El Panamá donde vivimos

La opinión de…..

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PEDRO SITTON URETA

Una vez leí, pero no recuerdo donde, que la “ciudadanía es el derecho a mejorar el lugar dónde vivimos” frase que me hizo sentir el verdadero valor del poder ciudadano como un factor de cambio en una sociedad democrática en aras de que en la misma impere no solo la ley sino, y esto es lo mas importante, una cultura de derechos humanos en donde todos respetemos la opinión de otro y que entendamos el verdadero significado del choque de ideas como un mecanismo democrático de participación.

Los panameños vivimos en un país multiracial y en donde las culturas se mezclan creando una sociedad singular en esta América Latina que no solo es india sino, de igual forma, negra, blanca, mulata y mestiza en donde la inmigración ha sido la tónica constante y en donde nadie sobra y todos hacemos falta para construir un mejor Panamá.

Por ello, no creo en eso de tildar a unos de “malos panameños” o de otros que se dicen “buenos panameños” pues me niego a creer que exista algún panameño que le desee hacer daño a nuestro país y, muy por el contrario, considero que la tolerancia a las ideas y el respeto a la libertad son piezas fundamentales para mejorar el lugar donde vivimos los panameños puesto que sin ellos no pueden existir los puentes de comunicación entre gobernados y gobernantes.

Para lograr la denominada “unidad en la diversidad” y lograr con ello una sociedad mas democrática y representativa en nuestro país; deben entender todos los implicados, ya sean directos o indirectos, que no pueden haber descalificaciones previas ni exclusiones arbitrarias y que, como lo recuerda Felipe González, “hay que hablar con quien no está de acuerdo, de lo contrario el diálogo es de sumisos obedientes, no de actores en la solución”.

La ruta democrática para lograr los grandes consensos nacionales en aras de obtener un mejor servicio público de administración de justicia, erradicar la pobreza, combatir la corrupción y dotar a la ciudadanía de mayor seguridad no se logran creando barreras ni muros ni a través de imposiciones de grupos sectarios y radicales sino a través de las consultas populares que se le haga a la ciudadanía y los diálogos abiertos y transparentes con los organismos de la sociedad civil.

Un axioma político nos dice que “para que exista un buen gobierno debe haber una mejor oposición”, lamentablemente en nuestro país los grupos opositores no terminan de entender que perdieron las elecciones pasadas de manera rotunda y que el pueblo escogio a sus gobernantes a través de los votos ciudadanos y no mediante el radicalismo de los ladrillos lanzados y que las bravuconadas de ciertos grupos de la sociedad civil solo reflejan la intolerancia democrática de entender que los intereses nacionales deben primar a sus intereses personales.


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Este artículo se publicó el 19 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El país que queremos

La opinión del Abogado y Consultor…..
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PEDRO SITTON URETA

Siempre me he preguntado si los panameños estamos conformes o satisfechos con la situación de cosas que suceden en nuestro país y si vivimos de conformidad a nuestra propia cultura y valores;   o por el contrario, nos encontramos conviviendo con los “males dictatoriales” y las “perversiones democráticas”, que tanto daño han causado al desarrollo nacional, en aras de un conseguir un Estado moderno que pueda proporcionar oportunidades por igual a todos sus habitantes.

Luego de mucho pensarlo, considero que el Panamá que tenemos hoy, es el país que nosotros mismos hemos querido construir a lo largo de este periplo democrático sin igual;   que iniciamos a partir de la noche oscura del fin de la dictadura militar, con el liderazgo de hombres y mujeres de la talla de un Guillermo Endara, que nos legó que hay que servir hasta el sacrificio poniendo por encima los intereses de las mayorías.

Sin embargo, nuestros sistemas político, económico, financiero, de seguridad social, educativo e institucional no están cumpliendo en esta era democrática, con el propósito fundamental de la misma, la cual es el logro, la prosperidad, el crecimiento intrínseco de la sociedad y a la creación de mayores oportunidades para la más amplia gama del espectro social de una población que empieza a perder la fe en un sistema que no le resuelve sus necesidades básicas de empleo, educación, salud y seguridad.

Por ello, resulta inexplicable la posición sin razón de ciertos grupos que insisten en oponerse a las reformas fiscales presentadas por el gobierno, para que “el que más gana y gasta, pague más” o los llamados a huelgas y paros por parte de gremios docentes ante los necesarios cambios curriculares que ha planteado el Ministerio de Educación y que son obvios ante la deficiencias de nuestro sistema educativo o las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que buscan hacer más eficiente la administración de la institución en beneficio del asegurado y la necesaria transparencia que evite la corrupción.

Los panameños debemos empezar a entender que la responsabilidad de construir nuestro país y ponerlo en el sitial que le corresponde nos pertenece a todos y que el gobierno ha hecho su parte haciendo las reformas necesarias para lograr el cambio prometido en una sociedad donde el “juegavivo” y la corrupción no son el ADN del panameño, sino solo reflejan a minúsculos grupos de poder empresarial o sindical, que siempre a través de la historia de la República han antepuestos sus intereses a los de las grandes mayorías nacionales.

Solo así podrá haber una mejor distribución de la riqueza, contar con recursos para lograr un combate efectivo a la pobreza, tener una juventud con mejores y mayores oportunidades para el conocimiento y el éxito profesional, una sociedad en donde la corrupción no impere y la criminalidad no se apodere de nuestros barrios y comunidades producto de la impunidad judicial.

Ahora le toca al pueblo definir realmente si quiere ese cambio dentro de las estructuras económicas, que por años le han impedido al Estado contar con las herramientas y recursos para llegar a todos los estratos sociales para lograr un Panamá mejor para todos los panameño.

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Publicado el 1 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Definiendo nuestra política exterior

La opinión del Abogado y Catedrático ……

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Pedro Sitton Ureta

Siempre les digo a mis estudiantes que la política exterior de nuestro país a lo largo de los años ha tenido un permanente signo definido en la misma y en la cual la égida de los Estados Unidos ha tenido a Panamá bajo el denominado “paraguas del Pentágono” que nos hizo sufrir una invasión militar para liberarnos de una narcodictadura en donde la violación de los derechos humanos y la falta de democracia imperaban en nuestra nación.

Por ello, es una verdad de perogrullo que la política exterior de Panamá ha estado sometida a una constante presión por parte del “Coloso del Norte” y los distintos gobiernos, independientemente de su signo político u orientación ideológica, han seguido sus lineamientos en materia de cooperación judicial, libre comercio y lucha contra el terrorismo en los distintos foros internacionales y suscribiendo acuerdos bilaterales de seguridad para combatir el narcotráfico, entre otros.

Así pues, el Presidente Martinelli y su Canciller Varela han definido desde la derecha su cercanía a la política exterior de la administración Obama en votaciones puntuales en Naciones Unidas en temas relativos a las paz en Medio Oriente y apoyando las posturas de Israel, pero con una atenuación al momento de criticar la situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela, en donde se ha mantenido en una relación de mutuo respeto que ha permitido, a pesar de ciertas discrepancias, tener un diálogo un tanto más fluido de lo que inicialmente hubiésemos podido imaginar.

En esencia, la actual política exterior de Panamá está enmarcada en un pragmatismo necesario para las actuales circunstancias globales y regionales en donde el “péndulo ideológico” debe dar paso a los intereses nacionales, motivo sine qua non de nuestras relaciones internacionales, con el fin de dejar atrás esa política de neutralidad desfazada para poder empezar a tener un protagonismo necesario y de liderazgo tomando partido y beligerancia en las distintas crisis internacionales.

Solo así se puede explicar el éxito con que se ha podido manejar el tema de seguridad con México y Colombia, o el liderazgo mostrado en torno a la crisis en Honduras o el apoyo de Venezuela y Cuba a la propuesta panameña de ofrecer a nuestro país como sede para el establecimiento de un nuevo mecanismo para la concertación regional en América Latina y el Caribe.

La errática política internacional de la anterior administración en donde por errores absurdos no se logró la ratificación del TPC con los Estados Unidos y que causaron las pérdidas de las preferencias arancelarias con la Unión Europea ha dado paso a una defensa integral de nuestro centro financiero internacional y a una adecuada promoción comercial de nuestros productos y servicios en la esfera internacional, con lo cual poco a poco se empiezan a ver los cambios en nuestra política exterior.

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Publicado el 27 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Au revoir, Madame Gómez

La opinión del abogado y consultor…..

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PEDRO SITTON URETA

Cuando Ana Matilde Gómez asumió hace un lustro atrás el cargo de primera fiscal de la República fui uno de los primeros que públicamente mostré mi satisfacción ciudadana, porque consideraba que era, por su perfil profesional y moral, la persona indicada para darle el necesario revolcón judicial a una institución sumida en un oscurantismo jurídico producto de la gestión fracasada del ex procurador Sossa.

Prontamente me percaté de mi equivocación, la Licenciada Gómez no iba a dar la talla, pues, era una persona sin la experiencia necesaria ni la fortaleza de convencimiento para soportar los embates de las persecuciones políticas contra políticos opositores que le ordenaron hacer durante la administración Torrijos, mediante la apertura de procesos penales sin fundamento alguno que solo pretendían satisfacer a la cúpula del PRD.

Sus cinco años de gestión son caracterizados por un fracaso en los casos de alto perfil, condenas pecuniarias contra el Estado, producto de su actuar ilegal en la destitución de fiscales, en la arrogancia mostrada en contra de las víctimas del envenenamiento masivo de la CSS y de sus familiares, y en la sistemática violación de los derechos humanos, como ha quedado plenamente demostrado ante el proceso que se le sigue por abuso de poder ante su “ juez natural ”, la Corte Suprema de Justicia, a la cual le ha faltado el respeto a sus integrantes como ha querido.

La procuradora suspendida ha politizado a la justicia como nunca antes se había visto, a tal punto que trajo de manera injerencista al fiscal general de Costa Rica para que le diera los respaldos políticos que ella sabía que le están vedados hacer a una alta autoridad extranjera en los asuntos internos, que solo competen a los órganos de otro Estado y ha mostrado su cara totalitaria, al exponer a sus subalternos a que la respaldaran incondicionalmente.

Esa es la verdadera personalidad de Ana Matilde Gómez, una mujer que yo denuncié como mitómana, porque así no solo fue descrita por el hoy defensor del Pueblo, sino que de igual forma es su conducta habitual, porque acostumbra a mentir patológicamente, como cuando profirió toda una serie de mentiras en un programa dominical en torno al proceso penal que se le seguía y que yo plenamente logré demostrar a través de un estudio juicioso del expediente.

Su salida provisional, y no tengo dudas que definitiva en su momento, contribuirá a que haya un efectivo combate a la delincuencia desde los estrados judiciales y no como pensaba ella, contrario a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, de que es “ un discurso exacerbado y populachero de que los jóvenes y criminales se han tomado las calles, porque eso no es cierto ”, como le dijera a Radio Nederlands en el 2008.

Necesitamos una verdadera justicia para que los cocotudos empiecen a entender que el que la hace la debe pagar. Por todo lo anterior y más au revoir, Madame Gómez.

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Artículo publicado el 12 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una cuestión de principios…

La opinión del Abogado Internacionalista…..
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PEDRO SITTON URETA

Una regla de oro del Derecho Internacional la constituye la no injerencia de un Estado extranjero o de sus altas autoridades en los asuntos internos de otro Estado. Este principio, que se remonta a los inicios del propio Derecho Internacional, ha sido recogido en doctrinas y convenios internacionales y principalmente en la Carta de la ONU.

Ciertamente, en esta sociedad internacional globalizada, a veces para muchos es difícil discernir conceptos y términos como injerencia, intromisión y/o no intervención en los asuntos internos de un país; pero corresponde a los académicos ser generadores de opiniones que permitan entender los mismos y evitar así que las actuaciones de nuestros órganos del Estado y autoridades nacionales se vean influenciadas o alteradas por entes extranjeros, que no tienen en mente necesariamente los intereses nacionales.

Por ello, cuando el señor fiscal general de Costa Rica manifiesta públicamente que la investigación que se le sigue a la licenciada Ana M. Gómez es un retroceso en la democracia panameña, menoscaba la labor de la Procuraduría de la Administración y es una injerencia en nuestros asuntos judiciales, que solo le competen a nuestras autoridades.   Asimismo, es una burla a nuestras autoridades, incluyendo a los tres órganos del Estado, que el primer fiscal tico manifestara que él fracasaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si fueran sus estudiantes y fallaran en contra de la licenciada Gómez, dejando al descubierto una patética defensa política de dicha funcionaria, que debe ser considerada como inaceptable dentro de las relaciones de plena igualdad soberana que deben mantener dos Estados amigos y vecinales, como lo son Costa Rica y Panamá.

El rechazo que expresé, en conjunto con otros juristas de talla nacional e internacional reconocidas, en contra de las declaraciones que emitiera en un foro público el fiscal general tico, para que no continuase expresándose en la forma en que lo hacía, no debe considerarse un atentando a la libertad de expresión y mucho menos una violación a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución, porque dicha libertad tiene límites y uno de ellos es la no injerencia en los asuntos internos de una nación por parte de un alto dignatario de una institución oficial extranjera.

Sabemos que de pinchazos telefónicos sabe el fiscal general de Costa Rica, porque en su país fue investigado por la Asamblea Nacional al jactarse ante una periodista de haber pinchado 3000 teléfonos, lo que llevó a decir al presidente de la Asamblea Legislativa de aquella época, Gerardo González, que de ser cierto, se trataría de “ un hecho gravísimo, porque se denigra a la Asamblea Legislativa ” y traería “ consecuencias muy graves en la plataforma institucional y democrática del país ”.

Hoy, nos corresponde a todos mantener nuestra soberanía nacional libre de cualquier intromisión, pues, el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos recuerda ese patriota mexicano Benito Juárez.


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Publicado el  22  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Fallos y fallas judiciales

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La opinión del Abogado y Catedrático…..
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Pedro Sitton Ureta

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Hemos aprendido desde las aulas de la facultad de derecho que el juez habla a través de sus fallos con la interpretación de la ley y la aplicación de la misma en un caso concreto, pero a la misma vez, y en muchas ocasiones, nunca sucede en la práctica tribunalicia que debe asumir las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales correspondientes cuando comete fallas judiciales en el ejercicio de la misión pública de administrar justicia a los asociados.

El Órgano Judicial y el Ministerio Público están sumergidos en una crisis profunda en donde gran culpa de la misma se debe no a un presupuesto insuficiente sino a la incapacidad que jueces y fiscales demuestran en el ejercicio de sus funciones, producto de que pueden tener cajas repletas de diplomas de estudios pero los mismos no reflejan un conocimiento del derecho y la jurisprudencia.

La mejor muestra de lo anterior lo podemos encontrar cuando observamos que la Procuradora General de la Nación dice desconocer una reforma constitucional que le prohibía intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial y que su infracción le genera responsabilidades penales tal cual lo establece al artículo 29 de la Constitución Nacional o cuando la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema ignora olímpicamente las jurisprudencia del derecho penal internacional y avala una sentencia que permite prescribir los crímenes de la dictadura sin entender que tal proceder es contrario a los derechos humanos reconocido en el nuevo constitucionalismo internacional.

Si la cabeza de ambas instituciones del Estado andan mal que podemos esperar de sus subalternos cuando he visto con profunda tristeza y pesar el actuar de fiscales del Ministerio Público que, desconociendo las más elementales nociones de derecho, abusan en su actuar de los sindicados por un delito a tal punto que para ellos la detención preventiva es la primera y a veces su única opción producto de ese falso aforismo fiscal de “detengo, luego investigo” que viola la presunción de inocencia de los ciudadanos y es un atentado contra el debido proceso más aun cuando dichas detenciones son declaradas ilegales por los tribunales sin acarrearles responsabilidad alguna.

Y si en el Ministerio Público llueve en el Órgano Judicial no escampa cuando observo en el actuar de jueces una actitud déspota hacia los abogados litigantes, con decisiones jurisdiccionales que son un verdadero despropósito y en donde el juez corrupto es una Prima Donna intocable, producto del manto de impunidad con que es arropado por sus superiores jerárquicos.

Podemos decir de una manera descarnada que nos encontramos con un par de entes que tienen una metástasis que requiere una intervención urgente para con ello, poder sanear una administración de justicia llena de jueces y fiscales incompetentes, ineptos y corruptos.

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Publicado el 20  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Lázaros y bodrios políticos

La opinión del Abogado….

PEDRO SITTON URETA

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Lázaros y bodrios políticos

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Desde antes de las pasadas elecciones el PRD anda arrastrando una crisis de identidad política que se ve aumentada por el “canibalismo político” en que se encuentran las diferentes corrientes internas, las cuales tratan de ser una de ellas la opción presidencial para el año 2014 sin percatarse de que esas luchas intestinas solo están causando su propia autodestrucción en un camino sin fin hacia un despeñadero electoral.

La supuesta unidad política del PRD, desde mi óptica, solo es un matrimonio político de conveniencia y la elección consensuada del Dr. Sánchez Cárdenas y Mitchell Doens como presidente y secretario general del mayor partido de la oposición lo único que ha demostrado este hecho es que el mandato bíblico de “levántate y anda” se aplica en la política criolla y los Lázaros existen producto de los “mesías presidenciales” que solo están esperando su momento para demostrarnos nuevamente la desunión existente entre ellos y la división y falta de mística de su bases producto de los errores cometidos por su dirigencia.

La telenovela política montada por el secretario general del PRD debe ser rechazada por todos los sectores ciudadanos, pues no solo es un golpe bajo a la democracia que desde hace 20 años vivimos los panameños sino a la imagen internacional de nuestro centro financiero, ya que las declaraciones expresadas por el político opositor son “música para los oídos” de los organismos internacionales que desean lesionar nuestra soberanía financiera.

La suprema irresponsabilidad política contenida en la entrevista ofrecida a un medio de comunicación social por parte de Mitchell Doens demuestra a las claras el discurso desfasado de un dirigente que no termina de entender que la prudencia política se hace necesaria pero, sobre todo, entender que su tarea principal es poner su casa en orden para luego ejercer eficazmente su función de fiscalizar la tarea de gobierno, tal cual le corresponde en un régimen democrático.

Pero “no se le puede pedir peras al olmo” y menos cuando uno escucha al secretario general del mayor partido de oposición que el CEN del PRD es de “guerra” ya que le viene a uno a la mente que ese ejecutivo político tiene como sus prioridades la destruir en lugar de construir democracia, el de generar caos en lugar de los consensos, y crear zozobras y nubarrones a un sistema democrático que nos ha traído no solo elecciones libres y democráticas, con alternancias de poder, sino, de igual forma, paz tolerancia y libertad de expresión, como nunca antes se había vivido en nuestras tierras.

Le corresponde ahora al Ministerio Público utilizar el principio de oportunidad y ordenar el archivo inmediato de un expediente que cuenta solamente con un documento que es un bodrio político y de no proceder en esa forma sería la prueba inequívoca que la Procuraduría General de la Nación es el brazo de persecución política con que quiere contar el PRD para torpedear la gestión de gobierno de la actual administración.

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Publicado el 19 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.