Las cosas puntuales ignoradas

Una  reflexión  de…

Donatilo Ballesteros S. 

La convulsión que los últimos acontecimientos han generado en el acontecer nacional pone de manifiesto el manejo carente de principios básicos en el desarrollo de un país que se precia de ser democrático, inteligente y emprendedor.   No niego que tenemos personas de una inteligencia brillante, creativas y que disponen de agilidad y solidez profesional, pero ciertamente no son las que dirigen, ni pretenden hacerlo.

El rechazo a la legislación aprobada ha obligado a rectificar los puntos más conflictivos para atenuar las protestas. Si los reporteros hubiesen preguntado a los dirigentes, que vociferaban frente a las cámaras, el texto y número del artículo que les incomodaba, estoy seguro de que no lo conocían, no lo habían leído, ni sabían la razón de su protesta.

En el intermedio de esta vorágine de protestas orquestadas, surgió el asunto de una jueza acusada y eliminada del sistema por razón de un fallo emitido en una petición que era de su exclusiva competencia. Los tribunales superiores y las salas y el pleno de la Corte Suprema están llenos de recursos de apelación contra decisiones de las instancias judiciales inferiores.

Queda en entredicho la independencia judicial, tan cacareada en seminarios sobre la administración de justicia. Vale la pena preguntar: ¿Dónde está la famosa asociación de jueces? ¿Qué ha hecho para defender la independencia judicial?   ¿Para qué sirve esa asociación que ante medidas arbitrarias contra sus miembros guarda silencio cómplice? ¿Será que ya desapareció? No podemos ignorar estas situaciones, que forman parte inevitable de acontecimientos que nos atañen a todos los que aspiramos a la independencia judicial plena y transparente.

La libertad de expresión y de protesta también está lacerada por el abuso, la arbitrariedad de los dirigentes y los altos riesgos a los que someten a sus seguidores. Lo ocurrido en Bocas fue el resultado de acciones desmedidas, donde sus gestores no corrían ningún riesgo, pero expusieron a otros, a la masa, a los explotados y utilizados por la dirigencia, a situaciones cuyos resultados se conocen.

El cierre de vías, instituciones y empresas públicas o privadas infringe el derecho de quienes no participan de esa forma de protesta. En nuestro medio hemos abusado de tales medidas, imponemos por la fuerza y nos quejamos cuando en la misma medida se nos reprime.

Hemos renunciado al diálogo constructivo y procuramos condicionar la participación en reuniones, a la aceptación de nuestros criterios, por errados que sean.

Caemos en la diatriba, la procacidad y exaltamos la calumnia como arma idónea para ilustrar sobre hechos, que con mejores vocablos podemos defender y exponer.   Es impostergable la necesidad de elevar cultural, moral y profesionalmente, nuestro comportamiento como dirigentes, políticos, miembros de una agrupación, estadistas, educadores y ciudadanos de un país que reclama su posición en el mundo civilizado.

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Este artículo se publicó el 18 de julio de 2010  en el diario La Prensa,  a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.
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Cuando la Justicia se vuelve injusta

La opinión del Periodista…..


Juan B. Gómez 

Una abogada chiricana me decía que no se explicaba por qué se perseguía con “ saña” (“ intención rencorosa y cruel”) a la ex Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez. ¿ Cuál fue su delito? Ella destituyó a un fiscal in fraganti vendiendo la justicia. Y ahora se han olvidado de él y se persigue a quien lo destituyó.

Cuenta un jurista argentino que lo primero que hizo Perón, al ser elegido presidente de la república, fue suprimir la división de los poderes establecida en la Constitución y la independencia del Poder Judicial. Expulsó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia mediante el simulacro de un juicio político. Y de ahí en adelante: “Los jueces concurrieron desde entonces públicamente a las reuniones del gabinete nacional para recibir órdenes directas del presidente sobre el modo de administrar justicia.”

Agrega el abogado argentino, que a él le tocó intervenir incidentalmente en un importante y sonado juicio de la época. “El juez me dijo en su despacho sin ningún disimulo: “ No se olvide que hay jueces de la Justicia y jueces del Gobierno; yo soy del Gobierno”. (Bonifacio del Carril. La Sexta Oportunidad. Buenos Aires, 1981).

Ahora que veo con cuánta crueldad se persigue a la ex Procuradora, porque sancionó a un prevaricador de la justicia, me pregunto: ¿ Cuáles jueces panameños están por la Justicia y cuáles están por el Gobierno?

En mayo de l989, bajo la criminal dictadura de Noriega, se efectuaron las elecciones presidenciales entre el candidato de la Oposición, Guillermo Endara, y el del Gobierno, Carlos Duque. Todos sabían que el Gobierno apoyaría a su candidato hasta las últimas consecuencias. Y como era evidente, ganó la Oposición (70% de los votos).

El ex presidente de los Estados Unidos, James Carter, vino a Panamá de Observador, y coherente con lo que había ocurrido, dijo que Noriega debía aceptar el triunfo de Endara, pero el dictador no quiso aceptar la derrota, y presionó para que el Tribunal Electoral decidiera el triunfo de Carlos Duque, lo que no quisieron aceptar dos de los tres magistrados de ese tribunal (Una magistrada del Gobierno sí estaba decidida por el triunfo de Carlos Duque). Y entonces, en un acto vergonzoso, se declararon nulas las elecciones.

¿ Y qué hizo entonces la Corte Suprema de Justicia? Leamos lo que escribió el historiador Jorge Conte-Porras:

“23 de junio de l989.

La Corte Suprema de Justicia bajo la presidencia de Jerry Wilson, y con el voto unánime de todos los magistrados, dicta una resolución que declara legal la decisión del Tribunal Electoral de anular las elecciones celebradas en mayo de este año. “

Sí, hay momentos en que la Justicia se prostituye y se convierte en injusticia.

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Este artículo se publicó el  3  de julio de 2010 en el diario  El Panamá América,  a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Un fallo incongruente

La opinión de…..

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Jaime A. Padilla González

La reciente sentencia emitida por la juez segunda de Circuito de lo Civil, en donde condena a Corporación La Prensa al pago de una indemnización a favor de la fiscal superior Argentina Barrera, requiere reflexiones de orden jurídico–docente, para aclarar conceptos que se encuentran errados en dicha sentencia.

El derecho civil patrio contempla la figura de la “responsabilidad extracontractual” por daños causados, compuesta por tres presupuestos: el sujeto causante del daño, la probanza del daño causado, y el nexo de causalidad entre el daño causado y los causantes del daño.

En esta sentencia solo encontramos como probado “el daño causado”.   Pero no se probó que La Prensa fuera la causante directa del daño, porque cuando se publicó la noticia la fiscal ya había sido destituida de su cargo y estaba en etapa de investigación dentro del Ministerio Público.   Tampoco se probó que, por efecto de dicha publicación, se le causó el daño alegado, es decir, que es el nexo de causalidad, medular en esta causa.

Otro yerro de la sentencia estriba en que se le adscribe responsabilidad subsidiaria a La Prensa en base al artículo 1645 del Código Civil, en el sentido de que como quiera que los periodistas son subordinados, La Prensa debe responder por sus actos.

La responsabilidad subsidiaria requiere que se cumplan dos presupuestos indispensables, que son la base medular de este tipo de procesos:

1. Dolo, culpa o negligencia: Se requería que los periodistas, al momento de redactar o publicar la noticia actuaran en forma dolosa, culposa o negligente. De la noticia se desprende que en ningún momento los periodistas hacen una imputación directa contra la fiscal en el sentido de que se le haya encontrado en actos de corrupción. Lo que hace el titular de la noticia es dar un pantallazo sobre lo que trata el cuerpo de la misma: en el sentido que se estaba depurando al Ministerio Público de actos de corrupción, sin especificar de quién se trataba. Prueba de ello es que se mencionaron a otros funcionarios que corrieron la misma suerte.

2. El animus: El fallo no analiza el animus, que es la intención que motivó a los periodistas a titular y publicar la noticia.   El animus de los periodistas, fue informar (animus informandi).   Para exigirle responsabilidad a La Prensa por efecto de la noticia, debió probarse que los periodistas estaban imbuidos del animus injuriandi, que es el deseo intencional de causar una lesión en el peculio moral de otro, a sabiendas que lo publicado era falso.

Por esto, debemos concluir que no se probó el nexo de causalidad requerido en nuestro Código Civil para adscribir responsabilidad extracontractual subsidiaria contra La Prensa.   Del acervo probatorio presentado por las partes, se desprende claramente que el daño moral (estrés pos traumático) no lo produce la publicación del diario La Prensa. Por el contrario, lo produce el proceso disciplinario desplegado por la Procuradora General de la Nación.

Finalmente, el fallo es preocupante al crear un nefasto precedente contra del derecho de la sociedad a ser informada en forma eficaz y veraz. Debe existir un equilibrio armónico y simbiótico entre el derecho a la honra y el derecho a la información.

Ambos se encuentran en igual rango constitucional y deben convivir en forma simultánea, a fin de preservar la convivencia pacífica y el desarrollo social, protegiendo así el supra principio de “unidad del texto constitucional”, como bien lo planteó la Corte Suprema de Justicia en fallo del pleno del 30 de abril de 1991.

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Este artículo se publicó el 14   de mayo de 2010 en el diario La Prensa, La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

Derecho a la tutela judicial efectiva

La opinión de…..

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César E. Escobar Vásquez

El derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple e inseparable enfoque: La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; obtener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión; y que esa sentencia se cumpla.

La tutela judicial efectiva se vincula al estado de derecho, el que se caracteriza por el sometimiento de todos –gobernantes y gobernados– sin excepciones a la ley, de manera que nada ni nadie pueda estar por encima de ella.

Cuando el sistema institucional funciona en términos iguales para todos, a través de normas claras y susceptibles de ser conocidas por todos, que rigen y se aplican a situaciones posteriores a su entrada en vigencia, puede hablarse de seguridad jurídica.

De allí la importancia que revisten las garantías, tendientes a la efectividad de los derechos sustanciales, pero fundamentalmente también la organización del poder a través de una serie de potestades que se atribuyen a las magistraturas públicas, las que constituyen garantías políticas de control de las libertades. La tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso promoviendo la función jurisdiccional.

Una de las manifestaciones concretas de este primer momento está dada por el deber de los jueces de posibilitar el acceso de las partes al juicio, sin restricciones irrazonables, y de interpretar con amplitud las leyes procesales en cuanto a la legitimación, pues el rechazo de la acción en virtud de una interpretación restrictiva o ritualista importa una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva.

En tal cometido es un principio básico de interpretación constitucional que la libertad es la regla y la limitación es, en cambio, la excepción, la que debe interpretarse restrictivamente. Resulta indiscutible que en caso de duda habrá que optar en virtud de la regla pro homine, a favor de las libertades y de la efectividad de los derechos.

De ello deviene una serie de principios que se aplican en los distintos ámbitos del derecho de fondo y el derecho procesal, tales como: in dubio pro reo, in dubio pro operario, in dubio pro administrado, in dubio pro legitimación, in dubio pro vida del proceso, in dubio pro prueba, etc.

El derecho a la doble instancia es otra de sus manifestaciones concretas, es decir a la posibilidad de revisión de las resoluciones judiciales, por parte de otro juez o tribunal superior al que las dictó.

El derecho a la doble instancia no debe ser, en principio, solo limitado al proceso penal, ya que la instancia única como regla puede resultar incompatible con la prohibición de la arbitrariedad y la concentración del poder en un régimen democrático.

Finalmente, el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva requiere que la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos establecidos en ella será vano, una mera declamación de intenciones, con grave lesión a la seguridad jurídica.

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Este artículo se publicó el  12  de mayo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que les corresponde.

El acceso a la judicatura

La opinión de….

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Raúl E. Olmos E.

La justicia panameña enfrenta diversos retos, uno de ellos el de alcanzar altos niveles de excelencia y adecuada prestación del servicio público que brinda a la sociedad panameña. Entre esos temas pendientes se encuentra el referido al acceso a la judicatura o al cargo de juez.

Y es que me resulta preocupante que, en pleno siglo 21, aún se mantenga como criterios orientadores para el acceso a la categoría de juez un reglamento de carrera judicial adoptado en el año 1990, el que aparece desfasado, obsoleto y alejado a las modernas corrientes que orientan la forma de ingreso a una posición tan sensitiva como la de juez.

Las 40 posiciones anunciadas a concurso en la página web del poder judicial serán tramitadas, substanciadas o atendidas con el manual actual de carrera judicial, el que se funda en un concurso al que denomino “titulitis”,  el cual consiste en una competencia de papeles, diplomas y seminarios, sin que sea el medio adecuado o eficaz para conocer la verdadera capacidad del aspirante a juez.

Es lamentable que el esfuerzo realizado por la Unión Europea, que financió un proyecto para levantar un proyecto de ley de carrera judicial, el que fue debidamente consultado, consensuado y debatido por los jueces y magistrados en el ámbito nacional y ajustado a las exigencias actuales que marcan la forma de acceso a la judicatura, se encuentra hoy engavetado en los dispensadores de la Asamblea Nacional, perdiéndose una linda oportunidad de utilizar esa moderna herramienta jurídica a las 40 posiciones que hoy se anuncian en concurso y que serán sometidas a un esquema anacrónico y el cual dista de permitir conocer el verdadero conocimiento del aspirante al cargo de juez.

En España, los aspirantes a dicha posición judicial deben superar una difícil oposición para luego ingresar a una escuela judicial, donde son formados y perfeccionados por espacio de dos años en la tarea de decidir conflictos y cuyo modelo ha sido emulado por países como: El Salvador, República Dominicana y Chile, para citar algunos.

No es posible que el mejor juez es aquel que tiene el más alto puntaje a partir de la presentación de un sinnúmero de seminarios, diplomados, maestrías y doctorados, este no debe ser el factor medible, sino a partir de una exacta y precisa formación en el derecho, sostenida en un escenario donde los nominadores puedan comprobar la capacidad y el conocimiento del aspirante, comprendida en una prueba oral aplicada en la que se logrará establecer si posee las destrezas necesarias para desempeñar el cargo.

Aún estamos a tiempo para rectificar el rumbo en tal sentido.

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Artículo publicado el 16 de marzo de 2010 en el diario La Prensa, a quienes damos, lo mismo que al autor,  todo el crédito que les corresponde.

El nuevo Sistema Procesal Penal y el rol del Juez

La opinión de la Juez  de Menores…..

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Marianela García-Mayorca Bernal

La evolución de los sistemas procesales genera para el Estado y sus asociados un cambio de paradigmas en cuanto a las obligaciones que impone un Estado de derecho, las cuales se deben fundamentar en la efectiva protección, garantía y vigencia de los derechos del hombre; por tal motivo sus acciones deberán tender a salvaguardar el Estado Constitucional de Derecho y para ello resulta necesario establecer condiciones de razonabilidad y justicia que permitan resolver los conflictos sociales.

Frente a estos señalamientos surge la incógnita sobre la finalidad del proceso penal, en esta nueva visión procesalista y garantísta, la cual no se aparta de la premisa inicial de encontrar a los responsables de la infracción penal entendida esta como el delito, pero sobre la base de una nueva visión de derecho dirigida a exaltar la dignidad humana como principio rector de cualquier procedimiento justiciable, en este orden no se trata simplemente de reconstruir los hechos para establecer una sanción, tenemos la obligación de ir más allá, pues toca y guarda relación con el principio de presunción de inocencia el cual ha perdido vigencia en nuestros sistemas cuando convertimos al procesado en algo menos que importante, desvirtuando el hecho de que la criminalidad y el delito es un fenómeno biosicosocial que responde a múltiples factores y que exige el estudio de cada uno de esos factores, no para desvanecer la acción delictiva sino para restablecer el orden social en la medida de lo posible.

Los grandes estudiosos de la crimonológia señalan que la composición de un sistema de justicia criminal de un Estado se encuentra compuesta por tres subsistemas que definen el crecimiento o deterioro criminogeno de ese Estado, en este orden se menciona al sub sistema normativo, (que guarda relación con las normas de orden sustancial y procedimental), un sistema administrativo (que guarda relación con los órganos responsables de la creación de las normas) y un sub sistema social o cultural (compuesto por los valores y aptitudes que mantiene la sociedad acerca del derecho).

En este sentido resulta oportuno anotar que los tribunales de justicia solo encuentran cabida en el sub sistema administrativo, por lo que no son los únicos responsables del éxito o fracaso de la gestión estatal en la lucha contra la delincuencia, ya que es algo que involucra más que solo impartir justicia. Existen múltiples herramientas para combatir la delincuencia y una de ellas radica en la prevención de los factores de riesgo, por tal razón la implementación del sistema acusatorio por si solo no es la solución al problema de la criminalidad, este es solo uno de los medios utilizados por el Estado para hacerle frente a la delincuencia pero que exige su utilización de forma razonada y armonizada con otros medios que paralelamente deberán implementarse para minimizar la problemática social delincuencial.

Es en este contexto que el rol del juez juega un papel preponderante como quiera que esta es la conducta que se espera de él en función de la posición que ocupa dentro del sistema.   Hay que tener presente que el juez forma parte de una comunidad, no es un ser aislado por lo que su trabajo no puede realizarse a espaldas de la comunidad, sino precisamente en ese entorno social.

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Este artículo  fue publicado el 15 de marzo de 2010 en el Diario El Panamá América, a quienes damos, lo mismo que a la autora,  todo el crédito que les corresponde

Control judicial de la sanción penal

La opinión de….

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Hipólito Gill Suazo


La incorporación de la figura del juez de cumplimiento es una de las innovaciones de la legislación penal de 2008. No obstante, los jueces de ejecución, de aplicación de la pena o, como se denomina entre nosotros desde la Ley 40 de 1999, jueces de cumplimiento –legislación que regula la materia penal de adolescente– no es una institución nueva, pues desde hace mucho tiempo esta figura había sido adoptada en la legislación italiana con la denominación de jueces de vigilancia, y en la francesa, donde originalmente se conoció como jueces de ejecución y, más recientemente, como tribunales de aplicación de las penas.

En su momento, Luis Jiménez de Asúa puso de manifiesto la necesidad de crear, en materia penal, tribunales de ejecución de las sanciones, al considerar que los jueces de ejecución tenían una función distinta al juez de la sentencia, ya que al juez de la sanción le correspondía deliberar sobre el alcance o efectos que en una persona debía producir una determinada sanción penal.

Señalaba así que la mencionada actividad requería del juez una regia formación jurídica, además de un conocimiento especializado en diversas materias, como criminología, pedagogía, psicología, psicopatología, sociología y trabajo social, entre otras.

Este conocimiento especializado va a permitir que el juez de cumplimiento pueda determinar –aunque sea en grandes rasgos– un pronóstico de comportamiento en lo que a la sanción se refiere y así programar un tratamiento adecuado a la personalidad del condenado.

Es una institución que pretende que el proceso de adecuación de la pena sea más cónsono con el hecho y su autor, y pueda desdramatizarse muchos de los efectos perniciosos que ocasionan las sanciones penales –sobre todo las penas privativas de libertad– y que pueda recobrarse, aunque sea en parte, la efectividad del sistema penal, recargado muchas veces de mecanismos expiatorios que no logran el objetivo “supuestamente” perseguido por las sanciones penales.

La ley penal sustantiva le ha reconocido facultades al juez de cumplimiento, pero esta figura no ha sido desarrollada en la actualidad, pues recordemos que el artículo 19 de la Ley 27 de 2008 dispuso que los jueces de la causa o de la sentencia ejercerán la función de jueces de cumplimiento hasta la entrada en vigencia del código procesal penal, por lo que además de las funciones que tienen asignadas los jueces penales, quienes como es sabido deben resolver sobre la existencia del delito y la responsabilidad de los imputados, les corresponde también vigilar la ejecución de la pena impuesta.

El punto sería determinar si estos jueces pueden en la actualidad adelantar con éxito esta doble función: individualizar y vigilar la ejecución o el cumplimiento de la pena.

Los jueces de la sentencia han adquirido por mandato de esta ley la función de jueces de cumplimiento, por lo que deben imponer y vigilar la ejecución de la sanción de conformidad con la naturaleza de la nueva atribución, lo que implica además una suerte de garantía a favor del condenado, pues el juez debe vigilar que el cumplimiento se dé conforme con lo que disponga la Constitución, la ley y los convenios internacionales en materia de ejecución de la pena.

La materia relativa a la ejecución de las sanciones penales es, a nuestro entender, un asunto de la justicia ordinaria, es decir, de los jueces penales –sean de sentencia o de cumplimiento– a pesar de que ha habido intentos por otorgar esta función o “competencia” a las autoridades del sistema penitenciario.

Estamos a favor de la tesis de que la ejecución de la pena quede siempre bajo el control de una autoridad judicial, sin perjuicio de que se escuche la opinión especializada de la comisión correspondiente del sistema penitenciario.

La competencia está debidamente delimitada en el artículo 19 de la mencionada Ley 27 de 2008, que al hacer alusión al juez de la causa y a la Dirección del Sistema Penitenciario señala: “según corresponda al ámbito de sus competencias legales”, lo contrario implicaría otorgar funciones a autoridades que la misma ley no registra y que, cuando lo ha hecho en el pasado, ha procedido de manera inconsecuente con los principios que regulan la ejecución de las penas.

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Püblicado el 6 de febrero de 2010 en el Diario La Prensa, a quien damos, lo mismo que al autor, todo el crédito que le corresponde.