El Panamá donde vivimos

La opinión de…..

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PEDRO SITTON URETA

Una vez leí, pero no recuerdo donde, que la “ciudadanía es el derecho a mejorar el lugar dónde vivimos” frase que me hizo sentir el verdadero valor del poder ciudadano como un factor de cambio en una sociedad democrática en aras de que en la misma impere no solo la ley sino, y esto es lo mas importante, una cultura de derechos humanos en donde todos respetemos la opinión de otro y que entendamos el verdadero significado del choque de ideas como un mecanismo democrático de participación.

Los panameños vivimos en un país multiracial y en donde las culturas se mezclan creando una sociedad singular en esta América Latina que no solo es india sino, de igual forma, negra, blanca, mulata y mestiza en donde la inmigración ha sido la tónica constante y en donde nadie sobra y todos hacemos falta para construir un mejor Panamá.

Por ello, no creo en eso de tildar a unos de “malos panameños” o de otros que se dicen “buenos panameños” pues me niego a creer que exista algún panameño que le desee hacer daño a nuestro país y, muy por el contrario, considero que la tolerancia a las ideas y el respeto a la libertad son piezas fundamentales para mejorar el lugar donde vivimos los panameños puesto que sin ellos no pueden existir los puentes de comunicación entre gobernados y gobernantes.

Para lograr la denominada “unidad en la diversidad” y lograr con ello una sociedad mas democrática y representativa en nuestro país; deben entender todos los implicados, ya sean directos o indirectos, que no pueden haber descalificaciones previas ni exclusiones arbitrarias y que, como lo recuerda Felipe González, “hay que hablar con quien no está de acuerdo, de lo contrario el diálogo es de sumisos obedientes, no de actores en la solución”.

La ruta democrática para lograr los grandes consensos nacionales en aras de obtener un mejor servicio público de administración de justicia, erradicar la pobreza, combatir la corrupción y dotar a la ciudadanía de mayor seguridad no se logran creando barreras ni muros ni a través de imposiciones de grupos sectarios y radicales sino a través de las consultas populares que se le haga a la ciudadanía y los diálogos abiertos y transparentes con los organismos de la sociedad civil.

Un axioma político nos dice que “para que exista un buen gobierno debe haber una mejor oposición”, lamentablemente en nuestro país los grupos opositores no terminan de entender que perdieron las elecciones pasadas de manera rotunda y que el pueblo escogio a sus gobernantes a través de los votos ciudadanos y no mediante el radicalismo de los ladrillos lanzados y que las bravuconadas de ciertos grupos de la sociedad civil solo reflejan la intolerancia democrática de entender que los intereses nacionales deben primar a sus intereses personales.

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Este artículo se publicó el 19 de abril de 2010 en el diario La Estrella de Panamá, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El país que queremos

La opinión del Abogado y Consultor…..
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PEDRO SITTON URETA

Siempre me he preguntado si los panameños estamos conformes o satisfechos con la situación de cosas que suceden en nuestro país y si vivimos de conformidad a nuestra propia cultura y valores;   o por el contrario, nos encontramos conviviendo con los “males dictatoriales” y las “perversiones democráticas”, que tanto daño han causado al desarrollo nacional, en aras de un conseguir un Estado moderno que pueda proporcionar oportunidades por igual a todos sus habitantes.

Luego de mucho pensarlo, considero que el Panamá que tenemos hoy, es el país que nosotros mismos hemos querido construir a lo largo de este periplo democrático sin igual;   que iniciamos a partir de la noche oscura del fin de la dictadura militar, con el liderazgo de hombres y mujeres de la talla de un Guillermo Endara, que nos legó que hay que servir hasta el sacrificio poniendo por encima los intereses de las mayorías.

Sin embargo, nuestros sistemas político, económico, financiero, de seguridad social, educativo e institucional no están cumpliendo en esta era democrática, con el propósito fundamental de la misma, la cual es el logro, la prosperidad, el crecimiento intrínseco de la sociedad y a la creación de mayores oportunidades para la más amplia gama del espectro social de una población que empieza a perder la fe en un sistema que no le resuelve sus necesidades básicas de empleo, educación, salud y seguridad.

Por ello, resulta inexplicable la posición sin razón de ciertos grupos que insisten en oponerse a las reformas fiscales presentadas por el gobierno, para que “el que más gana y gasta, pague más” o los llamados a huelgas y paros por parte de gremios docentes ante los necesarios cambios curriculares que ha planteado el Ministerio de Educación y que son obvios ante la deficiencias de nuestro sistema educativo o las reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que buscan hacer más eficiente la administración de la institución en beneficio del asegurado y la necesaria transparencia que evite la corrupción.

Los panameños debemos empezar a entender que la responsabilidad de construir nuestro país y ponerlo en el sitial que le corresponde nos pertenece a todos y que el gobierno ha hecho su parte haciendo las reformas necesarias para lograr el cambio prometido en una sociedad donde el “juegavivo” y la corrupción no son el ADN del panameño, sino solo reflejan a minúsculos grupos de poder empresarial o sindical, que siempre a través de la historia de la República han antepuestos sus intereses a los de las grandes mayorías nacionales.

Solo así podrá haber una mejor distribución de la riqueza, contar con recursos para lograr un combate efectivo a la pobreza, tener una juventud con mejores y mayores oportunidades para el conocimiento y el éxito profesional, una sociedad en donde la corrupción no impere y la criminalidad no se apodere de nuestros barrios y comunidades producto de la impunidad judicial.

Ahora le toca al pueblo definir realmente si quiere ese cambio dentro de las estructuras económicas, que por años le han impedido al Estado contar con las herramientas y recursos para llegar a todos los estratos sociales para lograr un Panamá mejor para todos los panameño.

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Publicado el 1 de marzo de 2010 en el diario La Estrella de Panamá a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Definiendo nuestra política exterior

La opinión del Abogado y Catedrático ……

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Pedro Sitton Ureta

Siempre les digo a mis estudiantes que la política exterior de nuestro país a lo largo de los años ha tenido un permanente signo definido en la misma y en la cual la égida de los Estados Unidos ha tenido a Panamá bajo el denominado “paraguas del Pentágono” que nos hizo sufrir una invasión militar para liberarnos de una narcodictadura en donde la violación de los derechos humanos y la falta de democracia imperaban en nuestra nación.

Por ello, es una verdad de perogrullo que la política exterior de Panamá ha estado sometida a una constante presión por parte del “Coloso del Norte” y los distintos gobiernos, independientemente de su signo político u orientación ideológica, han seguido sus lineamientos en materia de cooperación judicial, libre comercio y lucha contra el terrorismo en los distintos foros internacionales y suscribiendo acuerdos bilaterales de seguridad para combatir el narcotráfico, entre otros.

Así pues, el Presidente Martinelli y su Canciller Varela han definido desde la derecha su cercanía a la política exterior de la administración Obama en votaciones puntuales en Naciones Unidas en temas relativos a las paz en Medio Oriente y apoyando las posturas de Israel, pero con una atenuación al momento de criticar la situación de los derechos humanos en Cuba y Venezuela, en donde se ha mantenido en una relación de mutuo respeto que ha permitido, a pesar de ciertas discrepancias, tener un diálogo un tanto más fluido de lo que inicialmente hubiésemos podido imaginar.

En esencia, la actual política exterior de Panamá está enmarcada en un pragmatismo necesario para las actuales circunstancias globales y regionales en donde el “péndulo ideológico” debe dar paso a los intereses nacionales, motivo sine qua non de nuestras relaciones internacionales, con el fin de dejar atrás esa política de neutralidad desfazada para poder empezar a tener un protagonismo necesario y de liderazgo tomando partido y beligerancia en las distintas crisis internacionales.

Solo así se puede explicar el éxito con que se ha podido manejar el tema de seguridad con México y Colombia, o el liderazgo mostrado en torno a la crisis en Honduras o el apoyo de Venezuela y Cuba a la propuesta panameña de ofrecer a nuestro país como sede para el establecimiento de un nuevo mecanismo para la concertación regional en América Latina y el Caribe.

La errática política internacional de la anterior administración en donde por errores absurdos no se logró la ratificación del TPC con los Estados Unidos y que causaron las pérdidas de las preferencias arancelarias con la Unión Europea ha dado paso a una defensa integral de nuestro centro financiero internacional y a una adecuada promoción comercial de nuestros productos y servicios en la esfera internacional, con lo cual poco a poco se empiezan a ver los cambios en nuestra política exterior.

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Publicado el 27 de febrero de 2010 en el Diario Panamá América, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Au revoir, Madame Gómez

La opinión del abogado y consultor…..

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PEDRO SITTON URETA

Cuando Ana Matilde Gómez asumió hace un lustro atrás el cargo de primera fiscal de la República fui uno de los primeros que públicamente mostré mi satisfacción ciudadana, porque consideraba que era, por su perfil profesional y moral, la persona indicada para darle el necesario revolcón judicial a una institución sumida en un oscurantismo jurídico producto de la gestión fracasada del ex procurador Sossa.

Prontamente me percaté de mi equivocación, la Licenciada Gómez no iba a dar la talla, pues, era una persona sin la experiencia necesaria ni la fortaleza de convencimiento para soportar los embates de las persecuciones políticas contra políticos opositores que le ordenaron hacer durante la administración Torrijos, mediante la apertura de procesos penales sin fundamento alguno que solo pretendían satisfacer a la cúpula del PRD.

Sus cinco años de gestión son caracterizados por un fracaso en los casos de alto perfil, condenas pecuniarias contra el Estado, producto de su actuar ilegal en la destitución de fiscales, en la arrogancia mostrada en contra de las víctimas del envenenamiento masivo de la CSS y de sus familiares, y en la sistemática violación de los derechos humanos, como ha quedado plenamente demostrado ante el proceso que se le sigue por abuso de poder ante su “ juez natural ”, la Corte Suprema de Justicia, a la cual le ha faltado el respeto a sus integrantes como ha querido.

La procuradora suspendida ha politizado a la justicia como nunca antes se había visto, a tal punto que trajo de manera injerencista al fiscal general de Costa Rica para que le diera los respaldos políticos que ella sabía que le están vedados hacer a una alta autoridad extranjera en los asuntos internos, que solo competen a los órganos de otro Estado y ha mostrado su cara totalitaria, al exponer a sus subalternos a que la respaldaran incondicionalmente.

Esa es la verdadera personalidad de Ana Matilde Gómez, una mujer que yo denuncié como mitómana, porque así no solo fue descrita por el hoy defensor del Pueblo, sino que de igual forma es su conducta habitual, porque acostumbra a mentir patológicamente, como cuando profirió toda una serie de mentiras en un programa dominical en torno al proceso penal que se le seguía y que yo plenamente logré demostrar a través de un estudio juicioso del expediente.

Su salida provisional, y no tengo dudas que definitiva en su momento, contribuirá a que haya un efectivo combate a la delincuencia desde los estrados judiciales y no como pensaba ella, contrario a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, de que es “ un discurso exacerbado y populachero de que los jóvenes y criminales se han tomado las calles, porque eso no es cierto ”, como le dijera a Radio Nederlands en el 2008.

Necesitamos una verdadera justicia para que los cocotudos empiecen a entender que el que la hace la debe pagar. Por todo lo anterior y más au revoir, Madame Gómez.

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Artículo publicado el 12 de febrero de 2010 en el Diario La Estrella de Panamá a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Una cuestión de principios…

La opinión del Abogado Internacionalista…..
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PEDRO SITTON URETA

Una regla de oro del Derecho Internacional la constituye la no injerencia de un Estado extranjero o de sus altas autoridades en los asuntos internos de otro Estado. Este principio, que se remonta a los inicios del propio Derecho Internacional, ha sido recogido en doctrinas y convenios internacionales y principalmente en la Carta de la ONU.

Ciertamente, en esta sociedad internacional globalizada, a veces para muchos es difícil discernir conceptos y términos como injerencia, intromisión y/o no intervención en los asuntos internos de un país; pero corresponde a los académicos ser generadores de opiniones que permitan entender los mismos y evitar así que las actuaciones de nuestros órganos del Estado y autoridades nacionales se vean influenciadas o alteradas por entes extranjeros, que no tienen en mente necesariamente los intereses nacionales.

Por ello, cuando el señor fiscal general de Costa Rica manifiesta públicamente que la investigación que se le sigue a la licenciada Ana M. Gómez es un retroceso en la democracia panameña, menoscaba la labor de la Procuraduría de la Administración y es una injerencia en nuestros asuntos judiciales, que solo le competen a nuestras autoridades.   Asimismo, es una burla a nuestras autoridades, incluyendo a los tres órganos del Estado, que el primer fiscal tico manifestara que él fracasaría a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia si fueran sus estudiantes y fallaran en contra de la licenciada Gómez, dejando al descubierto una patética defensa política de dicha funcionaria, que debe ser considerada como inaceptable dentro de las relaciones de plena igualdad soberana que deben mantener dos Estados amigos y vecinales, como lo son Costa Rica y Panamá.

El rechazo que expresé, en conjunto con otros juristas de talla nacional e internacional reconocidas, en contra de las declaraciones que emitiera en un foro público el fiscal general tico, para que no continuase expresándose en la forma en que lo hacía, no debe considerarse un atentando a la libertad de expresión y mucho menos una violación a lo establecido en el artículo 29 de nuestra Constitución, porque dicha libertad tiene límites y uno de ellos es la no injerencia en los asuntos internos de una nación por parte de un alto dignatario de una institución oficial extranjera.

Sabemos que de pinchazos telefónicos sabe el fiscal general de Costa Rica, porque en su país fue investigado por la Asamblea Nacional al jactarse ante una periodista de haber pinchado 3000 teléfonos, lo que llevó a decir al presidente de la Asamblea Legislativa de aquella época, Gerardo González, que de ser cierto, se trataría de “ un hecho gravísimo, porque se denigra a la Asamblea Legislativa ” y traería “ consecuencias muy graves en la plataforma institucional y democrática del país ”.

Hoy, nos corresponde a todos mantener nuestra soberanía nacional libre de cualquier intromisión, pues, el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos recuerda ese patriota mexicano Benito Juárez.

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Publicado el  22  de enero de 2010   en el Diario La Estrella de Panamá , a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Fallos y fallas judiciales

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La opinión del Abogado y Catedrático…..

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Pedro Sitton Ureta

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Hemos aprendido desde las aulas de la facultad de derecho que el juez habla a través de sus fallos con la interpretación de la ley y la aplicación de la misma en un caso concreto, pero a la misma vez, y en muchas ocasiones, nunca sucede en la práctica tribunalicia que debe asumir las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales correspondientes cuando comete fallas judiciales en el ejercicio de la misión pública de administrar justicia a los asociados.

El Órgano Judicial y el Ministerio Público están sumergidos en una crisis profunda en donde gran culpa de la misma se debe no a un presupuesto insuficiente sino a la incapacidad que jueces y fiscales demuestran en el ejercicio de sus funciones, producto de que pueden tener cajas repletas de diplomas de estudios pero los mismos no reflejan un conocimiento del derecho y la jurisprudencia.

La mejor muestra de lo anterior lo podemos encontrar cuando observamos que la Procuradora General de la Nación dice desconocer una reforma constitucional que le prohibía intervenir comunicaciones privadas sin autorización judicial y que su infracción le genera responsabilidades penales tal cual lo establece al artículo 29 de la Constitución Nacional o cuando la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema ignora olímpicamente las jurisprudencia del derecho penal internacional y avala una sentencia que permite prescribir los crímenes de la dictadura sin entender que tal proceder es contrario a los derechos humanos reconocido en el nuevo constitucionalismo internacional.

Si la cabeza de ambas instituciones del Estado andan mal que podemos esperar de sus subalternos cuando he visto con profunda tristeza y pesar el actuar de fiscales del Ministerio Público que, desconociendo las más elementales nociones de derecho, abusan en su actuar de los sindicados por un delito a tal punto que para ellos la detención preventiva es la primera y a veces su única opción producto de ese falso aforismo fiscal de “detengo, luego investigo” que viola la presunción de inocencia de los ciudadanos y es un atentado contra el debido proceso más aun cuando dichas detenciones son declaradas ilegales por los tribunales sin acarrearles responsabilidad alguna.

Y si en el Ministerio Público llueve en el Órgano Judicial no escampa cuando observo en el actuar de jueces una actitud déspota hacia los abogados litigantes, con decisiones jurisdiccionales que son un verdadero despropósito y en donde el juez corrupto es una Prima Donna intocable, producto del manto de impunidad con que es arropado por sus superiores jerárquicos.

Podemos decir de una manera descarnada que nos encontramos con un par de entes que tienen una metástasis que requiere una intervención urgente para con ello, poder sanear una administración de justicia llena de jueces y fiscales incompetentes, ineptos y corruptos.

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Publicado el 20  de noviembre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Lázaros y bodrios políticos

La opinión del Abogado….

PEDRO SITTON URETA

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Lázaros y bodrios políticos

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Desde antes de las pasadas elecciones el PRD anda arrastrando una crisis de identidad política que se ve aumentada por el “canibalismo político” en que se encuentran las diferentes corrientes internas, las cuales tratan de ser una de ellas la opción presidencial para el año 2014 sin percatarse de que esas luchas intestinas solo están causando su propia autodestrucción en un camino sin fin hacia un despeñadero electoral.

La supuesta unidad política del PRD, desde mi óptica, solo es un matrimonio político de conveniencia y la elección consensuada del Dr. Sánchez Cárdenas y Mitchell Doens como presidente y secretario general del mayor partido de la oposición lo único que ha demostrado este hecho es que el mandato bíblico de “levántate y anda” se aplica en la política criolla y los Lázaros existen producto de los “mesías presidenciales” que solo están esperando su momento para demostrarnos nuevamente la desunión existente entre ellos y la división y falta de mística de su bases producto de los errores cometidos por su dirigencia.

La telenovela política montada por el secretario general del PRD debe ser rechazada por todos los sectores ciudadanos, pues no solo es un golpe bajo a la democracia que desde hace 20 años vivimos los panameños sino a la imagen internacional de nuestro centro financiero, ya que las declaraciones expresadas por el político opositor son “música para los oídos” de los organismos internacionales que desean lesionar nuestra soberanía financiera.

La suprema irresponsabilidad política contenida en la entrevista ofrecida a un medio de comunicación social por parte de Mitchell Doens demuestra a las claras el discurso desfasado de un dirigente que no termina de entender que la prudencia política se hace necesaria pero, sobre todo, entender que su tarea principal es poner su casa en orden para luego ejercer eficazmente su función de fiscalizar la tarea de gobierno, tal cual le corresponde en un régimen democrático.

Pero “no se le puede pedir peras al olmo” y menos cuando uno escucha al secretario general del mayor partido de oposición que el CEN del PRD es de “guerra” ya que le viene a uno a la mente que ese ejecutivo político tiene como sus prioridades la destruir en lugar de construir democracia, el de generar caos en lugar de los consensos, y crear zozobras y nubarrones a un sistema democrático que nos ha traído no solo elecciones libres y democráticas, con alternancias de poder, sino, de igual forma, paz tolerancia y libertad de expresión, como nunca antes se había vivido en nuestras tierras.

Le corresponde ahora al Ministerio Público utilizar el principio de oportunidad y ordenar el archivo inmediato de un expediente que cuenta solamente con un documento que es un bodrio político y de no proceder en esa forma sería la prueba inequívoca que la Procuraduría General de la Nación es el brazo de persecución política con que quiere contar el PRD para torpedear la gestión de gobierno de la actual administración.

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Publicado el 19 de noviembre de 2009 en el diario LA PRENSA, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

El PRD en su laberinto

La opinión del Abogado y Catedrático

Pedro Sitton Ureta

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El PRD en su laberinto

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Las pasadas elecciones internas del PRD en aras de “renovar” transitoriamente a su dirigencia ha evidenciado lo que era un secreto a voces y no es más que es una organización sumida en una crisis sin parangón en su historia producto de una falta de liderazgo claro pero, sobre todo, de haberse convertido en un “paquidermo político” sin ninguna sintonía ciudadana y alejada de los grandes problemas nacionales.

La crisis actual del mayor partido de la oposición de hoy es el resultado lógico de su creación cuartelaria y en donde su ciclo de vida política podría decirse que está próximo a vencerse y todo indica que estaremos en los próximos meses viendo un escenario lamentable en el cual los “verdaderos dueños del circo” trataran de utilizar a sus monigotes en el CEN en aras de ser uno de ellos el candidato presidencial para el 2014.

En esa lucha por el poder o mejor dicho en el “canibalismo político” en el que esta sumergido el PRD, desde ya hace tiempo, su membresía no tendrá muchas más opciones que escoger entre la ofertada por un ex presidente de la república envuelto en una engorrosa y desgastante batalla judicial y mediática en donde se le acusa de “juega vivo” con el tema de las adjudicaciones de juegos de azar durante su administración y la de un ex alcalde que durante sus diez años de gestión ha dejado como su legado más significativo el no haber podido resolver el tema de la recolección de la basura y haber firmado toda una serie de contratos leoninos.

Por otro lado, estas elecciones del CEN del PRD han sido el velorio político de Martín Torrijos y Balbina Herrera, pues es muy poco probable que cualquiera de los dos pueda devenir en un “Lázaro político” ya que su influencia dentro del partido opositor se ha visto reducido a sus mínimos y en el caso especial de la ex candidata presidencial es la acorde las encuestas de opinión una de las figuras más repudiadas en el ámbito nacional.

De igual forma, la elección de Sánchez Cárdenas y Doens ahogan los deseos de “renovación” de la membresía del PRD en donde sus actuales líderes políticos no terminan de entender los aires de cambio que la población en general desea y que solo confirman que los “dinosaurios políticos” existen y esto traerá como resultado que el discurso opositor se diluirá ya que el mismo solo estará enfocado en tratar de imponer internamente un candidato y ganar las próximas elecciones en lugar de jugar el rol que le corresponde en democracia.

Así pues, el PRD en la búsqueda de su identidad se encuentra sumergido en un laberinto político del cual no lo veo próximo a salir acrecentando con ello su crisis institucional.

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Publicado el 22 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a  quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Derechos humanos y seguridad

La opinión de…..

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Pedro Sittón Ureta

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Derechos humanos y seguridad

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La percepción ciudadana de inseguridad es un tema álgido dentro del acontecer nacional y enfrenta a las autoridades públicas a tratar de atacar el problema con una inmediatez que clama la ciudadanía y que los medios de comunicación diariamente, y haciéndose eco de esos clamores populares, exigen dentro de su rol de vocería y denuncia que les compete dentro de una sociedad democrática que requiere que los entes de seguridad se sometan al escrutinio público.

En muchas ocasiones en esa labor de combatir la delincuencia organizada y la doméstica nos encontramos con que no existe la necesaria sinergia entre la ciudadanía y los estamentos policiales producto de una mala imagen institucional que hace que los agremiados dudemos de la capacidad efectiva para hacerle frente a la ola de violencia que azota a nuestros barrios y que pareciera ser una espiral sin fin.

Por ello, los recientes casos de abuso policial que mediáticamente han sido denunciados hacen que se dé un divorcio entre el Estado y la sociedad civil adicionado al hecho de que el énfasis estrictamente represivo de la lucha contra el crimen y la violencia social plantea un asunto en torno a la inseguridad ciudadana, su combate y el respeto efectivo de los derechos humanos.

Así pues, la realidad que vive nuestro país en esta materia hace necesario que las autoridades desarrollen un plan integral de seguridad que involucre a todos los sectores y en donde la prevención, la resocialización y la integración de la ciudadanía sean una piedra angular a fin de que exista un consenso de cómo combatir las actividades criminales.

Pero sobre todo, deba darse una continua depuración de los malos elementos policiales para que la ineficacia, la corrupción y especialmente la extralimitación de funciones no constituyan una especie de violencia per se contra la población con la cual lo único que produce es un sentimiento generalizado de temor y desconfianza ciudadana frente a los entes de seguridad pública.

El gobierno ha entendido de manera puntual que la cooperación internacional es necesaria a para un combate efectivo al crimen globalizado y, por ello, la alianza estratégica con México y Colombia es el camino correcto pues no vivimos en una isla y la misma es conveniente a nuestros intereses nacionales en aras de dotar de seguridad al país.

La encuesta del Índice de seguridad ciudadana divulgada por la Cámara de Comercio e Industrias indica que los ciudadanos sentimos menos temor que hace un año, que el 50% de los entrevistados sienten que en el futuro la inseguridad disminuirá y, por último, que el 73% del pueblo panameño considera que el gobierno de Ricardo Martinelli hace los suficientes esfuerzos para controlar la inseguridad.

La labor policial es insuficiente para que esos índices ciudadanos aumenten y se requiere que tanto el Ministerio Publico como el Órgano Judicial entiendan que deben hacer su labor efectivamente pues la impunidad de los delincuentes es otra forma de violar los derechos humanos de las víctimas y fomenta la espiral de violencia y criminalidad.

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Publicado el 15 de octubre de 2009 en el diario LA PRENSA, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Derechos humanos y sistema carcelario

La opinión del Abogado y Docente Universitario….

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Pedro Sitton Ureta

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Derechos humanos y sistema carcelario

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Para nadie es un secreto que las cárceles en Panamá son no solo unas “universidades del crimen” en donde no existe casi ninguna posibilidad de resocialización del delincuente sino, de igual forma, una fuente inagotable de la violación de los derechos humanos de la población carcelaria que solo por el hecho de vivir en las condiciones infrahumanas en las que se ven obligados a vivir, esto deviene en una forma de tortura inaceptable en una sociedad democrática.

Es lamentable que ni jueces ni fiscales traten de supervisar eficazmente las actuaciones de los custodios oficiales y las condiciones carcelarias como ordena la ley; así como, que las autoridades del Ejecutivo sigan con una política penitenciaria en donde solo cabe el mal denominado principio de “orden y disciplina” como tratamiento a seguir para los privados de libertad.

Por ello, como activista de los derechos humanos me siento complacido por los anuncios del Ministro de Gobierno y Justicia de que se destinaran unos fondos importantes para la construcción de nuevos centros penitenciarios en nuestro país lo cual es un primer paso en la dirección correcta para mejorar y humanizar al sistema carcelario y que debería incluir fondos para capacitar adecuadamente a los custodios en aras de proteger los derechos humanos de los detenidos y detenidas.

Sin embargo, considero que todos esos esfuerzos institucionales se verían reforzados si Panamá suscribiera el “Protocolo Facultativo del Convenio contra la Tortura de Naciones Unidas” ya que el mismo prevé un doble sistema para la prevención de la tortura: por una parte, la creación de un Subcomité internacional, constituido por expertos de varios países y, por otra parte, el establecimiento en cada uno de los Estados partes de un Mecanismo Nacional de Prevención, que es el organismo que debe asumir el peso de la prevención de la tortura mediante la realización de visitas periódicas a los lugares de detención.

Este documento internacional establece apoyos a los Estados que se encuentren en situación de violación de los derechos humanos de la población penitenciaria por parte del subcomité internacional a través de informes in situ de carácter confidenciales pero a la vez compromete a los mismos a que a nivel nacional mantenga, designe o cree “uno o varios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional”.

De este modo, podríamos vernos beneficiados a través de la cooperación internacional de las Naciones Unidas contaríamos con herramientas efectivas para establecer procedimientos de investigación y documentación eficaces de casos de torturas y malos tratos así como los fallecimientos irregulares para un correcto monitoreo del desempeño de los distintos centros de detención para con ello dejar atrás a los sitios de torturas en que son las cárceles panameñas y convertirlos en centros de resocialización.

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Publicado el 9 de octubre de 2009 en el diario El Panamá América, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.

Al Maestro, César Quintero

La opinión del Abogado y Catedrático…

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Pedro Sitton Ureta

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Al Maestro, César Quintero
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Cuando lo conocí, a mediados de los ochenta, el Dr. César Quintero era un consagrado Constitucionalista el cual estaba en el otoño de su vida y yo apenas era un estudiante primaveral de derecho de los miles a los cuales él había impartido clases y que por su don de gente y humildad le llamábamos simplemente “Maestro”; ya que todos sabíamos que él representaba la excelencia académica del que había hecho de la investigación, la enseñanza y el estudio del derecho un modo de vida para engrandecer a la patria que lo vio nacer.

Era el doctor Quintero uno de los más notables intelectuales panameños y su patriotismo exquisito demostrado en su vida al servicio exterior dan cuenta de un jurista de primera en donde el debate era su arma, para parodiando a Unamuno, con la cual lograba “convencer y no vencer” pues, como nos dice el Dr. Miguel Antonio Bernal sobre insigne figura, “su rigurosa metodología y la solidez de sus análisis, dónde cada concepto era el resultado de una paciente investigación y reflexión y que, en cada lección, conferencia o escrito procuraba reflejar una convicción más que una improvisación, una reflexión más que un lamento, animado por el deseo de saber y de educar que siempre le animó y acompañó”.

Tuve el honor de que fuera mi director de la tesis de grado, la ultima que dirigió, y hasta me sugirió que la misma versara sobre un estudio jurisprudencial sobre la defensa de los derechos individuales y las libertades públicas a través de los procesos constitucionales en nuestro país y siempre recordaré cuando lo visitaba en la Corte Suprema de Justicia y en su despacho conversábamos por un espacio ilimitado de tiempo de temas diversos del acontecer nacional y del futuro del constitucionalismo en Panamá.

Como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia vistió con dignidad y decoro como muy pocos la “sagrada toga del juez” y muy especialmente cuando sin titubear, pero con un respeto a sus pares, hizo un salvamento de voto en torno a la decisión mayoritaria que estableció la jurisprudencia del habeas corpus preventivo pues él consideraba que mientras no se diesen las reformas constitucionales, que posteriormente le dieron la razón en 2004, “cualquier jurisprudencia, por elevada y laudable que sea, encaminada a establecer el habeas corpus preventivo sería contra legem, bajo el entendimiento de que esta locución incluye, tanto la ley fundamental como la ordinaria”.

Hoy, a seis años de su desaparición física, todos aquellos que lo admiramos en su momento y que le seguimos extrañando debemos mantener vigente su pensamiento y velar por que su legado jurídico y de patriotismo sea divulgado para las nuevas generaciones que no lo conocieron, y por ello es un deber de las autoridades públicas honrar al Dr. César Quintero como se merece e instalarle un monumento en el denominado “paseo de los próceres y ciudadanos ilustres” de la cinta costera.

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Publicado el 18 de septiembre de 2009 en el diario El Panamá América; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Democracia y sistema interamericano

La opinión de…

Pedro Sitton Ureta

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Democracia y sistema interamericano

“Los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”, reza el artículo primero de la Carta Democrática Interamericana que, en los actuales momentos y con las crisis políticas internas en Honduras y otros países, pareciera ser un retroceso en el proceso de internacionalización de la democracia en América Latina y un nuevo fracaso de la OEA, en especial de su secretario general, en su rol de mediación para la solución pacífica de controversias.

El caso hondureño es un paso hacia atrás en la construcción de la denominada “democracia global”, anhelo actual de la comunidad internacional la cual se ve reflejada en la Declaración del Milenio de la ONU, en donde la defensa de la libertad, la democracia y el gobierno participativo basado en la voluntad popular son principios necesarios para asegurar los derechos humanos como valores fundamentales y necesarios en la constitución de las relaciones internacionales de los Estados.

Por ello, es condenable el rechazo del plan de paz presentado por el presidente Óscar Arias, en su rol de mediador, por parte del régimen de facto hondureño y el mismo se constituye en una bofetada a la necesaria paz regional que requiere por parte de los gobiernos latinoamericanos de una postura más cónsona con los ideales democráticos expresados en los referidos documentos internacionales que conlleven a acciones diplomáticas sancionadoras que permitan una vuelta inmediata a la democracia en Honduras.

Sin embargo, la tenue posición de EU, aunada a la postura de actores foráneos, como es el caso de la Unión Europea, y su decisión de permitirle seguir negociando acuerdos comerciales y políticos al gobierno de facto de Micheletti son una muestra de que las potencias no terminan claramente de entender la idiosincrasia de Latinoamérica y la necesidad del no retorno de regímenes totalitarios como los vividos en décadas pasadas que pensábamos superados. Así pues, el regreso al poder del presidente Zelaya, punto crucial del Acuerdo de San José, se complica ya que a pesar de que la comunidad internacional ha manifestado que no reconocerá las elecciones realizadas por un gobierno de facto la realidad de la política pragmática nos indica que por encima de la voluntad popular soberana de una población no puede haber intervenciones foráneas que cuestionen esa voluntad expresada libremente en las urnas, a pesar de que las mismas hayan sido convocadas por un gobierno de facto.

La democracia latinoamericana no es solo una cuestión de buenas intenciones plasmadas en documentos rimbombantes, sino una necesaria renovación de los entes regionales que deben estar encargados de la promoción de la misma para que pueda germinar una “cultura democrática” en la cual el ciudadano confíe plenamente en el actuar de sus gobernantes y en donde las sanciones internacionales eviten los excesos estatales en detrimento de los derechos humanos y las libertades públicas de una población que empieza a frustrarse de ver cómo el carácter mediador del sistema interamericano ha fallado en demasiadas ocasiones para preservar las reglas del sistema democrático.

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Publicado el 8 de septiembre de 2009 en el diario La Prensa; a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.