiente acción legal inmediata, tomando en consideración que muchos de estos extranjeros devengan altas sumas de dinero.
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Publicado el 24 de agosto de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde

¿Solo un menor maltratado?

¿Solo un menor maltratado?

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Milton Vargas Jurado

El país entero ha sido testigo de un acto de violencia intrafamiliar, que gracias a la caridad de un vecino y a través de un video tomado desde su celular, ha pasado de la oscuridad casi total a una deslumbrante realidad, probablemente no conocida por muchos, o quizá lo más apropiado sería señalar, ignorado en complicidad por omisión, el maltrato que muchos menores de edad sufren diariamente en nuestro país.

De frontera a frontera, es como una pandemia enquistada por décadas, ya que y a pesar de constantes denuncias, investigaciones sociales, organismos no gubernamentales dedicados al menor y hasta la participación positiva de las distintas autoridades competentes al tema, la ciudadanía hasta ahora reacciona casi como si fuésemos Santo Tomás, “ver para creer”.

El incidente televisado no es un problema aislado, y mucho menos único. Basta saber que en las calles vemos a menores, mal trabajando o mendigando, en muchas ocasiones obligados por sus padres o quienes los llevan a extremos solo para conseguir dinero a través de estas niñas y niños.

Esto es, a todas luces, un problema de Estado. No es un padrastro el que ahora nos muestra su rabia con un infante, también hay que investigar, a profundidad y con mucha seriedad, algunos comportamientos de maestros, profesores y hasta administrativos de ciertas escuelas o colegios particulares, en donde es conocido que por ejemplo, y en el último caso, los estudiantes son sacados de sus salones de clases, impidiéndoles presentar exámenes, porque sus padres o acudientes están atrasados en los pagos de las mensualidades.

Esta arbitrariedad atenta también en contra de los derechos de los menores, porque la acción los ridiculiza abiertamente, por una omisión, cualquiera sea la razón, de parte de quienes son responsables de ellos. Los directores de estos planteles no se percatan de algo tan sensible, como que el contrato de ellos es con los padres o acudientes, no con los estudiantes, menores de edad.

No estoy generalizando, nótese que utilicé la palabra “algunos”, pero también los pocos docentes que insensiblemente atacan en los salones la inteligencia de estudiantes no tan privilegiados, están abusando de su poder sobre estos, lo que se deriva en violación abierta del sagrado derecho del menor.

Es hora, entonces, de entrar de lleno a esta problemática de orígenes que se pierden en el tiempo y la distancia. Sin detallar a las organizaciones que han estado del lado de tanto niño desvalido y desprotegido, que merecieron mucha atención por parte de Yolanda Jurado de Vargas, magistrada del Tribunal Tutelar de Menores en la década de los 80 en el siglo pasado, cuando los denominó, “huérfanos de padres vivos”.

El Estado no puede aplazar más el estudio urgente y la aplicación de políticas serias que lleven esta mala y decadente situación, a un control lo más inmediato posible.

Las señales han estado presentes desde hace mucho tiempo, y solo para muestra otro botón de hace algunos meses, en que fallecieron menores producto de una pésima atención por parte de sus padres. ¿No tenían ellos derechos también?

El niño campesino que desbarata sus manitos con un machete en una cosecha de sol a sol, o el que se acerca a nuestros autos tratando de vender una golosina o pidiendo una “ayudita”, nos está gritando, con profunda y triste voz en silencio, ¿por qué tengo que vivir así, por qué no puedo estudiar… por qué no puedo comer, al menos dos veces al día?

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Publicado el 24 de julio de 2009 en el diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

‘El librito’

‘El librito’

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MILTON VARGAS JURADO

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.. O “by the book”, frase utilizada por los estadounidenses cuando quieren indicar que para realizar diversos trabajos hay que guiarse por éste, o en otras palabras, por el reglamento. “El librito” que encabeza este artículo no es más que una forma de llamar, de manera real, al libro de libros, Carta Magna que le dicen, al gran articulado que norma máximamente el cómo hacer las cosas, al menos en teoría.

Como no deseo dejar a la imaginación nada, establezcamos, solo como referencia, dos normas de la Constitución Política de la República de Panamá (así se denomina legalmente), que “a prima facie” (me hace sentir como si fuese abogado escribirla), nos muestran cómo deberían ser estos asuntos en Panamá.

Del “Capítulo 1º. Garantías Fundamentales”, específicamente los artículos 17 y 18 (claro que podría extenderme a casi todos): “Artículo 17- Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que están bajo su jurisdicción; la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley…”.

Aún cuando no seamos abogados o doctores en Derecho, sino simples leguleyos, (me estoy refiriendo a usted y a mí, amable lector), lo consagrado es muy simple de leer y de entender. Me encanta la parte “y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley” , porque es ahí donde nace el diminutivo de “el librito” , pues, es público y notorio que es lo último que han hecho muchísimas autoridades.

No es bueno para nada generalizar; conozco personalmente o por referencias a panameñas y panameños que hacen un apostolado el ser funcionario público, y es precisamente esa actitud con la patria lo que uno espera de quienes han de administrar el Estado.

“Artículo 18- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas”. Fíjese la gran diferencia en ser “particular” con respecto a un servidor público. Nosotros tenemos la responsabilidad de no infringir “el librito” o las leyes dimanadas de él. El funcionario público, de ministro para abajo, además de cumplir como particulares estos preceptos, solo pueden hacer, en su labor oficial, lo que dicta la ley, no lo que él o ella apetece.

Cuando una autoridad no cumple con la ley, por comisión u omisión, causa daños muchas veces irreparables al ciudadano. No existe un organismo en Panamá que logre reaccionar, en tiempo suficiente, a una extralimitación de funciones. En este sentido, aún con la presencia de la Defensoría del Pueblo, a veces las horas marcan la diferencia entre un bien o un terrible mal.

Solo por estos dos artículos vale la pena que el nuevo gobierno realice una profunda auditoría de los actos gubernamentales actuales y me atrevo a asegurar que encontrarán que nuestra Constitución ha sido para muchos, un librito cualquiera.

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Publicado el 26 de junio de 2009 en el diario La Estrella de Panamá a quien damos todo el crédito que le corresponde.